Desconocen vecinos a la policía de la UPOEG en Marquelia e intentan desarmarla; reportan riña

Dos grupos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de Marquelia en pugna sostuvieron el domingo una riña, cuando unos 200 pobladores sin armas pretendieron desarmar a unos 50 policías ciudadanos y comandantes de esa agrupación, a quienes acusan de cometer atropellos.
Tras los hechos la reportera del Diario Alternativo de esa población, Yanely Fuentes Morales denunció que fue agredida, ultrajada y despojada de su teléfono celular por los policías ciudadanos, cuando tomaba imágenes de la situación.
Antes del encontronazo en el que hubo empujones, manotazos, amenazas y gritos, el grupo de pobladores que se queja de las arbitrariedades de la Policía Ciudadana, encabezados por la coordinadora regional de la UPOEG, Nereida Miranda, sostuvieron una asamblea en la cancha techada Benito Juárez de esa cabecera municipal, en la que desconocieron al Consejo Municipal, a los comandantes y a los policías ciudadanos de la UPOEG.
Las autoridades municipales se mantuvieron al margen y vía telefónica informaron este lunes que se trata de un asunto interno de la agrupación, que debe resolverse mediante el diálogo, por lo que no solicitaron la intervención de la Policía Estatal ni del Ejército para evitar un conflicto de mayores consecuencias.
Sin embargo los desarmados que demandan la salida de los policías ciudadanos y comandantes se quejaron de que fueron encañonados y detenidos, y denunciaron la apatía de las autoridades estatales y federales ante un conflicto que pudo desembocar en muertos.
En la asamblea en la cancha Benito Juárez los inconformes con los policías ciudadanos nombraron a un nuevo Consejo Municipal, a un nuevo cuerpo de policías y a comandantes con una comandancia en la comunidad de El Polvorín, y tras la asamblea los cerca de 200 pobladores se trasladaron a la comandancia de la Policía Ciudadana de Marquelia en donde no encontraron a nadie, y aprovecharon para sacar a un grupo de presos y se los llevaron a El Polvorín.
La confrontación comenzó cuando llegaron los policías ciudadanos impugnados, quienes portando armas encararon a los pobladores que todavía estaban reunidos afuera de la comandancia.
La coordinadora Nereida Miranda les informó que habían sido desconocidos en asamblea y que había un nuevo Consejo y un nuevo cuerpo de policías ciudadanos, además los conminó a que entregaran sus armas, pero desconocieron los acuerdos y se negaron a ser desarmados.
Entre los policías ciudadanos había algunos encapuchados, al mando estaba el comandante Mariano Torres a quien los pobladores le gritaron que: “la gente ya no los quiere por arbitrarios y abusivos”, y les advirtieron que si se negaban a entregar las armas pedirían la intervención del Ejército y de la Policía Estatal.
La acusación y la advertencia calentaron los ánimos de los policías ciudadanos quienes arremetieron a empujones y a golpes contra los vecinos, y les exigieron que les entregaran a los detenidos que habían liberado de la comandancia.
Vía telefónica uno de los testigos contó que un grupo de policías retuvo y trasladó hasta su comandancia a uno de los líderes del movimiento, Tomás Morales, y otro más a la coordinadora Nereida Miranda a quienes exigieron que les informaran a donde se los habían llevado.

La agresión a la reportera

La reportera Yanely Fuentes Morales y el Diario Alternativo para el que labora, denunciaron que fue agredida por policías ciudadanos, cuando realizaba su trabajo.
“Cuando me encontraba grabando para dar a conocer los hechos ocurridos, estos hombres armados me gritaron que dejara de grabar y que me quitarían mi teléfono celular, al ver que no acate sus órdenes -como están acostumbrados a ser obedecidos al imponerse con sus armas-, se abalanzaron sobre mí, pero afortunadamente logré meter mi celular entre mi blusa, me alejé un poco y me dispuse a seguir grabando para cumplir con mi trabajo, celular en mano, y rápidamente uno de los hombres armados se fue sobre mí. Ante ello mi reacción fue volver a meter mi celular en mi blusa lo cual logré, sin embargo aún no sacaba mi mano cuando entre dos hombres armados me doblaron y me hicieron caer, metiendo sus manos en mi blusa y brassier, y jalando de tal forma que rompieron mi blusa”, denunció en su escrito.
Dijo que fue auxiliada por los pobladores “y me pusieron a salvo”. El Diario Alternativo exigió alto a las agresiones y a la impunidad, justicia y respeto al trabajo periodístico.
Los dos grupos en pugna de la UPOEG acordaron una nueva asamblea el próximo 18 de febrero para determinar la fecha en que se va a evaluar el desempeño de la Policía Ciudadana, y cambiar a los elementos que estén actuando mal, o en su defecto que los ciudadanos les den el voto de confianza para continuar.
El coordinador regional de la UPOEG, Crisóforo García reconoció que hay gente que llega al sistema de mala fe, y que lo que pasó el domingo servirá “para mejorar el servicio”. Reconoció que hay gente en ese pueblo que pide un mejor servicio y funcionamiento de su policía, y que para eso se realizará la reunión del 18 de febrero, para hacer las observaciones y se corrijan las fallas, “vamos por buen camino”.

 

 

Detuvo la UPOEG a un joven de EU en Palo Blanco y está desaparecido, denuncian

La Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) detuvo de manera arbitraria a un joven estadunidense, cuando viajaba de El Ocotito a Chilpancingo el sábado.
En una llamada a la Redacción la señora Aída Navarrete Blanco contó que su hijo Brian Willy Rayón de 19 años llegó a Guerrero el 11 de diciembre desde Santa Ana, California, de donde es originario, para pasar las vacaciones decembrinas con su familia.
El sábado 16 de diciembre Brian Rayón tomó un taxi colectivo de la ruta de El Ocotito a Chilpancingo, el cual compartió con otros pasajeros que según Navarrete Blanco le contaron que entre las 11 de la mañana y las 12 del día, un grupo de policías de la UPOEG detuvieron el vehículo en el retén de Palo Blanco y sin dar ninguna explicación detuvieron al joven estadunidense.
A pesar de que la familia acudió a Palo Blanco y pidió informes a la UPOEG de su paradero nadie ha dicho en dónde se encuentra Brian Rayón.
Navarrete Blanco dijo que interpuso la denuncia correspondiente en el Ministerio Público (MP) y ante la embajada de Estados Unidos, pero las autoridades sólo abrieron carpetas de investigación sin dar resultados de la detención de Brian Rayón.
La familia Rayón Navarrete llamó a las autoridades a intervenir para que localicen al joven, y se indaguen los motivos por los que la UPOEG lo detuvo.
Brian Rayón fue detenido en una zona bajo control de la UPOEG, que mantiene retenes en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, donde hace unas semanas hubo enfrentamientos a balazos en Buenavista de la Salud y en Palo Blanco que dejaron dos agentes heridos y un civil muerto, situación que provocó el cierre de escuelas en cinco comunidades del corredor del valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo.

