El abogado José Luis Solís Pacheco dijo que representa a más de 6 mil policías estatales y personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes exigen al gobierno de Evelyn Salgado Pineda un aumento salarial, y prestaciones como créditos para vivienda y servicio de salud de calidad.
En conferencia de prensa en el restaurante Vips de La Diana, el abogado del despacho jurídico J. Solís firma consultora: Attorney at Law, informó que ellos representan a los trabajadores y que ante la nula atención, buscarán un amparo para que “se ejerza el derecho que están solicitando”.
Indicó que las demandas de los policías son el incremento salarial homologado a nivel nacional, de acuerdo con lo publicado el 14 de junio de 2023 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de un salario dignó para los policías.
Subrayó que los policías han manifestado que no han recibido incremento salarial desde el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, pero “sí más exceso de trabajo u jornadas laborales”.
Otra de las demandas es el acceso a créditos de vivienda, porque la gobernadora al inicio de su mandato prometió que ella daría ese beneficio y atención a la salud digna.
También piden el derecho a vacaciones, porque “en la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado no se establece ese derecho de la Policía Estatal, por lo que están solicitando que se haga una reforma para que se incluya ese rubro, por omisión legislatica en dicha ley”.
Además pide que se respete la jornada laboral, que es de 8 horas más 4, lo cual no se hace “prácticamente los tienen cinco días laborando, lo demás de descanso, lo cual no es correcto porque va en contea de los tratados nacionales e internaciones de las jornadas que deben cubrir”.
En el documento enviado a las autoridades del estado también está el derecho a manifestarse, porque en la Ley 179, que fue creada durante el actual gobierno, se les “prohibió el derecho a manifestarse, cuando es un derecho constitucional, así como sindicalizarse, asociarse para un sindicato y es lo que están solicitando”.
También quieren el respeto a la jubilación y pensiones, porque hay elementos que ya cumplieron con los requisitos, pero la ley de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero no establece los tiempos ni cuándo, ni el procedimiento a seguir, porque no se han creado los reglamentos derivados de la creación de esa ley.
Dijo el abogado que el documento es para que las autoridades den contestación a sus demandas, pero el jefe de la unidad de asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la Secretaría de Seguridad Pública, José Antonio Mora Rendón, dio contestación a la petición “con un documento donde nada más da evasivas, sin responder ninguna, sino al contrario. En ese oficio les dice cómo puede darlos de baja, entre ellos, el manifestarse por no tener disciplina”.
“En este escrito, prácticamente los está amenazando por exigir sus derechos”, dijo del abogado.
Señaló que los policías estatales, distribuidos en las ocho regiones, están de acuerdo en irse a un paro de labores a efecto de que “mientras no se les cumplan sus demandas, seguirán en su manifestación, respetando la garantía de los ciudadanos”. Además, recurrirán al juicio de amparo, para que a través de ello se ejerza el derecho que están solicitando.
Policías del estado decomisaron un arma larga y cartuchos en Chichihualco, la cabecera municipal de Leonardo Bravo, informó la Secretaría de Seguridad Pública.
En un boletín informó que como parte de sus acciones de seguridad y prevención, la acción se llevó a cabo en la avenida principal.
“Lo asegurado fue un arma larga, 305 cartuchos de distintos calibres, un chaleco táctico y un vehículo marca Ford, tipo F-150, modelo 2020, con placas de circulación del estado de Jalisco” que fueron puestos a disposición de las autoridades para su debido proceso.
“El personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal mantiene sus acciones operativas coordinadas y filtros de atención ciudadana en el municipio de Leonardo Bravo”, agrega.
El 18 de septiembre pasado vecinos reportaron balaceras y ataques con explosivos en las colonias La Trinchera y El Tanque, la ciudad quedó vacía, cerraron comercios, la gasolinería, centros de salud, iglesias y se informó que una vivienda fue incendiada y un hombre murió en los enfrentamientos entre grupos delincuenciales.
El 20 de septiembre el Ayuntamiento de Leonardo Bravo canceló el tradicional paseo del pendón y la feria regional 2023 en honor a San Miguel Arcángel, debido a la violencia del crimen organizado.
Además, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó en esa ocasión que tras los enfrentamientos decomisó en dos hechos siete armas de fuego, cartuchos, un vehículo con reporte de robo y que detuvo a cinco civiles armados, de los cuales uno es un menor de edad.
Mencionó que en El Arenal un grupo de civiles se trasladaban a bordo de un vehículo y agredieron con disparos de arma de fuego a los elementos que realizaban patrullajes.
Tras repeler la agresión “los policías estatales lograron la detención de cinco individuos identificados como Eliseo “N”, Arturo “N”, Pánfilo “N”, Alejandro “N” y un menor de edad”, difundió en esa ocasión.
Se decomisaron cinco fusiles, un arma de fuego corta, 249 cartuchos calibres .223 mm, 15 cartuchos calibres .9 mm, 8 cargadores para arma larga y uno para arma corta, además de una camioneta Toyota tipo Hilux, doble cabina, modelo 2017 y con reporte de robo.
