Etiqueta: SEIDO

Ocupan policías y militares Carrizalillo; sigue suspendida la búsqueda de fosas, informa el comisario

Este martes en Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, continuó suspendida la búsqueda de nuevas fosas con restos humanos por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), informó vía telefónica el comisario municipal, Nelson Figueroa Peña.
También informó que la tarde del lunes llegaron militares y policías estatales y ocuparon la población para hacerse cargo de la seguridad por tiempo indefinido.
Los trabajos se suspendieron desde el pasado viernes, después de que encontraron restos de un séptimo cuerpo en una fosa clandestina en un terreno baldío, frente a la escuela telesecundaria José Martí, a unos 150 metros de la entrada de la localidad.
El comisario municipal dijo que trabajadores de la SEIDO le informaron el viernes que suspenderían los trabajos mientras se realizaban los estudios para la identificación de los restos hallados en las fosas clandestinas la semana pasada, y que regresarían ayer martes, pero hasta las 5 de la tarde aún no habían regresado.
Declaró que a raíz de las denuncias publicadas en los medios de comunicación, la noche del lunes llegaron al pueblo unos 60 militares del 50 Batallón de Infantería con base en Chilpancingo y 40 policías estatales para hacerse cargo de la seguridad del pueblo.
Informó que ayer se comunicó vía telefónica a la PGR para que le informaran cuándo regresarán sus agentes para reiniciar la búsqueda de fosas en los alrededores del pueblo, pero le contestaron que ellos le llamarían para informarle.
Los trabajos para encontrar posibles fosas en el pueblo comenzaron el 3 de noviembre, donde participaron trabajadores de la SEIDO, de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR), así como de la División Táctica y Científica de la Policía Federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). Asimismo, a solicitud del Ministerio Público de la federación, participaron científicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) con equipo y tecnología de punta como el georadar.
En la primera etapa de la búsqueda hallaron 7 cadáveres, aunque el primero fue exhumado sólo por empleados del Servicio Médico Forense (Semefo) el 31 de octubre en el punto conocido como Los Mangos.
La segunda y la tercera fosa fueron encontradas el martes 3 de noviembre; una de ellas en el lugar conocido como El Pedregal, a unos 5 kilómetros al este de Carrizalillo, otra a unos 200 metros, en el lugar conocido como El Puertecito.
En las dos, según un boletín de la PGR fueron encontrados cuatro cuerpos, tres mujeres y un hombre.
Asimismo, el jueves 5 de noviembre fue hallada una cuarta fosa en el paraje conocido como El Zapotito, a unos 50 metros de la escuela Telesecundaria José Martí. En este sitio, según la SEIDO fueron encontrados los restos de otra mujer degollada.
Mientras que el viernes 6 de noviembre, fue encontrado el séptimo cadáver en un terreno baldío frente a la Telesecundaria José Martí.
Ayer el comisario informó que los habitantes tienen otros lugares ubicados en donde pudiera haber más restos humanos, pero ya no quieren participar solos, por lo que esperarán a que regrese el personal de la SEIDO.

No acuden a la SEIDO en México familiares de desaparecidos; piden que les informen en Chilapa

La comisión de familiares de desaparecidos de Chilapa no acudió a la cita con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México ante la ola de violencia en la región, y pidió que funcionarios de esta dependencia vayan a Chilapa a darles la información.
El 6 de noviembre, los familiares de los desaparecidos entre el 9 y el 14 de mayo fueron convocados a la SEIDO, pues les informaron que esta dependencia está llevando sus casos.
La dependencia canceló la cita, y la reprogramó para este martes, sin embargo la comisión de familiares optó por cancelar la salida a la Ciudad de México ante la ola de violencia que se desató en el municipio, y porque no había policías para resguardarlos.
El vocero de los familiares, José Díaz Navarro manifestó que después de que cancelaron la visita a la SEIDO, habló con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos, y con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, para solicitar su intervención y para pedir que la SEIDO acuda a Chilapa para darles el informe que les proporcionarían este martes.
El subprocurador señaló que hablaría al respecto con la titular de la PGR, Arely Gómez. Mientras, a Campa también le solicitaron que acuda a Chilapa para reunirse con familiares de los desaparecidos. Incluso, el 26 de octubre, cuando una comisión de familiares acudió a la Ciudad de México a reunirse con Eber Omar Betanzos, donde les informaron que sólo están llevando el caso de 24 desaparecidos, pero de antes del 9 de mayo, les aseguró que en un lapso no mayor a 15 días estaría en la ciudad junto con Campa Cifrían, para reunirse con ellos.
Pero el lapso se cumplió y ninguno de los dos funcionarios acudió a Chilapa.

