El delegado de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez, Alfredo Miranda Vergara, dijo que todas la escuelas de la colonia Jardín reiniciaron sus actividades, que no se sancionó a los maestros y que no hay ninguna escuela en paro por la inseguridad.
Del caso de las escuelas de la colonia 20 de Noviembre, que habían suspendido clases, declaró que la información que le proporcionaron es que “reanudaban labores”.
En declaraciones luego de atender a padres de familia de la Secundaria Federal 1, que bloquearon la avenida Costera en Acapulco, precisó que son 200 las escuelas que cuentan con vigilancia del Ejército y las solicitudes que lleguen se revisarán.
“Peticiones no hemos tenido, hasta esto que comentan de las escuelas de la Cima. Hay escuelas que determinan no pedir vigilancia cuando ha habido situaciones en las zonas aledañas, y cada zona se maneja de manera distinta. Nuestra obligación es atenderla”, declaró el delegado de los servicios educativos.
Citó el caso de las escuelas de la colonia Jardín, donde los maestros suspendieron clases por los hechos violentos que se suscitaron y “por eso no fue nuestra intención generar una situación de sanción, porque fue un tema generalizado”.
En el caso de la 20 de Noviembre, hubo algunas detonaciones de arma de fuego, según dijeron los maestros; y aunque no son situaciones dirigidas hacia los maestros, dijo Miranda Vergara, “ante el temor de que se suscita cerca de las escuelas, los padres tienen esa precaución y deciden no mandar a los niños, pero hoy (ayer) ya están trabajando”.
Recordó que en esa zona fueron cuatro las escuelas que suspendieron labores, pero que se informó que reanudaban labores, porque aclaró que no depende de la Secretaría de Educación que las escuelas cuenten con vigilancia, que ellos se encargan de hacer la gestión ante las autoridades de seguridad, para que haya recorridos.
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Astudillo: la inseguridad es en todo el país, pero la de Guerrero alcanza importancia mediática
El gobernador, Héctor Astudillo Flores insistió en que el país vive una situación “muy grave” de inseguridad, pues hay entidades con aumentos de hasta 200 por ciento en las tasas de homicidios.
En una reunión con integrantes del Colegio de Abogados de Guerrero, Astudillo Flores señaló que asesinatos como el de los sacerdotes Germaín Muñiz García e Iván Añorve Jaimes cerca de Taxco, la muerte de un turista chileno en La Condesa de Acapulco y el feminicidios de la nutrióloga en Taxco, alcanzan importancia mediática, de ahí que se hable de la inseguridad en Guerrero a nivel nacional e internacional.
Sostuvo que, pese a la violencia, se tienen actividades de relevancia internacional en puerta, como el Mextenis, la Convención Nacional Bancaria y otras, que permiten la promoción turística y, de cuyos números en ocupación dijo que “son muy buenos”.
Durante su exposición, Astudillo Flores mencionó que en Nayarit, en 2016 aumentaron los homicidios 6.4 por ciento, en 2017 hubo una variación de 197 por ciento en índices delincuenciales.
Entre las entidades que no crecieron en los índices delincuenciales, dijo, están Oaxaca, Morelos y Guerrero; no obstante, aseguró que “es grande el problema que no se puede crecer más” en la entidad, aunque hubo estados que “crecieron casi un 200 por ciento”.
“El país está atravesando un problema muy grave en el tema de violencia de delitos recurrentes, 14 entidades tuvieron un incremento en la tasa de homicidios en 2017: Nayarit, Baja California Sur y Quintana Roo fueron las entidades donde más aumentó la tasa de homicidios”, señaló el gobernador
El gobernador comentó que no quiere pasar a la historia como quien dejó endeudado al estado, pues ha buscado mantener las finanzas equilibradas y reiteró que el problema no son sus finanzas, sino la violencia.
“Si no tuviéramos la violencia que tenemos estaríamos en la medianía nacional”, comentó.
Añadió que ha habido mejoramiento en el empleo y la producción primaria, e insistió en que los resultados de la evaluación del Coneval ubican a Guerrero como la única entidad que disminuyó los índices de pobreza.
“Somos un estado con muchos contrastes, somos pobres, pero tenemos mucho oro; somos pobres, pero tenemos mucha amapola; somos pobres, pero tenemos una gran cantidad de turismo”, expuso.
En la reunión, el gobernador también lamentó la muerte de 13 personas en Oaxaca a causa del desplome del helicóptero del Ejército en el que viajaban el viernes en la noche el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.
