Pobladores de la comunidad Ahuixtla, municipio de Chilapa, exigieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que envíe maestros a la primaria Benito Juárez, debido a que los que están no laboran de manera regular y esto afecta a los 143 alumnos.
Ahuixtla está ubicada en la salida a Tlapa, la desviación para llegar a la comunidad se encuentra unos metros delante del punto conocido como Las Antenas, de la carretera federal. Los accesos carreteros están pavimentados, por lo que no es difícil llegar, según los pobladores que dieron una conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en la capital.
16 hombres y mujeres, vestidas con los trajes típicos de la región Montaña, representados por la presidenta del comité de padres de familia, Ruth Modesto Mardoniano, Margarito Cruz Nava, Victorino de la Cruz Nava y el comisario Daniel García de la Cruz, se quejaron de que desde septiembre del año pasado cuatro maestros de la primaria dejaron de asistir a dar clases de manera regular, por lo que acordaron exigir su cambio definitivo.
De la Cruz Nava dijo que los padres de familia se reunieron con los maestros y les pidieron en reiteradas ocasiones que no abandonaran la escuela; sin embargo, comenzaron a ir a la comunidad de dos a tres días a la semana, en un horario de 8 a 11 de la mañana, tiempo insuficiente para garantizar que los alumnos reciban la educación adecuada.
Modesto Mardoniano dijo que los padres acudieron a las autoridades de la SEG en la región, pero no han hecho nada para regular las clases en la comunidad y les preocupa que sus hijos puedan perder el año escolar, así como que no estén en el nivel necesario para continuar con sus estudios.
Cruz Nava dijo que el problema de ausentismo no es el único con los maestros, sino que estos también “les jalan las orejas” a los alumnos cuando no comprenden las lecciones o incumplen con tareas, lo cual es un trato inaceptable, además de discriminatorio, pues todos los pobladores de la comunidad son nahuas y respetan sus tradiciones.
Ante la situación, los pobladores y padres de familia llamaron al jefe del Departamento de Educación Bilingüe, Ernesto Antonio Hernández Villareal, a que solucione sus demandas y cambie a los cuatro maestros, así como se reponga a dos que se jubilaron en 2012 y no fueron reemplazados, por lo que los alumnos de tercer y cuarto año sufren al doble las consecuencias por las faltas de los docentes.
Según el último censo, en Ahuixtla hay una población de 873 habitantes que se dedican principalmente a la agricultura y emigran por temporadas a Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja California, por la falta de empleos en Guerrero; según los padres de familia, algunos se ven en la necesidad de llevarse a sus hijos a trabajar, mientras que otros los dejan en sus casas con sus abuelos, por lo que desean es que los menores tengan el acceso a la educación para que puedan continuar con sus estudios y mejorar su calidad de vida.
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Cierran padres el internado de Tepecoacuilco; el director maltrata a los niños, denuncian
Padres de familia del internado de educación primaria indígena Ignacio Manuel Altamirano, conocido como San Gabrielito, ubicado en la cabecera municipal de Tepecoacuilco, se plantaron en la entrada a las instalaciones e impidieron las clases, para exigir la destitución del director.
Los familiares acusan a Rafael Patricio Flores de que maltrató a los niños y le suspendió la alimentación a unos 40 alumnos, que no pernoctan en el lugar.
De acuerdo con información de fuentes consultadas y con base en un oficio que elaboraron los padres de familia, del que se tiene copia, desde antes de las 8 de la mañana y de forma indefinida, un grupo de 15 padres se plantaron en la entrada al internado e impidieron la entrada del director y los maestros, con lo que se dejó sin clases a unos 180 alumnos.
Exigen la destitución del director del internado San Gabrielito, Rafael Patricio, por presunto maltrato a los niños y piden el nombramiento de otro para la escuela y solicitan la intervención del DIF, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), que es de la que depende la institución, para que se haga una investigación de las supuestas irregularidades.
Denuncian además el supuesto mal manejo de los recursos del programa Escuela de Tiempo Completo y otros apoyos que llegan a la institución, que da atención a niños de la cabecera municipal de Tepecoacuilco y comunidades cercanas.
Asimismo señalaron que desde la semana pasada el director suspendió la alimentación, el desayuno y la comida, de unos 40 alumnos externos, que sólo reciben educación pero que no duermen en el internado. Los padres de familia puntualizan que no dejan a sus hijos en el internado por la inseguridad que se vive en la zona en la que está la escuela, además de que denunciaron que los profesores ingieren bebidas embriagantes y dejan sola la institución.
Piden que se investigue de manera general al director y maestros de los talleres, por el supuesto maltrato a los alumnos con golpes y castigos, con trabajos que tienen que ver con la limpieza y retiro de la hierba en la escuela; además del mal manejo de los recursos que llegan al plantel.
