Contra viento y marea hasta encontrar a los 43

Araíz de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, en el 2019 empezaron a surgir algunos datos de prueba que indicaban que el Ejército mexicano había intervenido de alguna manera en la desaparición de los jóvenes. Se supo entonces que había elementos militares infiltrados en la normal rural de Ayotzinapa. Se obtuvo información de que, a la llegada los estudiantes a Iguala la tarde noche del 26 de sepotiembre de 2014, fueron seguidos por elementos de Inteligencia. Aparecieron elementos que indicaban que dos militares estuvieron operando el C4, además que varios soldados patrullaron distintas zonas en las que los jóvenes estaban siendo atacados a balazos como en Periférico Norte y Sur y en el crucero de Santa Teresa. También se tuvo conocimiento de que el coronel José Martinez Crespo visitó alrededor de las 12 de la noche la barandilla municipal, donde estaba un grupo de 17 estudiantes. Se corroboró que había una colusión de algunos elementos del 27 Batallón de Infantería con el grupo criminal Guerreros Unidos.
A partir de estos datos de prueba surgió la necesidad de solicitar mayor información al Ejército. Por ejemplo, se decía que era necesario saber que más habrían reportado los agentes de inteligencia (obi). En el Palacio de Justicia el obi que estuvo ahí lo único que tenía era una foto muy borrosa, muy oscura. La lógica indicaría que este obi tenía más fotos y videos. La información que proporcionaban era muy pobre y por esa razón surgió la necesidad de solicitar la apertura de los archivos.
En el año del 2019, ya instalada la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia, con el entonces subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas al frente, se tuvo una reunión con toda la jerarquía militar a la que asistieron las madres y padres de familia, que integran la Covaj, junto con sus representantes legales. Ahí se llevó una batería de preguntas, cerca de 90. Todas hacían alusión a esta información faltante. Lo primero que hicieron los militares fue presentar un power point. En esa exposición ellos daban su versión de los hechos, la que ya había dado el general Salvador Cienfuegos, que era el secretario de la Defensa Nacional cuando ocurrieron los crímenes de Iguala. Decían que ellos no tenían conocimiento de los hechos. Que supieron ya muy tarde de lo que pasaba, cuando ya habían desaparecido a los jóvenes. Comentaron que había ocurrido un accidente y por esa razón toda la tropa salió atender ese siniestro. Explicaron que salieron a patrullar porque escucharon unos disparos. Se comunicaron con el director de Seguridad Pública municipal quien les informó que todo estaba en orden. Sobre los jóvenes que estaban heridos en la clínica Cristina, comentaron que les ofrecieron ayuda pero que se negaron. Se retiraron y fueron por una ambulancia, pero cuando regresaron ya no estaban. Dijeron que también fueron a Santa Teresa para brindar auxilio al grupo del equipo de futbol Los Avispones y ahí termino su intervención.
Esta versión dejó muy decepcionadas a las madres y padres de familia porque pensaban que con este nuevo gobierno iba a haber otra versión de los hechos, que iban a reconocer que se había dado alguna colusión de algunos militares con la delincuencia. No hubo nada, ni siquiera dijeron que iban a investigar para ver si se habían dado algunas irregularidades en Iguala. Su posición era la misma: que no tenían nada que ver. Eso molestó a las madres y padres porque ya tenían datos de su posible colusión. Ya sabían que era falso que ellos no tuvieran conocimiento sobre la llegada de los estudiantes a Iguala, porque los obis los estaban siguiendo. Operaron el C4 y además los tenían infiltrados en la Normal. Vieron que era una postura malévola, de seguir ocultando la información.
Al término de esta reunión se hicieron algunas preguntas, y la actitud de los militares fue evasiva negando su participación y alegando desconocimiento de los hechos. Dijeron que tomarían nota y que posteriormente responderían. El subsecretario Encinas entregó el documento con las preguntas. Ante la falta de respuestas convincentes del Ejército, las madres y padres demandaron que se abrieran los archivos militares. El planteamiento se hizo al presidente de la República a finales del 2019. Las madres y padres notaron que no le gustó a Andrés Manuel López Obrador la solicitud que le hicieron, percibieron que se molestó, sin embargo, se logró el compromiso de que el presidente se reuniría con los expertos del GIEI y que con ellas y ellos acordarían los términos de la revisión de los archivos. Se revisaron los archivos de la Novena Región Militar con sede en Acapulco; del 50 Batallón de Infantería y de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo; y del 27 y 41 Batallón de Infantería ubicados en Iguala. De 2019 a 2021 se realizó un trabajo arduo por parte del GIEI cuyos integrantes revisaron miles de documentos. Este gran esfuerzo tuvo resultados relevantes.
Encontraron algunos folios que dieron cuenta de varios asuntos claves para la investigación y búsqueda. Hay un documento que habla de que 17 jóvenes que estaban en barandilla eran trasladados a Loma de Coyotes. También se tuvo información de las intervenciones telefónicas que hizo el ejército a los teléfonos al jefe de sicarios de Guerreros Unidos Gilberto López Astudillo, conocido como El Cabo Gil, y del subdirector de la Policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares. También hay documentos que registran que a 11 jóvenes se los llevaron de la carretera de Mezcala a Chilpancingo. Otros siete más fueron trasladados al basurero de Tepecoacuilco. Esta información nueva hizo que las madres y padres pidieran que se ampliaran las indagatorias. Que se profundizara en los contenidos de las intervenciones telefónicas y que se conociera más sobre el contenido de los folios.
El GIEI informó a los papás que había un faltante en los folios. Contabilizó 800, porque pudo ubicar el número de folios que faltaban dentro del paquete que habían revisado. Esto llevó a las madres y padres a insistir en todo momento que el Ejército entregara los folios faltantes. Pidieron de manera concreta que se entregara la comunicación completa y el dispositivo electrónico de la hoja transcrita donde se habla del traslado de los 17 estudiantes. Piden los números telefónicos que fueron intervenidos por el ejército, para investigar la red de vínculos que se dieron entre el grupo Guerreros Inidos con las autoridades de los tres niveles de gobierno. También pidieron los nombres de los militares que realizaron estas intervenciones.
En el marco del octavo aniversario de la desaparición de los 43 se dio una confrontación con el presidente por el tema de los folios. López Obrador manifestó que ya se había entregado toda la información, sin embargo, las madres y padres insistían que faltaban los 800 folios. Para el noveno aniversario la situación se tensó más. En esos días el subsecretario Alejandro Encinas presentó su segundo informe donde reconoce que si existían esos 800 folios y comentó que había una instrucción del presidente de la república de que se entregaran. Las madres y padres quedaron en espera de este cumplimiento de la instrucción presidencial. Vino la renuncia del licenciado Encinas, quien al final hizo públicos 18 folios para dejar constancia de que si existían los 800.
En enero de este nuevo año se empezó a escribir otra historia. Primero se dieron varias descalificaciones del presidente en sus conferencias mañaneras contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y también contra el GIEI. Las madres y padres que conocen bien a sus representantes notaron que el presidente desvió el tema de los 800 folios que estaban pendientes. Más bien se concentró en descalificar a quienes han estado a su lado en estos nueve años y le han apostado a llegar al fondo de los hechos. Los catalogó como falsos defensores que apoyan a las mamás, pero también a los que estaban acusados de desaparecer a sus hijos. Hizo referencia a un amparo que fue resuelto en el 2018 por parte del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Distrito con sede en Tamaulipas. Este recurso fue interpuesto por un defensor público de los detenidos y el tribunal resolvió que la mayoría de los detenidos fueron torturados, declarando nulas sus declaraciones que eran la base de la llamada “verdad histórica” que fabricó el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto. Esa resolución judicial también planteo que se creara una Comisión de la Verdad sobre el caso Iguala con facultades penales. Por esta razón se hizo una rueda de prensa de los padres y sus abogados reconociendo esta resolución. Al mismo tiempo se dijo que era importante que la Fiscalía tomara las medidas necesarias para evitar la liberación de los detenidos, y se ejercitaran nuevamente las acciones penales pertinentes. Ahora se responsabiliza falsamente a los compañeros del Centro Prodh de que impulsaron esta causa para dejar en libertad a quienes fueron participes de la desaparición de los 43 estudiantes.
Para las mamás y papás lo que se busca es sembrar desconfianza en los abogados, diciendo que también se pusieron del lado de los perpetradores. Sin embargo, de los 800 folios que oculta el Ejército ya no se comenta nada. Con el nuevo subsecretario Arturo Medina la situación se complicó porque solo convocó a las madres y padres, excluyendo a sus representantes legales. Intentó generar división, y ante esta situación las mamás reclamaron su derecho inalienable de contar con una representación legal. Les notificaron a las madres y padres que abrirían los archivos del 4 de enero al 4 de marzo. Esto no fue aceptado porque se requiere tener conocimientos básicos para consultar un archivo, pero reconvinieron al subsecretario de que su planteamiento no es entrar a los archivos militares, sino que les entreguen los 800 folios para que puedan ser revisados por personas expertas de su confianza para corroborar la información que ahí obra. Ante este planteamiento se programó una reunión para el 11 de enero.
A ese encuentro asistió un grupo de cuatro padres que previamente fueron expulsados porque solo han manifestado tener intereses contrarios a la búsqueda de sus hijos y por haber marchado demandando la libertad del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa. Al manifestar el subsecretario que no podía suspender la reunión por la inconformidad de un grupo de padres, la mayoría decidió levantarse como protesta ante la acción deliberada del subsecretario de alentar la confrontación y descalificar a la mayoría de mamás y papás que piden una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de que pueda entregarles los 800 folios, para plantearle que continúen las investigaciones que están pendientes, la búsqueda en terreno y la extradición de Tomás Zerón. Las madres y padres mostraron firmeza y determinación en la última rueda de prensa que dieron. No bajarán la guardia, y por el contrario, darán la batalla contra viento y marea para encontrar a sus 43 hijos.

 

Abandono y desamparo a las víctimas de la violencia

Al padre Filiberto Velázquez por su compromiso pastoral de mitigar el dolor de las familias que padecen el flagelo de la violencia. Por su entrega y cercanía con las víctimas, enfrenta riesgos y amenazas, tanto de las autoridades como de la delincuencia.

