Las integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, María Claudia Pulido, Julissa Mantilla Falcón, Tania Rennó, Esmeralda Arosemena y Fiorella Messi escuchan a la rondalla Romance con la canción Ahora soy #43, ayer en la Normal Rural ubicada en Tixtla Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Ayotzinapa
Al presentar ayer su tercer informe a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, las integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestaron su preocupación por la falta de independencia y el rumbo de las investigaciones, a raíz de la “intervención” de la Fiscalía General de la República (FGR) a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA).
Con la salida del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, ven que hay riesgo en las investigaciones para llegar a la verdad y a la justicia que demandan los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. El 6 de octubre fue relevado por Rosendo Gómez Piedra, ex funcionario de Tabasco.
Las integrantes del Mecanismo, encabezadas por la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, llegaron a las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa a las 10 de la mañana y fueron recibidas en la entrada de las instalaciones con cadenas de cempasúchil por las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, así como por un grupo de estudiantes de la Normal.
Posteriormente se reunieron en privado dos horas en el auditorio de la institución con los padres y después ofrecieron una conferencia de prensa en la que pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador una investigación y una fiscalía independiente, en la que no haya injerencia de ningún poder público.
Al final, las cinco integrantes del Mecanismo pidieron un minuto de silencio por los 43 estudiantes desaparecidos y en seguida escucharon las consignas tradicionales de un grupo de estudiantes normalistas, entre ellas: “26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa…”, “Porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados…” “Vestido de verde olivo, políticamente vivo, no has muerto, no has muerto camarada…”.
Las consignas que retumbaron e hicieron eco en los edificios de la Normal conmovieron a las integrantes de la comisión de la CIDH que visitó las instalaciones y entre sollozos se enjugaron sus lágrimas.
La independencia de la UEILCA, para recuperar la confianza en la investigación
Integran el Mecanismo la presidenta de la CIDH Julissa Mantilla Falcón, la secretaria ejecutiva Tania Reneaum, la secretaria ejecutiva adjunta de monitoreo María Claudia Pulido, la relatora de la CIDH en México Esmeralda Arosemena de Troitiño, y la coordinadora de monitoreo especialista para México Fiorella Melzi.
Arosemena de Troitiño leyó el informe durante la conferencia de prensa en la cancha techada de la Normal de Ayotzinapa ante los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y un grupo de normalistas, alertó que hay “injerencia” del Poder Ejecutivo federal en la causa judicial del caso y pidió la independencia de la UEILCA y del fiscal especial del caso, para que los padres de los estudiantes recuperen la confianza en la investigación.
De acuerdo con el informe del organismo de la CIDH, hubo “intromisiones graves” de la FGR y del Ministerio Público que obligaron a la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo, quien estuvo a cargo de la UEILCA hasta septiembre pasado y renunció después de que pidió a mediados de agosto 83 órdenes de aprehensión contra involucrados en el caso Ayotzinapa, entre ellas contra 20 mandos militares.
Pero la FGR solicitó la cancelación de 21 de esas 83 órdenes de detención, 16 de ellas eran contra mandos militares acusados de delincuencia organizada.
Días después el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se dijo de acuerdo con la decisión de la FGR pues argumentó que las acusaciones contra los militares buscaban generar una “rebelión” en el Ejército.
“La solicitud de captura de (Jesús) Murillo Karam por otras unidades finales, ajenas a la Unidad, así como el desistimiento de las 21 órdenes de aprehensión de modo inconsulto con esta unidad de investigación, constituyen intromisiones graves a la independencia funcional que órgano fiscal debe de investigar con debida diligencia”, expuso Arosemena de Troitiño.
En el informe se
Advierte la CIDH injerencia de FGR en el caso Ayotzinapa que pone en riesgo la investigación
Las integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, María Claudia Pulido, Julissa Mantilla Falcón, Tania Rennó, Esmeralda Arosemena y Fiorella Messi escuchan a la rondalla Romance con la canción Ahora soy #43, ayer en la Normal Rural ubicada en Tixtla Foto: Jessica Torres Barrera
Las integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento presentan en la Normal Rural el tercer informe ante los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos. Piden a López Obrador una indagatoria y una fiscalía independiente. Uno de los mayores desafíos continúa siendo el ocultamiento de información por el Ejército, señalan. Observan avances para impulsar de modo continuo la búsqueda en campo de los normalistas
Zacarías Cervantes
Ayotzinapa
Al presentar ayer su tercer informe a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, las integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestaron su preocupación por la falta de independencia y el rumbo de las investigaciones, a raíz de la “intervención” de la Fiscalía General de la República (FGR) a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA).
Con la salida del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, ven que hay riesgo en las investigaciones para llegar a la verdad y a la justicia que demandan los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. El 6 de octubre fue relevado por Rosendo Gómez Piedra, ex funcionario de Tabasco.
Las integrantes del Mecanismo, encabezadas por la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, llegaron a las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa a las 10 de la mañana y fueron recibidas en la entrada de las instalaciones con cadenas de cempasúchil por las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, así como por un grupo de estudiantes de la Normal.
Posteriormente se reunieron en privado dos horas en el auditorio de la institución con los padres y después ofrecieron una conferencia de prensa en la que pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador una investigación y una fiscalía independiente, en la que no haya injerencia de ningún poder público.
Al final, las cinco integrantes del Mecanismo pidieron un minuto de silencio por los 43 estudiantes desaparecidos y en seguida escucharon las consignas tradicionales de un grupo de estudiantes normalistas, entre ellas: “26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa…”, “Porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados…” “Vestido de verde olivo, políticamente vivo, no has muerto, no has muerto camarada…”.
Las consignas que retumbaron e hicieron eco en los edificios de la Normal conmovieron a las integrantes de la comisión de la CIDH que visitó las instalaciones y entre sollozos se enjugaron sus lágrimas.
La independencia de la UEILCA, para recuperar la confianza en la investigación
Integran el Mecanismo la presidenta de la CIDH Julissa Mantilla Falcón, la secretaria ejecutiva Tania Reneaum, la secretaria ejecutiva adjunta de monitoreo María Claudia Pulido, la relatora de la CIDH en México Esmeralda Arosemena de Troitiño, y la coordinadora de monitoreo especialista para México Fiorella Melzi.
Arosemena de Troitiño leyó el informe durante la conferencia de prensa en la cancha techada de la Normal de Ayotzinapa ante los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y un grupo de normalistas, alertó que hay “injerencia” del Poder Ejecutivo federal en la causa judicial del caso y pidió la independencia de la UEILCA y del fiscal especial del caso, para que los padres de los estudiantes recuperen la confianza en la investigación.
