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Protestas y división en reunión de Morena con organizaciones sociales que apoyan a AMLO

Con protestas contra la dirigencia estatal de Morena y una evidente división interna se llevó a cabo en Acapulco un acto de respaldo de organizaciones sociales a Andrés Manuel López Obrador. Durante la reunión hubo destapes a favor del presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) Pablo Amílcar San-doval como candidato a senador.
Ayer en el cuarto piso del Centro de Negocios Costera 125 se llevó a cabo la reunión Promovien-do la unidad para preparar el camino y organizados enfrentar las siguientes etapas de lucha.
En la reunión donde se habló de la unidad en torno a López Obrador fue evidente la división en ese partido. El secretario general, el ex rector de la UAG, Marcial Rodríguez Saldaña, quien estuvo en el acto, fue ignorado. Ni siquiera fue presentado como uno de los asistentes y permaneció de pie durante la sesión en uno de los costados del salón. No fue invitado al presídium donde estuvieron Amílcar Sandoval y el presidente del Consejo Estatal, Luis Enrique Ríos Saucedo.
El desprecio al secretario general fue evidenciado por algunos de los asistentes, quienes gritaron porque se presentara a Marcial Rodríguez y pugnaron porque en el presídium se incluyera además a César Núñez, primer dirigente de ese partido en la entidad, y al diputado federal Roberto Guzmán Jacobo.
En su discurso Sandoval Ballesteros destacó que Morena es la primera fuerza en el país y ya es reconocido por las fuerzas políticas.
Y en alusión a que no tiene presencia en Guerrero, sostuvo que Morena tiene el cien por ciento de su estructura para garantizar que los votos se cuenten.
Convocó a los asistentes a que se organicen seccionalmente como observadores electorales y en brigadas ciudadanas que vigilen que “no se les meta mano a los votos”.
Invitó a los militantes y simpatizantes a la firma Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México el próximo 3 de septiembre en la Ciudad de México y a entregar propuestas para el programa de gobierno para que estas sean asumidas por los representantes populares del partido.
En su intervención, el ex presidente estatal de Morena César Núñez alertó que “si no aprovechamos la oportunidad a lo mejor ya no se den las condiciones” para transformar al país.
Señaló que el Frente Amplio Democrático impulsado por el PRD y el PAN es una herramienta de la “mafia del poder” para impedir que López Obrador llegue a la Presiden-cia de la República. “Se trata de crear un polo que le reste voto”, dijo y llamó a los militantes de base de esos partidos “a que piensen, que reflexionen que ahora no se puede jugar el papel que jugaron en el Estado de México”.
Llamó a los militantes a defender a López Obrador “de que es un Chávez, que es un Maduro”, en referencia a los presidentes de Venezuela a quienes se señala de dictadores.
En la ronda de participaciones, la ex aspirante a la Rectoría de la UAG Silvia Alemán Mundo reclamó la poca participación de las mujeres como representantes de organizaciones. Durante el acto, de la veintena de participantes, solo hubo tres voces femeninas.
El ex rector de la UAG Alberto Salgado dijo que “los bandidos” no quieren dejar el poder y por eso deben ser sepultados con votos para que se reconozca el triunfo de López Obrador.
El vicepresidente del Colegio de Abogados José Luis Ángel Damián destapó a Amílcar San-doval como candidato a senador. De la Coordinadora Pro AMLO Ramón Gracida llamó a pasar de la euforia a la organización.

Un acto “magnifico”

En declaraciones al finalizar la actividad, Sandoval Ballesteros confió en que no se profundicen las divisiones en el partido: “sabemos que hay diferencias, en todas las organizaciones sociales hay diferencia de opinión”.
Argumentó que el formato de la actividad fue lo que no permitió que el secretario general fuera parte del presídium. “No fue una cuestión de exclusión, lo que queremos es minimizar las diferencias”.
Sandoval Ballesteros calificó la reunión como un acto “magnifico” pues muestra el interés que suscita el partido y minimizó la protesta de “una persona” pues en un acto programado para 200 personas llegaron 600.
Del destape a su favor, dijo que llegará el momento para eso cuando lo determine la dirigencia nacional.
Sostuvo que la protesta de una persona no es motivo para hablar de división en el partido. Pero al mencionarle que el secretario general del partido estuvo relegado, evitó el tema: “Desde nuestro punto de vista el evento fue exitoso, me parece que es lo que resalta aquí, no nos alcanzó, ya no digamos el salón ni siquiera el edificio, no los dejaron entrar, se desbordó”.
Al PRI y al PRD les dijo que se llevarán una gran sorpresa pues serán los ciudadanos quienes decidirán que ambos partidos ya no los representan.
De la reunión entre PAN y PRD en el estado, opinó que se trata de “un despropósito, allá ellos”.