“En estos hechos resultó un civil armado muerto y un policía estatal lesionado, quien está reportado como fuera de peligro”, se informó.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado difundieron un mapa del reacomodo de los grupos del crimen organizado, que da seguimiento a la expansión en este año de la Familia Michoacana (FM) en la entidad, y muestra que con sus alianzas mantiene cercado al grupo Los Tlacos.
El mapa realizado por la dependencia se titula: “Presencia de La Familia Michoacana (FM) y su avance con aliados (La Bandera, Los Ardillos, Cártel del Sur, Los Maldonado) en otros municipios del estado de Guerrero, para acorralar a Los Tlacos”, en el que el municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) se marca como el único controlado por Los Tlacos, mientras que los de la FM suman 30.
Según el documento, los municipios que controla la alianza criminal son Petatlán, Coyuca de Catalán, Pungarabato, Cutzalama, Tlalchapa, Tlapehuala, Ajuchitlán, Arcelia, San Miguel Totolapan, Canuto A Neri, Pedro Ascencio, Tetipac, Pilcaya, Taxco, Ixcateopan, Teloloapan, Cuetzala, Apaxtla, Cocula, Iguala, Buenavista de Cuéllar, Huitzuco, Tepecoacuilco, Eduardo Neri, Leonardo Bravo, Tixtla, Chilpancingo, Mochitlán, Tierra Colorada y Quechultenango.
Si bien la FM aparece constantemente en los medios de comunicación, debido a los ataques, asesinatos, extorsión y cobro de piso en donde opera, y su sello es el ataque con explosivos arrojados con drones, el 5 de octubre del año pasado cobró mayor relevancia en el estado, debido a una masacre que perpetró en San Miguel Totolapan.
Ese día, el presidente municipal Conrado Mendoza se reunió con consejeros del Ayuntamiento, que formaban parte de la autodefensa Movimiento por la Paz, en una casa a cuatro calles del Palacio Municipal, a donde llegaron 40 sicarios y dispararon a los asistentes. Después dispararon al Ayuntamiento, al final el saldo oficial fue de 22 asesinados, entre ellos el alcalde y un niño que pasaba por el lugar del ataque.
Según el mapa que muestra la expansión de esta alianza criminal, además de los 30 municipios bajo su control tiene presencia en la sierra de Atoyac.
Mientras tanto, Los Tlacos sólo tienen el control del municipio de Tlacotepec, pero se marca su presencia en Apaxtla, Cuetzala, Taxco, Cocula, Iguala, Huitzuco, Tepecoacuilco, Atenango del Río, Copalillo, Eduardo Neri, Leonardo Bravo y Chilpancingo.
El mapa muestra las rutas que toma la alianza para cercar el municipio de Heliodoro Castillo, una de ellas va desde Coyuca de Catalán, cruza Petatlán y llega a esa demarcación desde la sierra de Atoyac.
Una más es desde la sierra de Chilpancingo, otra por la de Leonardo Bravo, una más por Cocula, otra por Cuetzala, otra por Apaxtla y una última por San Miguel Totolapan, cercando así Tlacotepec.
Antes de la masacre de San Miguel Totolapan la Familia Michoacana ocupaba los municipios de Pungarabato, Arcelia, Tlapehuaha, parte de San Miguel Totolapan, Tlachapa, y parte de Coyuca Catalán, según se ha documentado en estas páginas, mediante denuncias de organizaciones de derechos humanos y visitas a las zonas en conflicto. Ahora, según el mapa del gobierno estatal, controla 30 con sus alianzas y tiene presencia en uno más.
La FM, además, ha mantenido su actividad criminal constante. El 31 de agosto atacó la comunidad Linda Vista, en la sierra de San Miguel Totolapan, y provocó el desplazamiento forzado de cientos de campesinos, mezcaleros, beneficiarios del programa Sembrando Vida, mujeres, niños y adultos mayores. Los pueblos Petlacala, Las Máquinas y Plan Verde se quedaron completamente vacíos porque la gente huyó de la violencia.
Además, este sábado fue asesinado el fiscal regional en Tierra Caliente, mayor del Ejército Víctor Manuel Salas Cuadras, en Coyuca de Catalán, en un municipio considerdo bajo el control de la Familia Michoacana, liderado por los hermanos Hurtado Olascoaga.
Una alumna de la Preparatoria 10 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), con sede en esta ciudad, desapareció el jueves, por lo que se activó la Alerta Violeta para su búsqueda.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal activó la Alerta Violeta la mañana de este viernes, para la búsqueda de la adolescente Mariana Hernández Mauricio, de 17 años, quien al momento de su desaparición portaba el uniforme de la escuela, un pants azul y playera gris con el logotipo de la institución.
En el boletín de búsqueda difundido, se informa que como seña particular la adolescente tiene un lunar en el cuello; es de complexión robusta, de tez morena clara, mide 1.60 metros de estatura y tiene el cabello negro ondulado.