Lo ocurrido en Pinotepa, dijo ante integrantes del Colegio de Abogados, fue “una verdadera desgracia” por la caída del helicóptero.
Acerca de los daños de los sismos en Guerrero mencionó que en Cuajinicuilapa se cayó una barda, hubo un techo desplomado y “daños menores”.
En Ometepec, otro municipio de la Costa Chica, dijo que anoche fueron evacuados los pacientes de un hospital, aunque hoy trabaja sin problemas; además se reporta la caída de una barda.
El gobernador y su esposa Mercedes Calvo recorrieron zonas afectadas por el sismo en Ometepec y Cuajinicuilapa. Según un boletín de prensa, encontraron sólo daños menores en hospitales y viviendas en los municipios de Guerrero que colindan con el estado de Oaxaca. Pidió guardar un minuto de silencio por las víctimas registradas en Jamiltepec, Oaxaca, por el desplome de un helicóptero.
El gobernador no puede ponerse a pelear
Agregó que “es muy lamentable cuando algunas entidades utilizan el dinero de los recursos federales para atención de la seguridad pública en otros temas. Lamentablemente sucede. Podría darles nombres, pero prefiero ser prudente porque al rato… la prudencia debe ser otra característica del gobernante… el gobernador no se puede poner a pelear con todos, a veces se quieren poner a pelear, a veces el gobernador tiene que contestar, pero no mucho, nada más poquito, porque el gobernador no puede ser el que promueva o que secunde pleitos que muchas veces están originados por encubrir actos de corrupción, y que los quieren cubrir peleando con el gobernador, o quieren mandarle mensajes al gobernador como diciendo, ‘perdóname y yo te dejo de criticar o te dejo de emboletar hasta a tu familia’, como el caso que recientemente hubo”, dijo acerca de los señalamientos mutuos con el alcalde con licencia de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, quien fue acusado de desvío de recursos.
“No le corresponde al gobernador ser el auditor superior de la federación, ni tampoco el auditor general del estado… me parece también importante decirles que los nombramientos que se hagan de aquí en adelante tienen razonamientos, hay una serie de movimientos que deben darse por la oxigenación, y porque hay personas que se van a participar en las caricaturas”, adelantó.
En relación a las elecciones, Héctor Astudillo habló de un proceso atractivo por la renovación de 80 ayuntamientos por la vía tradicional, y uno por usos y costumbres.
Antes, el presidente del Colegio, Victoriano Sánchez Carbajal ofreció ayuda para reforzar a las instituciones en materia legal, así como su asesoría.
Reconoció el esfuerzo del mandatario en seguridad pública, “el Colegio de Abogados del Estado de Guerrero está dispuesto a apoyarlo en los diversos proyectos que su gobierno lleve a cabo o implemente”.
El ex subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos durante el interinato de Rogelio Ortega Martínez, Victoriano Sánchez enlistó los municipios en los cuales el gobierno estatal ha tomado el control de las policías municipales, “la primera acción en Zihuatanejo, cuando se tomó la Policía Municipal por los actos delictivos a la sociedad; la segunda acción en Chilpancingo, cuando se hace un lado a la Policía Preventiva Municipal; y la tercera acción que recientemente acaba de realizar con Acapulco con los lamentables acontecimientos en la colonia Jardín, donde se observa la intervención inmediata del gobierno del estado y el de la República, ante la lamentable omisión de las autoridades municipales”.
Pidió también que se considere al Colegio como integrantes del Consejo Ciudadano Anticorrupción, una vez que se conforme.
De las Zonas Económicas Especiales, el gobernador Astudillo dijo que son “un territorio atractivo para la inversión con grandes beneficios de carácter fiscal”, donde se busca que haya desarrollo urbano, no sólo empresarial.
En la sesión mensual del Colegio de Abogados, el gobernador Héctor Astudillo respondió a los cuestionamientos sobre las acciones de su administración a favor del desarrollo social, seguridad, turismo, entre otros planteamientos.
El gobernador expuso que el proyecto del Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo (C5), que se habría anunciado para construirse en Acapulco, está pendiente, ya que tendría un costo de mil 200 millones de pesos; “reconozco que se dijo, pero tengo que ser muy honesto en decir que no me dieron el dinero, y cada vez que voy a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a pedir dinero, me dicen, ‘no te preocupes, gobernador el estado no está endeudado, te conseguimos 5 mil o 10 mil millones de pesos’”.
