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El Plan B, para retirar privilegios al INE: Félix Salgado; viola la Constitución: Añorve

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Los senadores por Guerrero, Félix Salgado Macedonio y Manuel Añorve Baños, reiteraron sus diversas posturas referentes al dictamen de reforma electoral en el Senado de la República.
El morenista Félix Salgado aceptó que el primer dictamen enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no prosperó debido a la falta de votos para lograr las dos terceras partes a favor requeridas, señalando que los senadores pertenecientes a los partidos de oposición estuvieron en contra.
“El Plan A no pasó, la iniciativa del presidente López Obrador, porque nos faltaron los votos para lograr las dos terceras partes. Ustedes se opusieron. Eso era lo mejor y lo ideal para el país”.
Desde la tribuna del Senado, Salgado Macedonio afirmó que los senadores de partidos de oposición están en contra de retirar los “privilegios” del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmando que se busca continuar con la corrupción dentro de los procesos electorales.
“Viene el Plan B y también se están oponiendo, con argucias. Pero en realidad a lo que ustedes se oponen es a que se le quiten los privilegios al INE, una institución que nació para dar imparcialidad, certeza, confianza, honestidad en los procesos electorales. Ustedes quieren continuar con la corrupción, ustedes quieren continuar con los procesos de estado”.
El que estuviera contemplado a la candidatura para la gubernatura del estado de Guerrero en 2021, comparó los sueldos del presidente Andrés Manuel López Obrador con los recibidos por un consejero electoral, señalado que estaba a favor del dictamen para reducir los gastos de la dependencia.
“Vengo a apoyar esta iniciativa de reforma, porque viene cuando menos a paliar un poco el derroche que traen en el INE”.
Añadió que un consejero electoral posee consideraciones laborales como un seguro de separación, una gratificación de fin de año y las primas vacacionales, puntualizando que ni los mismos legisladores, cuentan con esas garantías.
“Ni nosotros tenemos esos salarios y privilegios que tiene el INE: ¿no nos da vergüenza?, pregunto. ¿A nosotros quien nos elige? El pueblo. ¿A los consejeros electorales quién los eligió? Y tienen más poder que ustedes y que nosotros”, señaló Salgado Macedonio.
Cuestionó que el INE tiene denuncia contra dirigentes del partido Morena y que la dependencia solamente se encuentra a favor de los partidos de oposición como el PAN, el PRD y el PRI.
“Ahorita el INE, el PAN y el PRD, demandan a prácticamente todos los dirigentes de Morena, menos al PRI y al PAN, no hay ningún denunciado o demandado y nosotros estamos contestando denuncias y demandas constantemente ¿De parte de quién está el INE? De parte de ustedes, de la mafia”.
Sobre la marcha pactada para el próximo domingo 26 de febrero, Félix Salgado preguntó los motivos de dicha manifestación, asegurando que era a favor de la corrupción, adelantando que votaría a favor del dictamen electoral.
“¿La marcha del domingo para qué es? Para pedir la libertad de García Luna, para pedir impunidad, para mostrar el músculo y traen ahí sus aliados perversos, pero en realidad eso no es una marcha por la democracia, eso es una marcha por la corrupción. Voy a votar a favor”.

La Corte dará la razón a las impugnaciones: Añorve

Por su parte, el integrante del Grupo Parlamentario del PRI, Manuel Añorve Baños, se manifestó en contra de la propuesta electoral, afirmando que los integrantes del bloque opositor cuentan con argumentos legales para su postura, a pesar de considerarlo anticonstitucional.
“Por más que las y los senadores de oposición tengamos la razón jurídica, la realidad es que la mayoría tiene los números para aprobar este documento, por más violatorio de la Constitución que sea,” dijo Añorve Baños.
Reiteró que la iniciativa electoral en discusión es inconstitucional, por lo cual se interpondrá una impugnación frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y adelantó que esa instancia les dará la razón.
“Una vez que este Plan B lleno de vicios, sea aprobado por ustedes y promulgado, nosotros como lo hemos dicho, lo impugnaremos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que estoy seguro nos dará la razón, porque tenemos la razón”.
De igual forma, el priista expresó que tanto el INE como el Tribunal Electoral son instituciones ciudadanas que han organizado procesos electorales “justos y limpios”, con un origen en la lucha histórica del actual gobierno.
El ex alcalde de Acapulco, manifestó que es necesaria mayor confianza por parte de los ciudadanos en las instituciones democráticas, además de señalar que no se requiere mayor intervención gubernamental.
“Estoy convencido de que todo esto no es un traje a la medida del presidente en turno. Por eso lo que necesitamos es más confianza ciudadana en las instituciones democráticas, no más intervención gubernamental”.
Adelantó que, como integrante de la oposición gubernamental, participará en la marcha a realizarse el próximo domingo 26 de febrero, aclarando que es una manifestación libre, sin presiones y ciudadana.
“Aquí se los aseguro, no habrá camiones, no habrá acarreados, no habrá consigna, vamos a salir a caminar y vamos a salir a manifestarnos, que la democracia no se toca, que el INE no se toca y que el voto no se toca”.
Se tiene programada una marcha para el próximo domingo 26 de febrero en contra del denominado Plan B electoral. Está contemplado que en la Ciudad de México se concentren a partir de las 11 de la mañana en el Zócalo capitalino.

