A sólo 26 días de que el joven normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta cumpliera 24 años, tres policías del estado cortaron de tajo su vida al accionar sus armas contra tres estudiantes que viajaban en una camioneta, rumbo a la terminal de autobuses de Chilpancingo. Yanqui manejaba el vehículo y a la altura de la colonia Anáhuac, frente al motel Petatlán, le pidió al compañero Arenita, quien iba en el asiento de atrás, que bajara a comprar unos cigarros. En ese instante llegaron dos motocicletas de la Policía Estatal. Arenita vio que uno se paró casi enfrente de la camioneta y la otra motocicleta se puso en la parte de atrás. Bajaron los policías con sus armas y apuntaron a los estudiantes gritando “bájense hijos de su puta madre”. Empezaron a golpear los vidrios de las puertas de la camioneta. Ante los gritos de los policías, Kothan volanteó para dar la vuelta y regresar a Tixtla. Arenita corrió para subirse a la camioneta que estaba en marcha. No alcanzó a cerrar la puerta cuando escuchó los disparos de la policía. La camioneta apenas pudo dar la vuelta en u. Arenita vio cómo Kothan quedó inmóvil, como recargado en el asiento con el cuello caído. De inmediato la sangre cubrió su rostro y su cuerpo. Había recibido un disparo en el cráneo. Para Arenita, Yanqui murió al instante. Alcanzó a ver a Osiel, que iba de copiloto, que estaba hecho bola con la cabeza clavada en las rodillas. Arenita optó por bajarse del vehículo ante el temor de que lo fueran a matar. Corrió hacia abajo por una callecita que desemboca en un barranco. Al emprender la huida un policía le gritó “quédate ahí cabrón”. No se detuvo y sólo escuchó varios disparos. Escondido en el barranco, llamó a un compañero para que fueran por ellos. No le dijo lo que había pasado, sólo le pidió que fueran porque había sucedido algo grave.
Arenita esperó con mucho temor la llegada de sus compañeros. Al ubicar el lugar donde se encontraba escondido, vieron que había muchas patrullas. En la carretera no había paso. Los policías y militares aseguraron el lugar y detuvieron la circulación de los vehículos. Interrogaban a los vecinos, cómo si ellos fueran culpables de lo que había pasado. Al avanzar por la callecita un militar increpó a Arenita: “¿Tú eres el del problema verdad?” Arenita negó que él fuera. Comentó “yo vengo del centro, de la calle andador Zapata. Fui a ver a mi novia.” No le creyeron y más bien lo cuestionaron “entonces ¿por qué estás sucio y estás sudando?” El militar cacheteó a Arenita y lo entregó a la policía estatal junto con su compañero.
Los policías estatales los subieron en la batea de la patrulla. Los esposaron y les cubrieron sus rostros con sus playeras para que no los identificaran. No les dijeron el motivo de su detención ni a qué lugar los llevarían. Después de una hora los bajaron de la batea y los metieron a la cabina, en los asientos de atrás. Continuaron esposados y con los rostros cubiertos. Les preguntaban dónde guardaban las armas. Después de tenerlos un largo rato en las patrullas finalmente los dejaron libres. Los policías les dijeron, los vamos a dejar porque no hay pruebas para culparlos, pero eso sí queremos que no vaya a ver represalias contra nosotros. Después los llevaron a un lugar oscuro, donde pararon la patrulla y los bajaron. Les descubrieron el rostro y les quitaron las esposas. Empezaron a grabar para que vean que los estamos dejando en libertad y que no están golpeados. Después de la grabación les preguntaron ¿los golpeó alguno de nuestros compañeros? Arenita y su compañero contestaron que no. Les regresan sus pertenencias y les ordenaron “avancen, se van derecho”. Después la patrulla arrancó y se fue.
Los estudiantes caminaron hasta encontrar un taxi, pidieron que los llevara al libramiento. Ahí permanecieron un rato hasta que consiguieron un aventón que los dejó en la entrada de la normal. La celebración de los 98 años de la normal quedó marcada por la tragedia, con la ejecución de su compañero Yanqui Kothan a manos de la policía del estado, como sucedió el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol, cuando policías federales y estatales, ejecutaron a Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. La impunidad que impera en el estado alienta la violencia de los cuerpos de seguridad, que se ostentan como pistoleros de las autoridades, que nada hacen para hacer valer el Estado de derecho y proteger el derecho a la vida y la integridad física de los guerrerenses,
La familia de Yanqui no sólo es víctima de la violencia perpetrada por policías que se sienten con permiso para matar, sino que las mismas autoridades del estado se encargan de denigrar la honorabilidad de Yanqui. La Secretaria de Seguridad Pública, para justificar esta acción deleznable y encubrir a sus policías asesinos, difundieron una versión falsa. Señalaron que al pasar por el arco de registro público vehicular, detectaron que la unidad tenía reporte de robo. Por esa razón les marcaron el alto, sin embargo, en lugar de atender la orden aceleraron para emprender la huida. Por esta causa los policías dispararon. De forma burda e irresponsable el gobierno de Evelyn Salgado justificó la ejecución arbitraria de un estudiante. En lugar de fijar una postura firme y clara de investigar a los policías que habían privado de la vida al estudiante Yanqui, de inmediato arman una versión inverosímil para criminalizar a los estudiantes, sembrando además evidencias.
