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Gestionará Tlachinollan fondos para reconstruir casas dañadas en la Montaña en 2013, anuncia

 

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández informó que buscarán gestionar los recursos para atender el problema de las casas dañadas en 2013 en la región, porque no hay presupuesto asignado para atenderlas, a más de dos años de las afectaciones de la tormenta Manuel.
Barrera Hernández, en entrevista telefónica dijo que el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello reconoció que los datos del padrón que le entregó el Consejo de Damnificados de La Montaña es real en un 80 por ciento, ya que lo confirmaron en los recorridos que hicieron en las comunidades, de agosto a diciembre de 2015.
“Ahora ya está claro que hay un sub registro y que en su momento no se programó el presupuesto correcto porque desde el Fonden se hizo otro registro, y más de dos años y medio se ha complicado la entrega”, explicó Barrera Hernández.
Barrera Hernández precisó que se reunió con Armenta Tello en las instalaciones de Tlachinollan, este miércoles 23 de marzo, en lo que llamó una reunión ejecutiva para darle seguimiento a la vivienda que no han podido resolver porque no hay avances claros y porque se retrasó el cambio de delegados en la Sedesol y la Sedatu.
Agregó que la Sedatu ya tiene resultados del padrón de viviendas que el Consejo les presentó y que las autoridades no aceptaban, “pero ya hicieron los recorridos y ahora saben que la información que presentó el Consejo es veraz (…) aunque no sea al 100 (por ciento)”.
Dijo que 896 casas se tienen que construir en las comunidades; 287 se tienen que reubicar, es decir, conseguir el terreno y construirlas; 392 viviendas tienen daños parciales, y mil 134 daños menores, en los 12 municipios que se deben atender; “pero no hay fondos”, lamentó.
Barrera Hernández dijo que era bueno que la Sedatu reconociera el sub registro, aunque ahora viene el desafío de, “como conseguir esos recursos, y que son aproximadamente 185 millones de pesos” según valoraciones.
Agregó que se tendrán que buscar en el gobierno federal, en instituciones como el Consejo Nacional de Población (Conapo); “el consejo tendrá que gestionar y tocar puertas para resarcir esos daños”, explicó Barrera Hernández.
Dijo que buscarán reunirse con el subsecretario de Asuntos Políticos, Luis Enrique Miranda, para que los atienda como lo hizo en diciembre, cuando se habló del programa Que llueva maíz en La Montaña, que se entregaría en seis meses, pero se entregó más de un año después.
Agregó que volverán a plantear la necesidad del suministro de maíz, ante la crisis del precio del café, la plaga de roya en los cafetales, los fuertes vientos y las lluvias que siguen afectando las tierras de los indígenas.
Manifestó que era un compromiso político y social la dotación de granos básicos para las 185 comunidades afectadas, que ahora son más de 200.
Remarcó que la tarea será la búsqueda de fondos, las reuniones de alto nivel para que les resuelvan, ya que no hay un presupuesto asignado para construir viviendas rezagadas en los municipios de Acatapec, Malinaltepec, Copanatoyac, Atlixtac, Zapotitlán Tablas, Metlatónoc, San Luis Acatlán y Cochoapa el Grande, entre otros.

Liberan a los ministeriales retenidos en San Juan Huexoapa, Metlatónoc; pagan los daños

 