La protesta

El consejero estatal y nacional de Morena Ignacio Pérez Parra protestó al inicio del acto y en el transcurso del mismo para pedir que el Consejo Estatal sesione porque no lo ha hecho en dos años.
También acusó al presidente estatal de Morena de que paga a “20 aviadores” con recursos del partido.
Protestó porque no se mencionó a los consejeros estatales ni al secretario general Marcial Rodríguez Saldaña.
Los reclamos de los militantes al principio de la sesión fueron apagados con gritos de “Obrador, Obrador”. Después fueron cambiados por “fuera, fuera” y “fuera porros”.
Después de la intervención de Sandoval Ballesteros, Pérez Parra volvió a levantar la voz y lo acusó de no querer convocar al Consejo Estatal, “lleva pasado del año de que no ha hecho Consejo Estatal”. Y dijo que éste no se convoca porque Sandoval Ballesteros tiene miedo que los consejeros “lo corramos”,
Mientras, los demás gritaban “fuera, fuera”, “fuera porros”, “Morena, Morena”.
Con el micrófono, Bulmaro Muñiz Olmedo señaló que el consejero que interrumpía es afín al secretario general Marcial Rodríguez. Ignacio Pérez respondió: “Yo no vengo mandado por nadie, soy consejero estatal que le quede claro. Lo que vengo es a reclamarle al señor que haga Consejo porque lleva más de un año que no hace Consejo Estatal, el estatuto está muy claro, que cada tres meses debe haber Consejo”.
Mientras seguían gritos para que se callara, otros se acercaron para pedirle que cesara en su protesta. A todos les reclamó que quisieran sacarlo a empujones del salón.

Los asistentes

El salón del centro de negocios Costera 125 ubicado en el cuarto piso fue insuficiente para recibir a los militantes y simpatizantes de Morena. A algunos se les impidió el paso al recinto por parte de los guardias de seguridad, otros quedaron en los pasillos y algunos fuera del salón. La explicación que les dieron es que ya no podían ingresar porque se había rebasado el cupo recomendado por Protección Civil.
En el salón había 230 sillas instaladas y unas cien personas de pie. Cuando el presidente del CEE llegó al salón el guardia no le permitía el paso, con el mismo argumento de que se había rebasado el cupo.
Algunas personas empezaron a gritar que lo dejaran pasar porque era el presidente dde Morena y tuvo que reconocerlo una de las personas que estaban adentro para que se le permitiera el acceso.
Afuera se quedaron unas 40 personas y en las escalinatas otras 20, a quienes se les ofreció que al final se les informaría sobre lo sucedido.
En la presentación de los dirigentes, los asistentes presionaron para que se incluyera en la mesa el ex presidente estatal de Morena César Núñez Ramos, al diputado federal Roberto Guzmán Jacobo y al secretario general Marcial Rodríguez Saldaña. Este último permaneció relegado en un rincón la mayor parte del acto y se retiró poco antes de la clausura.
En el presídium estuvieron las consejeras estatales Matilde Testa García, Lorena Morales Castro, Gisela Ramírez Lorenzo; los regidores de Atlixtac Lorena Salgado Sánchez; de Tlapa, Eloy Guerrero; de Coyuca de Benítez, Areli Cortés García; de Tixtla, Nancy Armenta Espinoza, y de Tlalixtaquilla, Antonio Mirón Ramírez.
De acuerdo con los organizadores a la reunión asistieron más de cien organizaciones para manifestar su respaldo a López Obrador. Se sumaron el Frente Guerrerense Magisterial encabezado por Walter Añorve, Robespierre Moreno y Marco Antonio Adame; de la sección 24 del SUSPEG, Gustavo Solís Adame; ex braceros, de Carmelo Loeza Hernández.
Del Movimiento Acciones por la Educación, José Abel Sánchez Marcos; de la asociación Equidad y Desarrollo Sustentable, Gabino Solano; Reconstrucción Ciudadana, de Javier Solorio; del Frente de Organizaciones Civiles de Acapulco, Blas Alarcón Garcí, y de Unidos por la Dignificación de los Pescadores, Bonifacio Díaz Alonso.
Asimismo, Apolinar Segueda Dorantes de la Unión de Transpor-tistas Democráticos (UTD), ; de la asociación de egresados de Ayotzinapa, Moisés González; el vicepresidente del Colegio de Abogados del estado de Guerrero, José Luis Ángel Damián; del Frente Progresista Guerrerense, Nemesio Soberanis; y de la asociación civil Nunca más un Tlapa sin nosotros, Fredy de Jesús Castro Guevara.
De la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Carlos Mesino Mesino; de la Cámara Nacional de la Industria Forestal, Emeterio Gama Quirino; d.
También la Organización Social Morelos; Abogados Democráticos; delegación de jubilados y pensionados del IMSS; Movimiento de Restauración de México; Amigos de Morena; Coordinadora de Organizaciones Campesinas y Populares; Fundación Juntos por Guerrero; vendedores de artesanías de Caleta y Caletilla, Comisarios de Coyuca de Benítez de Pueblo Viejo y Tixtlancingo, de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y cuatro Cooperativas de pescadores.

Chichihualco es un foco rojo y requiere un seguimiento puntual, dice Florencio Salazar

 

