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Problemas de salud de una madre se agravaron con los gases lacrimógenos del 25 de abril

 

A 35 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, al menos 16 padres de los estudiantes han presentado graves crisis de salud; el estado de cinco de ellos es considerado por el movimiento como “focos rojos”, debido a que han tenido enfermedades de hipertensión y diabetes.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, comentó que “de los 43 son 16, que casi son la mitad, con cuadros de hipertensión, azúcar elevado; hay unos que presentan situaciones un poco complicadas. De los 16, cinco padres son focos rojos: la diabetes está en una etapa ya muy avanzada, algunos de ellos necesitan insulina”.
Rosales consideró que debido a algunas reacciones de la policía en sus manifestaciones, como la del pasado 25 de abril, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México replegaron un mitin de exigencia por la presentación con vida de los 43 en la Secretaría de Gobernación (Segob), con gases lacrimógenos, la salud de algunos padres queda aún más afectada.
Es el caso de la señora Metodia Carillo Lino, mamá de Luis Ángel Abarca Carrillo. La señora de 67 años, originaria de la comunidad de San Antonio, Cuautepec, en la Costa Chica de Guerrero, contó que el 25 de abril sufrió una crisis diabética que la envió al hospital, luego de la protesta de la Segob.
Durante la marcha de ayer, la señora que portó el gallardete con el rostro de Luis Ángel contó que ella está enferma de diabetes. “Me siento mal, siempre por la ausencia de mi hijo, esa diabetes me empezó cuando desaparecieron a mi hijo, siempre me pongo mal cuando uno piensa, tú sabes que mi hijo es mi hijo”.
A 2 años 11 meses, la señora consideró que por “la ausencia no duermes, te preguntas diario cuándo va a regresar, ya va a tener tres años que no vemos a nuestros hijos y queremos de vuelta a nuestros hijos, estamos muy mal, nos afecta tanto; yo peor, me enfermo mucho, me enfermo siempre”.
Recuerda que el 25 de abril estaba en el plantón, antes de la marcha que realizan cada 26 en la ciudad, cuando “los policías lanzaron esos gases, ya en la noche estaba en el hospital. Me desmayé, se me subió el azúcar y tuve que irme a Guerrero enferma”. La señora dice que su esposo está en una condición similar. El señor Donato Abarca, que vive en la Costa Chica y es campesino, sufrió una embolia que lo mantiene postrado en su cama. El matrimonio se mantiene del campo y concibió nueve hijos, Luis Ángel es el menor: cuatro mujeres, cinco hombres, que cuando pueden los apoyan con medicinas, contó la señora.
“No tomo aún insulina, pura pastilla, pero a veces la cargo muy surtida, se te olvidan las pastillas, donde te descontrolas”, relató.
Recuerda que hace tres años su vida también era difícil: “tenía que lavar, planchar ajeno porque le teníamos que dar 60 pesos diarios al chico (Luis Ángel). Nos bajábamos en Cruz Grande y de allí él se iba al bachillerato… Era ama de casa, mi esposo sembraba maíz, pero sale cada año y no alcanzaba”.
La señora exige: “que nos entreguen a nuestros hijos y que se castigue a los culpables que hay allí, ellos querían estudiar… queremos que los castiguen, todos están libres, ninguno te dice la verdad, que nos digan a dónde están los cuerpos, pero nada”.
Vidulfo Rosales detalló que a casi tres años sin saber de sus hijos la salud de los padres se ha agravado, pero todos están convencidos de continuar con la lucha. “El hecho de estar siempre  en las caravanas, de andar en las movilizaciones tiene su desgaste físico, se está viendo la posibilidad, hay un equipo médico de organizaciones de la sociedad civil, que haya un seguimiento más puntual”.
Consideró que “hay un tema político de los padres de familia con la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas), es un tema que tiene que discutirse todavía, porque eso sería entrarle a la reparación del daño y no estamos en ese momento todavía”.
Los padres seguirán recibiendo atención médica de las organizaciones aliadas al movimiento, explicó, pero la comisión de seguimiento verá la forma de que alguna institución de Guerrero atienda a con puntualidad las enfermedades de los padres de Ayotzinapa, sin que eso implique aceptar a la CEAV, al menos en esta etapa donde aún quedan pendientes.

