El comercio ilegal de vida silvestre se comprende como la recolección y el intercambio de productos de la fauna y flora silvestre en contravención de las leyes nacionales e internacionales. Esta actividad se ha convertido en una de las principales amenazas para la biodiversidad, junto con la pérdida de espacios de vida y la introducción de especies exóticas invasoras. La irrupción de Internet ha exacerbado este problema, al aumentar la exposición de las especies y facilitar la creación de comercio ilegal en línea.
Un estudio reciente realizado por J. Antonio de la Torre (Bioconciencia A.C., México), Kurt Duchez y Jeremy Radachowsky (Wildlife Conservation Society) ha revelado preocupantes datos sobre el comercio ilegal de jaguares y otros felinos silvestres en plataformas digitales en México durante los últimos diez años. La investigación fue publicada en Animal Conservation el 19 de febrero de 2025, cuenta con el respaldo de Wildlife Conservation (https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acv.70001).
El uso generalizado de las plataformas en línea y las redes sociales ha facilitado significativamente la expansión del comercio ilegal de vida silvestre en los mercados mundiales. Ante el aumento de evidencia sobre el comercio de jaguares (Panthera onca) a través de plataformas en línea en México, el objetivo de este estudio fue obtener una comprensión más profunda del impacto de este comercio en línea de jaguares y otras partes de felinos silvestres. Esta actividad no solo pone en riesgo la conservación de estas especies, sino que también facilita la comunicación y vinculación de los comerciantes de vida silvestre en México con redes internacionales de tráfico de vida silvestre.
Al respecto, la investigación se centró en investigar cuatro aspectos principales relacionados con el comercio en línea de felinos silvestres. En primer lugar, se evaluó la escala del comercio de jaguares y otras especies de felinos en México. En segundo lugar, se exploraron los lugares donde se lleva a cabo esta actividad y las posibles rutas utilizadas para el comercio. En tercer lugar, se analizó el uso que se le da a las partes de los felinos. Por último, se estimó el número potencial de animales comercializados a través de plataformas en línea.
El estudio identificó el comercio en línea de nueve especies de felinos, tanto en partes (pieles, garras y colmillos), como de animales vivos. Cinco especies son nativas de México: el jaguar (Panthera onca), el puma (Puma concolor), el ocelote (Leopardus pardalis), el margay (Leopardus wiedii) y el lince rojo (Lynx rufus). Cuatro especies son exóticas: el león (Panthera leo), el tigre (Panthera tigris), el leopardo (Panthera pardus) y el guepardo (Acinonyx jubatus).
La mayoría de estas especies de felinos están listadas en el Apéndice I del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), lo que prohíbe estrictamente su comercio.
El análisis reveló que las principales plataformas utilizadas para este comercio incluyen redes sociales como Facebook, motores de búsqueda como Google y otros sitios de comercio electrónico. La posibilidad de operar con cierto anonimato, así como la facilidad de difusión de las publicaciones en las redes son obstáculos para controlar estas.
Las partes de felinos se comercializan en el mercado ilegal como joyería (colmillos y garras en collares), accesorios (pieles para trajes ceremoniales y cinturones), trofeos, y como mascotas exóticas en cautiverio en casas de sus compradores.
Se encontraron 713 publicaciones que incluían elementos del comercio de félidos silvestres en México, con 60 ubicaciones y 157 usuarios. Se estima que el comercio ilegal en línea de félidos silvestres en México involucró al menos 2 millones de dólares americanos en los últimos 10 años.
Los hallazgos afirman firmemente que el comercio de partes de jaguares y otras especies de felinos silvestres a través de plataformas en línea representa una amenaza inminente para estas especies. Los datos recopilados indican que el comercio en línea de estas especies se ha convertido en una actividad generalizada que no es únicamente oportunista o local. Esto sugiere la existencia de una red más compleja en la que las plataformas en línea facilitan la comunicación entre los comerciantes en México y los compradores potenciales en otros países.
La investigación señala que este comercio tiene su origen en diversas ciudades, como Ciudad de México o Monterrey, Nuevo León. Pero esto es incierto, con el Internet los traficantes ilegales pueden estar conectados en cualquier parte del planeta, haciendo de esta actividad un negocio difícil de rastrear.
Aunque no sorprende los resultados de este trabajo es importante comprender que el comercio ilegal se moderniza y se adapta rápidamente a las nuevas tecnologías, México no es lamentablemente ajeno a ello. Por ello, es necesario desarrollar estrategias de intervención que eviten que esta actividad alcance niveles insostenibles, lo que podría afectar significativamente las poblaciones silvestres de estas especies. Sin duda alguna, es fundamental fortalecer el monitoreo en línea y endurecer las sanciones contra el tráfico de vida silvestre.
Finalmente, desde la sociedad civil se debe promover la conservación de estas especies, en especial se debe simplemente acabar con la demanda. Es decir, no adquirir tanto partes (garras, colmillos y pieles), como felinos vivos. La protección de estas especies es una responsabilidad compartida por todos.

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha promulgado la resolución aprobada por el Congreso que bloquea el plan de California de prohibir la venta de vehículos nuevos con motor de combustión interna a partir de 2035. Según diversos medios informativos, el presidente Trump no solo bloqueó la prohibición de los motores de combustión interna en California, sino también la regulación que limitaba las emisiones de ciertos autos y camiones en el estado. Trump calificó las regulaciones californianas como “un desastre para este país. Estamos salvando oficialmente a la industria automotriz estadunidense de la destrucción al poner fin de una vez por todas al mandato de vehículos eléctricos en California”, declaró el presidente.
Recuérdese que, durante la pasada campaña electoral, el presidente Trump se manifestó en repetidas ocasiones en contra de la promoción de los vehículos eléctricos y anunció su intención de fomentar el uso de combustibles fósiles. Esto favorece a la Alianza para la Innovación Automotriz, cuyos miembros incluyen a General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai y Stellantis, estas empresas habían declarado que las regulaciones de prohibir vehículos con motores de combustión son “inalcanzables” y que harían que los autos fueran menos asequibles para los consumidores.
A la fecha, California lidera la nación en la adopción de vehículos eléctricos y cuenta con el mercado más grande para este tipo de vehículos en Estados Unidos. Según cifras oficiales del estado, uno de cada cuatro automóviles nuevos comprados en California es un vehículo eléctrico o híbrido.
Por ello, el pasado jueves 12 de junio, unas horas después de la promulgación del decreto, California y otros diez estados presentaron una demanda contra esta resolución. La demanda, presentada junto a los fiscales generales de otros 10 estados –Colorado, Delaware, Massachusetts, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington–, critica el uso ilegal de la ley por parte del gobierno federal para invalidar los esfuerzos estatales en materia ambiental. El estado, gobernado por los demócratas, presentó de inmediato una demanda contra la resolución. El fiscal general de California, Rob Bonta declaró al respecto: “La agenda divisiva y partidista del presidente pone en peligro nuestras vidas, nuestra economía y nuestro medio ambiente; nuestra demanda busca defender la capacidad de California para aplicar sus propias leyes ambientales”.