Deje de criminalizar a los normalistas y busque a los 43, demandan padres de Ayotzinapa al gobierno

 

El vocero de los padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, Felipe de la Cruz, demandó al gobierno federal que deje de criminalizar a los estudiantes de la Normal Rural.
La respuesta fue luego de que se filtró en Milenio diario una llamada telefónica de un dirigente estudiantil, donde se menciona que un “grupo” quiso entrar a la Normal presumiblemente para llevarse a cuatro estudiantes a mediados de octubre.
El diario relacionó la información con las versiones que la Procuraduría General de la República (PGR) integró a la investigación de los crímenes el 26 y 27 de septiembre, que vinculan a estudiantes con el grupo de narcotraficantes Los Rojos, y que a su llegada a Iguala motivó la agresión contra los normalistas por el grupo criminal Guerreros Unidos.
El grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que da asistencia técnica el gobierno mexicano sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa descartó esa posibilidad, y subrayó que los estudiantes iban por camiones a Iguala, y de ello estaban enteradas distintas autoridades de gobierno que vigilaron sus acciones en todo momento.
Ayer Felipe de la Cruz agregó que en más de un año que llevan en la Normal Rural desde la desaparición forzada de los 43, han podido corroborar que los normalistas no tienen relaciones con grupos de narcotraficantes, como sugirieron algunas versiones de la PGR.
Cuestionó que las autoridades las impulsen para desviar la atención de la desaparición forzada de los 43 desaparecidos y su localización, y para alargar los plazos de la investigación.
“Porque el gobierno siempre le ha apostado al cansancio de los padres de familia y de las organizaciones que los apoyan”, denunció.
Insistió en que el GIEI ya aclaró que los estudiantes no iban armados ni en plan de confrontación, fue un asunto fortuito que tomaran un quinto autobús de la Estrella de Oro, que pudo generar la reacción violenta de policías y sicarios contra ellos porque se presume que estaba cargada de drogas.
También cuestionó que se intervengan los teléfonos de los normalistas sobrevivientes, “es sorprendente cómo intervienen los celulares de los jóvenes, sobre todo porque Omar (García, el líder estudiantil que mencionan en el nota y sobreviviente de los ataques en Iguala) hace dos o tres meses está fuera (de Guerrero) en comisiones, no me explico cómo hoy sale la nota de esta manera”.
Insistió en que los estudiantes de la Normal son hijos de campesinos, “por eso insistimos en que dejen de buscar donde no hay nada y comiencen a buscar donde debe de ser, que para nosotros sigue siendo el gobierno de México, y que ya dejen de hostigar a los estudiantes”.
De Tixtla, en donde la población acordó un toque de queda por la violencia y el gobierno municipal reconoció la presencia de un grupo delictivo (extraoficialmente se habla de que Los Ardillos, sacaron a Los Rojos desde la pasada administración municipal), De la Cruz aclaró que la Normal y la cabecera municipal son comunidades distintas.
Dijo que los hechos de violencia son parte de la estrategia para imponer las elecciones extraordinarias del Ayuntamiento, suspendidas el 7 de junio por el boicot que impulsaron los padres de familia.
“Es claro que están peleando los políticos del PRI la imposición de su dictadura, quieren imponer mediante el miedo y el terror las elecciones, como hicieron en el pasado proceso electoral, pero eso no quiere decir que esos grupos estén en la Normal”, afirmó.

