Los indígenas, los que más obstáculos enfrentan en Guerrero para acceder a la educación: UNICEF

Rocío Luna Castro

“Las organizaciones indígenas son las que más obstáculos enfrentan para gozar sus derechos” educativos y de salud en Guerrero afirmó la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, Yoriko Yasukawa, en entrevista después de la presentación de la campaña Vota por la educación, que fue hecha en coordinación con el consejo consultivo de esa organización en México.
Asimismo, Yoriko Yasukawa dijo que “Guerrero es el estado o uno de los estados de mayores rezagos en cuestión de salud y educación, (por lo que) nos pareció que sería apropiado hacer un acto de conmemoración del día del niño aquí”, y agregó que hay muchas necesidades que atender.
Por ello representantes nahuas, amuzgos, tlapanecos y mixtecos de municipios como Cochoapa El Grande, Xochistlahuaca, San Luis Acatlán, Metlatónoc y Tlapa de Comonfort firmaron un acuerdo de cooperación para promover la campaña Vota por la educación, con el eslogan Si tu candidato no sabe cómo mejorar la educación… elige a otro candidato.
Yasukawa, dijo que “es una campaña que busca colocar la educación como prioridad número uno en la agenda pública aprovechando este periodo electoral, para ponerlo en el debate electoral”;
también afirmó que es un espacio para sumar esfuerzos de la sociedad y exigir a los candidatos a la presidencia y otros cargos de elección popular que generen propuestas serias y viables sobre el mejoramientos de la educción.
Mencionó que son tres los principales problemas de la educación en México. El primero es que muchos niños son excluidos y ejemplificó que un millón de niños en México no van a la escuela y que 70 mil niños de Guerrero deberían de estar recibiendo educación básica.
Asimismo, dijo que la exclusión se da por varias razones. “Niños discapacitados (que) las familias no los manda a la escuela; yo creo que en las comunidades tradicionales prefieren mantenerlos en casa o la escuela no los aceptan porque los maestros no saben cómo tratarlos, cómo ayudarlos” agregó que hay niños que trabajan, que las escuelas están lejos de las viviendas de los niños o que los costos de transporte y uniforme son grandes y por ello no van a la escuela.
El segundo problema de la educación en México es que los niños no aprenden bien, dijo. “Más de la mitad de niños de 15 años no han aprendido a leer bien, seis de cada diez niños no saben manejar las matemáticas; se sienten que no valen, que son tontos; nosotros nos preocupamos por mejorar el trato humano con los niños”.
Del tercer problema dijo que no todos los niños gozan de las mismas condiciones para estudiar.
Destacó que hay problemas de discriminación, hay “división en la sociedad, entre pobre y ricos, niños y niñas, indígenas y no indígenas”.
Afirmó que la meta es “hacer que las escuelas se vuelvan espacios donde todos los niños de todas las clases, de todas las culturas puedan convivir juntos y aprender el valor de ellos mismos y los demás”.
Aclaró que no hay una acción exacta para lograr la meta, pero hay que “implementarla como meta de nación”.
El consultor de UNICEF en el programa de derechos de la niñez indígena, Sósimo Hernández, agregó en entrevista que otro problema es que “la educación ha servido para que se pierda el idioma indígena”, pues aseguró que es un problema de fondo que en las escuelas bilingües no se les enseñe a los niños en su dialecto, se les habla español, por ello los hijos de estos niños “no hablarán su propia lengua y se va perdiendo la lengua raíz”.
Además, dentro del acto los representantes de las comunidades expusieron los problemas que enfrentan como la migración, la falta de educación en la lenguas de las comunidades, la falta de respeto y reconocimiento a la identidad cultural, la falta de infraestructura en instituciones educativas. A esto Yoriko Yasukawa, dijo que “menos del 50 por cierto de las escuelas en México están en buen estado físico, y supongo que en Guerrero es mucho menos el porcentaje”.

Denuncian indígenas ante la Codehum a Laura Lopezvictoria por el caso del centro de arte

Zacarías Cervantes Chilpancingo

La organización Calpulli Tecuanichán, Asociación Civil, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), en contra de la directora del Instituto Guerrerense de la Cultura (IGC), Laura Olivia López Victoria, y en contra del delegado estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi), Pedro de Jesús Alejandro; a la primera la acusan de pretender “piratearse” un proyecto de la organización y al segundo de “obstaculizar” sus gestiones.