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, enfatizó que para el gobierno del estado el municipio de Chichihualco es un foco rojo, que requiere un seguimiento puntual.
“Nos preocupa que la acción legítima del Estado, a través de la Policía Federal, pueda ser obstaculizada por grupos de personas armadas”, enfatizó.
Entrevistado en su oficina del edifico Norte, del Palacio de Gobierno, el funcionario señaló que la actual administración ha visto de “buena manera” la presencia de las policías comunitarias, pero las que están fundadas en la ley 701.
“Las que responden realmente al sistema tradicional de impartición de justicia y jurisdicciones concretas, que son mandatadas por comunidades indígenas y pueblos originarios”, agregó.
Señaló que cuando se conforman grupos que se oponen a la presencia policial, el gobierno del estado considera que deben ser disuadidos a través del diálogo, como aseguró que se está haciendo en el caso de Chichihualco.
“Para que la policía pueda cumplir con su tarea constitucional, en el caso de la policía federal, se debe de recordar que ahí fueron atacados y murió uno de sus efectivos”, agregó.
Insistió que existe el interés correspondiente de la Policía Federal para realizar las indagatorias correspondientes del ataque que sufrieron y donde resultaron heridos y muerto un agente federal.
Salazar Adame puntualizó que lo que no se puede pedir es que salga la policía, cuando se requiere de más presencia de organizaciones que permitan cumplir con los temas de seguridad.
Dijo que para evitar la confrontación, se han estado teniendo reuniones con el alcalde panista, Alfredo Alarcón Rodríguez, y con la policía, junto con las personas que instalaron los retenes, para disuadirlos .
“No podemos dejar que sean grupos armados los que se confronten con las policías si hubiera alguna acusación concreta contra algún policía se debe presentar la queja”, comentó.
Recodó que después de la reunión de trabajo celebrada en Casa Guerrero, en la que participó el gobernador Héctor Astudillo Flores, se propuso que la Secretaría General de Gobierno estaría al tanto del problema.
Por lo que aseguró que se ha enviado de manera constante a representantes de su secretaría para que estén al pendiente de los sucesos.
El funcionario estatal aseguró que hasta el momento no se ha presentado alguna queja formal en contra de la Policía Federal, sobre los abusos que supuestamente cometieron en contra de la población de Chichihualco.

Alerta de Género

Sobre la búsqueda del dinero para continuar con la Alerta de Género, Florencio Salazar anunció que el lunes se realizará una reunión interinstitucional en la que se revisará la metodología para aplicar las políticas de salud, seguridad, educación y fiscalía.
“De qué manera podrán destinar dinero de su presupuesto aparte de lo que designará la Secretaría de Finanzas, como lo ordenó el gobernador, para estar en condiciones de entregar en 30 días establecidos, cuáles son las acciones concretas en que tiempo y con qué soporte presupuestal”, concluyó.

Aportará el gobierno estatal el 10% de la prima vacacional de trabajadores de la UAG

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien accedió a aportar el 10 por ciento del pago total de la prima vacacional de los trabajadores.
Saldaña Almazán informó que con el gobernador “platicamos” sobre diferentes temas, pero el prioritario fue sobre los pagos de fin de semestre en la institución.
En declaraciones telefónicas, el rector dijo que se reunió con Astudillo Flores en Casa Guerrero, “me recibió, me escuchó y resolvimos el asunto”, por lo que los universitarios tienen garantizado el pago de su salario, así como el de la prima vacacional que les corresponde por el receso de verano.
Puntualizó que “todo se resolvió a favor” y que a la UAG le faltaba el 10 por ciento del total de pagos de salarios y prestaciones de los trabajadores, el cual aportará el gobierno estatal, pero por seguridad no precisó la cifra.
Manifestó que los directores de la UAG le piden que no informe las cifras que recibe la institución, debido a “cuestiones de inseguridad que se han acentuado”, además de que parece que “los que se dedican al mal” están al pendiente de los medios de comunicación.
Por otra parte, expuso que siempre hay gastos adicionales e improvistos, por lo que se acumula el déficit financiero, esto debido a que por disposición del gobierno federal la UAG incrementó su matrícula, en su administración pasada se abrieron 21 programas de estudios, pero las autoridades “sólo nos dieron recursos para estructura y equipamiento”.
Señaló que al incrementar la matrícula “se adquieren mayores necesidades, por eso se genera un déficit todos los días”, aunque la UAG trata de ahorrar recursos mediante el plan de austeridad que implementó.
Se le preguntó si con Astudillo Flores habló sobre la inseguridad y cómo ésta ha afectado a los universitarios, a lo que contestó que “relativamente sí”, pero que ese tema lo discute con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Javier Olea Peláez, con quien le ha dado seguimiento a los casos de asesinatos en los últimos dos meses.
Sobre la sesión extraordinaria del Consejo Universitario, que se llevará a cabo hoy en el auditorio de la Rectoría, en la capital, dijo que “en términos generales será abierta”, además de que se convocó a los consejeros para integrar comisiones y calificar los procesos electorales que se repusieron en el Instituto de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IEPA-IMA) y en Filosofía y Letras.
Adelantó que en la sesión se entregará un reconocimiento “a gente que ha tenido una participación en la lucha de migrantes”, al igual que “a una mujer que se dedica a la atención de los dreamers”, con quien la UAG está trabajando para armar un centro de investigación.
Por último, llamó a los universitarios a tener confianza en que el ciclo escolar se cerrará de la mejor forma y de que los derechos laborales están garantizados.

Piden que acabe el ambiente hostil y haya respeto a los trabajadores de los medios

 