 

El Plan B de AMLO permite a violentadores de mujeres ser candidatos, denuncia Rosario Guerra

Asistentes al foro Análisis del Plan B y como afecta a los derechos políticos electorales de las mujeres organizado por el PRD Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Durante el foro de análisis Plan B y cómo afecta los derechos políticos electorales de las mujeres, dirigentes y representantes del PRD, PRI y PAN criticaron la reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguraron que la combatirán porque atenta contra los avances logrados a partir de décadas de lucha, además de que se busca instalar “una dictadura populista”.
El acto fue convocado por la Organización Nacional de Mujeres del PRD, y fue encabezado por el presidente nacional de ese partido, Jesús Zambrano Grijalva. Estuvieron los presidentes estatales del PRD y PRI, Alberto Catalán Bastida y Alejandro Bravo Abarca, las secretarias generales de ambos partidos, Ivet Díaz Bahena, Pilar Vadillo Ruiz, y la secretaria del PAN, Guadalupe González Suástegui. También acudieron diputadas locales del PRD y PRI, así como regidoras.
En su intervención, una de las ponentes, la representante del Frente Cívico Nacional, Rosario Guerra Díaz, dijo que “el Plan B es el plan de plan de venganza” y señaló que estas reformas van en contra de los derechos políticos de la ciudadanía “está destazando al INE y está inhabilitando a la Corte para hacer interpretación de la ley”.
Dijo que “la parte más agresiva en contra de las mujeres” es en la que se quita “todo lo de la violencia contra las mujeres, todos los violentadores de mujeres pueden ser candidatos, a menos que hayan sido condenados por un delito penal”, e ironizó: “pero si nada más les pegaron, si nada más las violaron, si la maltratan en la casa o si a él le iniciaron procedimientos administrativos por acoso u hostigamiento, son cosas menores”. Aseguró que con la reforma esto tendrá una mínima relevancia y “la batalla jurídica será muy dura”.

Retroceso en la paridad de género: Vicenta Molina

La consejera electoral Vicenta Molina Revueltas hizo la observación respecto a que muchos de los que estaban presentes al inicio del foro se retiraron, “es importante en este tipo de eventos que no nos abandonen, que nos mantengamos y podamos escuchar las opiniones y el análisis que hoy tenemos”.
Molina Revueltas enlistó los avances en materia de derechos políticos electorales que se han logrado en las últimas tres reformas a esta ley, “con un denominador común que es su carácter evolutivo y garantista”.
Y consideró que “una genuina reforma electoral, realmente democrática, debe ser ampliamente consensuada, incorporando al debate a la mayor cantidad de grupos sociales y más aún a aquellos que se ven afectados de manera directa con dichas reformas… que otorgue la mayor legitimidad posible a la ley”.
Además, consideró que es importante que las nuevas reformas no contravengan “derechos adquiridos particularmente de grupos históricamente vulnerados como el caso de las mujeres”. La consejera dijo que lo que preocupa de esta reforma “que se percibe la posibilidad de un riesgo o retroceso” en materia de paridad de género y los avances logrados.
Tanto la magistrada como la consejera se refirieron al artículo 7, numeral seis de la ley, en el que se dispone que “en ningún caso se podrán suspender derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía por sanciones administrativas o judiciales, distintas a las penales”. Vicenta Molina consideró que esto representa “un retroceso en materia de prevención y atención de la violencia política en razón de género”.
Alertó que no se podrán adoptar mecanismos como la iniciativa 3 de 3, la cual recordó que fue impulsada desde las organizaciones sociales “para evitar que deudores alimentarios y perpetradores de violencia familiar o doméstica puedan alcanzar una postulación a un cargo público, como favorablemente sucedió en pasado proceso electoral”.
También se refirió al último párrafo del artículo 11 que establece una reserva al Congreso de la Unión para que solo este pueda emitir normas que regulen la postulación de candidaturas, limitando a los órganos electorales que ya no podrán emitir lineamiento, acuerdos o reglamentos que garanticen derechos aún no contemplados en la legislación.
Vicenta Molina recordó que muchos de “los aciertos afirmativos que ya forman parte de legislaciones federales y locales nacieron como afirmaciones a través de la emisión de lineamientos específicos por parte de las autoridades electorales”, y pidió “cuidar que una reforma legal no acote o disminuya los logros que se han alcanzado mediante la implementación de acciones afirmativas”.

La reforma es una regresión: PRD

En la inauguración del foro, los dirigentes políticos en sus mensajes arremetieron contra el denominado Plan B, Catalán Bastida dijo que era el momento de “alzar la voz, y señalar que, de aprobarse la reforma electoral, el principio de paridad en la postulación de candidaturas puede quedar a la discrecionalidad de los partidos”, e insistió en que esta reforma es “una regresión del sistema político mexicano” que vulnera los derechos de las mujeres, de los afroamexicanos, los pueblos originarios, así como de los jóvenes.
Afirmó que con esta reforma se pone en riesgo el próximo proceso electoral por la disminución del presupuesto para el INE y la merma en ese mismo sentido de los órganos electorales locales, y que el gobierno federal “busca, a como dé lugar, hacerse de la mayor cantidad de recursos posibles, para mantener en campaña a sus candidatos presidenciales”
El dirigente perredista calificó como “fanáticos y aplaudidores” del presidente a los senadores que votarían a favor de esta reforma. Con eso se elimina “toda posibilidad de que el Consejo General del INE vigile y obligue a que los partidos políticos cumplan con la paridad”.
El dirigente perredista afirmó que van a “dar la lucha en las plazas públicas, en las marchas, en los medios de comunicación. La causa es justa, el momento que vive el país es grave… el plan B representa la anulación de todos los derechos políticos y democráticos ganados en estos últimos 20 años”.
Dijo que López Obrador busca “a como dé lugar, perpetuarse en el poder a través de esta reforma, desmantelando al árbitro electoral. Sin importarle a quién atropella. Porque simple y sencillamente ha surgido a la luz su verdadera naturaleza absolutista”.
Finalizó señalando que el gobierno federal “no es más que una mentira, utilizando un falso discurso para ganar electores, encubriendo sus mentiras en una gran simulación para proteger los intereses particulares de quienes hoy ostentan el poder”.
La secretaria general del PRD nacional, Adriana Díaz Contreras dijo que es riesgoso el “imponer sin consensos cambios a la legislación electoral secundaria que violan nuestros principios políticos electorales”. Consideró que esta reforma electoral es “innecesaria, pero que sirve a intereses políticos del presidente que busca dividirnos, pero sobre todo disminuir nuestras fuerzas”.
Adriana Díaz se refirió a las limitaciones operativas que tendrá el INE, además de que dijo que están en riesgo los espacios para mujeres, jóvenes, migrantes, indígenas, afromexicanos, y de la diversidad sexual.

