El 16 de marzo de 1863, Chilapa se convirtió en la primera diócesis del estado de Guerrero. Esta tradición católica marcó por siglos una forma de vivir cimentada en el ciclo litúrgico que hasta la fecha se practica tanto en la catedral como en las diferentes iglesias que se ubican en sus barrios tradicionales. Por muchas décadas el seminario diocesano se transformó en el centro de formación para jóvenes que aspiraban estudiar la filosofía y la teología, tanto para quienes querían ser sacerdotes como para quienes vieron la posibilidad de contar con estudios superiores no oficiales, que les ayudaran a conseguir algún trabajo en las instituciones educativas del Estado.
El colegio Carrillo Cárdenas y el Colegio Morelos fueron internados y escuelas para mujeres y hombres jóvenes que deseaban estudiar la secundaria y la normal. El siglo pasado Chilapa no sólo fue un centro religioso, también fue una ciudad rica en expresiones culturales, en tradiciones religiosas populares y en su tianguis dominical. Era visitada por decenas de madres y padres de familia de las siete regiones que tenían a sus hijos e hijas estudiando en Chilapa. Su gastronomía también fue un atractivo para los visitantes. Sus calles amplias trazadas por los Agustinos, se transitaban con tranquilidad y seguridad.
Hace más de dos décadas Chilapa se fue transformando en una de las ciudades más peligrosas del estado. Se asentó el grupo delincuencial conocido como Los Rojos. Su líder Zenén Nava tomó el control de la ciudad imponiendo su ley a través de las armas. Los asesinatos se consumaban en lugares públicos. La autoridad municipal quedó supeditada al dominio del jefe de la plaza. La población fue sometida a punta de metralla por jóvenes que formaban parte de Los Rojos. Su poder se extendió al municipio de Zitlala, Tixtla y Tlapa. Logró incursionar en varios giros de la economía criminal. También disputó el control del transporte público foráneo donde se incrementó la violencia por el control de las rutas con otros grupos que tenían en la mira de tomar el control territorial. En la ciudad se incrementaron los asaltos, los robos de vehículos, las desapariciones y asesinatos de jóvenes. El cruce de Chilapa era muy peligroso porque fácilmente los vehículos eran interceptados, obligando a los viajeros a bajar de su unidad. Los golpeaban y en varias ocasiones los asesinaban.
Este ambiente de terror aumentó cuando más de 300 personas armadas, provenientes de varias comunidades indígenas, entraron a la ciudad de Chilapa del 9 al 14 de mayo de 2015. Se autodenominaron comunitarios por la Paz y la Justicia. En esas fechas de la irrupción sometieron a la policía municipal y entraron a algunos domicilios para sacar a los jefes de familia y subirlos a sus camionetas. Instalaron retenes en el boulevard Eucaria Apresa y durante 6 días tomaron el control de la ciudad, deteniendo principalmente a jóvenes que en su mayoría siguen desaparecidos. Decían que su presencia era para reestablecer el orden, que ya estaban hartos de los secuestros y homicidios de Los Rojos.
Desde esa fecha la disputa por el control de la ciudad desencadenó la violencia en las calles, en las carreteras y en las comunidades. Con la detención de Zenén Nava el 20 de agosto de 2019 la plaza de Chilapa quedó en manos del grupo conocido como Los Ardillos. El clima de violencia persiste y en los últimos años se ha extendido a las comunidades indígenas de Chilapa, Zitlala y José Joaquín de Herrera, principalmente. Lo más grave de esta irrupción de Los Ardillos es que las comunidades están sometidas por los mandos del crimen organizado. Sus comisarios y comisariados agrarios tienen que obedecer las órdenes de los nuevos jefes de la plaza. Son comunidades que por el abandono secular de las autoridades mestizas han sucumbido ante el poder fáctico de quienes tienen el control del municipio. Las comunidades que no se adhieren a su organización son tratadas como enemigas a las que se les agrede para doblegarlas y someterlas.
El caso de las comunidades na-huas adheridas al Consejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Za-pata (Cipog-EZ) que forman parte de la Coordinadora Regional de Autoridades comunitarias–Pueblos Fundadores (CRAC-PF) han denunciado sistemáticamente las agresiones sufridas por parte de Los Ardillos. Son 27 comunidades nahuas que en su mayoría pertenecen al municipio de Chilapa de Álvarez y sólo cinco comunidades a José Joaquín de Herrera. Todas ellas sobreviven con la siembra del maíz de temporal. Lamentablemente esta actividad es de alto riesgo, porque cuando van rumbo a sus parcelas son agredidos a balazos. Ahora tienen que hacer guardias permanentes para evitar alguna incursión armada del grupo delincuencial. En este contexto, varios padres de familia decidieron en asamblea incorporar a los niños mayores a la Policía Comunitaria. En el 2019 dieron a conocer esa participación ante el bajo número de jefes de familia que hay en las comunidades. Las mismas esposas se involucraron como parte de la seguridad comunitaria.
Lo inaudito es la inacción de las autoridades. El presidente municipal de Chilapa no atiende a las comunidades indígenas que sufren el asedio y la violencia de Los Ardillos. Como presidente nunca ha visitado estas comunidades por iniciativa propia. Nadie lo puede localizar. No despacha en la presidencia. La gente percibe que no hay gobierno y que por lo mismo el poder real ha quedado en manos de Los Ardillos.
Las comunidades agredidas no han sido atendidas como se merecen por los tres niveles de gobierno. El 22 de octubre del año pasado aprovecharon la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para abordarlo en el crucero 81 en la comunidad de Papaxtla, Chilapa. En ese encuentro un comisario municipal le manifestó la delicada situación que enfrentan. Relató los agravios que han sufrido y expresó el olvido en que se encuentran sumidos. Se quejó de que no son atendidos y que el grave problema de la violencia y la inseguridad que padecen se debe a que la Guardia Nacional, el Ejército y los cuerpos de seguridad del Estado se niegan a permanecer en sus comunidades. Su presencia es transitoria, y para la gente esta forma de patrullar los caminos no resuelve de fondo la inseguridad que impera en la región.