El conferencia de prensa ayer el secretario general de Calpulli Tecuanichán, Gelacio Gatica Sánchez acompañado de un grupo de sus agremiados y el representante del Taller de Desarrollo Comunitario, Javier Monroy, insistió que la titular del IGC pretende apropiarse de 5 millones de pesos que no le pertenecen, “pero que cómodamente pretende pirateárselo”.

Explicó que la funcionaria pretende quedarse con ese dinero apropiándose del proyecto para la creación del Instituto de Arte y Cultura Indígena, que su agrupación elaboró y viene proponiendo a las autoridades culturales del estado, al Ayuntamiento de Chilpancingo y al Gobierno estatal desde hace dos años.

Sin embargo insistió que la titular del IGC ahora se ha apropiado del proyecto para quedarse con el recurso para crear el Centro Regional de Artes de la Montaña.

“Nos quieren mandar a Tlapa a promover allá nuestra artesanía y nuestra cultura, y nosotros decimos que allá para qué si de allá venimos”, dijo Gatica Sánchez quien explicó que en cambio con el recurso que gestionaron ante la titular de la Conadepi, Xochilt Gálvez, pretenden instalar el Instituto de Arte y Cultura Indígena en las instalaciones del Casino del Estudiante que se encuentra en el zócalo de Chilpancingo, frente a donde actualmente expenden sus productos de artesanía.

Sin embargo indicó que el IGC, a través de su directora Laura Olivia López Victoria López, “en lugar de trabajar a favor de la cultura de Guerrero, lo que ha venido haciendo es golpearnos y bloquear toda iniciativa cultural en el estado”.

Por ello la organización presentó una queja ante la Coddehum en contra de la titular del IGC “por considerar que ha actuado de mala fe al enviar un documento a Déborah Arriaga Weiss secretaria particular de de la directora general de la Conadepi, en el que claramente deja ver el interés por los recursos que nuestra organización ha gestionado, y por su mala fe de tratar de desviarlos”.

En el documento de denuncia la agrupación agrega que con estos actos la funcionaria estatal “lo único que logra es obstaculizar y menguar nuestro proyecto por lo que le proponemos que impulse una gestión propia y se retracte de su acción”.

Mientras tanto la queja en contra del delegado de la Conadepi, Pedro De Jesús Alejandro, para que la Codehum turne el caso a la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (CNDH), por tratarse de un funcionario federal, es “por obstaculizar nuestra gestión, ya que hace una declaración el día 7 de abril del presente año, en la que manifiesta que no existen los cinco millones de pesos para el Instituto de Arte y Cultura Indígena”.

Y luego agrega que el delegado de la Conadepi “está manejando información falsa, por tal motivo obstaculiza nuestra gestión, por lo que le solicitamos aclare esta situación o en su caso se retracte”.

En la conferencia de prensa Gatica Sánchez señaló que la organización exige a las autoridades estatales, y concretamente a la Conadepi que dirige Pedro de Jesús Alejandro, para que se comprometan con la cultura indígena, “porque hemos visto en él (en Pedro de Jesús), a una persona de bajo perfil en materia de cultura indígena, además constantemente nos ha venido obstaculizando la gestión de nuestros proyectos que autoridades federales han visto con buenos ojos”.

En cuanto a la directora del IGC señaló que “no vamos a permitir que Lopezvictoria cumpla con sus caprichos de apropiarse de un proyecto que no es suyo, mucho menos apoderarse de un recurso que no le costo mover ni un solo dedo. Que nos demuestre su capacidad de gestión ante las autoridades federales y que no salude con sombrero ajeno”.

Colaborarán la SRA y la fundación Rigoberta Menchú en apoyo a indígenas

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, se reunió ayer con la ganadora del premio Nóbel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, a fin de agradecer la carta que envío al presidente de la República, Vicente Fox, congratulándose de la solución pacífica del conflicto que por 48 años enfrentó a la comunidad de Santa María Chimalapa y la colonia Agrícola y Ganadera Cuauhtémoc, en Oaxaca.

El encuentro se efectuó en las oficinas, en la ciudad de México, de la Fundación que lleva el nombre de la luchadora guatemalteca.

En la misiva al Ejecutivo federal, Rigoberta Menchú afirmó que “se trata, sin duda, de un triunfo de la sociedad civil de ambas comunidades y de sus respectivas organizaciones sociales, las que han privilegiado el diálogo y la negociación al enfrentamiento”.

“El histórico acuerdo que culmina es un ejemplo para las comunidades que aún se encuentran enfrascadas en disputas que ya duran décadas y que, sin un proceso negociador, continuarán sin resolverse”, destacó la activista por la paz en aquel mensaje.