Ante el incremento de las agresiones, amenazas y hostigamiento a periodistas en las últimas semanas, reporteros de la entidad emplazaron este domingo a los tres poderes del estado para que frenen el ambiente hostil y hagan un llamado a los actores políticos y sociales a propiciar un ambiente de respeto hacia los trabajadores de los medios de comunicación.
En un recuento que abarca del 13 de mayo al 27 de junio, se contabilizaron 15 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, en las que 21 periodistas se vieron agraviados.
Las cifras se dieron a conocer en la asamblea extraordinaria de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG), en donde comunicadores de distintas regiones del estado contaron sus testimonios del ambiente de violencia en el que realizan su trabajo.
Mientras tanto, representantes de organismos civiles de derechos humanos y dirigentes de organizaciones sociales, expresaron su respaldo a los comunicadores.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, propuso elaborar un informe de agravios a periodistas en Guerrero para que sea enviado al relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque dijo que “es importante que los organismos internacionales de derechos humanos volteen su mirada al trabajo periodístico” de Guerrero.
Los periodistas convocaron a representantes de organismos civiles de derechos humanos y a dirigentes de organizaciones sociales, a su asamblea extraordinaria, que se realizó en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Chilpancingo, en donde demandaron que estén observantes y el respaldo ante el clima hostil que se está generando hacia su labor.
“Nunca como ahora la libertad de expresión había estado en peligro, ni los periodistas se habían visto tan amenazados. En estos días, los periodistas trabajamos literalmente bajo fuego; gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas pareciera que nos tienen bajo la mira”, dice el pronunciamiento final de los comunicadores.
“En tiempos de tentación autoritaria y de pérdida de fe en las instituciones, el periodismo suele ser el último refugio de los sensatos”, citan en el texto al periodista Tomás Eloy Martínez.
Y agrega: “El encuentro de hoy con ustedes (los representantes de organismos civiles y organizaciones sociales), es precisamente un acto de sensatez. Es para hacer un llamado a todos los sectores al buen juicio, al respeto, a la prudencia y a la madurez en sus actos y decisiones para con sus medios de comunicación, pero sobre todo, con sus periodistas”.
Subrayan que en un recuento del 13 de mayo al 27 de junio pasado se contabilizaron 15 agresiones contra periodistas y medios, en las que 21 reporteros se vieron agraviados.
Destacan los casos de Sergio Ocampo, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Jair Cabrera, Hans Máximo y Pablo Pérez, quienes el 13 de mayo fueron privados de su libertad cerca de Acapetlahuaya por 100 hombres armados que les robaron su equipo de trabajo, pertenencias personales, dinero en efectivo y una camioneta en la que se transportaban.
Otro de los casos que citan es el de Marcela de Jesús Natalia, quien fue atacada a balazos en Ometepec el 3 de junio, cuando salía de su turno laboral y que sigue restableciéndose.
Mencionan, además, los casos de Ruth Tamayo, Noé Aguirre, Jaime Ojendiz y Hercilia Castro, quienes el 19 de mayo sufrieron hostigamiento verbal por el presidente municipal de Zihuatanejo, Gustavo García. Además, presentaron el caso del corresponsal de Proceso, Ezequiel Flores quien el 11 de junio, denunció que persiste la vigilancia y persecución en su contra por parte de desconocidos armados que lo vigilan afuera de su domicilio.
Dos casos más que denunciaron fueron los de las reporteras de El Sur, Brenda Escobar, quien sufrió hostigamiento y amenazas por familiares del presunto responsable del asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, frente a policías estatales que no hicieron nada por impedirlo, y el de María Avilez, quien sufrió obstrucción de su cobertura informativa y amenazas por una auxiliar de la secretaria de la Mujer, “quien fue complaciente con su subalterna”.
Otro de los casos fue el del reportero Héctor Briseño, a quien el 27 de mayo, sindicalistas del ISSSTE le impidieron realizar su labor “y después, justificaron su acción con el aspecto sudoroso del compañero y a través de las redes sociales emprendieron una campaña de linchamiento y amenazas de muerte en su contra”. A la lista de agravios sumaron los dos periodistas asesinados en los dos años de la administración de Héctor Astudillo: Francisco Pacheco, de Taxco, en abril del 2016, y Cecilio Pineda, de Ciudad Altamirano, en marzo pasado. “El común denominador en todos los casos ha sido la impunidad, la protección y la complicidad de las autoridades con los agresores”, anotaron los reporteros en su pronunciamiento.
“Frente a estos hechos, los periodistas no pedimos mecanismos ni medidas de protección, simplemente el cese de la impunidad y el castigo a los culpables, para evitar que los agravios se repitan. En una palabra, que las autoridades cumplan con su responsabilidad de garantizar seguridad a toda la sociedad agraviada por la violencia. En esa medida, los periodistas ejerceremos de manera plena nuestra labor”, dice el escrito.
Los reporteros emplazaron al gobernador Héctor Astudillo, “responsable de lo que pasa en Guerrero”, y a los poderes legislativo y judicial, a que se pronuncien y hagan un llamado a los actores políticos y sociales a propiciar un ambiente de respeto hacia los trabajadores de los medios de comunicación.
“A los organismos civiles y sociales, pedimos que estén atentos y les solicitamos su respaldo ante estos intentos por inhibir y socavar la labor de los periodistas, pero también recomendamos que sean más exigentes con sus comunicadores, para que cumplan con su función que debe ser al servicio de la sociedad”, dice el escrito.
Durante las intervenciones, el corresponsal de El Sur en Tierra Caliente, Israel Flores, quien había confirmado su asistencia a la reunión, vía telefónica explicó que no pudo asistir “por lo complicado para salir de la región” y que “nos sentimos amenazados”.
Reconoció que, en esa zona, por la violencia se han perdido ya todas las garantías, incluida la de libertad de expresión, porque los reporteros recurren a la autocensura como mecanismo de protección.
En cambio, Luís Daniel Nava, corresponsal en Chilapa, otra de las zonas violentas, dijo que a pesar del ambiente hostil en que trabajan los reporteros no cuentan con protocolos de seguridad, “nos cuidamos por instinto”, y luego agregó:
“Ésta es nuestra labor y vamos a continuar, no permitiremos que gane la corrupción, la impunidad ni la barbarie”.
La reportera de Zihuatanejo, Hercilia Castro, denunció que en esa región los periodistas se ven amenazados lo mismo que por sicarios, que por funcionarios públicos o por burócratas. Expuso la necesidad de que se instale una casa refugio de seguridad para los periodistas que se sientan en riesgo, además de la elaboración de un plan emergente y estrategias de seguridad más eficaces por parte de las autoridades.
Carmen González, corresponsal de El Sur en Tlapa, explicó que en La Montaña el riesgo no es por la violencia del crimen organizado, sino porque las organizaciones sociales aún no saben diferenciar lo que es un periodista que igual puede ser linchado por una confusión o simplemente porque alguien lo pida en una manifestación de inconformes.
A su vez Antonia Ramírez, también corresponsal de este periódico en Tlapa, agregó que ser reportera es un doble riesgo; por ser periodista y por ser mujer, porque dijo que en una zona machista es más difícil que las mujeres ob-tengan información de sus fuentes.
Jonathan Cuevas, de la Agencia Periodística de Investigación (API), reconoció que en la zona Norte, por el temor, los reporteros han caído en la autocensura por el riesgo que implica escribir algo que incomode a los grupos de poder o al crimen organizado, sobre todo después del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Al encuentro asistieron representantes de organismos civiles de derechos humanos, como el director de Tlachinollan, Abel Barrera; el director del Centro Morelos, Manuel Olivares; el presidente del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz. Así como dirigentes de organizaciones sociales como Nicolás Chávez, de la Asamblea Popular de los Pueblos Guerrero (APPG), el consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán.
Los representantes de organismos civiles ofrecieron su respaldo a los periodistas. Barrera Hernández consideró que se debe elaborar un informe de agravios a periodistas en Guerrero para el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y a la CIDH.
Olivares Hernández dijo por su parte que “es necesario que defensores y periodistas unan fuerzas para enfrentar la embestida del Gobierno del Estado”. En tanto, el director del CCTI, Díaz Taboada, dijo que se pretende con este ambiente de agresiones a la prensa miedo para que se recurra a la censura y Chávez Adame pidió que periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales se unan para defender la libertad de expresión.
Presidieron la asamblea los reporteros de La Jornada Sergio Ocampo y Margena de la O, y el corresponsal de El Universal, Arturo de Dios Palma y asistieron entre otros Jesús Guerrero, Beatriz García, Jonathan Cuevas, Kau Sirenio, Hercilia Castro, Yener de los Santos, Ulises Domínguez, Vania Pigeonutt y Marlen Castro.

