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Exigen padres de la telesecundaria Galeana, en San Marcos, mobiliario para la escuela

Integrantes del comité de padres de familia de la telesecundaria Hermenegildo Galeana, ubicada en el poblado San José Guatemala, municipio de San Marcos, se manifestaron en las instalaciones del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (Inifed) para exigir mobiliario y aires acondicionados que no han entregado, porque el inmueble fue afectado durante la tormenta Manuel en septiembre de 2013.
La de ayer fue la cuarta manifestación que los integrantes del comité de padres de familia realizan en menos de un año, pues aunque la escuela fue entregada, los alumnos no tienen butacas ni ventiladores o aires acondicionados.
Las instalaciones de esta oficina federal se encuentran en la avenida Las Palmas, rodeadas de hoteles y condominios de lujo, en la zona Diamante.
Los inconformes exigieron una auditoría a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y cerraron las instalaciones desde las 9:30 de la mañana, y un representante de la institución les dijo que los recibirían mañana a las 3 de la tarde, para saber cómo resolverían el problema, pues les dijeron que “los recursos del Fonden se habían agotado”.
La directora del plantel, Sandra Luz Gutiérrez Pérez, recordó que “en 2013 con Manuel se perdió absolutamente todo, la escuela y el material, pero no nos han solucionado”.
Señaló que en junio pasado entregaron la nueva escuela, pero quedó pendiente el mobiliario, el equipo y los aires acondicionados, por lo que se trató de una “entrega parcial”.
Gutiérrez Pérez criticó que “hace un año tomamos las instalaciones, porque la obra ya había sido parada, para exigir nuestra nueva escuela”.
Subrayó que fue elaborada un acta donde autoridades federales se comprometieron a entregar lo que hace falta al plantel, pero ello no ha ocurrido, y tampoco hay una fecha determinada, pues el argumento de responsables del Inifed es que el recurso del Fonden se terminó.
La directora de la escuela subrayó que “queremos saber qué pasó con ese recurso del Fonden, muchas escuelas, no nada más la mía, están en esa misma situación, que a pesar de haber sido autorizado y entregado ese recurso, supuestamente, la escuela no ha recibido absolutamente nada y queremos saber qué le hicieron a todo el dinero”.
Lamentó que los alumnos están trabajando en el piso porque no tienen butacas e incluso, algunos están trabajando en sillas que llevan de sus casas.
Gutiérrez Pérez explicó que el jardín de niños, la primaria y la telesecundaria de San José Guatemala, tuvieron perdida total.
El edificio de la telesecundaria fue cambiado de predio, no obstante que las tres escuelas tuvieron que ser reconstruidas, pero la primaria no ha sido concluida, al igual que la telesecundaria, lo que afecta a unos 60 alumnos de cada plantel.

Matan a un hombre en Igualapa y emboscan a un jefe de la UPOEG en San Marcos

Un señor de 34 años fue asesinado a balazos  la mañana de ayer en el centro del municipio de Igualapa a 50 metros del Ayuntamiento.
Fuentes de Seguridad Pública informaron que el homicidio ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, en la región de la Costa Chica.
Luego de que se escucharon disparos, la Policía Municipal encontró el cuerpo de un hombre que  tenía varios impactos de bala, al lugar llegaron familiares quienes lo identificaron como Juan. Luego de las diligencias el cuerpo fue entregado a sus familiares.
En una  emboscada fue asesinado un comandante de ruta de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en la comunidad de Las Vigas, San Marcos.
El hecho ocurrió la mañana del sábado en el terreno del comandante cuando éste llegó a su huerta de limones.
El comandante Joel de 64 años recibió seis balazos de un fusil AK-47 en distintas partes del cuerpo, tres disparos de una escopeta, otros dos de calibre .22 milímetros y uno de 9 milímetros.
El comandante  regional de la UPOEG, Ernesto Gallardo Grande dijo que el hecho no quedará impune y que van a detener a los responsables.