Puntualizó que todos los actores sociales y políticos en los conflictos tienen un papel fundamental en la búsqueda de solucionar los conflictos agrarios, pero reiteró que “esta será en beneficio del conjunto social y además permitirá encarar con optimismo y decisión los desafíos ineludibles derivados del trascendental momento histórico que nos toca vivir”.

La carta fue fechada el 25 de febrero, día en el cual el presidente de la República acudió a los Chimalapas a finiquitar el problema territorial entre Santa María Chimalapa y la Colonia Agrícola y Ganadera Cuauhtémoc, en Oaxaca.

Durante la reunión de ayer, el funcionario foxista y la premio Nóbel de la Paz establecieron el compromiso de firmar en las próximas semanas un convenio de colaboración entre la Secretaría de la Reforma Agraria y la Fundación “Rigoberta Menchú Tum” para mejorar los desempeños de los programas productivos en el agro, a cargo de la propia Secretaría, tomando en cuenta que la institución social lleva a cabo un programa denominado “Autodesarrollo”, dirigido a la población indígena.

Rigoberta Menchú ofreció colaborar en todas las acciones que sirvan para mejorar las condiciones de vida de los indígenas de nuestro país.

Además de ganar el Premio Nóbel de la Paz, en 1992, siendo la primera mujer indígena que obtiene este galardón, Rigoberta Menchú fue nombrada por Naciones Unidas como embajadora de Buena Voluntad en el Año Internacional de los Pueblos Indígenas, en 1993, y actualmente es asesora personal del director general de la UNESCO.

Piden a indígenas no esperar sólo lo que el gobierno pueda darles

Roxana Ibarra

 

 

La población indígena “debe dejar de estar esperanzada a lo que el gobierno pueda darle a través de programas sociales”, afirmó América Torres González, integrante de la comisión ejecutiva de la Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red, que pertenece a la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), durante la conferencia Indigenismo y Globalización, organizada la tarde del jueves por la Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Acapulco.

La conferencia se llevó a cabo en el hotel Las Hamacas, y ahí la expositora explicó que la conferencia busca hacer conciencia de que los indígenas “también tienen una gran responsabilidad, no sólo esperar qué te llega del gobierno, también deben aportarse cosas para sí mismo, (porque) llegan también políticas económicas que les van afectar”.

Dijo que el pueblo indígena debe “dejar de ser pasivo para hacer conciencia que tiene que ser partícipe con los programas sociales, haciéndose escuchar por las dependencias de gobierno y éstas a su vez deben dar voz al pueblo indígena para escuchar sus necesidades”, y agregó que se debe dar continuidad a este tipo de actividades a través de foros, de lo contrario, dijo, no sirve de nada haber compartido esta información.

Torres González dijo que los indígenas del país han tenido que abandonar sus tierras y a su familia, debido a que ésta se ha empobrecido por el fertilizante, insecticidas y pesticidas, que a su vez han provocado serios problemas de salud en las mujeres como la esterilidad o la muerte en partos, tanto de la madre como del producto.

Aunque no dijo cifras, mencionó que tiene conocimiento de organizaciones civiles que han hecho estudios sobre los efectos del uso de fertilizantes y pesticidas, que provocan problemas de salud en las mujeres, en particular en Chiapas, Oaxaca, Sonora y Chihuahua, pero las dependencias de gobierno que pudieran tener información al respecto “nunca la van a dar a conocer”.

Enfatizó que “los indígenas tienen que tomar en cuenta que también han sido responsables del empobrecimiento de la tierra, tal vez por falta de información”.

Consultada el término de la conferencia, dijo que una opción para suplir el uso del fertilizante es el abono orgánico que ya se está aplicando en Chiapas, y expresó que es la primera vez que asiste a un acto convocado por un Ayuntamiento, sobre todo para hablar de este tipo de temas, lo que no se hace en su estado.

A la conferencia asistieron unos 130 personas, en su mayoría indígenas, y estuvieron la representante de la Secretaría de Educación en Guerrero, la jefa de sector de Educación Preescolar, Margarita Nava Muñoz; la profesora e investigadora con especialidad en Demografía Indígena, de la Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional, de la UAG, Gabriela Barroso Calderón, y el encargado del Taller de Rescate de la Tradición Oral en la población bilingüe indígena, en el colegio Emperador Cuauhtémoc, Abraham Molina Muñoz.