Ante una violación grave de derechos humanos lo mínimo que debe hacer un gobierno que se dice democrático es garantizar una investigación objetiva, imparcial, procediendo a proteger la escena del crimen y a poner a disposición de la autoridad competente a los policías. Hicieron lo contrario, dejaron que los policías armaran su propia versión de los hechos y que sus superiores avalaran sus acciones delincuenciales.
Este caso muestra la impericia de las autoridades y la aversión que tienen contra los estudiantes. Con su versión falaz alientan el linchamiento mediático contra los normalistas. Incitan a la violencia y a posiciones duras. Focalizan su ataque contra los normalistas ubicándolos como los causantes del caos y la violencia, cuando los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos son agentes del Estado, que utilizan sus armas para disparar contra estudiantes que por no detener la marcha de un vehículo les tiran a matar. Esa barbarie policiaca se tolera y se encubre.
Estamos ante un momento sumamente crítico porque las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos que han pedido el diálogo con el presidente de la República, se vieron obligados a plantarse en la explanada del Palacio Nacional para esperar una respuesta.
La cerrazón política ha propiciado un ambiente de confrontación, de tensión porque no hay canales de interlocución que encauce este malestar de las madres y padres que llevan 114 meses buscando a sus hijos. La desesperación de las mamás y papás es mayor porque sus planteamientos no son atendidos y porque han constatado que el presidente André Manuel López Obrador ha señalado en todo momento que son los abogados los que han actuado con doblez en las investigaciones y que no hablan con la verdad a las madres y padres. Sin embargo, no atiende el planteamiento concreto de que pida al Ejército que entregue los 800 folios que hacen falta y que el GIEI en la revisión de sus archivos, detectó que hacen falta.
En el caso de la ejecución del estudiante Yanqui Kothan, la policía y el gobierno del estado manipularon los hechos diciendo que los estudiantes iban armados y dispararon. Sembraron drogas y armas en la camioneta para inculparlos. Todas las horas de detención ilegal de los estudiantes sirvió para obtener prueba ilícita.
Pese a los intentos de inculpar a los estudiantes no hay duda de que los policías hicieron uso excesivo de la fuerza y de armas letales privando de la vida al estudiante Yanqui Kothan, deteniendo ilegalmente y torturando al resto de los jóvenes.
Al momento no hay prueba contundente de que los estudiantes iban armados y hubiesen disparado. A pesar de que la prueba de rodizonato de sodio dio positiva para Kothan y Osciel, aquella no es confiable ni concluyente. El rodizonato de sodio es altamente volátil y falible dado que las personas que se encuentran en el área donde se efectuaron disparos o que tienen contacto con aquellos pueden dar positivo, lo que no quiere decir que hayan disparado un arma. En este caso los estudiantes estaban dentro de una camioneta donde se efectuaron disparos a un metro de distancia de acuerdo al peritaje de balística, y los policías que dispararon tuvieron contacto con ellos. Eso explica por qué dieron positivo sin que ello implique que hayan disparado.
A mayor abundamiento el dictamen de balística de efectos concluye que todos los impactos a la camioneta donde iban los jóvenes fueron de afuera hacia dentro, lo que corrobora que los policías dispararon.
En la escena del crimen no se encontró ningún casquillo percutido por el arma que supuestamente encontraron en el carro, ni existe prueba de que la misma haya sido disparada. La segunda arma larga que supuestamente llevaba el estudiante Arenita nunca se puso a disposición porque no existió, aunque la policía dice que se la llevó el estudiante al huir. Esta versión es insostenible porque metros abajo fue detenido el estudiante sin que se le quitara la referida arma.
Los videos del C4 que pudiesen arrojar mayores luces de lo ocurrido no fueron entregados a tiempo por la Secretaría de Seguridad Pública, demorando dos días para ello, existiendo el temor fundado de que hayan sido editados o manipulados.