Vuelven a clases con vigilancia de la UPOEG

Reinician clases suspendidas la semana pasada tras enfrentamientos en el valle de El Ocotito

Policías de la UPOEG acudieron a los planteles educativos para ofrecer que se encargarán de vigilar la zona. Sólo en la primaria Benito Juárez no se normalizan las labores porque no hay garantías de seguridad, argumentan padres de familia

Luis Blancas

El Ocotito y Buena Vista de la Salud, Chilpancingo

Las escuelas de todos los niveles educativos de los siete pueblos del valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, reanudaron labores de manera normal la mañana de ayer, mientras que la primaria federal Benito Juárez, de la comunidad de Buena Vista de la Salud, continúa cerrada, luego de que la semana pasada suspendió labores tras enfrentamientos armados en dos comunidades.
Las comunidades afectadas por estos hechos de violencia fueron Mohoneras, El Ocotito, Buena Vista de la Salud, Cajelitos, Rincón de la Vía, Palo Blanco y Acahuizotla, ubicadas en el corredor del valle de El Ocotito.
Ante el regreso a clases no se observó vigilancia de la Policía Estatal, ministerial ni de soldados del Ejército, ni recorridos de seguridad en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, que conduce a los siete pueblos, después de las balaceras de hace nueve días en Buena Vista de la Salud y el martes en Palo Blanco.
En El Ocotito, se observó que los padres de familia llevaron a sus hijos a los jardines de niños Santos Degollado y Gabriela Magistral, y a las primaria Emperador Cuauhtémoc, Sidar y Rovirosa, José María Morelos y Pavón, y Vicente Guerrero.
En las calles se constató que los vecinos caminaban de manera tranquila, además acudían al mercado ubicado frente a la comisaria municipal, para hacer sus compras; aunque sí se observaron recorridos de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Asimismo, los negocios de abarrotes, papelería, fondas de comida, peluquerías y ferreterías daban servicio normal a sus clientes.
Consultado en la comisaria municipal de El Ocotito, el comisario, Fernando Rosales González se quejó porque el alcalde de Chilpancingo, Jesús Tejeda Vargas, y el gobernador, Héctor Astudillo Flores, no han atendido el problema de la inseguridad que afecta a los pueblos de El Valle.
Comentó que los gobiernos estatal y municipal dieron instrucciones para una operación de seguridad en los siete pueblos afectados, pero no hay vigilancia en la zona, y agregó que después de las 6 de la tarde los policías de la UPOEG intensifican los recorridos de seguridad para evitar otra balacera.
“No hay ninguna respuesta de las autoridades, es la cuestión de ellos de otorgarnos seguridad, pero no lo hacen; nosotros con los policías cuidamos la zona, el gobierno nos debería ayudar para que la gente no se alarme”, declaró.
En Buena Vista de la Salud, se constató que los padres de familia llevaban a sus hijos a la secundaria técnica, a la primaria federal Benito Juárez y al jardín de niños Rosario Castellanos, mientras que policías de la UPOEG acudieron a las distintas escuelas para hablar con los directivos, maestros y padres, y les ofrecieron que ellos se encargarán de vigilar la zona para que haya tranquilidad, confianza y que no tengan miedo.
En un recorrido en la comunidad se observó que el mercado del centro reabrió sus puertas, luego que la semana pasada estuvo cerrado tras los hechos de violencia.
La única escuela que no volvió a clases fue la primaria federal Benito Juárez, de Buena Vista de la Salud, donde los estudiantes y padres de familia se presentaron pero en una reunión posterior con los directivos y los maestros, suspendieron las clases de esta semana.
En la reunión dentro de la escuela, el director de la primaria Benito Juárez, Sergio Adame Adame dijo que padecen la violencia y la inseguridad en la comunidad, y que la población no la provoca, “la ciudadanía es la parte indirecta del acontecer de inseguridad que se viven en la comunidad al igual que en el estado y país”.
“Le pregunto a los padres de familia si se reanudan las clases o no”, en tanto las condiciones no sean favorables para regresar, “en la escuela tenemos 288 estudiantes y es una responsabilidad que no nos deja concentrar al 100 por ciento en nuestra tarea educativa”.
Adame Adame se quejó de que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) no han enviado un desplegado o postura ante la suspensión de clases a causa de los hechos de violencia que ocurren en el valle de El Ocotito.
En la reunión, un padre de familia comentó que, en caso de que ocurra un enfrentamiento armado como el del domingo, “lo que voy hacer es ir a la escuela y sacar a mi hijo, nadie nos puede garantizar que haya seguridad, es mejor que no haya clases hasta que se calme esta situación”.
Una madre de familia dijo que ni ellas ni los padres pueden garantizar la seguridad de la escuela, “no tenemos armas para cuidar la escuela, lo que nos toca es tener la confianza de que todo está bien, de que no pasará nada, pero eso sí, tener precaución”.
Una maestra de la escuela señaló que es una responsabilidad cuidar a unos 24 niños en un salón de clases en caso de que ocurra otra balacera, “me deslindo de lo que pueda ocurrir, el gobierno es el responsable de garantizar la seguridad en la zona”, advirtió.
Otra madre de familia dijo, “yo tengo dos hijos en la primaria y otra hija en la secundaria, se me complica mucho ir por ellos en caso de que haya una balacera, mejor que les dejen tarea para que lo hagan en la casa y no correr riesgo”.
“Me dio miedo llevar a mis hijo a la escuela, porque hay la incertidumbre de que puede ocurrir otro enfrentamiento, mejor que no haya clases, para estar seguros en nuestras casas, no hay garantías de seguridad y es por precaución”, declaró.
Asimismo, un policía de la UPOEG, Espiridión recordó que hace 42 años la comunidad de Buena Vista de la Salud era una población tranquila, humilde, “nos amanecíamos tomando y en fiestas, pero no había este tipo de peligro, al que hoy estamos expuestos”.
Convocó a los padres de familia y maestros para que se reanuden las actividades educativas en el pueblo de manera normal, y dijo que la policía de la UPOEG brindará seguridad a los estudiantes, maestros y a la población cuando la requieran, “lo único que pretendemos es que el pueblo sea como hace 40 años, seguro, tranquilo, y respeto mutuo entre nosotros”.
Reconoció que el enfrentamiento armado entre policías estatales y civiles armados hace nueve días en la comunidad, tuvo la intención de atacar y exterminar a la mayor parte de la policía de la UPOEG, “esta situación fue (porque) a lo mejor hay intereses de por medio, pero no sabemos bien, simplemente estamos para dar seguridad al pueblo”.
Pidió a la población que reporte a la base de la UPOEG cualquier delito o irregularidad en Buena Vista de la Salud.
En repuesta, una madre de familia se quejó porque el enfrentamiento armados fue frente de su casa, “ningún policía acudió a mi domicilio para saber como estábamos después de la balacera, fue algo traumático porque estaba con mi hijo, no tuvimos apoyo de ustedes y hasta la fecha no hemos recibido apoyo de ellos”.
Una maestra informó a los policías de la UPOEG que los directivos, maestros y padres de familia acordaron que se suspenden clases y reanudarán el lunes de la próxima semana, en caso de que haya condiciones de seguridad en la comunidad.
Después de la reunión, firmaron un acuerdo para llevarlo a la SEG para que tengan conocimiento del problema y no afecte el salario de los maestros.
Hace nueve días ocurrió un enfrentamiento entre civiles armados y policías estatales que dejó un saldo de un civil muerto y dos agentes heridos en la localidad de Buena Vista de la Salud.
Por estos hechos de violencia, autoridades municipales y educativas suspendieron labores en las escuelas de todos los niveles en Mohoneras, El Ocotito, Buena Vista de la Salud, Cajelitos y Rincón de la Vía.
La noche del martes, civiles armados atacaron a policías de la UPOEG en el retén instalado en la entrada a la localidad de Palo Blanco, en la carretera federal México-Acapulco que dejó un civil muerto y dos policías heridos. En Palo Blanco y Acahuizotla se suspendieron las clases para proteger a los niños y maestros