Han pedido que se investiguen los asesinatos y las desapariciones que han registrado desde el 2015. Han demandado que ejerciten las órdenes de aprehensión contra los responsables y que se desmonte la estructura delincuencial que se ha anclado en varios municipios de la región. Reiteraron su exigencia de justicia por sus compañeros caídos y desaparecidos. Demandaron una mesa de trabajo para que sean atendidas sus demandas añejas. El presidente recibió el documento del Cipog-EZ donde iban los nombres de más de 50 personas asesinadas. Les comentó que en dos semanas los visitaría la gobernadora y el subsecretario Alejandro Encinas, para darle seguimiento a sus planteamientos. Este compromiso no se cumplió y, más bien, fueron víctimas de otra agresión el 5 de noviembre cuando tres de sus compañeros fueron asesinados, cuando se desplazaban en una camioneta Nissan rumbo a Chilpancingo. Dos personas que se desplazaban en una motociclista le dieron alcance para asesinarlos.
Para la gente del Cipog-EZ fue su última esperanza hablar con el presidente, porque lograron que escuchara de viva voz el clamor de la gente indígena de Chilapa. Les entristece que no llegue la justicia. Las autoridades estatales no los han visitado para resolver sus demandas más sentidas. Lo que más les desespera es su inacción, su complicidad con los responsables de los crímenes atroces que se cometen. Para las comunidades no hay obra pública, por el contrario, les violentan el derecho a la salud, la educación, la vivienda, la alimentación y un empleo remunerado. Lo más trágico es que varias personas murieron cuando iban a Chilapa para curarse. En lugar de encontrar la salud se toparon con la muerte. Los jóvenes ya no pueden salir a estudiar la preparatoria ni la universidad porque temen perder la vida en el camino o en la misma ciudad de Chilapa.
En varias comunidades indígenas como Alcozacán, donde asesinaron a 12 de sus compañeros, campea la tristeza, el dolor y el miedo. Las viudas y los huérfanos sobreviven de lo poco que logran cosechar en sus parcelas. Ninguna autoridad se encarga de escucharlos. Entre menos se quejen mejor para los go-bernantes porque se la pueden llevar tranquilamente, sin que les importe la extrema pobreza en que se encuentran sumidas las familias indígenas víctimas de la violencia.
El pasado viernes 18 las comunidades del Cipog-EZ decidieron hacer pública su protesta marchando del crucero de San Jerónimo a Alcozacán para exigir justicia por Esteban Xochitempa Tepexco y de su hijo Juan Xochitempa Macario asesinados en una gasolinera de Chilapa cuando se disponían a comprar productos básicos para llevarlos a la comunidad. El pasado jueves 17 de agosto tres jóvenes que fueron al corte de uva a Baja California, se reportaron con sus familiares a las 7:30 de la mañana de que se habían subido a una de las camionetas Urvan que van a Chilapa. Su familia estuvo pendiente de su llegada, sin embargo, no se reportaron durante todo el día. Hasta la fecha no aparecen Marcelino Hernández Tecorral de 23 años, Nicolás Rodríguez Díaz de 25 años y Ángel Villalba Salvador de 29 años. Los tres indígenas nahuas son de Zacapexco, municipio de Chilapa. Hasta la fecha las autoridades no les han informado de las acciones que han realizado para dar con el paradero de los tres jornaleros desaparecidos. Fue hasta este domingo cuando acudió el ministerio público a Alcozacán a tomar las declaraciones de sus familiares. Las 27 comunidades indígenas han bloqueado la carretera que va de Chilapa a José Joaquín de Herrera como una medida obligada para exigir que las autoridades federales y estatales se aboquen a la búsqueda de sus tres compañeros. El cerco del crimen organizado se mantiene incólume, atentando contra la vida de los indígenas que salen en busca de un doctor, de un empleo o para vender su maíz y su leña para subsistir.
El Cipog-EZ ha registrado cuatro personas asesinadas en 2015, en 2016 una, en el 2018, 12, en el 2019 fueron 17, en el 2020, 16 en el 2021, 2 personas, en el 2022, 10 personas y 2023, 2. Además, tiene un registro de 23 personas desaparecidas.
Los asesinatos y desapariciones de indígenas nahuas de Chilapa y José Joaquín de Herrera son acciones criminales que tienen como fin causar terror en las comunidades del Cipog-EZ. Se obstinan en desmantelar la organización comunitaria y atentar contra la vida, para acallar su reclamo de justicia y demostrar que la ley la aplican ellos, y no las autoridades que han sucumbido en Chilapa y José Joaquín de Herrera.

Guerrero está en llamas por la violencia de los grupos del crimen organizado que se disputan las plazas con vehemencia para incrementar sus giros comerciales. La economía criminal ha dejado charcos de sangre en las banquetas de las principales ciudades de la entidad, y se expande a las regiones más pobres como la Montaña. Los ciudadanos y ciudadanas han quedado a merced de las balas de civiles armados, no hay ley que los frene. Las impactantes imágenes de vehículos quemados en varias regiones del estado hablan de una crisis de seguridad pública. Los grupos del crimen organizado se han enquistado por completo en las estructuras del poder del Estado, es más, nos atrevemos a decir que han creado un poder paralelo, dejando fuera de la cancha a las autoridades estatales. Las familias gritan desesperadamente no sólo por el abandono secular de las autoridades municipales, estatales y federales, sino para salvar sus vidas.
En la primera semana de agosto se han desarrollado eventos violentos en el puerto de Acapulco, donde la estrategia de seguridad implementada por el gobierno estatal y federal ha quedado desarmada por la delincuencia organizada. La Policía Turística, la Policía Estatal, la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional recorren la Costera Miguel Alemán para proteger a los turistas en las vacaciones de verano. Sin embargo, en las colonias se vive el infierno.
