Sobrevivir en el paraíso perdido

 

La lucha por el agua en el puerto de Acapulco es la demanda generalizada de la población. Este problema añejo colapsó con el huracán. Repartir agua y despensas está muy lejos de satisfacer la sed y el hambre que padecen miles de familias. No solo hay que consumir lo necesario para mitigar la sed, también hay que preparar la comida y usarla para la higiene personal. En la mayoría de casas los tinacos rotoplás volaron. En las casas no tienen dónde almacenar agua. Una bomba purificadora que puso el Ejército, en la zona de hospitales, es apenas una gota ante la demanda generalizada de la población que camina muchos kilómetros para conseguir un garrafón o algunas botellas de agua. Todo es en vano porque no hay nada en las pequeñas misceláneas mucho menos en las tiendas departamentales.
La gente nota que el servicio de luz está focalizado en las zonas ricas como Las Brisas, en la mayoría de colonias pobres siguen en tinieblas. En el zócalo tampoco hay luz. Ante el temor de que la situación se desborde por la desesperación de mucha gente que no encuentra comida, ni agua, varias colonias aledañas a los barrios históricos se están organizando para colocar barricadas y asignar guardias durante la noche. Los vecinos de las colonias Hogar Moderno, Ejido, la Progreso y la Sinaí, se han reunido para cerrar sus calles con ramas y láminas que volaron de sus techos. Han prendido fogatas para alertar a propios y extraños que están vigilantes. Son fuertes los rumores de que hay robos en las casas, aunque no se tienen reportes precisos. El temor que circunda por las noches es propicio para que estas versiones cobren fuerza. Los vecinos dejan en claro que su defensa es por su sobrevivencia y su seguridad.
La acumulación de basura en las calles es un problema que ha desbordado a las autoridades locales. Las acciones del gobierno municipal son diminutas y dispersas. No hay brigadas de camiones que se dediquen a levantar los cerros de basura que se han transformado en focos de infección. Es uno de los servicios más descuidado porque no hay suficientes vehículos ni equipo para hacer las maniobras. Los trabajadores sufren el maltrato de sus jefes y se tienen que conformar con pagos raquíticos. ¿Cómo asegurar que los centenares de toneladas de basura no generen mayores problemas de contaminación en los mantos freáticos?
Ante la escasez de alimentos muchas familias se forman por varias horas para conseguir gasolina. Emprenden su peregrinar a Chilpancingo en busca de productos de primera necesidad. La población local empieza a resentir su llegada porque temen que haya desabasto. La población que se ubica en la salida hacia la Costa Chica se desplaza a San Marcos para surtirse de lo más indispensable. Las que más están padeciendo los estragos del hambre son las comunidades rurales que se encuentran en la rivera del Papagayo. En estos rumbos el abandono de las autoridades es ancestral, a pesar de que en su territorio se encuentran las afluentes de agua que surten las zonas hoteleras de Acapulco. La totalidad de comunidades que pertenecen al núcleo comunal de Cacahuatepec están incomunicadas. Sus terrenos inundados y todo su entorno destruido. Las familias pobres que sobreviven de la siembra del maíz y de la pesca han perdido todo: sus siembras, sus huertas, sus redes y sus lanchas. No sabemos si llegaron a esos lugares intransitables los servidores de la nación. Falta que tampoco aparezcan en el censo de las familias damnificadas.
Hay testimonios de que la gente sale a la carretera para pedir víveres y agua. Las familias sobreviven en la precariedad. No tienen ingresos seguros y muchos jefes de familia van en busca de trabajo al puerto de Acapulco. La agricultura es de autoconsumo y la pesca es también una actividad para irla pasando. Los jóvenes no tienen posibilidades de estudiar en las universidades, prefieren migrar para trabajar en los hoteles o se aventuran a cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Son muchas las localidades que están aisladas y que hasta la fecha no les han enviado alguna ayuda. Tienen que caminar varias horas para llegar a la carretera federal. Es más complicada la situación de las comunidades que están del otro lado del río. Nadie escucha sus gritos de auxilio ni encuentra forma de hacer llegar su reclamo a las autoridades. Los dueños del agua como la comunidad de Salsipuedes no tienen agua para consumo humano. La arena, la grava y el agua está en manos de empresarios gravilleros y hoteleros, que sobre explotan a los campesinos que se ven obligados a trabajar jornadas extenuantes extrayendo su propia riqueza natural.
Las 82 comunidades rurales de San Marcos también están en una situación grave porque no tienen forma de llegar a la cabecera municipal y están totalmente incomunicados. No tienen luz y los alimentos se están agotando. Sobreviven de lo que cosecharon la temporada pasada. La mayoría camina varias horas para surtirse de lo poco que queda en la cabecera municipal. Muchas familias viven a la intemperie porque no tienen forma de techar sus casas porque no cuentan con laminas o tejas. No está dentro de sus posibilidades cimbrar, comprar acero y ponerle cemento a su techo. No se sabe cómo están enfrentando los estragos del huracán. Resisten como por siglos han aprendido, a sobrevivir con lo que la madre naturaleza les pródiga.
En la región de Ayutla y la Montaña Alta los vientos fueron fatales porque tumbaron todas las milpas. Muchos árboles grandes no resistieron el embate de Otis. No habrá cosecha en esta navidad. Con la fiesta de los difuntos la gente tendrá que endeudarse más porque ni siquiera el maíz nuevo lo podrán cosechar, para hacer sus atoles y elaborar los xatos, que son los panes que son hechos con maíz nuevo. Los tamales serán un producto caro porque tendrán que comprar maíz y hasta las mismas hojas de la milpa. Las flores y las frutas son bienes suntuosos pero que son indispensables para las ofrendas de los difuntos. Las velas y los cohetes forman parte del ritual que sirven para anunciar su llegada e iluminar su camino. Cada vela representa un difunto y por lo mismo, en las ofrendas tiene que servirse la misma cantidad de platos con comida, tazas de café, panes, refrescos, cervezas, mezcal y aguardiente.
El huracán no solo profundizará el hambre sino que traerá enfermedades y más problemas entre las familias y las comunidades. Son los temores que persisten en las personas mayores, por eso los sabios y las sabias ya iniciaron sus rezos en las cimas de los cerros. Tienen que preparar el encuentro con sus familiares difuntos. Piden perdón a las potencias sagradas porque saben que el viento, la lluvia y las nubes están enojadas. La mejor manera de congraciarse con ellas es rezar y presentar la ofrenda. Les solicitan que alejen todos los males y que la estancia de sus familiares transcurra en calma. Para que la plegaria surte efectos, la ofrenda debe ser copiosa, como muestra de su agradecimiento y de su fe inquebrantable en sus ancestros.
La preocupación de las familias de Acapulco y los pueblos de las Costas y la Montaña es cómo hacer frente al grave problema del hambre. En estas condiciones adversas es imposible que recuperen lo perdido y que en el corto plazo tengan opciones para solventar sus necesidades apremiantes. Las tierras están anegadas, las milpas trozadas y los jilotes sin granos de maíz. No hay nada que cosechar, ni el rastrojo porque está podrido. Sin maíz no hay posibilidades de poner de pie a la gente del puerto y a las comunidades rurales.
En Acapulco la gente tiene que concentrar sus energías en la reconstrucción de sus viviendas y los empresarios en la reparación de la infraestructura hotelera. Los desafíos para las autoridades son enormes, porque se requiere una inversión muy alta para sacar del fango en que se encuentra la población de Acapulco y al mismo tiempo, tienen que atender las comunidades rurales que están en total desamparo. Los servicios básicos como la luz, el agua, el drenaje urgen rehabilitarlos. Las familias requieren apoyos para la reparación de sus techos y el reforzamiento de sus viviendas. No puede faltar la dieta básica en los hogares, se tiene que garantizar el consumo suficiente de tortillas, frijoles, chiles y huevos. También hay que aprovechar toda la riqueza marítima para alimentar a una población que requiere de muchas proteínas.
Urge buscar a las personas desaparecidas y rescatar los cuerpos que siguen enterrados, las familias requieren el apoyo efectivo para que se atiendan con presteza estas búsquedas y se logre la identificación de las personas fallecidas. Esta tarea debe realizarse con sumo respeto para no hacer más cruento el sufrimiento de sus familiares. La presencia de los titulares de las dependencias federales, de la gobernadora y todo su gabinete debe traducirse en acciones contundentes que reviertan los problemas del agua, el desabasto de alimentos, la inhabilitación de sus viviendas, la carencia de bienes muebles, la falta de utensilios para la cocina, la perdida de tinacos y tanques de gas. Son paquetes básicos que se requieren para que las familias emprendan el camino de la recuperación y la confianza de que es posible ponerse de pie. Para ello es imprescindible el concurso de todas las instancias de gobierno, pero también de la sociedad civil, que en momentos de emergencia ha sabido solidarizarse y responder con eficacia a las demandas más sentidas de la población. Su presencia da confianza a la gente pobre que no se siente atendida por las autoridades y más bien es víctima de la discriminación, el despotismo y la exclusión de quienes ostentan algún cargo público. La lucha diaria de la gente para revertir esta realidad que trunca su porvenir es la fuerza que logrará sacar del fango el paraíso perdido.