 

Sí se están cumpliendo las expectativas de ocupación, dice el presidente de la AHETA

El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Jorge Laurel González, indicó que las dos semanas pasadas, las consideradas por la hotelería como las más altas de la temporada vacacional sí cumplieron con las expectativas.
“Vamos bien, son buenas expectativas, estamos muy bien con los pronósticos que tenían de 70 por ciento de ocupación promedio general y el fin de semana en este verano han sido productivos superando, al 90 por ciento”, indicó Laurel González.
En el corte que hicieron en julio, se superó con 3.73 puntos porcentuales con relación al año pasado.
Para el cierre de la temporada, dijo que será similar y podría ser de tres a cuatro puntos más del año pasado, cuando alcanzó el 70 por ciento.
Recordó que las semanas con mayor frecuencia de visitantes fue la última de julio y primera de agosto.
Aunque la ocupación es similar en lo que va de la temporada, reiteró es buena y superó las expectativas.
De las afectaciones por el Paso Exprés, y las obras por el socavón dijo que ya no representa un problema para los turistas por la rehabilitación de la mayor parte de los carriles que se cerraron la semana anterior a las vacaciones, “ya no representa un impedimento para venir a los vacacionistas”.
Por último, indicó que ni por las lluvias se han cancelado reservaciones o acortado la estancia de los vacacionistas, confió en que esta semana se mantenga esa tendencia a la alza.

No se ha fumigado en Petacalco porque no hay reportes de enfermedades por mosquitos: Salud

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

El titular de la Secretaría de Salud (Ssa) estatal, Carlos de la Peña Pintos justificó que en Petatalco no se ha fumigado porque de acuerdo con el registro epidemiológico no tienen ningún reporte de enfermedades transmitidas por mosquitos.

También se quejó de que la dependencia no tiene el presupuesto económico suficiente para construir más servicios médicos forenses en las siete regiones del estado, y evitar que se acumulen los cadáveres en los tres que hay.
Consultado al finalizar la clausura de la generación de los médicos internos de pregrado 2016-2017 en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo, enfatizó que, “desafortunadamente la Secretaría no cuenta con el presupuesto financiero, por lo que para el próximo ejercicio fiscal solicitaré más”.
De las muertes maternas afirmó que en lo que va del año han ocurrido aproximadamente 17 muertes debido a fallecimientos indirectos.
Explicó que las muertes directas son provocadas por hipertensión, hemorragias e infecciones, y que las muertes indirectas se califica en aquellas mujeres que no debieron embarazarse porque son diabéticas, tienen cáncer, cardiopatía o tuberculosis, y con su embarazo ponen en riesgo su vida.
Agregó que actualmente la dependencia mediante la consejería preconcepcional recomienda que las mujeres que se embaracen estén en buenas condiciones de salud y se eviten muertes maternas.
De la Peña Pintos dijo que la dependencia combate constantemente que las niñas y adolescentes no se embaracen, y aseguró que de cada 100 embarazos en Guerrero el 23 por ciento son de adolescentes, principalmente en los municipios de Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
Manifestó que el cuerpo de las adolescentes fisiológicamente no es apto para tener un hijo, y facilita que tengan partos prematuros y hemorragias.
Detalló que las niñas y adolescentes embarazadas tienen de 11 a 18 años, por eso la dependencia aconseja a los jóvenes para que no se embaracen.
Este miércoles, vecinos de la comunidad de Petatalco, municipio de La Unión, denunciaron que desde hace dos años la Secretaría de Salud no reparte abate y desde hace más de siete ninguna camioneta ha fumigado el área, por lo que abundan los moscos.
El funcionario estatal justificó que en Petatalco de acuerdo con el registro epidemiológico no tiene ningún reporte de enfermedades virales transmitidas, “es por eso que no se hace la abatizacion”.
Agregó que todo se optimiza de acuerdo con la colocación de las ovitrampas (que son recipientes para que los mosquitos coloquen sus huevos) y con base en ellas se dan cuenta en qué región hay mayor número de larvas y moscos y es donde se privilegia la fumigación.
“La fumigación si se da en todo el estado, pero estamos dando prioridades, para solucionar el problema de Petatalco ya mandamos brigadas”, comentó.