La CNDH debe de ser más exigente con las autoridades

Por otro lado informó que la PGR ya envió la investigación de Iguala a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, y los expertos trabajan en la conformación de una unidad especializada de investigación que se va a encargar de todo.
En esta unidad estarían alrededor de 50 personas cuyos perfiles son revisados por el GIEI, para que sean confiables, dijo.
La investigación, como lo recomendaron los expertos, ya salió de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En cuanto a la falta de cumplimiento de la PGR a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el estado de la investigación del caso Ayotzinapa, demandó que el organismo sea más exigente con las autoridades.
Dijo que pasaron más de tres meses para informar la falta de cumplimiento de 26 observaciones y recomendaciones, para corregir distintas diligencias de la investigación, y los padres están enfermando ante el tormento sicológico que implica la espera de noticias de sus hijos.

A seis meses de la irrupción de sicarios en Chilapa, no hay respuesta de autoridades a los familiares de desaparecidos

Este lunes se cumplen seis meses de la irrupción de civiles armados a la ciudad de Chilapa, tras los hechos familiares denunciaron la desaparición de 14 vecinos, sin embargo, las autoridades siguen sin dar información del paradero de sus parientes.
El 9 de mayo, irrumpieron en la ciudad unos 300 civiles armados de las comunidades del sur de Chilapa, dijeron que su presencia en la cabecera municipal era para aprehender a líderes delincuenciales.
Los familiares denunciaron que al menos 30 personas desaparecieron durante la irrupción de civiles armados, hechos que duraron cinco días.
Después de seis meses, familiares de 14 desaparecidos interpusieron su denuncia en el Ministerio Público federal, durante las tres visitas que ha hecho el equipo multidisciplinario de la Procuraduría General de la República (PGR) a la ciudad.
A finales de septiembre familiares de dos desaparecidos más reportaron sus casos ante el grupo de familiares, y esperan que el Ministerio Público federal regrese a la ciudad para interponer su denuncia.
Desde hace seis meses familiares de los 14 desaparecidos se unieron para exigir la aparición con vida de sus parientes, y se fueron sumando familias de más desaparecidos con la misma consigna.
El vocero, José Díaz Navarro informó que en estos seis meses tiene una lista de 55 vecinos que desaparecieron antes, durante y después de mayo, con relatorías de hechos de cada uno, y solamente 38 casos se han denunciado en el Ministerio Público federal.
Sin embargo, consideran que la lista es de aproximadamente 100 desaparecidos, pero hay familiares que prefieren no hacer la denuncia por temor a represalias y que las autoridades no hagan su trabajo.
Al principio los familiares se reunían todos los días, y últimamente sólo se reúnen los lunes, miércoles y viernes, durante estos días acuden para tener alguna noticia de sus desaparecidos, o de algún requerimiento que las autoridades les pidan.
Los familiares han tenido acercamiento con autoridades federales como el comisionado de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos, quien el 20 de mayo anunció a los familiares que ayudaría en la búsqueda de sus parientes, y que esta dependencia tomaría el control de la seguridad en la región.
El 30 de mayo, nuevamente Galindo Ceballos acudió a la ciudad, junto con el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrían, para reunirse con los familiares y les aseguraron que investigarían la desaparición de sus parientes. El 8 de julio, ambos funcionarios acudieron de nuevo a la ciudad.
En dos ocasiones los familiares han sido llamados a la Ciudad de México a la Procuraduría General de la República (PGR), por el subprocurador de derechos humanos, Heber Omar Betanzos para informarles sobre las investigaciones de sus familiares.
A pesar de las reuniones con autoridades federales los familiares siguen sin saber de sus desaparecidos. Tampoco saben si las autoridades han detenido a personas involucradas en la desaparición de sus parientes.
El 26 de octubre, en la segunda reunión con el subprocurador les informó que las investigaciones de los 14 desaparecidos en mayo, que han denunciado en el Ministerio Público federal, son casos que lleva la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
El 6 de noviembre una comisión de familiares de los desaparecidos de mayo fueron llamados a la SEIDO para tratar el tema de sus parientes, sin embargo, la reunión fue pospuesta para este martes.
Los vecinos en varias ocasiones han declarado que no dejarán de insistir en la búsqueda de sus familiares.