Entre el desamparo y la denostación

En Guerrero, para los luchadores y luchadoras sociales, el mes de octubre es funesto. Conmemoramos fechas trágicas por las pérdidas de vidas humanas de hombres y mujeres que dieron la batalla para defender los derechos del pueblo.
En la tarde del 19 en octubre de 2013, Rocío Mesino supervisaba en Mexcaltepec la reparación de un puente dañado por las tormentas Ingrid y Manuel. De manera sorpresiva llegaron dos personas desconocidas en un vehículo. Uno de ellos se acercó a Rocío para distraerla, preguntándole cómo cruzar el río. En ese instante el otro individuo accionó un rifle AK-47, disparándole en varias ocasiones. Al caer en el suelo, el homicida volvió a disparar contra el cuerpo inerme de Rocío. Norma, hermana de Rocío, pidió el apoyo de las autoridades estatales y a la base militar de La Cumbre, sin embargo, todo fue en vano porque no hubo respuesta efectiva de quienes velan por la seguridad pública.
Rocío formaba parte de la familia Mesino, que ha padecido la persecución de los gobiernos caciquiles al catalogarlos como miembros de la guerrilla. Varios de sus tíos fueron desaparecidos en la década de 1970. En su lucha por la justicia y contra el mal gobierno impulsaron la fundación de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). En junio de 1995 la policía estatal atacó a campesinos de la OCSS y ejecutó a 17 de ellos en el vado de Aguas Blancas.
Hilario Mesino Acosta, padre de Rocío, fue encarcelado en 1996 señalado como miembro del Ejército Popular Revolucionario (EPR). A los ocho meses fue liberado. Miguel Ángel Mesino, hermano de Rocío, fue preso político y en septiembre de 2005 fue asesinado en Atoyac. En varias ocasiones, Rocío fue víctima de amenazas y agresiones violentas. Este 19 de octubre se cumplieron 10 años del artero asesinato de Rocío Mesino y hasta la fecha no existen avances en las pesquisas.
El sábado 14 de octubre de 2017, cerca del crucero de Nejapa, municipio de Chilapa, Ranferi Hernández Acevedo, su esposa Lucía Hernández, su suegra Juana Dircio, de 94 años de edad, y su ahijado Antonio Pineda fueron asesinados cuando salían de su pueblo natal, Ahuacuotzingo. Antes, Ranferi había pasado a su parcela para cortar algunas calabazas con el fin de prepararlas para la fiesta del Día de Muertos. Los familiares al enterarse del asesinato de las cuatro personas se trasladaron al lugar, donde encontraron el vehículo calcinado. Los cuatro cuerpos estaban totalmente calcinados. Al lugar llegaron policías municipales de Chilapa y la policía ministerial, así como peritos de la Fiscalía General del Estado que habían acordonado la zona, tratando de sofocar el fuego. Constataron que un cuerpo calcinado se encontraba en el asiento de atrás, los otros tres cuerpos estaban apilados dentro de la cajuela. Fue un crimen que a seis años no presenta avances sustanciales en la investigación. Hay un reclamo de sus hijas por la indolencia de las autoridades y la permisividad para cometer estos crímenes atroces, sin que se dé con los responsables materiales e intelectuales de estos cuatro homicidios.
Ranferi fue un reconocido luchador social que formó parte del movimiento social de izquierda. Promovió la conformación del Frente Amplio de Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN). En 1996 fue desaforado como diputado local por supuestamente pertenecer al EPR. Ranferi, junto con Rocío Mesino, abanderaron la lucha para exigir castigo a los autores materiales e intelectuales del asesinato de los 17 campesinos de la OCSS. Denunció las tropelías del gobernador Rubén Figueroa Alcocer y encaró al gobernador interino Ángel Aguirre Rivero. Se exilió con su familia en Francia, por los fundados temores de que las amenazas de muerte se cumplieran.
Ranferi fue fundador y ex dirigente del PRD en Guerrero. Impulsó el movimiento democrático independiente, conformado por organizaciones populares en los años de 1990. Su lucha incansable lo colocó en la mira de sus enemigos políticos y fue blanco de ataque de los grupos del crimen organizado. A pesar de las amenazas recibidas, persistió en la lucha dentro de un territorio controlado por las bandas delincuenciales.
El 11 de octubre de 2019, alrededor de las 20 horas Arnulfo Cerón Soriano fue desaparecido cuando se dirigía en su vehículo a su centro de alcohólicos anónimos, donde regularmente participaba en las sesiones nocturnas. Nunca llegó a su destino. En la madrugada, su hijo mayor, al cerciorarse que no había regresado a casa, llamó a sus compañeros del Frente Popular de la Montaña (FPM) para preguntar si habían establecido comunicación con él. De inmediato se organizaron para buscarlo. Sólo encontraron la camioneta que manejaba. Ante la incertidumbre de su paradero sus compañeros del frente instalaron retenes en las principales entradas de la ciudad, para exigir la presentación con vida de Arnulfo.
Sus familiares interpusieron la denuncia en la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, en Chilpancingo. La desaparición de Arnulfo tuvo un impacto nacional e internacional, al grado que la oficina de la ONU en México solicitó al gobernador del estado que brindara la atención debida al caso de Arnulfo. El 20 de noviembre del 2019, después de dos días de arduo trabajo y con el uso de maquinaria pesada, se encontró el cuerpo del defensor en una fosa clandestina, a más de tres metros de profundidad en el paraje conocido como Los Tres Postes, ubicado en la periferia de Tlapa.
Arnulfo fue un defensor comunitario que se incorporó al Movimiento Popular Guerrerense (MPG) para solidarizarse con las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Junto con Antonio Vivar impulsaron la conformación de un Concejo Municipal, con la participación de las comunidades indígenas de Tlapa. Tomaron el ayuntamiento por siete meses, y el 1 de junio de 2015, varios compañeros del frente fueron desalojados del corredor del Ayuntamiento, por parte de taxistas que fueron armados con palos y machetes, azuzados por líderes de los particos políticos como PT, PRI y Verde Ecologista. A pesar de esta cruenta represión, donde fue asesinado el joven universitario Antonio Vivar Díaz, en plena jornada electoral, Arnulfo se mantuvo firme en la lucha. Se incorporó al Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg), para exigir la libertad de los campesinos del CECOP acusados de homicidio en la comunidad de La Concepción, municipio de Acapulco.
Impulsó la creación del Frente Popular de la Montaña, que se convirtió en un movimiento de comunidades indígenas que emplazó a las autoridades municipales para rendir cuentas y exigir la construcción de obra,s que fueron acordadas previamente con el presidente municipal saliente. En 2018, con la llegada del nuevo presidente municipal de Morena, se agudizó el conflicto ante la cerrazón del licenciado Dionicio Merced Pichardo, para atender la construcción de las obras pendientes. El liderazgo de Arnulfo Cerón incomodó a las nuevas autoridades, iniciando una campaña de desprestigio por su labor como defensor. Esta confrontación pública colocó a Arnulfo en el blanco de ataque no sólo de las autoridades municipales, sino de la delincuencia organizada. Su denuncia pública y los bloqueos carreteros incrementaron las amenazas de muerte. Él mismo las denunció, sin embargo, las autoridades trivializaron sus señalamientos. La amenaza se cumplió el 11 de octubre de hace seis años.
Apenas hace unos días, el martes 17 de octubre, fue acribillado a balazos el dirigente social Bruno Plácido Valerio, en la entrada de las oficinas de la Secretaría de Salud, junto con su chofer Abad Ruiz García. Bruno Plácido fue un joven indígena que desde pequeño luchó contra el racismo y la discriminación que padecen los indígenas na savi y me’phaa en el municipio de Ayutla. Fue fundador de la policía comunitaria y uno de los principales estrategas de la seguridad construida con la participación de las comunidades y el involucramiento de los comisarios en el diseño de un sistema de justicia y seguridad.
Bruno tuvo la gran virtud de impulsar la organización de las comunidades, de no temer a los caciques y patrones, de confrontar a los ministerios públicos y jueces que se coluden con las organizaciones criminales. Levantó a los pueblos de Costa Chica y logró desmantelar a grupos del crimen organizado. Su pragmatismo lo colocó en disyuntivas sumamente peligrosas, que generó cuestionamientos y reclamos ante los excesos de algunos grupos de la UPOEG, que actuaron por su cuenta en contubernio con el crimen organizado.
Su enfermedad debilitó su liderazgo y perdió el mando de la UPOEG. A pesar de los riesgos que corría y de la falta de protección del gobierno morenista de Evelyn Salgado, Bruno Plácido continuó acompañando a las autoridades comunitarias para abrir puertas de las instituciones públicas y hablar con los secretarios de despacho. En sus desplazamientos solamente viajaba con su chofer y no acostumbraba portar armas. Bruno fue víctima de la violencia y la inseguridad que impera en el estado. A pesar de ser un defensor del pueblo, quedó totalmente inerme ante la indiferencia de las autoridades y la denostación de la que fue objeto. Padeció los estragos funestos de un gobierno ausente.

 

Bruno Plácido Valerio, el estratega

 