Promesas sin cumplir, burlas y engaños provocaron la retención del alcalde de Tlacoachistlahuaca

Zacarías Cervantes

Juquila Yucucani, Tlacoachistlahuaca

(Segunda de tres partes)

Promesas incumplidas, engaños y burlas del presidente municipal de Tlacoachistlahuaca, Juan Javier Carmona Villavicencio, del Partido del Trabajo, fueron la causa de que indígenas na savi de Juquila Yucucani, la mayoría mujeres, lo retuvieran el 27 de marzo en la comisaría municipal, y lo liberaron cuando firmó un acta en la que se compromete a entregar un millón y medio de pesos “para beneficio de la propia comunidad”. El texto fue escrito a mano y firmado por el alcalde.
En una entrevista este miércoles 5 de abril, ante la presencia de Principales (ex comisarios, que son autoridades tradicionales) del pueblo en la comisaría de la localidad, el comisario Juan Perfecto Aguilar y el líder Benito Zeferino Sánchez aclararon que el dinero lo utilizarían para construir un albergue comunitario, que también les servirá como comisaría municipal, obra que el alcalde se comprometió hacer en 2016 pero incumplió.
La versión de los representantes del pueblo se dio en medio de la polémica que provocaron las declaraciones de Carmona Villavicencio, en el sentido de que los habitantes de este pueblo lo retuvieron en la cárcel de la comisaría y lo liberaron cuando firmó un acta en la que se compromete a pagarles un millón y medio de pesos, como indemnización por los plantíos de amapola destruidos por el Ejército en días recientes.
Con la ayuda del traductor Miguel Ortiz Ortega, el reportero platicó con el comisario Juan Perfecto Aguilar y el líder de Juquila Yucucani, Benito Zeferino Sánchez, quienes acompañados por los Principales del pueblo narraron el origen del conflicto con el alcalde Carmona Villavicencio, quien después de su detención ha emprendido una campaña en contra de este pueblo al que acusa de exigirle un millón y medio de pesos como indemnización por la amapola destruida por los militares.
Zeferino Sánchez explicó de entrada que a diferencia de los anteriores alcaldes, quienes apoyaron con obras o con dinero en efectivo a esta comunidad, Carmona Villavicencio los engañó desde que anduvo en campaña.

Juquila Yucucani, era una colonia de Santa Cruz Yucucani

Por diferencias partidistas Juquila Yucucani se separó de Santa Cruz Yucucani de la que era una colonia a principios del año 2005. Entonces nombró a un comisario propio y sus habitantes comenzaron su gestoría de manera independiente para tener su propia infraestructura social.
Santa Cruz se encuentra en la parte alta de una loma y las casas de Juquila están asentadas en la parte baja, ambos caseríos están separados por una carretera de terracería que cruza a la mitad y por la que se puede llegar en dos horas en vehículo a Putla de Villa Guerrero, Oaxaca.
En el año de la independencia de Juquila de Santa Cruz, el presidente municipal panista Eloy Salmerón Díaz (quien gobernó el periodo 2005-2008) construyó en Juquila Yucucani las dos primeras aulas de la escuela Miguel Hidalgo y Costilla. También les donó una camioneta de 3 toneladas y les construyó la cancha de básquetbol.
El siguiente alcalde, el priista Oswaldo Salmerón Guerrero (2009-2012) construyó el techado de la cancha, introdujo la red de agua potable y pavimentó 100 metros de la calle principal.
El también priista Amando Ramos Brito, quien sustituyó a Oswaldo Salmerón y que gobernó el 2012 al 2015, construyó las otras dos aulas de la escuela primaria y dio a la comunidad 50 mil pesos en efectivo para un terreno que ahora les sirve para usos múltiples.
Zeferino Sánchez contó que en cambio, el petista Juan Javier Carmona Villavicencio, electo para el periodo 2015-2018, es el único que en año y medio que lleva como alcalde no les ha hecho ninguna obra, y que por el contrario los ha engañado y se ha burlado de ellos.
Dijo que los habitantes de Juquila Yucucani no le pidieron nada, y que fue el propio edil quien cuando andaba en campaña les prometió en una primera visita la construcción de la comisaría municipal, la iglesia y un comedor comunitario.
En una segunda visita se reunió con las mujeres de la localidad y se comprometió a comprarles un terreno para construir un centro de salud, les dijo que les donaría una ambulancia para el traslado de los enfermos a Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, o a Ometepec.
Incluso les anunció que “habrá tanta obra” que la gente de la comunidad que se fue de jornalera a los estados del norte del país, “va a regresar porque yo les daré empleos aquí en las obras”, mencionó Zeferino Sánchez.
Desde entonces a algunos habitantes del pueblo les pareció que las del alcalde eran mentiras y que se estaba burlando de ellos, pero le dieron el beneficio de la duda, sobre todo cuando en su discurso de toma de posesión en septiembre del 2015, Juan Javier Carmona dijo que iba a gobernar sin distinción de personas.
“A todos les voy a servir parejo”, dijo entonces el alcalde según los recuerdos del comisario Juan Perfecto quien estuvo en la ceremonia, cuando además, el recién ungido anunció especialmente al contingente que fue de Juquila que a partir del 15 de octubre de 2015 les enviaría a dos maestros pagados por el Ayuntamiento, como lo hizo el anterior alcalde.