En la madrugada del viernes 5 de agosto dos hombres fueron asesinados a balazos afuera de un depósito de cerveza en la colonia Ciudad Renacimiento. Hombres armados llegaron y atacaron a las víctimas, dejando los cadáveres tirados sobre la calle. Esta misma mañana una Urvan de la ruta Infonavit Alta Progreso-Caleta fue incendiada en la colonia Centro por hombres armados que supuestamente se acercaron para robar el vehículo y luego le prendieron fuego. El servicio de transporte público de esta ruta fue suspendido. De acuerdo con el conteo de El Sur, los primeros cinco días de agosto suman cuatro homicidios de personas.
El pasado miércoles 2 de agosto hombres armados quemaron 12 vehículos en diferentes puntos de Acapulco, luego de la detención de un hombre y el cateo a una casa de la colonia El Pedregoso por parte de policías estatales y federales.
El viernes 4 de agosto, en Tecpan de Galeana una mujer irrumpió en una cancha de futbol durante un partido en la Unidad Deportiva con un arma larga, disparando y asesinando a dos hombres, uno de ellos conocido como El 90, jefe de plaza de Los Granados y a un escolta. Las balas también alcanzaron a un niño de 13 años. La mujer quedó acribillada en la cancha de futbol.
Iguala, Taxco, Tixtla, Chilpancingo son los municipios más violentos de Guerrero. Sin embargo, el jueves 3 de agosto en el tramo entre las comunidades de Tres Caminos y Tlatlauquitepec hombres armados atacaron a balazos tres unidades de taxis de la ruta Tlapa-Chilapa. Dos choferes resultaron muertos, al igual que un pasajero que se desempañaba como policía municipal de Atlamajalcingo del Monte, y se reportó que el tercer chofer fue desaparecido junto a pasajeros.
La ola de violencia no es lo único que azota la región de la Montaña, también es el olvido y la pobreza. La población indígena de Guerrero, específicamente en la región de la Montaña, en relación a los demás sectores sociales, tiene generalmente menos posibilidades de acceso a salud, educación, avance económico, trabajo y, en general, una vida digna.
En Guerrero tradicionalmente la condición “indígena” ha sido sinónimo de pobreza, exclusión y desarrollo limitado. Datos obtenidos mediante el Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Guerrero, revelan que entre 70% y 80% de la población de Guerrero no cubre las necesidades mínimas de alimentación, y que este porcentaje se concentra en municipios de alta densidad indígena. Destaca que un 55% de los ingresos de las familias campesinas proviene del trabajo no agrícola y que un 64.2% de la Población Económicamente Activa trabaja por su cuenta, o en forma familiar, cuyos ingresos son siempre insuficientes para el desarrollo de una vida digna.
Pese a los múltiples esfuerzos o supuestos programas asistencialistas para la población indígena en Guerrero, las cifras de pobreza no han favorecido a las familias de la Montaña, no existen ofertas de empleo, mercado para ofertar los productos que se producen en la región. La mayoría de la población subsiste del maíz de temporada y se emplea a cortos plazos como peones de construcción o en el campo, ganando 100 pesos diarios.
Un sector de más de 20 mil indígenas ha logrado subsistir gracias a la migración jornalera a los campos agrícolas del centro y norte del país donde la mayoría es explotada laboralmente por las empresas agrícolas debido a la falta de conocimiento de sus derechos laborales y la poca supervisión que existen de las propias autoridades estatales y federales para regular el trabajo agrícola dentro de las empresas, la mayoría de inversión extranjera.
La población indígena sigue sufriendo las consecuencias del abandono secular de las autoridades federales, estatales y municipales.
La falta de hospitales equipados, con personal médico y medicamento sigue cobrando vidas, principalmente muertes maternas o infantes, quienes se ven obligados a salir de sus comunidades enfermos y tener una muerte tortuosa durante los traslados en los caminos de terrecería hacia las cabeceras municipales o la ciudad de Tlapa donde se encuentra el único hospital general con 30 camas disponibles para una población de casi medio millón de habitantes en la región de la Montaña.
Este fin de semana, cansados de engaños, los pobladores indígenas me’phaa de la comunidad de Juanacatlán realizaron una acción de protesta en el Ayuntamiento municipal de Metlatonoc para exigir al presidente Idelfonso Montealegre Vázquez del Partido del Trabajo, la terminación de la obra de la rehabilitación del sistema de agua potable que inició en diciembre del 2022 que después de 8 meses no hay avances de la obra. Los ciudadanos exigían que el alcalde los recibiera e informara porqué la obra no había avanzado en su comunidad.
Este mismo domingo el alcalde petista Idelfonso Montealegre Vázquez se encontraba en la ciudad de Tlapa junto a sus homólogos de los municipios de Cochoapa el Grande, Huamuxtitlán, Atlamajalcingo del Monte y Tlalixtaquilla, donde participaron en una marcha para promover la candidatura a la Presidencia de la Republica a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum. Mientras tanto las comunidades indígenas están olvidadas. En la movilización participaron cientos de personas indígenas que fueron acarreadas desde sus comunidades por los presidentes municipales para mostrar músculo electoral con la intención de lograr ganarse un puesto dentro de la estructura del próximo gobierno federal, sin importales utilizar dinero del erario y sin atender problemáticas sociales más sentidas de los municipios más pobres.
Esta práctica sigue demostrando los verdaderos intereses económicos y políticos que tienen los gobiernos municipales del cuadro de Morena, no reflejan ningún compromiso social y político con la población indígena de sus municipios.
En este mismo municipio de Metlatonóc se dio a conocer la acción de protesta que emprendieron los médicos y enfermeras del hospital básico comunitario para exigir la rehabilitación de la infraestructura hospitalaria debido a filtración de agua que sufre durante la temporada de lluvias. El personal paró los servicios y sólo instaló afuera del hospital un espacio para atención a urgencias.
En las fotografías difundidas se apreció cómo enfermeras atendían a una paciente acostada en un colchón en el patio del hospital para aplicarle un suero intravenoso.