Clausura la Profepa la limpieza del canal de navegación de la laguna Tecomate en San Marcos

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en un comunicado informó que impuso la clausura de manera total temporal las actividades de limpieza del canal de navegación de la laguna Tecomate Pesquería, en el municipio de San Marcos, porque la empresa encargada no contaba con la autorización de impacto ambiental emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La dependencia federal informó que la empresa encargada hizo los trabajos con un máquina de dragado de succión estacionaria de 18 pulgadas de entrada y 16 pulgadas de salida, a 3 kilómetros dentro de la laguna, además de que en el mismo margen de la laguna se observó otra máquina con las mismas características, pero estaba en reparación.
“La maquinaria de succión realizaba aproximadamente un dragado de 5 mil m3 (metros cúbicos) de fondo lagunar por cada nueve horas de actividad, depositando el material extraído en un área colindante a la Laguna, conocida como “Estero Luna”, explica el escrito.
Agregó que en esa área se apreció que una superficie aproximadamente de 37 mil metros cuadrados destinada como tarquina, delimitada con malla geotextil, sobre postes de concreto y malla metálica.
La Profepa agregó que se depositó en esa zona alrededor de 210 metros cuadrados de extracción de lodos, en el que se utilizó tubería de 16 pulgadas de grosor, con longitud de 700 metros.
“Derivado de estas actividades, la vegetación afectada corresponde a especies de Mangle, específicamente Rizophora Mangle (manglar rojo) y Conocarpus Erectus (mangle botón), por lo que a 15 metros de distancia del cuerpo lagunar son evidentes cortes recientes de dichos ejemplares”, dice el comunicado.
La empresa no cuenta con la autorización de la Semarnat, por eso inspectores de la Profepa impusieran la clausura total temporal y colocaron sellos.

 

Se han quemado 656 hectáreas; la mayor superficie de los últimos 5 años, informa la Conafor

En dos días se incendiaron 100 hectáreas en la entidad, que se suman a las 554 que se habían quemado hasta el miércoles pasado, es decir 656.87 hectáreas. De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), ayer aún había dos incendios activos, uno en Cochoapa El Grande y otro en Eduardo Neri.
Según estadísticas difundidas la tarde de ayer por la Conafor, se han registrado 30 incendios forestales que suman 656.87 hectáreas conflagradas, de las cuales 227.46 fueron hojarasca, 240.5 arbustos y matorrales, 187.91 de matorrales y una hectárea de árboles de renuevo.
El municipio en el que más incendios han ocurrido es Chilpancingo, que lleva 11; le sigue Acapulco con siete, Ajuchitlán del Progreso con tres; Copanatoyac y Juan R. Escudero con dos cada uno; y Mochitlán, Coyuca de Benítez, San Marcos, Atenango del Río y Eduardo Neri, con un incendio en cada municipio.
Chilpancingo también encabeza el listado de municipios con mayor superficie afectada, al registrar 172.11, le siguen Acapulco y Ajuchitlán del Progreso, con 139.21 y 103.5 hectáreas conflagradas.
Según la estadística el número de incendios como de hectáreas afectadas superan las cifras de 2013, cuando hubo 21 conflagraciones con una afectación de 340.5 hectáreas. En 2014 hubo cinco incendios, con 73.85 quemadas; en 2015 siete, con 115.29; y en 2016 hubo nueve incendios, con 106.06 hectáreas afectadas. (Karla Galarce Sosa).

De los 84 pueblos de San Marcos en la UPOEG 48 se coordinan con Ernesto Gallardo, responden

El comandante de la Policía Ciudadana de San Marcos, Vicente Cuenca Campos afirmó que 48 poblados de los 84 donde tiene presencia su organización en ese municipio se mantiene la coordinación con el comandante regional, Ernesto Gallardo Grande.
En conferencia de prensa en la base de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos del Estado de Guerrero (UPOEG) en San Marcos, Cuenca Campos afirmó que quienes han dado declaraciones de que en cuatro municipios de la Costa Chica del estado han desconocido al comandante regional son compañeros que tratan de dividir el sistema.
Expresó que Gallardo Grande “no ha hecho nada de lo que no nos demos cuenta”, en cuanto a los operativos y detenciones donde ha participado el comandante regional. Informó que pese a que en San Marcos la base de Las mesas y otros 12 poblados se coordinan con Tecoanapa, hay comunicación y trabajo en equipo.

Un turista muerto y cinco heridos en accidente de carretera en San Marcos

Un turista de 65 años originario de la Ciudad de México perdió la vida y cinco más resultaron heridos luego de que el carro donde viajaban se salió de la carretera en la comunidad de El Cortés, en San Marcos.
El accidente se reportó a las 7:30 de la mañana de ayer en la carretera federal Acapulco- Pinotepa Nacional, en la curva de la muerte.
Según el reporte, los turistas de la Ciudad de México viajaban en una camioneta Explorer color arena con placas del estado de México. Entre los heridos hay dos niños de 10 y 9 años.