Durante la reunión con los abogados, Astudillo Flores mostró los avances de su gestión en materia de seguridad, que a pesar de no contar con los recursos suficientes se logró contener la violencia, incluso disminuirla en 0.6 por ciento.
En otra parte de sus respuestas, el gobernador insistió en que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal se deben mejorar y modificar varias leyes para fortalecer el Estado de derecho en el país, “el nuevo sistema tiene que afinarse, no retroceder, las leyes no son perfectas, pero son mejorables, en el tema de las armas, tenemos que hacer algo, no se puede quedar así, creo el sistema de justicia tiene problemas pero debe mejorarse”.
Aumentan los patrullajes del Ejército en Chilapa y se coordina con la Policía Estatal
Durante un recorrido en Chilapa se constató que los patrullajes de soldados del Ejército aumentaron y algunos se mantienen apostados en el primer cuadro de la ciudad de Chilapa y están coordinados con policías estatales para contrarrestar la inseguridad.
La presencia militar ha sido constante desde 2015, sin embargo en enero de 2016 se anunció la llegada de 3 mil 500 soldados y 500 policías estatales y federales por parte del gobernador, Héctor Astudillo Flores.
En este municipio y sus alrededores se han implementado desde 2016 cinco operativos para combatir la violencia e inseguridad, sin embargo no han tenido mayor éxito, en lo que va de este año se han registrado 23 homicidios en Chilapa según un recuento de la información publicada en El Sur, cuatro de las víctimas fueron mujeres.
Apenas este viernes en Acapulco el comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez informó sin dar mayor detalle que desde el jueves pasado se incrementó la presencia de militares en Chilapa y con un mayor dinamismo para tener una mayor cobertura.
Los patrullajes militares se han incrementado a lo largo del bulevar Eucaria Apreza que es parte de la vía federal Chilpancingo-Tlapa, además de que hay cuatro retenes en las principales entradas a la ciudad.
Dentro de la zona urbana los militares han puesto otros cuatro filtros de revisión aleatoria de automovilistas y motociclistas.
Mientras que en el Zócalo de la ciudad y en algunas calles y avenidas los soldados armados avanzan a pie.
En tanto el tradicional tianguis fue instalado desde las 6 de la mañana y algunos comerciantes recogieron sus cosas desde las 3 de la tarde.
Según los comerciantes, el horario fue recorrido por la crisis de inseguridad que vive la ciudad, además de que el número de comerciantes y clientes ha disminuido de manera paulatina.
Siguen sin labores cuatro escuelas de los Bienes Comunales de Cacahuatepec: SEG
El delegado de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Alfredo Miranda Vergara, informó que de las nueve escuelas ubicadas en los Bienes Comunales de Cacahutepec, en la zona rural de Acapulco, cuatro siguen sin labores, debido a que los padres se niegan a mandar a sus hijos a clases.
En declaraciones dijo que son tres ubicadas en La Concepción: jardín de niños, primaria y telesecundaria, así como una primaria en la comunidad Parotillas.
El pasado 7 de enero hubo un enfrentamiento en esa comunidad, que dejó un total de 11 muertos y un herido; además de 38 detenidos, entre ellos el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, y su hermano Vicente Suástegui.
Debido a esto, los padres de familia de al menos nueve escuelas de la zona no mandaban a sus hijos a la escuela, pero en los últimos días se reanudaron las labores en cinco. En las comunidades La Concepción y Parotillas en los planteles no hay clases desde hace casi tres semanas.
El delegado Alfredo Miranda comentó que en dichos planteles no se han reanudado las clases, “debido a que los padres de familia prefieren no exponer a sus hijos llevándolos a la escuela”.
Los maestros han tenido reuniones con los padres, donde han argumentado que desean regresar a clases, pero “son los mismos padres los que han decidido por voluntad propia y por el temor que tienen”. Dijo que como autoridades van a seguir insistiendo con ellos en que es necesario regresar a las labores educativas, para que los niños no sigan perdiendo clases; aunque precisó que las autoridades de la SEG son muy respetuosas de lo que los padres decidan, pero también es necesario “hacerles ver de la necesidad de que ya no se sigan perdiendo clases”.
Sobre los maestros, el delegado Alfredo Miranda comentó que están concentrados en la supervisión y están en contacto con los padres de familia, para poder regresar lo antes posible.