El caso se da un día después de que en Teloloapan también se reportó la desaparición de la estudiante de la preparatoria 3 Leyes de Reforma perteneciente a la UAG, Rubí Esmeralda Gutiérrez Rodríguez, de 16 años, quien hasta este viernes no había sido localizada. La adolescente fue vista por última vez la mañana del miércoles de camino a la escuela y también portando el uniforme de la institución. (Alejandro Guerrero / Iguala).
María Mónica Díaz Chávez de 32 años, fue vista por última vez el lunes en Iguala y desde ese día no ha sido localizada, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública estatal activó la Alerta Violeta.
De acuerdo con el boletín de búsqueda difundido la noche del jueves en la página oficial de Facebook de la Secretaría de Seguridad Pública, la última vez que María Mónica fue vista en esta ciudad, vestía una blusa negra, pantalón de vestir azul marino con bolsas blancas y pantuflas de plástico negras.
La mujer es morena clara, de complexión regular, mite 1.6 metros de estatura, de cabello negro que le llega a la espalda. Como seña particular, tiene un lunar al lado izquierdo de la boca, indicó la dependencia en el comunicado mediante el que se pide ayuda para su localización. (Redacción).
Reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz para tratar la violencia en Zihuatanejo que dejó sin el servicio de gas a la población Foto: SSP
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
El director de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros informó que ayer en Zihuatanejo la empresa Global Gas restableció de manera “normal” la venta y distribución de gas LP, la última de tres que faltaba por hacerlo, pero confirmó que en Petatlán aún falta a pesar de que ya están trabajando para ello.
Afirmó que en Zihuatanejo se vive una situación de “complejidad”, pero argumentó que hay gobernabilidad en el estado y que lo que se vive “está pasando en la agenda nacional, hay un repunte en la criminalidad en a nivel nacional no es un tema exclusivo de Guerrero”.
También dijo que en el corredor de Santa Rosa al Durazno ayer se reanudaron de manera gradual las clases de nivel básico, y están garantizando el abasto de medicamento y la llegada de personal médico como lo demandó la población.
Ayer el gobierno del estado en un comunicado informó que derivado de la operación conjunta de los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno “se ha normalizado la distribución y venta de gas LP en Zihuatanejo y en los municipios de la Costa Grande que habían sido afectados ante amenazas provenientes de generadores de violencia, mismas que están siendo investigadas por la autoridad competente”.
Indicó en el texto que en la sesión de ayer, los integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz –que presidió de manera virtual la gobernadora Evelyn Salgado Pineda–se reconoció el trabajo de los agentes de las instituciones civiles y militares en la procuración de paz para que los ciudadanos hagan sus actividades cotidianas.
Destacó que el lunes en Guerrero a través de los operativos conjuntos detuvieron a ocho personas por delitos del fuero común y federal, recuperaron vehículos y decomisaron armas de fuego y sustancias ilícitas, aunque no precisaron los lugares.
Al mediodía, consultado respecto al problema de las empresas gaseras en Zihuatanejo, en la plaza Primer Congreso de Anáhuac de Chilpancingo, durante la celebración de las bodas colectivas, Rodríguez Cisneros dijo que han investigado mediante la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, y que ayer la empresa Global Gas reinició sus actividades de manera normal, la cual comentó era la última empresa que faltaba por hacerlo.
En su edición del 6 de febrero El Sur informó que ante las amenazas de supuestos integrantes del crimen organizado, el sábado 4 de febrero los dueños de tres empresas suspendieron la venta y distribución del combustible, aunque el 7 de febrero reinició sus actividades el negocio de Gas Express Nieto, pero sólo llenando los cilindros de los pobladores en su local ubicado en San José Ixtapa (a 12 kilómetros de Zihuatanejo), lo que provocó grandes filas.
Las otras dos empresas, Gas Mundial y Global Gas comenzaron a vender a partir del 11 de febrero pero con vigilancia de agentes de la Marina y Policía del Estado, sin embargo, empresarios precisaron que sólo Global Gas surtía el combustible a los tanques estacionarios, pero sin atender en su establecimiento, no obstante, Gas Mundial sí abrió su negocio.
Las tres empresas de Zihuatanejo, así como en Petatlán, donde también los negocios de venta de gas fueron amenazados por los delincuentes y se vieron obligados a suspender los servicios, dejaron de distribuir el combustible en cilindros a domicilio desde el 4 de febrero.
Ayer, Rodríguez Cisneros confirmó que en el caso de Petatlán el gobierno del estado está trabajando, pero aún no se restablece la venta del gas; reiteró que en Zihuatanejo ya trabajan al cien por ciento las tres empresas.
Respecto a las quejas de empresarios de que el lunes a pesar de que la pipa con gas de Global Gas intentó surtir varios negocios y restaurantes, pero supuestos integrantes de grupos delincuenciales no les permitieron abastecerlos, respondió que no tenían información de que hubiera pasado algo así.