A los 4 años Bruno quedó huérfano de padre. Doña Porfiria tuvo que huir de Buenavista, después de haber denunciado al autor material del homicidio de su cuñado. El comisario atendió la denuncia y detuvieron al malhechor. Lo trasladaron a la cabecera de San Luis Acatlán para procesarlo. Por la ausencia de su esposo, Porfiria tuvo temor de que fuera agredida por la familia del detenido. Tenía conocimiento de que el Ejército la buscaba sin saber el motivo, por eso se vio obligada a huir en la noche cargado a su hija Rosenda de 8 meses y llevando a su lado a Tomás y Cirino. Caminaron cerca de 10 horas para llegar a Azoyú, donde se refugió con una familia trabajando en la cocina, para sostener a sus tres hijos. Don Manuel Plácido salió en busca de trabajo a Juchitán donde se contrataba como jornalero para limpiar las huertas de coco. Al regresar a Buenavista le informaron lo que había sucedido y se fue en busca de Porfiria a la cabecera municipal de Azoyú, donde nació Bruno.
A los 5 años se fue a trabajar con el rico del pueblo, Luis Justo. Se desempeñó como vaquero y tuvo la oportunidad de estudiar la primaria y la secundaria. Siempre demostró tener habilidades para el trabajo en el campo y el cuidado de los animales. Hasta que se casó con Patricia, Bruno fue el caporal de su padrino Luis. A los 24 años decidió vivir en Buenavista, la comunidad de sus padres. Trabajó en el campo y se desempeñó como pequeño comerciante que vendía en las comunidades panela, café, maíz y aguardiente. En San Luis Acatlán experimentó en carne propia los tratos discriminatorios de los comerciantes ricos. No sólo regateaban los precios de lo que vendía, sino que lo maltrataban y hasta le arrebataban la mercancía. Nunca se quedó callado y ante cualquier ofensa respondía con gallardía. A pesar de expresarse bien en español le gustaba comunicarse en tu’un savi con sus familiares y amigos. Fue irreverente con los mestizos, al grado de que en algunas ocasiones se retó a golpes con los que se burlaban de él por ser indígena.
Cirino, su hermano mayor, fue como su maestro. Aprendió de él la visión que tenía sobre la importancia de los pueblos indígenas en las luchas contra los españoles y mestizos. Se integró al Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena. En este espacio adquirió la fuerza que necesitaba para defender los derechos de los pueblos que padecían la explotación y discriminación de los ricos de la Costa Chica. Acompañó a Cirino en las asambleas que organizaba en las comunidades de San Luis Acatlán. Asumió su propio estilo para compartir sus vivencias y expresar de forma sencilla la necesidad de reivindicarse como indígenas y organizarse para defender su vida y su patrimonio.
Fue fundamental su cercanía con el padre Mario Campos, párroco de Santa Cruz de El Rincón. Le impactó mucho su compromiso pastoral con comunidades indígenas. Le sorprendió que un sacerdote explicara la biblia en lengua tu’un savi. Compartieron sus grandes preocupaciones relacionadas con la pobreza, la discriminación, la violencia y la falta de justicia. El padre Mario jugó un papel determinante para unir a los pueblos. Promovió asambleas para impulsar la organización regional que se concretó en una demanda central: luchar por la construcción de la carretera Tlapa-Marquelia. Era una propuesta que cobró fuerza en las comunidades de la Costa Chica al grado que tuvieron la iniciativa de visitar a las comunidades de la Montaña para hacer un solo frente en una demanda generalizada.
En 1995 nació la policía comunitaria y Bruno Plácido Valerio fue el primer comandante regional junto con Gelacio Barrera y Jesús Carranza. Emprendieron un trabajo muy arduo y muy riesgoso. A pesar de los graves peligros se organizaron para desmantelar a los grupos de asaltantes. Los enfrentaban cuando paraban las camionetas con el fin de despojar a los pasajeros de sus pertenencias. En una ocasión, Bruno al hacer frente a los asaltantes, una bala rozó su cuero cabelludo lo que provocó que en su rostro y su cuello corriera la sangre. En lugar de ponerse a salvo y atender la herida que había sufrido, continuó con sus compañeros enfrentando a los maleantes. Desde esa fecha Bruno se ganó el reconocimiento y el respeto de las comunidades logrando avanzar en la conformación de más grupos de la Policía Comunitaria.
En la génesis de esta experiencia, Bruno jugó un papel relevante como un estratega de la seguridad comunitaria. Con la CRAC-PC tuvieron que hacer frente a las acusaciones penales que se integraban contra los comisarios y comandantes. En varias ocasiones algunos grupos fueron desarmados por el Ejército. La misma Policía Judicial les impedía que patrullaran los caminos con el apoyo del Ejército. Hubo varias detenciones de comisarios y también algunos policías caídos en la refriega. Bruno fue detenido por el Ejército en 1996. Lo acusaban de guerrillero, lo esposaron y lo vendaron, temía de que lo fueran a matar. Lo salvaron unas personas que caminaban por el lugar.
En 1996 Bruno Plácido fue el primer comandante de la Policía Comunitaria y en 1998 desempeñó el cargo de primer tesorero cuando sólo había presidente, secretario y tesorero de esta nueva organización comunitaria. De 1999 a 2013 se desempeñó como consejero regional de la CRAC-PC. Con el gran reclamo que existía en muchas comunidades por las altas tarifas de luz, Bruno se dio a la tarea de documentar los casos y abanderar su lucha, estableciendo mesas de trabajo con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. La respuesta masiva de los jefes y jefas de familia lo llevó a conformar la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Al concentrar su lucha en esta demanda varios consejeros y autoridades comunitarias cuestionaron el activismo de Bruno debido a que trataba de vincular este movimiento con la Policía Comunitaria.
Fue en enero de 2013 cuando en una asamblea regional convocó a los comisarios a salir al frente para ir a rescatar al comisario de la comunidad de El Mesón, municipio de Ayutla. Esa acción decidida que aglutinó a muchos ciudadanos que voluntariamente se sumaron a la iniciativa de enfrentar a los secuestradores, dio la pauta para conformar los grupos de autodefensa, que inicialmente se presentaron como policías comunitarios. Los consejeros regionales y los mismos coordinadores de la CRAC-PC se deslindaron públicamente de este operativo y se desmarcaron de estos grupos al no reconocerlos como policías comunitarios. Esta ruptura dio pie para que Bruno Plácido quedara fuera de la CRAC-PC.
Su movimiento como autodefensas de la UPOEG, adquirió gran auge, al grado que en 10 días desmantelaron al grupo delincuencial que operaba en Ayutla. Detuvieron a más de 50 personas y los presentaron en una asamblea regional realizada en El Mesón. Ante la separación con la CRAC-PC, Bruno intentó conformar un consejo de comisarios que pudiera erigirse en jueces comunitarios que se encargaran de procesar a los detenidos para luego distribuirlos en las cárceles comunitarias. Esta iniciativa no logró concretarse ante las presiones y amenazas que hizo llegar el gobernador Ángel Aguirre Rivero a través de su secretario Sofío Ramírez, de que entregara a los detenidos, de lo contrario, procederían penalmente contra Bruno. Este episodio marcó el rumbo de la UPOEG que se vio obligada a negociar con las autoridades en turno para continuar con su proyecto.
Durante los últimos 10 años Bruno Plácido logró conformar un gran movimiento de autodefensas en los municipios de la Costa Chica, al grado que se extendieron hasta Xaltianguis y en la parte sur en los municipios de Ometepec y Cuajinicuilapa. También se asentaron en El Ocotito donde se dio una división interna al conformarse el grupo del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). En este territorio la disputa con el grupo de Los Ardillos ha sido a muerte.
El liderazgo de Bruno Plácido fue perdiendo fuerza en la medida en que se ampliaba la presencia de la UPOEG a lo largo de la Costa Chica. El hombre fuerte de la UPOEG fue Ernesto Gallardo que adquirió un gran liderazgo en el corredor de la Costa Chica, al grado que se transformó en el operador de las acciones emprendidas por la UPOEG. Su presencia en esta región le permitió incorporar a gente de su confianza y a nombrar comandantes que no contaban con un reconocimiento público dentro de sus comunidades. Los grupos de autodefensa empezaron a actuar por su propia cuenta y con el tiempo varios de los comandantes establecieron vínculos con el crimen organizado, como sucedió con el comandante Pino, quien es señalado como parte de los autores intelectuales que desaparecieron al defensor del territorio Vicente Suástegui.
Bruno Plácido fue un personaje polémico, un líder carismático. Su pragmatismo lo llevó a que muchas de sus actuaciones fueran cuestionables. Establecía acuerdos con las autoridades lo que generaba sospechas en sus actuaciones. Su liderazgo no logró permear entre los comandantes y policías que eran parte de la UPOEG. Minimizó los excesos y actos delincuenciales de los grupos de la UPOEG. No pudo conformar una estructura que garantizara el control interno de los grupos de autodefensa y que rindieran cuentas de sus actuaciones. Su lucha fue auténtica, dio la batalla para desmantelar los grupos de la delincuencia, sin embargo, ante la ausencia de las asambleas como máxima autoridad y la falta de controles internos lo llevó a caer dentro de las garras delincuenciales. Sus múltiples enfermedades diezmaron su poder como un líder comunitario, aun en estas condiciones seguía apoyando a las comunidades. El pasado lunes todavía visitó a la familia de Carlos González quien fue asesinado en el mercado de San Marcos. Acordó con los comisarios de Buenavista, Río Huapa y Cerro Zapote, ir este martes por la tarde a la Secretaría de Salud para solicitar medicinas y la reparación del techo del centro de salud de Buenavista. Cuando se dirigía a la oficina de la Secretaría varios impactos de bala le arrancaron la vida.

La justicia comunitaria entre los pueblos combativos de Guerrero

En Memoria de Ranferi Hernández, Rocío Mesino y Arnulfo Cerón. Ilustres defensores comunitarios. Luces que guían el caminar
del pueblo combativo de Guerrero.

Guerrero es un estado reconocido a nivel internacional por contar con un pueblo bravío, donde nacen mujeres y hombres trabajadores, empeñosos, generosos, solidarios y dispuestos a dar la vida para hacer de nuestro país una nación independiente y soberana. Decididos a dar la batalla contra los colonizadores y pelear contra las cadenas del oprobio. Es un pueblo culto, cimentado en la diversidad lingüística y cultural. Una tierra encantadora donde florecen las bellas artes y las grandes obras desde la época prehispánica hasta la actualidad. Guerrero es un terruño de grandes estadistas y forjadores de un Estado laico cimentado en los derechos humanos.
Proliferan hombres y mujeres ilustres, no sólo por su aportación política, literaria y cultural, sino por su entrega a la lucha por la independencia y la causa revolucionaria. Hombres y mujeres que fueron obligados a tomar las armas para declararle la guerra a los colonizadores y terratenientes, quienes de manera bárbara destruyeron las civilizaciones prehispánicas y saquearon las riquezas de los pueblos. La población nativa peleó en las serranías y las montañas en esta cordillera abrupta para abolir la esclavitud y defender los derechos del pobre. Resistieron las embestidas del Ejército imperial y doblegaron el yugo de los explotadores.
Los pueblos campesinos del Centro, de la Zona Norte y de la Tierra Caliente lucharon contra los acaparadores de tierras y contra los usureros. Por su parte, la población afro de la Costa Chica y los pueblos indígenas de la Montaña baja y alta se rebelaron contra los caciques y patrones que ocupaban sus tierras. Al costo de muchas vidas vencieron a los potentados del régimen porfirista y recuperaron sus territorios ancestrales. A lo largo de los siglos los pueblos de Guerrero se mantienen en pie de lucha, para proteger su patrimonio y defender comunitariamente sus derechos.
En 1990, en América Latina y en nuestro país emergió un movimiento de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Recuperaron su voz y tomaron las carreteras y avenidas para increpar a los políticos mercenarios y racistas y espetarles que nunca más existiría un México sin los pueblos indígenas siendo ciudadanos de segunda. Reclamaron su lugar en la República y en la Constitución como sujetos de derecho público. Su lucha principal es el reconocimiento de su derecho a la libre determinación. Los pueblos tienen un rumbo bien trazado, ser partícipes en igualdad de derechos en la toma de decisiones políticas a nivel nacional y estatal. Tienen claro que son ellos quienes van a forjar su destino como pueblos, sin injerencia ni manipulaciones de los caciques ni de los gobernantes usureros y traidores.
En esta oleada de reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas emergió con gran pujanza la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Los pueblos de la Costa Montaña la crearon, a partir de los problemas crecientes de la inseguridad y la violencia delincuencial. Al gobierno estatal no le interesó atender, siempre simuló y engañó a los comisarios. Ante tanta burla los pueblos fueron los que tomaron en sus manos esta difícil tarea de garantizar la vida y la seguridad de la gente de las comunidades. Rescataron sus costumbres jurídicas que son leyes comunitarias, recuperaron sus sistemas normativos e impulsaron la organización comunitaria. Su sistema de justicia comunitaria tiene como sustento las asambleas regionales y comunitarias de donde emanan las normas y directrices que cumplen a cabalidad los coordinadores y coordinadoras de la CRAC-PC y demás autoridades. Con esta gran tarea a cuestas la Policía Comunitaria ha logrado abatir los altos índices de criminalidad que existían en la región y ser una experiencia exitosa de lo que significa servir y defender los derechos del pueblo.
Este sábado y domingo en la comunidad de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa las casas de justicia de Espino Blanco y El Paraíso celebraron los 28 años de creación de la CRAC-PC. A pesar de los golpeteos de los diferentes gobiernos, el sistema de justicia comunitaria sigue siendo la luz en los senderos más escabrosos de esta escarpada Montaña y en los intrincados caminos de la Costa Chica.
En este aniversario los coordinadores de la CRAC-PC, resaltaron las intenciones del gobierno del estado de querer dividirlos, sin embargo, las comunidades han tenido la capacidad para dialogar y dirimir sus diferencias de manera pacífica. Lo que más les preocupa es la violencia creciente de la delincuencia organizada que se ha enquistado en algunas comunidades, donde hay varios casos de personas desaparecidas y asesinadas.
El día sábado se instalaron cuatro mesas: la primera sobre los derechos de los pueblos indígenas y la libre determinación; la segunda sobre la defensa de la tierra y el territorio; la tercera sobre la participación y representación política de la población indígena y la cuarta mesa trató el tema de la participación e impartición de justicia de las mujeres en el sistema comunitario.
Ante la negativa del Congreso local de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, en la asamblea se aprobó la propuesta de realizar una movilización el próximo 30 de noviembre en Chilpancingo, para que se aprueben las reformas correspondientes a la ley 701 y a la Constitución del estado para el reconocimiento a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y afros. En este mismo sentido se aprobó la conformación de un movimiento social para la creación de nuevos municipios indígenas y afromexicanos.
En la mesa de la defensa del territorio acordaron trabajar en asambleas los estatutos comunales y reglamentos ejidales en los núcleos agrarios que pertenecen al sistema comunitario de la CRAC-PC. Este instrumento normativo debe incluir un capítulo especial para prohibir la realización de actividades mineras dentro de sus territorios. También se propuso que los gobiernos municipales realicen reuniones de Cabildo para que no otorguen permisos de cambio de uso de suelo que incentiven las actividades mineras. Resaltaron la importancia de promover campañas en las comunidades para impulsar la defensa del territorio y el cuidado de los bienes naturales como lo promueve el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet).
Lo más importante de esta lucha es que quede establecido en la Constitución federal y local que los pueblos indígenas son dueños y propietarios ancestrales de sus tierras, territorios y bienes naturales.
En la mesa de participación y representación política se abordaron los temas de autogobierno y los presupuestos públicos para las comunidades indígenas. La mesa estuvo enfocada en la libre determinación, la autonomía y la autogestión. Son derechos colectivos que tienen como pueblos desde antes de la colonización.
Los asistentes hicieron un llamado al Congreso del Estado para que apruebe la reforma constitucional elaborada por las mismas comunidades. Se propone presentar esta iniciativa por parte de un diputado de la región y que ese día se haga una movilización, en coordinación con las cinco casas de justicia.
Reiteraron que se reconozca a nivel federal y local su derecho al autogobierno en la Constitución federal y estatal que garantice a los pueblos su formas propias de gobierno.
En la mesa de los problemas y desafíos en la participación e impartición de justicia de las mujeres en el sistema comunitario, se acordaron acciones comunitarias para prevenir y erradicar la venta de niñas y mujeres. Un tema central al que deben ayudar los coordinadores y coordinadoras es evitar los matrimonios forzosos en las comunidades que pertenecen al sistema de justicia comunitario.
Varias compañeras de comunidades hablaron de la violencia que padecen dentro de sus hogares y que las autoridades que son hombres, en lugar de protegerlas las castigan con cárcel o las obligan a regresar con su pareja.
Comentaron que por el machismo que persiste en las comunidades a las mujeres se les relega en la toma de decisiones en asuntos que les afectan. También los cargos que les asignan son como castigo por atreverse a defender sus derechos.
Demandan su participación en los cargos comunitarios sobre todo como comisarias, delegadas o presidentas del Comisariado de Bienes Comunales para que reivindiquen sus derechos y se les reconozca como personas con los mismos derechos.
Este domingo, en la calle principal de Totomixtlahuaca, los grupos de la Comunitaria realizaron su desfile desde la colonia Las Palmas a la comisaría de la comunidad. Marcharon para recordar la lucha contra la violencia. Dos bandas de viento acompañaban a una mojiganga que iba al frente del cortejo. Asistieron 80 comunidades de las casas de Justicia de Espino Blanco y El Paraíso y participaron más de mil 500 personas.
En la reunión plenaria el compañero Vidulfo Rosales Sierra llamó a impulsar la organización de las comunidades para que no sean vasallos de una clase política depredadora.
Remarcó que como pueblos indígenas y Afro se tiene que ser gobierno. La ley del mestizo dice que sólo podemos participar a través de los partidos políticos, pero éstos ya tienen a sus candidatos, no van a venir a consultar a la asamblea del pueblo, ni van a venir a preguntar a quién queremos que sea el que nos represente en el municipio, en el Congreso o en el Senado. Ya están sus candidatos allá y ni los conocemos, ni sabemos. Tampoco se han parado en este lugar. Pero van a venir a pedir el voto y nosotros vamos a votar por ellos.
No nos conformemos con los programas sociales. Los programas sociales así nos van a mantener, extendiendo la mano como limosneros del gobierno, de los que tienen poder.
Es necesario que luchemos para que en la Constitución queden reconocidos nuestros derechos, para tener nuestros tribunales indígenas, nuestro sistema de seguridad y justicia de la CRAC que le demos fuerza, que tengan el nivel de una jurisdicción, para que no nos vean como ciudadanos de segunda.