Reinician clases suspendidas la semana pasada tras enfrentamientos en el valle de El Ocotito


Las escuelas de todos los niveles educativos de los siete pueblos del valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, reanudaron labores de manera normal la mañana de ayer, mientras que la primaria federal Benito Juárez, de la comunidad de Buena Vista de la Salud, continúa cerrada, luego de que la semana pasada suspendió labores tras enfrentamientos armados en dos comunidades.
Las comunidades afectadas por estos hechos de violencia fueron Mohoneras, El Ocotito, Buena Vista de la Salud, Cajelitos, Rincón de la Vía, Palo Blanco y Acahuizotla, ubicadas en el corredor del valle de El Ocotito.
Ante el regreso a clases no se observó vigilancia de la Policía Estatal, ministerial ni de soldados del Ejército, ni recorridos de seguridad en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, que conduce a los siete pueblos, después de las balaceras de hace nueve días en Buena Vista de la Salud y el martes en Palo Blanco.
En El Ocotito, se observó que los padres de familia llevaron a sus hijos a los jardines de niños Santos Degollado y Gabriela Magistral, y a las primaria Emperador Cuauhtémoc, Sidar y Rovirosa, José María Morelos y Pavón, y Vicente Guerrero.
En las calles se constató que los vecinos caminaban de manera tranquila, además acudían al mercado ubicado frente a la comisaria municipal, para hacer sus compras; aunque sí se observaron recorridos de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Asimismo, los negocios de abarrotes, papelería, fondas de comida, peluquerías y ferreterías daban servicio normal a sus clientes.
Consultado en la comisaria municipal de El Ocotito, el comisario, Fernando Rosales González se quejó porque el alcalde de Chilpancingo, Jesús Tejeda Vargas, y el gobernador, Héctor Astudillo Flores, no han atendido el problema de la inseguridad que afecta a los pueblos de El Valle.
Comentó que los gobiernos estatal y municipal dieron instrucciones para una operación de seguridad en los siete pueblos afectados, pero no hay vigilancia en la zona, y agregó que después de las 6 de la tarde los policías de la UPOEG intensifican los recorridos de seguridad para evitar otra balacera.
“No hay ninguna respuesta de las autoridades, es la cuestión de ellos de otorgarnos seguridad, pero no lo hacen; nosotros con los policías cuidamos la zona, el gobierno nos debería ayudar para que la gente no se alarme”, declaró.
En Buena Vista de la Salud, se constató que los padres de familia llevaban a sus hijos a la secundaria técnica, a la primaria federal Benito Juárez y al jardín de niños Rosario Castellanos, mientras que policías de la UPOEG acudieron a las distintas escuelas para hablar con los directivos, maestros y padres, y les ofrecieron que ellos se encargarán de vigilar la zona para que haya tranquilidad, confianza y que no tengan miedo.
En un recorrido en la comunidad se observó que el mercado del centro reabrió sus puertas, luego que la semana pasada estuvo cerrado tras los hechos de violencia.
La única escuela que no volvió a clases fue la primaria federal Benito Juárez, de Buena Vista de la Salud, donde los estudiantes y padres de familia se presentaron pero en una reunión posterior con los directivos y los maestros, suspendieron las clases de esta semana.
En la reunión dentro de la escuela, el director de la primaria Benito Juárez, Sergio Adame Adame dijo que padecen la violencia y la inseguridad en la comunidad, y que la población no la provoca, “la ciudadanía es la parte indirecta del acontecer de inseguridad que se viven en la comunidad al igual que en el estado y país”.
“Le pregunto a los padres de familia si se reanudan las clases o no”, en tanto las condiciones no sean favorables para regresar, “en la escuela tenemos 288 estudiantes y es una responsabilidad que no nos deja concentrar al 100 por ciento en nuestra tarea educativa”.
Adame Adame se quejó de que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) no han enviado un desplegado o postura ante la suspensión de clases a causa de los hechos de violencia que ocurren en el valle de El Ocotito.
En la reunión, un padre de familia comentó que, en caso de que ocurra un enfrentamiento armado como el del domingo, “lo que voy hacer es ir a la escuela y sacar a mi hijo, nadie nos puede garantizar que haya seguridad, es mejor que no haya clases hasta que se calme esta situación”.
Una madre de familia dijo que ni ellas ni los padres pueden garantizar la seguridad de la escuela, “no tenemos armas para cuidar la escuela, lo que nos toca es tener la confianza de que todo está bien, de que no pasará nada, pero eso sí, tener precaución”.
Una maestra de la escuela señaló que es una responsabilidad cuidar a unos 24 niños en un salón de clases en caso de que ocurra otra balacera, “me deslindo de lo que pueda ocurrir, el gobierno es el responsable de garantizar la seguridad en la zona”, advirtió.
Otra madre de familia dijo, “yo tengo dos hijos en la primaria y otra hija en la secundaria, se me complica mucho ir por ellos en caso de que haya una balacera, mejor que les dejen tarea para que lo hagan en la casa y no correr riesgo”.
“Me dio miedo llevar a mis hijo a la escuela, porque hay la incertidumbre de que puede ocurrir otro enfrentamiento, mejor que no haya clases, para estar seguros en nuestras casas, no hay garantías de seguridad y es por precaución”, declaró.