Aumentan 10 pesos a las tarifas de taxis colectivos de Acapulco a municipios de la Costa Chica

 

Viajar de Acapulco a algún municipio de la Costa Chica en los taxis colectivos que hacen sitio en Las Cruces cuesta 10 pesos más, luego de que transportistas de las rutas a San Marcos, Cruz Grande, Marquelia, Ometepec, y Cuajinicuilapa aumentaron el costo de las tarifas ante el aumento a la gasolina.
Los taxistas rechazaron el aumento y reprocharon que el presidente Enrique Peña Nieto prometió que no habría más aumentos a los combustibles.
Indicaron que, de forma paulatina, desde el 1 de enero todas las rutas que van a los municipios de la Costa Chica aumentaron 10 pesos al pasaje. Así, viajar de Acapulco a San Marcos cuesta 60 pesos con la nueva tarifa, de Acapulco a Ometepec pasó de 170 a 180, a Cruz Grande de 100 a 110 pesos. De Acapulco a Cuajinicuilapa aumentó de 180 a 190 pesos.
Asimismo, viajar de Acapulco a San Luis Acatlán pasó de 170 a 180 pesos y de Acapulco a Las Vigas de 80 a 90 pesos.
Sólo la ruta de Acapulco a Ayutla se mantuvo sin aumento de la tarifa hasta ayer, en 130 pesos.
Por otro lado, viajar de San Luis Acatlán a Tlapa cuesta 20 pesos más por pasajero en los colectivos, de 150 a 170 pesos, y de San Luis Acatlán a Marquelia pasó de 50 a 60 pesos. En tanto que viajar de Cruz Grande a Ayutla pasó de 50 a 60 pesos.
Las combis que circulan en Cruz Grande aumentaron el pasaje de 5 a 7 pesos.

Encuentra la CNDH que en cárceles de Guerrero los presos tienen funciones de autoridad y cobran

 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló 189 situaciones de riesgo, para prevenir la tortura y el maltrato en lugares de detención e internamiento (cárceles y albergues) que dependen del gobierno y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en su informe de anual de actividades 2016.
Además señaló 150 situaciones riesgo en cárceles municipales de Acapulco, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de Los Bravo, Coyuca de Benítez, Huitzuco de Los Figueroa, Mochitlán, San Marcos, Taxco de Alarcón, Tepecoacuilco de Trujano y Tixtla de Guerrero.
Entre las irregularidades señaló que las instalaciones son inadecuadas, que no tienen áreas exclusivas para alojar a las mujeres y que los internos tienen funciones de autoridad, cobran y gozan de distintos privilegios.
En un comunicado la CNDH informó que hizo más de 4 mil visitas a las 32 entidades del país, y el Mecanismo emitió 17 informes, nueve para cuatro entidades estatales, entre ellas Guerrero, así como para autoridades municipales y tres para al gobierno federal: uno para el Comisionado del Instituto Nacional de Migración y dos para el Comisionado Nacional de Seguridad.
En 44 visitas iniciales a Guerrero y cuatro de seguimiento, encontró 110 “incidencias” (situaciones irregulares) que violentan la legalidad y seguridad jurídica de personas privadas de su libertad, 80 relativas al derecho a un trato humano y digno, 33 por el derecho a la protección a la salud, 93 por el derecho a la integridad personal y 23 situaciones de grupos en situación de vulnerabilidad.
En el informe del 18 de agosto de 2016 para Guerrero y la FGE, indicó que en la entidad las instalaciones de detención y reclusión son inadecuadas, que la alimentación es deficiente, que hay sobrepoblación, hacinamiento y falta de lugares de recreación.
También faltan áreas exclusivas para alojar a las mujeres, personal especializado para la atención de menores de edad, la restricción de actividades de reinserción social, y los internos tienen “funciones de autoridad, cobros y privilegios”.
El mes pasado una mujer presa en la cárcel de Chilpancingo denunció que se separó a hombres y mujeres debido a que lo recomendó la CNDH, y que las instalaciones son inadecuadas porque las madres que viven con sus hijos tienen espacios de trabajo en el área general, donde están los hombres.
La CNDH denunció que en Guerrero hay restricción de comunicación del detenido con un defensor, hasta que éste acepta el cargo que se le imputa, falta de privacidad durante las entrevistas de las personas detenidas con su defensor y la comunicación telefónica, insuficientes aparatos telefónicos para la comunicación con personas del exterior, deficiencias en los registros de personas privadas de la libertad, inadecuada separación y clasificación de personas privadas de la libertad (procesadas y sentenciadas), e irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias a los internos.
Señala que los funcionarios públicos son omisos ante actos de tortura o maltrato y frente a las anomalías del personal médico, por prestación del servicio, y abasto de medicamentos, donde no hay condiciones para hacer los exámenes en privacidad.
Para la atención de mujeres señaló que no hay personal femenino para su custodia, y falta capacitación a servidores públicos adscritos a los lugares de detención e internamiento en materia de prevención de la tortura.
Tampoco programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos en los lugares de detención, contra las adicciones ni accesos para las personas con capacidades físicas diferentes.
Recomienda mejorar la higiene y que se den tres alimentos al día en las prisiones