Rompen “relaciones de amistad” con el presidente municipal

El 15 de marzo de 2016 acudió a la Presidencia Municipal una comisión para recordarle al alcalde sus compromisos con Juquila Yucucani, pero entonces el presidente municipal Carmona Villavicencio les respondió que él no podía construir la comisaría, porque los gobiernos federal y estatal no le autorizan recursos para ese tipo de obras.

Para los indígenas el albergue en el que planean que también tenga un espacio grande para su comisaría es la obra prioritaria de su pueblo, porque la actual, construida de bloc por ellos mismos, es insuficiente.
Por la respuesta negativa del alcalde desde ese 15 de marzo, los indígenas se desmoralizaron y rompieron “relaciones de amistad” con Carmona Villavicencio.
“Levantamos un acta que remitimos al gobernador Héctor Astudillo Flores para enterarlo de que el presidente municipal nos dijo que no construiría la comisaría”, contó Benito Zeferino.
El comisario Juan Perfecto Aguilar informó que ha acudido cuatro veces al Palacio de Gobierno en Chilpancingo para gestionar la construcción de la comisaría.
También mostró un oficio de fecha 14 de febrero de 2017 enviado al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez a quien le piden su intervención ante el gobernador Héctor Astudillo Flores, para que el gobierno del estado les construya el albergue comunitario de 30 por 15 metros dentro del cual se incluya la comisaría, “porque el presidente municipal no quiere hacernos obras para nuestra comunidad”, dice el escrito.
Como reacción de sus gestiones ante el gobierno estatal y ante la dirigencia estatal del PRI, el presidente municipal visitó Juquila Yucucani el 14 de marzo pasado y pidió platicar con los habitantes para planear las obras comprometidas, pero como los habitantes ya habían acordado suspender relaciones con él, el comisario le pidió que regresara después porque primero iba a consultarlo con la gente.
Convinieron entonces que Carmona Villavicencio regresara el 26 de marzo. Ese día la mayoría de los vecinos se reunieron en la comisaría para esperar al presidente municipal. Había un ambiente festivo, pero Carmona Villavicencio no llegó.
En su lugar el alcalde mandó a dos ingenieros del Ayuntamiento, quienes sin consultar a los habitantes ni al comisario se dispusieron a medir la actual comisaría municipal, y cuando el comisario Juan Perfecto les preguntó qué hacían, los empleados le contestaron que sacaban las medidas para “armar el proyecto” de la nueva comisaría y que la obra comenzaría el próximo año, “cuando salga el nuevo presupuesto”.
Una mujer se acercó a los ingenieros y les dijo: “no quedamos así, quedamos que el presidente iba a venir hoy, pero vienen ustedes y no quedamos en ese acuerdo”.
El comisario contó que ese día había reunidas como 70 mujeres, aparte los hombres, juntos pasaban de 100. Las más enojadas eran las mujeres y fueron las que sometieron a los dos ingenieros y a otra persona que los acompañaba y los metieron a la cárcel que se encuentra en una esquina de la comisaría.
Contó que a uno de los retenidos le permitieron salir para que fuera a la caseta telefónica que está en Santa Cruz Yucucani y llamara al presidente municipal, para que le dijera que necesitaban verlo a él para que les informara qué obra va a iniciar.
Cuando regresó el empleado les dijo que le contestó una hermana del presidente, y más tarde lo volvieron a mandar a hablar y al regresar esta vez les informó que le contestó un sobrino del presidente y que iría a darles una explicación.
Pero entonces la irritación de los pobladores aumentó, sobre todo entre las mujeres quienes, según Benito Zeferino, tomaron como una burla la información del ingeniero.
A las 2 de la tarde del mismo 26 de marzo llegó a Juquila un sobrino del presidente municipal, acompañado por el director de Seguridad Pública, Jesús Grandeño López, y el secretario general del Ayuntamiento, Arturo Mejía Cristóbal, resguardados por 14 policías municipales.
Las mujeres ya estaban exaltadas y reclamaron a los funcionario por qué no fue el presidente municipal, “en la campaña bien que vino a gritar hasta con aparato (altavoz) para hacer su promoción, ¿y ahora por qué en vez de él manda a su secretario y a su director de seguridad?”.
La gente agarró al secretario del Ayuntamiento y lo metió a la cárcel y sacaron a los dos ingenieros y a su acompañante, “ustedes no van a pagar por culpa de otros”, les dijeron y los dejaron que se fueran.
En seguida le reclamaron al director de Seguridad Pública por qué bajó sólo y no llevó la patrulla, el jefe policiaco les explicó que la había dejado con el chofer arriba, en Santa Cruz Yucucani y las mujeres le ordenaron que fuera a traerla.
Un grupo de mujeres lo siguió, pero luego el director les dijo que la patrulla no se había quedado con el chofer y que él traía las llaves y las mujeres le reclamaron, “por qué andas contando mentiras, no somos tu calzón para que nos andes contando lo que tú quieras”, le reprocharon e intentaron someterlo, pero el funcionario intentó echarse a correr y sacó su pistola en medio de las mujeres.
Las mujeres quisieron quitarle el arma, pero el director de Seguridad Pública la entregó a uno de sus policías, al que se la quitaron después, mientras el jefe policiaco era llevado a la cárcel.
Durante la noche los policías municipales se quedaron en la comisaría de Santa Cruz Yucucani.
Al día siguiente, el 27, permitieron que los dos funcionarios salieran a almorzar a las 10 de la mañana y le pidieron al comisario que los dejara libres, para que fueran a informarle al presidente municipal que querían hablar con él, pero el comisario y los principales les dijeron que no, porque la gente del pueblo se iba a enojar con ellos.
En cambio, les fueron a comprar fichas de Internet a la comunidad vecina para que se comunicaran desde dentro de la cárcel. Ese día se presentó molesto el alcalde y fue detenido y encarcelado por los vecinos.