 

Conmemoran en Tlapa familiares y activistas la desaparición y asesinato de Arnulfo Cerón

Asistentes este miércoles a la explanada del Ayuntamiento de Tlapa al evento cultural y político donde hubo una exposición de fotografías del defensor comunitario Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido y asesinado en 2019 Foto: Antonia Ramírez Marcelino

Antonia Ramírez Marcelino

Los Tres Postes, Tlapa

Este miércoles amigos, familiares, activistas del Frente Popular de la Montaña y defensores del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, con una misa y un acto político-cultural conmemoraron la desaparición y asesinato del defensor comunitario Arnulfo Cerón Soriano, a cuatro años del crimen que se mantiene en la impunidad.
El poder Judicial dejó en libertad al señalado como autor intelectual, Marco Antonio García Morales, ex jefe de gabinete de la administración morenista 2018-2021, quien ahora recorre las comunidades en busca de la candidatura a la presidencia de Tlapa, recordaron.
En la mañana la esposa de Arnulfo Cerón, Gabriela, y su mamá Rosalía, sus compañeros del Frente y Tlachinollan se concentraron en el lugar donde fue localizado el cuerpo del defensor, tres metros bajo tierra en el paraje Los Tres Postes sobre la carretera Tlapa-Igualita.
El lugar estaba mojado con mucho lodo, arbustos crecidos por la temporada de lluvias, ahí en la tierra desnivelada colocaron una mesa, flores y veladoras y un sacerdote celebró una misa.
Al final colocaron bajo un árbol donde está su cruz una corona de flores en la que se leía Justicia para Arnulfo Cerón Soriano, pusieron las flores amarillas de cempasúchil y pericón, así como veladoras y oraron para que los responsables paguen por lo que le hicieron, y si no se puede con la ley del Estado, sea la ley divina, clamaron.
En la tarde-noche se hizo una actividadd política y cultural en la explanada del Ayuntamiento, que consistió en la exposición de fotografías recopiladas desde el activismo de Cerón Soriano en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por esclarecimiento del asesinato del activista Antonio Vivar Díaz, por la libertad de los presos políticos como Arturo Campos y Nestora Salgado y su exigencia de obras para las comunidades indígenas de Tlapa, que derivó en su denostación del entonces alcalde, Dionicio Merced Pichardo García y el ex Jefe de gabinete, García Morales.
Además de los momentos de su búsqueda, tras su desaparición forzada el 11 de octubre del 2019, la recuperación de su cuerpo el 20 de noviembre en el paraje Los Tres Postes, enterrado bajo tres metros de tierra por lo que se tuvo que usar maquinaria pesada para removerla.
Sobresalió la foto de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, en que los integrantes del Frente Popular y familiares señalan como asesinos a García Morales y Pichardo García en una pancarta que portaban.
En los últimos meses se le ha preguntado en sus mañaneras sobre el caso de Arnulfo, sobre todo porque el señalado como presunto autor intelectual García Morales, tras obtener su libertad recorre las colonias, comunidades y brinda apoyos económicos en la búsqueda nuevamente de la candidatura a la alcaldía de Tlapa por Morena. La obtuvo en el 2018, pero fue impugnado al no acreditar su residencia en Tlapa, ya que había dejado de ser por segunda ocasión presidente de Alpoyeca, un municipio cercano a Tlapa, y en su lugar puso a Merced Pichardo.
Durante la actividad se observó a quien fuera el secretario particular de Merced Pichardo, quien se detuvo a mirar, luego cruzó entre los asistentes deteniéndose a tomar fotografías de quiénes participaban. También se le ha visto en la frutería propiedad de García Morales.

Sigue la impunidad, señalan Tlachinollan y el Frente Popular

En un comunicado conjunto el Frente Popular de la Montaña y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan lamentaron que a cuatro años de la desaparición y asesinato de Cerón Soriano, su caso siga en la impunidad, por lo que exigieron justicia.
Plantean que a cuatro años de este crimen el poder Judicial dejó en libertad al autor intelectual, García Morales, y muestra condescendencia contra los autores materiales que presionan a los testigos para que no declaren contra ellos, y la jueza no adopta medidas para cuidar la integridad de los testigos.
Señalan que los procesos penales han estado plagados de irregularidades, como el juez que llevó el proceso penal contra el autor intelectual, quien dijeron, hizo una indebida valoración de las pruebas de cargo y con lo puso en libertad evidenciando que pudo más su poder político y económico.
Ante eso, “hoy con impunidad y sin rubor político el autor intelectual se pasea en plazas públicas en plena campaña preelectoral, mientras los familiares de Arnulfo sufren la miel amarga de la impunidad e injusticia”.
Consideran que el proceso contra los autores materiales se ha estancado y aprovechan para usar sus tentáculos y redes delincuenciales para presionar a los testigos de cargo para que no se presenten a declarar, ya que el Tribunal no ha dispuesto de las medidas de seguridad para que los los testigos rindan su declaración sin presiones ni miedo.
Ejemplificaron que en una audiencia, la jueza negó que testigos clave rindieran testimonio en sala contigua, exponiéndolos a ser coaccionados y a futuras represalias, por lo que se corre el riesgo que también los autores materiales sean liberados.
Mencionaron que con ello el poder Judicial mostrará su nulo compromiso con la defensa de los derechos humanos y los defensores silenciados, ya que “no es posible que por rigorismos jurídicos y visiones legales acartonadas se deje en libertad a miembros de un grupo delictivo, responsable de más 60 desapariciones en la región de la Montaña”.
Responsabilizaron al poder Judicial de pretender dejar en libertad a uno de los grupos más violentos que operaba en la Montaña, que aumentó la violencia y el sufrimiento de los pueblos.
Adelantaron que, “si continúan las exoneraciones mandará señales funestas de que se puede seguir acallando a los defensores de derechos humanos y luchadores sociales”.
Exigieron justicia para Arnulfo y que los autores intelectuales y materiales sean sancionados con todo el peso de la ley, justicia para todos los defensores de derechos humanos y dirigentes sociales asesinados y desaparecidos y no más impunidad.