Hace 2 años cuando la Familia Michoacana tomó el control de las cabeceras municipales de Apaxtla y Teloloapan en la región norte del estado, se incrementaron las incursiones armadas en comunidades de la Tierra Caliente y de la zona serrana. El 5 octubre del 2022 un grupo armado balaceó el Palacio Municipal de San Miguel Totola-pan y asesinó al presidente Con-rado Mendoza, junto con su papá y 18 personas más, entre ellas varios policías y funcionarios municipales que se encontraban en una reunión cerca de la Presidencia.
Esta masacre es parte de la disputa a muerte que ha emprendido La Familia Michoacana en los municipios de la sierra, como Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo.
Hay denuncias de pobladores de al menos 100 comunidades de los municipios de San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan de Galeana y Heliodoro Castillo que han sido desplazados de sus tierras y despojados de sus pertenencias por parte de La Familia Michoacana.
En diciembre del 2022 incursionaron en la comunidad de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, asesinaron a 7 personas, entre ellas un niño de 11 años.
En otros casos se han dado enfrentamientos como el que se dio en marzo de 2022 en la zona serrana de San Miguel Totolapan, cuando se unieron 38 comunidades para hacer frente al grupo de La Familia Michoacana.
También las comunidades serranas han convocado a reuniones para plantear acciones conjuntas que contengan la avalancha delincuencial.
El 26 de marzo del 2022 en la comunidad de Pocitos de El Balcón, los comités de seguridad de los municipios de Ajuchitlán del Progreso, Tecpan de Galeana, Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan informaron que la situación es más grave de lo que imaginaban porque en las cabeceras municipales los presidentes están al margen de estos asuntos y han dejado el paso libre a La Familia Michoacana. Dieron a conocer los enfrentamientos que se han dado en los ejidos de Linda Vista, Coronillas, Ciénega de Puerto Alegre y el Pescado de Coyuca de Catalán. Después de proponer varias acciones orientadas a reforzar la seguridad de varias vías de comunicación, acordaron enviar un escrito al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para exigir que garantice la seguridad con la presencia de la Guardia Nacional. Hasta la fecha no han sido atendidos.
Ante la falta de repuestas de las autoridades del estado y federales más 800 campesinos de 43 comunidades de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo hicieron pública su postura de levantarse en armas, en respuesta a las acciones armadas que padecieron los ejidos de Coyuca de Catalán.
Los casos de familias desplazadas se han incrementado con el control que ejercen los grupos criminales que se asientan en sus terrenos y viviendas. Hay un registro de 34 familias de San Antonio de las Tejas que tuvieron que huir para poner a salvo sus vidas. Esta forma de amedrentar a la población es para despojarla de sus bienes. En este caso se apoderaron de 600 hectáreas de aguacate.
El hartazgo de la gente del campo va generando animadversión hacia las autoridades del estado que no atienden a sus llamados y mucho menos suben para prestar auxilio. Han pedido a la gobernadora que vaya a visitarlos para escuchar a las mujeres que enfrentan con mayor crudeza la violencia al tener que resistir en sus hogares y proteger a sus hijos.
Hace 3 meses, en la comunidad de Plan Verde, municipio de San Miguel Totolapan llegaron alrededor de mil 500 personas jóvenes y mayores, provenientes de 40 comunidades de Heliodoro Castillo y de San Miguel Totolapan. La mayoría portaba armas de diverso calibre. Además de hacer público su emplazamiento a los grupos de la delincuencia y demostrar su fuerza, acordaron en asamblea establecer una coordinación entre los pueblos para impedir la entrada de los grupos de la delincuencia. Están decididos a enfrentarlos y a no tolerar que alguna comunidad haga pactos con algún grupo. Es un movimiento de pueblos al margen de partidos y de grupos delincuenciales. Tomarán el control de la seguridad ante la inacción de los cuerpos de seguridad del estado y la federación.
En agosto pasado se tuvo co-nocimiento que La Familia Mi-choacana utiliza drones para agredir a las comunidades vecinas que tienen en la mira para extender su dominio. Estas agresiones fueron reportadas por comunidades de Plan Verde, Petlacala, Puerto Pro-greso y Linda Vista, en el municipio de San Miguel Totolapan.
En las comunidades mineras de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri y Nuevo Balsas, municipio de Cocula, la violencia no cesa. Los grupos de la delincuencia se han asentado en estos ejidos para someter a la población y a los trabajadores que tienen que dar su cuota para no poner en riesgo su vida ni la de su familia. Protege los intereses de los emporios mineros y también forma parte de las empresas que proveen servicios.
Desde que La Familia Michoacana tomó el control de los municipios de Apaxtla, Teloloapan y una parte de San Miguel Totolapan advirtió a los pobladores que en su mayoría viven de la pesca, por la presa de El Caracol y los que se ubican en las estribaciones de la sierra, que no entraran a Apaxtla, que es la principal cabecera con la que comercian. La primera agresión que se dio contra unos vendedores de pescado que viajaban en su camioneta a Apaxtla, fue una advertencia de lo que podía pasar con demás que se atrevieran viajar a la cabecera de Apaxtla. La gente no tuvo otra alternativa que viajar a Tlacotepec, la cabecera de Heliodoro Castillo. No sólo era impedir la entrada sino emprender la agresión a las comunidades que pertenecen a Heliodoro Castillo y que se ubican cerca de la presa.
En el mes de mayo se intensificaron los desplazamientos forzados de las familias del Nuevo Caracol, y se focalizaron las agresiones a las comunidades de la sierra. Por unos meses estuvo un grupo del Ejército en la región y la situación se calmó. En el mes de diciembre se retiró y de nueva cuenta empezaron los drones a caer en las viviendas de Buenavista. Ante la ausencia del Ejército algunas comunidades como del Nuevo Caracol y Tetela del Río, se organizaron para poner vigilancia en la parte alta de la comunidad de Buenavista de los Hurtado.
El jueves 4 cerca del medio día se encontraban en una loma varias guardias de las comunidades para alertar de alguna incursión armada. Además de los guardias había algunos peones pixcando la mazorca. Comentan que algunos elementos de la guardia apoyaban para agarrar un marrano. Nunca imaginaron que en ese momento el grupo rival atacaría con drones y al mismo tiempo irrumpiría disparando a los pocos pobladores que había y a los guardias que fueron sorprendidos. Arremetieron contra todos, hablan de unas 30 personas que sufrieron la agresión. Diez de ellos fueron ejecutados y 3 fueron decapitados. Sus cuerpos fueron calcinados en la batea de una camioneta que se encontraba en la loma de la comunidad. Los familiares reportaron a 6 personas heridas que fueron trasladadas a Tetela del Río y a la comunidad de Ixtayotla. No permitieron que los cuerpos fueran trasladados al Servicio Médico Forense a Chilpancingo. Colocaron sus restos en bolsas de plástico cubiertas con unas cobijos para velarlos en Tetela del Río y Tlacotepec.
Esta tragedia pudo evitarse si las autoridades hubieran escuchado a la gente de la región que ha reportado los ataques por drones en varias comunidades. Lo más grave es que tienen conocimiento de cómo opera este grupo y en qué lugares se ubica. Identifican también los lugares que están en disputa y las comunidades en riesgo.
Hay decenas de familias desplazadas al grado que hay comunidades donde ya no hay gente como en Casahualillo municipio de Apaxtla, el Trapichal municipio de Apaxtla. También la comunidad de Buenavista, El Nanche, Xochitepec entre otras.
La gente está saliendo de la región porque ya no hay seguridad y tampoco hay trabajo. Los que corren el riesgo de permanecer no pueden salir a sus parcelas porque los venadean. Tampoco están seguros en sus casas por los drones que han explotado en varias viviendas.
Las autoridades en lugar de demostrar su compromiso con las familias que son víctimas de la violencia, evitan acercarse y dialogar con ellos. El helicóptero en que llegó con la fiscal general y el comandante de la IX Región Militar Enrique Martínez estuvo un rato para tomar nota de lo que pasaba. La gente pedía que fueran a la reunión que iniciaría en la comisaría de Tetela del Río. No encontraron eco a su llamado.
El malestar sigue creciendo porque no ven acciones efectivas que contengan la violencia y replieguen a La Familia Michoacana.
La gente sigue esperando la presencia de la gobernadora. Su ausencia deja mucho que decir entre la gente que resiste y enfrenta los estragos de la violencia y de la pobreza.