El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió un decreto en 2020 que establecía que, a partir de 2035, solo se permitiría la venta de autos de cero emisiones, es decir, que funcionen sin gasolina ni diésel. Para las camionetas medianas y grandes recién vendidas, la regulación se aplicará a partir de 2045. La regulación prevista se justificó como una medida contra el cambio climático. En 2022, la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) concretó el decreto con una normativa, pero también la suavizó: según esta, los fabricantes de vehículos ya no podrán vender motores de combustión pura a partir de 2035, pero sí podrán vender híbridos enchufables (PHEV). Estos vehículos deben ofrecer una autonomía puramente eléctrica de al menos 80 kilómetros en condiciones reales de conducción. Además, el 80 por ciento de los vehículos deberán venderse como autos eléctricos de batería o de pila de combustible, es decir, los fabricantes de automóviles no pueden cubrir más del 20 por ciento de sus ventas totales con PHEV.
La regulación californiana que prohíbe los motores de combustión, adoptada posteriormente por otros once estados de Estados Unidos, como Nueva York, Massachusetts y Oregón, se basa en una exención otorgada por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA). Esta exención permite a varios estados suspender la venta de vehículos con motor de combustión. Sin embargo, esta exención ya no está disponible, lo que significa que California y los demás estados ya no pueden promulgar sus propias regulaciones de emisiones. La medida fue aprobada primero por ambas cámaras del Congreso antes de ser promulgada con la firma del presidente Trump.
Sin embargo, existían dudas sobre la legalidad del proceso de revocación de la exención de la EPA mediante la llamada Ley de Revisión del Congreso (CRA, en inglés). Los estados demandantes sostienen que las exenciones de la Ley de Aire Limpio en California, que fomentaban la aceleración de vehículos de cero emisiones, nunca habían estado sujetas a la CRA, y que por tanto estas acciones son ilegales. Ellos impugnan “el uso sin precedentes e ilegal de la Ley para invalidar el programa de vehículos limpios de California”, según se lee en un comunicado emitido por la oficina del fiscal general californiano. Incluso entonces, es probable que el litigio resuelva el problema. “El gobierno federal ha incurrido en una maniobra ilegal para eludir los procedimientos legales que podrían impedir la derogación de leyes impopulares de California”, afirma la demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el norte de California.
La medida de Trump también podría representar un revés para el CEO de Tesla, Elon Musk. En los últimos años, su empresa ha obtenido beneficios significativos de la venta de certificados de emisiones de CO2, que Tesla no necesita como fabricante de coches eléctricos puros. Solo en el último trimestre, esta actividad generó ingresos de 595 millones de dólares, mientras que las ventas de automóviles de Tesla alcanzaron los 12 mil 900 millones de dólares.
En California se encuentran algunas de las ciudades con la peor calidad del aire en Estados Unidos, según la Asociación Americana del Pulmón. California ha sido tradicionalmente pionero en establecer normas sobre contaminación para mejorar la calidad del aire y proteger la salud de las personas. Además, el estado ha impulsado la industria de los vehículos eléctricos, promoviendo tecnologías más limpias y sostenibles. Según los demandantes, el costo estimado de la orden presidencial ascendería a 45 mil millones de dólares en gastos de atención médica.
El gobernador de California, Gavin Newsom, ha declarado que el presidente Trump continúa su “ataque frontal contra California”. Afirmo: “Está destruyendo nuestro aire limpio y la competitividad global de Estados Unidos”. Es probable que este “ataque frontal” no se limite a las regulaciones de emisiones. Es evidente, que hay algo más que un simple conflicto entre ambos políticos.
Además de la demanda, el gobernador Newsom firmó una orden ejecutiva que, según él, “mantendrá a California en el buen camino con nuestra transición líder mundial hacia vehículos más limpios”. La orden reafirma el compromiso del estado con los vehículos de cero emisiones (VECE), promueve los vehículos limpios a través de programas de incentivos y ajusta los requisitos estatales de adquisición de vehículos, exigiendo a las agencias californianas “revisar medidas adicionales para promover los VECE y formular recomendaciones en un plazo de 60 días”.

 

#SinContaminaciónPorPlásticos
Lema del Día Mundial del Medio Ambiente 2025

La primera sesión de la quinta ronda de negociaciones del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-5) sobre la contaminación por plásticos, se realizó en Busan, República de Corea, del 25 de noviembre al 2 de diciembre de 2024. La reunión es parte del proceso de negociación de un nuevo acuerdo global contra los residuos plásticos. Asistieron más de 3 mil 300 participantes, incluidos miembros que representan a más de 170 naciones y observadores de más de 440 organizaciones desde representantes de gobiernos, el mundo académico, organizaciones de la sociedad civil, entidades del sector privado, entidades de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales gubernamentales.
Se trata de lograr el denominado “instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, incluso en el medio marino” (ILBI), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra los residuos plásticos, que pretende ser jurídicamente vinculante y contribuir significativamente a mantener los océanos más limpios en el futuro y a reducir fundamentalmente el impacto ambiental del plástico. El tratado se propone analizar todo el ciclo de vida de los productos plásticos, desde la producción de materias primas y el diseño de productos hasta los enfoques de prevención, reutilización y tratamiento de residuos. También abordar los micro plásticos y los problemas que crean en la naturaleza. Además, el tratado pretende contribuir al desarrollo de una economía circular no tóxica para los plásticos a nivel global.
El inicio de las negociaciones para un acuerdo de la ONU tuvo lugar en marzo de 2022 en Nairobi, durante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA, por sus siglas en inglés). La Asamblea adoptó la resolución 5/14 para “Poner fin a la contaminación plástica: hacia un instrumento internacional legalmente vinculante”. El Comité de Negociación Intergubernamental (INC) acordó adoptar el nuevo tratado reuniéndose cinco veces en dos años. El INC-5 se celebra tras cuatro rondas de negociaciones anteriores: el INC-1, que tuvo lugar en Punta del Este (Uruguay) en noviembre de 2022; el INC-2, que se celebró en París en junio de 2023; el INC-3, que tuvo lugar en Nairobi en noviembre de 2023; y el INC-4, celebrado en Ottawa en abril de 2024. Sin embargo, no pudo cumplir su mandato dentro de este plazo de dos años y, con el aumento del conocimiento, los aspectos técnicos para acabar con la contaminación por plásticos se han vuelto más complejos (ver artículos sobre el Tratado de Plásticos en El Sur de 24 de junio de 2023 y 27 de abril de 2024).
El INC-5 no pudo llegar a un acuerdo al final de su quinta sesión. En la madrugada del lunes 2 de diciembre, muchas horas después de la finalización programada del INC-5, los delegados acordaron suspender la sesión y volver a reunirse en 2025. La segunda parte de su quinta sesión del 5 al 14 de agosto de 2025 en Ginebra, Suiza.