Sostuvo que la venta está “transcurriendo de manera normal, tan es así que ya la última empresa que faltaba ya está haciendo venta y distribución a domicilio”.
Se le preguntó si el asesinato de un adolescente el lunes y el incendio de las palapas la madrugada de ayer no tenían que ver con las amenazas a las empresas de venta de gas o una ola de violencia en Zihuatanejo, el funcionario mencionó que “es parte del fenómeno de la violencia, pero que la Fiscalía General del Estado determinará las causas y el origen que los generaron, y no podía señalar que esos hechos estaban relacionados con la delincuencia organizada.
Se le preguntó si no con todo lo ocurrido hay un caos en Zihuatanejo, pero Rodríguez Cisneros afirmó que no, y que lo que hay es una “situación ahí digamos de complejidad, pero se está atendiendo de manera permanente”.
Del caso del incendio de dos cabañas en la playa La Ropa, aseveró que no sabía si el fuego fue provocado, que la FGE investigaría.
Al funcionario se le preguntó qué estrategia será la efectiva para liberar a los ciudadanos de Zihuatanejo de las constantes extorsiones del crimen organizado, a los transportistas, tortilleros, empresarios de la construcción y de ferreterías, y recientemente los gaseros, expuso que como dijo hace unos días el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, “desafortunadamente la extorsión es el delito de alto impacto que más se está cometiendo en nuestra entidad”.
Dijo que como gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública garantizan a los ciudadanos estabilidad y que se sientan seguros, pero llamó a quienes se sientan afectados denuncien, porque a pesar de que son situaciones “muy complejas”, porque sólo así se investiga.
“Cuando hay trascendidos o comentarios a través de redes sociales o a través de medios de comunicación es muy difícil, porque no tenemos la información que se requiere para que la parte operativa tenga haga su rastreo y el uso de la tecnología para las investigaciones y atender estas situaciones”, dijo.
Rodríguez Cisneros manifestó que sí han recibido denuncias, pero también “hay temor y respetamos esa parte”, añadió que “hay gobernabilidad en el estado, hay estabilidad social, lo que nosotros estamos pasando es lo que está pasando en la agenda nacional, hay un repunte en la criminalidad en la nivel nacional no es exclusivo de Guerrero”.
Destacó que es importante que se denuncie para que se pueda actuar, añadió que la seguridad está garantizada porque el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, “es un experto en inteligencia”.
Dijo que quiénes se han acercado para denunciar “saben que se ha tratado todos los denuncias con mucha secrecía, precisamente para garantizar su integridad”.
La Policía del Estado y el caso de El Parotal
El 29 de enero, el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, acudió a El Parotal, localidad serrana del municipio de Petatlán, junto a los secretarios general de Gobierno y de Seguridad Pública, Ludwig Marcial Reynoso y Evelio Méndez, para liberar a 32 policías estatales que fueron desarmados y retenidos durante más de 17 horas por pobladores y donde fueron asesinados dos agentes y tres civiles, ayer se le preguntó si los tres civiles muertos eran policías o infiltrados del grupo La Familia Michoacana, como denuncian los lugareños.
“No, ese es un señalamiento que hicieron, sin embargo ya es de dominio público se están haciendo dos investigaciones, una a través de la Fiscalía y otra a través del órgano interno de control y ellos habrán de determinar la responsabilidad”, señaló
Sostuvo que no hay una denuncia hasta este momento formal de que esos tres civiles muertos pertenecieran a un grupo delictivo, “pero sí ha habido una serie de comentarios a través de medios de comunicación, señalamientos por pobladores y unos videos que estuvieron difundiendo, sin embargo, lo que es importante es lo de que determinan las autoridades”, añadió.
–¿No no le parece grave ese señalamiento?, preguntó un reportero.
–Sí, es un señalamiento grave, pero no podemos nosotros estar en esa situación ante cualquier señalamiento tomarlo como cierto, hay que esperar que se determine la responsabilidad.
–¿Fue un enfrentamiento o una ejecución en El Parotal?, se le preguntó.
–Se están haciendo las investigaciones eso le va a tocar definirlo a la Fiscalía
–Pero, ¿qué explicación da, de los civiles en un convoy de la policía estatal?
–Eso lo tiene que determinar el órgano interno de control, porque yo no conozco esa parte operativa de la Secretaría (de Seguridad Pública).
–¿En qué tiempo podrá darse ese informe?
–Están haciendo su lado, yo creo que un tiempo muy breve y pertinente van a dar a conocer resultados.
–¿No cuestiona eso la credibilidad de la policía (estatal)?
–No, al final hay una serie de situaciones muy importantes, hay que señalar también que los golpes más importantes al crimen organizado lo ha hecho la Secretaría de Seguridad Pública, lo hace todos los días, si hay situaciones que en algún momento puedan digamos restar la credibilidad de la Policía del Estado se tienen que sancionar, se han estado haciendo sanciones y tiene que hacerse una investigación, pero también hay que reconocer que las detenciones más importantes las ha hecho la Policía del Estado.