Después de cuatro días retenidos en la comunidad na savi de San Juan Huexoapa del municipio de Metlatónoc, los cinco policías ministeriales fueron entregados a autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la delegación regional de la Secretaría de Gobernación estatal.
Los agentes ministeriales fueron retenidos por la población el domingo 7 de febrero, y el motivo de la retención es impreciso porque los pobladores se negaron a dar su versión y sólo se conoció que los ministeriales llegaron al poblado e intentaron detener a algunos jóvenes, quienes se resistieron porque no les mostraron ninguna orden de aprehensión, por lo que los policías trataron de someterlos a golpes, y supuestamente de manera accidental se disparó un arma que lesionó a un campesino, lo que alertó al resto de la población que empezó a reunirse para ver qué pasaba.
De esa manera los ministeriales fueron cercados, desarmados y finalmente sometidos para ser llevados a la comisaría del lugar, donde permanecieron mientras los pobladores acudieron a informar a las autoridades en la ciudad de Tlapa.
Fue el pasado miércoles cerca de las 9 de la noche, cuando fueron liberados los policías ministeriales, Alfonso González Duarte, Gerardo Alberto Peralta Ortiz, Francisco Laredo Vargas, Wences Zavaleta Rodríguez y Leonardo Calzada Reyes, luego de que pagaran los daños por las lesiones al na savi Alfredo Gálvez Aguilar.
Gálvez Aguilar fue lesionado en el tobillo derecho cuando supuestamente por accidente se disparó el arma que portaba uno de los ministeriales. El lesionado fue trasladado al hospital general de Tlapa y después al de Chilpancingo para su atención médica, y regresó a su comunidad el pasado el 9 de febrero.
La mediación con los pobladores la llevó a cabo el delegado de Gobernación estatal, Jorge Rodríguez Ponce y el vicefiscal de Investigación de la FGE, Alejandro Santos González, a quienes los pobladores les pidieron como condición para liberar a los policías un pago económico por daños y lesiones, además el compromiso de que no hubiera denuncias penales, tanto de la población como de los ministeriales.
El vicefiscal de la FGE se comprometió a que a los ministeriales se les iniciará un procedimiento sancionador de acuerdo con su reglamento interno. Los pobladores por su parte, les pidieron que se portaran bien y que no violenten los derechos de las personas y ofrecieron coordinación para atacar a la delincuencia.
Según los datos, los ministeriales fueron golpeados y la camioneta que llevaban el día que fueron retenidos sería entregada ayer porque las llantas estaban desinfladas.
En la retención de los ministeriales participaron policías comunitarios, por lo que se manejó en un principio que si no había acuerdo con las autoridades, los enviarían al sistema de justicia comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria (CRAC–PC) con sede en la Casa de Justicia de Zitlaltepec.
Algunos familiares de los policías acudieron al poblado el martes 9 de febrero, pero por acuerdo del pueblo también fueron retenidos, y no los dejaron salir hasta que se reunieron con las autoridades, y como a las 7 de la noche del mismo martes, cuando concluyó la reunión, los dejaron salir con los enviados de la FGE y de Gobernación, a quienes los pobladores les entregaron las armas de los cinco ministeriales.

No respeta el gobierno estatal proyectos indígenas, dice gestor de una comunidad de Metlatónoc

 

El gestor de la comunidad de Chilixtlahuaca, del municipio de Metlatónoc, Francisco Mendoza de los Santos denunció que el gobierno de Héctor Astudillo Flores no respeta los proyectos que presentan las comunidades indígenas para mejorar su calidad de vida.
Por la mañana de este miércoles, funcionarios de la Subsecretaría de Asuntos Políticos recibieron a una comisión de 15 vecinos de Chilixtlahuaca, municipio de Metlatónoc, para atender su petición de crear un nuevo municipio, así como la pavimentación de la carretera y de calles de la comunidad.
La reunión duró más de tres horas, pero no se llegó a ningún acuerdo ni hubo avance en el proyecto de creación del nuevo municipio de la región de la Montaña, ya que no estuvo presente el subsecretario, José Martín Maldonado del Moral.
Al concluir la reunión, Mendoza de los Santos explicó que llevan 20 años tratando de crear el municipio que incluiría a 30 comunidades na savi que viven de la producción de café.
Detalló que el 29 de enero presentaron un oficio para una audiencia con el subsecretario Maldonado del Moral, y el 2 de febrero se les notificó que serian recibidos el día 10, a las 10 de la mañana, pero el funcionario no se presentó.
“La verdad, se ve mal, se ve que el gobierno no tiene voluntad de atender al pueblo indígena”, agregó el gestor.
Mendoza de los Santos sostenía en la mano derecha su carpeta llena de documentos y apretaba con la izquierda la correa de su morral de ixtle, mientras relataba las carencias a las que se enfrentan diariamente en sus comunidades.
“Desde lejos se ve que se trata de golpear al pueblo, por eso no nos quiere recibir, para que no haya avance con los indígenas”, señaló.
Para asistir a la reunión, los vecinos de Chilixtlahuaca viajaron más de ocho horas, y hasta las 2 de la tarde no habían almorzado, ya que estaban esperando que los recibiera el subsecretario.
Hasta la fecha, contando a Chilixtlahuaca, hay seis pueblos que buscan crear sus propios municipios, para obtener un presupuesto directo para obras públicas, de salud y de educación.
Entre estos municipios está Temalacatzingo, de Olinalá; San Nicolás, de Cuajinicuilapa; Santa Cruz del Rincón, de Malinaltepec; Las Vigas, San Marcos, y San Pedro Cuitlapan, de Tlacoachistlahuaca.
Durante la reunión hablaron de la construcción de una carretera de 105 kilómetros que uniría a la región de la Montaña con la Costa Chica; según Mendoza de los Santos, los recursos ya habías sido otorgado, pero no se avanzó en la construcción.
Explicó que en la reunión sólo se les informó que se enviarían máquinas para darle mantenimiento a la carretera, pero dijo que no se trata de darle mantenimiento, sino de pavimentarla para que sea segura en caso de emergencia.