En riesgo la convivencia democrática: Zambrano

Jesús Zambrano Grijalva calificó al Plan B como “nefasto” y afirmó que está en riesgo “nuestra convivencia democrática” y adelantó que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para buscar invalidar estas reformas ante la inminente aprobación por parte de Morena y sus aliados.
La secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN Guadalupe González Suástegui, en su participación, criticó que Morena y sus aliados defiendan y voten a favor estas reformas en materia electoral sin analizarlas.
Por su parte la presidenta de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez dijo que la paridad fue conquistada por la lucha de las mujeres y que “no es posible ni es justo que, a capricho de un hombre, se tenga que destruir todo eso”. La perredista recordó que las mujeres encabezaron una lucha para que sus derechos políticos fueran reconocidos.
Y llamó a las mujeres a informarse sobre las implicaciones de las reformas electorales contenidas en el denominado Plan B, para poder participar en la defensa de los derechos conquistados y no haya retrocesos.
Por el PRI intervino la diputada presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso loca, Gabriela Bernal Reséndiz afirmó que la democracia “corre peligro” y llamó a defenderla “el plan A era matar al INE, el plan B pretende descuartizarlo y fracturar, colapsar el sistema electoral, el plan C robarse nuestros votos, tomar por la fuerza al INE y desde dentro hacerlo estallar, y el plan D es instalar una dictadura, lo que Morena pretende, va contra la constitución y más, contra el derecho a votar, a informarse, a ser libre y también contra nosotras las mujeres”.
Gabriela Bernal afirmó que si eso ocurre el sistema democrático “está en riesgo” porque “las dictaduras populistas aseguran su continuidad apoderándose del órgano electoral”; la priista dijo que ante “tal peligro” es necesario manifestarse en contra de estas reformas, y calificó al Plan B como “un retroceso brutal para la democracia, que nos amenaza”.

 

Hará campaña Morena a favor del Plan B electoral contra “mentiras de la derecha”

Daniel Velázquez

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, informó que este domingo empiezan con actividades para revertir “las mentiras de la derecha” sobre el Plan B de la reforma electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Plan B es la respuesta que dio el presidente de la República a los partidos de oposición luego de que votaran en contra de la reforma a la Constitución el pasado 6 de diciembre. El Plan B consiste en una serie de reformas a las leyes secundarias de la Constitución, que acotan funciones, salarios y estructura del Instituto Nacional Electoral (INE).
Este miércoles, la Dirigencia Ejecutiva Estatal del PRD anunció su primer foro en el estado para el próximo 21 de febrero en Chilpancingo para hablar sobre cómo afectan los derechos políticos electorales de las mujeres el Plan B, en el que esperan la presencia de colectivos feministas.
Consultado por teléfono, el líder de Morena informó que realizarán actividades en plazas públicas donde expondrán los excesos de los partidos y el INE.
González Varona tuvo ayer una reunión virtual con el presidente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, donde se habló de la estrategia que desplegará Morena para defender el Plan B de la reforma electoral.
La primera actividad será este sábado en el Zócalo de Chilpancingo, donde realizarán un tendedero “de todas las falsedades que está diciendo la derecha”. También realizarán asambleas distritales, reuniones en plazas públicas.
“No vamos a hacer foros en hoteles, lo que hace la derecha, nosotros vamos con el pueblo, a las plazas públicas y los reto a ellos a que vayan a los kioskos, a los mercados, a las paradas de los autobuses a ver como lo va a recibir la gente”.
Agregó que serán actividades informativas y no para congregar a personas, para informar que se pretende con la reforma y “las mentiras de la derecha, de toda la retórica que han tomado”.
De lo dicho por el dirigente estatal del PRD que el Plan B es un retroceso para la democracia, González Varona respondió que “se trata de una total falsedad, es un retroceso para los partidos porque no quieren renunciar al financiamiento público, no quieren renunciar a las prerrogativas demasiado elevadas”.
Agregó que Morena siempre ha estado en contra del financiamiento excesivo a los partidos. Recordó que donaron el 50 por ciento de su presupuesto para la compra de vacunas y que la reducción del financiamiento a los partidos es para que no haya gastos onerosos: “la democracia no debe costar tanto al pueblo no es cierto que para que haya democracia se requieren carretadas de dinero”.
Sostuvo que el PRI, PRD y PAN requieren dinero público para la compra de votos.
De la reunión con Mario Delgado dijo que estaban en análisis la marcha del 18 de marzo para conmemorar los 85 años de la expropiación petrolera y está pendiente definir si los guerrerenses participan con contingentes o realizan una marcha en la entidad.

 

Convocará el PRD a foro sobre el Plan B electoral; participarán colectivos feministas

Integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD) durante la sesión en el restaurante 100% Natural; en la gráfica el presidente Alberto Catalán, la secretaria general Iveth Díaz, Elia Oropeza, Mario Ruiz, Robell Urióstegui y Eleazar Sierra Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, Alberto Catalán Bastida, advirtió que dirigentes ni representantes populares de Morena en el estado respaldan el Plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no tienen información o aceptan que significa un retroceso para la vida democrática del país.
Consultado sobre la sesión de la DEE del PRD de este miércoles, informó que se aprobó la convocatoria de un foro sobre el Plan B en Guerrero, con la presencia del presidente nacional y secretaria general, Jesús Zambrano y Adriana Díaz, y con la presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz.
Asimismo, se informó que el viernes la dirigencia estará en condiciones de presentar un amparo por el aumento de peaje en las carreteras de cuota en la Autopista del Sol, que afecta tanto a guerrerenses como a visitantes.
Adelantó que el amparo es parte de una serie de acciones contra el alza a las tarifas, relacionadas con manifestaciones de protesta
Añadió que representantes de Morena guardan silencio también sobre el incremento de cuotas a la autopista, como en la discusión de la reforma electoral.
En cuanto al foro del Plan B, sobre cómo afectan los derechos políticos electorales de las mujeres, indicó que es abierto al público y se realizará el martes 21 de febrero en Chilpancingo, con la dirigencia nacional, tanto el presidente Jesús Zambrano y la secretaria general Adriana Díaz.
“Esperamos contar con la participación de colectivos feministas, en particular de la red de mujeres políticas, pero es abierto al público porque es muy importante que demos a conocer los alcances que tiene, sobre todo afectaciones”.
Sobre la colaboración con la organización de la sociedad , explicó que tuvo oportunidad de hablar con mujeres de diferentes sectores relacionados con la Red en la instalación de uno de los grupos en Acapulco.
“Platicamos, muchas militantes en la Red, amigas de otros partidos y otros, y acordamos generar actividades para visibilizar los efectos del Plan B sobre los derechos de las mujeres. Por eso decidimos con la dirigencia nacional traer este foro, y visibilizar todos los atentados que pretende el gobierno  federal para perpetuarse en el poder”.
El tercer tema de la sesión, añadió, es la continuidad de la gira para reestructurar los comités municipales, donde estimó un avance de 60 por ciento.
Aclaró que en algunos municipios donde ya renovaron comités, siguen reforzando con visitas y coadyuvancia para el desarrollo del trabajo político de sus compañeros.

Acepta Muriel Salinas confrontar con el líder de Morena retrocesos en la reforma electoral

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, dijo que tomarán la palabra al presidente estatal de Morena, Jacinto Gonzalez Varona, para hablar de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como Plan B, que afecta los derechos políticos conquistados por las mujeres.
Esto, luego que el dirigente político negó que los cambios afecten los derechos de las mujeres.
En consulta telefónica, Salinas Díaz saludó la invitación del dirigente a reunirse con organizaciones feministas y mujeres para revisar los artículos del proyecto de reforma política que afectan la paridad y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y para señalar de manera precisa dónde están esas afectaciones en los distintos ordenamientos aprobados por el Senado y por la Cámara de diputados el 15 de diciembre.
Recordó que la Red, que tiene 13 años en la defensa de los derechos políticos de las mujeres, y la Red Plural de Mujeres, donde también participa, hicieron un análisis de la reforma.
Indicó que en el artículo 30.2 de la LGIPE, derogaron algunos fines del INE, sobre principios rectores de la función electoral y su aplicación con perspectiva de género, que son fundamentales para garantizar la paridad.
En el artículo 32.3, inciso L de la LGIPE, modifican la atribución del INE de garantizar la paridad de género y el respeto a los derechos políticos de las mujeres, que ahora estaría condicionada a los términos estrictos de la ley, y a las disposiciones internas de los partidos.
Pese a que se mantiene en diversos artículos, se eliminó la perspectiva de género en los fines del INE y la paridad de género quedó condicionada a las normas internas de cada partido.
En el artículo 11.4 de la misma ley, se prohíbe a las autoridades electorales la emisión de lineamientos para la postulación de candidaturas que ahora tiene, y que han sido fundamentales para garantizar la paridad en candidaturas de gubernaturas, que no se señala explícitamente en la LGIPE.
En el artículo 11 Bis, se prohíbe a las autoridades electorales, tanto el INE como autoridades locales y tribunales, resolver a plenitud de jurisdicción las controversias de selección de candidaturas a cargos de elección popular y de dirección de los partidos.
Explicó que la propuesta del Plan B es que las controversias de partidos, sean dirimidas en los órganos internos de justicia de los mismos partidos.
“Más allá del dato que aporta el dirigente, de que Morena tiene el mayor número de mujeres en cargos de elección, la realidad es que previo a haber tenido que postular mujeres, muchos partidos, y en algunos estados también Morena, impugnó los lineamientos para garantizar la paridad, por ejemplo, en gubernaturas”.
Por otro lado, señaló que en el artículo 5.2 y 5.3 de la Ley General de Partidos Políticos, se obliga a las autoridades electorales a respetar en todo momento la auto organización de los partidos en la resolución de sus controversias internas y se les se impide intervenir en la elección de las dirigentes de partidos.
Aún cuando hoy la ley obliga a los partidos a garantizar la paridad en la integración de las dirigencias, no se cumplen. Con esa modificación, las mujeres estarán impedidas a judicializar su cumplimiento.
En el mismo sentido se reforman disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la nueva Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral (LGSMIME), advirtió.
Además, se agrega el derecho de los partidos de regular su vida interna, en el artículo 23.1 inciso C, de la LGPP. También se excluye de la revisión de constitucionalidad y legalidad de las acciones afirmativas que, dentro del ámbito de su vida interna, determinen los partidos, en el artículo 39.1 inciso J de la misma ley.
Señaló que establecen “un coto infranqueable en favor de las dirigencias partidarias, el cual impedirá al INE, OPLES y tribunales electorales el revisar la constitucionalidad y apego a la ley de los procesos internos de selección de candidaturas y elección de dirigentes, así como resolver las controversias a plenitud de jurisdicción”.
Lo anterior afectará al conjunto de la militancia de los partidos, pero especialmente a las mujeres, que no podrán esperar que sus demandas de paridad, alternancia y vida libre de violencia les restablezcan sus derechos.
Asimismo, las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales no podrán “condicionar” el ejercicio de derechos político-electorales a mayores requisitos que los de la ley, que se establece en el articulo 5.4 de la LGIPE.
Con el artículo 7.6 de la LGIPE tampoco podrán suspender derechos político electorales por sanciones administrativas, o judiciales distintas de las penales.
Pese a que se mantiene la infracción por violencia política en razón de género, se derogó del catálogo de sanciones a las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular la negativa de registro por ser candidatas por estas causales, y no se usará el padrón de personas sancionadas por violencia política como criterio de elegibilidad, que se ganó en la reforma de paridad de 2020, y dará paso libre a violentadores y deudores alimentarios.
Consideró muy grave que no lo estén observando, y manifestó toda la disposicion un diálogo constructivo con los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, en el Congreso local, y con dirigencia estatal de este partido que está impulsando esta gran reforma electoral, “más allá de la retórica, tiene que traducirse en reforma garantista, y que no puede significar ningún retroceso para las mujeres”.