La polarización política y las disputas del poder

En la medida que se avecina el proceso electoral la polarización política adquiere tonalidades disímbolas y yuxtapuestas. Las actuales precampañas (que en realidad son campañas) se sustentan en la descalificación y la diatriba de los adversarios. El mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se ha subido al ring de la confrontación para defender sus posturas y descalificar a quienes considera sus adversarios. Los actores políticos son los principales protagonistas que escenifican disputas tanto en los congresos, como entre las mismas precandidatas presidenciales que han concentrado sus energías para inculcar ideas que caricaturicen o denigren a sus adversarios. Los cuartos de guerra son para destruir a los contrincantes políticos, para profundizar la confrontación y atizar los conflictos sociales.
La polarización que se ha alentado desde las esferas del poder político ha dividido a la misma sociedad, al grado que amplios sectores de la población que se sentían excluidos de los programas gubernamentales, ahora se han erigido en los principales defensores del partido Morena. En las redes sociales se expresa con mucha virulencia la bifurcación política entre los seguidores de AMLO y sus detractores. El mismo presidente ha catalogado como conservadores a todos los que asumen posturas críticas a su forma de gobernar. Para él no hay medias tintas: se está con la cuarta transformación (4T) o con el conservadurismo. Estas posturas van alimentando la animadversión política, al grado que los tres poderes de la unión están confrontados, lo que dificulta llegar acuerdos que permitan avanzar en los grandes temas que nos aquejan, como la violencia, la inseguridad, la militarización, la desigualdad social, la pobreza extrema, el racismo, la violencia feminicida, la libre determinación de los pueblos, el respeto a los derechos humanos entre otros.
No podemos soslayar la polarización como un asunto de preocupación nacional, porque si no se encauza por la vía del diálogo y el entendimiento, la confrontación debilita nuestro endeble sistema político y da pie para exacerbar posturas y utilizar medidas de fuerza para imponer el orden y someter a la población que se rebela. Los ciclos electorales han profundizado las divisiones políticas, no solo entre los partidos sino a su interior. Son disputas virulentas que generan enconos y traiciones. En estas confrontaciones ya no prevalece el ideario político que profesa cada instituto, ni las posturas ideológicas que dan identidad a la militancia. Lo que mueve a quienes aspiran a un cargo de elección popular son intereses crasos, centrados en proyectos personales, en hacer negocios particulares con el erario público y establecer alianzas siniestras con grupos de la delincuencia con tal de comprar la voluntad del electorado.
Los últimos procesos electorales han estado manchados por la violencia. De acuerdo con la empresa consultora Etellekt en su tercer informe de violencia política en México 2021, 65 políticos fueron asesinados, 20 de ellos eran aspirantes. La mayoría de víctimas no sólo eran opositoras a los gobiernos estatales, sino también a los alcaldes en los municipios que pretendían gobernar. El 20 por ciento de las 65 víctimas pertenecían al PRI, 17 por ciento a Morena, 15 por ciento al PRD y 14 al PAN. De los 65 políticos asesinados, 9 eran mujeres. 262 agresiones se cometieron con arma de fuego y se consumaron en 29 entidades del país.
En nuestro estado la violencia política en este 2023 está cobrando víctimas. La más reciente fue la de Ricardo Taja, aspirante a alcalde por Morena, quien fue asesinado el pasado 21 de diciembre en una pozolería de la zona Diamante de Acapulco. El 6 de agosto asesinaron en Iguala a Humberto del Valle Zúñiga esposo de Zulma Carbajal Salgado y sobrina del senador Félix Salgado. En un video Zulma responsabilizó al alcalde de Iguala David Gama Pérez. Son dos hechos graves que enturbian el ambiente político del estado, sobre todo cuando la violencia sigue cobrando muchas vidas en las principales ciudades del estado. La inseguridad que es la principal preocupación de los guerrerenses ha puesto en jaque la estrategia federal que está monopolizada por las fuerzas armadas. A pesar del incremento de efectivos de la guarda nacional los casos de desapariciones y asesinatos en Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Iguala y la zona serrana están imparables. La población se siente inerme y las familias de las víctimas no encuentran eco entre las autoridades. Se ven obligadas a protestar en las vías públicas para ejercer presión ante la ausencia de las autoridades encargadas de investigar los delitos y garantizar seguridad.
La polarización se recrudece cuando la gente no es escuchada en sus demandas más sentidas y sobre todo cuando percibe insensibilidad de los funcionarios públicos que están más interesados en formar parte de los grupos que se forman en torno a candidaturas para el próximo proceso electoral. Hay un vacío de autoridad en los ayuntamientos porque un gran número de presidentes municipales, síndicos y regidores aspiran a ocupar otro cargo. Se desconectan de la realidad cotidiana del electorado y no se centran en atender los problemas más acuciantes que a diario padecen los ciudadanos. El distanciamiento de la clase política con la población se ensancha más en la medida que mercantilizan al electorado, que lo ven como un cliente que puede serles útil en la contienda política. Hay un muro entre los políticos ambiciosos y la clase trabajadora que lucha a diario por su sobrevivencia.
Las mismas encuestas que han hecho sondeos sobre la polarización que existe en nuestro país, se habla de que el 52 por ciento de los mexicanos creían que nuestro país estaba muy dividido y el 65 por ciento pensaba que era poco probable que las divisiones puedan superarse. La indiferencia de los políticos, su megalomanía y su visión cortoplacista del poder han generado un desencanto en los partidos políticos. El nivel de conciencia de la población ya no tolera improvisaciones ni mediocridades de quienes aspiran a un cargo público, sin embargo, las cúpulas partidistas siguen reproduciendo vicios en la selección de candidatos y candidatas. No cuenta la trayectoria del personaje sino quién lo recomienda y que nivel económico tiene para pagar la campaña. Los amarres entre las dirigencias nacionales son claves para estar dentro de los aspirantes palomeados. Para ello se requiere establecer alianzas y componendas con quienes abonen a la causa. Estas triquiñuelas son las que tiran por la borda las grandes aspiraciones de la población, que le apuesta a cambios profundos desde los mismos métodos de selección de las y los candidatos. No se perciben cambios a nivel estatal porque los vicios se reproducen como antaño. El partido Morena ha abierto sus puertas a personajes de otros partidos, sobre todo del PRI, sin que importen sus historias truculentas ancladas en la corrupción y vinculadas con grupos de la delincuencia. El pragmatismo político acepta todo lo que abona para alcanzar carro completo en las elecciones de este año. De los arrepentidos está compuesto el variopinto partido de Morena. No importa lo que piense el electorado, porque lo fundamental es el voto útil.
Ante este escenario adverso para arribar a un clima de entendimiento y de respeto a la diversidad política, la polarización no sólo confronta a los partidos políticos sino también a los mismos ciudadanos, complica la buena marcha de los proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida de la población más depauperada. La polarización socava la capacidad del gobierno para operar de manera efectiva y cohesiva, así como disminuye la confianza de los ciudadanos y su disposición para participar en los procesos cívicos. Se dispersa y fragmenta la fuerza del cambio dejando una sociedad rota que queda a la deriva y se hace rehén de los grupos del crimen organizado.
La falta de confianza en el gobierno y sus instituciones conducen a una menor disposición para denunciar los hechos delictivos a las policías y ministerios públicos. De acuerdo con los datos de una encuesta nacional, el 15 por ciento de los mexicanos dice que no denuncia delitos por falta de confianza en las instituciones y sólo el 51 por ciento confía en el gobierno federal, mientras que menos de la mitad confía en los gobiernos estatales y municipales. La polarización y la fragmentación política pueden exacerbar la violencia y socavar los esfuerzos por construir la paz. A mayor división entre los grupos y partidos políticos mayor estancamiento en las demandas de seguridad, justicia, verdad y paz.
Nuestro estado está empantanado por una clase política que es incapaz de construir con la sociedad un modelo de seguridad centrado en el ciudadano, y de pugnar en conjunto por una sociedad más igualitaria, más incluyente y menos clasista y racista.
Estamos lejos de contar con partidos políticos que velen por los derechos de los ciudadanos, que sean transparentes y honestos, verdaderamente democráticos, que tomen en cuenta a la población en la toma de decisiones.
Los partidos políticos no están a la estatura de una sociedad que se ha batido en defensa de nuestra soberanía e independencia, que ha forjado el ideario de los derechos humanos, que ha defendido su territorio y que ha increpado a las autoridades por los crímenes atroces que ha cometido el Ejército. Es una sociedad que lucha por la justicia que busca a sus hijos desparecidos, que está dispuesta a dar la batalla para acabar con los cacicazgos políticos, la corrupción y la impunidad.
Es la sociedad y no los partidos políticos empequeñecidos por sus intereses mezquinos, la que va a impulsar el rumbo que requiere nuestro estado, para salir de esta confrontación estéril y arribar a un estado que proteja los derechos del pueblo y se respete su libre determinación.
 

Es un llamado tramposo, sorpresivo, no da tiempo de organizarnos: Vidulfo Rosales

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

El abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Vidulfo Rosales Sierra, advirtió que si no hay una reunión previa con el gobierno federal para diseñar el proceso de revisión de documentos que propone la Presidencia de la República sobre el caso, los familiares de los normalistas van a desconocer ese proceso y la convocatoria.
Ayer se publicó un comunicado del gobierno federal en el que dice que dará acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa a madres y padres de los estudiantes desaparecidos, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024.
Consultado al respecto, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expuso que es una decisión unilateral, que no se convoca a los representantes jurídicos de los padres y que probablemente ya incluso hay un proceso diseñado.
Expuso que para aceptar la convocatoria sería necesario que antes del 4 de enero se celebre una reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), y diseñar el proceso de revisión, cuál será el mecanismo y quiénes van a participar, pero tendrían que estar quienes conocen el caso; es decir, representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Explicó que querer hacer a un lado a las organizaciones que han acompañado y dado asesoría jurídica a los padres, es dejarlos en indefensión porque son documentos técnicos los que se tienen que revisar y requieren de asesoría técnica y jurídica, “los padres tienen derecho a estar asesorados”.
Afirmó que el llamado del gobierno además es tramposo porque los padres ya han solicitado documentos concretos, con número de folio y fechas precisas, y no se les han entregado.
“Dice que se van a abrir los archivos, pero no dice quiénes van a participar. Es una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, es una decisión importante, pero es una decisión ambigua y sorpresiva, no nos da tiempo de organizarnos”, expuso.
El documento menciona que los padres y madres de los 43 faltaron a dos reuniones, el abogado precisó que a la primera no pudieron asistir porque el subsecretario Arturo Medina venía llegando tras la salida de Alejandro Encinas, y no hubo ni siquiera la intención de presentarlo para informar que sería con él con quien se iba a trabajar.
“Esperábamos una reunión con el presidente para que nos dijera quién era el nuevo subsecretario, pero no, renuncia Encinas y se nos convoca a una reunión, nos pareció grosero, además los padres venían de una reunión con la CIDH en la que se les maltrató, la respuesta del Estado parecía una respuesta de los militares, no de autoridades civiles, por eso no se fue a esa reunión”.
De la segunda reunión de la Covaj a la que no asistieron, informó que fue por un problema de logística, no pudieron conseguir autobuses.
Consideró que la apertura de los documentos debe de ser un proceso en el que se convoque a los padres de familia, pero “es una clara acción de ventaja que está tomando el gobierno federal para abrir archivos, pero qué archivos”.
“Vemos que es con el propósito de que se revise lo que ellos quieran y que ya no aparezca nada en los documentos, que digan que no hay nada o que ya hayan sido manipulados, rasurados”, advirtió.
Cuestionó por qué el gobierno federal no convocó a una reunión, “por qué no se acordaron los términos y ya hay un plazo sin una reunión previa para prepararse, cuando son cientos de documentos”.
Dijo que el presidente López Obrador trata de adelantarse para dejar fuera a la representación y asesores jurídicos y no está claro el procedimiento, “debería de participar la parte técnica, además se da en un contexto en el que el presidente viene golpeando a las organizaciones sociales, desprestigiando, medrando nuestra presencia en el proceso”.
Insistió en que el proceso debe de ser “un proceso bilateral, construido con los padres de familia, y si no se hace de esa manera será desconocido el llamado”.

 

Desde la trinchera de los 43

Toda nuestra solidaridad con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Su trayectoria de 35 años al lado de las víctimas se ha ganado el reconocimiento de la sociedad y el vituperio de los gobernantes.