Siguen retenidos por el pueblo cinco policías ministeriales en San Juan Huexoapa, Metlatónoc

Los cinco efectivos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) continúan retenidos por los pobladores na savi de la comunidad de San Juan Huexoapa del  municipio de Metlatónoc, luego de que en el intento de detener a unos jóvenes hirieron a un campesino el pasado domingo.
Los ministeriales retenidos en la comisaría del poblado son Alfonso González Duarte, Gerardo Alberto Peralta Ortiz, Francisco Laredo Vargas, Wences Zavaleta Rodríguez y Leonardo Calzada Reyes, quienes sólo podrán salir del pueblo cuando paguen por los daños causados, según informó una fuente.
También se maneja que de no acatar los acuerdos del pueblo podrían ser enviados al sistema de justicia comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC–PC) adherida a la casa de justicia de Zitlaltepec.
Los pobladores mantienen el asunto reservado, por lo que este 9 de febrero acudieron a la comunidad el delegado regional de Gobernación, Jorge Rodríguez Ponce y el vicefiscal de la Procuraduría, Alejandro Santos González, entre otros para atender el problema de los ministeriales.
Trascendió que los cinco policías seguirán retenidos, luego de que una de las peticiones es que le paguen al lesionado una cantidad de dinero, por lo que sus superiores sólo se comprometieron a entregar el recurso este miércoles en la comunidad.
El origen de la retención es imprecisa porque los pobladores se negaron a dar una versión y sólo se conoce que la persona lesionada es Alfredo Gálvez Aguilar, a quien le tocó un balazo que le destrozó parte del tobillo derecho y fue llevado al hospital de Chilpancingo para su atención, pero ya está de regreso en la comunidad.
Se sabe que los ministeriales llegaron al poblado para detener a algunos jóvenes, pero éstos se resistieron porque no les mostraron ninguna orden de aprehensión, los trataron de someter a golpes y supuestamente de manera accidental se disparó un arma que lesionó a Gálvez Aguilar, eso alertó al resto de la población que empezó a reunirse para ver qué pasaba.
De esa manera los ministeriales fueron cercados, desarmados y finalmente sometidos para ser  llevados a la comisaría del lugar, donde aún permanecen, mientras los pobladores acudieron a informar a las autoridades en la ciudad de Tlapa. Llevan tres días en el lugar y se desconoce en qué condiciones estén.
En los últimos datos se conoció que los cinco ministeriales podrán ser liberados este miércoles cuando entreguen la cantidad solicitada al hombre lesionado y se les iniciará un procedimiento sancionador de acuerdo con el reglamento que tienen, pues los pobladores pidieron que los ministeriales se comporten y no actúen violentando los derechos de las personas sin que hayan cometido delitos.
Pidieron coordinación para atacar a la delincuencia y que no se inicien averiguaciones o denuncias por el hecho entre ambos.
Se conoció también que en el lugar había familiares de los ministeriales que acudieron a solicitar que los liberaran y que sus superiores se trajeron las armas de los cinco agentes, a quienes sólo pudieron ver de lejos, pues no les permitieron acercarse a ellos.

Propusieron un plan contra la roya y no les hicieron caso, denuncian caficultores

 