Corresponde al GIEI y a la PGR revisar versiones de vecinos de Carrizalillo, dicen padres de los 43

El vocero de los padres de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz aclaró que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Procuraduría General de la República (PGR) están a cargo de la investigación de la desaparición forzada de los normalistas y ellos revisarán las versiones señaladas por los vecinos de Carrizalillo.
Los pobladores han insistido en que en las fosas de la banda criminal Guerreros Unidos, halladas en la zona, podrían estar enterrados los estudiantes detenidos-desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala.
De la Cruz ratificó que los padres no van a buscar a los normalistas en las fosas de Carrizalillo, porque los primeros días de búsqueda fueron a la región y no hubo información de su paradero.
Estimó que continuarán los hallazgos de fosas y muertos, pero corresponde a las instancias de justicia hacerse cargo de la investigación, es decir, la PGR y el GIEI. Por medio de ellos, los padres recibirán información de resultados científicos.
Dijo que la información de las fosas surgió de pronto, tras la detención de policías federales y un supuesto integrante de Guerreros unidos por vecinos de Carrizalillo, cuando pretendieron llevarse al presidente del Comisariado Ejidal, quien renta sus tierras a la minera Gold Corp.
En este sentido, señaló que tienen muchas dudas y desconfianza de la posibilidad de que en las fosas estén los desaparecidos de Ayotzinapa, ya que el gobierno está muy interesado en mantener la versión de que los normalistas están muertos y que la delincuencia organizada perpetró los crímenes.
Pero aclaró que los padres saben que los hechos de Iguala constituyen un crimen de Estado y de lesa humanidad, y si la delincuencia organizada participó fue en segundo término.
Demandó que el gobierno mexicano dé todas las facilidades a los expertos para que inicien a trabajar en su segundo periodo de mandato, que comenzó a su llegada al país, el 4 de noviembre.
Sin embargo, denunció que las autoridades están retrasando la entrega del expediente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, como se acordó con los expertos el 19 de octubre en Washington previo al informe del primer periodo de mandato en la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH).
Aclaró que mientras el expediente siga en la SEIDO los expertos no pueden entregar su plan de trabajo, porque desconfían en los funcionarios de esa oficina.
En relación con Carrizalillo, puntualizó que los padres se reunieron con el GIEI el jueves en la Ciudad de México, y ellos les dijeron que iban a encargarse de toda la investigación, “porque para eso vienen a México, para decirnos la verdad, y nosotros confiamos en su trabajo”.
A las autoridades reiteró el llamado a que les den todas las facilidades para que realicen su labor, y que busquen vivos a los desaparecidos, ya que la nueva versión de que pueden estar en fosas de Carrizalillo, parece una forma de deslindarse de responsabilidades.

Dicen familiares de 14 desaparecidos de Chilapa que los convocó la SEIDO para darles informes

 

Una comisión de familiares de desaparecidos de Chilapa fue llamada este viernes a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), después de que les informaron que esa dependencia federal está a cargo de las investigaciones de 14 desaparecidos en mayo.
El vocero de los familiares, José Díaz Navarro expuso que fueron llamados a la SEIDO en la Ciudad de México este viernes, porque les proporcionarían información sobre sus desaparecidos.
El 23 de octubre, una comisión de familiares de desaparecidos acudió a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México.
Ahí se reunieron con el subprocurador de Derechos Humanos, Heber Omar Betanzos, y les informaron que ellos investigan 24 desaparecidos anteriores al 9 de mayo d 2015, cuando civiles armados incursionaron en la cabecera municipal.
En la Segob, les dijeron que las investigaciones sobre 14 desapariciones perpetradas durante la irrupción de los civiles armados, que se quedaron en Chilapa hasta el 14 de mayo, estaba en manos de la SEIDO, porque hay indicios de que estuvo involucrado el crimen organizado.
Para viajar a la Ciudad de México, los familiares de desaparecidos en Chilapa cubren sus propios gastos, pese a que la mayoría son de escasos recursos, y varios desaparecidos eran el sustento de sus hogares.
A tres días de cumplirse seis meses de que familiares comenzaron a exigir la aparición con vida de varios vecinos de Chilapa, las víctimas desconocen el paradero de sus parientes, y pese a que las familias se han reunido con autoridades federales, no les han dado información.
La lista de desaparecidos que los familiares tiene asciende a 55 personas, de las que tienen un registro con relatoría de hechos; de las 55 víctima, 38 cuentan con una denuncia ante el Ministerio Público (MP) federal.
Sin embargo, los familiares aseguran que la lista de desaparecidos es de unas cien personas, pero que algunas no quieren denunciar, por temor a sufrir represalias, o por desconfianza de que las autoridades no investiguen.