A fin de promover medidas para mejorar el trato y las condiciones de detención, recomendó mejorar las condiciones de habitabilidad y de higiene para garantizar una estancia digna y segura.
Asimismo, que se distribuyan tres alimentos al día en un horario establecido, con valor nutritivo para el mantenimiento de su salud, y se procure una distribución equitativa de los espacios que no exceda la capacidad instalada, y que las mujeres en los centros de reclusión y en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes cuenten con instalaciones adecuadas para garantizarles el acceso a los servicios y actividades, en igualdad de condiciones que la población varonil y totalmente separadas de las que éstos utilizan, así como contar con el personal especializado que se requiera para tal efecto.
Propuso que los centros de adaptación, tengan áreas de aseguramiento de las agencias del Ministerio Público que alojen exclusivamente a las mujeres, completamente separadas de las que ocupan los hombres, y se implementen programas para prevenir y en su caso y atender situaciones de peligro, emergencia o eventos violentos.
Del Centro Estatal Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad Casa Hogar DIF Guerrero, pidió personal de trabajo social suficiente para la debida atención de los menores.
En el informe 6/2016 el 26 de agosto de 2016 el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura notificó a los alcaldes de los 12 municipios de Guerrero que tienen cárceles, 150 situaciones de riesgo, situaciones similares a los centros de readaptación estatal: inadecuadas instalaciones, deficiencias en la alimentación y falta de áreas para alojar a mujeres.
Señala irregularidades en la imposición de sanciones administrativas, deficiencias en los registros de personas privadas de la libertad, restricción de la comunicación telefónica y la omisión de denuncia sobre actos de tortura o maltrato.
En prevención de la tortura resalta la inexistencia de programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos, deficiente supervisión de los lugares de detención y carencia de accesos para personas con capacidades diferentes.

No ha detenido del todo la CFE la construcción de la presa La Parota, dicen organizaciones