Exigen indígenas la salida del cura de San Miguel Tecuiciapan

Bebe mucho, anda armado y en su camioneta trae pistola y una hacha, además de que ha agredido a varias personas, denuncian habitantes de esa población nahua de la zona Norte

Zacarías Cervantes Chilpancingo Indígenas nahuas de San Miguel Tecuicipan, municipio de Tepecoacuilco, emplazaron la noche del miércoles al sacerdote de ese lugar, José Hurtado Mónico, para que atienda su problema de alcoholismo que lo ha llevado a cometer agresiones, atropellos y amenazas en contra de los pobladores, o que se vaya de ese lugar.

Y es que, según el dirigente del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI), Guillermo Alvarez Nicanor, los habitantes de San Miguel Tecuiciapan no quieren vivir el caso del sacerdote de Cualac, Lorenzo Cuéllar Vázquez, quien asesinó a balazos al alcalde de Xalpatláhuac, Lorenzo Ruiz Villarreal.

Indicó que el cura Hurtado Mónico, que atiende la iglesia de San Miguel Tecuiciapan, actúa igual que el sacerdote Cuéllar Vázquez: se emborracha continuamente, anda armado con una pistola y en su camioneta trae un machete y un hacha de carnicero, pero que también es agresivo con sus feligreses a quienes ha llegado, incluso, a amenazar con pistola.

Alvarez Nicanor denunció que desde los primeros días que llegó, el sacerdote agredió a golpes –en estado de ebriedad– al ciudadano Jaime Villamar, y que han sido constantes sus pleitos callejeros con los jóvenes de la localidad cuando anda en borracho.

Dijo que el mes pasado el clérigo atropelló y lesionó a la señora Gregoria Rodríguez Guevara, cuando manejaba con exceso de velocidad y borracho su camioneta.

También a finales de abril, Hurtado Mónico amenazó con una pistola al joven Jorge Irineo Ortiz, a quien fue a buscar hasta su casa para agredirlo.

El dirigente del CG500ARI detalló que frente al joven, el cura cargó con los cartuchos su pistola y después le apuntó al pecho con intenciones de dispararle, pero que la abuela de Irineo Ortiz le suplicó que no lo matara y que se fuera de su casa.

El último incidente sucedió la noche del miércoles pasado, en el curato de la parroquia, donde resultó lesionada la señora Anselma Jiménez.

Según Alvarez Nicanor, quien presenció los hechos, la mujer fue a reclamarle al padre                       Hurtado Mónico por el hecho de que días antes, en estado de ebriedad, insultó a su marido, a quien le dijo que “era un burro y que se dejaba que lo manipulara su mujer; tu vas a despertar hasta que tu mujer ande montada sobre ti”, le abría dicho en aquella ocasión.

Sin embargo, dijo que una feligrés, incondicional del sacerdote, la comenzó a agredir hasta que Anselma Jiménez cayó al suelo y fue auxiliada por el propio Alvarez Nicanor, y la llevó a su domicilio.

Informó que tras estos hechos se integró una comisión de 10 personas y fueron a hablar con Hurtado Mónico, a quien le advirtieron que debe de atenderse de su problema de alcoholismo para evitar que siga agrediendo a los pobladores, o que de lo contrario se vaya del pueblo porque en esas condiciones ya no lo quieren.

Añadió que hace aproximadamente dos meses acudieron a hablar con el obispo de la diócesis Chilpancingo- Chilapa, Efrén Ramos Salazar, para pedirle que les cambie a ese cura, pero que los atendió en su representación el sacerdote Antonio Cervantes, “y o no nos creyó o esta situación es normal para ellos, porque no nos respondió nada y no se ha corregido la actitud del sacerdote”.

También señaló que en todos los casos en los que el clérigo ha agredido a los ciudadanos han acudido con el comisario, Celso Alvarez Esteban, pero que éste también se niega a intervenir con el argumento de que “no podemos hacer nada, es el padrecito, dejen que se arreglen ellos (los agredidos) con él”.

Alvarez Nicanor indicó que el sacerdote bebe ya sea en el curato de su parroquia o en las cantinas del pueblo, y que conduce su camioneta a alta velocidad, incluso por su estado alcohólico “ha dejado plantadas” a familias que van a bautizar, o a quienes van a casarse.

Dijo que en su camioneta el clérigo trae una pistola, un machete y un hacha, “de esas que usan los carniceros”.

También dijo que en contra de la voluntad de la mayoría del pueblo pretende destruir parte de la iglesia que representa un patrimonio cultural, porque fue construida aproximadamente en el siglo XIV.