Sobre la falta de maestros en zonas escolares como la 31 de Emiliano Zapata y La Postas, así como 207 de El Coloso, el delegado dijo que la falta de docentes que se dio en diciembre por jubilación, se ha estado cubriendo con interinatos de manera inmediata. Los que hagan falta se tendrán que reponerse y para ello se trabaja con la dirección de personal. (Karina Contreras).
El 95.4 por ciento de los vecinos de la capital considera que es inseguro vivir ahí: Inegi
Chilpancingo es la segunda ciudad del país con mayor percepción de inseguridad, siendo los cajeros automáticos, el uso de transporte público y la vía pública lo que los vecinos encuestados consideran como lo más peligroso.
Según los resultados del 18 levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante la primera quincena de diciembre el 95.4 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, mientras que el promedio nacional es de 75.9.
En Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, otras dos ciudades incluidas en la encuesta por ser de las “principales” de la entidad, se arrojó una cifra de 83.8 y 78.4 por ciento de percepción de inseguridad, respectivamente, en diciembre del año pasado, mientras que para septiembre de ese año fue de 85.9 y 79.2.
Las ciudades con mayor percepción de inseguridad en la encuesta fueron Reynosa, le siguieron Chilpancingo, Fresnillo, Villahermosa, Coatzacoalcos y la Región Norte de la Ciudad de México.
El Inegi precisa que no representa un cambio significativo respecto a septiembre de 2017, pero sí es estadísticamente mayor al registrado en diciembre de 2016.
La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres, con 80.5 por ciento, mientras que los hombres la ubicaron en 70.6 por ciento.
En un boletín el Inegi informó que las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Reynosa, Chilpancingo, Fresnillo, Villahermosa, Coatzacoalcos y la Región Norte de la Ciudad de México, con 95.6, 95.4, 94.8, 94.4, 93.6 y 92.7 por ciento respectivamente.
Añade que las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron Mérida, Puerto Vallarta, Saltillo, Piedras Negras, San Francisco de Campeche y Durango, con 29.1, 31.5, 36.6, 41.1, 46.6 y 52.3 por ciento.
Se detalla que el 82.3 por ciento de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 72.9 por ciento en el transporte público, 69.2 por ciento en el banco y 68.2 por ciento en las calles que habitualmente usa.
Para diciembre de 2017, 75.9 por ciento de la población de 18 años y más residente en las 55 ciudades de interés consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Tal cambio, de acuerdo con los datos del Inegi, “no representa un cambio significativo respecto a septiembre de 2017 cuando la percepción fue de 76 por ciento. Sin embargo, esta cifra sí es estadísticamente mayor a la de 74.1 por ciento registrada en diciembre de 2016”.
Destaca que la última comparación debe ser “tomada con reserva, dado que el número de ciudades contempladas en la muestra se incrementó en el último año. Este crecimiento en la muestra permitió obtener estimaciones más representativas al incluir una mayor cobertura de las principales concentraciones urbanas del país”.
Se explica que la encuesta tiene una periodicidad trimestral y se han realizado dieciocho levantamientos. El primero de ellos se llevó a cabo en septiembre de 2013. Actualmente la encuesta genera información sobre sensación de inseguridad por temor al delito, expectativa social sobre la tendencia del delito, atestiguamiento de conductas delictivas, cambios de rutinas o hábitos por temor a ser víctima del delito, percepción del desempeño de las policías Preventiva Municipal, Estatal, Federal, la Gendarmería, el Ejército y la Marina, sensación de inseguridad en lugares físicos específicos, conflictos sociales en el entorno, percepción del desempeño gubernamental para resolver problemas así como sobre las principales fuentes que la población utiliza para informarse sobre el fenómeno de seguridad pública en su localidad.
A partir del primer trimestre de 2016 se agregaron los conceptos sobre conflictos y conductas antisociales y de desempeño gubernamental. Además en el primer trimestre de 2017 se añadió el concepto de consulta de información sobre seguridad pública.
Protestan en la SEG de la Montaña padres y maestros de jóvenes de Metlatónoc; exigen los maestros faltantes
Padres de familia y profesores de los municipios de Metlatónoc acudieron a la delegación regional de los Servicios Educativos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para exigir la reposición de maestros que son cambiados.
Acusaron al director de Educación Indígena de la SEG, Silvio Joel Molina Ruiz; al coordinador Regional de Educación Indígena Región Montaña Alta, Félix García Rodríguez, y el jurídico José Abraham Godínez, de solapar las cambios de los profesores de los municipios más alejados a lugares cercanos, sin investigar las afectaciones que dejan.