Esta desfachatez de los políticos de la Montaña es parte del atraso que vivimos en la región a causa de los pésimos gobiernos que dilapidan el dinero del pueblo.
La marcha que realizaron en Tlapa los nuevos líderes de Morena muestra el talante de políticos que sólo ambicionan cargos públicos y que repiten las mismas prácticas de antaño, de acarrear a la gente y usar a la población indígena como bandera para escalar a los cargos públicos.
Si realmente el partido Morena quiere una transformación de fondo debe de respetar la organización autónoma de los pueblos indígenas y abstenerse de discursos falaces que sólo reproducen el paternalismo y el asistencialismo que es la receta de los grupos de poder para mantener sometidos a los pueblos. Como siempre sucede en estas marchas, los que aparecen en primer plano son los que están negociando cargos públicos, los que quieren un hueso en el Congreso o están formados para alcanzar una candidatura en el ámbito municipal. A estos personajes les interesa demostrar que saben acarrear gente y que por lo mismo con estas cuotas políticas buscan congraciarse con la candidatura de una corcholata, sin que les importe en realidad la miseria en que siguen sumidas las comunidades indígenas de la Montaña. Esta desigualdad atroz es el caldo de cultivo para los políticos arribistas que manipulan y engañan a las familias más pobres prometiéndoles más programas sociales como mera argucia electorera.
Además de estos engaños supeditan el poder de la comunidad a los intereses políticos de quienes aspiran a una candidatura pisoteando la dignidad de hombres y mujeres que han demostrado tener la fortaleza para resistir los embates de los gobiernos usurpadores. La violencia y la pobreza devastan nuestro estado, sin embargo, para los políticos que se arremolinan con las corcholatas este tiempo es de acarreos y festines electoreros.

En las crónicas de la violencia, periodistas de diferentes medios de comunicación reportan las actuaciones protagonizadas por grupos del crimen organizado.
Un ejemplo dramático es de lo que nos enteramos este domingo, que dos camionetas Urvan del transporte público fueron incendiadas con sus conductores en la cabecera municipal de Tixtla. Lo más trágico es que sus cuerpos quedaron calcinados en los mismos asientos de los conductores. Se trata de rutas que van de Copalillo a Chilpancingo y de Copalillo a Paso Morelos. Lo que se sabe es que sujetos armados interceptaron las dos unidades, amagaron a los conductores y se los llevaron para posteriormente prenderles fuego. La reacción de las autoridades fue tardía y su presencia sólo respondió a la necesidad de tomar registro de los hechos violentos que acontecen en la entidad.
Por otra parte existen otros reportes del sábado 29 de julio donde se informa que dos hombres, padre e hijo fueron asesinados en la Autopista del Sol cerca del kilómetro 232 y del puente Solidaridad sobre el río Mezcala. Se reporta que varias personas armadas despojaron a la familia de una camioneta Toyota de modelo reciente. Los agresores dispararon contra el vehículo privando de la vida al empresario José Guadalupe Fuentes Brito de 49 años de edad y a su hijo José Manuel Fuentes Calvo de 20 años, lesionado a la señora Gabriela, esposa y madre de las víctimas.
De igual manera se informó que al lugar de los hechos acudieron elementos de diversas corporaciones policiacas y la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones.
Estos acontecimientos recientes nos dan el termómetro de la violencia que padecemos en el estado y de la inoperancia que prevalece por parte de las autoridades encargadas de prevenir los delitos y garantizar la seguridad de la población.
Diariamente se consuman hechos delictivos que están focalizados en los municipios de Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Taxco , Zihuatanejo y Tixtla, de acuerdo con los reportes que leemos diariamente. Para los guerrerenses este escenario se ha tornado como una realidad inevitable, como parte de un destino trágico que nadie puede evitar. Persiste la idea de que los asesinatos en nuestro estado son parte de esa predestinación funesta que cotidianamente lo expresamos como “ya le tocaba”. Es decir, que de nada sirven las autoridades que nos gobiernan porque por encima de ellas existe una determinación mecánica de que cada persona ya trae marcada la tragedia que trunca su proyecto de vida. Por lo tanto, en estos contextos el crimen organizado se erige como un ente poderoso que decide el destino de cada persona.
Con mucho desaliento y frustración constatamos que las autoridades del estado han sucumbido ante las redes criminales.
El caso de Iguala es un ejemplo nacional de cómo las diferentes corporaciones policiales, el mismo Ejército y la Marina se coludieron con el crimen organizado para desaparecer a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.
El reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nos narra cómo los reportes de la Sedena y del Cisen tenían un control minucioso de la movilización de los estudiantes en esa noche del 26 de septiembre. En este seguimiento constataron que existe “un apagón informativo” después de las 21:30 horas. Lo que corrobora que tanto la Sedena como el Cisen y las mismas autoridades del estado ocultaron información sobre lo que sucedió con los jóvenes después de las 21:30 horas.
A pesar de que todas las corporaciones policiales tenían detalles precisos sobre el movimiento de los estudiantes, ninguna de ellas informó qué pasó cuando entraron a la ciudad de Iguala. Para el GIEI es una muestra clara de ocultar los hechos y de negar cualquier información relacionada con la desaparición de los estudiantes.
Las autoridades estatales y federales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes a través de sus agentes de inteligencia y policías ministeriales. Además la información a través del C-4 en tiempo real, incluso por llamadas de ciudadanos que daban cuenta de los disparos.
Sin embargo la versiones que dieron las diferentes corporaciones eran falsas porque negaron que hayan escuchado disparos y que además no sabían qué estaba pasando con los estudiantes.
En el caso de la Policía Estatal manifestaron que se dedicaron a proteger instalaciones y que no tenían órdenes de actuar, también comentaron que consultaron al jefe de la policía de Iguala y les manifestó que todo estaba bajo control y que por esa razón no habían actuado. Ninguna de estas explicaciones son veraces. De acuerdo con las investigaciones del GIEI todas las corporaciones policiacas conocían en tiempo real lo que estaba sucediendo y ninguna intervino para proteger a los estudiantes o verificar lo que estaba sucediendo con ellos en la avenida Juan N. Álvarez.