Rodríguez Cisneros precisó que en Teloloapan, el pasado sábado 11 ocurrió una operación que encabezó la federación para abrir paso en la carretera federal de Iguala a Ciudad Altamirano porque un grupo de civiles armados estaban sobre la vía y causaba zozobra a los ciudadanos de la región.
Agregó que en Costa Grande en la ruta del corredor de Santa Rosa de Lima a El Durazno, de los municipios de Petatlán, Tecpan y Coyuca de Catalán ayer reiniciaron de manera gradual las clases de nivel básico, y que también recibirán atención médica y abasto de medicamento.
Esto luego de que los pobladores denunciaron que tras el ataque y asesinato de 7 hombres el 10 de diciembre del años pasado, y una serie de enfrentamientos armados en los primeros días de este año contra presuntos integrantes de La Familia Michoacana, maestros y médicos abandonaron la zona por temor.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que como resultado de los recorridos realizados el fin de semana en Apaxtla, fueron asegurados seis vehículos, entre ellos cinco con reporte de robo y algunos rotulados por la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
Mientras que este lunes, pobladores de la cabecera municipal de Apaxtla y el vocero del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), Heliodoro Ocampo Blas, denunciaron presuntos cateos sin autorización en casas y negocios, durante los cuales acusan que policías estatales y ministeriales robaron dinero, alhajas y otros objetos, como herramientas de trabajo.
Asimismo, se informó que los ocho policías comunitarios detenidos en el recorrido implementado el sábado en Apaxtla, fueron puestos a disposición en el Ministerio Público de Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente, y también se pusieron a disposición en el Ministerio Público federal en Ciudad Altamirano, cuatro armas largas de cacería, decomisadas en Apaxtla por policías estatales el viernes, las cuales fueron traídas a Tierra Caliente debido a los bloqueos que había en Iguala.
En un comunicado de prensa, difundido a las 12:30 de la tarde de este lunes, por la SSP estatal, se informó que los aseguramientos se realizaron durante recorridos de vigilancia en Apaxtla, aunque no se precisa el día.
Indica que fue asegurada una camioneta Nissan pick up, con placas de Oaxaca, sin reporte de robo, en la que se hallaron cuatro balas, sin mencionar el calibre. Asimismo, cinco vehículos con reporte de robo: dos camionetas pick up, una Nissan Frontier y otra Ford Ranger, ambas sin placas; otra camioneta Nissan pick up y un automóvil Nissan Versa blanco, los dos con placas de Morelos.
El aseguramiento se da como parte del programa desplegado desde la mañana del sábado en Apaxtla, en coordinación con la Policía Estatal, Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Marina y Ejército.
De acuerdo con el vocero del MAAC, Helidoro Ocampo Blas, algunos de los vehículos fueron confiscados el sábado, luego de los recorridos desplegados y otros durante operaciones realizadas este domingo. Dijo que algunos de ellos, los rotulados, pertenecían a la autodefensa de Tlacotepec y otros dos al MAAC, pero de la anterior administración.
“Literal, vinieron a robar”, dice una mujer en un video
El coordinador del MAAC informó por teléfono que pobladores de Apaxtla denunciaron que efectivos de la Policía Estatal y de la Ministerial del estado, estaban entrando a las casas y negocios para realizar cateos, pero sin presentar una orden judicial.
Dijo que durante estas irrupciones ilegales, que empezaron a realizar desde la noche del domingo, los uniformados han robado dinero, alhajas, objetos “y todo lo que puedan”, pero que la gente tiene miedo a presentar las denuncias por temor a las represalias.
Mediante videos que fueron difundidos por los vecinos en las redes sociales, se denunció que los policías que entraron a sus casas, robaron todo lo que pudieron, “literal, vinieron a robar”, se escucha decir a una mujer.
En otra grabación, se denuncia que “no es justo” que hagan eso y que en un negocio se robaron máquinas para hacer tatuajes y cables, además de que robaron cadenas que tenían guardadas en un alhajero de metal, también de hacer un desorden, “vinieron a robar aquí, es gente ratera la que viene a Apaxtla”, denunciaron.
Los ocho detenidos trasladados a Coyuca de Catalán
El vocero del MAAC informó que los ocho policías comunitarios detenidos el sábado, durante el recorridoo, fueron trasladados y puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público de Coyuca de Catalán, y no en el distrito judicial de Teloloapan o el de Iguala.
Entre los detenidos, dijo, están seis comunitarios de Heliodoro Castillo y dos de la autodefensa del MAAC.
Ponen a disposición en Ciudad Altamirano armas decomisadas en Apaxtla
Personal de la Fiscalía Regional de Coyuca de Catalán puso a disposición, en el Ministerio Público federal de Ciudad Altamirano, cuatro armas largas de cacería decomisadas por policías estatales en Apaxtla el sábado, las cuales fueron llevadas a Tierra Caliente debido a los bloqueos que había en Iguala.