De acuerdo con el informe del organismo de la CIDH, hubo “intromisiones graves” de la FGR y del Ministerio Público que obligaron a la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo, quien estuvo a cargo de la UEILCA hasta septiembre pasado y renunció después de que pidió a mediados de agosto 83 órdenes de aprehensión contra involucrados en el caso Ayotzinapa, entre ellas contra 20 mandos militares.
Pero la FGR solicitó la cancelación de 21 de esas 83 órdenes de detención, 16 de ellas eran contra mandos militares acusados de delincuencia organizada.
Días después el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se dijo de acuerdo con la decisión de la FGR pues argumentó que las acusaciones contra los militares buscaban generar una “rebelión” en el Ejército.
“La solicitud de captura de (Jesús) Murillo Karam por otras unidades finales, ajenas a la Unidad, así como el desistimiento de las 21 órdenes de aprehensión de modo inconsulto con esta unidad de investigación, constituyen intromisiones graves a la independencia funcional que órgano fiscal debe de investigar con debida diligencia”, expuso Arosemena de Troitiño.
En el informe se
destacan los contrastes que hay entre la UEILCA y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), debido a que por una parte se ven “los esfuerzos para esclarecer los hechos y procurar el acceso a la justicia de las víctimas” y, por la otra, “el ocultamiento de información y falta de cooperación con la investigación y judicialización del caso desde determinadas instituciones estatales”.
Cuestionan que el modelo de recuperación de información diseñado por el Estado mexicano encuentra interrupciones en su flujo cuando se trata de documentación que es custodiada por agentes de seguridad e inteligencia del Estado.
“Es preocupante que pese a la creación de nuevos mecanismos y órganos para avanzar con el caso Ayotzinapa, aunado a la voluntad manifiesta para resolver el presente caso al más alto nivel, el Estado mexicano aún no haya logrado remover estructuras persistentes al interior del aparato estatal que buscaron encubrir los graves hechos ocurridos”, señala.
El organismo también cuestionó que a ocho años de la desaparición de los 43, uno de los mayores desafíos continúa siendo el ocultamiento de información por el Ejército.
Del paradero de los estudiantes el informe de la CIDH reconoce que el Estado viene integrando evidencias que dan cuenta oficialmente de la detención de los estudiantes por agentes estatales, “su posterior tránsito por locaciones estatales como La Barandilla o el 27 Batallón de Infantería, y se entregaron a personas integrantes de grupos criminales”.
“Así, en manos de los grupos criminales, los estudiantes habrían sido privados de la vida y sus restos despojados a través de diversos métodos”, subraya el informe.
Agrega que la CIDH “observa que estas hipótesis son objeto de investigación y verificación judicial y recuerda que la determinación del paradero de los estudiantes debe orientar la estrategia de investigación del caso Ayotzinapa” y que deben observarse los tratados internacionales de derechos humanos de los que México “es parte y de la obligación ius cogens de derecho internacional, respecto de la prohibición de la desaparición forzada de personas”.
De la búsqueda, el informe reconoce que el Estado “ha transformado positivamente su estrategia de búsqueda de los 43 estudiantes, procurando acciones coordinadas con las familias y sus representantes legales para garantizar su participación, conocimiento y presencia”.
Refiere que la CIDH ha observado avances para impulsar de modo continuo la búsqueda en campo de los normalistas desaparecidos y ha tomado nota de los esfuerzos estatales para la formulación de hipótesis de búsqueda sustentadas en nuevas declaraciones testimoniales, y otras evidencias que obran en la investigación penal del caso.
En la sesión de preguntas y respuestas, Arosemena de Troitiño dijo que la mayor preocupación que se recoge en el informe son los obstáculos que se están presentando para dar seguimiento a la investigación y preparación del material probatorio, que serán presentados ante los jueces para la judicialización del caso, “lo que puede afectar el ritmo de las investigaciones”.
Dijo que hay la necesidad de que las investigaciones se den con la debida diligencia, transparencia e imparcialidad, y que eso se garantiza con independencia, “si hay otra Unidad que no es la que está encargada de las investigaciones, por supuesto que va a haber una afectación al proceso”, advirtió.
Sin embargo, las integrantes del Mecanismo no respondieron a una pregunta de un reportero en el sentido de que si esa injerencia que obstaculiza las investigaciones viene desde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
“Nuestro planteamiento en el informe es que le damos al Estado y a las instituciones esta hoja de ruta y guía orientadora para reconducir aquellas acciones que sean necesarias para que la investigación tenga el cauce debido en estos principios, si no hay independencia, no hay un aseguramiento ni de verdad ni de justicia, que es lo que piden los padres: verdad y justicia”, dijo Arosemena.
“La investigación tiene que ser independiente, la Fiscalía, la UEILCA y cualquier unidad tiene que ser independiente, no puede haber injerencia de poderes, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo ni de nadie”, expuso.
Recordó también, la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada, “las desapariciones forzadas no pueden terminarse por un decreto que diga se acabaron, la desaparición forzada es un delito continuo, tan es así de grave que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) no solamente considera víctima de desaparición a la persona desaparecida, sino también a las familias”.
“Tan es así de grave que la ONU y el Sistema Interamericano consideran a la desaparición forzada como una violación de derechos humanos compleja”, y agregó que con mayor razón en el caso Ayotzinapa, “que no es un caso aislado en México, sino que se enmarca en una situación estructural de violaciones de derechos humanos y desapariciones”.
Recomienda profundizar la participación efectiva de las víctimas y sus familias
En sus recomendaciones al Estado mexicano, el organismo pide que se establezcan los protocolos para que los documentos que podrían constituir evidencia en el caso Ayotzinapa puedan ser incorporados de modo rápido y sencillo a las investigaciones y judicializaciones en curso.
Además, mantener y profundizar la participación efectiva de las víctimas y sus familias en los espacios de coordinación interinstitucional, lo que supone retomar las reuniones periódicas de la Covaj.
También, mantener el modelo de investigación autónomo dispuesto para el caso Ayotzinapa, “consagrando la independencia de la investigación y replicar estas características de investigación en otros casos de graves de violaciones a los derechos humanos en el país”.
Respecto a la permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las integrantes de la CIDH informaron que el organismo tomó la determinación de que permanecerán los cuatro integrantes hasta diciembre.
Antes se había dicho que sólo continuarían (sin precisar por cuánto tiempo) Carlos Beristáin y Ángela Buitrago y que se retirarían Claudia Paz y Paz y Francisco Cox.