Como mamás y papás de nuestros 43 hijos desaparecidos, hemos padecido golpes duros por parte de los diferentes gobiernos. A pesar de tantos sinsabores nunca hemos bajado la guardia. En estos 9 años no hay un día que dejemos de pensar en ellos. Nuestra vida está dedicada a dar con su paradero. Mucha gente es la que camina a nuestro lado y la que siempre nos anima y apoya. Las autoridades son las que nos desalientan y defraudan, porque no atienden nuestros planteamientos y más bien buscan desviar nuestra atención. Lo único que les pedimos es que nos digan dónde están nuestros 43 hijos, sin embargo, creen que actuamos con otros intereses o que estamos influenciados por lo que nos dicen nuestros equipos de trabajo. Consideran que no somos capaces de captar que los abogados tienen otros intereses ajenos a los nuestros. Nos dan a entender que estamos supeditados o sometidos a las órdenes que ellos nos dictan. Piensan que no tenemos opinión propia ni un criterio personal de lo que sucede con las investigaciones.
Lamentablemente el presidente Andrés Manuel, en quien depositamos toda nuestra confianza para dar con el paradero de nuestros hijos, nos ha dado el mismo trato como el que recibimos de Peña Nieto. El pasado jueves 14, en su conferencia mañanera dijo que el Centro Prodh se está “echando a perder”. Se le hace raro que “no intervino de forma activa para exigir que se abriera un proceso judicial contra quienes participaron en la creación de la llamada ‘verdad histórica’, concretamente del ex procurador Jesús Murillo Karam”. En ese comentario afirmó que como padres no sabemos “que la sentencia que dejó libres a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes, al menos de algunos que participaron, tuvo que ver con un trabajo jurídico que hicieron defensores de derechos humanos, que también supuestamente los están asesorando”. También comentó que los abogados del Prodh le reclamaron que se “habían hecho mal las cosas” porque se solicitaron las órdenes de aprehensión y se detuvieron a estos personajes del más alto nivel. “Por un lado defienden a las víctimas, pero, por otro lado, participan para dar la libertad a los que argumentan que fueron torturados”.
Esto no es verdad, nosotros conocemos bien a nuestros abogados y abogadas, quienes en todo momento nos informan y piden nuestra opinión.
Hacemos reuniones para conocer los avances de las investigaciones y siempre solicitamos que nos aclaren las dudas que tenemos. Conocemos todos los informes del GIEI, los de la Comisión Interamericana y los que ha presentado la Subsecretaría de Derechos Humanos. Con todos ellos nos reunimos y somos nosotros los que hacemos las preguntas, tanto a los expertos y expertas del GIEI, como a la misma comisionada Esmeralda. El ex subsecretario Alejandro Encinas nos conoció muy bien, porque constató que en las reuniones de la Covaj siempre dábamos nuestras opiniones y planteábamos nuestras dudas. Sabe muy bien cuál es nuestra posición, independientemente de lo que comenten nuestros abogados.
Todos ellos y ellas están comprometidas con nuestra lucha. Los amigos y amigas del Centro Pro no sólo son nuestros representantes y asesores legales, como los de Tlachinollan, Fundar y Serapaz, también son nuestros amigos y amigas. Ellos nos apoyan para tener un lugar donde hospedarnos, generosamente nos ofrecen de comer y están pendientes de nuestra salud y de otros asuntos personales. Hemos cultivado una relación de respeto y de mucha confianza. Hemos aprendido a convivir y a establecer formas de comunicación directas y transparentes, colocando en primer plano, lo que nosotros decimos y opinamos. Sus puntos de vista son valiosos, pero lo que realmente importa es nuestra decisión, porque somos nosotros los directamente afectados. Su opinión es valiosa porque nos ayudan a contar con un panorama amplio sobre los avances de las investigaciones.
Lo que comentó el presidente sobre el Centro Prodh lo vemos como una falta de respeto a nosotras como madres y padres y a nuestros equipos, en concreto al Centro Prodh. No consideramos que sea una opinión objetiva y serena del presidente, porque no es el modo de actuar de los abogados y abogadas del Pro. Llevan 35 años trabajando con mucha gente y todos son testigos del profesionalismo y el trato respetuoso que tienen con todos. Es muy grande su compromiso con las víctimas. No titubean cuando hay que plantear con claridad lo que demandamos como padres y madres que nos sentimos agraviadas por la forma como actúan las autoridades. Ellos representan nuestro sentir y siempre vemos que se colocan de nuestro lado, independientemente si eso molesta o incomoda a las autoridades. Esa postura es la que nos da confianza porque al igual que nosotras, buscan la verdad, luchan para encontrar a nuestros hijos.
En este comentario del presidente vemos más bien que no quiere aceptar que los implicados en la desaparición de nuestros hijos son los militares. Por eso sentimos que trata de desviar la atención. Ya no escucha lo que le hemos planteado, de que el Ejército entregue toda la información que tiene sobre los 43 y de que se investigue a los militares. En lugar de exigir al secretario de la Defensa Nacional que atienda nuestra solicitud, se hace eco de lo que dicen los mandos militares, al afirmar que ya entregaron toda la información.
Sabemos por el último informe que hizo público el GIEI que existen varios documentos relativos a la desaparición y posible paradero de nuestros hijos. Son documentos que tienen fecha del mes de abril de 2014 al mes de octubre del mismo año. Todos ellos están foliados y fueron encontrados en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) con sede en Iguala, Guerrero. Dentro de estos documentos hay uno de gran relevancia, porque refiere que 17 de nuestros hijos fueron llevados a un lugar para privarlos de la vida. Se trata de una hoja que da cuenta de una comunicación intervenida incompleta, por lo cual enviamos una carta al presidente de la República para que instruya a las autoridades militares que entreguen la comunicación completa, con el fin de que se pueda saber qué ocurrió con los 17 estudiantes.
En ese mismo escrito le manifestamos al presidente que el Ejército infiltró a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; que agentes de inteligencia militar dieron seguimiento a nuestros hijos desde su arribo a Iguala; que intervinieron comunicaciones a los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos y que la policía de Iguala daba cuenta de dónde estaban llevando a 17 de nuestros hijos.
A pesar de todos estos esfuerzos que hicimos para avanzar en esta ruta que el GIEI nos trazó con datos precisos y contundentes, el presidente ya no impulsó este planteamiento legítimo y simplemente cerró este capítulo al afirmar que “el Ejército ha entregado toda la información que tiene y que ha ayudado a esclarecer estos casos”. En esa ocasión el presidente fue muy claro al colocarse del lado del Ejército y mostrar su desacuerdo con nosotros.
Después de esa reunión el presidente manifestó que él se encargaría de llevar la investigación. Lo estamos constatando ahora al enfocarse a descalificar el trabajo del Centro Pro, dejando de lado todas las recomendaciones que presentó el GIEI e ignorando nuestra demanda de que el Ejército entregue los folios que solicitamos.
Vamos para 6 años y tampoco tenemos verdad. Tememos que concluya el sexenio y que el presidente descargue sus baterías contra nuestros equipos de trabajo, como la CIDH, el GIEI, el Centro Pro, Tlachinollan, Fundar y Serapaz al afirmar que ellos se encargaron de encubrir a los perpetradores, dejando a salvo al Ejército. Como padres y madres entendemos que la molestia del presidente viene por nuestro señalamiento al Ejército como actor implicado en la desaparición de nuestros 43 hijos. No nos confundimos con la narrativa del presidente, la búsqueda de la verdad pasa necesariamente por garantizar una investigación imparcial, sin sesgos ni encubrimientos de todas las autoridades involucradas en la desaparición de nuestros hijos. Reiteramos que el presidente de la República debe ordenar al Ejército la entrega de toda la información relacionada con los trágicos hechos de 26 y 27 de septiembre de 2014. El acceso a los archivos del Ejército es una demanda central que planteamos como madres y padres para esclarecer el paradero de nuestros 43 hijos. Sólo pedimos que se respete el derecho a defender nuestros derechos y que cesen los ataques contra los organismos internacionales y las organizaciones que nos acompañan, porque son quienes nos han ayudado a desenmascarar la verdad histórica y avanzar en las líneas de investigación que prueban el involucramiento de corporaciones policiacas municipales y estatales, policías ministeriales, policías federales, miembros del Ejército y de la Marina, todos en contubernio con Guerreros Unidos.
Nuestra lucha es para dar con el paradero de nuestros hijos y dar la batalla contra la impunidad. Verdad y justicia es el clamor nacional que demandamos los miles de madres y padres que buscamos a nuestros seres queridos.

 

Vidas rotas: feminicidios en la Montaña

 