Fue hasta el lunes cuando el personal de la Fiscalía de Coyuca de Catalán trasladó a la oficina del Ministerio Público federal en Altamirano las armas que fueron decomisadas, para continuar con el procedimiento legal.
Se trata de las armas que fueron aseguradas por la Policía Estatal y el Ejército al ingresar a Apaxtla, en donde se informó de la detención de ocho personas, de las cuales se desconoce su situación legal.
Entre las armas que decomisaron se encuentran dos rifles calibre 22, una de ellas tipo mosquetón; y dos escopetas, todas de calibres autorizados para cacería.
Este material iba a ser puesto a disposición en la misma región Norte, en Iguala; sin embargo, debido a las protestas de transportistas que cerraron esa ciudad, la Policía Estatal trasladó todo el material a Coyuca de Catalán, para ser puesto a disposición en la agencia del Ministerio Público del fuero común, donde a su vez recibieron el material y este lunes lo trasladaron a la agencia del Ministerio Público federal.
La fiscalía turnó el caso a la federación, para que le dé continuidad a la investigación de las armas.
El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Chilapa, Aldy Esteban Román informó que no se ha nombrado a un director de la Policía Municipal, después del homicidio de Isidro Casarrubias Tlatempa, cuyo cuerpo fue hallado el domingo 29 de abril en Chilpancingo.
En esta administración del priista Jesús Parra García, quien busca la reelección, han sido asesinados seis policías, entre ellos dos mandos.
La corporación cuenta con 124 agentes para atender a una población más de 120 mil habitantes. Está encabezada por el oficial de la Policía Estatal Domingo Tlatempa Vázquez, quien suplió al oficial Abdón Castrejón Leguideño, asesinado a balazos la noche del 5 de abril durante la fiesta patronal en la comunidad de Nejapa.
Su policía acompañante, Luis Vargas Vázquez fue asesinado cuando estaba de descanso el 24 de abril en la avenida Revolución, una de las más transitadas de la ciudad, a unos metros de la comandancia municipal.
“Son personas que están al frente de una responsabilidad compleja, es alarmante y preocupante que estén sucediendo este tipo de situaciones”, dijo el funcionario respecto de la violencita.
Añadió que desde hace 2 años Chilapa cuenta con respaldo “institucional” del gobierno federal con el Ejército y con policías del gobierno estatal.
El encargado de despacho informó que no se han presentado deserciones aunque hay elementos que por cuestiones personales han solicitado permiso para ausentarse, pero por “causas diversas”.
Dijo que hay una plantilla de 124 policías preventivos, aunque no precisó si incluye a personal de Protección Civil, Tránsito, bomberos y administrativos.
“No son suficientes de acuerdo a la población, pero también los aspirantes que desean ingresar no todos aprueban el examen de control y confianza, la seguridad pública no sólo es un tema de cantidad de elementos, es un tema donde están involucrados más apartados”, dijo.
A pregunta expresa dijo que el director policiaco Isidro Casarrubias tenía más de 15 años en la corporación y estaba preparado académicamente, con una licenciatura en Seguridad Pública y cursaba la licenciatura en Derecho y en Psicología.
El alcalde con licencia, Jesús Parra García que busca reelegirse en el cargo postulado por el PRI, es resguardado por aentes de la policía municipal.
Dejan el cuerpo de un hombre en la lateral de norte a sur del bulevar Vicente Guerrero de Chilpancingo, a unos metros de la Fiscalía. Policías del estado y militares resguardaron el lugar, mientras peritos realizaron las diligencias Foto: José Luis de la Cruz
Un hombre asesinado a balazos fue dejado frente al Centro de Integración Juvenil a dos cuadras de la Fiscalía General del Estado, mientras que un detenido y daños a dos taxis, un automóvil y una camioneta Jeep dejó una persecución de policías estatales y un hombre armado en las colonias Indeco y Los Ángeles en Chilpancingo, además un cadáver fue encontrado en la comunidad El Posquelite en Zihuatanejo y una mujer fue asesinada balazos en Tepecoacuilco.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que minutos después de las 6 de la mañana recibieron un reporte de que había un cuerpo en Chilpancingo.
La víctima tenía unos 35 años, estaba tendida bocabajo en la calle lateral a la Autopista del Sol, no vestía playera, el pantalón lo tenía debajo de los glúteos y la cabeza cubierta con una bolsa negra.
Al Centro de Integración Juvenil llegaron policías estatales, ministeriales y soldados quienes acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía hicieron las diligencias correspondientes.
El cuerpo sin ser identificado fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.
En otro hecho un detenido y daños a dos taxis, un automóvil y una camioneta Jeep dejó una persecución de policías estatales a un hombre armado entre las colonias Indeco y Los Ángeles, que terminó en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 2:30 de la tarde recibieron un reporte de una balacera en la feria, y afirmaron que no hubo disparos en la persecución.