Este martes, los integrantes de comités de padres de familia Antonino Aguilar Pantano, Francisco Castro González y la profesora y supervisora de la zona 033, Gregoria Basurto Prado; así como la jefa de sector 09, de educación preescolar de Metlatónoc, Angelina Reyes Galindo, acudieron a la delegación regional de los Servicios Educativos, a las áreas de Controlaría y Jurídica, para que atiendan la reposición del personal faltante o de lo contrario se movilizarán en Chilpancingo con una marcha y plantón.
Los inconformes por el cambio de profesores y su nula reposición por parte de la SEG, dijeron que algunos maestros buscan pretextos para pedir su cambio de comunidades alejadas a otras cercanas, pretextando la inseguridad que prevalece en Guerrero, y dejan las aulas y en el abandono a niños indígenas.
Comentaron algunos casos como el del preescolar Sor Juana Inés de la Cruz, de la colonia San Martín, del municipio de Metlatónoc, en donde desde octubre quedaron abandonado 59 niños, del segundo y tercer grado, por las profesoras Aidé Montalvo Cantú y Nancy Castañeda Villanueva.
Quienes fueron señaladas por algunas madres de cobrar y retener documentos oficiales de los niños, “de eso se valieron para salirse de la comunidad, aunque ya fue superado porque se supo que había sido un acuerdo de padres de brindar cooperaciones”.
En el caso de la colonia Natividad, de la cabecera municipal de Metlatónoc, en donde está el preescolar Juan Escutia, se mantiene sin clases a 20 niños por el cambio sin reposición del profesor David Jiménez Méndez, quien durante su trabajo faltaba mucho, se justificaba con recetas médicas y luego llegó con un documento de cambio.
Los inconformes lamentaron que las autoridades educativas hagan los cambios sin investigar y les crean a los profesores “sus pretextos”, para que salgan de las comunidades indígenas a las ciudades, olvidando su misión de educar.
Los profesores y padres de familia han estado exigiendo la reposición de profesores en este municipio, señalando a las autoridades educativas de generar los cambios sin consultar a la comunidad ni hacer las investigaciones, para determinar si ameritan o no moverlos de las comunidades.
Reyes Galindo comentó que estaba muy inconforme con el actuar de las autoridades de la SEG, porque reciben y aceptan los argumentos de profesores “que inventan, inseguridad y problemas que ellos mismos crean, para salir de las comunidades porque están lejanas, marginadas, por eso traman todo tipo de problemas para llegar a Tlapa y las autoridades les creen por no hacer investigación”, remarcó.
Pidió que acudan a las comunidades a investigar si los profesores padecen de la inseguridad o los problemas son reales, por lo que consideró que como encargada de la jefatura y supervisora escolar no hay inconformidades ni condiciones de inseguridad, porque el pueblo las quiere “por eso creemos que ellas causaron conflictos con unas madres, para salirse”.
Agregó que por ambos casos pusieron una queja en contraloría, para la reposición de maestros, porque no hay respuesta y responsabilizó al director de Educación Indígena en el estado y al área Jurídica, por hacer los cambios sin analizar e investigar, y sin tomarlas en cuenta como supervisoras o jefas de sector.
Remarcaron que esperarán hasta el 15 de enero para que repongan a las maestras y profesores o que vuelvan los que se fueron, porque los niños están olvidados y no hay fundamentos reales para sus cambios, ya que no hay inseguridad ni problemas con los padres que tienen a sus hijos en preescolar. (Carmen González Benicio / Tlapa).
Un año de notas malas: 15 maestros y estudiantes de la UAG fueron asesinados en seis municipios
En este año, 15 maestros y estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) fueron asesinados en el estado, mientras que dos alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de Acapulco permanecen desaparecidos, y el ex director de la Preparatoria 2, Evaristo Zaragoza Patricio, fue secuestrado.
De acuerdo con información publicada en El Sur, desde enero y al 20 de diciembre de 2017 se registraron 15 asesinatos en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Coyuca de Benítez, Iguala y Cuajinicuilapa.
El 21 de octubre pasado, durante la conmemoración del inicio de la lucha por la autonomía, el rector Javier Saldaña Almazán pidió justicia para los 27 universitarios que han sido asesinados en los últimos cuatro años; sin embargo, la UAG no proporcionó información actual de los crímenes que El Sur solicitó.