En esa noche se dieron siete ataques con arma de fuego durante un periodo de cuatro horas. El primer ataque se dio en la calle Galeana y Juan N. Álvarez, desde la salida de la central de autobuses hasta el Periférico Norte donde una patrulla de la Policía Municipal impidió el paso de los autobuses. En ese altercado la policía disparó contra de los estudiantes dejando gravemente herido al joven Aldo Gutiérrez.
El segundo ataque se dio entre las 21:40 horas hasta cerca de las 23:00 horas de la noche, en el Palacio de Justicia contra otro autobús que se desvió para salir por Periférico Sur. La policía atacó el autobús con golpes destrozando vidrios, usando gases lacrimógenos de uso exclusivo de la Policía Estatal. En este ataque participaron policías de Iguala y Huitzuco que detuvieron y golpearon a varios jóvenes.
A las 22:54 horas en el C4 se reportó que había personas que estaban escondiéndose, se hablaba de que varios jóvenes del quinto autobús acababan de ser bajados del camión y eran perseguidos por policías federales y también ministeriales. Se escondieron en una casa abandonada donde después se organizaron para regresar al autobús del Palacio de Justicia.
A las 23:20 horas se registró otro ataque que se dio contra el autobús del equipo de fútbol de los Avispones en el crucero de Santa Teresa. Este ataque fue hecho por elementos de la policía de Iguala, Huitzuco y Tepecoacuilco.
A las 00:30 horas del día 27 se produjo otro ataque con armas de fuego contra los líderes del comité estudiantil que habían llegado de Tixtla para auxiliar a sus compañeros y que decidieron convocar a una rueda de prensa para denunciar la violencia ejercida por las corporaciones policiacas.
En ese lugar se encontraban algunos periodistas y maestros solidarios. En el ataque hubo varios heridos por armas de fuego, entre ellos un joven de la escuela que recién había llegado en auxilio y dos jóvenes que fueron asesinados: Julio César y Daniel, quienes quedaron tendidos en el asfalto.
Por último hubo un ataque de arma de fuego contra un policía estatal que pasaba por un bloqueo de carreteras en Mezcala realizado por miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos alrededor de la 1:00 de la mañana. Hasta ese lugar se instaló un anillo de seguridad para evitar que salieran autobuses de Iguala.
De acuerdo con las investigaciones del GIEI, las policías de Iguala y Cocula participaron en el escenario de la avenida Juan N Álvarez, identifican también a la policía de Iguala, incluyendo al grupo de los Bélicos y la policía de Huitzuco en la zona del palacio de justicia. En estos dos escenarios se dio la desaparición de los estudiantes.
La Policía Estatal y la Policía Federal estuvieron en el escenario del Palacio de Justicia mientras se llevaban a cabo los ataques. La Policía Ministerial recorrió las dos escenas de los ataques y persiguió a los sobrevivientes del quinto autobús. La policía de Iguala, Huitzuco y Tepecoacuilco junto con un jefe de Guerreros Unidos participaron en el ataque a los Avispones en Santa Teresa. También participó una patrulla de Protección Civil controlada por los bomberos de Iguala.
Miembros de Guerreros Unidos con probable apoyo de policías, habrían llevado a cabo la tortura, asesinato y desollamiento del estudiante Julio César Mondragón, quien apareció después de 8 horas del último ataque. En los dos ataques de la avenida Juan N Álvarez y del Palacio de Justicia estuvieron presentes los OBI (informantes del Ejército) y otros militares, mientras sucedían los hechos.
De acuerdo con el último informe del GIEI, el grupo de Guerreros Unidos coludido con las corporaciones policiacas de Iguala, Tepecoacuilco, Cocula y Huitzuco así como el Ejército y la Marina, establecieron un pacto para tener el control de la plaza de Iguala y actuar impunemente contra quienes consideraban que eran una amenaza para sus intereses delincuenciales.
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa muestra cómo el Ejército a pesar de su despliegue masivo en la zona, no sólo permitió que se dieran los ataques, sino que encubrió a los perpetradores y se negó a facilitar información veraz sobre lo sucedido.
La debilidad de las estructuras del estado en contextos de corrupción y violencia generalizada, así como la ausencia de controles eficaces respecto de las autoridades civiles y públicas ocasionan una erosión incontrolable que es aprovechada por las actividades económicas ilícitas y por el crimen organizado, para lograr la infiltración y cooptación de las autoridades. Esta situación sigue incólume en nuestro estado. Los grupos del crimen organizado son los que tienen el verdadero poder y los que controlan las instituciones ejerciendo la violencia y causando terror entre la población.
Para desgracia de los guerrerenses las autoridades se han replegado y dejado un gran vacío en los espacios públicos, donde la población reclama constantemente respuestas y acciones contundentes para desmantelar las estructuras delincuenciales dentro del entramado gubernamental.
Las víctimas reclaman la acción decidida de las fiscalías para que se protejan los derechos humanos de acceso a la justicia, verdad, reparación y sobre todo la no repetición.
La actuación de las instituciones y las políticas de seguridad deben de contar con una perspectiva de derechos humanos, en donde las organizaciones sociales sean un elemento clave para el país, así como las organizaciones de víctimas y familiares deben ser una pieza fundamental para la no repetición de estas tragedias. Ellos y ellas son la conciencia crítica del país que lucha contra la impunidad y contra el crimen organizado que tienen el poder en nuestro estado.

El pasado 18 de julio los pobladores de Mezcala municipio de Eduardo Neri, bloquearon la carretera federal Chilpancingo-Iguala para exigir a las autoridades una búsqueda exhaustiva de los cuatro pescadores que desaparecieron el domingo 16 cuando se dirigían a su trabajo. En la protesta improvisaron pancartas con mensajes muy precisos: “Los queremos de vuelta” “Apoyo de la Guardia Nacional” “Queremos justicia, gobierno”. A escasos 50 kilómetros de la capital del estado sucedió otro hecho que indignó a la población que se encuentra sometida por los grupos del crimen organizado.