Sin embargo, ayer se precisó que continuarán los cuatro pero hasta el próximo diciembre.
También padres de los 43 desconfían del nuevo fiscal de la Unidad Especial de Investigación
Reprochan la información discrepante que por un lado plantea la UEILCA y por el otro la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, lo que ha llevado, opinaron, a que ocurriera el desistimiento de algunas órdenes de aprehensión
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Los voceros de los padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Mario González y Melitón Ortega expresaron su preocupación por el rumbo que tomen las investigaciones a raíz de la desconfianza y falta de independencia del nuevo fiscal especial de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez Piedra.
También reprocharon la información discrepante que por un lado plantea la UEILCA y por el otro la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que preside el subsecretario Alejandro Encinas, lo que ha llevado, opinaron, a que haya el desistimiento de algunas órdenes de aprehensión.
Ambos representantes del colectivo de los 43 padres de los estudiantes desaparecidos fueron entrevistados después de que el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentara su informe de observaciones a las investigaciones del caso.
Mario González dijo que las conclusiones del informe que destaca la falta de independencia del nuevo fiscal de la UEILCA ante la Fiscalía General de la República (FGR), y advierte que pone en riesgo las investigaciones para llegar a la verdad y justicia que exigen, es lo que ya habían venido denunciando.
“Ya pedíamos que la instancia que se encarga de las investigaciones del caso debe ser independiente, lo mismo que el nuevo fiscal, debe ser autónomo”, declaró.
Reprochó que “desafortunadamente no nos hacen caso, esperamos que ahora con las opiniones y recomendaciones del Mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se les escuche, porque es lo que siempre hemos exigido”.
Mario González agregó que también han pedido que las pruebas que se hacen públicas “sean contundentes” y que no nada más “se avienten por apresurarlas o por quedar bien, porque después hay consecuencias”.
Ello en referencia al cuestionamiento de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes en días pasados opinaron que no es posible verificar la autenticidad de 181 de las 367 capturas de pantalla presentadas por la Covaj, debido a que no se conoce el origen de las capturas de pantalla que se anexaron al expediente presentado por el subsecretario Alejandro Encinas.
El vocero de los padres dijo que otra incongruencia es la presentación de las demandas de los abogados de los militares implicados en la desaparición de los 43 estudiantes en contra del subsecretario Alejandro Encinas, puesto que las órdenes de aprehensión salieron de Omar Gómez Trejo, ex fiscal de la UEILCA.
Declaró que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos ven riesgo en las investigaciones por la falta de independencia de la UEILCA y de su nuevo titular, y denunció que fueron engañados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien les dio la posibilidad de pensar en otro fiscal, “pero vemos que nomás fue de palabra porque finalmente fue impuesto (Rosendo Gómez Piedra)”.
Informó que en la última reunión que tuvieron con el presidente acordaron que los iban a consultar para ver la posibilidad de designar a otro fiscal, “pero vemos que este ya agarró el puesto”.
Informó que en adelante como padres lo que les queda hacer es “lo que siempre hemos hecho, seguir luchando y mantener más que nunca vivo el movimiento y a las vivas con el nuevo fiscal”.
Agregó que ahora no temen que el presidente López Obrador dé carpetazo al caso al final de su sexenio, como lo hizo el anterior presidente Enrique Peña Nieto, “porque nos acabamos de enterar de la CIDH que la desaparición forzada no prescribe y tienen que seguirse las investigaciones por cualquier gobierno que entre”.
Melitón Ortega dijo que aún con la falta de independencia del nuevo titular de la UEILCA, no ven riesgo de que se dé carpetazo, “al menos eso ha declarado el presidente ante los padres, que no hay la intención de darle el cierre al caso Ayotzinapa, que se mantendrá la vigencia y la investigación, él ha ratificado el compromiso de mantener abierta la investigación”.
Informó que el hecho de que ahora sepan que la desaparición forzada es imprescriptible, “nos da garantía de seguir trabajando de manera conjunta con la CIDH”, dijo, y agregó que aunque el grupo de expertos termine su gestión en diciembre.
Melitón Ortega reprochó la descoordinación que hay entre las instancias que investigan el caso Ayotzinapa, “hay una descoordinación, no se compaginan ni se comparten la información, el gobierno a través de Alejandro Encinas tiene su propia dinámica de trabajo y la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la UEILCA tiene la suya, y el grupo de expertos trabajan de otra manera y tienen distinta información”.
Declaró que eso ven que es riesgoso para la investigación y que los padres lo ven con preocupación, “que en el discurso se diga que hay voluntad pero en la vía de los hechos haya una ruptura que nos provoca desconfianza”.
“Hay esa preocupación de nosotros, por eso hemos hecho el llamado al presidente, que haya coordinación, de otra manera no vamos a llegar a conocer la verdad del caso Ayotzinapa, no vamos a avanzar si se trabaja de manera separada”.
Investiga la UIF?a Murillo Karam por caso de lavado de dinero ligado a los Pandora Papers
Abel Barajas / Agencia Reforma
Ciudad de México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que investiga por lavado de dinero al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, así como a familiares y ex colaboradores, a raíz de su implicación en los Pandora Papers.
El organismo a cargo de Pablo Gómez informó que en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia, la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en los Pandora Papers, entre ellas Murillo Karam.
“En esas condiciones, la UIF con facultades para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”, dijo la unidad especial.
Implica al hijo de ex titular
de la SCT en la investigación
En el lavado de dinero por el que se investiga al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, también está involucrado el hijo del ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Dosal, quien fue su secretario particular.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la dependencia que encabezó Gerardo Ruiz Esparza, otorgó contratos millonarios a una empresa de familiares de Murillo.
Las contrataciones se dieron en la primera mitad del sexenio pasado, cuando Ruiz Dosal era secretario particular de Murillo en la PGR y su padre, estaba al frente de la SCT.
Se trata de las empresas Alvarga Construcciones y Kouro, esta última una razón social en la que participaron como socios dos hijos, un yerno y un sobrino del ex titular de la PGR.
“En este sentido, se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la SCT, y en ese mismo lapso, (Murillo) tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”, indicó la UIF.
La indagatoria contra Murillo Karam, que derivó en una denuncia presentada ayer por lavado de dinero, tráfico de influencias y defraudación fiscal, surgió tras la investigación internacional denominada Pandora Papers, revelada en octubre del año pasado, que exhibió a personajes y políticos que usaron empresas “off shore” y fideicomisos en paraísos fiscales para ocultar cuentas millonarias.