 

La reforma electoral no afecta derechos políticos de mujeres: líder de Morena

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, negó que la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador atente contra la paridad, y pidió a los partidos de oposición a que no desinformen a los guerrerenses, y a los colectivos de defensa de los derechos políticos de las mujeres a que señalen de manera puntual en qué artículos de la iniciativa se vulneran los derechos ya conquistados.
En declaraciones telefónicas, González Varona fue consultado por lo señalado por la presidenta de la Red del Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, en el sentido de que la Red de Mujeres en Plural encontró enormes retrocesos a derechos conquistados por la paridad y contra violencia política en razón de género en la propuesta del presidente, mismos en los que posteriormente coincidieron los dirigentes estatales del PRD y MC Alberto Catalán Bastida y Adrián Wences Carrasco así como la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso local, la priista Gabriela Bernal Reséndiz.
González Varona dijo que Morena siempre ha estado a favor de los derechos de las mujeres.
Afirmó que Morena es precisamente el partido “con más mujeres en el poder”. Ejemplificó con el proceso electoral pasado en el que, en municipios como Acapulco, Chilpancingo, y Zihuatanejo en el que el partido registró a mujeres en las contiendas municipales, no como los partidos de oposición que las llevaron en municipios pequeños, o en los que había pocas posibilidades de ganar.
Al dirigente del PRD Alberto Catalán Bastida le respondió que “primero revise su partido” porque Morena generó los espacios para que las mujeres participen de manera igualitaria “en los hechos”.
Defendió la propuesta del presidente, “la reforma electoral en ningún punto plantea la desaparición de la paridad, que ellos intenten buscar o ver fantasmas en donde no los hay, es porque quieren abrir debate público porque no tienen propuesta, no tienen militancia, no tienen organización”, por lo que únicamente buscan pretextos para hablar del presidente y de Morena.
González Varona dijo que son “importantes las precisiones y las observaciones de los colectivos feministas, cuando ellas gusten pueden consultarlo con nosotros, podemos revisar la ley y entablar diálogo, decirles que Morena no va a transgredir la paridad de género y jamás va a permitir la violencia política en razón de género porque nosotros somos pioneros en la defensa de los derechos de la mujer y de los derechos humanos”.
Sobre lo señalado por las activistas respecto a que en la reforma electoral se vulneran la alternancia de género, en la postulación de candidaturas de manera paritaria, así como en las posiciones de dirección de los partidos políticos, el dirigente morenista insistió en que se debe mencionar en qué artículo de la iniciativa del presidente se hace alusión a eso.
“Primero quisiera saber en qué artículos de la ley se quitan esos candados, que señalaran puntualmente en qué parte se habla específicamente de romper la paridad” pidió Jacinto González.
También señaló que “la certeza que deben tener los colectivos feministas y mujeres de Guerrero y del país, es que Morena nunca va a vulnerar la paridad y no va a permitir la violencia política de género” y aseguró que es el partido con más gobernadoras mujeres y alcaldesas de las principales ciudades en el estado.
Mientras que los partidos de oposición “nada más dicen que están con ellas, pero solamente de palabra porque en los hechos no veo mujeres, ahora dice Catalán que en las pluris que registraron fueron más mujeres, que revisen las listas quien iba en el número uno” dijo en referencia al ex alcalde de Acapulco Evodio Velázquez Aguirre a quien el PRD intentó asegurar una curul en la actual legislatura registrándolo en el primer espacio el cual no dieron a una mujer.
Sin embargo, quedó fuera debido a que se aplicaron criterios para garantizar 23 escaños para mujeres y 23 para hombres.
En ese sentido, el dirigente de Morena señaló que “ya sabemos cómo se las masca la derecha, siempre va a buscar querer descontrolar”, y a los dirigentes del PRI y PRD les pidió que mejor se preocupen por sus partidos ya que los ciudadanos “ya no los toleran”.
De lo dicho por la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso local, la priista Gabriela Bernal Reséndiz respecto a que desde Palacio Nacional “quieren quitarnos, borrarnos de la Constitución”, el dirigente de Morena señaló que esas “son opiniones del viejo PRI para confundir a los ciudadanos, eso no pasa, el presidente tiene gabinete paritario, pugnamos por la paridad… que la diputada no me venga a querer confundir a la población” porque aseguró que el presidente y el partido “estamos con las mujeres”.

 

Coinciden PRI, PRD y MC; la reforma de AMLO afecta derechos políticos de mujeres

 

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

La diputada local por el PRI, Gabriela Bernal Reséndiz, consideró que las reforma electoral denominada Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, es un retroceso para los derechos políticos conquistados por las mujeres, y sostuvo que las mujeres de cada partido deben organizarse y salir juntas porque se atropellarían sus derechos políticos: “desde Palacio quieren quitarnos, borrarnos de la Constitución y es lo que no vamos a permitir”.
Por su parte, los dirigentes del PRD y Movimiento Ciudadano (MC), en Guerrero, Alberto Catalán Bastida y Adrián Wences Carrasco respectivamente, coincidieron que no solamente en la paridad y contra la violencia política en razón de género habría un retroceso sino en otros aspectos de la democracia, y Morena no toma en cuenta los procesos democráticos que ha vivido el país, lo que “no se pueden borrar de un plumazo”.
Como informó El Sur, en una reunión de activistas feministas y representantes de organizaciones de mujeres en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), se planteó la preocupación acerca de la reforma electoral denominada Plan B del presidente López Obrador, en la que se detectaron retrocesos en los derechos activos y pasivos de las mujeres, especialmente en la paridad de género en la postulación de candidaturas y en las posiciones de dirección de los partidos políticos.