Comparece 7 horas en la SEIDO el director de la Normal de Ayotzinapa sobre temas académicos

Un año, un mes y nueve días después de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, la Procuraduría General de la República (PGR) interrogó durante casi siete horas a José Luis Hernández Rivera, director de la escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, quien fue cuestionado sólo de temas académicos, no por las imputaciones de narcotraficantes que lo vinculan con la organización criminal Los Rojos.
“Se me planteó como testigo, entonces lo que expuse fueron situaciones académicas y sobre eso fue lo que versó mi parte. Nada (de las imputaciones). Me preguntaron sobre la situación académica y de mi estancia en la escuela. Ninguna (acusación), nada de eso”, expuso.
“Ya expresé todo públicamente y hay pruebas y evidencias de los expertos que el narcotráfico y el crimen organizado no están relacionados con nosotros en la Normal”, dijo al salir de las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En la investigación del caso Iguala integrantes de la banda delictiva Guerreros Unidos, incluidos sus líderes Sidronio Casarrubias Salgado y Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, señalaron a Hernández Rivera de permitir la infiltración de Los Rojos entre los estudiantes que fueron masacrados la noche del 26 de septiembre de 2014. Incluso, lo acusan de recibir un soborno de 300 mil dólares del grupo criminal.
Ayer a las 10:30 de la mañana, Hernández Rivera se presentó a declarar en la Subprocuraduría con el subdirector administrativo de la Normal, Rigoberto Barrera Urióstegui, quienes fueron acompañados por el abogado José Luis González Meza y el presidente de la asociación civil Comisión Nacional de Derechos Humanos Lázaro Cárdenas del Río.
Comparecieron en la averiguación SEIDO/UEIDMS/001/2015, a cargo de los fiscales federales Jorge García Valentín y Lourdes López Iturbe, quien los atendió personalmente. Los funcionarios sólo les hicieron 10 preguntas a cada uno de los testigos, quienes salieron de la SEIDO a las 5:15 de la tarde.

Exhuman agentes de la SEIDO restos humanos hallados en fosas de Carrizalillo del grupo criminal Guerreros Unidos

Agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) comenzaron la mañana de ayer la exhumación de restos humanos que habitantes de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, encontraron en tres fosas clandestinas en los alrededores de ese pueblo desde el sábado.
Otro grupo de la dependencia federal instaló al mediodía una mesa de atención al público en la plaza central de la comunidad, para recibir denuncias y datos de los familiares que tienen personas desaparecidas. Hasta la tarde de ayer habían acudido 10 familias, la mayoría del pueblo de Mezcala que también pertenece al municipio de Eduardo Neri.
Los agentes de la SEIDO llegaron a Carrizalillo la tarde del martes en un convoy de unos 20 vehículos, entre ellos llegaron peritos, médicos forenses, antropólogos y policías federales con binomios caninos. Se incorporó también, personal del Semefo local para la exhumación de los restos.
Desde las 4 de la tarde del martes recorrieron los alrededores de Carrizalillo, donde los habitantes les enseñaron las fosas clandestinas, después acordonaron la zona e impidieron la presencia de los representantes de los medios de comunicación.
El cerco continuó ayer miércoles, cuando solamente permitieron el acceso al personal de Televisa para que hiciera tomas de video del lugar donde se hacían los trabajos.
Uno de los habitantes informó que en las actividades de reconocimiento de la zona y la exhumación de los cuerpos participa el comisario del lugar, Nelson Figueroa Peña.
El equipo se integra por peritos forenses, antropólogos, binomios caninos para la búsqueda de más fosas y se auxilian con cámaras para fotografías y videos.
El personal comenzó ayer la exhumación de los restos que encontraron los habitantes en tres fosas, una en el punto conocido como Los Cazahuates, a 5 kilómetros al poniente de la localidad y que fue abierta el sábado, aunque en este lugar trabajadores del Semefo de Chilpancingo acudieron el lunes para exhumar los restos, sin embargo hubo una visita de reconocimiento en el lugar.
También acudieron a otra de las fosas que fue encontrada al oriente de Carrizalillo el martes en El Pedregal, a unos 5 kilómetros de Carrizalillo, y la que fue abierta a unos 200 metros en el punto conocido como El Puertecito.
En la tarde se informó que continuaban los trabajos en esta zona.
Según las denuncias recientes de vecinos, las fosas fueron abiertas por sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos para enterrar a sus víctimas.