Según la denuncia, Murillo Karam recibió depósitos por 2.8 millones de dólares y transferencias al extranjero de 26.5 millones de pesos, los cuales supuestamente no fueron declarados ante el Servicio de Administración Tributaria, informó la UIF.
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó un recurso en el que alega que existe “imposibilidad real, jurídica y material” para dar cumplimiento al amparo que ordena crear una comisión de la verdad y desconoce la investigación oficial del caso Ayotzinapa. También, procuradores y fiscales del país se pronunciaron contra la decisión y aseguraron que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, se “excedió” en sus atribuciones.
Así reaccionaron luego de que ese tribunal ordenó una nueva indagatoria por la desaparición forzada, el 26 de septiembre de 2014, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, así como la creación de una Comisión de la Verdad y Justicia que sería integrada por el Ministerio Público y los familiares, asistidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Pero no son las única voces que, a favor y en contra, se han escuchado.
Es una “resolución de claroscuros”, explica a El Sur Javier Martín Reyes, investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). “Hay partes muy rescatables. Una cosa que queda clara cuando uno revisa la argumentación de estos tres magistrados, es que el caso refleja el día a día de nuestro sistema de procuración de justicia. El elemento grave que queda registrado, según estos magistrados, es que hay muy fuertes indicios de tortura en contra de los imputados. Visibilizar y poner con sus letras es un logro importante”.
Un segundo elemento a destacar, indica, es el papel que esta decisión les da a las víctimas dentro del proceso, “más allá de la técnica profesional que utilizan los magistrados”. Es de lo más rescatable, menciona el politólogo.
Por otro lado, “la sentencia tiene defectos técnicos. El primero es que da la impresión de que el colegiado no se atreve a dar un paso: este es un amparo que originalmente presentan las personas a las cuales se les está investigando por el caso (miembros de la organización criminal Guerreros Unidos), para la enorme cantidad de violaciones que acreditan, quizá el efecto más consistente hubiera sido ordenar soltar a esas personas que presentaron el amparo, en las cuales, según el colegiado, hay altísimos indicios de tortura”.
El investigador cuestionó la orden del tribunal de crear una comisión de la verdad: “Ese modelo que crea es discutible, porque dice que ahora la investigación del caso seguirá las líneas de investigación que determinen las víctimas, en colaboración con la CNDH. Ese modelo va en contra del diseño constitucional, pues lo que dice la Constitución es que la investigación de los delitos se hace bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Según el colegiado, la solución es que la averiguación recaiga en los familiares o las víctimas, porque hay una falta de autonomía del ministerio. Eso, en términos constitucionales, es problemático. Por eso la resolución genera controversia”.
La PGR, añade, está extrañada con ese criterio “porque le están quitando una facultad constitucional. Dijo el colegiado que la creación de estas comisiones ha sido llevada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ese tribunal (de Tamaulipas) no tiene el mismo tipo de atribuciones que la Corte. No cuenta con los elementos, testimonios e información suficiente para ordenar ese tipo de cosas”.
“Lo tiene que echar abajo la Corte”, dice Alto al Secuestro
La organización Alto al Secuestro –presidida por Isabel Miranda de Wallace– anunció que interpondría un amparo en contra de la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. En entrevista con El Sur su asesor jurídico, Samuel González dijo que ese fallo “lo tiene que echar abajo la Suprema Corte si se presentan controversias inconstitucionales. Nuestro amparo es de interés legítimo. En México hay una interrelación criminal entre algunas policías y los criminales. En Iguala hay un acto de privación de la libertad, igual que en los casos de Fernando Martí y Hugo Alberto Wallace”.
“La Ley de Secuestro dice que este es la privación de la libertad con el fin de causar daño. Lo que está acreditado en la averiguación previa del caso de Iguala es que los estudiantes fueron privados de la libertad con el fin de causarles daño. Es un secuestro, no una desaparición forzada. Por eso se compara con los casos de Martí y Wallace”, argumentó.
El abogado no contextualizó más el caso Ayotzinapa y agregó que, “no aceptamos que se forme una comisión de esa naturaleza porque viola la Constitución. No sólo son las víctimas de los 43. Las otras víctimas de los hechos de Iguala no han sido llamadas a juicio. Esa sentencia tiene efectos de ley, porque crea un órgano de Estado al cual le da competencias. Dice quién va a participar, cómo. A nosotros para perjuicio, porque rompe con la estructura de la investigación del sistema jurídico mexicano”.
Samuel González dio su visto bueno a la primera parte de la resolución del tribunal colegiado: “dice que deben de reiniciarse los procesos, la investigación. Pero la segunda parte no es correcta, porque los jueces de Tamaulipas crean un órgano de Estado que no solamente se va a aplicar a quienes están en su resolución, sino a otros. En la sentencia hay una sustitución de autoridades. A la CNDH la pone a hacer algo que constitucionalmente está incapacitada de hacer, que es realizar investigaciones criminales”.
–El objetivo es que participe con los padres de los normalistas desaparecidos, ¿no?
–No lo puede hacer, no tiene competencias constitucionales, su función es dar recomendaciones. La competencia del MP es investigar los delitos, la víctima puede coadyuvar, pedir que se practiquen pruebas, etcétera, pero no puede sustituir. Imagínate qué peligroso que le den a cualquier víctima la capacidad de manejar al Ministerio Público.
La resolución dice que el ministerio tiene que obedecer todos los actos que le pidan las víctimas y que las comisiones serán formadas por tres partes: el ministerio, las víctimas y CNDH. La PGR sólo acataría, según esta decisión, lo que digan los dos últimos.
–¿Por qué hay interés de Alto al Secuestro de ampararse, intervenir en este caso?
–No es intervenir, queremos que se aplique la Constitución.
–Esta resolución puede sentar un precedente, cuatro años después de falta de respuesta.
El abogado evadió este comentario y contestó otra cosa: “Esos que dicen que la resolución es definitiva e inatacable, mienten. Hay muchas maneras de atacarla”.
–¿Por qué atacarla? Es una resolución que se refiere a un tema específico.
–El problema es que esa no era la atribución que tenían los jueces. Se extralimitaron en sus funciones. Nosotros vamos a crear el amparo. Veremos si la Suprema Corte lo atrae, porque será la que decida el final si es viable.
Paradigma jurídico
Consultado por separado Javier Martín Reyes del CIDE, afirma lo contrario: “esta sí es una sentencia definitiva”.
“Ni el tribunal superior puede revisar esa determinación, pues no puede corregir las decisiones de todos los tribunales colegiados. Su trabajo no es examinar cada sentencia. En este caso no se admiten recursos en contra”, afirmó.