“No vamos a permitir el retroceso”: Gabriela Bernal

Consultada al respecto en el Congreso del Estado, la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz afirmó que el Plan B “es un retroceso para nuestros derechos conquistados, para los derechos políticos de las mujeres, por eso hay inquietud de organizaciones sociales”.
Aseguró que se ha reunido con integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, quienes le han externado esa preocupación, “pero es algo que tenemos que analizar todos los partidos políticos y poner en la mesa y en el centro de las agendas, los derechos de las mujeres conquistados”.
Mencionó que “cada vez que una mujer da un paso hacia delante, a veces hay quienes quieren hacernos retroceder, no lo vamos a permitir, vamos a seguir levantando la voz”, expuso que no permitirán ningún retroceso en el que “los organismos electorales no puedan tener atribuciones de observancia, vigilancia y que se cumpla realmente lo que está estipulado en nuestros derechos constitucionales”.
Aseguró que la mujeres se deberán organizar para no vamos a permitir ningún retroceso, “las mujeres de cada partido tenemos que organizarnos y salir juntas, porque es algo dónde van a atropellar nuestros derechos, es difícil acceder sí y ahora con el Plan B (la reforma electoral) sería más difícil, parecería que desde Palacio (Nacional) quieren quitarnos, borrarnos de la Constitución”.
Cuestionó que si se le quitan atribuciones a los organismos electorales como el instituto Nacional Electoral (INE) o los Organismos Públicos locales (Oples) quién va a vigilar que sus derechos políticos se cumplan, “eran a veces nuestra salvavidas de las mujeres cuando somos víctimas de violencia política, ahora a quién vamos a recurrir, si a ellos se les quitarían esas atribuciones, por eso es lamentable”.

Avances democráticos no se pueden borrar de un plumazo: Catalán

Consultado vía telefónica, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida aseguró que advirtieron en muchas ocasiones que el Plan B del presidente “es un retroceso, una involución en la vida democrática del país, no solamente en la participación igualitaria de la mujer en procesos electorales, hay muchas otras circunstancias, otros criterios que afectarán si esto se pone en marcha”.
Dijo que se solidariza con las mujeres que han dado a conocer la afectación a su lucha histórica como la participación igualitaria no sólo en las candidaturas sino en los espacios de representación de los partidos, y señaló que Morena “no toma en cuenta los avences democráticos que ha vivido México y que no se pueden borrar de un plumazo”.
Expuso que hace algunos meses retó a un debate del Plan B al dirigente de Morena en Guerrero, Jacinto González Varona, pero éste se negó y evitó hablar de la reforma electoral, “porque sabe que todos los argumentos que presentan no tienen sustento, pero sobre todo que son grandes manipuladores de las masas y de la población queriendo hacer creer que están al lado del pueblo, haciéndolos creer que son fundadores y que garantizan la democracia cuándo es todo lo contrario”.
Sostuvo que en el PRD respetarán “el papel y el espacio que han ganado hasta el momento todas las mujeres en el país”, comentó que no han posicionado a mujeres porque sean cuotas que tengan que cumplir por un mandato legal o porque así lo indiquen los institutos de participación ciudadana y electoral, mencionó que en el proceso electoral pasado presentaron “más candidaturas de mujeres,  de igual manera en la lista de plurinominales fueron más las mujeres que nosotros registramos como nuestras candidatas”.
Si pasa la ley MC la impugnará en la Corte: Adrián Wences

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Adrián Wences Carrasco, afirmó que en su momento los diputados federales de MC votaron en contra de la iniciativa de reforma constitucional a las leyes electorales, y por ello el presidente López Obrador recurrió al Plan B, el cual aún no ha pasado y necesita ser aprobado por la mayoría simple, al ser leyes secundarias, y en caso de que fuera aprobada la impugnarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Consideró que varios aspectos del Plan B representan un retroceso. “Nosotros estamos a favor de la paridad, en todas las candidaturas las hemos respetado absolutamente, en este caso te diría que no hay excepciones, estamos a favor de que se de la paridad, en las diputaciones lo hemos cumplido en la pasada elección e inclusive defendimos a una compañera que en Iliatenco, a Ruperta (Nicolás Hilario) a quién se le lastimaron sus derechos políticos por violencia política de género, entonces nosotros definitivamente estamos a favor de impulsar en todos los aspectos aquellas iniciativas que mejoren la calidad y la cantidad de participaciones de las mujeres en las elecciones”.
Expuso que a sus compañeras de MC “las hemos acompañado en sus demandas, cuando son legítimas las hemos respaldado, cuando han sido violadas en sus derechos por algún actor o actora, y lo que diría es vamos a seguir actuando de esa manera, si no sería incongruente que por una lado pronunciamos en el discurso y por otro, a la hora de votar, votemos en contra de los derechos de las mujeres, y en ese sentido ni un paso atrás”.

 

Afecta derechos políticos de las mujeres la reforma electoral de AMLO, advierten

Marina Reyna Aguilar, Rosa María Gómez Saavedra, Muriel Salinas Díaz, Cecilia Narciso Gaytán, Sol Cuevas y Flor Soto en la sala de juntas de la Codehum Foto: El Sur

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Red de Mujeres en Plural detectó enormes retrocesos a derechos conquistados por la paridad y contra violencia política en razón de género, en la reforma electoral denominada Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció la presidenta de la Red del avance político de las mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz.
Tras una reunión de activistas feministas y representantes de organizaciones de mujeres en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), donde planteó esta preocupación, explicó que la iniciativa que se revisa en el Congreso de la Unión afecta el derecho activo y pasivo de las mujeres, en relación con la alternancia de género, en la postulación de candidaturas de manera paritaria, así como en las posiciones de dirección de los partidos políticos.