 

Presenta Astudillo ante periodistas a la fiscal especializada para delitos contra el gremio

El gobernador Héctor Astudillo Flores presentó como la fiscal especializada en atención a delitos cometidos contra periodistas a Rigoberta Román Orea, y ofreció que la Fiscalía General del Estado (FGE) informará a los familiares de colegas asesinados en los dos años de su gobierno sobre los avances que se han obtenido en las investigaciones.
La primera reunión con convocatoria abierta a periodistas de las diferentes regiones del estado, se realizó la reunión ejecutiva sobre las acciones del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la que la principal demanda fue que haya justicia y castigo a los autores de los asesinatos de colegas y el cese al hostigamiento de funcionarios públicos en contra de reporteros.
En el encuentro que se realizó en Casa Guerrero, no se dieron detalles sobre los casos de los periodistas asesinados durante la administración del actual gobernador, Francisco Pacheco de Taxco, y Cecilio Pineda Birto, de Ciudad Altamirano.
Pero a pesar de esto, Astudillo enfatizó que tiene las tarjetas con la información de hasta dónde ha llegado la investigación, aunque no entró en detalles sobre los avances.
“Tengo información de cómo está cada uno de los casos y cómo se están conociendo algunos de los detalles de estos acontecimientos”, agregó.
En una reunión que duró poco más de tres horas, el gobernador presentó como fiscal especializada en atención a delitos contra periodistas a Rigoberta Román, quien se desempeñaba como directora ge-neral de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Dere-chos Humanos de la Secretaría General de Gobierno.
En la administración pasada se desempeñó como directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Mujer.
“Otro de los compromisos que yo quiero cumplir en esta ocasión es el tema de la persona que será responsable de la fiscalía, la persona responsable es Rigorberta Román”, dijo Astudillo.
Con el fiscal general Javier Olea Peláez a su izquierda, quien formalmente es el jefe de la nueva fiscal, el gobernador le indicó a ésta que deberá buscar un plazo en coordinación con la Secretaría General de Gobierno para echar andar la nueva unidad, así como se deben de buscar enlaces regionales de una sola persona para estar coordinando los trabajos.
También estaban con el gobernador el delegado de la Secretaría de Gobernación Ramiro Ávila, el secretario de Gobierno Florencio Salazar, la de Desarrollo Social Alicia Zamora y la directora de Comunicación Social, Erika Lührs.
El Ejecutivo no entró en detalle sobre la operatividad y sólo puntualizó que se trabajará también con un número de teléfono especial, que estará a disposición del C4 para una atención inmediata en casos de emergencias.
También propuso que los reporteros nombren a cuatro representantes para la Junta de Gobierno, y nueve para el Consejo Consultivo de este mecanismo.
Tras la participación de 30 periodistas de distintas regiones, Astudillo Flores pidió que formaran una comisión que fuera a dialogar con los diputados locales, para agilizar la reforma a la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la cual se requiere para que el mecanismo entre en funciones.
“El compromiso mío es hablar con los diputados para que la iniciativa de la reforma sea escuchada, ustedes no sé cómo organicen una comisión para hablar con los diputados”, señaló.
También propuso que la Secretaría General de Gobierno dé seguimiento puntual al caso de la corresponsal de El Sur en Zihuatanejo, Brenda Escobar, y se le presten las medidas correspondientes para su seguridad, tras ser amenazada por familiares del detenido que es acusado de asesinar a la doctora del IMSS, Adela Rivas Obé, el pasado jueves.
Y pidió a los reporteros que le ayuden y que haya una coordinación con su gobierno paraque pueda avanzar el estado.
Dijo que también se hará un llamado a los municipios más grandes, para que colaboren en la protección de los periodistas y mencionó a Acapulco, Chilpan-cingo, Iguala, Zihuatanejo, Taxco, Ometepec y Chilapa.
El gobernador insistió en que se debe de crear el mapa de riesgo, siempre y cuando los reporteros participen, y que también lo hagan elaborando una lista de los reporteros en riesgo en cada una de las regiones de Guerrero.
“Yo, finalmente les agradezco que hayan venido a Chilpancingo a reunirse, yo a todas y todos les reitero mi afecto y mi respeto”, terminó.
En su intervención, el corresponsal del semanario Proceso, Ezequiel Flores Contreras, subrayó que en Guerrero no hay libertad de tránsito, ya que cuando tratan de realizar su trabajo deben cruzar retenes de grupos armados en las carreteras.
“Esto fue lo que propició el ataque a nuestros siete compañeros (en Acapetlahuaya), que fueron prácticamente asaltados por la situación que todos conocemos, de los grupos que operan en la región Norte”, agregó.
Insistió en que la violencia es un hecho que afecta a todos, hasta a los propios colaboradores del gobernador.
“Han asesinado a trabajadores del gobierno del estado, han asesinado a profesores, han asesinado estudiantes, niños, periodistas y lamentablemente no vemos a nadie en la cárcel, no vemos eso que reclaman las madres de Chilapa”, agregó.
Por su parte, Jaime Irra, de la Agencia IRZA, puntualizó que no hay seguridad de que las dependencia encargadas de impartir justicia cumplan su tarea de castigar.
En la reunión, varios reporteros coincidieron en que el problema más significativo es que el gobierno del estado no puede garantizar seguridad ante los recurrentes hechos de violencia.
Otros preguntaron qué seguridad pueden tener, si el propio gobierno del estado se dedica a hostigar a los reporteros durante su trabajo diario, por lo que no compartían la factibilidad del mecanismo.
En las poco más de tres horas de reunión, algunos de los asistentes aprovecharon para señalar que es importante que las empresas de medios mejoren los salarios y las prestaciones de sus trabajadores.
También demandaron que se mejore la atención a los periodistas en el sector de salud y el Fondo de Apoyo para Periodistas, además atenciones personalizadas en las diferentes dependencias para cada una de sus peticiones.