“Alto al Secuestro puede estar o no de acuerdo con esa resolución, pero es definitiva, y la PGR y la CNDH podrían pensar en una controversia constitucional, que tampoco procede ante sentencias dictadas por tribunales colegiados de circuito. Aunque –matiza el investigador– siempre hay interpretaciones, podría ser”.
Eso sí, reconoce, la orden del tribunal indique que los familiares señalen las líneas de investigación, asistidos por la CNDH, “es una resolución que nunca antes se había visto, por lo menos en un amparo en México”.
“La autoridad está obligada a acatar. Cuando tienes una resolución definitiva, así sea de un tribunal colegiado, toda autoridad está obligada. Es un fallo histórico, inédito. Jurídicamente es un paradigma que no se compadece de lo que dice la Constitución. Es lo más discutible”.
–El abogado de Alto al Secuestro dice que con esta resolución cada persona con un caso similar querrá controlar al Ministerio Público.
–No estoy de acuerdo con esa afirmación. Creo que es banalizar mucho lo que pasó en Ayotzinapa, que es un caso de violaciones gravísimas. Hay un conjunto de factores que hacen que sea particularmente relevante.
Es un caso icónico, la resolución muestra avances importantes, considera Amnistía Internacional
“Una persona puede considerar que una sentencia es inconstitucional, pero desde Amnistía Internacional consideramos que esa resolución muestra avances importantes”, dijo en entrevista Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (AI).
La sentencia, prosigue, reitera “lo que desde 2016 había expuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando manifestó irregularidades importantes en la investigación. Esto implica que la PGR debe de hacer nuevas diligencias encaminadas a averiguar los hechos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo que muchas de las personas detenidas habían sido víctimas de tortura. Estamos ante esa corroboración”.
–¿Qué opina AI de la creación de una comisión de la verdad?
–Marca un precedente importantísimo para iniciar un cambio sustancial en la forma en que se investigan graves violaciones de derechos humanos en México. El caso Ayotzinapa es icónico. AI ha analizado que reúne gravísimas violaciones a derechos humanos en los propios hechos, detención e investigación. La sentencia del tribunal que se hizo pública el 4 de junio, también reconoce que en México no hay una fiscalía independiente. La investigación de los 43 ha sido defectuosa y no ha tomado líneas adecuadas.
–Según las críticas, una comisión de la verdad y la intervención de los familiares en la investigación violarían la Constitución.
–No entendemos por qué puede haber un argumento así, cuando una serie de investigaciones ya violentan principios constitucionales al debido proceso. Decir que se viola la Constitución por retrotraer efectos de una investigación irregular y exigir que haya una fiscalía independiente no es argumento fuerte. Pareciera que ese dicho es meramente apegado a un entendimiento específico, pero no a uno contextual, y creo que este caso lo tenemos que ver en ese contexto de instituciones totalmente debilitadas y deficiencias de la investigación. Desearía saber cuál es la parte constitucional que se violenta cuando se intenta restablecer un proceso judicial.
El caso de los 43, concluye Reneaum, “no tiene más privilegios, sino que reúne responsabilidad del Estado desde diferentes perspectivas, desde la desaparición hasta la investigación. Nos ha revelado la incapacidad del Estado para tener una averiguación clara, que nos lleve a la verdad. Las familias han sido víctimas o no han podido acceder al derecho a la verdad. Esto es súper relevante.
“Generalmente las comisiones de la verdad se empiezan a crear por un caso específico, que luego nos lleva a entender que las instituciones requieren profundas reformas y configuraciones”.
“Es una visión equivocada” dijo el abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, sobre el pronunciamiento de procuradores y fiscales del país en contra del fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordena una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para resolver el caso.
El jueves procuradores y fiscales que participaron en la 39 asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en Acapulco, consideraron que el tribunal se “excedió” en sus atribuciones y que “vulnera el principio de Supremacía Constitucional, el principio de reserva de ley, el principio de separación de poderes y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo trastocando la esencia del Ministerio Público”.
Ayer vía telefónica Rosales Sierra dijo que las procuradurías no son independientes y reciben “línea” del poder Ejecutivo, además de que sus fallas en cuanto a la falta de acceso a la justicia, los abusos y las investigaciones imparciales e ineficientes “dan cuenta de la ineficacia del Ministerio Público, de la ineficacia y de las irregularidades de las procuradurías en su conjunto, incluyendo a la PGR”.
Dijo que en el país “se tienen que poner controles” a los ministerios públicos “que se han convertido en jueces instructores” y que el fallo del tribunal colegiado “pone el dedo en la llaga”.
Aseguró que los magistrados de Tamaulipas de ningún modo trasgreden el orden constitucional, “es una resolución y un criterio que tiene una interpretación amplia de la Constitución y de los derechos humanos”.
Expuso que los procuradores y fiscales están inconformes con la creación de la Comisión de la Verdad, pues consideran que el tribunal sólo debió ordenar la ilegalidad de las pruebas obtenidas bajo tortura y la liberación de los implicado, pero los magistrados interpretaron de manera amplia la constitución y están facultados a hacerlo conforme a los derechos humanos, así como a la ley.
Explicó que el tribunal analizó las pruebas ilegales que pesan sobre los detenidos, la utilización de la tortura, lo excluye y ordena la reposición de proceso pero también no deja en estado de indefensión a las víctimas.
Además los magistrados consideraron el protocolo de Minnesota que ordena la creación de comisiones independientes cuando hay casos de graves violaciones a los derechos, estos son la tortura, la desaparición forzada y ejecución extrajudicial, y en el caso de Ayotzinapa ocurrieron los tres.
Por ello el tribunal ordenó la creación de la comisión no de manera independiente pero sí dentro de un marco “totalmente legal, constitucional” y no lo deben olvidar los procuradores: estará integrada principalmente por el Ministerio Público, no se le desplaza sino que “se le van a poner contrapesos dado que se observa en el caso Ayotzinapa una investigación sesgada, parcial, poco independiente” pues se investigó una sola línea, que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
“Para que no vuelva a ocurrir” se le ponen contrapesos al Ministerio Público, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los representantes legales de las familias de los normalistas, precisó que el tribunal no va a coordinar el trabajo de la comisión, lo hará el MP “y eso también debe quedar claro”.
“Desde nuestro punto de vista no habría razón para que hoy en día el ejecutivo, la PGR, estén soslayando el cumplimiento de esta resolución, sin embargo lo que estamos viendo es una estrategia” del gobierno federal encabezado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y de la PGR “para omitir el cumplimiento de esta resolución”.