Los partidos están callados

“Los partidos políticos están felizmente callados porque les encanta la idea de que los órganos electorales pierdan las atribuciones de observar, investigar y sancionar el incumplimiento de estos principios. No es que no se hayan dado cuenta, sino que están guardando un conveniente silencio en este tema”, recriminó.
Recordó que uno de los puntos más conflictivos de las reformas es que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales ya no puedan intervenir en la vida interna de los partidos políticos.
Destacó que la paridad de género se conquistó en dos momentos históricos: en la reforma constitucional de 2014, donde se instituyó para el Congreso de la Unión y para los congresos estatales, y en las reformas de 2020, en materia de paridad transversal que toca a los tres poderes del gobierno federal, y en todos los cargos de elección federal.
Asimismo, indicó que en 2020 se reformó la ley general de partidos políticos donde también se obliga a garantizar la paridad en la integración de las estructuras de las dirigencias nacionales y estatales de los partidos políticos, “todo esto se pierde con esta nueva iniciativa, porque no aparece, no está contemplado, y, por otro lado, se vulnera el ejercicio libre de violencia de los derechos político electorales de las mujeres”.
Precisó que el derecho al voto activo y pasivo de las mujeres se vulnera a partir de las limitaciones que se proponen para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los órganos electorales estatales, en la observancia a los partidos políticos sobre la legalidad de las postulaciones por el principio de paridad de género horizontal y vertical.
Señaló que la asignación actual de candidaturas e hace a partir de bloques de paridad y la alternancia de género (mujer-hombre) instituido desde la Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), y en las legislaciones de las entidades federativas.
Las autoridades electorales ya no podrán intervenir

Con la iniciativa se eliminaría la facultad de los órganos electorales de observar el incumplimiento y dar un plazo a los partidos para corregir las listas de candidaturas que no se ajusten a la paridad. Si aún incumplen, el INE y los órganos estatales pueden hacerlos.
Cuando se pierda esta facultad, estarán impedidos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE y las Oples para conocer, investigar y resolver en materia de paridad y en la integración de las dirigencias de los partidos, afirmó Salinas Díaz.
Aunque la paridad es constitucional, aclaró que al retirarla de la ley electoral, deja de ser vinculante y no hay manera de judicializar un conflicto cuando se trate de la vida interna de los partidos, sin la competencia de las autoridades electorales.  Esto afecta el derecho activo y pasivo de las mujeres a participar en la toma de decisiones.
Asimismo, la reforma propone derogar la facultad de los órganos electorales de emitir lineamientos y reglamentos para garantizar el cumplimiento de la ley.
Perdería el carácter vinculante el reglamento del INE para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política en razón de género, que incluye negar el registro en candidaturas a personas sancionadas en cualquier modalidad que, de acuerdo con la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, y a deudores alimentarios, lo que implica la 3 de 3 contra la violencia política.
“Son contradicciones muy serias que afectan los derechos político electorales de las mujeres porque la paridad es un principio constitucional, un mandato regulado en la legislación secundaria que rige el sistema electoral con la que rige la integración de los tres poderes de la Unión y del gobierno federal; 80 leyes federales y generalas reformadas para garantizar este principio”.
Por estos retrocesos, confirmó que la reforma sería objeto de recursos de inconstitucionalidad. Sin embargo, los partidos no hacen visibles estas afectaciones a los derechos de las mujeres.
“Por el contrario, vemos que están felizmente callados, porque como lo hemos señalado hace varios años, el principal obstáculo de las mexicanas para acceder al poder y a cargos de representación popular en igualdad con los hombres, son los partidos políticos”.
Señaló que los dirigentes de los partidos “se han resistido de manera brutal” a garantizar la paridad, pero avanzó en las legislaciones y hoy se sanciona incluso como violencia política en razón de género el incumplimiento de estas obligaciones, y la sanción más fuerte es la pérdida del registro.
Si avanza la nueva legislación será un indicador de que el país no tiene una posición madura para reconocer que los partidos políticos necesitan de las mujeres no solamente por un principio de justicia retributiva y en el ejercicio del poder, “sino porque somos la mitad de la población, del padrón electoral, por eso necesitamos que estén incluidos en la democracia representativa, nuestros intereses estratégicos y nuestras necesidades prácticas”.
Insistió en que este es un momento muy delicado para la vida democrática de México, cuando derechos conquistados hoy están en riesgo de perderse.
Los únicos que pueden poner un recurso de inconstitucionalidad son los partidos, pero la Red de Mujeres ya busca acercamientos para que se incorporen estos elementos al juicio.

 

Una reforma electoral debe ser de consenso o se generarían conflictos: Fernando Faz