El asesor de la organización de caficultores de la unión de ejidos La Luz de La Montaña, Sabás Aburto Espinobarros, dijo que desde hace cuatro años la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) propuso un plan nacional de acciones contra la plaga de la roya y la broca, pero las autoridades federales y del estado hicieron caso omiso.
El martes pasado productores de café de la Costa Chica-Montaña mostraron un panorama desolador, y dijeron que en este año están cosechando el 10 por ciento del café que obtenían antes, a causa de la plaga de la roya.
En los municipios de San Luis Acatlán, Iliatenco, Malinaltepec, Tlacoapa, Metlatónoc y Acatepec, hay 10 mil 500 productores que trabajan alrededor de 9 mil hectáreas de plantas de café, en donde hace tres años eran cosechados entre 50 y 65 mil quintales, cada quintal pesa 92 kilos de café seco y molido.
En la cosecha de 2015 los productores sólo produjeron 25 mil quintales. Los productores venden el café seco y molido alrededor de 19.50 pesos.
El asesor indicó que la plaga de la roya y las lluvias fuera de temporada de finales del año pasado complicaron la cosecha de la semilla y al igual que los productores del municipio de Atoyac, en la región de la Costa Chica y Montaña hay riesgo de hambruna.
Indicó que desde hace cuatro años la CNOC que aglutina a más de 50 organizaciones de caficultores del país, entregó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) un plan de acciones de combate de la plaga, pero la dependencia hizo caso omiso.
Explicó que la siembra de café para las comunidades ubicadas a unos mil 500 metros de altura sobre el nivel del mar representa lo mismo que cultivar maíz, grano que compran con el dinero obtenido de la venta del café, y calificó de grave la situación de los campesinos de los municipios considerados de alta pobreza.
En declaraciones, Aburto Espinobarros dijo que desde 1984 los productores han sabido lidiar con las plagas de la roya, pero la plaga de la broca también mantiene preocupados a los caficultores de la región. La broca es un coleóptero curculiónido, un gorgojo, que mide de .7 a 2.2 milímetros de largo y corroe las semilla del café.
El 80 por ciento de los cultivos de café de la región, que es la más afectada por la plaga de la roya, se ubican por debajo de los mil 500 metros sobre el nivel del mar, el 20 por ciento está por arriba de esa altura, y no fue tan afectada por la plaga; sin embargo, la pronta maduración de la semilla y las lluvias atípicas acabaron por tirar la producción.
Llamó a las autoridades federales y del estado a realmente atender el problema que enfrentan los caficultores en la región de la Costa Chica y Montaña, así como de los productores de las otras regiones, y entregar los apoyos económicos a las familias que viven de la cosecha del café, porque su situación de pobreza podría empeorar.
Se unió a la exigencia de la declaratoria de emergencia para recuperar sus sembradíos.

Llama la asamblea de la CRAC a unir fuerzas con organizaciones como la UPOEG para defender la Ley 701

En la Asamblea Regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), los representantes acordaron defender la Ley 701 que los reconoce como sistema de seguridad en el

estado y llamaron a la unidad para su defensa, además fue votada la convocatoria para la renovación de los coordinadores y comandantes regionales de la organización.
Ayer unos 200 integrantes de la CRAC: comisarios, comisariados ejidales, consejeros, comandantes regionales, delegados y policías comunitarios, de 34 comunidades de la Costa Chica y Montaña se reunieron en una terreno cercano a la casa de Justicia de San Luis Acatlán, donde la asamblea llamó a unificar fuerzas con otras organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) para la defender la Ley 701.
Durante la asamblea que inició a las 11 de la mañana y terminó poco antes de las 6 de la tarde, intervino el presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo y dirigente del partido Morena, Rubén Cay

etano, quien advirtió que hoy los diputados del Congreso local propondrán en la sesión extraordinaria la ampliación un año más de la vigencia de la Ley 701, para poder hacer foros de consulta y cambios en su estructura.
Señaló que la ampliación del plazo de la Ley no garantiza que subsista y afirmó que pone en riesgo el sistema de justicia como la CRAC que es reconocida como parte del Sistema de Seguridad en el estado.
El también asesor de la diputada de Morena, María de Jesús Quintero, indicó que la Ley no requiere cambios en su estructura, sino que los diputados deben realizar una reforma al artículo primero, para que la Ley 701 no quede en un vacío legal, como lo propuso la diputada de Morena.
Afirmó que el argumento de los diputados para realizar cambios a la Ley 701 es la integración de las comunidades afromexicanas asentadas en el estado. Sin embargo señaló que los diputados pretenden que en el año de ampliación se realicen foros de consulta para cambiar la estructura de la Ley. Sostuvo que para las comunidades afromexicanas se pueden realizar leyes propias.
“Si se amplía el plazo, van a tener tiempo de meterle mano (a la Ley), el objetivo es la autoridad comunitaria. El ampliarlo no garantiza que subsista la Ley 701”, y podrían hacer desaparecer a los sistemas de justicia comunitaria” como CRAC, sostuvo.
El presidente de la mesa de debates, S