A lo largo de la semana de la reunión, los miembros negociaron los documentos presentados por el presidente del INC, el Embajador ecuatoriano Luis Vayas Valdivieso. Acordaron basar las futuras discusiones de la segunda parte de su quinta sesión en un texto del presidente, publicado el domingo 1 de diciembre de 2024. Este texto fue la culminación de los esfuerzos para revisar un documento oficioso inicial, distribuido por el presidente, semanas antes de la reunión del INC-5. Los delegados discutieron este documento oficioso en grupos de contacto durante tres días, antes de que se publicara una versión revisada el viernes 29 de noviembre. Esta versión revisada se debatió en consultas informales, abiertas solo a los Estados, lo que planteó interrogantes sobre la participación y la inclusión de representaciones de la sociedad.
A pesar de la preocupación de las partes interesadas por la falta de transparencia del proceso, muchos consideraron que esta primera sesión del INC-5 logró avances considerables en la simplificación de ideas y la comprensión de las cuestiones clave, con el fin de superar las considerables brechas entre los Estados en temas importantes.
No es la primera vez en este proceso, que los delegados debaten entre impulsar medidas previas de producción, fabricación y diseño de plásticos, o aferrarse a las opciones “aceptables” posteriores relacionadas a los residuos plásticos, que siguen siendo el mínimo común denominador entre los negociadores.
En este sentido, se mantuvo un diálogo constructivo sobre temas como el diseño de productos y la gestión de residuos. Asimismo, existe un mayor consenso entre las delegaciones sobre la necesidad de abordar las sustancias químicas nocivas en la producción de plásticos. Noventa y cinco países respaldaron una declaración leída por México para incluir listas de sustancias químicas preocupantes en el nuevo acuerdo.
Sin embargo, las delegaciones también participaron en debates muy divergentes sobre ciertos temas, respecto a si se encontraban dentro del mandato de la resolución UNEA, como son los productos plásticos, así como el suministro y la producción de plástico. Existe mayor claridad, que no es posible combatir la contaminación por plásticos sin abordar su producción. Ruanda intervino en nombre de 85 países para incluir límites a la producción de plástico en el tratado. Sin embargo, existe todavía países con fuertes intereses relacionados a la producción de plásticos que se oponen firmemente a abordar este asunto, argumentando que queda fuera del alcance acordado en la UNEA.
También se logró un progreso limitado en las discusiones sobre financiación, aunque se presentaron varias ideas para futuras discusiones, como la imposición de una tasa primaria para los polímeros plásticos y un fondo de remediación que utilice fuentes de financiación públicas y privadas.
Sin duda alguna, se ha avanzado considerablemente en la comprensión global de la contaminación por plásticos y las medidas necesarias para abordarla. Se tienen mayores acercamientos entre países sobre el significado del ciclo de vida del plástico, así como en su impacto, desde su producción hasta su eliminación, en la salud humana y el medio ambiente. La respuesta depende de las interpretaciones finales del “ciclo de vida del plástico” en el tratado, y de qué constituiría una acción para combatir la contaminación por plástico.
Así, el debate se centra en si el lograr un tratado que solo atienda la mera contaminación por residuos plásticos en realidad será eficaz, si no se debe intentar aborda de manera integral el ciclo de vida del plástico desde su producción.

 

El pasado 27 de mayo del presente año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó de manera oficial la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en adelante la Estrategia, cuya actualización fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024, antes de finalizar el anterior gobierno federal. Según la Ley General de Cambio Climático en su artículo 60, la Estrategia “constituye el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazos para enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva sustentable y de bajas emisiones de carbono.”
La actualización es con relación a la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que fue originalmente publicada el 3 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, hace casi 12 años. Su fundamento, es que la LGCC establece en su artículo 61 la obligación de revisar la Estrategia por lo menos cada diez años en materia de mitigación y cada seis años en materia de adaptación, debiendo explicarse las desviaciones que, en su caso, se adviertan entre las estimaciones proyectadas y los resultados evaluados, actualizándose los escenarios, proyecciones, objetivos y las metas correspondientes. Con base en dichas revisiones y los resultados de las evaluaciones de la Coordinación General de Evaluación del INECC, la Estrategia podrá ser actualizada, pero siempre sin reducir objetivos y metas.
La Estrategia fue elaborada por la Semarnat, con la participación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la opinión del Consejo de Cambio Climático, y posteriormente fue aprobada por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático en sesión celebrada el 29 de mayo de este año, para ser finalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación. Debe señalarse que, el proceso de actualización de la ENCC contó con el apoyo técnico y financiero del Gobierno de Dinamarca a través de la Agencia Danesa de Energía,
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 62 de la LGCC, los escenarios de línea base, las proyecciones de emisiones y las metas de la Estrategia se fijarán a diez, veinte y cuarenta años. Asimismo, de acuerdo con el artículo 64 de la LGCC, la Estrategia Nacional de Cambio Climático deberá reflejar los objetivos y ambición de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático establecidas en la misma Ley. Debido a su carácter orientador, es importante aclarar que este no es un instrumento que establezca acciones concretas, proyectos o responsables particulares. Los instrumentos que a ese detalle definen la acción climática son, desde la planeación sexenal, los Programas Especiales de Cambio Climático (PECC) y desde planeación subnacional, los Programas Estatales de Cambio Climático, ambos en alineación a la Estrategia.
La Estrategia plantea que la Política Nacional de Cambio Climático en el mediano y largo plazo, debe abordarse desde tres componentes:
1).- Mitigación, Aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes, o mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero. Este componente plantea un cambio transformador de todos los sectores económicos y de la sociedad para transitar de manera costo-eficiente hacia una economía baja en emisiones.
2).- Adaptación. Medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta a estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño, o aprovechar sus aspectos beneficiosos en los diferentes sistemas sociales, ecológicos, productivos y de infraestructura, para lograr una sociedad resiliente que tenga como centro el bienestar de las personas, especialmente las más vulnerables a los efectos del cambio climático; y,
3).- Política Climática Transversal, a través de elementos como la coordinación, financiamiento, tecnología, participación social y transparencia para la integralidad de la acción climática a nivel internacional y nacional, entre los diferentes sectores, órdenes de gobierno, la academia, la sociedad civil, comunidades locales y pueblos indígenas y afromexicanas.
Cada componente replantea Ejes Estratégicos y Líneas de Acción que, a su vez, responden a objetivos nacionales e internacionales de desarrollo, económicos, ambientales y sociales para el bienestar. Las líneas de acción, que son directrices que involucran diferentes actividades que requieren participación, integración y continuidad de esfuerzos, además, procuran señalar aspectos críticos para su cumplimiento.
En la visión del componente de Adaptación se visualizan sistemas naturales y humanos tal como ecosistemas, sistemas productivos, asentamientos urbanos e infraestructura estratégica en transformación, hacia un balance y equilibrio, que se ajustan y responden a los cambios observados y proyectados en el clima y a las variaciones climáticas, siendo más resilientes a sus efectos adversos.
El componente de Adaptación se forma de 5 Ejes Estratégicos con una visión a 10 (2030), 20 (2040) y 40 (2060) años, con un total de 38 Líneas de Acción. Sus 5 Ejes Estratégicos son:
A.1 Socio-territorial (9 Líneas de Acción).
A.2. Sistemas alimentarios sustentables (12 Líneas de Acción).