Esta semana entrega el municipio el apoyo a afectados de la Central de Abasto: Mercados

Vendedores afectados por el incendio ocurrido el pasado sábado en la Central de Abasto, se reunieron con funcionarios municipales y acordaron que se les apoyará esta semana con recursos económicos, pero dependerá del tipo de negocio y los daños.
En la reunión privada en la sala de Cabildo Juan R. Escudero, estuvieron el secretario general Daniel Meza Loeza, el secretario de Planeación y Desarrollo Económico, Víctor Gómez Zanabria, y el director de Mercados, Juan Miguel Castillo Zamora.
Los vendedores empezaron a llegar a las 11:15 de la mañana y fueron atendidos a las 12 del día. Las autoridades tenían una lista con los nombres de los afectados, y aunque seis personas no estaban fueron integradas al padrón, lo que aumentó a 88.
El siniestro se suscitó el sábado y afectó puestos de venta de huaraches, lácteos, masa, bisutería, abarrotes, yerberías, florerías, ropa, mercerías, frutas y legumbres, pescado, antojitos, pollo, panadería, comida, aguas frescas así como abarrotes.
Al finalizar la reunión, el vendedor Josué Benítez declaró que el secretario general dijo que se les iba a apoyar con recursos económicos el jueves, que la cantidad será según la pérdida del local; “en mi caso yo tenía una lonchería y la tengo que levantar”.
No dijo con cuánto dinero ayudará el gobierno, pero ante comentarios que serían 10 mil pesos, respondió: “eso no es todo lo que uno perdió”, y que en caso de que fuera esa la cantidad “sería de ayuda para que podamos levantar nuestros negocios”.
La vendedora Otilia Ávila indicó que las autoridades “nos ofrecen apoyo para que nosotros compremos la madera y empezar a levantar las galeras, es lo que nos ofrecen ellos, nosotros pensábamos que nos iban a dar apoyo económico, además de lámina”.
Explicó que para levantar su negocio mínimo requiere de unos 5 mil pesos, “pero creo que el apoyo del gobierno será más bajo de esa cantidad porque tenemos que comprar el producto, al parecer ya hay una cantidad pero no nos dijeron cuál será”.
Detalló que desde el sábado que se suscitó el siniestro no trabaja porque no tiene producto; “necesitamos tener recursos y la otra razón es porque las autoridades estaban haciendo una limpieza en el lugar. Hemos estado ahí para hacer presión”.
Agregó que “nada más hemos recibido la visita de representantes del gobierno municipal y un funcionario del estado, pero ya no regresó, por ello queremos ver de qué manera nos puede ayudar el gobierno del estado, porque el apoyo del municipio será mínimo”.
La comerciante dijo que vendía masa, maíz, charales y verduras, “desafortunadamente el viernes surtí mi negocio”. Estimó que su pérdida es de unos 5 mil pesos, entre mercancía y el local.
Otro vendedor, que no dio su nombre, indicó que “ahorita venimos con el propósito de que nos apoyen con madera y lámina porque todo se quemó”, pero no apareció en la lista y tuvo que esperar unos minutos, y después ingresó con otras cinco personas.
Señaló que desde el sábado no ha trabajado y por ello acudió al Ayuntamiento “para que nos ayuden con recursos para levantar nuestros negocios”.
El director de Mercados, Juan Miguel Castillo Zamora, declaró que se logró un consenso con los afectados y que se incrementó el padrón a un 88, “porque ingresaron seis personas que no estaban en las listas y los demás los avalaron”.
Dijo que el jueves se entregará el apoyo económico, aunque no precisó de cuánto será pese a que se le dijo que había versiones que sería de 10 mil pesos, “no se habló de monto pero se tomará en cuenta con base en los daños”.
“Unos serán menores, otros mayores, será de diferente manera y el jueves se les entregará”, reiteró el funcionario, que reconoció la disposición de los comerciantes.