abás Aburto Espinobarros, informó de la integración de una comisión para representar a la CRAC como asociación civil en la defensa de la Ley 701, que será integrada en una asamblea extraordinaria. La asamblea conformada por los representantes comunitarios acordó un plan de acción para la defensa de la Ley, que incluye un foro a finales de febrero para abordar el tema.
Los comisarios y delegados en sus participaciones llamaron a reforzar el compromiso para lograr juntar el mayor número de firmas para defender la Ley en el Congreso del Estado. Además de unir fueras con las organizaciones como la Policía Ciudadana de la UPOEG porque el objetivo que existe es común. Durante la asamblea no se abundó en el tema porqu

e los propios integrantes de la CRAC señalaron que el tema se había aborda

do con anterioridad. No obstante se llamó para que los representantes llevaran la información a sus pueblos y que la gente tenga mejor información.
En la reunión se acordó mandar un extrañamiento al Congreso del Estado por no haber integrado a la diputada de Morena a la Comisión Permanente, porque ha sido la única que ha defendido la Ley 701.
En la asamblea por mayoría de votos fueron reintegradas las comunidades de Tlaxcalistlahuaca, San Luis Acatlán; Chapultepec, Marquelia; y las comunidades de Plan de Pierna, Guadalupe Victoria, Colonia Luis Donaldo Colosio, Los Lirios, pertenecientes al municipio amuzgo de Xochistlahuaca.
Durante la participación unos diez  integrantes de las comunidades del municipio amuzgo manifestaron que por irregularidades cometidas en la Casa de Justicia de Cochoapa, Ometepec, que dirigía Eliseo Villar Castillo (preso desde el 30 de abril del 2015) la dejaron.
Además denunciaron que en Xochistlahuaca la alcaldesa priista, Aceadeth Rocha Ramírez, impuso a comisarios afines a ella en las comunidades, lo que ha provocado división entre los pobladores, y reiteraron que en el caso de Guadalupe Victoria, a ellos los eligieron más de 600 personas en una asamblea comunitaria.

Acuerdan reducir periodo de sus dirigentes

En la asamblea por votación unánime se aprobó la reducción del periodo de los coordinadores, comandantes y consejeros regionales de tres a dos años en los cargos, además por mayoría de votos fue acordado que las comunidades reintegradas a la Casa Matriz no tendrán el derecho a proponer representantes.
La propuesta de modificación la hizo el ex asesor Valentín Hernández Chapa y el ex coordinador Pablo Guzmán Hernández se sumó a su propuesta para que el periodo sea más corto, bajo el argumento de que la carga laboral es muy grande y para evitar vicios en los coordinadores.
También se votó para que sean cinco los coordinadores regionales y no tres como actualmente está. Otra de las propuestas f

ue la integración de hasta ocho coordinadores regionales.
El llamado entre los comisarios y delegados insistentemente fue para que en los pueblos sean nombradas personas con honorabilidad y evitar integrantes como el ex coordinador Villar Castillo, fracturen y causen divisiones en la organización. La asamblea de cambio de autoridades será el 21 de febrero.

Presentan resultados de una investigación de robo de autos y homicidio

En la reunión por mayoría de votos se decidió la expulsión de la organización de Demetrio Rendón Flores porque no cumplió sus funciones en la comisión de la investigación a Edilberto Rosas Clemente y Jaime Rosas Álvarez detenidos el 16 de enero del 2015 a quienes se les comprobó robo de vehículos, asaltos y el asesinato de una persona.
Además se aprobó por unanimidad la detención del integrante de la CRAC para su reeducación de Guadalupe García Piza, por no entregar los documentos de la investigación. En el lugar se esperaba la llegada de un representante de la Fiscalía General del Estado, pero no llegó.
En la asamblea se dio lectura a la investigación realizada por la CRAC y se mostraron las pruebas como placas de los carros robados, la ropa de una de las víctimas que fue asesinada, además de los testigos y dos víctimas quienes acusaron y reconocieron a los dos delincuentes.

Las autoridades comunitarias recriminaron que la Fiscalía del Estado haya solicitado la liberación de las dos personas cuando existen pruebas sustentadas que los incriminan en los hechos delictivos. Llamaron a la autoridad a respetar a la institución de justicia que representan, porque cuando la Fiscalía actúa la CRAC es respetuosa, y recordaron que existe un convenio de respeto y colaboración.
En la reunión fueron acusados los policías municipales, los elementos de Protección Civil, Tránsito municipal y la Policía Ministerial de cómplices con la delincuencia, pues no detuvieron a los delincuentes cuando éstos siempre se trasladaban en un vehículo sin placas, contrario lo que pasaba con la población que era revisada de manera rigurosa.