A.3 Ecosistemas y biodiversidad (8 Líneas de Acción).
A.4 Hidrológico (5 Líneas de Acción).
A.5 Infraestructura estratégica y patrimonio (4 Líneas de Acción).
Los cinco Ejes Estratégicos de Adaptación, plantean la reducción de vulnerabilidad y el aumento de la resiliencia ante los efectos del cambio climático en sistemas prioritarios mediante acciones que promueven la adaptación.
La política de mitigación es un pilar clave en la Estrategia, que ha establecido al 2030 las acciones que las instituciones y sectores del país habrán de implementar para reducir las emisiones de GyCEI, con el fin de alcanzar un desarrollo desacoplado del carbono y limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1.5 grados alineado con la Contribución Nacionalmente Determinada NDC más reciente del país.
El componente de Mitigación se conforma de 8 Ejes Estratégicos con una visión a 10 (2030), 20 (2040) y 40 (2060) años, con un total de 53 Líneas de Acción. Sus 8 Ejes Estratégicos son:
M1. Generación de energía eléctrica (12 Líneas de Acción).
M2. Petróleo y Gas (4 Líneas de Acción).
M3. Transporte (10 Líneas de Acción).
M4. Agricultura y Ganadería (5 Líneas de Acción)
M5. USCUSS (Uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura) (4 Líneas de Acción).
M6. Industria (Procesos industriales y consumo energético) (5 Líneas de Acción).
M7. Residencial y Comercial (9 Líneas de Acción).
M8. Residuos (4 Líneas de Acción).
La visión del componente de política climática transversal se refiere al cumplimiento de la visión general de un país en crecimiento sostenible, que se desarrolla económica y socialmente de manera próspera e incluyente y a través de una economía circular que beneficia a toda la población, especialmente la más vulnerable tanto de entornos urbanos como rurales.
El componente de política climática transversal se conforma de 6 Ejes Estratégicos con una visión a 10 (2030), 20 (2040) y 40 (2060) años, con un total de 62 Líneas de Acción. Sus 6 Ejes Estratégicos son:
T.1 Acción climática justa e inclusiva (11 Líneas de Acción).
T.2 Financiamiento climático (12 Líneas de Acción).
T.3 Innovación tecnológica y fortalecimiento de capacidades (13 Líneas de Acción).
T.4 Participación social y enfoque de género (7 Líneas de Acción).
T.5 Transparencia (14 Líneas de Acción).
T6. Cooperación estratégica (5 Líneas de Acción).
La Estrategia cuenta con un sistema de 11 indicadores clave relevantes, que buscan identificar el cumplimiento de metas con respecto a resultados esperados, plantear una escala mesurable de cambio y permitir conocer la evolución de una situación para un periodo especificado. Así se proponen un indicador de gestión, dos indicadores estratégicos, cuatro indicadores de impacto y cuatro indicadores de eficiencia.
Finalmente, la Evaluación de la Estrategia deberá realizarse con base en la teoría del cambio elaborada por la Coordinación de Evaluación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Ahora sólo falta esperar por la presentación del Programa Especial de Cambio Climático, que debe de instrumentar la Estrategia hasta el año 2030.

 

Hace casi 9 años publiqué un texto sobre la problemática de gestión de residuos en Chilpancingo (El Sur, 1 de octubre de 2016), me permito usarlo de base para el siguiente texto.
Como ciudadano generador de residuos en Chilpancingo, comparto algunas reflexiones.
La hoja de ruta de desarrollar un Centro Intermunicipal de Aprovechamiento de los Residuos Sólidos de la Zona Centro del Estado de Guerrero en más de 10 años no ha fructificado. El sitio propuesto para ello era Matlapa, ubicada en tierras del municipio de Tixtla, adquirido en su momento por el gobierno municipal de Chilpancingo. Cuando se tuvo conocimiento del sitio elegido por el municipio se les propuso que ahí se recibieran los residuos no sólo de Chilpancingo, sino también de Tixtla y Zumpango. Se trataba de que se estableciera ahí un centro de reciclaje de residuos, área para compostaje de la materia orgánica y construir celdas para el denominado relleno sanitario. Esto, con una política de lograr que el menor volumen de residuos entrara a las celdas de disposición final. Para ello, se requiere de manera previa y gradual, que la población separe sus residuos, cuando menos en orgánicos e inorgánicos, y que en la recogida se entreguen y dispongan separados.
La base de la propuesta es la denominada jerarquía de residuos que se establece como orden de prioridad en las políticas de prevención y gestión de residuos: (a) prevención; (b) preparación para la reutilización; (c) reciclaje; y (d) eliminación en sitio de disposición final.
Ahora, es urgente encontrar un nuevo sitio de disposición final de los residuos de Chilpancingo, ya que la vida útil del sitio actual en Huiteco ha fenecido, si es que alguna vez tuvo vida útil dicho tiradero. Recuerdo que Huiteco fue usado en la emergencia de mediados de la pasada década, para salir del problema inmediato de no poder usar el sitio de Matlalapa por la oposición de pobladores de Tixtla. Huiteco es ahora un sitio saturado de residuos, lo que se llama un tiradero, que no cumple con los estándares y normas de un sitio de disposición final. Por ello, debe ser clausurado técnicamente y saneado, para en lo posible mitigar sus impactos adversos, al ambiente y la salud de las personas, como son contaminación por lixiviados y emisiones de metano. Tarea complicada y costosa, que por ser obra poco vistosa, sufren siempre de penurias de inversión presupuestal. Sólo recuerdo como gran inversión pública federal en la anterior administración federal la clausura y saneamiento del tiradero de Las Matas, en el sur de Veracruz.
Pues sigue, después de tantos años, el sitio de Matlalapa como no disponible, ahora se han sumado en contra de depositar residuos ahí comuneros y el gobierno del municipio de Zumpango. Algo sucedió, que la hoja de ruta de desarrollar un Centro Intermunicipal de Aprovechamiento de los Residuos Sólidos de la Zona Centro del Estado de Guerrero en todos estos años no fructifica. Por lo que leo en las crónicas, la población de Zumpango no tiene confianza en el buen manejo del sitio y tiene fundados temores de que exista el riesgo de que se contaminen sus aguas superficiales y subterráneas con los lixiviados de la disposición final de Matlalapa. Algo que para ellos puede ser razonable, pero una pésima noticia para la población que vive en Chilpancingo. No queda más que seguir depositando en Huiteco, buscar un sitio adecuado a las normas ambientales dentro del municipio de Chilpancingo se antoja muy cuesta arriba en el corto plazo.
Insistir en Matlalapa parece también cuesta arriba. ¿Cómo se puede ganar confianza con los opositores a la disposición de residuos ahí? ¿Cómo responder y atender las objeciones de la población de Tixtla y Zumpango?
Se debe comprender que la situación actual no es mera responsabilidad del actual gobierno municipal de Chilpancingo, sino de responsabilidad compartida con sucesivos gobiernos municipales de todos los orígenes políticos, que desde 2015 administraron este problema, sin atenderlo en sus orígenes. Tampoco asumieron compromiso y apoyo en dicha tarea los sucesivos gobiernos de la federación y el estado. Finalmente, una gestión sensata de los residuos en Chilpancingo requiere de recursos técnicos y presupuestales multianuales que no dispone el gobierno municipal.