A 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), en Guerrero aún estamos lejos de que las autoridades del estado hagan realidad estos compromisos internacionales. En estas condiciones de violencia creciente y de profundas desigualdades, los derechos humanos son violados flagrantemente. No se castiga a las autoridades que cometen atrocidades y los encargados de administrar justicia encubren a los perpetradores. Para Volker Türk, el jefe de los derechos humanos de las Naciones Unidas, es paradójico que “aunque la humanidad amplíe las fronteras de la medicina, la tecnología, el medioambiente, las demandas sociales y políticas, las leyes económicas y laborales, además de otros avances pioneros, lo dramático es que el mundo padece niveles de conflicto violento no vistos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con un empeoramiento de las desigualdades, un aumento de la discriminación y el discurso de odio, impunidad, incremento de las divisiones y la polarización, además de la emergencia climática”.
Esto pone de manifiesto aún más la necesidad de hacer balance, aprender lecciones y delinear juntos una visión de futuro basada en los derechos humanos. En Guerrero urge colocar en el centro a las personas que han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos e implementar políticas inspiradas en los principios rectores de esta Declaración Universal. Para la ONU la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendida y generalizada del mundo. Se calcula que, a nivel global, 736 millones de mujeres –casi una de cada tres– han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en la vida. En Guerrero la violencia contra las mujeres es un mal endémico que se expande en todo el territorio y que las autoridades forman parte de esta red de complicidades al permitir que los agresores sigan libres.
Los feminicidios en la Montaña se han disparado exponencialmente sobre todo en el municipio de Copanatoyac. Desde el primero de junio de 2016 la población quedó aterrorizada por el feminicidio de la maestra Maricela Arce Campos de 28 años. Fue asfixiada por estrangulamiento. En la mañana fue encontrada en su casa por su mamá. Dejó tres hijas. El agresor, Donicety García Soto, médico general del centro de salud de la cabecera municipal y profesor de bachillerato, huyó después de cometer el infame crimen. El primero de mayo de 2022 dos mujeres, Rosalía y Eleuteria, fueron asesinadas con tiros de gracia en la cabeza, dejando sus cuerpos en la carretera Copanatoyac a Potoichán. Quedaron grabadas las imágenes del terror en sus rostros. Lo mismo pasó en aquella noche trágica del 27 de julio de 2022, cuando Fernando Reyes descargó su pistola contra su esposa Kenia y su cuñada Abelina. El 21 de septiembre de 2023 fue encontrado el cuerpo de Reyna, flotando en el río de la comunidad de Oztocingo. En estos lugares tenebrosos los hombres tienen permiso para matar.
El domingo 3 de diciembre, la señora Margarita Vargas Florentino originaria de Copanatoyac, fue víctima de feminicidio. Su marido Pavel Bernabé, en todo momento la golpeaba. En la madrugada llegaba alcoholizado azotando la puerta y golpeando a Margarita. En una ocasión la bajó con violencia cuando se subió a un carro cuando iba a comprar comida. Le reclamó que no se mandaba sola. Fue un calvario de 12 años. En los últimos meses Margarita decidió irse con sus padres. Por este atrevimiento, Pavel alcoholizado la iba a sacar a golpes. Su suegra Josefa la remataba con regaños y cachetadas.
Llegó el día en que Margarita acudió a Tlapa para interponer una denuncia ante el Ministerio Público. Con la promesa de su esposo de que cambiaría, su esposa se desistió. La situación empeoró, las agresiones eran constantes y más graves. Su conducta delictiva lo constataron elementos de la Guardia Nacional, que lo encontraron con drogas y armas de fuego.
Permaneció 3 meses en la cárcel de Acapulco, aún así no escarmentó. Además de la golpiza, le advertía a Margarita que la mataría. No le importó el grave daño que ocasionaba a sus dos menores hijas.
Antes de que pasara lo peor, Margarita se fue nuevamente a vivir a la casa de sus padres. Tomó la decisión de interponer una demanda por pensión alimenticia en mayo del 2023. Logró que el juez el autorizara el 40 por ciento de su salario. En octubre de este año la amenazó de que regresara, de lo contrario no respondería por ella. Logró su objetivo, Margarita regresó con su marido el 3 noviembre. Le quitó su celular y le prohibió visitar a su familia. Quedó aislada con sus hijas.
El 2 de diciembre Margarita despertó apesadumbrada, sin embargo, se sobrepuso ante laa necesidad de vender chicharrones para tener algún ingreso. Su hija mayor, de 11 años, notó también que su mamá estaba triste. Eran como las 12 del día cuando le dijo, –hija, “no me dejes sola porque tengo miedo”. El marido se encontraba con sus amigos tomando y presentía que llegaría para vengarse de lo que le había hecho.
Pasó las horas llenas de angustia hasta que cayó la noche. A la una de la mañana llegó drogado el marido. La golpeó con mucha saña. Margarita pedía auxilio, pero nadie atendió sus gritos. Corría para evadirlo. Llegó a una barda que contiene el cauce del río y desde ahí en varias ocasiones gritaba: “ayúdenme, porque mi marido me quiere matar”. Intentó escapar, pero fue sometida con un cable en la garganta. A la 1:40 de la mañana su niña mayor le marcó por teléfono a sus abuelos: “mami Lupe ven a la casa porque mi mamá está muerta. Don Luis y Guadalupe rápido se trasladaron a la casa de su hija. Cuando llegaron algunos vecinos y policías municipales la subían a la patrulla. La llevaron a varios consultorios de Copanatoyac, pero nadie la quiso atender. El centro de salud estaba cerrado. La trasladaron al hospital de Tlapa. Ahí la intubaron, pero en 10 minutos les informaron que había muerto. A pesar del miedo que han sembrado los feminicidas que forman parte de una banda de delincuentes, la gente salió a las calles a exigir justicia. Muchas jóvenes estuvieron presentes en el sepelio de Margarita. También se organizaron para protestar en el ayuntamiento de Tlapa.
En este municipio se registró la historia desgarradora de Reyna, una mujer na savi originaria de Tlapa. Tenía 23 años cuando fue asesinada. Conoció a Alejandro, a los 15 años, cuando trabajaba como cajera y él como cargador en la frutería Tony. Al poco tiempo se fue a vivir con él a la comunidad de Oztocingo, municipio de Copanatoyac. Tuvieron dos hijos, sin embargo, era muy difícil mantenerlos porque Alejandro, en lugar de trabajar, se emborrachaba y drogaba. Reyna tenía que salir a vender ciruelas para mantener a sus hijos.
Su suegra le aconsejó que se fuera a la Ciudad de México, allá su hijo mayor le conseguiría un trabajo. Por falta de dinero, no pudo salir del pueblo. En julio del 2021 decidió regresar con sus padres en la colonia Loma Bonita. Alejandro la buscó y la convenció de que regresara con él. Los golpes la obligaron a dejar definitivamente a Alejandro. Se empleó como trabajadora doméstica para medio sobrevivir. Estudió el bachillerato y en agosto del 2023 entró a estudiar en la Escuela de Parteras en Tlapa. Para pagar su inscripción y la de sus hijos tuvo que vender su mesa y unas sillas.
Reyna nunca se opuso de que sus hijos visitaran a su papá. El pasado 10 de septiembre la ex suegra la mandó llamar con sus nietos. Fue la última vez que la vieron. Dejó un recado a su mamá con su cuñada de que regresaría el lunes 18 de septiembre. Ese día le llamaron a su celular, pero nunca contestó. La preocupación los invadió cuando la ex suegra llamó al papá de Reyna para reclamar que fuera por sus hijos. Esa vez Alejandro la acompañó al crucero.
Ese mismo lunes en Oztocingo se encontró el cuerpo de una mujer flotando en el río. El 21 de septiembre, la familia de Reyna se enteró a través de las redes sociales del hallazgo de una mujer completamente desnuda en estado de putrefacción. Sus padres rápido se dirigieron al Ministerio Público para preguntar si sabían a quién pertenecía el cuerpo, sin embargo, ya lo habían trasladado al Semefo de Chilpancingo. El 22 de septiembre presentaron una denuncia formal por la desaparición de Reyna. Les tomaron muestras de sangre para confrontarlos con el cuerpo encontrado. El 13 de octubre los padres de Reyna recibieron su cuerpo y fueron informados de que se trataba de su hija. Reyna recibió cuatro impactos de bala en la cabeza, tenía fracturas en el pectoral. Fue víctima de agresión sexual y su cuerpo fue quemado en un 70 por ciento. Posteriormente fue arrojado en el río.
Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan hemos acompañado y registrado 27 casos de feminicidios, de 2014 a 2023, entre ellas el de una niña de 16 años, en el 2006. Los municipios más violentos para las mujeres entre 4 a 70 años son Ayutla de los Libres, Olinalá, Acatepec, Malinaltepec, Alpoyeca, Tlacoapa, Metlatonoc, Atlamajalcingo del Monte, Zapotitlán Tablas, Cochoapa el Grande, Copanatoyac y Tlapa. La mayoría de los feminicidios no tienen condena, es más, ni siquiera han sido detenidos los agresores. Las autoridades son cómplices de la violencia machista. Han transcurrido más de nueve años sin que se castigue a los feminicidas. Las instituciones de procuración de justicia en lugar de proteger a las mujeres, las revictimizan y reproducen los patrones de la violencia patriarcal.
A 75 años de la DUDH, las mujeres indígenas de Guerrero y la Montaña son tratadas como objetos, como seres sin derechos. Las autoridades del estado se han quedado impávidas, en el puro discurso y con actos mediáticos que no se traducen en acciones efectivas que salvaguarden el derecho sagrado de la vida de las mujeres que son víctimas de los crímenes de odio.

Homenaje al Comandante

El entonces capitán del Ejército Arturo Acosta Chaparro envió el 9 de julio de 1972 al director federal de seguridad el siguiente reporte: “ATOYAC.- Ante la situación que priva principalmente en el área correspondiente a la sierra de Atoyac de Álvarez, Gro, la D.F.S. en lo que corresponde al análisis y proceso de información , así como del conciensudo estudio de los antecedentes en que se inició y fomentó la subversión en la región desde la formación de pequeños círculos de estudio hasta la politización de los sectores magisterial, estudiantil y campesino así como la actuación clandestina de la organización del llamado PARTIDO DE LOS POBRES, en esta primera fase de insurrección, logró lo que ninguna organización había obtenido, la de unificar a los grupos clandestinos de izquierda, actuantes en el país, y por lo que corresponde a esta área donde actúa, tendió su red de información, abastecimientos y protección dentro de las áreas rural y urbana, pudiendo notarse principalmente que si bien los pobladores de la región no participan, no denuncian por temor al grupo operativo lo que significa que cuentan con el apoyo y la simpatía de los habitantes de la zona. Durante el tiempo que llevaba activa esta organización, había operado dentro de la fase subversiva, y sus máximas actividades habían sido las de extorsión a particulares, asaltos a instituciones bancarias y secuestros, de donde sus dirigentes pudieron analizar a los actuantes, tomando principalmente en consideración que eran elementos jóvenes, y así como ideológicamente preparados, política y militarmente definidos en la línea dura”.
El panorama que describía el jefe militar era de alarma, porque veía venir un movimiento disruptor abanderado por un profesor que supo aplicar la pedagogía de los oprimidos a los hombres y mujeres del campo. Lucio Cabañas Barrientos, fue nieto de Pablo Cabañas, un general zapatista. Fue hijo de Cesáreo Cabañas un trabajador del campo que fue asesinado por un cacique. Lucio nació el 15 de diciembre de 1937 en el paraje El Venado, de la comunidad El Porvenir, municipio de Atoyac. Su madre Rafaila Gervacio Barrientos, trabajó arduamente en los cafetales y enfrentó en todo momento la persecución de los militares. Cuando Lucio bajó a la comunidad de Santa Rosa de Lima conoció a María Isabel Ayala Nava. En el baile de la festividad religiosa Lucio bailó con María Isabel hasta que se descargaron las pilas del tocadiscos. En la madrugada se marchó con ella para continuar su lucha. Peleó sin descanso y demostró su gran capacidad para comunicarse con la gente del campo. Su presencia en las comunidades despertó grandes expectativas entre los pobladores. Siempre salía avante porque lograba sumar a su causa tanto a jóvenes como a jefes de familia. Logró conformar su red de informantes y de personas voluntarias dispuestas a enfrentar los peligros con tal de proveer de alimentos a la gente atrincherada en la intricada serranía.
Ante los riesgos que corría su esposa María Isabel, Lucio y sus compañeros decidieron que abandonara el campamento. La acompañaron a San Martín de las Flores donde vivía la mamá de Lucio. En ese lugar nació Micaela su hija, quien desde los 2 meses estuvo en el Campo Militar Número Uno, cuando su mamá y varios familiares de su papá fueron detenidos por elementos del Ejército, en la ciudad de Tixtla. Su primer año de vida la pasó en una celda, donde aprendió a caminar y a pronunciar sus primeras palabras. Los barrotes de las celdas sirvieron de sostén para dar sus primeros pasos. La tía Bartola y su mamá tejían la ropa de Micaela con el estambre que algunas personas de la misma prisión les regalaban.
La única vez que Micaela conoció a su abuela Rafaila fue cuando estuvo en la Iglesia del padre Máximo. Ahí platicó con ella toda la noche. Por ella conoció mejor a su papá, supo cómo era de niño y que pronto salió del pueblo para irse a estudiar. No tenía dinero, por eso buscó un trabajo y se puso a estudiar. Nadie sabe cómo le hizo para salir adelante. Su mamá resentía más que se haya ido de su casa y que anduviera peleando contra el gobierno. Tenía miedo que también se la llevara al Ejército, por eso mejor trató de no bajar a Atoyac.
Desde 2002 Micaela se reencuentra con su padre Lucio, cuando trasladan sus restos al obelisco donde está su figura señera, de un maestro sencillo, hijo de campesino, que se levantó en armas ante tanta explotación y abuso de los caciques. En 2010 colocan con María Isabel la placa que dice: “Comandante contigo está sembrada la esperanza del futuro”. Con esta frase grabada, Micaela guarda con orgullo la trayectoria de su padre. Cada año acude con los compañeros del Partido de los Pobres a rememorar al maestro y combatiente, a renovar el compromiso de seguir dando la pelea en los diferentes frentes de lucha.
En este 49 aniversario del asesinato de Lucio, Micaela con los compañeros de su papá y las organizaciones solidarias encendieron las velas para sanar las heridas y alimentar el espíritu. Velaron para revivir su memoria y estrechar los lazos entre los movimientos con el fin de no perder el rumbo que se trazó el Partido de los Pobres: de pelear contra la injusticia y la desigualdad; estar al lado de la gente que sufre, trabajar con las comunidades impulsando la organización de base, defender los derechos del pobre, levantar la voz contra los explotadores y tumbar a los gobiernos que traicionan los sueños de justicia de los pueblos. Para Lucio lo fundamental fue trabajar de manera colectiva, tomar acuerdos y decisiones en asamblea, ejercer el poder como un servicio, mantener el régimen comunal de la tierra y producir lo básico para garantizar la auto sustentabilidad de las familias.
La presencia de los compañeros y compañeras del Partido de los Pobres en este memorial fue muy significativa, no sólo por el reconocimiento que se les otorgó, sino por lo que representan en este movimiento de emancipación contra un sistema que sigue expoliando a los más pobres. La situación de las comunidades rurales no ha cambiado, siguen siendo el último eslabón de los gobiernos municipales. Son clientelas cautivas que están sometidas a un régimen autoritario controlado por cúpulas partidistas. A las comunidades se les hace creer que con la construcción de una obra al año saldrán de la pobreza extrema. La educación no es un derecho para las familias que viven en pequeñas comunidades, les regatean los recursos para construir escuelas dignas y no contratan a los maestros o maestras que requieren. Las enfermedades de la gente tienen como origen la desnutrición severa que padecen tanto las madres de familia como los recién nacidos. No se garantiza el derecho a la alimentación. Cada familia tiene que ver cómo asegurar alimentos suficientes para los hijos. La producción en las pequeñas parcelas es raquítica, apenas alcanza para medio comer tres meses. Desde pequeños los niños y las niñas tienen que trabajar en las calles o en los surcos para asegurar la comida por lo menos dos veces al día. La salud es inaccesible para las familias pobres porque no hay medicinas en las clínicas ni en los centros hospitalarios. Tampoco hay médicos en las comunidades. Los rezos y las plantas medicinales cubren el gran vacío de los servicios de salud pública que por obligación tienen que proporcionar de manera gratuita.
La lucha de Lucio dejó una estela de muerte, de personas desaparecidas, ejecutadas de manera arbitraria, desplazadas forzosamente, encarceladas injustamente, torturadas y masacradas. Hasta la fecha las autoridades federales no han garantizado justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Los crímenes cometidos por el Ejército siguen en la impunidad. No hay avances en las investigaciones que llamen a cuentas a los militares que participaron en la aplicación de los planes de contra insurgencia. La justicia por los crímenes del pasado es una deuda que ha causado graves daños a varias generaciones de familias que no encuentran a sus seres queridos y que no encuentran respuestas claras y firmes de que habrá castigo contra los militares que atentaron contra la vida y la integridad física de sus familiares.
Los colectivos de víctimas de Guerrero le han apostado al cambio que prometió el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, de que no habrá impunidad ni privilegios para nadie. Que se aplicará la ley sin distingos y que se hará justicia al pobre.
En Guerrero la violencia se ensancha y las desapariciones se multiplican. Las víctimas no encuentran la atención y apoyo que se requiere, por el contrario se les ignora y estigmatiza. En este último año de gobierno temen que la justicia no llegue y que tengan que sacar la casta para no sucumbir ante tantas amenazas que se ciernen en sus vidas, a causa de la pobreza, la violencia y tanta impunidad y corrupción.
El mejor homenaje al comandante Lucio Cabañas es cumplir con su lema. Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo.