Informó que conoce que “en el plano formal”, la PGR recurrió a “incidentes” de incumplimiento del fallo y la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión a uno de aclaración, mientras que en el “plano mediático” se expresa que el fallo es inconstitucional, así como lo manifestaron los procuradores y fiscales en Acapulco.
Declaró que los siguientes días habrá “una cascada de opiniones conservadoras de carácter restrictivo de nuestro derecho constitucional, que van a tratar de socavar la resolución y sus efectos”, así como a la Presidencia de la República, a los diputados federales y la PGR, “queriendo avasallar a los padres”.
Lamentó la situación y añadió que habrá una disputa legal y mediática pues “a este gobierno no le bastó desaparecer a los estudiantes, no le bastó manipular las investigaciones, no le bastó cometer diversas irregularidades y tener en la impunidad a sus funcionarios, sino que ahora pretenden cuestionar la legalidad de un fallo judicial” e incumplirlo, “nos parece delicada la situación”.
Del planteamiento de la ONU-DH para que se deje en libertad a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, detenido equivocadamente por el caso Ayotzinapa, expresó que ilustra las irregularidades en la investigación.
Hay quienes enfrentan investigaciones por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y “se escandalizan” por el fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordena la formación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, escribió el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra en su cuenta de Facebook.
El representante legal de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos publicó tres estados acerca del fallo, en el que señala que no es aceptado pero no precisa por quién o quiénes.
El fallo judicial desde que se hizo público (el 4 de junnio) fue recibido con resistencia, el mismo día la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
Ayer en un primer mensaje Rosales Sierra señaló que los que se oponen a la comisión, “dicen que no respeta la garantía de presunción de inocencia, la autonomía y facultades del Ministerio Público (MP) y hasta dicen que a un servidor se le investigue por prevaricato”, que es un delito que comete una autoridad, juez o servidor público al dictar una solución arbitraria sobre un caso a pesar de que la misma es injusta o contraria a la ley.
Después dijo que: “la resolución es inédita y garantista. Respeta las facultades del MP por eso forma parte de la investigación. Pone en el centro a las víctimas por eso les da un papel protagónico en las investigaciones. La lucha de las víctimas ha sido histórica para conquistar un papel relevante en el proceso penal. Entonces no es inconstitucional que proponga líneas de investigación y aporte pruebas”.
Aseguró que “el Tribunal ordena realizar dictámenes independientes para verificar tortura, lo cual es correcto, pues no es objetivo que la Procuraduría General de la República (PGR) se investigue a sí misma”.
Por último publicó: “Si queremos sentar las bases de un estado democrático tenemos que empezar por exigir el cumplimiento del fallo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito. Es la única garantía de acceso a la justicia para los Padres de los 43 y todas las víctimas de este País, México”.
La inconformidad pública de Rosales Sierra ocurre 11 días después de que se dio a conocer el fallo del tribunal, sin embargo, el mismo abogado informó que a la fecha los representantes legales de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos no han sido notificados oficialmente al respecto, por lo que para ellos el plazo de los 10 días para formar la comisión todavía no inicia.
Según el fallo la comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Sin embargo, aunque no se ha dicho si las instancias correspondientes ya fueron notificadas de manera oficial, la CNDH y la PGR dijeron en días pasados que analizan los términos del fallo.
El vocero de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega dijo que mientras no se resuelva el caso ninguno de los detenidos debería de ser liberado.
El juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Matamoros, David Calderón Blanc dictó la libertad bajo reservas de ley a Marco Antonio Ríos Berber, El Cuasi, Luis Alberto José Gaspar, El Tongo, y Martín Alejandro Macedo Barrera, El Becerro, presuntos integrantes de Guerreros Unidos, así como a Honorio Antúnez Osorio, El Patachín, ex policía municipal de Iguala, al concluir que no existen elementos probatorios para sostener un juicio en su contra.
Los cuatro fueron acusados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, El Tongo podrá salir en libertad y los otros tres seguirán en el penal de El Rincón en Nayarit, porque también están acusados de otros delitos.
Vía telefónica, informó que los padres y madres se enteraron de la liberación por los medios de comunicación pero no se han reunido para discutir el tema y emitir una postura, pero consideran que quienes están en prisión es porque tienen una responsabilidad que aclarar. “Tenemos esa convicción de que queremos verdad, justicia, que las cosas se esclarezcan, no es nuestra intención tener gente adentro de la prisión, pero mientras no haya esclarecimiento no puede estar alguien fuera sin haber aclarado la desaparición de los 43”, expresó, y reiteró que aún no hay una postura definitiva, pero se reunirán los próximos días para discutir el tema. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).
En el quinto día de la Jornada de Lucha en el Corazón 43×43 y en vísperas de que se cumplan 43 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una comisión de 14 padres y madres de los desaparecidos, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el abogado Vidulfo Rosales y el vocero Felipe de la Cruz, fue recibida este miércoles por el director de Atención Ciudadana y Concertación Política de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lorenzo Gómez Hernández y acordaron una reunión con el secretario Alfonso Navarrete Prida.
El encuentro fue después de que un contingente de alrededor de 100 personas llegara a las inmediaciones de la sede principal de la Segob, a las 11 de la mañana.
Desde una hora antes se desplegaron 600 granaderos de la Policía Federal en las calles de Bucareli y Abraham González. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública vigilaban las vallas sobre Bucareli al momento en que el contingente de familiares y estudiantes de Ayotzinapa avanzaba contando en coro del 1 al 43.
Cuarenta minutos después de su llegada la policía dio paso únicamente a la comisión que durante una hora estuvo adentro.
Poco antes de la 1 de la tarde el representante de los padres y papá del joven desaparecido Mauricio Ortega, Melitón Ortega solicitó a los presentes que marcharan al Antimonumento a los 43, sobre Bucareli y Reforma, para dar a conocer ahí los avances de la reunión.
Los manifestantes llegaron acompañados de representantes del Frente Popular Francisco Villa Independiente, del Comité del 68 Pro Libertades Democráticas y de la organización Nueva Constitución Ciudadana y Popular.
Felipe de la Cruz tomó el micrófono para informar que únicamente se llegó a un acuerdo: un encuentro entre padres y madres con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para hoy jueves 26 o mañana.
Vidulfo Rosales se refirió al caso de los tres estudiantes de cine desaparecidos en Jalisco y expresó que ni este caso, ni el de los normalistas pueden quedar sin solución antes de que acabe este sexenio, “la lección es clara: no debemos dejar impunes los delitos en contra de los derechos humanos”.