Se requiere una buena mediación entre quienes están por Matlalapa y los que se oponen a ello. Una mediación donde todos ganen. Donde sea posible trabajar escenarios y alternativas a este problema.
Se debe estar consciente, que el tiradero de Huiteco tiene límites biofísicos. El peor escenario es que no quepa más basura ahí, entrar en una situación de emergencia y hasta de desastre, ya que son por lo menos entre 200 a 400 toneladas diarias de residuos sólidos (según la fuente), que podrían ser depositadas o quemadas de manera anárquica e irregular en el entorno de Chilpancingo. Obvio, esto va a ser también malo para los municipios conurbados y circundantes a Chilpancingo, como Zumpango o Tixtla. No saldrían incólumes de esta crisis de residuos, es irreal pensar eso, se está profundamente interconectado. Calles, barrancas, ríos, en cualquier sitio posible, estarían sujetos a posible contaminación, así como incremento de riesgos a la salud de la población afectada, ya que la proliferación de agentes biológicos es factible.
Finalizo señalando que se requieren encontrar puentes de entendimiento, comprensión y diálogo. Se trata de resolver el problema de los residuos de manera conciliadora con una visión de desarrollo regional, que va más allá de los limites municipales de Chilpancingo, Tixtla y Zumpango, dado que son áreas conurbadas en los hechos. Además, dicha visión requiere ser de mediano y largo plazo.

 

Los microplásticos son partículas de plástico con un diámetro inferior a 5 milímetros.
De particular preocupación son los plásticos más pequeños que se inhalan e ingieren. Las partículas de menos de 1 micrómetro de diámetro se han ganado el nombre de nanoplásticos. Dependiendo de la vía de ingestión, algunos datos sugieren que muchas partículas de mayor tamaño pasan por el sistema digestivo y se excretan. Sin embargo, los nanoplásticos podrían ser absorbidos por las células, donde el cuerpo no cuenta con mecanismos establecidos para digerirlos o expulsarlos.
Todas estas partículas se originan a partir de pequeños gránulos de plástico producidos para fines específicos, así como de la degradación, la intemperie y la fragmentación de productos plásticos más grandes en el medio ambiente.
La investigación en micro y nanoplásticos, (en adelante se utiliza solo el termino microplásticos) es relativamente reciente. El término microplásticos se acuñó hace 20 años, pero sólo en los últimos 10 años los investigadores han pasado del estudio de las partículas en el medio ambiente y los animales a la evaluación de sus efectos en la salud humana.
El aumento de las concentraciones mundiales de microplásticos ambientales genera preocupación por la exposición humana y los resultados para la salud. El mundo está ávido de datos: por ejemplo, los consumidores alemanes clasificaron los microplásticos en los alimentos como su principal preocupación para la salud ambiental en 2023 (<Survey ranks top concerns of German consumers | Food Safety News>).
Un equipo de investigadores encabezados por el Dr. Mateo J. Campen de la Universidad de Nuevo México, publicó el pasado 3 de febrero en la prestigiada revista Nature Medicine un artículo sobre la Bioacumulación de microplásticos en cerebros humanos fallecidos. Sus resultados son desalentadores: a medida que la cantidad de plásticos creados ha aumentado drásticamente, también lo ha hecho la concentración de microplásticos en el cerebro, el hígado y los riñones. Los microplásticos en estos órganos consisten principalmente en polietileno, con concentraciones menores pero significativas de otros polímeros. Los tejidos cerebrales albergan proporciones más altas de polietileno en comparación con la composición de los plásticos en el hígado o el riñón, y la microscopía electrónica verificó la naturaleza de los microplásticos cerebrales aislados, que se presentan en gran medida como fragmentos a nanoescala. Las concentraciones de plástico en estos tejidos fallecidos no se vieron influidas por la edad, el sexo, la raza/etnia o la causa de la muerte; el momento de la muerte (2016 frente a 2024) fue un factor significativo, con un aumento de las concentraciones de microplásticos a lo largo del tiempo tanto en muestras de hígado como de cerebro. En promedio, los niveles de microplásticos fueron aproximadamente un 50 por ciento más altos en las muestras de cerebro de 2024 que en las de 2016. Además, las muestras de cerebro contenían hasta 30 veces más microplásticos que las muestras de hígado y riñones de una persona. Por último, se observó una acumulación aún mayor de microplásticos en una cohorte de cerebros fallecidos con diagnóstico de demencia documentado, con notable depósito en las paredes cerebrovasculares y las células inmunitarias. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad crítica de comprender mejor las rutas de exposición, las vías de absorción y eliminación, así como las posibles consecuencias para la salud de los plásticos en los tejidos humanos, especialmente en el cerebro (<https: //www.nature.com/articles/ s41591-024-03453-1>).
Se han encontrado microplásticos prácticamente en todas partes donde los científicos han buscado: en islas remotas, en la nieve fresca de la Antártida, en el fondo de la Fosa de las Marianas en el Pacífico occidental, en los alimentos, en el agua y en el aire que respiramos (<https://www.nature.com/articles/d41586-021-01143-3>). La contaminación por microplásticos es particularmente notable en los océanos, donde organismos marinos como peces, mariscos y plancton los ingieren, introduciéndolos así en la cadena alimentaria humana. Científicos como Campen y colaboradores los están encontrando diseminados por todo el cuerpo humano.
Sin embargo, la detección es sólo el primer paso. Determinar con precisión qué hacen estos plásticos en las personas y si son dañinos ha sido mucho más difícil. Esto se debe a que no existe un único “microplástico”. Vienen en una amplia variedad de tamaños, formas y composiciones químicas, cada una de las cuales podría afectar a las células y los tejidos de forma diferente.
Otro estudio publicado el pasado 22 de enero podría ofrecer pistas sobre cómo se acumulan las partículas. Investigadores alimentaron a ratones con agua contaminada con microplásticos y rastrearon el movimiento de las partículas a través de sus cuerpos. Descubrieron que los microplásticos en el torrente sanguíneo pueden inducir trombosis cerebral al causar obstrucción celular y provocar anomalías neuroconductuales (<https://www.science.org/doi/ 10.1126/sciadv.adr8243>).
Sin embargo, todavía no hay evidencia de que los microplásticos tengan un impacto negativo directo en la salud humana, aunque los datos sugieren una conexión. Como mostró, por ejemplo, un estudio de marzo de 2024, los pacientes con placa de la arteria carótida en los que se detectaron micropláticos tenían un mayor riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte por cualquier causa a los 34 meses de seguimiento que aquellos en los que no se detectaron microplásticos. Sin embargo, los autores del estudio reconocen que la presencia de plástico puede correlacionarse con otros factores que afectan la salud. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, la dieta o el estatus socioeconómico (<https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2309822>).