Según testigos un hombre armado iba en un automóvil Jetta gris e ignoró las indicaciones de policías estatales que hacían un recorrido frente al centro de salud de la colonia Indeco.
Al ignorar la indicación comenzó una persecución de unos 500 metros hasta las instalaciones de la feria donde el conductor del automóvil, en sentido contrario, se impactó contra dos taxis y una camioneta que circulaban en la avenida Acapulco.
El detenido intentó huir a pie y fue detenido por policías estatales, quienes le hallaron una pistola tipo escuadra y el vehículo en el que iba tenía reporte de robo.
En el accidente no hubo personas lesionadas, los vecinos salieron de sus casas para ver lo que había ocurrido. Los vehículos fueron retirados por una grúa particular y se restableció la circulación vial.
En otro hecho policías estatales detuvieron el domingo a un hombre por portar una pistola cerca del hospital general Raymundo Abarca Alarcón en Chilpancingo.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal difundió un comunicado la tarde de ayer en el que dice que los uniformados instalaron un retén en la carretera federal Chilpancingo-Iguala cerca del hospital, le marcaron el alto a un hombre que iba en una camioneta Ford tipo Expedition y al realizar una revisión encontraron una pistola tipo escuadra calibre .9 milímetros, con un cargador y 20 cartuchos útiles.
El conductor fue identificado como Jaime de 44 años, el arma y los cartuchos fueron puestos a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.
Cerca de la comunidad El Posquelite, el cuerpo hallado en Zihuatanejo
El cadáver de un hombre fue encontrado junto a su motocicleta a unos 200 metros de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, cerca de la comunidad El Posquelite en el segundo municipio.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que las 11:40 de la mañana recibieron un reporte de que había un hombre asesinado.
El cuerpo de la víctima de unos 40 años estaba tendido en un predio en la orilla de la carretera, y junto a él había un motocicleta marca Italika. Vestía camisa azul marino, pantalón de mezclilla azul y zapatos negros.
El cuerpo sin ser identificado fue trasladado a una funeraria habilitada como Semefo en Zihuatanejo.
La mujer de Tepecoacuilco tenía 60 años
Una mujer de 60 años fue ejecutada a balazos por hombres armados que portaban fusiles AK-47 y AR-15 la tarde del domingo en la comunidad de Venta de Palula, municipio de Tepecoacuilco.
Según fuentes policiacas después de las 7 de la tarde del domingo el comisario de la comunidad de Venta de Palula, reportó la ejecución de una mujer afuera de la iglesia del poblado.
Se dio a conocer que cuando policías estatales llegaron a esa comunidad, que está en la carretera federal, familiares de la víctima ya habían levantado el cuerpo y lo trasladaron a su casa, sin esperar a que peritos hicieran las diligencias.
La víctima fue identificada como Isaías, una mujer de 60 años. Según las versiones que testigos dieron a las autoridades, la mujer fue ejecutada por varios hombres armados que viajaban en dos vehículos, una camioneta Nissan X-Trail roja y un Chevy azul. Su cuerpo quedó afuera de una tienda cerca de la iglesia, y después de la ejecución los sicarios huyeron sin que nadie intentara detenerlos.
En las diligencias fueron hallados cuatro casquillos percutidos calibre 7.62 para fusil AK-47 o Cuerno de Chivo, dos calibre .223 para AR-15 y dos más .9 milímetros.
Apenas un día antes en Sabana Grande, Tepecoacuilco, otras dos mujeres fueron ejecutadas a balazos y con el tiro de gracia en la cabeza por hombres armados que irrumpieron en su casa. Las víctimas eran Eloína de 43 años y su hija Guadalupe de 28.
Roban dos vehículos en Iguala, uno lo encuentran chocado y con una supuesta narcomanta
Entre la noche del domingo y la madrugada de ayer fueron robados con violencia dos vehículos en el periférico Norte, cerca de los terrenos de la Feria de la Bandera y la colonia Juan Álvarez en Iguala, uno fue hallado abandonado y chocado con una presunta narcomanta en su interior.
Según fuentes ministeriales antes de las 12 de la noche del domingo se reportó al número de emergencias 911 el robo de un automóvil Nissan Tsuru verde con placas de Guerrero en el periférico Norte, cerca de los terrenos de la feria.
Se dio a conocer que el propietario del vehículo, Alberto, denunció el robo con violencia y se deslindó de algún uso ilícito que le den.
Por separado también se denunció el robo de una camioneta Dodge RAM 700 negra en la calle Juan Álvarez de la colonia del mismo nombre, al norte de la ciudad.
La camioneta fue robada al propietario en los primeros minutos de la madrugada de ayer.
Más tarde las autoridades dijeron que ese vehículo fue hallado chocado contra un poste de madera y abandonado entre las colonias La Floresta y Abrazo de Acatempan, cerca de la salida hacia Chilpancingo.
Las primeras versiones daban a conocer que adentro de la camioneta fue hallada una manta con un presunto narcomensaje, pero no se dieron detalles.