Denuncias de desaparecidos

Otro grupo de la SEIDO se instaló después del mediodía en la plaza del centro de la localidad en donde comenzó a recibir las denuncias y datos de familias que tienen a desaparecidos.
En la tarde 10 familias acudieron a denunciar la desaparición de personas, la mayoría del pueblo de Mezcala que se encuentra a unos 15 minutos a orillas de la carretera federal Chilpancingo-Iguala.
Entre los datos que piden también está una muestra de ADN para integrar una base de datos y compararlas con los restos que han sido encontrados y los que se hallen posteriormente.
Una de las familias que pidió el anonimato denunció, por ejemplo, que reconocieron a integrantes de las familias Peña Celso, Peña Onofre y a Valeriano Celso Solís cuando en una ocasión bajaron a Mezcala a levantar a algunas personas. La mayoría de las que se acercaron a presentar las denuncias y a aportar datos de sus familiares desaparecidos, son mujeres y piden que se busquen a sus esposos, a sus padres o hermanos.
Otra mujer denunció que el año pasado (no precisó fecha) cuando levantaron a su esposo, al siguiente día fue a Carrizalillo y frente a la casa de Onofre Peña Celso vio la camioneta Ram roja en la que fueron a levantarlo.
Funcionarios responsables del grupo de trabajo informaron al comisario municipal Nelson Figueroa Peña que la información la irán proporcionando a través de boletines que emitirán en la medida que vayan arrojando resultados sus investigaciones.
Mientras tanto, la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un boletín de prensa ayer en el que informa que gentes del Ministerio Público de la federación y personal de la Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, con el apoyo de elementos de la División Táctica y Científica de la Policía Federal trabajan desde el martes en el poblado de Carrizalillo.
El comunicado agrega que la diligencia tiene como finalidad ubicar las fosas señaladas por los habitantes de esta localidad, y proceder al levantamiento de los hallazgos.
“Las acciones de investigación y búsqueda que realiza personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada y la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se llevan a cabo en estrecha coordinación con las autoridades comunales”, dice el escueto comunicado.

Encuentran vecinos dos fosas más en Carrizalillo; acuden la SEIDO y la PF con equipo de búsqueda