El consejero del INE José Martín Fernando Faz Mora responde a las preguntas de los reporteros Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), José Martín Fernando Faz, declaró que una reforma electoral como la que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador debe ser necesariamente por consenso.
Añadió que no es posible el plan B del que habló López Obrador para reducir el número de diputaciones federales ni para modificar la integración del Consejo General del INE, como lo propone con las reformas a las leyes secundarias.
El consejero fue entrevistado después de la presentación de la Estrategia Integral de la Cultura Cívica del Estado de Guerrero 2020-2026 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en el auditorio del Tribunal Estatal Electoral (TEE).
Fernando Faz declaró que es importante el consenso amplio para la reforma electoral y advirtió que cualquier reforma electoral que no sea resultado de un consenso entre todos los actores que están en las reglas del juego “no es una reforma pertinente” porque podría generar conflictos posteriores.
“Si vemos la historia de las reformas electorales anteriores todas han sido mediante un amplio consenso”.
Agregó que se debería revisar bien qué implica el “Plan B” del que habló el presidente “y debería verse de qué se trata y que está sobre la mesa de discusión”.
Explicó que la reforma constitucional es la que pretende reformas más severas y que habría que ver en qué términos viene la propuesta de reformas secundarias “porque aun cuando sea una reforma de Plan B requiere de un consenso amplio de todas las fuerzas políticas”.
Agregó que en su caso llamaría a la ponderación seria y explicó que “conveniente que se determine un espacio para la discusión de la reforma electoral una vez pasado el proceso electoral del 2024 en donde haya en verdadera participación de todos los actores políticos para alcanzar consensos como han sido las reformas electorales previas”.
Por lo pronto, advirtió que los actores políticos que ya comenzaron a participar previamente en el proceso electoral deben apegarse a las reglas que hay actualmente para que no vayan en contra de las medidas, “de no ser así el INE tomará las medidas que sean necesarias”.
Anunció, además que el INE va a presentar una controversia constitucional para defender el presupuesto en los términos que ya los propusieron para el próximo año y, además, declaró que en su momento si queda firme harán un ajuste que permita sacar adelantes “los distintos temas que hay”.
Insistió que harán uso de los mecanismos institucionales que existen para defender lo que ya está establecido en la ley “porque nosotros no somos actores políticos para adjetivar si el presidente es aquello o no, lo que si vamos a utilizar son los mecanismos que existen para controvertir decisiones que consideramos pueden lesionar al Instituto”, dijo.
Explicó que si bien hay desconfianza a la democracia, no hay desconfianza a los procedimientos democráticos del INE, “de hecho hay un apego y la mayoría de los ciudadanos estima que el modelo democrático es el mejor, el desapego a la democracia no tiene que ver con los pecaminosos procedimentales que son los procesos electorales, estos no son objeto de inconformidad”, aseguró.
Explicó que la desconfianza y desaliento por el resultado de la democracia es en térmimos de desigualdad y discriminación, no respecto de la parte procedimental, “de hecho aun con todo y ese desencanto de la democracia, siete de cada 10 personas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica prefieren a la democracia como un modelo, y la democracia necesariamente requiere de elecciones democráticas”.
Presumió que el INE desde el 2014 ha realizado 330 alecciones y que ninguna ha generado un problema político o social; “las que se han llegado anular han sido por cosas que tienen que ver con asuntos locales como en el municipio de Iliatenco que fue por violencia política de género realizado por actores, pero no por desconfianza al INE”.
Destacó que la “estabilidad política y social” de esas 330 elecciones “valen cada peso de lo que se le ha invertido al INE en estos años”.

 

Regular la relación dinero-política, la siguiente etapa de la reforma electoral

Conferencia del consejero electoral Rodrigo Morales

 La reforma electoral, en su segunda parte, debe consistir en la regulación de la relación entre el dinero y la política, para que no se empiece a perder credibilidad en los comicios,  para que no se pierda la legitimidad en el mismo régimen político, expuso el consejero electoral del Instituto Federal Electoral, Rodrigo Morales Manzares, en su conferencia magistral: La reforma Electoral, en su Segunda Generación.

“Es precisamente aquí donde surge la necesidad de una reforma que dé cuenta de estos cambios, que atienda estos nuevos problemas propios de una democracia surgidos por el aumento en el nivel de competencia política”, señaló.

Morales Manzanares explicó que en la regulación del financiamiento de los partidos políticos, existen algunas consecuencias que se pueden dividir en cinco aspectos, a saber: el financiamiento público, la fiscalización de los recursos, la rendición de cuentas, la regulación de precampañas y la duración y calidad de las mismas.

El ponente explicó que en el aspecto del financiamiento público, es probable que “nos encontremos en la etapa de los rendimientos decrecientes, indudablemente los gastos de campaña han ejercido una influencia altamente significativa en la competitividad y determinación de los resultados electorales. Sin embargo, llegado el gasto hasta cierto límite, la posibilidad marginal se ha vuelto negativa tanto en términos del costo del voto como con relación a la legitimidad del sistema electoral en su conjunto. Es decir, disminuir el monto de financiamiento público, puede ser un nuevo factor de legitimidad.

Sobre la fiscalización de los recursos,  comentó que la disposición para un financiamiento equitativo serían inocúas, si no van acompañadas de reglas de fiscalización claras. La equidad y la transparencia son los dos pilares sobre los cuales se sostiene el financiamiento partidario como un factor de estabilidad, la idea fundamental es evitar fuentes de financiamiento que a la postre se constituyan en un factor de ilegitimidad e inestabilidad.

En la reforma del 96, explicó, aparece claramente el tema de financiamiento de partidos, pero no se ha traducido en reformas legales.

El consejero electoral del IFE manifestó que la rendición de cuentas de los partidos, uno de los temas inacabados en los procesos de las reformas electorales, consiste en convertir a los partidos en instituciones más abiertas y transparentes, donde los partidos tienen que dar a conocer a la ciudadanía la reglamentación y operación interna de los partidos políticos, y a sus militantes los derechos que tienen.

Sobre la regulación y calidad de precampañas, indicó que en el caso de los servidores públicos, eventualmente pueden contar con una ventaja indebida, ya que tendrían a su disposición mucho más tiempo y recursos.

Dijo que no existen indicadores claros que señalen cuándo comienza una precampaña, “sería deseable contar con normas objetivas al respecto, donde se tengan que reportar gastos y presentar informes”.

Morales Manzanares señaló que hay la idea de que la autoridad electoral sea la que casi tenga el monopolio de la compra de los medios para evitar tarifas diferenciadas y regule el tiempo de los mensajes. “Las leyes electorales expresan los objetivos y las aspiraciones de un país”.

A la conferencia, que se llevó a cabo en el salón de usos múltiples de la Universidad Americana, asistieron el dirigente estatal de Convergencia, Luis Walton; el síndico Fernando Donoso, el regidor Mario Ramos.