Indígenas de Acatepec y Ayutla exigen fondo de 38 millones para obra social

 Zacarías Cervantes Chilpancingo

Indígenas de Acatepec y Ayutla que salieron en marcha desde el lunes, llegaron al mediodía de ayer a Chilpancingo para exigir a las autoridades estatales respuesta a sus demandas de obras, servicios públicos y apoyos para proyectos productivos.

Los poco más de 100 indígenas pertenecen a la Organización de Pueblos Indígenas Me Paa y a la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos de esos dos municipios de La Montaña y de la Costa Chica.

El dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas Me Paa, Cuauhtémoc Ramírez, indicó que exigen al gobierno estatal que se establezca un fondo por 38 millones de pesos para impulsar el desarrollo en las comunidades de esos dos municipios.

Agregó que con esos recursos se introducirían redes de agua potable y energía eléctrica, así como el arreglo de caminos.

Informó que el fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de Acatepec y Ayutla lo han solicitado desde septiembre de 2003, cuando comenzaron las primeras reuniones con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi) y con el alcalde de Ayutla, Cutberto Quiñónez Castro.

Pero señaló que después de dos reuniones ya ningún funcionario acudió.

Cuauhtémoc Ramírez lamentó que los gobiernos estatal y federal, a diferencia de otras regiones, tienen abandonadas a las organizaciones y a las regiones indígenas, pues en su caso desde hace dos años piden recursos para el financiamiento de 20 proyectos y hasta ahora sólo los han apoyado en tres.

El dirigente indígena añadió que también piden apoyos para el mejoramiento de vivienda y becas para los hijos de los indígenas que pertenecen a esas dos organizaciones.

Luego de que los indígenas llegaran a esta capital fueron atendidos por el procurador de Asuntos Indígenas, Pablo Zapién Cortés, con quien instalaron una mesa de trabajo en la que el funcionario revisará su pliego.

Indígenas de Acatepec y Ayutla llegan a Petaquillas: prevén estar hoy en Chilpancingo

 

 Unos 150 indígenas de los municipios de Acatepec y Ayutla, quienes partieron en marcha el lunes hacia Chilpancingo, llegaron ayer a Petaquillas y esperan estar el mediodía del jueves en esta capital para pedir al gobierno estatal solución a demandas de obras sociales y proyectos productivos.

Los indígenas pertenecen a la Organización de Pueblos Indígenas Me Paa y a la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos.

Uno de los dirigentes de la primera organización, Cuauhtémoc Ramírez, informó que una de sus demandas es que se establezca un fondo indígena por 38 millones de pesos, para impulsar el desarrollo en las comunidades indígenas de esos dos municipios de La Montaña y Costa Chica.

Indicó que con esos recursos se ejecutarían obras de introducción de redes de agua potable y energía eléctrica, así como para el arreglo de caminos.

También demandan apoyos para el mejoramiento de vivienda y becas para los hijos de los indígenas.

Cuauhtémoc Ramírez dijo que el fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de Acatepec y Ayutla lo han solicitado desde septiembre de 2003, cuando comenzaron las primeras reuniones con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno estatal, así como de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi) y el alcalde de Ayutla, Cutberto Quiñonez Castro.

Pero señaló que después de dos reuniones ya ningún funcionario acudió a la tercera, cuando se sumirían los acuerdos concretos.

También denunció que los gobiernos estatal y federal, a diferencia de otras regiones, mantienen abandonadas a las organizaciones y regiones indígenas, pues en su caso desde hace dos años solicitan recursos para el financiamiento de 20 proyectos y sólo los han apoyado en tres.

Levantan indígenas los bloqueos en Tlapa; pactan acuerdos con la SCT

 * Comenzarán las obras de la carretera a Metlatónoc

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Luego de pactar acuerdos con funcionarios de la delegación de la SCT y representantes de la constructora Torreblanca, y tras 18 horas de bloqueo en las carreteras Chilpancingo-Tlapa y Tlapa-Marquelia, indígenas de cuatro municipios levantaron su protesta la media noche del lunes, y se retiraron a sus comunidades ayer en la tarde, tras la firma de los acuerdos.

Uno de estos primeros acuerdos es que la empresa Torreblanca comenzaría ayer por la tarde los trabajos de la carretera Tlapa-Igualita-Los Puentes.

El cierre total de los cuatro accesos principales de Tlapa ocasionó que cientos de vehículos y pasajeros se quedaran varados en esa localidad, sin poder salir ni entrar.

El coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, informó que en la minuta de acuerdos el residente estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Epifanio Lira Padilla, se comprometió a que la tarde de ayer iniciarían los trabajos de construcción de la carretera Tlapa-Igualita-Los Puentes, que ellos demandan.

La inconformidad de los indígenas de cinco municipios de esa región es porque a pesar de que les informaron que la SCT ya tiene 42 millones de pesos para dicha obra, y 20 millones del CDI, ex INI, las autoridades locales se niegan a ejecutarla.

La minuta de acuerdos sería firmarda por las autoridades de los cinco municipios y dirigentes de un comité ciudadano de seguimiento de la obra, en el acuerdo se establece que la pavimentación de esa carretera llegará hasta Metlatónoc, como lo demandan los habitantes de los cinco municipios desde hace diez años.

Barrera Hernández informó que se espera que las autoridades de la SCT vigilen que la obra se realice técnicamente bien, “y que no pase como la de Tlapa-Marquelia, que a 23 años de que siguen los trabajos carece de guarniciones, letreros y drenaje, además de que la capa del asfalto es muy pobre”.

La desconfianza obedece a que uno de los propietarios de la constructora “Torreblanca” que está a cargo de la obra es el gobernador René Juárez, y no hay garantía de que cumpla, según dijo Abel Barrera Hernández.

La reunión entre las autoridades de la SCT, los representantes de la empresa constructora y autoridades municipales continuaba todavía a las 7 de la noche.

Bloquean 800 indígenas los accesos a Tlapa; piden pavimentar la carretera a Metlatónoc

* Hasta anoche no había algún contacto con las autoridades

 * Anuncian que la protesta es por tiempo indefinido, todos los días que sea necesario, hasta tener respuesta * El cierre fue en cuatro puntos: la puerta del Cebetis, la carretera Tlapa-Chilpancingo y la Tlapa-Marquelia y la salida a Puebla * El año pasado, en una reunión con Xóchitl Gálvez, se acordó que los trabajos de pavimentación comenzarían los primeros días de febrero de 2004, informan en una carta

 Tlachinollan, Tlapa * Alrededor de 800 indígenas mixtecos, nahuas y tlapanecos de 57 comunidades de los municipios de Alcozauca, Atlamajalcingo del Monte, Metlatónoc, Tlapa de Comonfort y Xalpatláhuac bloquearon por tiempo indefinido los accesos a la ciudad de Tlapa para reclamar la pavimentación de la carretera Tlapa-Metlatónoc, la cual gestionan ante dependencias federales y estatales desde hace más de 10 años.

También impidieron la entrada al Cebetis (Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio N° 178), porque sus autoridades se oponen al trazado original de este camino que establece su paso por ese lugar.

En una carta abierta dirigida a autoridades federales y estatales firmada por el Comité de Gestoría Social (integrado por representantes de las comunidades que pugnan por la ejecución de dicha obra) expresaron que, en una reunión mantenida el año pasado con la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruiz, se estableció que los trabajos de pavimentación comenzarían los primeros días de febrero de 2004. Sin embargo, esto no sucedió.

“El gobierno del estado debe iniciar a la voz de ya esta obra, que es la pavimentación del camino Tlapa-Igualita-Los Puentes-Metlatónoc. Todos sabemos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene 35 millones de pesos autorizados para este año. Nos preocupa que se vaya a cancelar como nos han hecho ya en dos ocasiones, en 1996 y en el 2000”, aseveró Felipe Ortiz Montealegre, quien ex presidente municipal de Metlatónoc desde 1990 hasta 1993 y actual miembro del Comité de Gestoría Social.

“Estamos solicitando que en forma inmediata se dé inicio a la obra porque ya hay un dinero, está el recurso, nada más falta que tengan voluntad de empezar”, dijo.

La llegada de los contingentes

Hombres, mujeres y niños comenzaron a llegar al crucero de San Antonio a las 6 de la mañana, cuando todavía no amanecía. De sus casas salieron entre las 2 y las 3 de la madrugada, para recorrer más de cuatro horas y llegar a la entrada de Tlapa.

Mujeres cubriéndose del fresco de la mañana con sus rebozos de colores. Cubriendo también a sus hijos pequeños, cargándolos en sus espaldas o llevándolos de la mano. Por casualidad era el Día Internacional de la Mujer y ellas estaban ahí junto a los hombres, en un camino polvoriento con trasfondo de montañas y cactus, ejerciendo su derecho a intentar mejorar su calidad de vida.

Ese crucero fue el primer camino que obstruyeron. A las 6:25 había cinco camionetas detenidas que esperaban para poder circular en dirección a Tlapa. Una hora más tarde, eran 18 camionetas.