Melitón Ortega expresó que las autoridades parecen estar más preocupadas por resguardar sus instalaciones que por dar resolución a las demandas de justicia. El martes hubo un intercambio violento entre la policía de la Ciudad de México y manifestantes. Posteriormente una comitiva se reunió con el secretario de Gobierno de la Cdmx, Guillermo Orozco para aclarar los hechos.
“Nosotros dejamos en claro que no buscamos confrontación con la policía de la ciudad. Nuestras movilizaciones se dirigen a las autoridades federales”, comentó Ortega.
“En esta jornada hemos visto una presencia masiva de la policía capitalina, lo cual consideramos un acto de intimidación. Por eso solicitamos a Guillermo Orozco que ofrezca garantía y seguridad al movimiento”, demandó.
Al finalizar la jornada la madre de César Manuel González, Hilda Hernández informó que a partir de hoy y hasta el 2 de octubre se realizarán las jornadas De Tlatelolco a Ayotzinapa, que culminarán el día del aniversario 50 de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Se contará con la participación del Comité del 68, Nueva Constitución Ciudadana Popular y el movimiento de padres, madres y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “tenía razón”, hay trasiego de drogas de Iguala a Chicago y esta línea de investigación “debe de ser indagada de manera exhaustiva, lejos de pretender cerrar el caso”, expusieron madres y padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
En conferencia de prensa en el antiguo monumento a los caídos de 1960 en la alameda Granados Maldonado de esta ciudad, el representante de los padres, Melitón Ortega, una comisión de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) y la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero llamaron a las organizaciones y a la sociedad a participar en la jornada de lucha a 43 meses de los ataques en Iguala.
Melitón Ortega leyó un comunicado en el que los padres de los jóvenes señalan que en los 43 meses de lucha por la presentación con vida de sus hijos, que se cumplen el próximo jueves, “hemos visto de cerca la corrupción, la displicencia, la falta de compromiso de este gobierno para ofrecer justicia a las víctimas pero también nos hemos consolidado como organización de padres, al lado de nuestros otros hijos de Ayotzinapa”.
Señalaron que hay pruebas como peritajes “de alto rigor científico”, informes de organismos internacionales de derechos humanos, los celulares de los normalistas desaparecidos que se mantuvieron activos después de los hechos, sus ropas encontradas en el Palacio de Justicia de Iguala y la ruta de desaparición en Huitzuco que “hacen trizas la hipótesis del basurero de Cocula”.
No obstante con la reciente publicación de las conversaciones telefónicas entre sicarios de Guerreros Unidos de Iguala y Chicago las autoridades pretenden interpretarlas para respaldar “su mentira histórica” y sentar las bases para cerrar el caso.
Añadieron que las llamadas son una prueba de que Guerreros Unidos es un grupo delictivo que opera en el plano internacional, por lo tanto “su red de vínculos y complicidades incluye autoridades estatales y federales”, por lo que se debe de investigar esta línea porque los normalistas no estaban infiltrados por sicarios y éstos los reconocen como estudiantes.
Blanca Luz Nava Vélez, madre del normalista desaparecido Jorge Álvarez Nava expresó que “este 26 de abril se van a cumplir 43 meses de sufrimiento, de dolor, de incertidumbre que nos está matando a nosotras como madres, 43 meses de burla, como madres seguiremos buscando a nuestros hijos, no vamos a descansar hasta que sepamos la verdad”.
Manifestó que es mentira la teoría del basurero de Cocula y que las autoridades no sólo engañan a los padres de familia “sino a todo el mundo, se los dice una madre desesperada porque ya quiere tener noticias de su hijo, tenemos fe en que los vamos a encontrar pero únanse pueblo por favor, hay que hacer algo, no le podemos dejar este mundo a los niños que están creciendo”, porque advirtió que los ataques como el de Iguala se pueden repetir si quedan impunes.
Un representante del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Normal Rural de Ayotzinapa dijo que los normalistas “estamos dispuestos a no olvidar, por eso invitamos a que luchen en esta lucha digna, que nos acompañen, el gobierno en vez de ayudarnos nos está poniendo trabas pero no vamos a dejar en el olvido esta injusticia que le ha hecho daño a nuestro estado, a nuestro país y al mundo”.
El dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame manifestó su solidaridad con los padres de familia a nombre de la organización y de la Dirección Colectiva, dijo que los integrantes de las organizaciones sociales participarán en las actividades de la jornada de lucha que fueron avaladas por la Asamblea Nacional Popular.
Informó que éste sábado seguirá el foro El proceso electoral y su impacto en la lucha social, “donde planteamos que la lucha social es independiente de los partidos políticos y que el eje central es que aparezcan con vida los 43 estudiantes normalistas”.
Añadió que se trata de un proceso de articulación y el número 43 “es un signo, es algo que va a llevar herrado el Estado en su consciencia para siempre de que quedó evidenciado ante el mundo, de que hubo una infamia, un asesinato impune y que el Estado, ya quedó claro, está coludido con el crimen organizado”.
El secretario de Relaciones y Solidaridad del STAUAG, Alberto García Mendoza y los representantes del secretario general de la CETEG, Arcángel Ramírez Perulero y del Sutcobach, Alfredo Ramírez García, se solidarizaron con los padres y se comprometieron a que estarán en las actividades de la jornada de lucha a 43 meses de los ataques en Iguala.
La PGR busca a los 43 con o sin vida: Melitón Ortega
En declaraciones luego de la conferencia de prensa al respecto de la búsqueda que agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) hicieron el miércoles en el cerro Gordo en Iguala apoyados por policías federales de la Gendarmería, Melitón Ortega dijo que los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos supieron de la diligencia por los periódicos y que, “al parecer ahí andan nuestros compañeros representantes de derechos humanos” del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Aseguró que es falso que en la diligencia se hayan encontrado cuatro cuerpos en fosas clandestinas, “es una información sin sustento, mañana o pasado nos estarán informando (sobre la búsqueda)”.
A pregunta expresa de si la búsqueda de los normalistas es en fosas o vivos, Melitón contestó que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recomendó hacer la búsqueda mientras que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) planteó una investigación integral, “hoy tenemos que buscar en todos lados, sin embargo señalamos que el gobierno es el responsable, son policías de los tres niveles de gobierno los responsables”.
De las declaraciones del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero a quien el ex presidente de la República Felipe Calderón y el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong señalaron por no acreditar a los policías estatales teniendo como consecuencia los hechos en Iguala, Melitón Ortega dijo que si Aguirre Rivero tiene información del caso debe presentarla ante las instancias correspondientes, aunque “para nosotros debe estar en la cárcel”.