Asimismo, un policía de la UPOEG, Espiridión recordó que hace 42 años la comunidad de Buena Vista de la Salud era una población tranquila, humilde, “nos amanecíamos tomando y en fiestas, pero no había este tipo de peligro, al que hoy estamos expuestos”.
Convocó a los padres de familia y maestros para que se reanuden las actividades educativas en el pueblo de manera normal, y dijo que la policía de la UPOEG brindará seguridad a los estudiantes, maestros y a la población cuando la requieran, “lo único que pretendemos es que el pueblo sea como hace 40 años, seguro, tranquilo, y respeto mutuo entre nosotros”.
Reconoció que el enfrentamiento armado entre policías estatales y civiles armados hace nueve días en la comunidad, tuvo la intención de atacar y exterminar a la mayor parte de la policía de la UPOEG, “esta situación fue (porque) a lo mejor hay intereses de por medio, pero no sabemos bien, simplemente estamos para dar seguridad al pueblo”.
Pidió a la población que reporte a la base de la UPOEG cualquier delito o irregularidad en Buena Vista de la Salud.
En repuesta, una madre de familia se quejó porque el enfrentamiento armados fue frente de su casa, “ningún policía acudió a mi domicilio para saber como estábamos después de la balacera, fue algo traumático porque estaba con mi hijo, no tuvimos apoyo de ustedes y hasta la fecha no hemos recibido apoyo de ellos”.
Una maestra informó a los policías de la UPOEG que los directivos, maestros y padres de familia acordaron que se suspenden clases y reanudarán el lunes de la próxima semana, en caso de que haya condiciones de seguridad en la comunidad.
Después de la reunión, firmaron un acuerdo para llevarlo a la SEG para que tengan conocimiento del problema y no afecte el salario de los maestros.
Hace nueve días ocurrió un enfrentamiento entre civiles armados y policías estatales que dejó un saldo de un civil muerto y dos agentes heridos en la localidad de Buena Vista de la Salud.
Por estos hechos de violencia, autoridades municipales y educativas suspendieron labores en las escuelas de todos los niveles en Mohoneras, El Ocotito, Buena Vista de la Salud, Cajelitos y Rincón de la Vía.
La noche del martes, civiles armados atacaron a policías de la UPOEG en el retén instalado en la entrada a la localidad de Palo Blanco, en la carretera federal México-Acapulco que dejó un civil muerto y dos policías heridos. En Palo Blanco y Acahuizotla se suspendieron las clases para proteger a los niños y maestros

Cierran comercios y escuelas en el valle de El Ocotito

El gobierno “va a ir” al valle del Ocotito ante  recientes enfrentamientos, anuncia Astudillo  

El gobernador pregunta por la seguridad que pregona la UPOEG y dice que hay un conficto entre dos grupos y urge la responsabilidad de la federación

Zacarías Cervantes

Chilapa

El gobernador Héctor Astudillo Flores cuestionó dónde está la seguridad que pregonan quienes operan en las comunidades del valle de El Ocotito, luego de los hechos de violencia del domingo en Buena Vista de la Salud y la noche del martes en Palo Blanco, localidades del municipio de Chilpancingo en donde tiene presencia la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Astudillo declaró que en esa zona hay un conflicto entre dos grupos que “está urgiendo la responsabilidad de la federación”, y que el gobierno “va a ir” porque es su responsabilidad.
En conferencia de prensa al final de la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero en Chilapa, a la que asistieron el comandante de la 35 Zona Militar general José Francisco Terán Valle, el coordinador de la Policía Federal en Guerrero David Portillo Menchaca, el fiscal  Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública estatal Pedro Almazán Cervantes, un representante de la Procuraduría General de la República (PGR), y el vocero Roberto Álvarez Heredia, al gobernador se le preguntó por la situación  en el valle del Ocotito, y respondió en todo sarcástico: “¿ya se estaban tardando, no?”, en referencia a los últimos acontecimientos de violencia en esos pueblos.
En esa zona detonó la violencia el domingo pasado. Ese día en Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo, en un enfrentamiento entre miembros de civiles armados y policías estatales murió un civil y dos policías estatales quedaron heridos. Asimismo, la noche del martes resultó un policía ciudadano muerto y dos heridos en un ataque de un comando en Palo Blanco, a unos 20 minutos de Chilpancingo, y por la violencia desde el lunes también se suspendieron las clases en las escuelas de las comunidades del valle de El Ocotito.
El gobernador dijo que lo primero que debe hacerse es un diagnóstico para saber cuántas escuelas están sin clases, que “se está haciendo en estos momentos”.
De los últimos días el gobernador cuestionó, “¿y la seguridad que pregonaban?”, y declaró que en esas comunidades “hay un conflicto entre dos grupos que, sin duda, está urgiendo la responsabilidad de la federación y vamos a ir, indiscutiblemente, porque es nuestra responsabilidad”.
No precisó cuáles son esos grupos que están en conflicto, aunque esas comunidades están bajo el control desde finales del año pasado de la autodefensa de la UPOEG, que está en conflicto con la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), pero esta agrupación desde el año pasado fue replegada violentamente a Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero.
El gobernador quien en campaña prometió “orden y paz”, insistió: “aquí cabe una pregunta elemental: ¿y los que pregonaban que brindaban seguridad, dónde están?. Vamos a ir nosotros porque es nuestra responsabilidad, por supuesto”.