Debido a la falta de datos e incertidumbres, es difícil para los expertos comunicar los riesgos potenciales al público y a los responsables políticos. Se trata de un problema bien conocido: los científicos llevan mucho tiempo intentando elaborar recomendaciones sobre cuestiones como la contaminación del aire o el tabaquismo basándose en datos incompletos.
Desde la década de 1950 conforme al programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente se han generado 9 mil 200 millones de toneladas de plástico, de las cuales 7 mil millones de toneladas se han convertido en desechos, que abarrotan los tiraderos de basura y contaminan lagos, ríos, suelos y océanos. Se estima que cada año, entre 4.8 y 12.7 millones de toneladas de plástico llegan a nuestros océanos y mares en todo el mundo. Según los resultados de un estudio de la OCDE, la cantidad de residuos plásticos producidos en todo el mundo se triplicará aproximadamente para 2060 si nada cambia. La producción de plásticos se basa principalmente en el petróleo, aunque también se utilizan una serie de aditivos químicos tóxicos, dependiendo de la aplicación.
Incluso si toda la producción de plástico se detuviera de la noche a la mañana, los plásticos ya presentes en los vertederos y el medio seguirían descomponiéndose en microplásticos indefinidamente. Lo razonable es limitar la cantidad de su producción antes de que se multiplique más.
Recuérdese, que las negociaciones para un tratado global que podría limitar la producción de plásticos están en marcha (ver artículos de El Sur del 24 de junio del 2023 y del 27 de abril del 2024). El año 2025 podría ser crucial para la política mundial sobre plásticos. Los delegados planean reunirse nuevamente este año.
Este es un asunto crucial. Pensemos, que la concentración de plástico en nuestro cerebro aumentará un porcentaje seguramente antes de que resolvamos la contaminación plástica. Esto es de miedo.

En un artículo publicado el pasado 1 de mayo en la prestigiosa revista de divulgación científica alemana Spektrum der Wissenschaft, titulado La investigación climática bajo el signo de la motosierra” y escrito por Hans Christoph Böhringer, se detalla cómo la administración del presidente Trump en Estados Unidos está llevando a cabo esfuerzos para desmantelar la investigación científica relacionada con el cambio climático. Mientras tanto, científicos de todo el mundo trabajan arduamente para rescatar datos y buscar alternativas para los proyectos de investigación que han sido afectados (https://www.spektrum.de/news/us-kuerzungen-wie-klimaforscher-ihre-daten-vor-der-kettensaege-retten/2262327). Me permito retomar gran parte de la información proporcionada en dicho artículo, realizando algunas modificaciones y adiciones.
Lo primero que se vio afectado fue la justicia y la equidad. En los primeros días después de la segunda toma de posesión de Donald Trump, los sitios web gubernamentales relacionados con estos términos desaparecieron. Por ejemplo, mapas que muestran qué grupos de población se ven particularmente afectados por la contaminación ambiental (consultar página actualmente en reconstrucción de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, https://www.fema.gov/emergency-managers/practitioners/recovery-resilience-resource-library/ejscreen-environmental).
Böhringer señala en su artículo, que la geoquímica Gretchen Gehrke estaba preparada. Junto con sus colegas, ya en enero de 2025 había comenzado a archivar sitios web y datos de investigación. La iniciativa logró salvar y restaurar (ver https://screening-tools.com/climate-economic-justice-screening-tool). No es una tarea fácil, explica Gehrke, ya que estos sitios web vinculan muchas bases de datos entre sí.
Esto tiene como causa lo que, en abril de 2025, la revista Nature y otros medios de comunicación como The Guardian, informaron sobre los planes del gobierno de Estados Unidos. El actual gobierno se propone recortar radicalmente la NOAA y la NASA, citando documentos filtrados (https://www.theguardian.com/science/2025/apr/11/trump-climate-science-nasa-noaa-cuts). La NOAA y la NASA son particularmente importantes debido al tamaño de sus áreas de investigación: el espacio y los océanos. Los recortes planean reducir a la mitad el presupuesto de investigación de la NASA, y los futuros satélites ya no estarán equipados con instrumentos para la investigación climática. La NOAA verá recortado más de una cuarta parte de su presupuesto y se eliminará gran parte de la división que se ocupa de la investigación oceánica y atmosférica a largo plazo; de esto también depende el reconocido Observatorio de Mauna Loa. Cientos de empleados de la NOAA ya han sido despedidos o forzados a jubilarse anticipadamente.
Craig McLean, ex científico jefe de la NOAA, es una de las voces no oficiales más importantes de la NOAA, aunque se retiró en 2022. Él cree que el liderazgo de la NOAA en la investigación climática es una de las principales razones por las que la agencia está sufriendo actualmente recortes masivos.
Al parecer su fundamento es el denominado Proyecto 2025, que es una guía para reorganizar el gobierno de Estados Unidos. El think tank de derecha Heritage Foundation lo escribió antes de las elecciones estadunidenses; Trump afirmó durante la campaña electoral que no sabía nada al respecto. En el Proyecto 2025, se identifica a la NOAA como objetivo de recortes, en particular por el papel de la agencia en la investigación climática. Los autores de dicho documento afirman que esta investigación sólo alimenta el miedo (https://www.mandateforleadership.org/).
La mayoría de los sitios web que contenían datos de investigación que fueron eliminados justo al comienzo del segundo mandato de Trump están nuevamente en línea, explica Gretchen Gehrke. Un tribunal había ordenado esto (https://apnews.com/article/trump-cdc-fda-doctors-for-america-5263fc6b6cbc723ca0c86c4460d02f33). Por ello, las autoridades estadunidenses están obligadas legalmente a publicar los resultados de sus investigaciones. Sin embargo, se duda que se detenga a la actual administración Trump. Si se despide a demasiados científicos, las autoridades ya no podrían cumplir su misión, y ya se está cerca de ese punto.
La geoquímica Gehrke ya había lanzado una iniciativa de investigación de datos junto con antropólogos e historiadores ambientales a finales de 2016, inmediatamente después de la primera victoria electoral de Trump. Decidieron archivar datos de investigación públicos y documentar cómo cambiaría el enfoque del gobierno sobre el clima y el medio ambiente. De hecho, durante el primer mandato de Trump (2017-2021), la página de información de la Agencia de Protección Ambiental sobre el cambio climático desapareció. El uso del término “cambio climático” en los sitios web gubernamentales cayó casi un 40 por ciento, encontró la iniciativa en un estudio (https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0246450). Pero en instituciones como la agencia espacial NASA o la Administración Meteorológica y Oceanográfica (NOAA), la investigación climática continuó en gran medida en esa época.
Gehrke dice que a menudo le han preguntado si su iniciativa podría simplemente archivar rápidamente todos los datos de la NOAA. Su respuesta: “Absolutamente no”. Calcula aproximadamente que se necesitarían 500 mil dólares al mes sólo para el almacenamiento del servidor. Ni siquiera se han tenido en cuenta los costes de administración y acceso. Por ello, Gehrke y sus colegas han preguntado a los expertos qué datos necesitan absolutamente para su investigación. Esto ha dado como resultado una lista de conjuntos de datos con los que ahora están trabajando.