La tarde del 8 de enero, el cuerpo de la integrante del Comité Ejecutivo Central (CEC) del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Jeany Rosado Peña, fue hallado a un costado de la Autopista del Sol, en el tramo entre Chilpancingo y Tierra Colorada; mientras que su ex esposo, el médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Altamirano, Nicéforo Cabrera Rojas, y su hijo de 13 años de edad, Isaac Daniel Cabrera Rosado, fueron asesinados a balazos en su casa ubicada en la colonia Recursos Humanos, atrás del Palacio de Gobierno, en la capital.
El asesinato de Rosado Peña y su familia conmocionó a los universitarios, quienes no sólo la despidieron con un homenaje en las oficinas centrales del STAUAG en la capital, también marcharon y exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación exhaustiva con resultados. Aunque más tarde se informó que tres vehículos, presuntamente robados de la casa de Rosado Peña el día de los homicidios, fueron localizados, uno en Cuernavaca, Morelos, no se detuvo a ningún presunto responsable de los hechos.
El 29 de enero la estudiante de la Preparatoria 16, Cinthia Pamela Quiroz, de 18 años, fue asesinada a balazos en el centro de Coyuca de Benítez. El 31 de marzo, el maestro de la Unidad Académica de Enfermería 2, José Luis Cruz Hernández, fue ahorcado junto con su esposa en una casa ubicada en la colonia Cumbres de Figueroa, en Acapulco.
Mayo fue el mes en que los asesinatos de los universitarios impactaron a la sociedad y motivaron distintas manifestaciones en la capital, para exigir el cese la violencia en el estado, así como el esclarecimiento de los crímenes.
El 8 de mayo, el cuerpo decapitado del estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, Jahaziel Gálvez Ayatle, de 22 años, fue hallado en Chilapa. El 13 de mayo, el estudiante de la facultad de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia, Cristian Santiago Navarrete, de 22 años, fue asesinado durante el enfrentamiento entre el Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en El Ocotito, municipio de Chilpancingo.
El 17 de mayo, el estudiante de la Preparatoria 32, Samuel González Saavedra, fue asesinado y su cuerpo desmembrado se encontró en la colonia Adolfo López Mateos, de Iguala. El 24 de mayo, el estudiante de la Escuela Superior de Artes, Darwin Raymundo Barrientos Miranda, fue asesinado a balazos en el bulevar Vicente Guerrero en la capital.
Según consta en un video que se difundió en redes sociales, Barrientos Miranda no murió al instante tras recibir los impactos de bala; el joven trató de incorporarse, pero no recibió ningún tipo de asistencia médica por parte de los policías estatales y agentes ministeriales que llegaron para acordonar la zona. Las imágenes trascendieron, y a pesar de que los universitarios salieron a las calles a exigir justicia, no se informó de ningún detenido por los hechos o avances en la investigación.
El 23 de agosto, el estudiante de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (MIIDT), que imparte la Facultad de Ingeniería de la Universidad en Chilpancingo, Engelbert Martínez de la Cruz, fue asesinado a balazos cerca de la alameda Granados Maldonado, en la capital.
El 30 de septiembre, el director de la Preparatoria 2, José Villanueva Arce, fue asesinado a balazos mientras circulaba en su automóvil en la avenida Ruiz Cortines en Acapulco; su asesinato motivó que Saldaña Almazán emplazara a la FGE a resolver el crimen en tres días, y a exigir seguridad en el estado, antes su administración se limitaba a condenar los homicidios mediante esquelas.
Ante el llamado de justicia de Saldaña Almazán, la FGE investigó el crimen de Villanueva Arce y determinó que no fue premeditado, sino que se trató de un hecho circunstancial por el que tampoco se informó de algún detenido.
El 6 de octubre fue hallado el cuerpo desmembrado de un estudiante de la Preparatoria 26, quien fue identificado como Alberto, de 19 años de edad, hallado en la calle Poniente 10 en Chilapa. Mientras que el 12 de octubre un estudiante de quinto semestre del turno vespertino de la Facultad de Psicología, fue encontrado ensabanado y con un torniquete a un lado del hospital privado Magallanes, a una cuadra de la avenida Costera, en Acapulco.
A consecuencia del crimen, el Consejo de Unidad, académicos y directivos de la Facultad de Psicología suspendieron clases, por tratarse de “una situación delicada”, así como por temor ante los constantes crímenes en Acapulco.
El 16 de noviembre el cuerpo del estudiante de la Escuela Superior de Gobierno y Gestión Pública, Ángel Iván Argüelles, fue hallado en el viejo libramiento a Tixtla, con huellas de tortura. El joven era militante activo del PRI.