Suspenden clases también en Acahuizotla y Palo Blanco, tras ataque a balazos el martes
En las comunidades de Acahuizotla y Palo Blanco, del municipio de Chilpancingo, se suspendieron las labores en las escuelas de todo los niveles educativos, tras los hechos de la noche del martes, cuando civiles armados atacaron a policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), en su retén en la entrada a Palo Blanco, en la carretera federal México-Acapulco.
Con éstas, son siete comunidades del valle de El Ocotito donde no hay clases, luego del enfrentamiento del domingo entre civiles armados y policías estatales que dejó un civil muerto y dos policías heridos en Buenavista de la Salud.
Un integrante del Consejo de Autoridades de El Ocotito, informó que ayer se acordó que no se reanudaran las clases suspendidas desde el lunes  en  Mohoneras, El Ocotito, Buenavista de la Salud, Cajelitos y Rincón de la Vía, por los hechos de violencia de la noche del martes en Palo Blanco, y que además se sumaron Palo Blanco y Acahuizotla.
Señaló que esta medida es para que estudiantes y maestros no corran el riesgo en caso de un enfrentamiento entre policías ciudadanos de la UPOEG y hombres armados.
La noche del martes, un ataque de civiles armados a policías de la UPOEG en Palo Blanco, dejó un muerto y dos policías heridos de bala. (Luis Blancas/Chilpancingo).

Los Ardillos buscan controlar el valle de El Ocotito, dice un comandante de la UPOEG

El ejecutado en un automóvil el martes era un ex policía ciudadano, informa Ernesto Gallardo. Destituyeron a ocho integrantes de la organización que tenían acuerdos con los criminales, afirma. Aterroriza a vecinos de Palo Blanco el rumor de una balacera, cierran locales y se refugian en sus casas

El comandante general del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Ernesto Gallardo Grande informó que los ataques en Buenavista y Palo Blanco son “una provocación” del grupo criminal Los Ardillos, que pretende controlar el corredor del valle de El Ocotito.
El domingo sicarios y policías estatales se enfrentaron en Buenavista, un civil murió y dos agentes resultaron heridos, el martes atacaron un retén de la UPOEG en Palo Blanco, un civil murió y dos policías de esa organización resultaron heridos. Tras ambos hechos se cerraron el lunes las escuelas en Mohoneras, El Ocotito, Buenavista de la Salud, Rincón de la Vía y Cajelitos, y ayer también en Palo Blanco, Acahuizotla, Mazatlán y Petaquillas, se informó aquí.
Consultado en la Comisaría de Palo Blanco, Gallardo Grande dijo que “lo que está pasando es que el grupo delincuencial denominado Los Ardillos está calculando fuerza y nos está provocando, con nosotros no va a haber acuerdos ni arreglos en cuestiones como ellos quieren entrar en nuestro territorio”.
Del ataque al retén el martes contó que los sicarios “vinieron a atacar nuestra base, gracias a Dios no tenemos bajas más que uno que ellos mismos ya traían en la cajuela del coche, lo traían esposado, así lo dejaron”, e informó que se trata de un ex policía de la UPOEG.
Ante la situación “vamos a dar una respuesta, por eso estamos haciendo recorridos, estamos haciendo presencia en todo el corredor del valle de El Ocotito para brindar seguridad a la población, que no pasen a mayores las cosas, para que ya no nos vuelvan a sorprender”.
De la presunta ruptura de la UPOEG aseguró que “es mentira, no hay ninguna confrontación entre comunitarios ni entre población ni con el gobierno, aquí la confrontación es directamente con el grupo delictivo de Los Ardillos”.
“En nuestro sistema hay reglas y hubo gente de Buenavista, un grupo que compañeros, comisario y todo que se destituyeron porque tenían acuerdos con Los Ardillos cuando nosotros no podemos tener acuerdos con ningún cártel, se les pidió que se quitaran la playera (de la organización) y que quedaran como personas normales, ‘es tu bronca, asúmela’, pero representaban un riesgo”, y dijo que por eso se solicitó la intervención de la Policía Estatal para evitar “vernos mal” y que se pensara que hay una confrontación entre policías ciudadanos.
Precisó que las destituidas fueron “ocho personas” que fueron apoyados por unas “siete u ocho” camionetas de Los Ardillos, cuyo armamento fue decomisado luego del enfrentamiento del domingo en Buenavista.
Declaró que ese grupo criminal ocupa dos rutas para irrumpir en el corredor del valle de El Ocotito, una por Petaquillas que es “por donde más se nos están viniendo”, y otra por Acahuizotla.
Del cierre de las escuelas en las nueve comunidades, así como el ambiente tenso a consecuencia de los enfrentamientos, Gallardo Grande dijo que “las escuelas no tienen por qué cerrar, no tiene por qué haber toque de queda, para eso tenemos sistema de seguridad, para sobre guardar la seguridad de los niños y de la población”.
Sin embargo dijo que “si nosotros no tenemos la capacidad (para garantizar la seguridad), el gobierno lo tiene que hacer también, nosotros no estamos peleados con el gobierno y tampoco le prohibimos el paso al gobierno, podemos coordinarnos”.
Informó que con la presencia de la UPOEG en las comunidades las clases podrían reanudarse hoy o mañana.
Por su parte el comisario de Palo Blanco, Carlos Santos Locia reconoció que hay pánico en las comunidades, pero con la presencia de la UPOEG “no hay nada que estar temiendo, nos está brindando la seguridad, nosotros agradecemos la coordinación con la Policía Estatal, las escuelas no tienen por qué cerrarse”. Llamó a la sociedad a retomar sus actividades, y a que “ya no tengan miedo”.