La Comisión de Salud sí dictaminará la iniciativa sobre la legalización de la amapola medicinal

 

El presidente de la Comisión de Salud del Congreso local, el perredista Raymundo García Gutiérrez, informó que sí dictaminará la iniciativa de reforma que presentó Movimiento Ciudadano el jueves pasado para legalizar la siembra de amapola en Guerrero con fines medicinales.
A diferencia del presidente de la Comisión de Justicia, el priista Héctor Vicario Castrejón, quien el domingo dijo que se declarará incompetente porque la iniciativa siguió un procedimiento incorrecto, Raymundo García dijo que buscará a especialistas de la Secretaría de Salud (SSa) para que opinen de esta propuesta e informen si realmente la amapola puede traer beneficios en el ámbito medicinal.
Consultado ayer en las instalaciones del Congreso, al concluir una reunión de trabajo de la Comisión Especial que dictaminará el Plan Estatal de Desarrollo, García Gutiérrez informó que ya se analiza la iniciativa que presentó al pleno el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, que propone reformar la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales y que fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y Salud.
Sobre la advertencia de que la Comisión de Justicia se declarará incompetente por un supuesto trámite incorrecto, García Gutiérrez dijo que si hay voluntad política se le dará el tratamiento correspondiente a la iniciativa para que llegue al Congreso federal.
“Se tiene que analizar, nosotros estamos a favor en el sentido de que si viene a combatir algunas enfermedades o padecimientos, y su uso es netamente medicinal, pues estamos a favor”, dijo.
García Gutiérrez dijo que la Comisión de Salud emitirá el dictamen correspondiente a partir del análisis que se haga a la iniciativa y de la opinión de los especialistas de la SSa, sin embargo aclaró que será el Congreso federal el que resuelva el tema.
“Ahí (en la Cámara de Diputados federal) es donde lo van a tener que aprobar. Nosotros tenemos que analizar, no se tiene que emitir un dictamen de manera apresurada y queremos escuchar la opinión de personal de salud para emitir un dictamen sustentado”, explicó.