Por ello, la iniciativa de Gehrke está cooperando con otros proyectos de recuperación de datos. Juntos quieren construir un sitio web que ofrezca una descripción general de dónde se pueden encontrar los datos medioambientales y climáticos guardados. Los investigadores del clima en Alemania también están trabajando en la realización de copias de datos estadounidenses previamente disponibles. Así lo informa de acuerdo con Böhringer, por ejemplo, Toste Tanhua, biogeoquímico del Centro de Investigación Oceánica Helmholtz GEOMAR en Kiel. Cuando se le preguntó al Instituto Alfred Wegener, este respondió que había comenzado a obtener algunos datos.
Las cosas son diferentes en el segundo mandato de Trump. “La velocidad y la escala son significativamente mayores que lo que vimos la primera vez”, dice Gehrke. Las autoridades estadounidenses habían desempeñado hasta ahora un papel central en la investigación sobre el clima. Financian la serie más larga de mediciones de dióxido de carbono (CO2) atmosférico, así como importantes modelos climáticos, satélites climáticos y estaciones de medición en todo el mundo, en aguas internacionales y en tierra. Recopilan datos climáticos y los ponen a disposición de la comunidad investigadora. Expertos de la NASA y de la agencia meteorológica NOAA han participado en numerosas colaboraciones de investigación internacionales. Los satélites de la NASA, por ejemplo, observan la cobertura de nubes, que tiene una influencia importante en el cambio climático. Y la NOAA está estudiando los océanos, que absorben aproximadamente una cuarta parte del CO2 provocado por los humanos, se están calentando y cuyas corrientes están cambiando. Todo esto está ahora amenazado.
Un caso conocido de esta motosierra con la investigación climática a destacar, dado que es una contribución fundamental a la ciencia del clima, que hoy se encuentra en peligro, probablemente sería una de las joyas de la investigación climática: el Observatorio de Mauna Loa. Desde 1958, esta instalación ha registrado sistemáticamente la concentración atmosférica de CO2 en Hawái, brindando datos esenciales para el estudio del cambio climático. En marzo, la oficina que la NOAA utiliza para operar el observatorio apareció en las listas de recortes presupuestarios del gobierno de Estados Unidos (https://democrats-science.house.gov/news/press-releases/committee-leaders-huffman-lofgren-dexter-and-amo-demand-information-on-noaa-lease-terminations). Desde entonces, la comunidad científica ha expresado una creciente preocupación por la posible interrupción de la serie de mediciones de CO2 más prolongada y consistente del mundo.
La famosa Curva de Keeling es producto de las mediciones de la estación de Mauna Loa. A través de la estación se ha documentado el aumento constante de CO2 en la atmósfera. Se considera un punto de anclaje para todo lo relacionado con el cambio climático. Ningún otro punto de medición dispone de tantos puntos de datos que puedan utilizarse como referencia, por ejemplo, para comprobar si un aumento medido en la concentración de CO2 es especialmente inusual (https://keelingcurve.ucsd.edu/).
Además, los recortes presupuestarios planeados y la supresión de la financiación también amenazan la contribución de las autoridades estadounidenses en materia de instrumentos de medición, es decir, las fuentes de nuevos datos de observación de la Tierra. Esto se aplica a los satélites de investigación de la NASA, pero también a la observación de los océanos, por ejemplo. Miles de flotadores, los llamados Argo Floats, cubren los océanos de todo el mundo con una red de estaciones de medición. Cada flotador a la deriva se sumerge periódicamente en las profundidades y determina, por ejemplo, la temperatura y la salinidad del agua, valores esenciales para comprender las corrientes oceánicas. Estos datos proporcionan una contribución importante a los modelos meteorológicos y climáticos actuales. Más de la mitad de los flotadores fueron aportados por Estados Unidos, a través de la NOAA. Si Estados Unidos se retirase del programa Argo, supondría “un deterioro drástico para todas las previsiones” a largo plazo, a menos que otros países incrementen significativamente sus contribuciones.
Las colaboraciones con centros académicos de investigación de frontera en cambio climático están siendo suspendidos. La NOAA depende del Departamento de Comercio. En abril, el secretario de Comercio, que ahora debe revisar personalmente todas las subvenciones superiores a 100 mil dólares, puso fin a una colaboración entre la NOAA y la Universidad de Princeton. En Princeton, los expertos han estado trabajando en uno de los modelos climáticos más antiguos e importantes. La razón oficial para terminar con la financiación parece provenir del manual del Proyecto 2025: según el Departamento de Comercio la investigación contribuye a “un fenómeno llamado ‘ansiedad climática’ que ha aumentado entre la juventud estadunidense”. Esto no coincide de acuerdo con el boletín del Departamento de Comercio con los objetivos del actual gobierno (https://www.commerce.gov/news/press-releases/2025/04/ending-cooperative-agreements-funding-princeton-university).
En conversaciones con investigadores del clima, se observa que el papel pionero de Estados Unidos en la ciencia del cambio climático llegará próximamente a su fin. Ante el posible cierre del Observatorio de Mauna Loa, a principios de año, otra noticia dio la vuelta al mundo desde Mauna Loa: el aumento anual medido de CO2 en la atmósfera alcanzó un récord en 2024 (https://keelingcurve.ucsd.edu/2025/01/17/new-record-for-annual-increase-in-keeling-curve-readings/). Al parecer la investigación climática incomoda realmente.

 

Sólo le pido a Dios
que el dolor no me sea indiferente
que la reseca muerte no me encuentre
vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.
Letra de León Gieco.

El pasado viernes 25 de abril falleció Marco Antonio Suástegui Muñoz. Una semana antes, en la noche del viernes 18 de abril había sido objeto de un atentado en una calle de acceso a la playa Icacos en Acapulco, donde rentaba motos acuáticas. Marco Antonio Suástegui carecía de protección, esto pese a amenazas en contra suya, y su solicitud de protección a través de los mecanismos gubernamentales establecidos. Las consecuencias de este artero crimen son de gran impacto para la sociedad de Guerrero, dado que Marco Antonio Suástegui fue uno de los voceros y liderazgos más visibles del Consejo de Comunidades y Ejidos Opositores a La Parota (Cecop), el proyecto hidroeléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En lo personal conocí a Marco Antonio Suástegui a principios de este siglo, hace más de 20 años, cuando él era prestador de servicios en zona federal marítimo terrestre de Acapulco y yo participaba como servidor público de la Semarnat, intentando ordenar dicha zona tan llena de intereses lícitos e ilícitos al ser de gran valor económico para la actividad turística del puerto. Volvimos a coincidir en esos años, cuando se empezó a gestar un gran movimiento en contra de la presa hidroeléctrica La Parota, en donde se convirtió en uno de sus líderes. Había buen trato y respeto mutuo.