Urge el alcalde de Ometepec a la Conagua que se reúna con gravilleros y defensores del río

Jacob Morales Antonio

Marquelia

El alcalde de Ometepec, Omar Estrada Bustos urgió que representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) asistan a la tercera reunión de los integrantes del Frente de Defensa del Río Santa Catarina con los concesionarios gravilleros, para solucionar el conflicto que inició en marzo por la extracción desmedida de material pétreo.
El alcalde perredista dijo que ningún representante de la Conagua ha acudido a las dos reuniones en la presidencia municipal de Ometepec, en las que él está intermediando para solucionar el conflicto debido a la oposición de las comunidades al saqueo desmedido de grava y arena.
Informó que este lunes 10 de abril se hará una tercera reunión y espera que los representantes de la delegación federal en el estado acudan, porque los comisarios están molestos.
Afirmó que sólo han asistido a la reuniones representantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Aseguró que se tienen que hacer acuerdos técnicos, ecológicos y sociales para que se evite una confrontación en el futuro, porque desde el pasado 2 de marzo los concesionarios dejaron de trabajar luego de que los vecinos de seis comunidades de Ometepec protestaron para exigir a las autoridades ambientales y a la Conagua que respeten el acuerdo firmado en 2009 que prohíbe la extracción de grava y arena del río Santa Catarina.
Estrada Bustos se manifestó a favor de un programa de reforestación de las 16 cuencas que hay en el municipio, en especial del río Santa Catarina.
Agregó que por acuerdo del Cabildo, el dinero que se recolecte del cobro del uso del espacio público de Ometepec durante la Semana Santa será utilizado para un programa de reforestación, el cual calculó será de unos 350 mil pesos.
El alcalde de Ometepec dijo que respeta el acuerdo de las 16 autoridades agrarias en la reunión del pasado 1 de abril, de destituir, procesar legalmente y reeducar a quien saquee los recursos naturales.
“Mi coincidencia con las organizaciones de defensa del medio ambiente es que no hay más que reforestar, racionalizar y cuidar los recursos naturales porque el calentamiento es un fenómeno a nivel mundial” que está afectando al planeta, comentó el funcionario.

No hay comités de Morena en 80 secciones electorales por la violencia, dice dirigente

 
El secretario general de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, se reunió con militantes de su partido en Acapulco y les informó sobre la reunión del Consejo Nacional que se llevó a cabo el sábado en la Ciudad de México, en la que se dijo que por la violencia no se han podido constituir comités de ese partido en 80 secciones electorales del estado.
Rodríguez Saldaña, encabezó reuniones con militantes de ese partido en Acapulco y anunció que por la tarde se reuniría en Mochitlán y Chilpancingo, también para informar sobre el Consejo Nacional de Morena.
En un salón del hotel Las Hamacas, se reunieron unos 180 simpatizantes, ante quienes se anunció la incorporación de José Luis González Suástegui, quien antes militó en el desaparecido PARM, además del PRD, PT y hasta en el PRI, con Manuel Añorve Baños, quien dijo que se debe avanzar en el camino contra la corrupción y la impunidad.
En su mensaje Marcial Rodríguez dijo que no es tiempo de candidaturas, sino de organización y de trabajo. “Es tiempo de trabajo no de promoción de personas, nos estamos preparando para una gran contienda”.
En la reunión, el secretario general también invitó a los asistentes a acudir el próximo 6 de mayo a Chilpancingo, donde estará Andrés Manuel López Obrador, para la firma del Acuerdo de Unidad por la Prosperidad de México y por la Regeneración del País.
Recordó que Morena se opuso a la reforma energética y a la privatización del petróleo, que quedó demostrado que esa reforma no disminuyó los precios de los energéticos como la gasolina, la luz y el gas.
También señaló que fue López Obrador quien impulsó el programa de Ayuda a Adultos Mayores y que uno de los compromisos de Morena es, que en caso de ganar la Presidencia de la República en las elecciones de 2018, duplicará el monto que actualmente reciben los ancianos.
El secretario de Organización, Juan Carlos Manrique García, informó que en la reunión se habló sobre los resultados del Consejo Nacional de Morena, en donde se dijo que Guerrero está al 90 por ciento en la integración de sus comités seccionales.
Explicó que el problema de la inseguridad es lo que ha impedido que en Guerrero se logre el 100 por ciento en la integración de los comités seccionales, “no hay condiciones para estar generando comités en algunos puntos, por motivo de la violencia”.
En Guerrero hay 2 mil 749 secciones electorales y la meta es integrar un comité por cada sección electoral, lo que significa que faltan 274 comités por integrar en Morena Guerrero, pero la realidad es que son 80 secciones electorales donde ese partido no tiene comités, aseguró Manrique García.
En el resto de las secciones, lo que falta es completar la cantidad mínima de integrantes, que es de ocho, porque algunos sólo tienen cinco miembros.
Las regiones donde no han podido instalar comités son Tierra Caliente, Costa Grande y Costa Chica.
Manrique García demandó al gobernador Héctor Astudillo Flores que ponga paz y orden en el estado, porque ese fue su lema de campaña.
En la reunión también se convocó a los militantes de Morena que tengan familiares en Estado de México, Nayarit, Veracruz y Coahuila, para que llamen a sus familiares en esos estados y que voten por los candidatos de Morena en esas entidades.
En declaraciones y a pregunta expresa sobre el acercamiento de los ex presidente del PRD con el presidente del Comité Estatal de Morena, Pablo Amilcar Sandoval, Rodríguez Saldaña indicó que la invitación es a los militantes de base, para que se sumen al proyecto de López Obrador, porque “no va haber alianza con las burocracias de los partidos”.