Demandan comisarios de Petatlán al secretario de Salud personal médico y medicamentos

Comisarios municipales de los pueblos de la zona rural del municipio de Petatlán demandaron al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, médicos, enfermeras y medicamentos durante la segunda sesión de Cabildo abierto convocada por el alcalde perredista Arturo Gómez Pérez y se entregó un predio de 2 hectáreas para la construcción del nuevo hospital. El terreno fue donado al municipio por ganaderos.
Durante la sesión de Cabildo cuatro comisarios municipales tomaron la palabra y le exigieron al secretario de Salud más doctores y medicinas.
El comisario municipal de Coyuquilla Norte, Raúl Pérez Moreno dijo que su comunidad tiene muchas necesidades, y ve con agrado el apoyo del alcalde de una unidad dental para el centro de salud, “pero para esa unidad dental se necesita un dentista, de lo contrario no tendría ninguna función”.
Además necesitan una enfermera de tiempo completo porque el médico encargado está solo y atiende a los vecinos de Coyuquilla Norte, Coyuquilla Sur, Arroyo Seco y parte de la sierra oriente de Petatlán de vecinos que llevan a sus enfermos a esa comunidad.
El comisario municipal de San Jeronimito, Gustavo Guido Romero dijo que le preocupa que no esté rehabilitado el centro de salud, pese a que es la segunda comunidad más poblada del municipio, y carecen de un lugar digno para atender a los enfermos.
Dijo que a ese centro de salud acuden pacientes de las comunidades Chaveta, Potrerillos y Barra de Potosí, y es insuficiente la atención médica.
Solicitó al secretario de Salud que sea intermediario para que se rehabilite el lugar, “en realidad es preocupante nuestra situación, si Dios no lo quiera un día ocurre una contingencia no sabemos dónde nos van a atender porque no tenemos camas de hospital, no tenemos un doctor, no hay medicinas, le ruego doctor de la Peña que nos ayude a gestionar recursos”.
“Een San Jeronimito no nos podemos enfermar porque no hay dónde nos curen y no nos podemos morir porque no hay dónde nos entierren, pero como usted es nomás de Salud, lo otro lo canalizaremos a otra dependencia”, expuso.
Después participó Arizbeth Viveros Casas en representación del comisario municipal del pueblo de Murga, Alejo González, para agradecer la construcción del centro de salud en su localidad que beneficia a más de mil vecinos de la sierra poniente de Petatlán, “esperamos que el secretario se comprometa con el equipamiento de manera inmediata, y con el abastecimiento completo de medicamentos”.
Agregó que les hace falta suero antialacrán y un doctor, “porque de nada nos sirve el centro sin personal médico”.
El comisario municipal de El Zapotillal, Crescencio Arroyo Pano dijo que en la comunidad El Parazal desde hace más de un año no hay doctor, “porque tuvo un percance y ya no regresó”.
Agregó que necesitan servicios de salud “porque es la prioridad de todos y como mexicanos tenemos derecho, quisiera que no le dé más largas y se solucione”.
Dijo que necesitan un doctor en el centro de salud de la comunidad de El Parazal, además de medicamentos como el antídoto antialacrán y para víboras, “le pido que cuando menos mande una poquita de medicina”.
El secretario de Salud se comprometió a atender a la brevedad las demandas de los cuatro comisarios municipales, además invitó a los presentes a combatir el mosco transmisor del dengue, chikungunya y el virus zika, el último que no se ha presentado ningún caso en Guerrero, aseguró.

Desacata Salud una resolución judicial para reinstalar a una doctora en el hospital de Huitzuco

 