En 2024 fue la última vez que nos saludamos. Se trató de un encuentro de las izquierdas guerrerenses en Chilpancingo, donde estaban muchos y muchas que han soñado y sueñan con un mejor Guerrero, más justo e incluyente. Ahí estaban una buena parte de aquellas y aquellos que han sufrido la represión de múltiples formas por luchar por ese Guerrero que soñamos. Entre ellos Marco Antonio Suástegui. Recuerdo que ese día del encuentro, me sentí muy agradecido por él cuando en su intervención me saludó de manera expresa al reconocerme entre los asistentes. Ese día al despedirnos nos tomamos juntos una fotografía, él con su eterno sombrero negro y una sonrisa. Ahora guardo la fotografía como un recuerdo significativo.
Marco Antonio Suástegui fue con seguridad un vocero y líder carismático en el movimiento del Cecop. El mérito del Cecop fue reunir junto con él a un grupo de voceros y personas representativos de las comunidades y ejidos afectadas por el proyecto hidroeléctrico La Parota de la CFE. Muchos nombres de la gente del Cecop y de muchos simpatizantes vienen a mi memoria, pero ahora no los nombro para no errar en olvidar injustamente a alguno. Otro mérito fue el sumar en torno al Cecop, muchas personas y organizaciones de la sociedad nacionales e internacionales comprometidas con la justicia ambiental y la defensa de la naturaleza.
La resistencia de las comunidades a través del Cecop a lo largo de más de dos décadas ha sido admirable y ejemplar. Han resistido a multitud de presiones de sucesivos gobiernos federales y estatales, a la represión y el castigo del abandono de inversión pública para su desarrollo por oponerse a sus designios, hasta campañas mediáticas de desinformación sobre los supuestos méritos de la gran represa. Todo esto repercutió en las comunidades que estaban en el área del proyecto de la hidroeléctrica de La Parota. Dividir comunidades y propiciar el enfrentamiento entre sus pobladores es una triste constante a lo largo de estos años. Para dividirlos se ha usado todo tipo de recursos además de la represión, desde dádivas a algunos liderazgos para comprar sus conciencias, así como promesas ilusas de un mejor vivir de sus pobladores condicionadas a hacer la megapresa.
Por ello, la tragedia humana por la violencia ha sido la constante a lo largo de más dos décadas. Derivado de esto, Marco Antonio Suástegui sufrió cárcel hasta la desaparición de su hermano Vicente, entre tantos agravios. Hoy su asesinato se puede ver como un duro golpe al Cecop, y en general al movimiento social y ambiental en Guerrero y el país. Sin embargo, tengo la confianza de que seguirán resistiendo y movilizados.
Están bien documentados los graves impactos adversos sociales, económicos y ambientales de construir una megapresa para la hidroeléctrica La Parota en un área con las condiciones poblacionales del bajo río Papagayo. Las limitaciones de la evaluación del impacto ambiental del proyecto fueron señaladas en diversos trabajos tanto de un servidor, como de otros autores. Existen impactos adversos significativos en la biodiversidad, en el uso del suelo, el agua, entre otros aspectos. Nunca se realizó por quienes la promovieron un análisis serio de los impactos indirectos y acumulados del proyecto a futuro; mucho menos se identificaron posibles alternativas al mismo, es decir, no se construyeron escenarios sin el proyecto o con el proyecto modificado en distintas escalas. En el 2004 se realizó la evaluación del impacto ambiental del proyecto. Pese a su complejidad se autorizó por la Semarnat de aquel entonces, de manera condicionada con dudosas e insuficientes medidas de mitigación y compensación.
En el proyecto, la gran afectación al régimen hidrológico del río Papagayo se minimizó. Por ejemplo, no se decía que el río Papagayo en nombre del progreso dejaría de ser el río que hoy todavía se conoce, con enormes cambios en su régimen de caudal durante el día. Se desinformó a la población de Acapulco para hacerla creer que el abastecimiento seguro de agua potable dependía y estaba condicio-nado a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, cuando su función única es producir energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional, no abastecer de agua potable a Acapulco. Simplemente para suministrar agua a Acapulco no se requiere el embalse de La Parota de más de 14 mil hectáreas de inundación. En realidad, se tenía la idea de usar para el suministro de agua potable el construir una pequeña presa reguladora denominada Los Hilamos, río abajo de la cortina de la gran represa La Parota. Una de las coartadas favoritas de aquellos cabilderos pro hidroeléctrica La Parota.
Uno de los asuntos claves son las afectaciones a las comunidades, que parten de anunciar impactos mínimos tanto sociales, como económicos en sus miles de habitantes a desalojar, además de los daños de las mejores tierras agrícolas, así como una serie de supuestos a futuro de gran incertidumbre para todos los habitantes de la región del bajo río Papagayo. Cuando la gente comprendió esto se resistió de manera natural, por eso el Cecop creció en tierra fértil.
Se decía que la presa hidroeléctrica La Parota sería una gran inversión económica. No se decía con transparencia que una parte de la gran inversión total de un megaproyecto se ocupa, por ejemplo, para la compra importada de equipos como son las gigantescas turbinas de la hidroeléctrica. Con los datos que han manejado los cabilderos pro hidroeléctrica La Parota han querido dar la impresión que toda la inversión se quedaría en Guerrero. Se propagaba que será un impulsor del empleo formal, cuando la realidad es que esto sucedería solamente en la etapa constructiva de siete años y después se opera con un número mínimo de personal altamente calificado en este tipo de centrales eléctricas. Así como fue realizada la última megaobra en la otra zona de sacrificio de la CFE en Guerrero, que es la termoeléctrica de Petacalco. Pregúnteseles cuantos empleos formales brinda la termoeléctrica a los pobladores de Petacalco. Obviamente, todos aquellos interesados en hacer actividades de suministro en los años de construcción magnificaban los beneficios económicos del proyecto hidroeléctrico La Parota. Decían y siguen diciendo pese a las evidencias en contra, que se estaba frenando el desarrollo de Guerrero. Como si el destino del desarrollo de Guerrero dependiera de construir este megaproyecto u otros similares.
Estoy cierto que, en una actitud clasista y discriminatoria, diría cuando menos poco franciscana, si fuera por muchos de este tipo de personas pro Parota, ya hubieran desalojado a las personas de las comunidades rurales que viven en el área del proyecto. La resistencia de Marco Antonio Suástegui y de todas las personas aglutinadas en torno al Cecop al tener una visión e intereses diferentes a ellos, lo han visto como un daño a sus potenciales ingresos económicos en la construcción de la hidroeléctrica. El Cecop ha sido un obstáculo real e imbatible para ellos. Obviamente, todas esas personas no tienen ni idea del dolor y sufrimiento que han causado entre la gente de las comunidades del área de La Parota al mantener acciones e ideas de hacer este proyecto. Y como su ética es nula, no lo comprenden, ni les importa. Ellos son lógicos beneficiarios, cuando menos históricamente de la muerte de Marco Antonio Suástegui y demás compañeros a lo largo de estos años, dado los potenciales beneficios que conlleva su muerte al desaparecer a un opositor a ellos.
Por eso, necesitamos que se investigue y resuelva este crimen de Marco Antonio Suástegui Muñoz, que no quede en la impunidad, que se agoten todas las líneas de investigación, y se detenga a los responsables. Concluyo enviando mis condolencias a los seres queridos de Marco Antonio, que en paz descanse.