Solicitará oficialmente la Coparmex Chilpancingo que la Marina vigile la capital

 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), delegación Chilpancingo, solicitará de manera oficial a la Secretaría de Marina que opere en la capital del estado, para que resuelva la situación de inseguridad.
“Nosotros en ellos sí creemos, es confiable y nos prometieron que si solicitábamos su presencia, ellos estarían aquí”, señaló el presidente de Coparmex, Adrián Alarcón Ríos.
Durante la mañana de este jueves, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, se reunió en privado con el líder empresarial, y durante el encuentro se le informó al funcionario que la cámara empresarial solicitaría la presencia de la Armada de México para que opere en Chilpancingo.
La reunión fue en el despacho del secretario y tenía como primer objetivo coordinarse para la instalación de la mesa de seguridad y justicia, en la que se planea abordar el problema de los secuestros, extorsiones, asaltos, homicidios y el cobro de piso que hay en la capital.
Al concluir el encuentro, el empresario fue consultado y detalló que el acuerdo es que para esta próxima semana se celebre la primera reunión de la mesa de trabajo, entre sociedad civil y funcionarios del estado.
“La próxima semana ya tenemos la instalación de la mesa de seguridad y justicia en Chilpancingo, me pidió hacer la propuesta de las organizaciones que la integrarán”, agregó.
Detalló que la idea de la mesa es que acudan siete líderes de organizaciones empresariales y civiles, más un secretario técnico, y por la parte de la administración estatal sean 10 dependencias, entre ellas el Tribunal Superior de Justicia, el secretario general de gobierno, la Procuraduría General de la Republica, la Fiscalía General del Estado, el Ayuntamiento de Chilpancingo, Policía Estatal, 35 Zona Militar, Armada de México y la Policía Federal, pero serán aprobadas por el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Por el lado de las organizaciones, se esta incluyendo la participación de Coparmex, Canaco, organizaciones de transportistas, purificadores de agua y la asociación de padres de familia del estado, entre otros.
Se le preguntó sobre si en esta mesa estaría el obispo Salvador Rangel Mendoza, pero señaló que aún no se le ha hecho la propuesta para determinar su participación.
“Vamos a tener que volver a verlo, para ver si podrá participar o no, después del acuerdo con el secretario general”, señaló.
Agregó que también se hará una invitación especial a la organización México SOS, que fundó el empresario Alejandro Martí y que dirige Orlando Camacho, para que compartan sus experiencias.

Exigen al gobierno financiamiento de proyectos productivos para 15 municipios

Integrantes de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) sostuvieron una mesa de trabajo con el subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Jaimes Ferrel, solicitaron financiamiento para proyectos productivos para campesinos de 15 municipios.

La mañana de este miércoles se llevó a cabo la reunión en la sala de juntas Emperador Cuauhtémoc de la Secretaría General de Gobierno, una comisión de 10 integrantes de la Cocyp urgió a las autoridades la dotación de recursos para proyectos productivos para familias de campesinos.
Uno de los integrantes, Eliseo Alonso Astudillo dijo: “necesitamos apoyos que ayuden a la economía familiar, a esos grupos vulnerables, en este caso (con) proyectos de granjas de traspatio, huertos de traspatio y apoyo de láminas a bajo costo para mejorar la vivienda de nuestros agremiados”.
Afirmó que los campesinos considerados para ser beneficiados son de los municipios de Chilpancingo, Mochitlán, Quechultenango, Mártir de Cuilapa (Apango), Tixtla, Eduardo Neri (Zumpango), Coyuca de Benítez, Acapulco, San Marcos, Atoyac de Álvarez, Copala, Azoyú, Zitlala, Iguala y Tlapehuala.
En la reunión participaron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural, de Obras Públicas, Desarrollo Social, del Instituto Estatal del Emprendedor y la Secretaría de Asuntos Indígenas.
La organización campesina sostuvo la urgencia de que el gobierno del estado por medio de cada una de sus dependencias capacite a los integrantes de la organización para presentar proyectos productivos viables para sus comunidades.
También propusieron mejorar las
viviendas en las comunidades indígenas con programas de la Secretaría de Desarrollo Social estatal.
La reunión duró cerca de una hora y media, y los funcionarios informaron a los representantes de la Cocyp que les ayudarían en los próximos meses para revisar sus solicitudes.
Eliseo Alonso Astudillo afirmó que espera que el gobierno estatal les dé resultados tangibles a las peticiones que hicieron, ya que desde el año pasado hicieron algunas y sí lograron un resultado positivo.