Se perdió por la roya el 80% del café cultivado en 2015, informan productores de la Montaña

El representante de la organización Productores Rurales de la Montaña, Pablo Mendoza Martínez, informó que en 2015 en los municipios de Malinaltepec, San Luis Acatlán, Iliatenco y Metlatónoc, los cafeticultores perdieron 15 mil hectáreas de café por la plaga de la roya y por ello calculó que se perdió el 80 por ciento de la producción de café de 2015.
En declaraciones al asistir al tercer congreso estatal de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el delegado cafetalero dijo que en los últimos cuatro años la organización pasó de recolectar 20 mil quintales de café a sólo diez durante el 2015.
Indicó que la principal causa de la pérdida de la cosecha de café es por la afectación de la plaga de la roya. Indicó que durante el 2015 los productores recibieron apoyos del gobierno federal y del estado para combatir la plaga, sin embargo el producto llegó tarde y la plaga no pudo controlarse.
Dijo que de la organización Productores Rurales de la Montaña dependen 5 mil pequeños productores de los cuatro municipios de las regiones de la Costa Grande y Costa Chica hasta la región de La Montaña del estado. Mendoza Martínez solicitó apoyo para la renovación de sus plantaciones “porque será un año muy difícil para los productores”, quienes no tienen dinero por las afectaciones y la poca cosecha que se pudo salvar de la roya en 2015.

Acuerda Salud enviar a Metlatónoc brigadas y construir un hospital

 

La Secretaría de Salud acordó con los vecinos na savi del municipio de Metlatónoc que enviará brigadas médicas para atender a la población, cuatro médicos para el centro de salud y una reunión para hablar de la construcción de un hospital, luego de que retuvieron a un supervisor este martes en exigencia de personal médico.
Este martes las mujeres beneficiarias del programa Prospera, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y vecinos retuvieron al supervisor de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 04 de la región Montaña, Ricardo Mancilla Carrera, quien acudió al centro de salud de Metlatónoc a verificar la falta de medicamentos, pero fue retenido por las vecinas.
El supervisor fue mantenido en el centro de salud mientras se comunicó con sus superiores para que intervinieran, pero hasta las 10 de la noche el jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Cecilio Mariche Sandoval que fue comisionado para atender el problema, según dijo la fuente, no llegó.
Por ese motivo el supervisor fue trasladado al Ayuntamiento donde lo pusieron bajo el resguardo de la Policía Municipal y ahí pasó la noche custodiado por un grupo de mujeres.
El miércoles a las 3 de la tarde, Mariche Sandoval llegó al poblado a atender el problema que provocó la retención de un trabajador de salud, ya que desde agosto no tenían personal médico.
La reunión entre mujeres na savi, hombres y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04 concluyó cerca de las 12 de la noche, los acuerdos fueron que Salud enviará brigadas médicas para atender a la población, aceptan a los cuatro de ocho médicos que faltan en el centro de salud, además de una reunión en Chilpancingo en la Secretaría de Salud el 1º de diciembre para hablar de la construcción de un hospital y que no sigan con “un centro de salud con servicios ampliados”.
Las beneficiarias del programa Prospera, el comité de salud y las autoridades municipales solicitaron la reposición de médicos desde marzo, fecha en que dejaron de acudir a la cabecera municipal y el jefe jurisdiccional los ignoraba.
Según datos de INEGI, el municipio de Metlatónoc tiene un grado de marginación muy alto, 77 por ciento de la población vive en pobreza extrema, es decir más de 11 mil 747 vecinos del municipio, que tiene una población total de 18 mil 976 habitantes. En el municipio 80 porciento de la población no tiene acceso a ningún tipo de servicios de salud.