Ahora son los pescadores los que aparecen ante la opinión pública bloqueando la carretera ante la indiferencia de los cuerpos de seguridad. Estas familias fueron desplazadas por la construcción de la presa El Caracol y en la década pasada los habitantes de las comunidades de El Limón y La Fundición fueron reubicados por la entrada de la minera Media Luna, propiedad de la empresa Torex Gold Resoursces Inc. En el 2018 los pescadores del Nuevo Balsas se organizaron para denunciar las atrocidades cometidas por la minera que ha estado contaminado el vaso de la presa por la derrama del cianuro y arsénico. Ha causado una gran mortandad de peces poniendo en riesgo el trabajo de la mayoría de las familias que dependen de la pesca.
La disputa que libran La Familia Michoacana con Los Tlacos en la zona Centro y Norte del estado ha puesto en jaque a los habitantes que se encuentran atrapados dentro de su propio territorio. Las autoridades municipales brillan por su ausencia y son cómplices de esta crisis de inseguridad. Las autoridades estatales y federales dejaron crecer esta pugna sabiendo que se incrementaría el conflicto con la entrada de la minera en el municipio de Cocula.
Los puntos críticos se ubican en el cinturón de oro que es motivo de una violenta disputa entre las organizaciones criminales que tienen como rehenes a las empresas mineras, a sus trabajadores y a la población en general.
En estos lugares la seguridad ha quedado en manos del crimen organizado que controla las entradas a las comunidades, patrulla los caminos y cobra las cuotas a los comerciantes y transportistas.
La gente ha constatado que las corporaciones policiacas del estado y la misma Guardia Nacional se han desentendido de este grave problema. No intervienen para desactivar estas acciones delincuenciales ni para contener las irrupciones armadas que se suscitan en varias comunidades serranas cuyas familias se ven obligadas a desplazarse.
Al interior de estas localidades existen muchas tragedias relacionadas con asesinatos, desaparición de personas, secuestros, extorsiones, cobros de cuotas, amenazas y desplazamientos forzados. Lamentablemente todos estos hechos no son denunciados por la población agraviada, existe miedo, pero sobre todo desconfianza a las autoridades, porque regularmente no investigan, mucho menos castigan a los responsables.
Los cuatro pescadores desaparecidos son la punta del iceberg que ha obligado a los habitantes a romper el silencio y manifestar su enojo. Los mismos pescadores están arriesgando su propia seguridad, pero no les queda otra opción que salir en busca de sus compañeros que se encuentran atrapados en las redes de la delincuencia. Demandan la presencia de los cuerpos de seguridad, sobre todo de la Guardia Nacional que supuestamente llegó a Guerrero para revertir la inseguridad y ser garante de la legalidad y del Estado de derecho.
Los nulos resultados que se han tenido hasta la fecha, demuestran que el poder de la delincuencia está por encima de las fuerzas del Estado. No es que en realidad tengan un gran poderío, sino que han logrado enquistarse dentro de las estructuras gubernamentales y de la misma seguridad pública, para tomar el control de las instituciones del gobierno y tener bajo su dominio a las mismas autoridades municipales. La red de corrupción que persiste dentro de las esferas gubernamentales debilita cualquier acción en favor de la población. Los operativos implementados por las corporaciones policiacas se tornan infructuosos porque la red de informantes que tienen los grupos de la delincuencia se infiltra dentro de los mismos aparatos de seguridad.
El pasado jueves 20 de julio de manera ostentosa la gobernadora Evelyn Salgado en compañía de los mandos militares del estado y de la Guardia Nacional, colocaron la primera piedra de lo que serán las instalaciones de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en El Ocotito, municipio de Chilpancingo. Para la gobernadora esta obra forma parte de la estrategia para pacificar al estado y para combatir las causas que originan la violencia. Insiste que es el diálogo absoluto y permanente entre todas las instituciones, la clave de la pacificación para Guerrero y para México. Reconoció el apoyo y acompañamiento de la Guardia Nacional en esta estrategia nacional. Manifestó que se ha logrado posicionar como una corporación efectiva, recibiendo la confianza del estado de Guerrero, por su correcta actuación en beneficio de la población.
Por su parte, Andrés Ramírez Xochicali, coordinador en Guerrero de la Guardia Nacional informó que el edificio de la coordinación estatal costara más de 450 millones de pesos. Se construirán 40 edificios para albergar dos comandancias, así como una coordinación estatal y una coordinación de batallón, en un predio de 10 hectáreas que se ubican a un costado del parque industrial que se encuentra totalmente abandonado. Contará con alojamiento para 776 elementos, dos comedores, estacionamiento para 448 vehículos, 2 edificios para atención médica, 4 aulas académicas, depósito de vestuario, equipo, armamento y municiones.
Actualmente hay 4 mil 100 efectivos de la Guardia Nacional en nuestro estado, concentrados principalmente en Acapulco y Chilpancingo. Sus actuaciones más visibles están relacionadas con los desalojos que han hecho contra los grupos que se han organizado para protestar en la Autopista del Sol. Tuvieron una intervención fallida cuando pobladores de los municipios de Quechultenango, Mochitlán y José Joaquín de Herrera, irrumpieron en la capital del estado para exigir la libertad de un líder transportista y el cumplimiento de un pliego petitorio relacionado con la construcción de ejes carreteros.
Ante la amenaza constante de los grupos del crimen organizado, la población ha demandado la presencia de la Guardia Nacional para replegar y someter a quienes delinquen impunemente. También ha sido requerida para brindar seguridad en las jornadas de búsqueda que realizan colectivos de personas desaparecidas.
Sin embargo, la población no se siente atendida ni escuchada por la Guardia Nacional. Es una corporación que no establece una relación cercana con los habitantes que se sienten inermes y urgidos de protección. Responde más a los intereses de la clase política y de las elites económicas. Protege a las instalaciones del estado y resguarda los lugares donde la población acude para protestar.