“Nos toman el pelo porque somos indígenas”, afirma un hombre de sombrero blanco que vino desde Igualita para participar de la manifestación. No quiere dar su nombre porque “hay represalias”. Al terminar de hablar se pierde entre los demás sombreros blancos, los de sus compañeros.

Ahora ya está despuntado el sol.

Empiezan a partir los grupos conformados por indígenas de las tres etnias más numerosas de la región de La Montaña rumbo a los distintos lugares elegidos para protestar y hacerse escuchar: la puerta del Cebetis, las carreteras Tlapa-Chilpancingo y Tlapa-Marquelia y, finalmente, la salida a Puebla.

El conflicto con el Cebetis

En lo que respecta al conflicto con el Cebetis, Ortiz Montealegre explicó que, según el proyecto original, la carretera pasaría por una parte de la propiedad del mismo y que las comunidades quieren que se respete ese trazado, ya que no quieren que pase por el camino viejo “porque ese lado no reúne las pendientes, la amplitud de la corona, lo ancho, y el terreno no se presta porque ya hay muchas construcciones”.

En una circular que distribuyeron durante el bloqueo, los indígenas de estos cinco municipios demandan que la autoridad municipal de Tlapa y las autoridades del Cebetis les “brinden las facilidades necesarias con relación a la apertura del nuevo trazo”, sin obstruir el desarrollo de los pueblos de La Montaña, y que la SCT “gire instrucciones a la constructora Torreblanca”, empresa que ganó el concurso para pavimentar la primera etapa de la carretera Tlapa-Igualita-Los Puentes “para que de manera inmediata se inicien los trabajos correspondientes” y se respeten “las especificaciones técnicas de acuerdo al expediente técnico original”. También exigen la integración de un equipo de especialistas “propuesto por las autoridades de las comunidades beneficiadas que posibilite la supervisión, seguimiento y evaluación de la obra” en coordinación con el Comité, así como el apoyo financiero del gobierno estatal para que la carretera esté terminada en el 2005.

Para finalizar, al presidente municipal de Tlapa, Rufino Vázquez Sierra, le solicitan que cumpla la “demanda añeja” de la reubicación del basurero municipal porque constituye “un foco de infección permanente”.

Los manifestantes anunciaron que mantendrán cerradas las entradas a la ciudad todos “los días necesarios, hasta que haya una respuesta; una atención urgente y precisa de parte de los gobiernos estatal y federal”. Parecen estar convencidos de que bloqueando carreteras se abrirán nuevos caminos para los pueblos indígenas de La Montaña guerrerense.

Mientras tanto, ya eran las 6 de la tarde del lunes y no habían recibido respuesta alguna por parte de las autoridades.

Luchan 54 indígenas por el pago de salarios que les debe una constructora

* Estafados en la carretera Tlapa-Marquelia

Tlachinollan * La Corporación Mitla, empresa desconocida por los habitantes de La Montaña y que es una de las que ganaron la licitación para construir la carretera Tlapa-Marquelia, defraudó a 54 indígenas mixtecos y nahuas de los municipios de Tlapa de Comonfort, Malinaltepec y San Luis Acatlán, quienes trabajaron en la construcción del tramo que comprende desde el kilómetro 37 al 46 y todavía no cobran sus salarios correspondientes a las 2 últimas semanas de trabajo, que ascienden a más de 100 mil pesos.

“El problema es que uno trabaja por necesidad y nos dejaron colgados con dos semanas. Dejaron abandonado el trabajo, por eso estamos luchando”, explica Justino Pantaleón Pérez, ingeniero de la comunidad de Xalatzala que se encuentra en el grupo de trabajadores estafados.

“El trabajo no está terminado. Nosotros estamos esperando porque tienen que regresar, o alguien se tiene que hacer cargo de eso porque tiene un contrato a nivel federal con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que tiene que cumplirse”, prosigue.

Algunos de los trabajadores fueron convocados por el contratista de dicha empresa, Felipe Jaime Salgado, quien se dirigió a los habitantes de las zonas aledañas a la carretera para “reunir a los vecinos que quisieran trabajar”. Otros llegaron a buscar trabajo en el tramo desde más lejos, por iniciativa propia, debido a la falta de empleo en la zona. Eran hombres de las comunidades de Alacatlatzala, Mixtecapa y Xalatzala. Todos, los de cerca y los de lejos, se encontraban desempleados cuando llegó Corporación Mitla a la región.