 

Las batallas del sexenio

Ante la postura infranqueable del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, las madres y padres tuvieron que dar la batalla con el apoyo del Grupo Inter-disciplinario de Expertos Indepen-dientes (GIEI) para desenmascarar la verdad histórica. Las madres y padres vieron que la campaña electoral del 2018 era una coyuntura propicia para tener un acercamiento con los candidatos con el objetivo de plantear el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, como un tema fundamental en este proceso de búsqueda por la verdad y acceso a la justicia. Solamente pudieron formalizar un encuentro público con el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Establecieron los contactos con el círculo cercano de éste y fue en la ciudad de Iguala donde el actual presidente de la República asumió el compromiso de investigar el caso de los 43 normalistas desaparecidos, atendiendo las recomendaciones del GIEI y el reclamo de justicia de una sociedad agraviada.
Las investigaciones que realizó el GIEI en el 2015 dieron cuenta de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) privilegió la línea trazada por Tomás Zerón, que en voz de Murillo Karam concluían que los estudiantes normalistas habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Ante esta narrativa se desecharon las demás líneas de investigación. Por su parte, las madres y padres de los 43 exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto que retomara cuatro líneas de investigación: la principal que hasta la fecha mantienen está relacionada con la participación del Ejército; la segunda línea se enfoca a la telefonía celular; la tercera se centra en la ruta de Huitzuco y la cuarta al trasiego de droga de Iguala a Chicago. El gobierno de Peña Nieto se negó a impulsar las líneas de investigación en esa dirección, argumentando que no existían indicios para hacerlo.
El 31 de mayo de 2018, el primer Tribunal Colegiado del Décimo No-veno Circuito de Reynosa, Tamau-lipas, dictó una sentencia histórica e inédita en el expediente 203/2018. Una de las principales resoluciones fue la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y Acceso a la Justicia sobre el caso Ayotzinapa, que estaría integrada por el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La sentencia plantea re direccionar la investigación creando un mecanismo extraordinario de investigación. Realizó una revisión de los casos que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Huma-nos (Corte-IDH) en casos de graves violaciones de los derechos humanos, donde se plantea la necesidad de crear comisiones de la verdad independientes del Estado para realizar investigaciones prontas, efectivas e imparciales. El fallo llegó en una coyuntura política propicia. Las madres y padres solicitaron al candidato presidencial por Morena y otros partidos que expresara su compromiso con las víctimas, quien públicamente ofreció que crearía una Comisión de la Verdad con la coadyuvancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Co-misión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Después de varios meses de diálogo el nuevo gobierno no aceptó crear una Comisión como lo ordenaba la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito, más bien, planteó la creación de una Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), integrada por varias instancias de gobierno, incluyendo cinco padres y madres de los 43 y cuatro organizaciones de derechos humanos que acompañamos el caso Ayotzinapa. Para judicializar las investigaciones de la Covaj se creó, mediante acuerdo general de la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA). Posteriormente el GIEI coadyuvó y supervisó las investigaciones y búsquedas. Este mecanismo extraordinario para acceder la verdad y la justicia, representó para las madres y padres de los 43 un recurso efectivo para impulsar las investigaciones planteadas por el GIEI y de esta forma dar con el paradero de sus hijos. Los animaba el ambiente propicio que se gestaba en el nuevo gobierno al emprender sus acciones con la creación de la Covaj. Para las madres y padres era el fruto de una ardua batalla que habían enfrentado con el gobierno de Peña Nieto.
Las investigaciones del GIEI recabaron datos que indicaban que el Ejército estuvo al tanto de lo ocurrido con los estudiantes y militares dieron seguimiento puntual a los estudiantes desde su llegada a Iguala; constataron también que dos soldados estuvieron a cargo del Centro de Co-mando, Comunicación y Cómputo (C4) de Iguala. Desde ese lugar estuvieron al tanto en tiempo real de los movimientos de los estudiantes. Elementos del Ejército arribaron a distintos escenarios donde los estudiantes eran agredidos, sin embargo, no les brindaron auxilio.
En junio de 2021, en una reunión que las madres y padres sostuvieron con el presidente López Obrador, le reclamaron la negativa del Ejército para dar información del caso y señalaron que a su juicio elementos del 27 Batallón de Infantería tenían responsabilidad en la desaparición de sus hijos, por lo tanto, exigían una investigación a fondo. El presidente de la República reaccionó con molestia y expresó que confiaba en el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, al final manifestó que instruiría al secretario para que diera toda la información. El acuerdo fue que se permitiría el GIEI acceder a los archivos militares.
Los del GIEI pudieron revisar los archivos militares de la Novena Región, de la 35 Zona Militar, del 27, del 41 y 50 Batallones de Infantería. Pese a la instrucción presidencial los expertos y expertas enfrentaron obstáculos. Los expedientes eran entregados de mala manera, incompletos, legajos que no contenían nada, incluso se dieron amenazas veladas. A pesar de estas limitaciones el GIEI encontró documentos relevantes que hablan del conocimiento que tuvo el Ejército sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. A pesar de la información incompleta el GIEI afirma que el Ejército posee información sustantiva que puede contribuir al esclarecimiento de estos hechos. Da cuenta de que varios de sus elementos están implicados en la agresión de manera directa e indirecta, por ello si los mandos militares tuvieran voluntad de abrir todos los archivos y ponerlos a disposición de las autoridades habría posibilidades reales de esclarecer los hechos.
En la última reunión que las madres y padres tuvieron con el presidente de la República el pasado 20 de septiembre, la postura del jefe supremo de las fuerzas armadas se mantuvo en la misma tónica de defender al Ejército y expresó que éste ya entregó toda la información. Remarcó que no es cierto que el Ejército es responsable de negarse a entregar la información. Insistió que no faltan documentos. Lo que generó mayor desconcierto fueron las respuestas y las posturas que fijaron los funcionarios y funcionarias federales en la reunión del lunes 25 de septiembre en Palacio Nacional. La molestia y el enojo de las madres y padres se dio cuando la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, leyó el documento que envió el secretario de la Defensa Nacional donde manifiesta que no existe más información en los archivos del Ejército y que ha cumplido con la instrucción del presidente de entregar toda la información. Posteriormente el subsecretario Encinas leyó el informe que hizo público el 27 de septiembre. Pre-viamente la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, leyó una carta que el presidente dirigió a las madres y padres de los 43 normalistas. El plan de los funcionarios federales era entregar a cada madre y padre de familia un paquete con los documentos que se leyeron como muestra de la buena disposición y compromiso de transparentar la información procesada y elaborada por las diferentes secretarías de Estado.
Todo se vino abajo cuando tomaron la palabra los padres de familia. Dejaron claro que no iban a recibir los documentos que habían leído, expresando con mucha contundencia su postura. Cuestionaron a la secretaria Rosa Isela que se haya prestado para ser vocera del secretario de la Defensa Nacional. Les pidieron a los funcionarios más respeto porque todo lo que leyeron dista mucho de los avances que hay en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes y la responsabilidad que tiene el Ejército. Reclamaron por qué no da la cara el general Cresencio, cuando es el más indicado para responder a la exigencia que plantearon al presidente de la República. Preguntaron con enojo ¿acaso el secretario es más que el presidente? Queremos que nos diga por qué no quieren entregar la información. Al subsecretario Encinas le reclamaron el contenido del informe que leyó. Le dijeron claramente que su narrativa se parece más a la verdad histórica del gobierno anterior. Lo peor de todo es que criminalizan a los estudiantes y trivializa los hechos como parte de una pugna que existe entre grupos del crimen organizado. Lo insólito es que excluye de toda responsabilidad al Ejército y no toma en cuenta las nuevas líneas de investigación que involucran a elementos militares como parte de esta trama delincuencial. Esta postura firme y enérgica de las madres y padres dejó trunco el diálogo. Dijeron que se levantaban de la mesa y que valorarían la postura del gobierno y las acciones que tomarían. En su campamento instalado afuera de la puerta número 1 del Campo Militar Número 1 acordaron prolongar su plantón hasta el 28 de septiembre.
El segundo informe de Alejandro Encinas no varió en su contenido, sólo resaltó que la verdad histórica fue una construcción del gobierno federal en la que participaron Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio, Jesús Murillo Karam, Salvador Cienfuegos, Vidal Francisco Soberón, Eugenio Imaz, Aurelio Nuño, entre otros. También participaron en esta junta de autoridades el gobernador Ángel Aguirre Rivero, su coordinador de asesores Ernesto Aguirre, el secretario de Seguridad Publica Leonardo Vázquez, el procurador general de Justicia, Iñaki Blanco. A pesar de tantos desaires y desencantos con los funcionarios de la 4T, las madres y padres no cejarán en su lucha para conocer la verdad sobre el paradero de sus hijos. Continuarán dando la batalla, exigiendo al presidente López Obrador que emplace al Ejército para que entregue toda la información. Continuarán en el diálogo que se ha institucionalizado con la Covaj tomando en cuenta la postura que asumió el subsecretario Encinas, de que seguirán investigando y buscando la información que los padres piden. Les alienta saber que el presidente manifieste que seguirá la investigación sobre Ayotzinapa y que se reunirá en cuanto le hagan llegar más datos sobre los avances de esta indagatoria. No cederán ni un ápice en su postura infranqueable, de que el Ejército entregue toda la información que tiene en sus archivos. Seguirán vivas y pujantes las batallas que han dado las madres y padres más allá de este sexenio.