Retenes no reactivan la vida cotidiana

Desde El Ocotito hasta Palo Blanco la UPOEG instaló retenes que vigilan grupos de ocho a 50 policías ciudadanos, pero la tensión en las comunidades prevalecía ayer como se constató en un recorrido.
A pesar de que ser un día hábil, el miércoles, las escuelas de nivel básico, medio superior y superior en las comunidades estaban cerradas. En las calles no hubo el movimiento habitual de los pobladores que suelen salir de sus casas al mediodía para sus actividades cotidianas, recoger a sus hijos, ir al mercado, a visitarse, lo que se hace cuando no se teme por su vida.
La carretera federal México-Acapulco que cruza por las comunidades que integran el corredor del valle de El Ocotito no había más que unos cuantos vehículos, principalmente del transporte público, taxis y urvans que van a Chilpancingo o a Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero.
En Palo Blanco rumores de una balacera en Acahuizotla aterrorizaron a la población, los comerciantes cerraron de golpe sus locales mientras que mujeres y jóvenes corrían a sus casas, en sus rostros se notaba la angustia, la incertidumbre de no saber si las balas volverían a llegar a la comunidad.
Entre el ir y venir de la gente una camioneta de la Policía Ciudadana aceleró con dirección al pueblo vecino, donde no se confirmó ningún enfrentamiento.(Alina Navarrete Fernández / Palo Blanco, Chilpancingo).

El gobierno “va a ir” al valle del Ocotito ante recientes enfrentamientos, anuncia Astudillo


El gobernador Héctor Astudillo Flores cuestionó dónde está la seguridad que pregonan quienes operan en las comunidades del valle de El Ocotito, luego de los hechos de violencia del domingo en Buena Vista de la Salud y la noche del martes en Palo Blanco, localidades del municipio de Chilpancingo en donde tiene presencia la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Astudillo declaró que en esa zona hay un conflicto entre dos grupos que “está urgiendo la responsabilidad de la federación”, y que el gobierno “va a ir” porque es su responsabilidad.
En conferencia de prensa al final de la reunión del Grupo de Coordinación Guerrero en Chilapa, a la que asistieron el comandante de la 35 Zona Militar general José Francisco Terán Valle, el coordinador de la Policía Federal en Guerrero David Portillo Menchaca, el fiscal  Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública estatal Pedro Almazán Cervantes, un representante de la Procuraduría General de la República (PGR), y el vocero Roberto Álvarez Heredia, al gobernador se le preguntó por la situación  en el valle del Ocotito, y respondió en todo sarcástico: “¿ya se estaban tardando, no?”, en referencia a los últimos acontecimientos de violencia en esos pueblos.
En esa zona detonó la violencia el domingo pasado. Ese día en Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo, en un enfrentamiento entre miembros de civiles armados y policías estatales murió un civil y dos policías estatales quedaron heridos. Asimismo, la noche del martes resultó un policía ciudadano muerto y dos heridos en un ataque de un comando en Palo Blanco, a unos 20 minutos de Chilpancingo, y por la violencia desde el lunes también se suspendieron las clases en las escuelas de las comunidades del valle de El Ocotito.
El gobernador dijo que lo primero que debe hacerse es un diagnóstico para saber cuántas escuelas están sin clases, que “se está haciendo en estos momentos”.
De los últimos días el gobernador cuestionó, “¿y la seguridad que pregonaban?”, y declaró que en esas comunidades “hay un conflicto entre dos grupos que, sin duda, está urgiendo la responsabilidad de la federación y vamos a ir, indiscutiblemente, porque es nuestra responsabilidad”.
No precisó cuáles son esos grupos que están en conflicto, aunque esas comunidades están bajo el control desde finales del año pasado de la autodefensa de la UPOEG, que está en conflicto con la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), pero esta agrupación desde el año pasado fue replegada violentamente a Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero.
El gobernador quien en campaña prometió “orden y paz”, insistió: “aquí cabe una pregunta elemental: ¿y los que pregonaban que brindaban seguridad, dónde están?. Vamos a ir nosotros porque es nuestra responsabilidad, por supuesto”.

Se aplicará la ley a autodefensas, pero sin confrontación, sostiene el jefe del Ejército

El comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, subrayó que el Ejército tiene órdenes de aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego en contra de los grupos de autodefensa o policías ciudadanas.
Aunque, acotó que “quienes quisieran que hubiera una acción más contundente, pienso yo que no están inmersos en la realidad que vive el estado de Guerrero y los conflictos que se desatarían”.
El general reconoció que ha habido ciertas fricciones con los grupos de autodefensa, “pero estamos trabajando en ello, tanto las autoridades municipales, que son las que deben de actuar primero, las autoridades estatales y nosotros”.
La más reciente que se conoce fue con el grupo Paz y Justicia en la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala.
Jiménez Mendoza fue entrevistado en las instalaciones de la 35 Zona Militar, al término de la destrucción de armas decomisadas por el Ejército, la Policía Federal y la estatal. Asimismo, según él, “en todo el estado se puede apreciar la tranquilidad y la libertad para transitar en los caminos”.
Sin embargo declaró que “los delincuentes ven pasar a la autoridad y se ocultan”, por lo que “no podemos asegurar que (los caminos) estén libres de delincuentes”.
El 17 de julio, el secretario de Gobernación Migué Ángel Osorio Chong, declaró que nada justifica que la sociedad se quiera armar y que el Estado recuperaría el control de la seguridad en donde operan los grupos de autodefensa. Además, que tenía información que algunos grupos de la delincuencia organizada presionan para que los ciudadanos pidan la salida del Ejército de algunos lugares.
Al respecto, el general aseguró que se está aplicando la Ley Federal de Armas de Fuego para que ellos (los grupos de autodefensa) “se restrinjan a lo que marca la Ley 701, de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, “y así vamos a estar apoyando a todas las autoridades  gubernamentales de los tres órdenes de Gobierno”.
­–¿Entonces qué impide que no se desarme a grupos como los de Tlaltempanapa (municipio de Zitlala), donde ya ha habido presencia del Ejército, pero no ha podido desarmarlos?
–Allí no hay impedimento, hay una muy buena participación de todas las autoridades para no estar violentando algunos acuerdos previos que ha habido, pero uno de los requisitos es que ya no estén armados.
–Sin embargo hubo detenidos y los recuperó la gente del pueblo –, insistió el reportero.
–Eso fue en un inicio y fue lo que provocó, más bien, la presencia militar que hoy día hay en ese lugar.
–¿Están libres los caminos de delincuentes en la zona de Zitlala y Tlaltempanapa? -, preguntó otro reportero.
–Yo siento que sí. En todo el Estado se puede apreciar una tranquilidad y la libertad para transitar. Claro, los delincuentes ven pasar a la autoridad y se ocultan, no podemos asegurar que estén libres, sin embargo está la acción decidida de los tres órdenes de gobierno para que demos tranquilidad y seguridad a los ciudadanos.
–En Tlaltempanapa hubo el compromiso de que sería el Ejército y la Policía Estatal la que se hiciera cargo de la seguridad, sin embargo sigue el grupo civil armado controlando el pueblo –, se le dijo.
–La verdad es que hay un compromiso con las autoridades de los tres niveles de gobierno, de coordinarnos, no sólo con ellos, sino con todas las autoridades. Ellos son una parte de un todo.
–¿Hay plazo para el desarme de las autodefensas?, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong dijo la semana pasada que van a recuperar los espacios donde operan.
–Es que hay que interpretar bien las cosas: recuperar los espacios y hacer prevalecer el estado de derecho implica varias acciones, no sólo el desarme o no de algún grupo en particular.
–¿No se va a desarmar a las autodefensas? ¿No hay indicación de desarmar a la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero), por ejemplo?
–Hay indicaciones de aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego.
–¿Si tienen armas de grueso calibre, se les detiene?
–Así es.
–¿Ya ha comenzado esta decisión?, porque vemos que siguen operando.
–No, no siguen operando, por eso yo los invito a que vean. Ellos están en un afán de buscar espacios, nosotros estamos en el afán de aplicar la ley.
–Siguen operando, si usted recorre la carretera federal de aquí a Acapulco hay retenes de ellos.
–No, no creo. La recorrí hoy y no hay ningún retén de aquí a Acapulco.
–Si, en Ocotito, por ejemplo, hay filtros, hasta piden cooperación a los automovilistas –rebatió el reportero.
–Ah, bueno, ha habido ciertas fricciones pero estamos trabajando en ello, tanto las autoridades municipales, que son las que deben de actuar primero, las autoridades estatales y nosotros.
–¿Qué significan dos mil armas que se destruyeron hoy, ante el universo que hay en Guerrero? Solamente de las autodefensas se habla de cinco mil personas armadas.
–Es un principio. Quienes quisieran que hubiera una acción más contundente, pienso yo que no están inmersas en la realidad que vive el estado de Guerrero y los conflictos que se desatarían.
–¿Podría haber una confrontación?.
–No, nunca buscamos nosotros la confrontación, buscamos la negociación, el diálogo y que se aplique la ley.
–¿Qué pasa con los grupos de la delincuencia que siguen sembrando pánico, como en Chichualco, antier (la noche del martes) y la quema de vehículos en Chilpancingo?
–Estamos, igual, trabajando en forma decidida y no podemos nosotros cesar en nuestra acción coordinada. Hay una estrategia que debemos de seguir para poder erradicar la violencia, tanto de grupos delincuenciales, como la violencia en sí.
El comandante de la 35 Zona Militar, también respondió brevemente que el Ejército mexicano sigue colaborando en los operativos de búsqueda para la detención del líder del grupo criminal Los Tequileros.
En cuanto a la construcción del cuartel en Teloloapan, para el que este jueves se firmó el convenio con el gobernador Héctor Astudillo Flores, Germán Javier Jiménez Mendoza declaró que quisiera que comenzara la construcción a principios del mes de agosto y que el objetivo es aumentar la presencia de los militares en esa zona de Teloloapan.
Informó que la obra está calculada para terminarse en 8 a 12 meses. También dijo que serán 500 elementos los que llegarán al municipio de Teloloapan en forma escalonada para completar el dispositivo que ya existe en Iguala y Altamirano.

No permitirá que se le desarme, responde la UPOEG al gobernador y se declara en alerta