Durante lo que va de diciembre ocurrieron dos asesinatos en Acapulco, el 2 de diciembre una estudiante de Enfermería 2 fue hallada decapitada, envuelta en una lona, cerca del contenedor de basura de la colonia Carabalí; mientras que el 5 de diciembre, una estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración fue asesinada a balazos en el conjunto habitacional Infonavit, en la colonia Alta Progreso.
Por otra parte, el 7 de diciembre fue hallado el cuerpo del estudiante de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de 24 años, Jorge Cortés Carmona, en Cuajinicuilapa, luego de haber desaparecido el 28 de octubre. Su tío, sobreviviente de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, Efrén Cortés Chávez, exigió que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera el caso, ante la incapacidad que demostró la FGE para resolverlo.
Los desaparecidos
Saldaña Almazán informó que Zaragoza Patricio fue privado de su libertad el 10 de diciembre. A la fecha se desconoce el paradero del académico, que es originario del municipio de Azoyú, cuenta con dos licenciaturas, Físico-Químico y Licenciatura en Ciencias Biológicas, ambas las cursó en la máxima casa de estudios, donde ingresó para trabajar como académico en 1987; ha sido dos veces director de la Preparatoria 2, con sede en Acapulco, así como subdirector académico.
Mientras que dos estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración, del mismo grupo de la joven asesinada a balazos el 5 de diciembre, están desaparecidos. Aunque el rector no abundó en detalles de los casos, dijo que se trata de una situación “compleja” y “muy delicada”, por la que solicitó vigilancia militar en las escuelas de la UAG.
Comisiones que no dan informes
El 13 de enero de este año, antes de contender por la Rectoría por segunda ocasión consecutiva, Saldaña Almazán manifestó ante el Consejo Universitario su preocupación por la violencia y la inseguridad en el estado, por lo que propuso la creación de una comisión que se encargaría de hacer un análisis de la situación en la materia, escuela por escuela.
La conformación de la comisión y la publicación de un pronunciamiento para condenar los crímenes en Guerrero se aprobaron por unanimidad. Dicha comisión fue integrada por los ex rectores Florentino Cruz Ramírez y Ramón Reyes Carreto; el investigador Sergio Paredes, quien es especialista en encuestas; y los secretarios generales del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes, y del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), Brenda Alicia Alcaraz González.
A la fecha no se informó del avance en la investigación, que se realizaría para revisar los protocolos de seguridad, pues según Saldaña Almazán los establecidos por la Secretaría de Gobernación y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) “obviamente se quedan cortos”.
Mientras que una sesión extraordinaria, el 2 de junio de este año, el Consejo Universitario volvió a aprobar la creación de una Comisión Especializada para conocer los problemas en materia de seguridad de cada escuela y así, implementar los protocolos de seguridad necesarios. Tampoco se dieron a conocer los avances o resultados del trabajo que haría la comisión.
De manera constante Saldaña Almazán solicita seguridad de los tres órdenes de gobierno, no sólo para las escuelas de la UAG, sino para la sociedad guerrerense.
Por la inseguridad, 30 escuelas de la sierra adelantaron vacaciones: SEG
El secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, informó que en este periodo vacacional 30 escuelas de la sierra del estado adelantaron vacaciones por la inseguridad.
Este viernes por la mañana, el funcionario estatal acudió a la toma de protesta del nuevo secretario general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), David Martínez Mastache.
Minutos antes del acto protocolario, en declaraciones a reporteros, aseguró que la inseguridad en Guerrero es un tema externo al sector educativo, pero a pesar de esto, insistió en que existe una estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y el Ejército, como se da en los casos de Acapulco y Chilapa.
González de la Vega Otero informó que en Acapulco se registró un “incidente”, del cual no dio detalle, sino únicamente que fue cerca de un edificio educativo, por lo que los maestros tomaron la decisión de adelantar su periodo vacacional.
A pregunta sobre el número de escuelas que decidieron adelantar clases, dijo que era difícil saber con exactitud el número de las escuelas; sin embargo, estimó que son alrededor de 30 los planteles educativos, de los 12 mil 300 que hay.
Señaló que la mayoría de las escuelas que adelantaron vacaciones en este segundo periodo se focalizan en la sierra, dentro de municipios como Tlacotepec.
Sobre la situación en Chilapa, informó que el conflicto por la seguridad está prácticamente resuelto, aunque refirió que surgió un problema en un par de escuelas en Acapulco, “ por un tema externo al sector educativo. Externo totalmente”.