En tres de los cuatro penales en los que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aplicó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria-2017 han ocurrido masacres al interior y afuera desde 2014, sin que las autoridades penitenciarias que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública hayan atendido las observaciones del organismo nacional para corregir las fallas.
En los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que aplicó la CNDH en 2017, los penales de Guerrero volvieron reprobar con 4.22 puntos de 10 posibles en cuanto a garantizar la integridad personal del interno, una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno y grupos de internos con requerimientos específicos.
El organismo hace observaciones y recomendaciones para que las autoridades penitenciarias subsanen esas deficiencias desde su primer diagnóstico, aplicado en el 2011, sin embargo en vez de corregirse la tendencia correspondiente en estos aspectos en los penales de la entidad va a la baja, y en 2017 la CNDH puso la calificación más baja a los penales de la entidad y los ubicó en el lugar número 31, sólo peor que Nayarit.
En Guerrero se diagnosticaron los penales de más alta población penitenciaria: Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco, y en los tres primeros han ocurrido masacres desde 2014, la más trágica fue la del penal de Acapulco el 6 de julio de 2017 cuando fueron asesinados 28 reos.
Antes se vivió la del penal de Iguala. La madrugada del 3 de enero de 2014 ingresaron seis sicarios, algunos con armas largas que se dijeron funcionarios federales y agentes ministeriales que llevaban a un detenido, pero en el interior buscaron a Ismael Ocampo Álvarez, La Naila, jefe de la plaza en Taxco, a quien mataron así como a otros tres hombres de su grupo.
Cuando iban de salida personal de custodia los enfrentó y mataron a cinco, uno más resultó herido. También resultó herido el custodio Rigoberto Contreras Ocampo, quien fue trasladado a la clínica del ISSSTE y horas después falleció.
Antes del ataque, la madrugada del primero de enero fue asesinado en ese reclusorio el reo Mario Maldonado Marino, su cuerpo fue encontrado con huellas de golpes y tortura. Con él los muertos subieron a 11 del 1 al 31 de enero.
Tras esos hechos de violencia en el penal de Iguala la noche del mismo 3 de enero, 14 reos del fuero común y federal fueron trasladados al penal de Las Cruces de Acapulco. Entre ellos iban Marcelino Giovanni Salmerón, procesado por homicidio calificado, Samuel Vargas Carbajal y Óscar Pérez Cortés, los dos últimos presos por robo y lesiones. Los tres fueron encontrados asesinados a golpes en el área médica del penal la madrugada del 4 de enero de 2014.
Un año después, el 29 de noviembre de 2015, dos hombres que protestaban por el traslado “irregular” de sus familiares que estaban presos en el penal de Chilpancingo fueron asesinados por sicarios que llegaron afuera del penal que estaba resguardado por policías estatales. En los hechos también resultó herida una mujer.
El doble asesinato ocurrió aproximadamente a las 3 de la tarde después de que los familiares de 22 presos que fueron cambiados de este penal se manifestaron frente a la cárcel y acusaron al entonces director, Javier Castrejón Rosales, que sin previo aviso ni razón aparente ordenó el traslado a otro penal.
La peor masacre ocurrió en el penal de Las Cruces de Acapulco el 6 de julio de 2017, tras una supuesta riña entre grupos contrarios que dejó 28 muertos y tres heridos.
Según el reporte la pelea comenzó a las 3 de la madrugada en el módulo de Máxima Seguridad.
Aunque el gobierno estatal difundió que los asesinados fueron por arma punzocortante se supo que algunas víctimas fueron degolladas y decapitadas.
La versión policiaca indicó que dos grupos de bandas que operan en el penal protagonizaron el hecho violento. Los primeros cuerpos fueron hallados apilados entre un pasillo, la cocina y el área de las visitas conyugales de la cárcel, de acuerdo con el mismo reporte oficial.
En ese mismo penal ocurrió otra balacera adentro y afuera del penal el 15 de diciembre de ese año, debido al traslado de ocho reos, lo que originó un amotinamiento de los presos ese día en demanda de la salida del entonces director, Amadeo Tiburcio Paulinos.
La balacera comenzó a las 2 de la tarde adentro de las inmediaciones del penal y afuera, en las colonias Las Parotas y Ricardo Flores Magón.
La versión policiaca indica que los reos se inconformaron en un reunión contra el director de la cárcel por “cambios inesperados” adentro del penal, lo que ocasionó que lo retuvieran y se amotinaran.
A pesar de esos hechos en los tres penales la CNDH encontró todavía en su diagnóstico penitenciario de 2017, “deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad (autogobierno/cogobierno), presencia de actividades ilícitas, presencia de cobros (extorsión y sobornos), y falta de capacitación del personal penitenciario”.
Asimismo encontró falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización), insuficiencia de personal de seguridad y custodia, problemas de sobrepoblación, hacinamiento, deficiente separación entre hombres y mujeres, deficiencias en los servicios de salud, falta de supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, e insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro penitenciario.