La militarización y la violencia imparable

A nivel federal los presidentes de la República de las últimas tres décadas han optado por desplegar a las fuerzas armadas en tareas propias de las policías de los tres niveles de gobierno. Lo han hecho con el argumento de que sólo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina están en condiciones de enfrentar a la delincuencia organizada. Actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador ha colocado en el centro de la lucha contra el crimen a las fuerzas armadas suplantando a las fuerzas policiacas, además les ha asignado diversidad de tareas que no son parte de la seguridad pública.
La experiencia acumulada de los impactos de la militarización ponen en evidencia la falta de rendición de cuentas por parte de los miembros de las fuerzas armadas y el uso letal de su poder militar.
Es preocupante que actualmente el gobierno federal impulse el despliegue militar por tiempo indefinido, con el argumento de que la disciplina militar es garantía contra la violencia y la criminalidad. Sin embargo este planteamiento es insuficiente para arribar a un clima de seguridad consolidando el Estado de derecho.
La vía militar no ha sido capaz de lograr resultados favorables durante estas tres décadas en cuanto a seguridad y respeto a los derechos humanos, por el contrario vivimos un momento crítico por la expansión de grupos del crimen organizado que se han instalado en varias regiones del país y de nuestro estado, imponiendo su ley y tomando el control de las instituciones y de las regiones.
Esta crisis no sólo se debe a la violencia y la alta criminalidad que caracteriza a la multiplicidad de los grupos criminales, se debe también, al clima de impunidad que persiste, por la falta de resultados tangibles en las investigaciones de los delitos de alto impacto. Igualmente se debe a esta confabulación que se ha dado entre autoridades y los grupos del crimen organizado que propician negocios truculentos y el uso faccioso de las instituciones públicas.
Este proceso de militarización ha relegado a las instituciones policiales locales y estatales, al grado que están al margen de la toma de decisiones en cuanto a las políticas de seguridad y a la implementación de los operativos, porque existe desconfianza de que sus elementos trabajan para el otro bando. Esta percepción ha debilitado el trabajo local que realizan las policías para garantizar seguridad a la población.
El descuido que hay en torno al mejoramiento de las instituciones policiales forman parte de esta crisis que padecemos los ciudadanos a causa de que no existen instituciones civiles de seguridad y de justicia que sean capaces y confiables para revertir la inseguridad y la impunidad.
Desde el sexenio de Felipe Calderón la militarización incrementó las violaciones a los derechos humanos, sobre todo las torturas, las ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Desde esas fechas venimos arrastrando el gran déficit de justicia porque no se investigan los delitos ni se castiga a las autoridades responsables.
Actualmente las fuerzas armadas se manejan con total hermetismo y opacidad, lo que hacen son asuntos de Estado, al grado que no hay autoridades civiles que los obliguen a rendir cuentas. En la práctica se erigen como un poder supremo que está por encima del poder civil y por lo mismo no tienen por qué rendirle cuentas. Hemos constatado que las fuerzas armadas operan sin controles civiles efectivos y que más bien las instituciones militares se resisten a cumplir sus obligaciones legales y tampoco están dispuestas a transparentar información completa de sus actividades.
Es un gran peligro la participación de fuerzas castrenses en tareas policiales porque implica un elevado riesgo de violaciones a los derechos humanos, por esta razón es imprescindible que se apliquen controles civiles robustos para que las rindan cuentas y actúen respetando los derechos humanos.
La militarización forma parte de las prioridades de este sexenio al grado que existe un respaldo presidencial a las tareas que desempeña el Ejército, siendo una de las instituciones que mayor presupuesto tiene asignado. En esta ruta asumida por el presidente de la República sea han diversificado las responsabilidades de la Secretaría de la Defensa Nacional, profundizando el carácter militar de la Guardia Nacional.
Con esta decisión política nos alejamos de la ruta de la desmilitarización, en lugar de que entremos a un proceso paulatino del retiro de las fuerzas armadas en tareas policiales. Más bien, se han sentado las bases para que el despliegue de las fuerzas militares en tareas policiales sea permanente, a contrapelo de la diversidad de recomendaciones que han emitido los diferentes mecanismo de la ONU. El paradigma de la militarización de la seguridad pública no es una alternativa viable para hacer frente a la violencia, las evidencias empíricas nos demuestran que esta línea militar nos ha colocado en la disyuntiva de que sólo la fuerza del Ejército podrá combatir la violencia criminal.
En el 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo presidencial que formalmente ordenó la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, a pesar de ser impugnado por diversos actores civiles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la procedencia del acuerdo presidencial.
En el 2022 la facultad del presidente de disponer de las fuerzas armadas en tareas policiales fue extendida hasta el 2028 mediante otra reforma constitucional.
En el 2022 el presidente López Obrador logró una reforma a la ley de la Guardia Nacional para otorgar el control operativo y administrativo de este cuerpo de seguridad a la Sedena. Sin embargo en abril del presente año la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma a la Guardia Nacional por contradecir el texto de la Constitución donde se establece que este cuerpo de seguridad forma parte de una fuerza civil. Actualmente el 86 por ciento de la Guardia Nacional es de procedencia militar de acuerdo con información publicada por el programa de seguridad ciudadana de la universidad Iberoamericana de México.
Otro elemento de la militarización que suplanta las tareas policiales se materializa con el nombramiento de mandos militares de las instituciones de seguridad estatales y las mismas fiscalías. Es una recomendación que ha dado el mismo presidente a las gobernadoras y gobernadores de que para nombrar a los titulares de la secretaría de seguridad pública deben consultar con la Sedena y la Semar “para que se tengan personas honestas, íntegras e incorruptibles”. Actualmente la cuarta parte de las personas titulares de seguridad pública de los estados provienen de las fuerzas armadas.
El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó al presidente Andrés Manuel López Obrador en su última visita a nuestro estado, que Guerrero ocupa el noveno lugar a nivel nacional por homicidios dolosos, al presentar 171.69 homicidios por cada 100 mil habitantes de diciembre de 2018 a julio del 2023.
Detalló que las fuerzas federales en Guerrero ascienden al número de 11 mil 800 elementos: el Ejército tiene 7 mil 244 y la Guardia Nacional 4 mil 556, mientras las fuerzas policiales del estado son 7 mil 681, incluyendo la Policía Naval. El total de las fuerzas federales y las fuerzas policiales es de 19 mil 987 efectivos.
A pesar del número creciente de elementos federales, la situación de violencia en el estado ha empeorado y lamentablemente está trastocando la misma seguridad de los funcionarios públicos. Son sumamente preocupantes los asesinatos que se consumaron la semana que transcurrió. El teniente coronel del Ejército mexicano Víctor Manuel Salas Cuadras, quien recientemente había tomado bajo su mando el cargo de fiscal regional en la zona de la Tierra Caliente, fue ejecutado a balazos el sábado 9 de septiembre en Coyuca de Catalán. Tres días después, fue asesinado el delegado de la Fiscalía General de la República, Fernando García Fernández, en la colonia Cipatli en la capital del estado, cuando salía de su domicilio rumbo a su trabajo. En esta misma semana hombres armados atacaron a balazos al vicefiscal de investigación, Gabriel Alejandro Hernández y al director de investigación, Rafael Sosa Lagunes, cuando se disponían a abordar sus vehículos dentro de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. El subteniente Rafael Sosa repelió la agresión logrando la huida de las personas armadas con rumbo desconocido.
Con estos hechos de violencia queda evidenciada la fallida estrategia de seguridad coordinada por fuerzas militares. A pesar del número de elementos asentados en nuestro estado, seguimos padeciendo altos niveles de violencia, criminalidad e impunidad.
El panorama estatal es desolador por el poder destructor que tienen los grupos criminales que pone en jaque a las fuerzas de seguridad del estado que no han demostrado tener la capacidad para replegar y desarticular a las organizaciones criminales que se han multiplicado y empoderado en varias regiones de Guerrero.
Las fuerzas del orden enfrentan un gran desafío, la vía militar de la seguridad pública no ha dado resultados desde hace varios sexenios, por el contrario los homicidios siguen a la alza y la desaparición de personas continúa consumándose.
Este proceso de militarización ha concentrado la información y la investigación de delitos en los mandos militares, así como la implementación de sus estrategias para combatir al crimen organizado.
Contrario a este empoderamiento militar las corporaciones policiacas están diezmadas y varios de sus elementos trabajan para la delincuencia. En lugar de fortalecer sus capacidades y de desarrollar un proceso de formación y rendición de cuentas, se les relega de sus tareas y se les orilla a delinquir.
En nuestro estado además de depurar las diferentes corporaciones policiales se tiene que dignificar el trabajo de los policías. Las mismas autoridades los han utilizado para otros fines, en lugar de abocarse a brindar seguridad a la población y establecer vínculos con organizaciones de la sociedad para implementar estrategias acordes a la problemática delictiva, que enfrentan en las colonias de las principales ciudades y comunidades rurales.
Se tiene que apostar al modelo de seguridad ciudadana que prioriza la atención, prevención e investigación de las diversas violencias con un enfoque diferenciado. También es imprescindible fortalecer las capacidades, rendición de cuentas, prácticas de investigación de las fiscalías ciudadanizadas, incluyendo la efectiva implementación de planes de persecución penal que priorice fenómenos criminales que derivan en actos de violencia.
La militarización de las instituciones civiles de seguridad no está dando los resultados esperados, por el contrario hay una escalada de violencia y un incremento de las organizaciones criminales que se han asentado en varias regiones y cabeceras municipales, ejerciendo violencia contra sus enemigos. Atentan contra la población indefensa, los obligan a huir de sus comunidades; asesinan y desaparecen a hombres y mujeres que consideran como sospechosos; patrullan caminos como si fueran las fuerzas del orden y se erigen como jefes de ciertos territorios estableciendo pactos con presidentes municipales. Se sienten con la fuerza suficiente para privar de la vida a funcionarios públicos que consideran como un obstáculo a sus planes delincuenciales.
El gran desafío es revertir este proceso de militarización que no toma en cuenta la opinión de la población ni mucho menos se abre a la sociedad para revertir esta espiral de violencia. Tenemos que apostar por el fortalecimiento de las instituciones civiles que rindan cuentas a la sociedad, que respeten los derechos humanos y que fortalezcan el Estado de derecho.

La expansión de la FM en el estado evidencia el fracaso de la estrategia de seguridad, advierten

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El diagnóstico del gobierno del estado que revela que 30 municipios de Guerrer (de los 85 a partir de este año), están controlados por el grupo delictivo La Familia michoacana, indica que el crimen organizado va al alza y el gobierno “en picada”, por no ir al fondo del problema, opinó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández.
En tanto que el director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello (Centro Minerva Bello), Filiberto Velázquez Florencio, declaró que los espacios que controla el crimen organizado en el estado son los vacíos que van dejando las autoridades, y opinó que sólo mediante la organización de los pueblos se podrá recuperarlos.
En el mapa de la Secretaría de Seguridad Pública del estado denominado Presencia de La Familia Michoacana (FM) y su avance con aliados (La Bandera, Los Ardillos, Cártel del Sur, Los Maldonado), publicado en El Sur en su edición de este martes, revela que 30 municipios del estado ya están controlados por la FM.

El Ejército como recurso de AMLO no funcionó: Barrera

Entrevistado por teléfono, Barrera Hernández declaró que el avance del crimen organizado es porque las estrategias de seguridad se desarrollan al margen de la sociedad, “la sociedad ha quedado al margen, está inerme y no se atienden sus reclamos”.
Para el activista, el avance de la delincuencia organizada en la entidad se debe, además, a que el modelo de seguridad aplicado en Guerrero desde hace décadas no ha dado resultado porque no se va al fondo del asunto.
Dijo que no se están tomando en cuenta los factores que dan origen a la crisis de la violencia y que los pactos que hubo entre grupos policiales, autoridades municipales y estatales con los jefes del crimen organizado hicieron crecer la economía criminal por la pobreza, el desempleo y la falta de servicios básicos.
Indicó que ahora que se busca corregir el problema desde la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Ejército en las áreas de seguridad pública no está generando sinergia entre los funcionarios e instituciones con la sociedad.
Añadió que, por el contrario, las estrategias de seguridad que se acuerdan en las mesas de paz se acuerdan sin la participación y, aún más, a espaldas de la sociedad, “entendiéndola como enemiga”.
Barrera Hernández, opinó que las instituciones por si solas no van a poder resolver el grave problema de seguridad, y añadió que primero se tienen que arrancar de raíz los intereses de los criminales que todavía subyacen dentro de las instituciones de seguridad y de las fiscalías.
Indicó que el problema es que dejaron crecer a los grupos de la delincuencia, al grado que en varias regiones son ellos el poder factico, “como dicen los mismos funcionarios en 30 municipios tienen el control y estamos hablando que más del 30 por ciento de los municipios de Guerrero están en manos de la delincuencia”.
Añadió que la preocupación es cuanto más va a subir en este proceso electoral, porque el crimen va a la alza y el gobierno en picada, en términos de que no está respondiendo a los reclamos de la sociedad, no le responde a la gente más desamparada, a las víctimas, a los colectivos, a las organizaciones que demandan mayor atención.
Barrera Hernández dijo que de parte de las autoridades estatales no han empatía con la sociedad, “hay un pique hacia debajo de parte de las autoridades, no se está ganando la confianza, al contrario, hay un alejamiento y un repliegue de la población ante la inacción de las autoridades”.
Declaró que, en efecto, en esos municipios que controla el crimen organizado es el poder real que socavan a las instituciones y es lo que ocasiona que la gente se sienta temerosa y desmovilizada porque sabe que cualquier movilización implica riesgo.
“Se ha colocado a la sociedad contra el paredón por estos pactos con los criminales que se han dado y se siguen dando; por un lado se truncan y por el otro se restablecen por la telaraña que hay dentro de las instituciones, sobre todo en el ámbito municipal que está colapsado por el crimen organizado”, declaró.
Indicó que en estos lugares las autoridades se han replegado y están dejando libre el espacio que deben de ocupar, “dejan un vacío de autoridad, de monitoreo y de presencia”.
El director de Tlachinollan explicó que en las regiones donde controla el crimen accionan sus armas para poner en orden a quien se le atraviese en el camino, y explicó que por eso están ocurriendo los asesinatos contra policías y funcionarios de procuración de justicia.
“Ahí están los hechos violentos que hablan del empoderamiento del crimen y de que hay zonas grises donde no controla la autoridad, porque son regiones o municipios del crimen organizado”.
Añadió que si en estas regiones hay funcionarios que les están siendo disfuncionales o están viendo que no hay una coordinación para sus intereses, pues van a actuar”, por eso dijo que el ambiente que se vive en Guerrero está sofocado por la violencia.
“Ya Guerrero no tiene ninguna protección de nada, los ciudadanos no saben a quién acudir, a quien asirse, ya ni la casa es recinto donde uno puede estar seguro, se han dado casos que hasta en el mismo domicilio se atenta contra la vida”.
Subrayó que los crímenes contra policías y funcionarios de seguridad también tienen que ver con el rompimiento de pactos, “el resquebrajamiento de estos pactos que había entre el poder político y los grupos de la delincuencia están ahora generando estos crímenes”.
El defensor de derechos humanos pidió que haya un replanteamiento de las estrategias de seguridad y blindarse con la sociedad, que es la que sabe cómo, donde operan y los puntos rojos que se tienen que atender.
Declaró que la población es el insumo principal para diseñar una estrategia de seguridad en coordinación con la sociedad civil, y puso como ejemplo el modelo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Los pueblos se acostumbraron a cohabitar con el crimen, alerta el padre Velázquez