“Somos trabajadores eventuales y cuando hay trabajo en una obra ahí nos acomodamos. Y cuando llega la temporada de agua, lo primero que hacemos es ir a sembrar al campo. Estamos para trabajar y, donde nos salga, nosotros trabajamos”, resume Pantaleón Pérez.

Este grupo de indígenas mixtecos y nahuas nunca firmó ningún contrato. Sólo hubo un acuerdo verbal en el que se estableció que los oficiales cobrarían mil 600 pesos a la semana, los veladores mil 400 y los peones 900. Pero al momento de saldar las cuentas, la Corporación Mitla y los empleados que estaban a cargo de la construcción de ese tramo carretero desaparecieron sin pagarles las dos últimas semanas de labor.

Las máquinas ya fueron retiradas del lugar. Allí sólo quedan una revolvedora, un resto de cemento y algunas herramientas. Ahora que la Corporación Mitla ya se sirvió de la mano de obra desempleada de la región nadie responde al reclamo de los trabajadores engañados. Ni la empresa, de la cual quienes se pusieron a su servicio ni siquiera supieron el nombre, ni la SCT, institución que eligió a esta empresa por sobre otras posibles en el momento de la licitación y le asignó la construcción de la obra, ni del contratista que fue a buscarlos.

El residente de la SCT en la región Montaña, Francisco Mendoza Carmona, les manifestó a los trabajadores estafados que ese organismo gubernamental “no tenía nada que ver” con el pago de los salarios adeudados porque el acuerdo fue realizado entre ellos y la Corporación Mitla.

La SCT tiene obligación de dar garantías, según la ley

No obstante, si bien la SCT no empleó directamente a los trabajadores, sí contrató a Corporación Mitla. Según la ley de Obras Públicas y Servicios, esta Secretaría tiene la obligación de garantizar la capacidad técnica y financiera de las empresas que contrata para la ejecución de obras, y se supone que si entregó la licitación a dicha empresa es porque ésta cumplía con los requerimientos establecidos. Si Corporación Mitla no cumplía con las condiciones necesarias y no contaba con la solvencia económica suficiente, entonces la SCT debería haber asignado el trabajo a cualquier otra empresa de las que participaron del concurso.

Por todo lo anterior, el grupo de indígenas sostiene que el pago de sus salarios le compete a esta Secretaría y le exigen el pago directo del adeudo o, al menos, que le garantice que intervendrá para que la empresa morosa les pague.

Los defraudados trabajaron sin tener un día libre, 11 horas cada día, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Casi no veían a sus familiares y comían en el lugar de trabajo lo que sus mujeres les habían preparado en sus casas. Construyeron muros de mampostería para las alcantarillas, prepararon la revoltura para los muros, cuidaron la obra, transportaron cosas pesadas. Todo eso para no recibir ni un centavo.

“Nos sentimos medio desesperados porque no tenemos para comprarnos el maíz, el fríjol, todo lo que necesitamos para alimentarnos. Es que uno no tiene, por eso vinieron a ofrecernos trabajo, y últimamente dicen que no nos van a pagar”, expresa Juan Mauricio Campos, de la comunidad de Pie de Tierra Blanca, quien trabajó como peón.

Por su parte, el velador de la obra sigue en su puesto de trabajo. Narciso Gálvez Campos, habitante de Pie de Tierra Blanca, día y noche cuida las pocas cosas que la empresa abandonó en el lugar.

“¿Cómo lo voy a dejar?”, se pregunta. Y añade: “lo van a robar todo y me van a echar más culpa a mí. Lo van a agarrar todo y van a seguir los problemas”. Por esa razón, seguirá ahí hasta que le paguen. Sólo después volverá a su casa.

“No tengo dinero para comer ni nada, nomás estoy sentado ahí comiendo tierra. A veces no hay tortilla. No comemos. Ni agua hay”, asegura el velador.

Viajar a la ciudad de Tlapa para reclamar lo que les niegan implica que los trabajadores gasten dinero que no tienen.

“Por estar pendiente de este problema, se gasta”, reconoce Pantaleón Pérez. Para los que viajan desde Xalatzala, a 12 kilómetros de Tlapa, el costo es de 50 pesos. Pero para los trabajadores de lugares más alejados, como Mixtecapa, el gasto asciende a 80 pesos. Sólo de pasaje, sin contar comida ni agua. Una pequeña fortuna para quienes casi nada tienen.

Finalmente, el representante legal de Corporación Mitla, Abel Olmero, argumentó en conversación telefónica que la semana próxima pagarán los sueldos adeudados.