Funcionarios de la Secretaría de Salud desacataron una resolución judicial federal, que ordena la reinstalación de la doctora Julieta Álvarez Álvarez, adscrita al hospital de Huitzuco, quien fue suspendida tras denunciar a una trabajadora por falsificación de documentos y usurpación de funciones.
La doctora informó ayer que, el 21 de enero se presentó a la 1:30 de la tarde al hospital, respetando el acuerdo con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, pero el director José Félix Anaya Castro le impidió checar, “me dijo que no me podía presentar a laborar, porque era una orden de Herón Delgado Castañeda subsecretario de prestaciones médicas de la Secretaría de Salud”.
El director del hospital le dijo que fuera a platicar con Delgado Castañeda, porque no quería que fuera restituida en el hospital de Huitzuco, “pero no me dan ningún argumento sólido, dicen que quieren evitar un conflicto, pero yo no provoqué ningún conflicto, sólo denuncié a una usurpadora”, dijo.
En 2010, Julieta Álvarez denunció a la trabajadora Carolina Nava Laureano por falsificación de documentos y por usurpar funciones de médico, con un título falso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Se hizo pasar como médico general y laboró más de 10 años con una cédula apócrifa”, dijo ayer la doctora.
Denunció y fue despedida, porque Nava Laureano es la dirigente sindical del hospital y cuenta con la protección de la secretaria general de la Sección 36 del sindicato de Salud, la diputada federal del PRI, Beatriz Vélez Núñez, y los distintos secretarios de Salud.
En octubre de 2012, el Juzgado Cuarto penal de Primera Instancia emitió una sentencia de tres años y seis meses de prisión y 275 días de multa, la reparación del daño y una amonestación pública a Carolina Nava Laureano porque se comprobó que ejerció como médico sin haber estudiado medicina.
En la investigación la PGR también descubrió que un paciente falleció en manos de Carolina Nava, sin que haya recibido sanción alguna.
En la causa penal 165/2009-II del Juzgado Cuarto penal de Primera Instancia se explica que Carolina Nava Laureano ingresó como enfermera general en el Hospital General de Huitzuco en 1998 y en 1999 entregó un título y una cédula profesional expedidos por la Escuela de Medicina General, institución privada pero incorporada a la UNAM, con domicilio en la calle Guadalupe del Moral número 31, delegación Iztapalapa.
Además en 1999 falleció un paciente que estaba bajo su responsabilidad, “murió de infarto y el diagnóstico de Carolina fue que padecía de gastritis”, declaró Julieta Álvarez, quien fue testigo en el juicio.
Agregó que después el director Tomás Adame Pérez la cambió a consulta externa.
En 2006 el departamento de Recursos Humanos del hospital solicitó al jurídico de la Secretaría de Salud que investigara los documentos, y determinó que eran apócrifos y el departamento de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública entabló una demanda en su contra.
La investigación estuvo a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) y descubrió que la Escuela de Medicina General, incorporada a la UNAM, no existe.
Además, las investigaciones arrojaron que la cédula 2461532 que ostenta como médico general, en realidad fue expedida por la UNAM a nombre de Manuel Chávez Álvarez como ingeniero químico.
Sin embargo, la PGR turnó el caso a la Procuraduría de Justicia del estado, pero el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) “limpió” el expediente y sólo dejó documentos que la acreditan como enfermera, en 2008, también participó el director del hospital, Francisco Castrejón Hernández, dijo Álvarez Álvarez.
Además desaparecieron el expediente del paciente que murió en 1999, agregó.
Mientras que la secretaria general de la sección 36 del Sntsa, Beatriz Vélez Núñez presionó al entonces secretario de Salud, Luís Barrera Ríos para no continuar con la demanda.
“Al ver estos sucesos, tres médicos, Guillermo Galeana Ortíz, Alan García Castro, la química, Juana Hernández Cabrera y Julieta Álvarez Álvarez acudimos como testigos ante la SEP para testificar que trabajó y cobró como médico general”.
El 24 de diciembre del 2009 se dictó prisión en contra de Carolina Nava, saliendo bajo caución.
Julieta Álvarez denunció que después vinieron las represalias en su contra, “en enero de 2010 me despidieron del hospital por haber sido testigo, mientras que el sindicato la siguió protegiendo y la hizo delegada sindical del hospital”.
Dijo que en contubernio con el director del hospital, la dirigente de la sección 36 Beatriz Vélez presionó al secretario de Salud, Rubén Padilla Fierro, a Antonio Jaimes Herrera y a Lázaro Mazón Alonso para que no la reinstalen en su centro de trabajo.
Informó que por una resolución judicial federal llegó a un acuerdo con el secretario Carlos de la Peña Pintos para que se reincorpore a su centro de trabajo este 21 de enero, pero que el director José Félix Anaya Castro le impidió checar tarjeta por instrucciones del subsecretario de prestaciones médicas de la Secretaría de Salud, Herón Delgado Castañeda.

Solicitaron ocho médicos del ISSSTE de Tierra Caliente su cambio debido a la inseguridad

El secretario general de la sección 17 del sindicato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Rogelio Rivera Mora informó que ocho médicos de la región Tierra Caliente solicitaron su cambio de adscripción porque consideraron que corrían riesgo sus vidas.
Consultado en el foro de salud y desarrollo social en el hotel Crowne Plaza, manifestó que ese derecho laboral sólo ha sido solicitado en esa región del estado.
Precisó que médicos generales, odontólogos y enfermeras fueron quienes solicitaron ser reubicados en el último trimestre del año pasado.
Rivera Mora dijo que el proceso de cambio de adscripción dura más de dos meses, y el personal que ha pedido su cambio se ha dispersado en otras regiones del estado.
Dijo que dos trabajadores han solicitado su cambio y los trabajadores que pretenden cambiar de plaza por motivos de inseguridad deben cumplir con ciertas condiciones.
Agregó que solicitaron el cambio al delegado estatal, que “afortunadamente lo entendió muy bien”.
Agregó que de forma temporal se contrató a médicos de la región, “posteriormente se regularizaron los compañeros en la adscripción nueva”, en tanto que las plazas fueron ocupadas por la gente de la región.
En el último trimestre se regularizaron los cambios y precisó que las solicitudes fueron a mediados del año pasado.
Agregó que no tiene peticiones de cambio a Acapulco, pero si una petición reciente de Iguala. (Abel Salgado).