 

Déjame sentir tu corazón

 

La espera paciente de las niñas y los niños indígenas que habían llegado con sus mamás y papás desde lo más recóndito de la Montaña, para escuchar al presidente de la República, se tornó crítica con la entrada intempestiva de un amplio contingente de la CETEG que derribó la reja rosa de las nuevas instalaciones del CRIT.
El ambiente era abrumador, no sólo por el calor sino por los bloqueos que algunas organizaciones sociales, padres y madres de familia y estudiantes realizaron durante el día sábado. Las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de Ahuatepec Ejido iniciaron el bloqueo de la carretera Tlapa-Chilapa desde el martes 21. Arreciaron sus protestas tomando instituciones bancarias y tiendas departamentales. El viernes 24, funcionarios de la Secretaría de Educación, Igife y Cicaeg se comprometieron a dar cumplimiento a las minutas firmadas con anterioridad, relacionadas con recategorización y nombramientos de maestros, pago de adeudos, dotación de material didáctico y construcción de aulas.
En la mañana del sábado 25 varios contingentes del Frente Popular de la Montaña bloquearon cuatro de las cinco entradas a la ciudad de Tlapa. Llegaron de Yozondacua-Llano del Carmen, San Martín Yukuxaki, del municipio de Cochoapa el Grande, de San Juan Bautista Coapala del municipio de Atlixtac, también de Atzompa del municipio de Metlatónoc, Llano Grande, municipio de Malinaltepec y de la cabecera municipal de Xalpatláhuac.
Acudieron varias autoridades del municipio de Tlapa como Aquilpa, Zacualpan, Acatenco, Tlacuiloya, Atlamajac y de las colonias Filadelfia, Monte Josen, Nazaret, Tepeyac, El Dorado, Nueva Esperanza y San Isidro. La principal demanda que unifica y moviliza a los miembros del Frente es su exigencia de justicia por la desaparición y asesinato de Arnulfo Cerón Soriano. Han constatado que los jueces que atienden el caso se fijan más en minucias procedimentales para descartar pruebas y no dimensionan el contexto en que se enmarca este crimen, en la campaña de linchamientos y desprestigio que se urdió desde las esferas del poder municipal contra Arnulfo, tampoco valoran las amenazas de las que fue víctima cuando el Frente realizaba bloqueos de carreteras. No van al fondo para identificar los patrones de criminalidad contra los defensores y la complicidad que se da entre autoridades municipales y grupos de la delincuencia organizada.
Después de cuatro años del asesinato de Arnulfo, las comunidades indígenas lo reivindican como un defensor comunitario, un dirigente que encaró a las autoridades para que rindieran cuentas y cumplieran con los compromisos contraídos. Han planteado la construcción de caminos artesanales en las comunidades más alejadas de los municipios de la Montaña Alta, han demandado aulas, pavimentación de calles, rastrilleo de caminos, clínicas, proyectos básicos. Es decir lo mínimo para subsistir en las comunidades donde no hay obra pública, donde ya los presidentes impusieron que sólo una obra les toca por año. Ni eso se cumple. La lucha de las comunidades y organizaciones es por el piso básico de la vida, lamentablemente las autoridades municipales y estatales les siguen negando los recursos. Les imponen la política de austeridad a familias que a pesar de que trabajan duro en el campo, apenas tienen para comer tortilla con chile.
También en la víspera de la llegada del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador estudiantes de la UPN de Tlapa bloquearon la entrada en dirección a Chilapa. Demandan la apertura de la universidad para que se normalicen las sesiones académicas dentro de sus instalaciones y se asegure su incorporación a las plataformas de la universidad. Las autoridades del estado atendieron sus demandas y se logró que se desbloqueara la entrada a la institución educativa para garantizar que este lunes inicien las sesiones académicas de manera presencial.
Con este telón de fondo marcado por los bloqueos, este domingo Tlapa amaneció en tensa calma. Por un lado, estaba la expectativa de la visita del presidente al CRIT, que es el primero que se construye en una región indígena y que además fue parte del acuerdo entre el patronato de la fundación Teletón con López Obrador. Atendieron con presteza su propuesta y en alrededor de ocho meses lo construyeron. Fue un gran logro y además un desafío porque ahora se trata de un CRIT que tiene que comprender la cultura y aprender la lengua de las familias indígenas de la Montaña. También asumir el compromiso de llegar a las casas de familias sumamente pobres, que no están en posibilidades de viajar cinco o más horas a la ciudad de Tlapa. Además algunos de sus niños y niñas no están en condiciones para viajar en camionetas de pasajeros de redilas y en caminos intrincados.
El CRIT tiene pensado realizar en una segunda etapa recorridos a estas comunidades en una brigada móvil que atienda a la niñez indígena más vulnerable en sus domicilios. Es una gran tarea que si logra concretarse se reducirá la brecha de la exclusión, la discriminación y la desigualdad sociales que por siglos han padecido las comunidades y pueblos indígenas de la Montaña.
En este ambiente cargado de grandes expectativas se dio la llegada de normalistas, maestros y maestras de la CETEG. Marcharon desde el Hospital General y llegaron a la esquina de la Preparatoria número 11 donde se encontraba la primera valla.
A pesar de algunos planteamientos y propuestas que hicieron llegar los funcionarios del gobierno del estado, no lograron persuadir al amplio contingente para que se desistiera de llegar a la entrada del CRIT. Su dirigente Héctor Torres planteó una reunión con el presidente de la República. Recordó la entrega de documentos solicitando que se atiendan sus principales demandas, pero no han tenido respuesta. Por eso valoraron que esta coyuntura era propicia para entregar de nueva cuenta al presidente esta solicitud de diálogo con el fin de que pueda atender sus demandas.
Al calor de la protesta y ante la obstrucción para que pudieran entrar a entregar sus documentos, los contingentes se abalanzaron contra las vallas y las pocas personas que trataban de impedir su paso. Al lograr el objetivo varios maestros y maestras arreciaron el paso para llegar a la reja del CRIT que estaba cerrada. Ya encarrerados forcejearon y tumbaron la reja nueva. Ya no hubo quien les impidiera el paso. El contingente de avanzada corrió con la finalidad de entrar al lugar donde se encontraban los niños y niñas con sus papás esperando al presidente. A gritos, varios maestros de la dirigencia estatal les pedían que no entraran donde sería el evento oficial. Acataron la orden y se colocaron en la entrada del CRIT, para esperar la llegada del presidente.
Los ánimos subieron de tono cuando se dieron cuenta de que las llaves de la camioneta que transportaba el sonido de la CETEG, alguien las había sacado, para que ya no avanzara su marcha. Por el megáfono, la voz de un maestro advirtió que si en 5 minutos no aparecían las llaves la situación se iba a complicar más. Nadie sabía quién las tenía. Entre los funcionarios del estado se preguntaban qué había pasado y quién las había sacado. No hubo respuesta. Al final aparecieron. Al interior de la carpa, una persona pidió a las mamás que no se movieran de sus lugares, que no iba a pasar nada. Hubo preocupación de los asistentes, ante la posibilidad de que algunos maestros o maestras decidieran entrar al lugar del evento, sin embargo, la instrucción ya la habían dado, de no ser motivo de perturbación.
Alrededor de las 2:20 de la tarde dio inicio la ceremonia de inauguración del CRIT. Fueron más de 3 horas de espera. A pesar de este largo tiempo, las niñas y niños que fueron invitados de honor, esperaron pacientemente el momento de la inauguración. Mostraron aplomo, fortaleza y un gran corazón. Llegaron para ocupar un lugar digno en la sociedad que los ignora, estuvieron presentes para sensibilizar a las autoridades locales, de que tienen obligación de atenderlos, que no pueden ser gobiernos que sigan reproduciendo la discriminación y la exclusión social.
En el presídium movieron las sillas para que subieran seis niñas y seis niños con sus mamás y ocuparan ellas los lugares. En ese momento se corrió la voz, que el presidente de la República no llegaría a inaugurar el CRIT. En su representación estuvo la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel y por parte de la Fundación Teletón su presidente Fernando Landeros. “Traer vida, amor y esperanza a los niños y niñas de la Montaña es el sueño del CRIT. En esta región se junta el amor de un país con las necesidades más grandes de la Montaña de Guerrero. Se van a beneficiar mil 868 familias. Todos tendrán su beca de rehabilitación y se brindará la atención más cálida y amable con especialistas con gran calidad humana”.
Por su parte, la secretaria Ariadna recordó que hace cinco años el presidente de la República vino a Tlapa para iniciar la pensión para las personas con discapacidad. Tlapa es el ícono de esta nueva etapa de atender a las personas con discapacidad. Lo más importante es que se haya establecido como un derecho en la Constitución. Lo crucial es estar cerca de la gente. Y la meta es atender un millón y medio de personas en este 2023.
En esta conjunción de esfuerzos lo que se busca es que los niños y niñas indígenas de la Montaña sientan el abrazo del México que los quiere. Que sientan vibras positivas como se leía en la playera de una niña. Necesitamos sentir el corazón de las niñas y niños de la Montaña para ser más humanos y entender que su sueño más hermoso es sentir nuestro abrazo y nuestro cariño. A quienes nos gobiernan les falta mucho entender el mundo de las niñas y niños que sufren en la Montaña.