Retienen mujeres a un supervisor de Salud en Metlatónoc; lo liberan tras la llegada de 4 médicos

 

Mujeres del programa Prospera, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y otros vecinos retuvieron la tarde de este martes al supervisor de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 04 de la región Montaña, Ricardo Mancilla Carrera, ante la falta de médicos en el hospital.
Hasta el cierre de la edición de El Sur, las autoridades de Salud continuaban dialogando con los na savi en la cabecera municipal de Metlatónoc.
Según la información recabada, Mancilla Carrera acudió el pasado martes al centro de salud de Metlatónoc a verificar la falta de medicamento, y fue retenido y encarado por mujeres na savi que le reclamaron la falta de médicos, y aunque él respondió que no le competía el asunto, lo cercaron y le exigieron médicos, que hace meses abandonaron el lugar.
Las indígenas obligaron al trabajador de Salud a permanecer en las instalaciones del inmueble y dijeron que lo liberarían hasta que la Secretaría de Salud les llevara a cuatro médicos que hacen falta desde agosto, y se comprometiera a construir un hospital.
A las 10 de la noche del martes, el supervisor fue trasladado al Ayuntamiento bajo el resguardo de la Policía Municipal, ahí durmió resguardado por un grupo de mujeres que esperaban una respuesta.
Se supo que el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos les ofreció que acudiría el jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Cecilio Mariche Sandoval para atenderlos pero no llegó.
Mariche Sandoval llegó a la cabecera municipal de Metlatónoc este miércoles con los cuatro médicos faltantes y el trabajador de Salud fue liberado.
Desde marzo dejaron de acudir a la cabecera municipal de Metlatónoc cuatro de los ocho médicos generales que se encontraban en el centro de salud. Las beneficiarias del programa Prospera, el comité de salud y las autoridades municipales solicitaron que les enviaran personal, pero no atendieron su petición.

Sigue la tensión en Metlatónoc y Tlacoachistlahuaca por 400 hectáreas de tierra, informa Rutilio Vitervo




El alcalde de Metlatónoc, Rutilio Vitervo Aguilar, informó ayer que continúa la tensión entre comuneros de Valle Hermoso y sus vecinos de Jicayán del Tovar, municipio de Tlacoachistlahuaca –con quienes se disputan 400 hectáreas de tierra–, porque los primeros son atacados a balazos casi a diario.
Consultado por reporteros antes de la entrega de juguetes por el Día de Reyes y de camionetas para el programa de Combate a la Pobreza, lamentó que hasta hoy no haya alguna propuesta de solución por parte del gobierno federal y estatal.
De septiembre a diciembre del año pasado han ocurrido en esa zona de conflicto tres enfrentamientos entre ambos grupos. El resultado ha sido tres muertos y varios heridos. Las autoridades de Tlacoachistlahuaca informaron que de su lado han fallecido dos campesinos, aunque la versión fue desmentida por la Secretaría de Seguridad Pública.
El alcalde dijo que mientras hay una intervención de las autoridades “ahorita sigue el problema, nosotros ya avisamos, como es competencia del gobierno del estado pusimos una demanda en donde exponemos nuestras razones, porque nuestra carpeta básica con los planos definitivos tanto de Metlatónoc como los de Jicayán coinciden; yo espero que los compañeros de Jicayán y sobre todo los líderes den una buena orientación a los campesinos”.
Abundó que han demostrado que sus gobernados son los propietarios de las tierras en disputa, pero “la situación se ha agravado porque los compañeros de Jicayán cargan un acta, en donde unos 15 principales de Metlatónoc firman, pero es un documento falso, porque todos los que aparecen ahí, incluyendo un señor que se llamaba Antonio Guerrero Gracida, mucho tiempo fue secretario y sabía leer y escribir y ahí en el acta de ellos aparece su huella, otro Pascual Hernández, no sabía leer y escribir y resulta que sí firma”.
Descartó que los comuneros de Jicayán hayan tomado las tierras, pero dijo que “casi a diario balacean a los de Valle Hermoso y como prueba de la sensibilidad que tengo como gobierno municipal, he solicitado la fuerza pública del gobierno, ahora está un grupo en Valle Hermoso para auxiliar a la comunidad”.
Agregó que todavía no “sabemos cuál es la estrategia del gobierno, pero como nosotros estamos preocupados por ese problema le pedimos al secretario de Seguridad Pública (Juan Heriberto Salinas Altés) para que resguarde Valle Hermoso”.
Vitervo indicó que hay la propuesta de una reunión con la Secretaría de la Reforma Agraria para principios de febrero; sin embargo, indicó que mientras llega la fecha seguirán ocurriendo enfrentamientos y agregó que aunque sus representados no portan sus armas como parte de un acuerdo que tuvieron, sí están en condiciones de responder en caso de una nueva agresión.