Caducarán en febrero cuatro claves de medicamento que no se distribuyó, informa la Ssa

El secretario de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos informó que cuatro claves de medicamento que no se distribuyeron caducarán en febrero, incluyendo gasas, vendas y reactivos de laboratorio.
De la Peña Pintos informó que Guerrero cuenta con 377 claves de medicamento, de las cuales cuatro pertenecen a medicina curativa que caducará en febrero.
Los medicamentos que caducarán son vendas, gazas, relajantes y reactivos de laboratorio, aunque aclaró que las medicinas son todavía útiles tres meses más.
El 14 de enero, el presidente de la Comisión de Salud del Congreso local, Raymundo García Gutiérrez afirmó que la administración del ex gobernador Rogelio Ortega Martínez compró medicamentos que no fueron distribuidos y están a punto de caducar.
Ante esta aseveración, el secretario de Salud estatal, quien fue entrevistado en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, en la avenida Jacarandas, reconoció que los medicamentos no fueron distribuidos a causa del ineficiente sistema de distribución y planeación.
Manifestó que no distribuyeron el medicamento por falta de transporte y recursos, lo que provoca que “el medicamento se quede en las bodegas y empiece a distribuirse tarde”, subrayó el funcionario.
Dijo que la Secretaría de Salud compra el medicamento con una caducidad de al menos un año, por medio de una gestión que se llama “compra consolidada”, lo que significa un ahorro para la Secretaría.
Dijo que, “el medicamento que caduca en un mes (febrero) tiene un periodo de más de tres meses, es útil y se puede consumir”.
En relación con la opinión del presidente de la Comisión de Salud del Congreso local, Raymundo García Gutiérrez, quien mencionó que posiblemente los diputados realizarían un recorrido en los centros de salud para tener un diagnóstico, De la Peña Pintos reconoció que hace falta personal en algunas áreas, aunque precisó que cuentan con un personal preparado para atender las cinco especialidades troncales de pediatría, ginecología, medicina interna, cirugía y anestesia.
Agregó que Guerrero cuenta con 24 hospitales comunitarios y 14 con servicios generales, y en los hospitales comunitarios hace falta de personal debido a los cambios de adscripción y el problema de la violencia.
Sobre los centros de salud del estado, De la Peña Pintos precisó que son 19 los que permanecen cerrados por cambio de adscripción en las regiones de Tierra Caliente, Centro, Montaña y en la sierra.

Cesan enfermeros su paro en el hospital de la Madre de Tlapa; les pagan noviembre y diciembre

El personal de enfermería del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense cesó su paro laboral después de dos días, tras una reunión con el director y sólo les pagaron noviembre y diciembre.
Las enfermeras y enfermeros del hospital se manifestaron desde temprano en la entrada del edificio, donde colocaron pancartas pidiendo que se respete su experiencia y antigüedad laboral, contratos, pago puntual y no discriminación, además dijeron “somos trabajadores no esclavos”, por la excesiva carga laboral.
Informaron que el director del hospital, Enrique Gálvez Herrera se mostró más accesible y aceptó dialogar, y al mediodía les depositaron sus pagos y el funcionario se comprometió a ser el intermediario en las mesas de trabajo para buscar mejoras laborales como la gestión de contratos.
Las enfermeras y enfermeros del hospital regresaron a sus labores después de que el director se comprometió a acompañarlos a Chilpancingo para platicar con las autoridades de la Secretaría de Salud.
Se firmó una minuta y se acordó que les pagarán enero, este lunes a las 11 de la mañana se reunirán con el subsecretario de Salud para tratar las recontrataciones, sus pagos y otros problemas laborales como los insu?mos que se necesitan para que hagan su trabajo como jeringas y medicamentos.
Dijeron que aceptaron quitar el paro por ahora, pero si este lunes no les dan respuestas satisfactorias a sus peticiones volverán a su huelga, ya que las condiciones laborales son deficientes.
Dijeron que cobran por honorarios por eso no tienen muchos derechos, pero sí mucho trabajo porque el personal de base es escaso.