Lourdes Chávez

Chilpancingo

A ocho meses de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en Guerrero, sigue pendiente conocer la respuesta de los servidores públicos en la atención de mujeres que exigen este derecho, y establecer si en los servicios estatales de salud ya aplican los criterios para la prevención y atención de la violencia familiar de la Norma 046, señaló la feminista Lourdes Juárez Díaz.
La también defensora de los derechos sexuales y reproductivos, Jessica Estévez, aclaró que en el acompañamiento de casos en diferentes partes del estado, siguen encontrando resistencias de personal médico, que desalienta o retrasa la atención de las usuarias, en la conferencia sobre la reforma a la NOM 046, aborto legal y derecho constitucional que se realizó en el lobby del Palacio de la Cultural, parte de las actividades de la Semana Jurídica de la Secretaría General de Gobierno.
Las expositoras recordaron que antes de la pandemia de Covid-19, la Secretaría de Salud decía estar ya dando capacitaciones al personal médico, que también eran parte de las medidas de atención a las alertas de violencia de género, la primera por violencia feminicida y, otra agravio comparado debido al incumplimiento de la norma en la atención a víctimas que solicitaban la interrupción de un embarazo producto de violacion. Sin embargo, no hay indicadores de los resultados de las capacitación, advirtieron.
Estévez recomendó a las mujeres que necesiten de los servicios médicos, busquen primero el acompañamiento, porque los servidores públicos todavía no tienen claro lo que se aprobó.
Juárez añadió que es responsabilidad del estado dar la atención, y es un derecho de las mujeres acudir a los servicios de salud, por lo tanto se tiene que exigir que la teoría legal llegue a la práctica. Además, llamó al Congreso local a seguir mejorando la legislación local sobre los derechos sexuales y reproductivos.
La titular de la Unidad de Género, Marlan Márquez Valverde, moderadora en la actividad, pidió conocer los antecedentes del derecho a decidir en Guerrero. Juárez Díaz recordó que hubo tres momentos en que mujeres de manera organizada demandaron la despenalización del aborto, después, con la integración de la Alianza feminista del estado de Guerrero (2016) que promovió la alerta por violencia feminicida, se incluyó la medida de atención de las víctimas de violencia sexual que pidieran interrumpir un embarazo.
A esta siguió la alerta por agravio comparado (2019), más específica para la atención de este problema, ambas en proceso. Juárez destacó que cada vez llegan más aliadas y mujeres jóvenes a los espacios de gobierno para avanzar en nuestros derechos.
En la conferencia, la feminista se hizo un recorrido de la NOM 046 desde que aparece en 1999, y la modificación de 2005 cuando se incorporan los elementos de atención integral de la violencia familiar y sexual, a fin de hacer efectivo el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo; es decir, para solicitar el aborto en caso de embarazo por violación.
De 2009 y 2016 tuvo modificaciones para hacerla mucho más eficaz, en la atención médica con perspectiva de género que permita comprender de manera integral e inmediata el problemas de violencia.
Entre 2017 y 2018, indicó que las mujeres de Guerrero insistieron en que la violencia sexual mujeres iba en aumento, y los embarazos no deseados era un problema de salud pública, derivado que las mujeres pedían interrumpir y hacerlo en lugares insalubres, en lugar de hacerlo con medicamentos y los requerimientos necesarios.
En tanto, el sector salud estatal se negaba a aceptar la aplicación de la NOM 046, argumentando que no estaba homologada con el artículo 159 del Código Penal, que refiere las excluyentes de delito de aborto, entre ellas por violación sexual, pero con autorización del Ministerio Público.
La norma ya señalaba que, para acceder a la interrupción del embarazo, basta con hacer la solicitud por escrito bajo protesta de decir la verdad, “sólo las niñas menores de 12 años de edad, requieren la autorización del padre o madre, o a falta de éstos de un tutor legal para realizar dicha solicitud”.
Por otro lado, la Suprema Corte avaló el derecho de abortar a embarazadas menores en caso de violación, que obliga a a los servicios de salud pública a practicar abortos a las menores de entre 12 y 17, sin el consentimiento de sus padres o tutores.
Recordó que en México la tasa de madres menores de 18 años, es superior al promedio de América Latina, y México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil de entre 15 y 19 años, mientras que la tasa promedio a nivel mundial es de 46.