Ante un posible desarme de la Policía Ciudadana de su organización, la que advirtió el martes el gobernador Héctor Astudillo Flores, Bruno Plácido Valerio dijo que “la población sabrá inteligentemente qué hacer, allí no depende de Bruno, depende de cómo ven ellos (los pobladores) las cosas, no cómo lo ven desde afuera”.
Aclaró que los pobladores no van a pelear en un enfrentamiento, “solamente van a defender lo que es de ellos, van a defender sus derechos”.
De los policías ciudadanos que participaron en los ataques del viernes 9 de junio en San Pedro Cacahuatepec, donde fueron asesinadas a balazos siete personas, entre ellas dos niños y un bebé de cuatro meses que murió por traumatismo craneoencefálico, informó que están en la etapa de solicitarles amparos, pero no dio más detalles porque dijo que apenas está en pláticas con el abogado.
Independientemente de las declaraciones del líder de la UPOEG, la coordinación general de la organización dio a conocer un comunicado mediante su muro de Facebook en el que se declara en alerta a partir del miércoles, tras las declaraciones del gobernador Astudillo Flores en el sentido de que “lo más conveniente” es desarmar a los policías como los de la UPOEG.
“Después de tener una reunión con las distintas autoridades civiles y agrarias de los municipios donde la UPOEG tiene presencia, nuestra postura sigue igual; no se permitirá ni un tipo de desarme y en los pueblos estamos dispuestos a todo con tal de defender el derecho a la seguridad que tanto nos ha costado”, advirtió la coordinación mediante la red social.
Sin embargo, consultado después por teléfono, Plácido Valerio informó que la UPOEG tiene una asamblea el domingo para decidir cómo va a proceder. Pero de entrada opinó que el gobierno no puede generalizar, “porque los errores no son de todos los elementos”.
El coordinador general de la agrupación se dijo de acuerdo con que en donde se encuentren “abusos o gente infiltrada” y haya argumentos, es necesario el desarme.
Insistió en que no se puede generalizar a todo el sistema “porque no todos los grupos ni todos los elementos cometen errores”.
Dijo que se tiene que especificar exactamente a quiénes hay que desarmar, “porque generalizar quiere decir que hay una guerra y yo creo que nosotros hemos sido gente de diálogo y hemos contribuido a la tranquilidad de la población”.
Demandó que si hay errores que se corrijan, pero que no se justifica que se proceda “con un todo”.
Para Bruno Plácido “es importante mandarle el mensaje al gobierno, de que tiene esa autoridad, “pero no proceder con una amenaza, sino actuar con argumentos y delimitar a quiénes y no generalizar”.
Dijo que hay municipios que están muy tranquilos con su policía, hay buena coordinación y toda una tranquilidad. Por eso insistió, “el gobierno no puede generalizar”.
Dijo que tampoco se ha presentado una contrapropuesta de lo que se va a hacer después de que desarme a la gente, “¿qué se va a hacer para que se garantice la seguridad a la población?”, y demandó que se explique qué se va a ofertar después para la seguridad de la gente.
Agregó que debe de haber un proceso de diálogo entre el gobierno y la UPOEG, “debe haber una mesa para estar interactuando acuerdos”, porque declaró que todo se ha dicho mediante declaraciones en los medios de comunicación, pero que no hay una mesa de trabajo para conciliar los conflictos sociales en Guerrero.
A pregunta del reportero declaró que en caso de proceder el gobierno con el desarme, “la población sabrá inteligentemente qué hacer ante un riesgo de su vida. Allí no depende de Bruno, sino depende de cómo ven ellos (los pobladores) las cosas, no cómo lo ven desde afuera”.
En cuanto a los policías ciudadanos que participaron en los ataques del viernes 9 de junio en San Pedro Cacahuatepec, informó sigue en la etapa de solicitarles amparos, pero no abundó más porque apenas había hablado con el abogado.
Recordó que él los iba a presentar voluntariamente, pero que ni bien llegaban cuando ya los estaban acusando de participar en un hecho artero, “y es muy delicado que se quiera justificar un error de algunos compañeros, en el caso de que así fuera”.
Admitió que si hay pruebas y elementos, “los entregamos, porque todos estamos obligados a hacer mejor las cosas, independientemente de qué organización seamos”.
Insistió en que se cite también a quien les pidió el auxilio, a quienes están extorsionando, que investigaran sus números telefónicos, que revisaran los antecedentes de la familia y estudios profesionales de balística para que con pruebas y elementos se entregara a quienes son señalados, “pero no se puede generalizar a toda la Costa porque no toda la Costa participó”.
De Tierra Colorada donde está en conflicto con el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, Plácido Valerio recordó que el gobernador Héctor Astudillo instituyó una comisión de diálogo y armonía y que ante esa comisión la UPOEG propuso asambleas comunitarias, en las que participaran la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en la vigilancia de la toma de decisión de los ciudadanos, pero se quejó de que el caso se quedó allí.
“Ahora todos se quejan de los conflictos pero no se acuerdan de los acuerdos”, reprochó y recordó que se trata de acuerdos que le hicieron del conocimiento al secretario de Gobierno, Florencio Salazar como responsable de la política pública del estado.
Insistió que ahora, por ejemplo, se quejan de los enfrentamientos, pero no han revisado los acuerdos a los que se llegaron en la instalación de las mesas de dialogo.
Informó que de estos acuerdos también estuvo enterado el presidente municipal de Juan R. Escudero, Leonel Leyva Muñoz, quien estuvo de acuerdo que para resolver el conflicto no interviniera ni la UPOEG ni el FUSDEG para que los ciudadanos decidieran en asambleas y así llegar a la tranquilidad y estabilidad en Tierra Colorada.

Desplaza la UPOEG el comedor comunitario de Agua Caliente a un lugar sin higiene, denuncian

Jacob Morales Antonio

Agua Caliente

Habitantes de la comunidad de Agua Caliente de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, denunciaron que los policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) desplazaron el comedor comunitario que estaba en la comisaría, donde más de 400 alumnos de una primaria iban a desayunar y a comer.
Ahora, el comedor comunitario fue instalado de manera improvisada atrás de la escuela primaria Formación Social, en un lugar donde escurren aguas negras, porque no hay drenaje en el poblado; el DIF municipal ya informó a los padres de familia que el lugar no cumple con medidas de higiene y que el comedor podría cerrar.
El pretexto para desplazar el comedor que exponen los policías ciudadanos que irrumpieron en Agua Caliente y La Concepción el pasado 8 de marzo con armas exclusivas del Ejército e ilegales, es que no tienen un cuartel, y con la autorización del comisario Tomás Hernández se apoderaron del espacio que tenía el comedor en la comisaría.
El fundador de la comunidad, José Luis Niño Nava declaró antes del inicio de la asamblea del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop), que hay mucha molestia de los padres de familia ante esta situación, porque muchos de los habitantes son pobres y el comedor comunitario es de mucha ayuda.
Dijo que además, los vecinos tampoco quieren a la Policía Ciudadana que ha hecho detenciones, incluso adentro de las casas de donde sacan a los jóvenes y los encierran en la comisaría que utilizan como cárcel, y que para ser liberados tiene que pagar de mil a 2 mil pesos.
El vecino indicó que al menos ha sabido de 15 detenciones en las que la Policía Ciudadana de la UPOEG, encabezada por el comandante regional Ernesto Gallardo, ha golpeado a los detenidos, quienes han sufrido lesiones gravemente, algunos han perdido dientes a causa de los golpes, pero que no se atreven a denunciarlo públicamente porque los Policías Ciudadanos los amedrentan, además de que portan armas largas de alto poder.
El fundador de la comunidad hizo un llamado al gobernador del estado Héctor Astudillo Flores y al presidente municipal Evodio Velázquez Aguirre, para que intervengan en la comunidad donde no se han registrado actos de violencia y todo ha estado en calma, porque quienes están siendo afectados son los niños de la primaria.

De los 84 pueblos de San Marcos en la UPOEG 48 se coordinan con Ernesto Gallardo, responden

El comandante de la Policía Ciudadana de San Marcos, Vicente Cuenca Campos afirmó que 48 poblados de los 84 donde tiene presencia su organización en ese municipio se mantiene la coordinación con el comandante regional, Ernesto Gallardo Grande.
En conferencia de prensa en la base de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos del Estado de Guerrero (UPOEG) en San Marcos, Cuenca Campos afirmó que quienes han dado declaraciones de que en cuatro municipios de la Costa Chica del estado han desconocido al comandante regional son compañeros que tratan de dividir el sistema.
Expresó que Gallardo Grande “no ha hecho nada de lo que no nos demos cuenta”, en cuanto a los operativos y detenciones donde ha participado el comandante regional. Informó que pese a que en San Marcos la base de Las mesas y otros 12 poblados se coordinan con Tecoanapa, hay comunicación y trabajo en equipo.