Por su parte, el presbítero Velázquez Florencio, del Centro Minerva Bello, declaró que el control del territorio de los grupos delictivos habla de la ausencia de las autoridades, “puesto que si están ellos (la delincuencia) es porque no había autoridad y ellos llenaron el vacío”.
Para el sacerdote son un flagelo para el pueblo, aunque a veces se acostumbre a cohabitar con este tipo de grupos delictivos, que a veces pudieran ser más efectivos que las estrategias de las instituciones de seguridad”.
Sin embargo, reprochó que eso hace que la impunidad prevalezca y actúan como quieren porque saben que no les van a hacer nada.
Opinó que ante el problema lo único que le queda a la población es concientizar su realidad y unirse para buscar juntos una alternativa, y citó el ejemplo de Cherán, Michoacán, donde el pueblo decidió organizarse y el resultado ya está ahí.
“La respuesta la tiene el pueblo, pero debe ser un pueblo consiente socialmente, lamentablemente con los programas clientelares que existen difícilmente se forman conciencias. “solamente, se llenan panzas lombricientas, pero no pueden llenar mentes que puedan liberarse de este flagelo de la violencia y que es auspiciada por el propio Estado por su ineficiencia y su incompetencia”, dijo.
En tanto, explicó que los asesinatos de los funcionarios de procuración de justicia y policías no son aislados, “es una situación que muestra el poder que tiene el crimen organizado para poder ejecutar a plena luz del día, demuestra que tiene el control de las calles, ya no digamos de todo el comercio”.
Lamentó: “No sabemos cuál va a ser el límite, ya tuvimos muchos límites, y no sabemos qué límite quiere el Estado para que salga a afrontar de manera integral estas situaciones”.

La gesta de los de abajo

La historia de nuestro estado está escrita con las luchas emblemáticas de los pueblos indígenas y campesinos, con la fuerza y el coraje de los estudiantes universitarios y normalistas; de maestros y maestras comprometidos con la transformación social; con los colonos y colectivos de familiares de personas desaparecidas y asesinadas, que son el emblema de la dignidad. Han protagonizado gestas heroicas de larga data que se caracterizan por la defensa de los derechos humanos, por la justicia y la democracia. Resisten desde lo más recóndito de la Montaña y lo más escabroso de la sierra. Pelean con mucha gallardía jóvenes universitarias, maestros activistas y luchadores sociales, tanto en el campo como en la ciudad. Ante la violencia caciquil y militarista la población ha resistido y se ha sabido defender. Se alzó en armas y le declaró la guerra al mismo Ejército por sus tropelías y el uso de la fuerza letal.
En este estado sureño se han escrito capítulos que condensan gestas emblemáticas que lograron la independencia de nuestro país. Grandes héroes como el generalísimo José María Morelos y Pavón plasmaron con gran visión la carta de los derechos del pobre en los Sentimientos de la Nación. Vicente Guerrero tuvo que atrincherarse en el cerro de la Purísima para resistir los años cruentos de la embestida del ejército realista. Con el apoyo de los pueblos indígenas de la Montaña, sobre todo, el pueblo na savi de Atlamajalcingo del Monte y Alcozauca, Vicente Guerrero aprendió las estrategias de lucha que desde la época prehispánica utilizan los pueblos para enfrentar a los invasores. La participación decidida de la población que cuida y vela por quienes defienden los derechos del pueblo, fue determinante para robustecer la lucha del general Vicente Guerrero que enfrentó varias batallas en condiciones adversas. El espíritu combativo de la gente de la Montaña y de la Costa Chica logró demostrar a Agustín de Iturbide que el pueblo insumiso es capaz de derrotar cualquier ejército invasor.
Las montañas del sur son los enclaves estratégicos para quienes se han decidido a luchar contra el poder decrépito que persigue y mata a quienes sin tener nada en esta tierra entregan todo para que haya igualdad y justicia.
A pesar de las grandes riquezas naturales, que ha hecho de Guerrero un estado atractivo por sus zonas turísticas y codiciado por los grandes consorcios mineros, los guerrerenses mayoritariamente pobres padecen los flagelos de un sistema económico depredador y una clase política voraz y pendenciera.
Los ciudadanos de a pie son tratados como súbditos de los patrones y políticos, como peones de las empresas madereras y como clientelas cautivas de los partidos políticos. Los usurpadores del poder hacen negocios privados con los presupuestos públicos y se confabulan con los jefes de las bandas del crimen organizado para causar terror entre la población. Recurrentemente las comunidades indígenas y campesinas tienen que defender su territorio y sus riquezas naturales. Se organizan para derrocar a los caciques y desenmascarar el poder de los militares, que cuentan con una casta de generales que goza de inmunidad y privilegios para tejer sus redes delincuenciales con los compradores de armas y los jefes de la droga.
La economía criminal se ha expandido a lo largo y ancho de nuestro estado, y las fuerzas del orden forman parte de este tinglado criminal que desaparece, ejecuta y tortura a quienes cataloga como enemigos del régimen y de los grupos delincuenciales.
El pasado jueves 7 de septiembre dos miembros de la Comisión de la Verdad (Comverdad) con el acompañamiento de Artículo 19, presentaron el anexo tres de su informe, que habla de las personas participantes en desapariciones forzadas durante la guerra sucia. Son 223 personajes, siendo en su mayoría militares con grados de generales de brigada y de división, coroneles, capitanes, tenientes y subtenientes que participaron en la implementación de los planes de contrainsurgencia para arremeter contra la población en general, porque supuestamente apoyaban a la guerrilla.
El general Mario Arturo Acosta Chaparro fue el personaje más sanguinario que participó en las torturas, las ejecuciones y los vuelos de la muerte para aniquilar a los guerrilleros y acabar con cualquier ciudadano o ciudadana que era catalogado como sospechoso o subversivo. Ocupó el cargo de subdirector de la Policía Judicial de Guerrero con sede en Acapulco en tiempos de Rubén Figueroa Figueroa. También fue jefe de Policía y Tránsito en Acapulco. Tuvo bajo su cargo todas las policías como Tránsito, Seguridad Pública, Policía Montada y Policía Judicial, ejerciendo su control en las dos costas de Guerrero.
La represión policial dirigida por Acosta Chaparro se concentró en 50 agentes divididos en cuatro grupos: Chihuahua (el más salvaje), Espindosky (el más vicioso), Chumacero (el ejecutor) y Caballo, quienes se distinguieron por la saña que aplicaron durante las sesiones de tortura.
Tuvo bajo sus órdenes a elementos del 56 batallón de infantería que se encargaron de torturar y desaparecer a campesinos del municipio de Atoyac. Se le señala como responsable de la desaparición forzada del profesor Jacob Nájera Hernández en San Jerónimo, por parte del Ejército mexicano y la policía judicial. El profesor Nájera fue detenido en su casa por los judiciales y entregado a los militares en la Y Griega de Atoyac. También se le señala como responsable, junto con el capitán Sosa, el coronel Alfredo Cassani, el capitán López y el capitán Montes, de la desaparición forzada de varios militantes de la brigada campesina de ajusticiamiento del Partido de los Pobres. Acosta Chaparro mandó construir 16 celdas bajo las instalaciones que están hoy a cargo de la Dirección de Tránsito de Acapulco. Las habilitó como cárcel clandestina, a la que fueron llevados muchos detenidos que en ocasiones aparecían asesinados.
Mario Arturo fue el responsable de determinar quién era torturado, trasladado a otra cárcel, liberado, desaparecido o asesinado. A pesar de tantos crímenes atroces el general nunca fue investigado por graves violaciones a los derechos humanos.
En esta misma semana, del 4 al 8 de septiembre, un grupo interinstitucional encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) realizó exhumaciones en el municipio de Ajuchitlán del Progreso. Excavó tres fosas y recuperó siete osamentas. De acuerdo con los testimonios de familiares y vecinos, las víctimas habrían sido asesinadas por elementos del Ejército mexicano en 1967 y 1971. Gracias a la persistencia y pundonor de los familiares se logró ubicar los sitios de enterramiento de víctimas del Ejército.
Desde el mes de marzo se intensificaron los trabajos y los familiares presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Guerrero. En el mes de junio se hizo el reconocimiento del terreno y la planeación para el inicio de estas búsquedas. A pesar de la orografía adversa y los riesgos que implicaba el desplazamiento de los equipos en las estribaciones de la sierra, se programaron los trabajos durante 5 días para realizar las excavaciones.
El martes 5 de septiembre, alrededor de la media noche, los peritos concluyeron la excavación de la primera fosa y exhumaron los restos de dos víctimas.
El miércoles 6, el equipo interinstitucional trabajó en la segunda fosa y también cerca de la media noche terminó la recuperación de los restos de tres víctimas. Junto con los restos se recuperaron elementos balísticos.
El jueves 7, los equipos de trabajo acudieron al segundo punto en el que recuperaron los restos de dos víctimas en una sola fosa.
Durante estos días la lluvia fue copiosa, lo que complicó los trabajos de excavación y el desplazamiento del personal por los caminos fangosos y la crecida de los ríos. A pesar de las complicaciones que enfrentaron, los familiares demostraron sus habilidades y fortalezas para vencer todas las adversidades. Estuvieron siempre vigilantes de todos los trabajos que realizaba el equipo pericial. Hubo reclamos porque no les permitieron estar en los sitios de las excavaciones. A pesar de estas divergencias que se expresaron durante la ardua jornada de las excavaciones, los familiares nunca se despegaron de los sitios donde encontraron las osamentas. Demostraron ser los fieles acompañantes que a lo largo de estas cinco décadas nunca han abandonado a sus seres queridos.
Lograron una gran hazaña que marca un hito en esta gesta histórica por la búsqueda de las víctimas de la guerra sucia. Esta búsqueda exitosa es el resultado de la persistencia y valor de los familiares, quienes a pesar de tantos peligros y ante la falta de acompañamiento de las autoridades municipales demostraron su valor y, sobre todo, que su palabra y su testimonio están cimentados en la verdad.
Quedó claro que la participación de las familias y colectivos en la búsqueda de sus seres queridos es insustituible e imprescindible. Además de conocer el territorio, saben organizarse para enfrentar múltiples adversidades y salir avantes en estos trabajos técnicos. No solamente son los guías para dar con los sitios exactos donde se encuentran sus familiares que fueron ejecutados por el ejército, sino que también son expertas en los trabajos de búsqueda en lugares intransitables.
Este gran logro es muy significativo para el mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el impulso a la Justicia de Violaciones Graves de Derechos Humanos de 1965 a 1990. Es un paso firme encabezado por familiares y colectivos de víctimas de Guerrero para dar con el paradero de las personas desaparecidas, así como honrar su memoria e impulsar las investigaciones judiciales por las atrocidades cometidas por el ejército.
La gesta histórica de los hombres y mujeres que luchan por la verdad y la justicia la han escrito con sangre centenares de héroes que fueron desaparecidos en Guerrero, pero que nunca han sido olvidados. Sus recuerdos siempre están presentes porque son parte de la memoria indómita protagonizada por la gesta de los de abajo.
La libertad y la democracia son las grandes conquistas que se labraron con mucho sacrificio y mucha sangre en este territorio agreste, donde se condensan los pasajes más memorables de nuestra historia nacional.
Los familiares y colectivos que están en la línea de fuego exigiendo verdad y justicia por sus seres queridos, nos dan el testimonio vivo de lo que significa ser un ciudadano y ciudadana que están dispuestas a cualquier sacrificio con tal de conocer la verdad y alcanzar la justicia.