Al héroe desconocido

Genaro quería hablar conmigo, pero yo andaba en la Sierra. Cuando me llegó su recado luego pensé que era algo urgente y delicado. Pronto me organicé para el regreso. A él no le podía fallar porque era un amigo que se la jugaba por todo. Al verme, me abrazo muy fuerte. ¿cómo has estado Santiago?… pues así jodido como siempre. Mira te mandé traer porque andaré por acá y quiero que me acompañes. Voy a visitar varios pueblos y tú me vas a guiar. Me vas ayudar en mis traslados. Tú sabes que no puedo estar en un solo pueblo.
Lo primero que hice fue contarle a mi esposa. Me escuchó, pero no la sentí muy convencida. No me dijo nada y sólo levantó los hombros. Le expliqué que era mi primo, más bien mi hermano. Somos familia muy cercana y no me puedo negar. Me mandó traer porque sabe que yo no le puedo fallar. A quién más va acudir sino es con la familia. Quiere que yo le ayude a cambiarlo de pueblo en pueblo, porque el gobierno lo quiere agarrar.
Empezamos a caminar los cerros. Pensé que no iba aguantar, pero luego me di cuenta que tiene resistencia. No me llamó para que le enseñara a caminar, sino para tomar el camino más seguro y estar vigilante de la llegada de los guachos.
Empezamos a visitar los pueblos. Al principio no sabía lo que tenía que hacer para que no se fuera a topar con el gobierno. En lo que él platicaba con la gente, me dedicaba caminar por los cerros y las veredas. Quería estar seguro que nadie lo seguía. Era como el águila, veía a lo lejos y en el momento menos esperado tomaba el camino. Tuve que acostumbrarme a caminar de noche y dormir en el cerro. Genaro tenía mucha fibra porque nunca se cansaba.
Lo que nunca entendí fue la forma como establecía contactos con las comunidades que visitaría. Simplemente me decía “llévame al Carmen”. El sabía que lo llevaría por veredas seguras. Lo que temía es que en la comunidad no hubiera gente que lo recibiera. Era todo lo contrario. Ya tenían preparada la comida y el lugar donde se reunirían. Nunca decía en qué momentos saldría ni a qué lugar iría. Cada viaje aprendía algo nuevo de Genaro. Estaba bien informado de lo que pasaba en el estado y en México. Tenía algo extraordinario porque donde quiera tenía amigos que lo esperaban y contactos que le mandaban mensajes. Poco entendí cómo se relacionaba con tantas personas. Nunca dejé de admirarlo y a veces ni creía que fuera su amigo y que además hubiera confiado en mí para visitar los pueblos de la Montaña.
Tengo bien grabada en mi mente la tarde cuando caminábamos al Carmen. Ahí conocía varias veredas. Todas eran seguras. En esa ocasión iban varios compañeros. Siento que me fue mal. Yo venía adelante como guía y miré que Genaro venía atrás, Bracho más atrás y otros compañeros iban al último. De repente escuché a Genaro que dijo ¡bájate! ¡Tírate al suelo! ¡Listo con las armas! No entendí de qué se trataba. Lo que hice fue tirarme y quedar quieto. Todavía escuché decir a Genaro “hay pisada de guacho”. Todos quedamos puestos con las armas. Enseguida vi pasar de a tres, de a cuatro, de a dos los guachos por toda la carretera. Iban en el mismo sentido, y nosotros estábamos cerca. Estábamos listos con el M-1, con la metralleta. Nos dijo ya levántense, ya acabaron de pasar. Pasamos el río por el chivato. Me dijo que quería bañarse porque ya llevaba varios días que no tocaba el agua.
En el Carmen estuvo un tiempecito, luego me dijo ya no puedo estar aquí primo, cámbiame a Tlaxca. Ahora sí ya me preparé mejor. Me aseguré que no hubiera gente sospechosa en los caminos y escogí la vereda más difícil pero más segura. Siempre me preocupaba que no hubiera amigos que lo recibieran. Se las ingeniaba para enviar recados. Cuando llegamos ya estaba asegurado el lugar donde iba a llegar. Pasamos el río, pronto llegamos al pueblo. Vi que lo recibió familia mía que vive allá. A mí me tocaba organizar la salida. Teníamos que emprender el viaje sin que se diera cuenta la gente. Esa vez me dijo “primo, ahora sí me quedo con los muchachos”. Luego llegaron las autoridades. Ahí lo recibió casi todo el pueblo, fue una bienvenida que no se me olvida, porque la gente se sentía honrada por su visita. Tenían mucha fe en él.
Para burlar los cercos del Ejército, Genaro me comisionaba para que me encargara de llevar los alimentos. Las tortillas no podían faltar, por eso dejaba mi guardia para bajar a los pueblos cercanos que en todo momento nos apoyaban. En la región siempre salí bien librado y entregué buenas cuentas, porque a Genaro nunca lo ubicaron los del gobierno. Llegaban a los pueblos para hacer maldad, porque se sentían burlados y nunca encontraron la forma de tenderle una trampa.
Me siento muy orgulloso de haber sido un compañero de Genaro, de caminar muchas horas por todos estos cerros de la Costa Montaña. Fueron muchas noches en vela, siempre en las cimas vigilando a los del gobierno.
Mi vida fue triste, porque nunca tuve un beneficio, al contrario, siempre anduve luchando para que saliéramos de pobres. Me siento satisfecho porque sé que luché por la liberación del pueblo al lado de mi comandante Genaro Vázquez.
Ahora estoy aquí en mi humilde casita, sufriendo porque no tengo quien me ayude. Casi todos mis compañeros ya murieron. De los que anduvimos en esta región creo que nada más yo quedé. Varias personas cuentan que Genaro vive, yo también digo que vive. Tenía muchas vidas. Dicen que se convertía en tigre, por eso los guachos tenían miedo de subir a la Montaña. Tenía un gran nahual porque cuando había peligro se podía convertir en algún animal. Esto mismo lo comentó la esposa de un soldado. Estaba en una casa horneando pan, mientras esperaban que se cociera la señora comentó “me da miedo que mi marido suba a buscar a ese hombre, porque es muy peligroso y dicen que se que se vuelve animal, pájaro”.
Como ciudadano siento que también cumplí con mi pueblo. La preparatoria de San Luis, que ahora lleva el nombre de Genaro, fue promovida cuando era comisariado de bienes ejidales. Al principio eran como 15 alumnos. La gente todavía no le daba importancia al estudio, sin embargo, ahora hay cientos de alumnos y eso me da mucho gusto. También puedo decir que me tocó donar el terreno para la cancha deportiva, es un lugar donde ahora van muchos jóvenes a jugar y a divertirse sanamente.
Las comunidades indígenas de San Luis Acatlán quisieron mucho a Genaro, no tanto porque era como los políticos, que cuando quieren un hueso ahí andan regalando cubetas. La gente estaba con él por su ideales, por su lucha. Siempre lo querían escuchar porque le decía sus verdades al gobierno y también porque se enfrentaba a los ricos de San Luis, a los acaparadores de terreno. Les decía que eran unos caciques explotadores. Por eso los ricos y los políticos no lo querían, más bien, trataban de que el Ejército lo matara. Sabían que Genaro no se vendía y que estaba dispuesto a pelear con el gobierno para que hubiera justicia para el pobre.
A mí me gustó mucho cuando me dijo “quiero luchar por esto hermano”. Eso fue lo que me hizo llegar a él y a perder el amor a mis hijos, a mi vida, porque yo podía regresar vivo o muerto. Y aquí estoy todavía. Recuerdo una pregunta que me hizo Genaro, bueno primo ¿Si te agarran los guachos o te agarran los judiciales, vas a cantar? Le dije, primo yo no sé cantar ni corrido, así que no puedo cantar. Te voy a decir de una vez, si yo me rajo de que fulano o zutano andaban en la lucha, como quiera me van a matar y si no digo nada, también me van a matar. Mejor que me maten y no digo nada. No sé de aquí no me van a sacar, yo no sé lo que me pregunta usted primo. Me van a quebrar mis brazos o mis pies, pero yo no sé nada. Morir como un héroe ¡hijo de la chingada!
Por eso le digo que ser guerrillero es una vida muy difícil, muy sufridora. Pero todo tiene su recompensa, porque luchas no por cosas materiales ni para beneficio personal, luchas por ideales. Eso a pocos les interesa, sobre todo a los políticos, porque ellos todo lo quieren para sus bolsillos y su barriga.
Vivir en el cerro es también una experiencia única, hay que saber caminar. Todo tiene su chiste o su arte. A Genaro no había quien le ganara caminando. Nunca lo vi que se cansara. Siempre me decía ¿vas a subir conmigo primo el cerro? Le contestaba vamos a subir y ya de aquí me voy a tirar. Yo estaba muy cansado por la mochila, y él como si nada con el M1 aquí atravesada.
Un último recuerdo es cuando me mandaron a traer una caja. No sabía de qué se trataba. Me dijeron te van a entregar una caja no recuerdo el nombre del señor. Era de Jolotichán. Me dijo “hay te subes a la camioneta. En Jolotichán te bajas a la orilla del pueblo. Agarras la vereda ya conoces. Traía la caja pesada, iba caminando, cuando de repente vi ¡hijo de la chingada! Estaba todo el Ejército, estaban con las armas parando. Dije ahora no sé ni lo que traigo, pensé en dejar la caja y correr, pero más que sería peor y luego me reclamarían, ¿por qué corriste?. Me decidí a pasar, si me dicen ¡párate!, pues ya ni modo. Me pasé y ya cuando bajé yo aquí, porque pase por aquí (por San Luis) llegué al Carmen y le conté. Me dijo mira lo que traes cabrón, un montón de parque, una pistola, una metralleta chiquita. Ve lo que traes, si me agarran los guachos ahí se acabó Santiago Vázquez Rosas, el héroe desconocido.