Este lunes se cumplieron 42 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y alrededor de mil activistas acompañaron a los familiares en una marcha en esta ciudad. Además, en la mañana de ayer un contingente de padres tomó las casetas de la autopista México-Cuernavaca, desde las 10 hasta las 2 de la tarde y permitieron el libre paso de los automovilistas en ambos sentidos del camino. El contingente partió 15 minutos antes de las 5 de la tarde del Ángel de la Independencia y cruzó el Paseo de la Reforma, se vio a alumnos de Ayotzinapa, estudiantes de la Normal Femenil de Amilcingo, Morelos, integrantes de la sección 10 y 11 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la capital del país, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Frente Popular Francisco Villa (FPFV) y ciudadanos sin organización. Al llegar al antimonumento que es un número 43 en la esquina de Reforma y Bucareli, Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega Valerio, invitó a los familiares a que se colocaran al frente del antimonumento para el pase de lista de sus hijos ausentes y exigir su presentación con vida. Pasadas la 6 de la tarde se reanudó la marcha hacia el Hemiciclo a Benito Juárez. En el camino estudiantes de Ayotzinapa tomaron el micrófono para demandar, una vez más, que la Procuraduría General de la República (PGR) retome las cuatro líneas de investigación que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que incluyen la indagación y detención de policías federales y municipales de Huitzuco, la investigación de las líneas de teléfonos celulares de los jóvenes, la participación de soldados del 27 Batallón de Infantería y el posible trasiego de drogas de Iguala hacia Chicago, Estados Unidos. En el Hemiciclo Melitón Ortega mencionó que estas son fechas vacacionales, donde las familias se reúnen, “muchos esperan la visita de sus seres queridos, nosotros no perdemos la esperanza de volver a ver a nuestros hijos”. Mencionó a Minerva Bello, madre del estudiante Everardo Rodríguez Bello, quien falleció en febrero de este año a consecuencia del cáncer. “Ella murió sin saber qué pasó con su hijo. Nosotros no descansaremos hasta saber la verdad de lo que ocurrió esa noche”. Hilda Hernández, madre de César Manuel González Hernández apenas podía contener las lágrimas. Sosteniendo una fotografía de su hijo impresa sobre una lona habló sobre el reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), donde se reporta que 34 detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados para obtener sus declaraciones. “No sabemos si ellos son culpables o no pero fueron torturados para obtener declaraciones que sostuvieran la mentira histórica que la Procuraduría se empecina en defender”, dijo. Hilda Hernández externó su preocupación de que con la cercanía del proceso electoral se pretenda dar carpetazo a la investigación: “les importan más las elecciones, les importa más la porquería que va a llegar a gobernarnos”. Solidaridad con desaparecidos en Jalisco En el transcurso de la marcha, madres, padres y demás asistentes al mitin repudiaron la desaparición en Jalisco de los estudiantes de cine Javier Salomón, Daniel Díaz y Marcos Ávalos, así como la desaparición y posterior confirmación de la muerte del estudiante de medicina César Ulises Arellano Camacho. “Condenamos los hechos en Jalisco, así como condenamos la violación de los derechos humanos de la juventud”, declaró Melitón Ortega.
A 42 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en los ataques en Iguala, el secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Arcángel Ramírez Perulero llamó a las organizaciones sociales a activarse todos los días para informar a la sociedad que el caso sigue impune. Unos 100 integrantes de la CETEG, la sección 18 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), el Frente Magisterial y Ciudadano, la sección 69 del Sindicato de Telefonistas y activistas se reunieron en el antimonumento a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, ubicado en el monumento a Las Banderas en la avenida Lázaro Cárdenas. Los manifestantes hicieron un mitin para exigir el esclarecimiento de los hechos y la presentación con vida de los jóvenes, además bloquearon la avenida mientras duró la actividad, poco más de una hora. Antes y en pausas durante las intervenciones de los dirigentes y representantes de las organizaciones sociales, el cantautor Lenin Hernández entonó canciones de protesta sobre la lucha de los padres de los normalistas desaparecidos, quienes lucharon por la educación publica y defender a las escuelas formadoras de docentes, y en contra de la violencia hacia las mujeres. En el mitin el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Hegel Mariano Ramírez dijo que los hechos en Iguala son “lamentables”, y que las autoridades deben saber que los padres de los jóvenes “no están solos” pues desde distintos espacios “seguimos recordando y seguimos exigiendo justicia y verdad”, porque es un derecho no sólo para las familias agraviadas sino para la sociedad. La dirigente del sindicato de Telefonistas, Erika Sevilla Lucas expresó que “el gobierno no nos ha dicho nada y siguen las desapariciones ¿qué está pasando?”, en referencia a que el caso Ayotzinapa no se ha resuelto, expuso que “es necesario que tomemos acciones y despertemos antes de que sea uno de nosotros, uno de nuestros hijos”. La activista Roberta Campos Adame dijo que los padres “han recorrido el mundo para decir que en Guerrero hay impunidad” y buscando a sus hijos, pero el Estado se niega a seguir las líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y tampoco es sensible a las desapariciones. El representante de la sección 18 del SUSPEG, Silvestre Solano Ortiz expuso que ahora son 42 madres las que siguen en la lucha por la presentación con vida de los estudiantes, pues debido a las omisiones del Estado, Minerva Bello Guerrero madre de Everardo Rodríguez Bello murió en febrero pasado de cáncer, “no llegó a conocer la verdad histórica, no volvió a ver a su hijo”. El secretario general del Sutcobach, Alfredo Ramírez García advirtió que no se puede olvidar el 26 de septiembre de 2014, principalmente porque los 43 siguen desaparecidos. Ramírez Perulero fue el último en participar, en su mensaje expresó que cada mes las organizaciones se reúnen en el antimonumento a los 43 en Chilpancingo para exigir el esclarecimiento de los hechos, y para exhortar a las autoridades a que resuelvan el caso, pero es necesario que “empecemos a activarnos más”. “Ya basta, ya basta de seguir soportando a este Estado putrefacto de asesinatos, desapariciones, impunidad, miseria, tenemos que activarnos, no mes con mes, todos los días”, puntualizó. Llamó a los integrantes de las organizaciones a visitar a “los que no se informan, de los que se aprovecha el Estado” para decirles lo que pasa, pues ya no es posible seguir soportando esta situación impune. Al final los manifestantes entonaron el himno Venceremos con el puño izquierdo en alto.