Vecinos de Carrizalillo en el municipio de Eduardo Neri encontraron ayer otras dos fosas clandestinas con restos humanos en sitios diferentes, y en la tarde llegaron al lugar agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y de la Policía Federal, quienes anunciaron un recorrido por la zona con equipo técnico de búsqueda y perros a partir de las 8 de la mañana de este miércoles.
Con las de ayer suman tres fosas halladas en los últimos tres días, después de que el presunto halcón del grupo criminal Guerreros Unidos, Modesto Peña Celso fue detenido por los pobladores junto a nueve policías federales a los que guiaba y que llegaron a este pueblo para detener al presidente del Comisariado Ejidal, Ricardo López García.
Un grupo de pobladores esperó ayer hasta las 2 de la tarde al personal de la Procuraduría General de la República (PGR) que acudiría a recorrer con ellos las zonas en donde Peña Celso les indicó que había fosas clandestinas en las que el grupo criminal sepultó a personas a las que asesinó.
El personal de la PGR llegó cerca de las 4 de la tarde de ayer, pero antes un grupo de ciudadanos acompañado de reporteros de medios locales y nacionales se trasladó al poniente de la localidad, y a unos 5 kilómetros encontraron una fosa que ya habían abierto en la mañana.
La fosa se encontraba en el lugar conocido como El Pedregal, ubicado a unos 5 kilómetros al este de Carrizalillo, al pie de un encino prieto y una palma real.
Después el grupo de ciudadanos se trasladó a otro sitio que se encuentra a unos 200 metros, en un terreno plano, en el lugar conocido como El Puertecito, allí con pico y pala abrieron y encontraron otra fosa con restos humanos.
Las dos fosas que encontraron ayer los lugareños son distintas a la que hallaron el sábado al lado extremo, en el lugar conocido como Los Cazahuates, a unos 5 kilómetros al poniente de Carrizalillo.
El comisario municipal, Nelson Figueroa Peña informó que los restos de la primera fosa fueron recogidos el lunes en la tarde por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y policías ministeriales.
Los habitantes esperaban ayer a personal de la PGR y de la Marina para que recorrieran al otro extremo de la localidad, en donde el presunto halcón Modesto Peña Celso les indicó que había más fosas, sin embargo hasta las 3 de la tarde no habían llegado.
Antes, el grupo de ciudadanos de Carrizalillo llevaron a los representantes de los medios de comunicación a los sitios, donde según dijeron les indicó Peña Celso durante el tiempo que lo tuvieron retenido el 29 de octubre.
La versión de los habitantes es que en los alrededores de Carrizalillo el grupo criminal Guerreros Unidos sepultó a sus víctimas que traía de otros lugares como Iguala y Mezcala.
“Aquí todo mundo sabe que desde abril del 2014 que llegaron a establecerse, traían a sus víctimas y los metían a sus casas de seguridad que están en la calle principal y que ahora le dicen la calle del terror, pero nadie decía nada, ni denunciaba porque nos tenían amenazados”, denuncio uno de los habitantes, que con el dedo índice vertical sobre los labios sugería al reportero que su declaración era confidencial.
De regreso de la loma en donde se encontraron las dos fosas distintas a la que hallaron el sábado, los habitantes mostraron a los reporteros las casas deshabitadas en donde, dicen, vivían los integrantes de Guerreros Unidos en la calle principal y que ahora llaman “la calle del terror”.
Allí mostraron la casa que tiene un túnel de unos 200 metros que cruza de una calle a la otra y que es propiedad de Modesto Peña Celso. En el lugar mostraron una cabellera y un maxilar de una de sus víctimas que se encontraba a la entrada del túnel.
En esta casa, según los habitantes, los miembros de Guerreros mantuvieron refugiado y protegido en octubre del año pasado al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velásquez y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, versión que no ha sido confirmada oficialmente.
Los habitantes y el comisario municipal esperaban hasta las 2 de la tarde la presencia de personal de la PGR ante quienes pretendían denunciar y presentar las evidencias que, según él, mantuvieron guardadas hasta el jueves 29 de octubre pasado cuando retuvieron a los agentes federales y al halcón, sin embargo el personal de la dependencia federal no llegaba.
A las 3 de la tarde, los reporteros que subieron a Carrizalillo encontraron en Mezcala a un convoy de 10 patrullas de la Policía Federal y peritos de la PGR en dirección a Carrizalillo, sin embargo cuando los periodistas se incorporaron al grupo, éstos se desviaron y se metieron a unas instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Mezcala.
Vía telefónica el comisario municipal Figueroa Peña dijo que eso indica que el personal que pretendía subir forma parte y está coordinado con el 27 Batallón de Infantería de Iguala, a quienes los pobladores relacionan con el grupo criminal Guerreros Unidos, por lo que dijo que no permitirían su ingreso a la comunidad.
Confió que había recibido una llamada por parte de personal de la PGR que le advirtió que no permitirían la presencia de los medios de comunicación durante el recorrido por la zona.
Sin embargo a las 8:30 de la noche confirmó que el personal de la SEIDO y de la PGR llegaron por la tarde al lugar y se trasladaron a los sitios en donde les indicaron que estaban las fosas con restos humanos, pero les dijeron que el trabajo del peritaje lo comenzarían a partir de las 8 de la mañana de este miércoles.
El comisario informó que el personal de la SEIDO y de la PGR lleva equipo técnico y perros amaestrados para la búsqueda de más fosas en los alrededores de la comunidad.
Al medio día el comisario informó que tenía información oficial de la PGR de que los nueve policías federales y el presunto halcón que detuvieron el 29 de octubre pasado en esa comunidad, fueron consignados e internados en la cárcel de Chilpancingo.