Es preocupante este proceso de militarización que se está dando en nuestro estado a través de la Guardia Nacional, y que para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es la mejor opción para garantizar la seguridad y la paz en nuestro país. La realidad es que este cuerpo de seguridad está respondiendo más a los megaproyectos que ha impulsado el presidente de la República, destinando un gran presupuesto para el Ejército y al Guardia Nacional. Estas instituciones militares son también empresas constructoras que trabajan en obras estratégicas como el aeropuerto Felipe Ángeles, el tren Maya, el corredor interoceánico, la construcción de hospitales, los bancos del Bienestar y los mismos cuarteles de la Guardia Nacional.
La construcción de estos cuarteles en las 7 regiones del estado refuerza la presencia militar, que desde hace 50 años dejó una herida abierta al implantar una política de terrorismo de Estado. Sin que se hayan reparado estos agravios a la sociedad guerrerense, el gobierno del la 4T ha optado por crear un cuerpo de seguridad militarizado que suplanta en los hechos el modelo de seguridad pública coordinado por autoridades civiles. En lugar de fortalecer a los cuerpos de seguridad del estado y de los mismos municipios se robustece al Ejército a través de la Guardia Nacional, otorgándole multiplicidad de funciones y facultades que debilitan el papel que deben desempeñar las autoridades civiles.
Este cuerpo de elite está formado para proteger al aparato del Estado y no está diseñado para garantizar seguridad a la población. En la práctica la gente no percibe que la Guardia Nacional responda a sus intereses, tampoco experimenta la cercanía y el apoyo efectivo para actuar en defensa de sus derechos. Este distanciamiento genera más bien desconfianza, descoordinación y visiones divergentes entre lo que es la seguridad ciudadana.
Enfrentamos un gran dilema; optar por la vía militar o la vía civil en este proceso de democratización de nuestras instituciones. La vía militar es inviable en Guerrero por todo lo que se vivió en la guerra sucia y lo que posteriormente sucedió con la guerra contra el narcotráfico.
La herida más reciente es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que de acuerdo a las investigaciones del GIEI (que este martes 25 de julio presentara su sexto informe) el Ejército participó en la desaparición de los normalistas. Por lo mismo, existe un continuum de impunidad en favor del Ejército que ha sido responsable de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y prácticas sistemáticas de la tortura.
Todos estos crímenes son parte de la crisis de derechos humanos que vivimos en nuestro país y que requieren una atención urgente para revertir la espiral de violencia y el número creciente de personas desaparecidas.
La población de Guerrero clama seguridad, como lo han manifestado los habitantes de Mezcala, que no encuentran el apoyo efectivo de los cuerpos de seguridad para dar con el paradero de los pescadores desaparecidos.
De nada sirve instalar cuarteles de la Guardia Nacional si la gente sigue desapareciendo y la inseguridad se extiende en todos los municipios del estado.

Nuestra sociedad está sometida por el miedo que imponen los gobiernos a través de los cuerpos represivos del Estado. En el primer nivel de gobierno, los policías municipales utilizan la fuerza y el maltrato como único método para relacionarse con los ciudadanos y ciudadanas. Creen que sus botas son para patear a los jóvenes que se resisten a ser detenidos, que los toletes deben de usarse para reventar la piel de quienes protestan. Las armas son accionadas para asesinar a la población que encara al poder obtuso. No hay alguna autoridad que se encargue de vigilar a estos policías que encienden su ira cuando se les interpela para exigir que respeten los derechos de las personas detenidas. Se atribuyen la facultad de privar de la libertad a los ciudadanos que cometen alguna falta administrativa. Los encarcelan, los amedrentan y en varios casos los someten a torturas para demostrar su poder. Se asumen como la ley basada en la fuerza y la extorsión. Un gran número de elementos policiacos están vinculados con el crimen organizado. El cargo lo ostentan, no por méritos propios, sino por lealtades políticas o por formar parte del engranaje delincuencial.
Los policías estatales son un cuerpo especializado en la represión. Sus operativos están focalizados para disuadir la protesta social y para reprimir a la población. Han sido entrenados para tratar al ciudadano como enemigo, para usar su equipo y su armamento contra la población que levanta la voz e increpa al poder. Son expertos para reprimir y usar la fuerza letal como garantes de la legalidad. Están equipados para defender los intereses de la clase política por encima de los derechos básicos de los ciudadanos y ciudadanas. Arremeten con toda su furia contra la población más indefensa.
A nivel federal es ahora la Guardia Nacional conformada por militares, la que se encarga de la seguridad interior. Hay un gran número de elementos fuertemente equipados que cuenta con toda la infraestructura que se requiere para hacer frente a la población que protesta. Actúan contra los grupos del crimen organizado sólo cuando afecta a intereses de la clase política o cuando desafían con sus acciones violentas a las mismas fuerzas del Estado. Lamentablemente la estrategia de seguridad implantada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dado resultados favorables para revertir la espiral de violencia que se ha incrementado en la mayoría de los estados de la República Mexicana. A pesar del gran presupuesto asignado a la Guardia Nacional y el incremento de efectivos militares, el crimen organizado se ha encaramado en las superestructuras económicas, asumiendo el control de varios giros comerciales y enquistándose en las estructuras del poder político, como un supra poder. En algunas regiones ha demostrado tener el control de los mismos ayuntamientos y ha demostrado su fuerza atentando contra la vida de los pobladores para erigirse como los jefes de determinadas regiones.
En nuestro estado las autoridades se han desentendido y desligado de los problemas que cotidianamente enfrenta la población que vive al día, ante la falta de ingresos seguros y el incremento de los precios de la canasta básica. La gente no sólo está angustiada porque no le alcanza el dinero para comer, sino que vive con miedo ante el terror impuesto por los grupos del crimen organizado, que han tomado bajo su control los productos que más consumen las familias.