 

Desolación, incertidumbre y desesperación

La cotidianidad de las familias pobres de Acapulco es levantarse a las 4 de la mañana para formarse en las largas filas, recibir una despensa y algunos litros de agua. Esperan varias horas para recibir la dieta de la sobrevivencia, bajo un sol incandescente en medio de la basura y malos olores. El agua tiene que conseguirse o recolectarse porque no llega a los domicilios. La gente tiene que lavar su ropa en los ríos con el agua chocolatosa. Varias amas de casa juntan la menos sucia para preparar sus alimentos. Ante la falta de gas improvisan su fogón y con lo poco que tienen de aceite y condimentos tratan de darle sabor a sus alimentos. Las tortillas son insuficientes para satisfacer a todos los de la casa. El cono de huevo está a 100 pesos y difícilmente lo encuentran, los jitomates, si tienen suerte los consiguen a 10 pesos cada uno. No hay más alternativa que llenarse con galletas y sopa Maruchan, pero ya se chocaron de comer lo mismo.
La gente está desesperada y enojada porque la luz aún no llega. A pesar del gran esfuerzo de los trabajadores de la CFE, no se normaliza el servicio en muchas colonias. Sin luz y sin agua nada se puede hacer en la casa. Van 12 días y la situación no se revierte. La población camina sin encontrar lo que necesita. Tampoco se topa con autoridades municipales ni estatales para decirles lo que están padeciendo. Hay una sensación de abandono, de sentirse desamparado, sin tener a alguien que los escuche y les ayude a salir de este infierno. Los niños y niñas caminan en busca de agua y comida. Las escuelas quedaron relegadas, porque también requieren reparaciones y nadie se ocupa de ellas.
En las precarias viviendas, las familias tratan de enderezar las láminas y medio cubrir sus techos. Por falta de árboles no hay donde protegerse del sol. Ni los ventiladores trabajan por falta de luz. La gente prefiere dormir en sus patios o azoteas para refrescar el cuerpo. El gusto por contemplar las estrellas que antes no veía, se contiene ante la incertidumbre de lo que le depara en los próximos meses, porque se quedaron sin nada y tampoco hay trabajo.
La incertidumbre cala hondo porque hay que empezar limpiando la casa y el entorno, tener los servicios básicos, comer en la mesa y asegurar que los hijos estudien. Asegurar un ingreso, pero ¿hasta cuándo llegarán los turistas? No hay respuestas certeras, todo es volátil, frágil y precario. Gana la tristeza y la impotencia de no poder vencer en el corto plazo las múltiples carencias que a diario enfrentan.
Dónde están las autoridades, es la pregunta que mucha gente se hace al deambular sin rumbo por las calles. Los mismos periodistas que se encuentran frente a la gran plaza esperan que llegue la presidenta Abelina o la gobernadora Evelyn para informar a la población local de las acciones que están realizando. No hay esa cercanía con quienes hace dos años fueron a sus colonias a pedir el voto. La distancia está muy marcada, cada gobierno con su círculo cercano realizando actos mediáticos para consumo nacional. Lo contrastante no sólo son las condiciones deplorables en que se encuentran las familias que requieren de todo tipo de ayuda, sino la nula información que tienen sobre cómo se aplicará el plan de recuperación de Acapulco y Coyuca de Benítez, sobre todo la reconstrucción de sus viviendas, que de acuerdo con datos oficiales, el 90 por ciento resultaron afectadas.
La situación es más grave y compleja con los familiares de personas desaparecidas. Las autoridades anuncian en las mañaneras el número de personas fallecidas y las que fueron localizadas y habían sido reportadas como desaparecidas. Hasta la fecha se habla de 46 fallecimientos (entre ellos 3 extranjeros) y 58 personas desaparecidas (el gobierno del estado habla de personas no localizadas). Resalta que 799 personas fueron localizadas. La realidad es que las familias no tienen información directa de qué personas son las fallecidas y cuáles no son localizadas. Tampoco sabe con qué autoridades tiene que acudir para que le brinden información y sobre todo el apoyo para asegurar que buscan a su familiar.
Hay casos de marineros que no aparecen. Comentan que varios de ellos se quedaban a dormir dentro de los yates porque así les ordenaban los dueños. Ahora resulta que nadie asume la responsabilidad para que se hagan efectivas sus búsquedas. Son más bien sus compañeros los que están haciendo estos trabajos de manera voluntaria, sin que se cuente con personal especializado, como buzos, para que realicen estas maniobras. Mientras tanto, los familiares se reúnen diariamente en la rotonda de los hombres ilustres, para saber qué noticias hay, sin embargo, no hay avances porque no tienen una interlocución directa con los encargados de la búsqueda. Falta interés y sobre todo sensibilidad para brindarles una atención digna a las familias, que además de perder su casa, tienen desaparecido a uno de sus seres queridos. Las víctimas están desesperadas, porque entre más pasen los días, la posibilidad de encontrarlos se desvanece.
La devastación ambiental tocó fondo sobre todo por la voracidad de políticos y empresarios que despojaron a los ejidatarios de las zonas de humedales para construir complejos turísticos que acabaron con las protecciones naturales que además son ecosistemas que almacenan el agua y ayudan al sostenimiento de la vida silvestre. Esta destrucción en aras de los grandes negocios turísticos ha atentado contra la diversidad biológica que es parte del paisaje natural de esta belleza marítima. Son parte del hábitat para especies migratorias y es enclave rico por sus especies endémicas, únicas en el mundo. Los humedales son imprescindibles para absorber el agua y evitar inundaciones, sobre todo, cumplen una función fundamental en la mitigación del calentamiento global. Amortiguan el efecto de las tormentas y las inundaciones.
El paradisiaco puerto ha perdido su encanto por la rapiña de los empresarios que contaron con la complacencia de las elites políticas, porque fue un negocio redondo, como sucedió con Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos y empresarios consentidos del sexenio, que se adueñaron de Punta Diamante.
Las familias del Acapulco rural, sumidas en el abandono y la pobreza ancestral perdieron sus viviendas y sus cosechas. De por sí no tienen agua entubada en sus casas y la luz eléctrica es muy inestable. Están incomunicados por sus caminos intransitables, viven en la oscuridad y no tienen víveres porque el viento se llevó todo. Sus milpas quedaron anegadas, ni sus hojas podrán utilizar como rastrojo porque los animales se perdieron y algunos se murieron. El desastre es generalizado porque sus construcciones son de tablas, adobes, bajareque y láminas. Son materiales que volaron con el huracán. Los pocos muebles que tienen quedaron inservibles. Las bases de sus camas se quebraron, sus colchones se mojaron, su ropa voló y la que rescataron están llenas de lodo.
Las palmeras quedaron sin follaje y sin cocos. Lucen vencidas y a punto de desprenderse de sus raíces. Muchos árboles de mango se cayeron, los que quedaron en pie resintieron el ventarrón y difícilmente florearán para la próxima cosecha.
Los medios de vida de las familias del campo se perdieron y llevará tiempo para su recuperación. Son las comunidades menos atendidas y sus habitantes temen que no lleguen los servidores de la nación a censarlos o que simplemente digan que no hubo daños, porque de por sí sus comunidades están sumidas en la pobreza. Carecen de todo, sin embargo, no están derrotadas, han sabido resistir los embates del gobierno y han defendido sus tierras y su río empuñando sus machetes. Hace 16 años se opusieron a la construcción a la presa La Parota y demostraron su casta al vencer a la CFE en los tribunales y dentro de sus bienes comunales.
En los municipios de la Costa Chica como San Marcos, Cruz Grande y Ayutla y algunos de la Montaña Alta como Acatepec, Malinaltepec, Tlacoapa, Metlatónoc y Cochoapa el Grande la población indígena también padeció la furia de Otis. Los cultivos de maíz se perdieron por los fuertes vientos que tiraron las milpas y secaron las guías de calabaza y frijol. No habrá cosecha en el invierno y en la temporada de secas arreciará el hambre.
Muchas familias que perdieron su milpa adelantaron su salida a los campos agrícolas para contratarse como jornaleros agrícolas. Los niños y niñas de 12 años se enrolan también en estas actividades para ayudar en la compra de alimentos que venden a precios altos los dueños de los campos. Como ha sucedido con otras tormentas, como la de Ingrid y Manuel, un gran número de familias damnificadas no fueron censadas y quedaron sin el apoyo del gobierno. Con la salida de las familias a los campos agrícolas, nuevamente los más pobres de la Montaña no serán censados y se quedarán sin el apoyo gubernamental.
En el puerto de Acapulco, en sus colonias periféricas y las comunidades rurales de la costa Chica, Costa Grande y la Montaña, impera la desolación, la incertidumbre y la desesperación, ante la falta de una interlocución cercana con las autoridades y una información accesible que les permita ser partícipes y beneficiarias de este proceso de reconstrucción.
La población ha demostrado tener casta para enfrentar los grandes desafíos. Están de pie luchando a brazo partido. El gobierno no los debe ignorar ni echar de menos. Son parte de un pueblo combativo que abreva la sabiduría de sus antepasados, que resiste y que sabe pelear contra las injusticias y el mal gobierno. Las autoridades en turno deben de escuchar la voz de quienes no tienen bienes materiales, pero que poseen un espíritu indómito.