Adelantaron vacaciones los maestros estatales en zonas de riesgo: SUSPEG
Karina Contreras
El dirigente de la sección 14, del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), que aglutina a los maestros estatales, Robespierre Moreno Benicio, reconoció que las escuelas que se encuentran en “zonas complejas”, en colonias como Renacimiento, Emiliano Zapata y Sector 6, así como de la zona rural, han adelantado vacaciones por la violencia que se ha habido.
Que todavía en la zona urbana hay escuelas que están trabajando, pero lo más seguro que sea hasta esta semana, pues hay “temor de muchos maestros porque ya recibieron su aguinaldo y temen ser blanco fácil (de los delincuentes) por lo que se les ha dicho que lo más importante es salvaguardar su vida”. En declaraciones telefónicas, Moreno Benicio dijo que en las “zonas complejas las escuelas tienen tiempo que salieron de vacaciones”.
Indicó que han pedido a los maestros aguantar lo más posible, sobre todo en el área urbana, pero en algunos planteles son los padres los que ya no quieren llevar a sus hijos, porque no hay transporte, y ejemplificó con que uno de esos casos es en el Sector 6, por La Vacacional, donde “han asesinado a choferes y no están dando el servicio”. En referencia a los tres choferes que hacían sitio para la colonia Sinaí y fueron ejecutados.
Informó que también en la zona rural las escuelas ya pararon, porque no hay las condiciones para seguir laborando por los problemas de inseguridad, pero aseguró que los docentes han aguantado hasta donde más han podido, pero que cuando las escuelas federales empezaron a irse, pues “los metió en otra dinámica”. Moreno Benicio comentó que sí pidió a los maestros que hablaran con los padres de familia, para que “levantarán actas juntos para evitar cualquier problema”.
Al dirigente se le preguntó si hubo alguna solicitud de cambio por la inseguridad y comentó que fueron casi internos, porque en estos momentos todos los espacios son inseguros, y sobre peticiones de jubilaciones comentó que son muy pocas, aunque en Acapulco la mayoría de los maestros tienen 30 años de servicio, pero con la crisis en el ISSSPEG no hay para pagarles.
Está la CETEG en donde adelantaron vacaciones, dice la SEG; llama a respetar el calendario
El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG, José Luis González de la Vega Otero, informó que “algunas” escuelas de nivel básico, en Acapulco y la sierra, adelantaron el periodo vacacional decembrino a consecuencia de la inseguridad, “desde el jueves, viernes” pasado.
Declaró que solicitó a las fuerzas de Seguridad Pública que resguarden los planteles, pues aunque no se trata de “un tema educativo, porque nosotros no podemos darles seguridad, pero nunca lo evadimos”. Citó el caso de Chilapa, donde gracias a las rutas que recibieron resguardo, se pudieron restablecer en un 90 por ciento las actividades escolares.
En el caso de Acapulco, “ya lo hemos hablado con la Novena Región Militar, que nos da la posibilidad de tener los elementos de seguridad, en este caso los soldados. Hay una zona particularmente, que de por sí está resguardada, y vamos a ver si podemos fortalecerlo de aquí al martes”.
Insistió en que en las zonas escolares donde se adelantaron las vacaciones agremian a maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), por ello los llamó a respetar el calendario, pues este ciclo fue “difícil” por los sismos de septiembre pasado y es necesario que se regularicen las actividades.
Pidió a los maestros que en lugar de decir que ya no irán a clases, informen sobre las zonas con mayor riesgo de seguridad, para que se envíen los resguardos correspondientes; añadió que la SEG está en un diálogo permanente con todas las organizaciones magisteriales y que atenderá sus demandas, porque así lo instruyó el gobernador Héctor Astudillo Flores.
El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, informó que los salarios y el aguinaldo de los trabajadores del sector, que se deben pagar este mes, están asegurados, pues la dependencia cumplirá “al cien por ciento”.
Consultado en el hotel Holliday Inn en Chilpancingo tras la sesión ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes), de los pagos de salarios y prestaciones de fin de año, González de la Vega dijo que no podía hablar de “fechas y montos, no puedo decir ni cómo, pero vamos a cumplir al cien por ciento”.
Antes de retirarse de la sesión, anunció a los rectores y directores de las escuelas de nivel superior del estado, que acudiría a una reunión con el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Héctor Apreza Patrón, “para terminar de resolver unos asuntos, los días se nos agotan y hay que resolverlos de manera lineal”.