Denuncia mal servicio en el hospital general de Atoyac; dejaron una gasa dentro de su esposa
Familiares de la paciente Mercedes Ascensión Vélez de 26 años, se quejaron de mal servicio en el hospital general doctor Juventino Rodríguez García, de Atoyac, donde le dejaron una gasa luego de atenderla de un aborto, lo que generó una infección.
El esposo de la paciente, Benito García Velela dijo que su esposa ingresó el pasado miércoles al hospital, luego de sufrir un aborto en su comunidad en La Junta de los Ríos, en lo alto de la sierra de Atoyac.
Contó que su cónyuge ingresó a urgencias, y el viernes la atendió el médico Javier Masiel. El sábado su esposa fue dada de alta, y se retiraron, pero esa misma noche tuvieron que regresar luego de que la mujer tenía mareos, hemorragias y fiebre.
Dijo que su esposa estuvo sin atención hasta el lunes, y que al revisarla encontraron una gasa en su interior, lo que generó una infección.
Pide a las autoridades de Salud que presten atención en el hospital, ya que son frecuentes este tipo de negligencias médicas que ponen en riesgo la vida de los pacientes. (Francisco Magaña/Atoyac).
Anuncian el banco de datos de mujeres víctimas de maltrato, que será administrado por la Semujer
En la vigésima cuarta sesión ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, fue presentado el proyecto del Banco de Datos de la Secretaría de la Mujer (Semujer), que será responsable de alimentar el Banco Estatal de Datos que está a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En el encuentro, la presidenta de la Asociación Guerrerense, Marina Reyna Aguilar, solicitó por segunda vez que se informe sobre los acuerdos tomados en sesiones anteriores y que no se han compartido en el sistema.
“Me interesa conocer las comisiones, las comisiones del sistema quedaron de entregar sus programaciones, pero no todas las entregaron, por que en muchas de ellas participamos pero sólo hemos asistido a una comisión porque nos invitó”, dijo.
La sesión fue encabezada por el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y se realizó en el salón de la República de la Casa Guerrero, pero debido a “problemas” de agenda el funcionario delegó esa función en la Secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal Reséndiz, quien fue acompañada por el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, y el director de Administración y Desarrollo de Personal del gobierno, Jaime Ramírez.
Durante el punto de asuntos generales la feminista Marina Reyna Aguilar expuso la falta de información por parte de las comisiones integradas en el sistema.
Además de la falta de convocatoria y difusión para que participen las organizaciones de mujeres adheridas, por lo que pidió a la secretaria Gabriela Bernal Reséndiz que informara sobre los avances, pero ésta sólo dijo que se programaría otra sesión para ello.
En la sesión que duró poco más de una hora se abordaron los informes sobre la capacitación a las directoras de las instancias municipales de atención a la mujer, y delegados y delegadas de gobierno para la instalación de los sistemas municipales.
También se presentó el calendario de talleres que impartirán en coordinación la Secretaría de la Mujer y la Dirección General de Administración del gobierno, con objeto de capacitar en perspectiva de género a las y los servidores públicos.
El tema principal fue la presentación del Banco de Datos que será alimentado por la información que se genere en cada instituto de mujer de cada municipio, respecto a quienes presenten denuncias de maltrato.
Por su parte la procuradora de la Mujer, Indalecia Pacheco León, dio pie a la presentación del proyecto de Banco de Datos que se impulsó de un proyecto federal para su aplicación en el estado y que dependerá directamente de la Semujer.
“Se alimentará con todos los casos de violencia en el estado de Guerrero, es muy relevante que la Secretaria de la Mujer será la primera en generar este banco de datos y son formatos especiales para este fin”, agregó.
Por su parte el ingeniero encargado en presentar el proyecto y contratado por la secretaría, Leobardo Renier Arcos, especificó que el banco de datos se integrará con un expediente sobre la víctima, dónde vive, dónde sucedió el caso, y posteriormente se generará una estrategia para solucionar el problema, “no sólo es almacenarla sino tener reportes dinámicos o gráficas que descubran patrones que generen planes”.
Estos datos se recolectarán en cada municipio a través de las áreas encargadas de atender a las victimas de maltrato, quienes generarán el expediente para presentarlo posteriormente al banco de datos.
Este banco de datos a su vez alimentará el banco de datos estatales que administra la FGE.
Este proyecto fue cuestionado por algunas de las asistentes como Silvia Galeana, quien cuestionó la seguridad en recolectar los datos ante un posible hackeo, ya que ahí estarán los datos de geolocalización de las víctimas, lo que las pondrá en una situación vulnerable.
La secretaria de la Mujer dijo que tomarán medidas de seguridad para evitar riesgos.