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), y los gobiernos federal y estatal, no han parado por completo las actividades de la construcción de la presa La Parota, se establece en el informe que entregó el lunes pasado la coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU.
El documento señala que antes que detenerse los trabajos en la presa, “por el contrario, parecen seguir avanzado, ya que la CFE y el gobierno del Estado de Guerrero han hecho diversas manifestaciones de continuar con su construcción y han realizado actividades para promover su realización, como es la publicación de convocatorias de licitaciones públicas internacionales en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de que empresas se sumen a la construcción”.
Las agrupaciones advierten que “se siguen poniendo en peligro los derechos, territorios, viviendas y tradiciones” de comunidades de los municipios de Acapulco, San Marcos y Juan R. Escudero.
También denuncian que desde 2003, cuando se intensificaron las acciones, se han cometido abusos a derechos humanos, a los derechos indígenas, a la tierra y el territorio, a la vida digna; asimismo, señala que se han cometido acciones de intimidación y amenazas, criminalización, y detenciones arbitrarias y agresiones contra los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop).
El proyecto de La Parota, en Guerrero, es uno de los 60 casos que organismos ambientalistas, de derechos humanos y organizaciones sociales incluyeron en su informe México: Empresas y Derechos Humanos, entregado al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, y se encuentra en el apartado Energía (hidroeléctricas y eólica).
El informe menciona que la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota se viene planeando desde 1976, cuando se hicieron los primeros estudios técnicos, pero que es a partir de 2003 cuando la presa comienza a tomar mayor relevancia, “tanto por el nivel de insistencia por parte de la CFE, como por el nivel de rechazo y resistencia organizada a partir del CECOP”.
Se denuncia que a raíz de la lucha en contra del proyecto, varios de los integrantes del Consejo han sido sujetos de amenazas y criminalizaciones de diversos tipos, como los casos de Marco Antonio Suástegui Muñoz, María de la Cruz Dorantes Zamora y Julián Blanco Cisneros. Los dos primeros fueron acusados “injustamente” de delitos que no cometieron, y se evidenció “el uso faccioso” del sistema penal para incriminarlos.
En el caso de Suástegui, denuncian que al ser detenido fue trasladado “de manera ilegal” a un reclusorio de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, “siendo que el delito por el que se le acusaba no aludía a que se le trasladará a un reclusorio con esas características, por lo que varias organizaciones nacionales e internacionales se pronunciaron y exigieron justicia para Marco”.
En el caso de Julián Blanco Cisneros, denuncian que fue víctima de agresiones directas de soldados del Ejército, quienes lo amenazaron de muerte a él y a su familia, “a tal punto que fue incorporado al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Los organismos advierten que, ante la falta de una debida actualización de los riesgos, el gobierno le retiró las medidas otorgadas con dicho mecanismo, pese a que continúan las amenazas en su contra.
Refieren que, en la criminalización de los miembros del Cecop se han visto implicados tanto elementos de fuerzas de seguridad como el Poder Judicial del estado, “ya sea en detenciones ilegales como en la construcción de delitos en contra de los integrantes del Consejo”.
El documento advierte que los ataques contra los miembros del Cecop siguen latentes, debido a su oposición al proyecto. “Especialmente Julián Blanco ha expresado que le siguen llamando y dirigiendo amenazas en su contra y de su familia, inclusive de muerte, refiriéndole principalmente que se aleje de las actividades del CECOP”.
Aseguran que se ha intentado un diálogo con la CFE y parte de las comunidades afectadas, “pero no se han derivado resultados concluyentes”.
El documento recuerda que las actividades de defensa de las comunidades inician desde la creación del Cecop, en 2003, para promover una estrategia de defensa jurídica que inicio con el conocimiento de las afectaciones, además informa que el Cecop ha promovido la impugnación de las asambleas agrarias en las que la CFE había incurrido en diversas irregularidades, por lo que en el año del 2007, “se lograron nulificar 4 asambleas que se habían celebrado de esta forma por el Tribunal Unitario Agrario del distrito 41, que conoció del caso”.
Desde ese momento, la CFE ha intentado continuar con la construcción y ejecución del proyecto, pero la CECOP también ha promovido que no se haga efectivo.

La reacción del gobierno del estado frente a la construcción de la presa ha sido ambigua, señalan

Mientras tanto, las organizaciones se quejan que la reacción del gobierno estatal “ha sido ambigua”, dado que en los espacios de diálogo que ha abierto con los ejidatarios y comuneros opositores a La Parota, ha expresado su compromiso de no impulsar desde el gobierno estatal el proyecto, “sin embargo, reiteradamente se negó a firmar los Acuerdos de Cacahuatepec, documento que dejaría registro de su compromiso a respetar la decisión de los comuneros y a no promover ninguna acción que pueda detonar la reactivación del proyecto hidroeléctrico”.
Se menciona que en la construcción de la presa se han visto envueltas principalmente la CFE y el gobierno del Estado, así como el gobierno federal, “quienes han apoyado el actuar de la Comisión en todo momento, teniendo un carácter débil ante las exigencias de las comunidades y por el contrario, brindando las facilidades para la continuación del proyecto”.

Anuncian taxistas de la Costa Chica que aumentarán 5 pesos a las tarifas

Taxistas de la ruta Ayutla-Cruz Grande-Ayutla informaron que a partir del lunes el costo del pasaje pasará de 45 a 50 pesos ante el alza del precio de la gasolina.
El miércoles las mesas directivas de varios sitios foráneos y locales de Marquelia, San Marcos, Cruz Grande y Ayutla entregaron un oficio a la delegación de Transportes en la Costa Chica, solicitando la autorización del aumento de 5 pesos a la tarifa del pasaje, ante el reciente aumento al precio de la gasolina.
Ayer los taxistas del sitio Ayutla-Cruz Grande comenzaron a informar a los usuario que a partir del lunes el costo del pasaje será de 50 pesos.
Los usuarios manifestaron su descontento ante el aumento, e indicaron que apenas en diciembre pasado hubo un aumento de 5 pesos al pasaje.
Otras rutas que solicitaron la autorización para el mismo aumento son las que van de Marquelia a Ometepec, y de Cruz Grande a San Marcos, además de los sitios de taxis locales. (Jacob Morales Antonio / Ayutla).