La lucha por la sobrevivencia lleva a la atomización de la vida pública, a la desintegración de las redes solidarias y a la destrucción del tejido social. Esta crisis de seguridad, los ciudadanos y ciudadanas la enfrentan en condiciones sumamente desiguales, porque las instituciones públicas no funcionan. No hay una política de seguridad que vele por los derechos de la población, que proteja a los más indefensos y que impulse iniciativas para crear mecanismos de seguridad que emerjan desde los diferentes espacios ciudadanos.
La situación es adversa porque hay una política utilitarista por parte de los diferentes grupos políticos. Se usa y manipula a la población sólo para lograr beneficios personales. Estos políticos nefastos acuden a las colonias y comunidades sólo para promover su candidatura. Usan los programas sociales con el fin perverso de hacer campaña con el dinero del pueblo. La política ha sido denigrada por los mismos funcionarios públicos porque ejercen el cargo como lucro personal.
Hoy en nuestro estado los ciudadanos y ciudadanas padecemos la denigración del poder público a causa de la avaricia de quienes han aprendido a vegetar con el presupuesto público. El poder político se ha deshumanizado porque ha provocado graves sufrimientos a la población mayoritariamente pobre. En primer lugar, por la corrupción a gran escala que sigue enraizada en las instituciones públicas y en quienes nos gobiernan.
Hay una grave escisión entre la sociedad y la clase política, por la brecha económica que existe y la desigualdad abismal que se profundiza en la entidad. El dinero público sigue estando del lado de quienes ostentan una responsabilidad gubernamental. Todos ellos actúan con hermetismo para no rendir cuentas a la población. Mientras tanto la gente se desvive por comprar una medicina, por tener un ingreso para asegurar la comida de sus hijos durante un día. Se auto-emplea en las calles para tener unos pesos en el bolsillo. A muchas familias no les alcanza el dinero para comprar un garrafón de agua que cada día sube de precio. Comer las tres veces al día es un privilegio para algunas personas. Ya no hay oficinas del gobierno que den respuestas inmediatas a la gente que requiere el apoyo para satisfacer sus necesidades básicas. Se ha cancelado la atención permanente y efectiva para atender a las mujeres trabajadoras, a los niños y niñas huérfanas, a la población indígena que es discriminada y explotada en los campos agrícolas.
Las instituciones de gobierno están ausentes de los lugares donde se recrudece la pobreza y la violencia. Los funcionarios no prestan auxilio porque argumentan que no tienen recursos. Ya no hay dinero ni para comprar cajas de muerto. Todos los gastos son endosados a las familias pobres que no encuentran el respaldo de las instituciones.
Ahora se habla de programas nacionales, de nuevos proyectos, de lenguajes incluyentes, de cambios en la forma de hacer política, sin embargo, la situación no ha mejorado en cuanto a ingresos, seguridad y calidad de vida. Los programas del bienestar han ampliado su cobertura para atender a la población más depauperada, a pesar de esta inversión millonaria y de los grandes esfuerzos que ha realizado el presidente de la República, en el ámbito local la pobreza se enseñorea a pesar de las tarjetas y los bancos del bienestar. Esta mitigación de las necesidades básicas no cuenta con el impulso de otras inversiones, orientadas a revertir el rezago social, a detonar el desarrollo comunitario, tomando en cuenta las condiciones geográficas en que se ubican estas comunidades.
Es una mala inversión hacer caravanas por parte de las diferentes instituciones gubernamentales en los lugares más recónditos, al tratar a la gente como objeto de asistencia social. Los servicios que les brindan son efímeros, sin embargo, para los funcionarios que conocen por primera vez la Montaña resulta ser un viaje inolvidable. La lacerante realidad no cambia, simplemente la gente experimenta que la acción del gobierno sólo le llega de manera esporádica, que los apoyos del gobierno son por un día. Estas visitas no generan arraigo en las comunidades, por el contrario, sólo propician el asistencialismo y la dependencia que debilita la organización autogestiva de las comunidades y su lucha por la libre determinación. Los programas federales han impulsado el individualismo y debilitado las asambleas comunitarias, supeditándolas a la lógica de los programas que otorgan recursos económicos a los beneficiarios.
La tragedia que sufren las familias a causa de la violencia es un mal endémico en nuestro estado que se profundiza por la indolencia de las autoridades, por su insensibilidad y su falta de compromiso con las víctimas.
El hallazgo de siete cuerpos desmembrados en la plaza de San Mateo en la madrugada del sábado 24 de junio, son actos execrables que provocan terror y al mismo tiempo demuestran la incapacidad de las autoridades para contener esta ola delincuencial. El desprecio por el ciudadano, por parte de las autoridades, ha deshumanizado al poder público. Hay una carga de cinismo en los funcionarios públicos que no toman en cuenta la crisis de seguridad que pone en entredicho su desempeño en el cargo. Es muy grave que las autoridades no hagan causa común para proteger a la población. Todo queda en reportes y en instrucciones vagas para investigar los hechos violentos. Se da vuelta a la página del horror con el fin de continuar con las carreras políticas. Ninguna autoridad hace un alto para replantear la estrategia de seguridad y repensar, con la participación de la sociedad, cómo revertir esta espiral de violencia.
Se tienen que evaluar las graves deficiencias que persisten en el ámbito de la seguridad pública. No se puede continuar con las mismas inercias, de controlar los daños colaterales, y de recomponer la imagen pública de los políticos para no quedar fuera de la contienda electoral.
La deshumanización viene del poder público porque desde el interior de las instituciones se ha devaluado la dignidad de las personas, se ha perdido la dimensión sagrada de la vida, se ha trivializado el poder público y los políticos han tomado un rumbo diferente a lo que debe ser un servidor público. La clase política del estado se ha extraviado por sus ambiciones mezquinas, por su mirada torpe y corta de los grandes problemas que enfrentamos, y lo peor es que los guerrerenses tenemos que pagar las graves consecuencias de las pésimas actuaciones de nuestros gobernantes, que han sucumbido ante la tormenta delincuencial.