Queja en la Codehum por maltratos a un alumno en una escuela privada
Brenda Escobar Zihuatanejo
Una madre de familia denunció ayer en la oficina receptora de quejas de la Comisión de Derechos Humanos (Codehum), en Zihuatanejo, a la directora de un colegio particular por considerar que su hijo fue castigado de manera inhumana.
La señora Eloina Martínez Chupin, dijo ayer al representante de los Derechos Humanos, Mario Alberto Quiroz Bello, que la directora del colegio particular Hermanos Grimm, Gabriela Santiago Montañés, castigó a su hijo Raúl Pedroza Martínez, de 8 años de edad, exponiéndolo por más de media hora al sol.
Refirió que los hechos ocurrieron el pasado 6 de mayo “por una travesura sin trascendencia”, pero que Santiago Montañés abusó al imponer el castigo “porque ese día tuvimos una temperatura arriba de los 35 grados y mi hijo es un niño”.
Martínez Chupin dijo que después del incidente, la directora le ha dado un trato grosero y que “incluso junto con su esposo han tratado de intimidar a mi hijo” y que por ello, se vio en la necesidad de interponer su denuncia en la Codehum.
Nos maltrataban y no nos daban de comer, dicen ancianos del asilo de Iguala
Luego del desalojo de la familia encargada del lugar, hallan los nuevos encargados comida y objetos escondidos en el cuarto de una de las cuidadoras
Oracio Lagunas Ramírez Iguala Ancianos del asilo de la ciudad acusaron a la familia Rosendo Brito –desde hace 20 años encargada del lugar– de maltratarlos física y psicológicamente durante la toma de alimentos, asearlos o al proporcionarles su medicina.
Mientras tanto, feligreses de la parroquia de San Gerardo María Mayela, en conferencia de prensa efectuada al mediodía del miércoles en los pasillos del asilo, pidieron a la familia Rosendo Brito los reportes de entradas y salidas de donativos de personas, organizaciones altruistas y el pago por la permanencia de las 13 personas mayores en el asilo, “porque no hay huella de cómo se manejaron los recursos”.
A casi una semana de la salida de la familia Rosendo Brito (10 personas en total), el asilo ya presenta mejoras en diversas partes, principalmente en los mecanismos de alimentación de los ancianos y la administración de los recursos.
Jovita Pineda Castrejón, una mujer que anda por los 80 años de edad y con poco más de 23 años en el asilo, en silla de ruedas por problemas de columna vertebral a consecuencia de dos caídas provocadas por quienes la cuidaban (sólo recuerda que se llamaban Berta y Margarita Hernández Salgado), relata que los últimos años en el lugar, su vida fue un martirio.
“Durante los últimos cinco años tuvimos un trato muy déspota de parte de Marta (la cocinera), porque nos íbamos sentando a comer o llevábamos dos tortillas, nos retiraba el plato de la mesa y nos llevaba a nuestros dormitorios, sin mayores explicaciones”, revela.
Y agrega: y cuando rogábamos una explicación, nos decía que éramos unos muertos de hambre y que deberíamos estar agradecidos con lo que se nos proporcionaba.
Luego recuerda que hace dos años sufrió un accidente que le desvió el fémur, y por consiguiente le impedida caminar. Un año después –continúa– Berta y Margarita (quien hacía funciones de enfermera) la tiraron de su cama y tuvo una desviación de columna, misma que ahora le impide caminar, por lo tanto permanece atada, prácticamente, a una silla de ruedas.
Versión similar dio la señora Antonia Ibarra, hija de Santso Ibarra, internado en el asilo desde hace más de 15 años con problemas de hipertensión. Dijo que con el cambio de administración su padre tiene otra actitud, “ya no se queja de tantos problemas y asegura que ahora come a sus horas, tomas sus medicamentos como están prescritos”.
Además –añadió– ahora me tienen informada de la evolución de su enfermedad y de los recursos que pago, me explican en qué se gastaron, lo cual no sucedía con los anteriores administradores.
Mientras tanto Moisés Ocampo Delgado, Mario Saúl Moctezuna Salgado, Cruz Martínez Román, Rafael Fernández Mugía y Fernando Núñez Flores indicaron que tras el desalojo, no violento, de la familia Rosendo Brito, hicieron una revisión al edificio y se encontraron con novedades, como el que en su cuarto de la señora Margarita tenían una bodeguita con alimentos que, suponen, eran de los ancianos.
En el caso de Margarita Hernández Salgado, de unos 60 o 70 años de edad, presentó una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público, donde establece que fue desalojada de manera violenta.
Por tanto, pidieron a la familia Rosendo Brito, quien también presentó tres denuncias ante el MP y la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos por los delitos de despojo, robo y lesiones, que entreguen toda la documentación que pudieron haberse llevado, de lo contrario presentarán denuncias penales en su contra.