 

El muro de la ignominia

Presentación con vida del maestro Esteban Arredondo Ávila. Nos sumamos a la exigencia de agilizar su búsqueda para dar con su paradero.

Este lunes 4 de septiembre el Congreso del Estado de Guerrero celebrará a las 10 de la mañana una sesión solemne para develar en el muro de honor la inscripción con letras doradas “2023, año del bicentenario del heroico Colegio Militar”. En el orden del día realizarán honores a la bandera y entonarán el Himno Nacional. En la primera intervención participará la diputada Leticia Mosso Hernández, presidenta de la mesa directiva, que hablará en nombre de la sexagésima tercera Legislatura. Enseguida participará el general Luis Crecencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional y representante del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por último, intervendrá la maestra Evelyn Salgado Pineda, gobernadora del estado de Guerrero. Como punto final develarán en el muro de honor las letras doradas que rememoran el bicentenario del Colegio Militar.
Nada más alejado del sentir del pueblo combativo de Guerrero lo que han decidido realizar los diputados y diputadas de la sexagésima tercera Legislatura. Para centenares de víctimas que fueron ejecutadas y asesinadas por miembros del Ejército mexicano, la celebración de esta sesión es un agravio, porque las autoridades en turno han cubierto con el manto de la impunidad a los perpetradores castrenses que utilizaron toda la fuerza del Estado para perseguir, encarcelar, torturar, desaparecer y ejecutar de manera arbitraria a mujeres y hombres que fueron catalogados como enemigos del régimen autoritario. Es importante retomar las luchas heroicas de guerrerenses que se atrevieron a encarar a los caciques y a los generales del Ejército para desbaratar el sistema de privilegios que ha sumido a nuestro estado en la extrema pobreza, siendo subyugado por la bota militar.
En lugar de que el Congreso atienda el clamor de las víctimas, celebra pomposamente el bicentenario del colegio militar, donde realizaron su carrera centenares de elementos castrenses que declararon la guerra a los sectores empobrecidos de nuestro país, por atreverse a cambiar las condiciones de explotación que padecían.
En el 2008 la LIX legislatura creó la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero (Comverdad) a través de la ley 932 como un mecanismo de justicia alternativa, para contribuir a que la sociedad guerrerense conociera lo que sucedió en aquellos años. Fue un gran esfuerzo para acceder a la verdad y dar un gran paso hacia la justicia y la no repetición. Este valioso informe fue ignorado y archivado por las últimas legislaturas que han sido cómplices de estas atrocidades cometidas por el Ejército.
El informe de la Comverdad fue presentado el 15 de octubre de 2014, 20 días después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Con estas nuevas desapariciones se abrió otro capítulo de la actuación funesta del Ejército, como lo han plasmado los seis informes que elaboraron especialistas en estos temas y que conformaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). A pesar de que estas graves violaciones a los derechos humanos sucedieron en Iguala Guerrero, siendo víctimas 43 estudiantes de la histórica Normal de Ayotzinapa, la presente legislatura ha ignorado a las madres y padres de los 43 normalistas y, más bien, se ha obstinado en criminalizar a los jóvenes por ejercer acciones de protesta. Es muy grave que los diputados y diputadas no hayan emitido un pronunciamiento para exigir la presentación de los 43 normalistas. Es inverosímil que para este Congreso el caso Ayotzinapa no forme parte de su agenda legislativa. Lo más grave es que no conocen el informe de la Comverdad ni los seis informes del GIEI. Más bien, es un Congreso que se confabula con quienes han violentado los derechos humanos de estudiantes, normalistas, maestros, campesinos, indígenas, colonos y miembros de la comunidad LGTBI.
La votación unánime de los diputados y diputadas retrató de cuerpo entero a quienes dicen representar al pueblo de Guerrero. Hay una gran distancia entre el Poder Legislativo y los ciudadanos y ciudadanas de a pie que luchan diariamente para sobrevivir y velar por su seguridad ante la inacción de las autoridades. Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, los colectivos de familiares emplazaron de nueva cuenta a los diputados y diputadas para que aprueben la iniciativa de ley en materia de desaparición de personas, que en todo momento han demandado su dictaminación.
Es un trabajo arduo que las familias han realizado con el único fin de que la ley plasme sus principales demandas. Plantean la creación de un centro de identificación humana para acabar con el rezago histórico que desde hace varios años sigue arrastrando la Fiscalía del estado. También proponen la independencia de la Comisión de Búsqueda para que se garantice una atención digna y profesional, sobre todo, que cuente con suficiente presupuesto para la compra de equipo y contratación de más personal. Por la experiencia que han padecido las familias consideran necesaria la independencia de la Comisión Ejecutiva de Víctimas del estado que funciona con muchas limitaciones por las trabas burocráticas que se dan en la Secretaría General de Gobierno y por el raquítico presupuesto que ejercen.
Ante lo oneroso que resulta el pago por la renta de las gavetas que asciende a 45 mil pesos por cada resto óseo, las familias consideran que es imprescindible la creación de un centro de resguardo forense que esté en manos de las instituciones del estado, para que deje de ser un negocio. En medio de su dolor y de múltiples sacrificios que realizan para hacer las búsquedas de sus seres queridos, los colectivos de familiares se han dado tiempo para retrabajar una iniciativa de ley que responda a los graves problemas que enfrentan y que las autoridades han desatendido ante la falta de un marco legal que las obligue a brindar una atención digna y eficiente. A pesar de que es una problemática que requiere la convergencia de las instituciones del Estado, la actual legislatura no le ha dado la debida importancia para presentar esta iniciativa al pleno del Congreso para su dictaminación.
Contra el sentir de una sociedad agraviada, los diputados y diputadas rendirán honores al Ejército, recibirán al secretario de la Defensa Nacional, quien dirigirá un mensaje en nombre del presidente de la República. Develarán las letras doradas para enaltecer el reconocimiento del Heroico Colegio Militar. Este acto protocolario muestra el talante de los legisladores y legisladoras que sólo tratan de congraciarse con la jerarquía militar para alinearse a las nuevas políticas del Ejecutivo federal, que ha colocado al Ejército como un actor político que ostenta un gran poder económico por el gran presupuesto público que les asignan. Es inaudito que los representantes populares no tengan memoria de los acontecimientos que marcaron un capítulo sangriento protagonizado por el Ejército mexicano. La sangre de los caídos sigue esparcida en el mar con los vuelos de la muerte, en el Campo Militar Número Uno que fue utilizado como un centro de tortura, donde desaparecieron y ejecutaron a decenas de hombres y mujeres que fueron víctimas del terrorismo de Estado.
En Guerrero hay una deuda histórica inconmensurable, el costo de vidas humanas es invaluable, los daños causados a sus familiares se han multiplicado de generación en generación. Hasta la fecha muchas familias tuvieron que dejar su casa y salir de la comunidad para ponerse a salvo. La mayoría padece el tormento que desgarra su corazón por la desaparición de sus seres queridos. El mar está manchado de sangre, la tierra agreste esconde los restos de quienes antes de ser desaparecidos fueron torturados, por eso el suelo gime de dolor, por tanto sufrimiento sepultado y tantas atrocidades enterradas en fosas comunes.
Muchas historias que han sido pacientemente documentadas por los familiares, dan cuenta de que sus desapariciones se dieron en un contexto donde los agentes del Estado tenían el derecho de matar.
En los años cruentos de la guerra sucia los militares fueron los principales perpetradores, los jefes castrenses como Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo, Miguel Nazar Haro, Fernando Gutiérrez Barrios, Hermenegildo Cuenca Díaz, Miguel Bracamontes García entre tantos otros implementaron operaciones de contrainsurgencia para aniquilar a la guerrilla. Guerrero fue el laboratorio y el centro de operaciones donde el Ejército aplicó el libreto de la guerra a lo largo y ancho del estado.
Para centenares de familias las letras doradas que aparecerán en el muro de honor del Congreso del Estado representan un agravio, sobre todo porque no hay verdad ni justicia para las personas desaparecidas. Es el muro de la ignominia que lastima la dignidad de las personas ausentes. Es una ofensa para quienes han identificado a personal castrense en la desaparición de sus seres queridos.
Guerrero es un territorio convulso, marcado por sucesos históricos que han dejado una huella imborrable en las gestas heroicas de la Independencia y la Revolución. Tiene un legado invaluable por su contribución en la defensa de los derechos humanos. Hay un gran número de hombres y mujeres que entregaron su vida para poner los cimientos de un estado democrático. El mismo gobierno se encargó de perseguirlos y desaparecerlos, de denostar su memoria y de tratarlos como delincuentes y forajidos.
El pueblo digno de Guerrero los reivindica como próceres del cambio, como forjadores de nuestro sistema democrático. Ha sabido honrar su memoria y les ha dado un lugar importante en la historia de nuestra entidad.
La sexagésima tercera legislatura es una afrenta para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército.
Las letras doradas que develarán para honrar el bicentenario del Colegio Militar quedarán grabadas en la memoria del pueblo combativo de Guerrero, como una traición y un insulto a la inteligencia y dignidad de centenares de personas desaparecidas.