Por lo anterior, exigimos, una investigación pronta e imparcial para dar con los responsables materiales e intelectuales del asesinato y de las detenciones arbitrarias de los estudiantes. Demandamos que se investigue a los funcionarios estatales que avalaron la versión de la policía y permitieron la detención ilegal y tortura de los estudiantes que sobrevivieron al ataque policial. De igual forma deberá impulsarse la línea de investigación relacionada con la participación de Yanqui Kothan Gómez Peralta en la protesta del Palacio Nacional un día antes, ya que existe prueba de que se encontraba en primera línea de dicha protesta.

La algarabía y el cúmulo de promesas de las candidatas a la Presidencia de la República contrastó con el silencio y la cerrazón del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no atiende la solicitud de diálogo de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Tampoco les dio un espacio a los familiares y sobrevivientes de la violencia de estado implantada por el Ejército con sus planes de contrainsurgencia que aplicó en Atoyac de Álvarez, en la visita que realizó el pasado 17 de febrero.
Todo giró en torno a los Programas del Bienestar. La gobernadora Evelyn Salgado remarcó que Atoyac tiene un gran potencial productivo. Celebró que el programa de Sembrando Vida beneficie a muchos campesinos. Anunció que en la Costa Grande se invertirán en este año 247 millones 800 mil pesos. Concluyó diciendo: “Eso es tener amor al pueblo. Continuar con la transformación hasta que la justicia llegue y que la paz sea una constante”. En la intervención del director del Banco del Bienestar, el doctor Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, expresó que en Guerrero se construyeron 118 sucursales del Bienestar. En Atoyac cuenta con dos nuevas sucursales en San Juan de las Flores y en la cabecera municipal. Para la consecución de este logro expresó sin tapujos: “siempre me da gusto referirme a la Secretaría de la Defensa Nacional, a los ingenieros militares que han hecho posible la construcción de 2 mil 750 sucursales del Banco del Bienestar. Muchas gracias a los ingenieros militares”. Esta alocución no agradó a la mayoría de asistentes que tienen algún familiar desaparecido o asesinado por parte del Ejército, cuando irrumpieron en las comunidades y domicilios para detener, torturar, desaparecer y ejecutar a las personas que catalogaban como miembros de la guerrilla.
En su intervención, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo referencia a la lucha histórica que se dio en este municipio: “Aquí en Atoyac desde hace mucho tiempo se lucha por la justicia. Hubo un movimiento importante en favor de la gente humilde que encabezó Lucio Cabañas. En aquel entonces tuvieron que tomar las armas porque no había atención al pueblo. Si últimamente estamos hablando que tampoco había atención al pueblo, en ese entonces mucho menos se atendía a la gente. Era más el autoritarismo. Se cerraron todos los caminos y por eso muchos tuvieron que tomar las armas para alcanzar la justicia.
Con esta referencia histórica habló de las tres transformaciones que se lograron con las armas. Recordó que Hidalgo es el padre de la Patria, el cura que abolió la esclavitud y luchó por la justicia. “Ahora se está logrando la cuarta transformación sin violencia. Eso es muy importante. Hay un cambio de mentalidad y una revolución de las conciencias. Si se sigue politizando al pueblo se pueden lograr grandes cambios, para que el pueblo sea feliz. Estar bien consigo mismo y con el prójimo, esa es la verdadera felicidad. Aquí en Atoyac siempre se ha luchado para que en el país haya justicia y democracia”.
A pesar del reconocimiento al movimiento armado del comandante Lucio Cabañas, no hubo una referencia a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército. Tampoco hubo alguna mención a las comunidades que fueron agredidas, a las familias que sufrieron desplazamientos forzosos. Son centenas de hombres y mujeres que viven en la pobreza extrema, con casas semiderruidas, padeciendo muchas enfermedades, como consecuencia del terror implantado a sangre y fuego por los militares. A estas personas mayores no ha llegado la cuarta transformación. Siguen esperando la indemnización que también por derecho les corresponde, sin embargo, los funcionarios y funcionarias encargadas de esta responsabilidad no aparecen en las giras presidenciales.
Como parte del compromiso que asumimos como comisionados y comisionada del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965-1990, organizamos el 28 de febrero un foro sobre los Diálogos por la Verdad con familiares y sobrevivientes de estos hechos atroces, en Atoyac de Álvarez. Asistieron 174 personas que llegaron de varias comunidades de la sierra. Varias de ellas por primera vez se animaron a dar su testimonio en público. Hubo otras que prefirieron hacerlo en privado. Escuchamos 29 testimonios, la mayoría fueron de hijas o hermanas de personas que fueron sacadas de sus casas y que nunca más volvieron a ver.
La mayoría de casos se registraron en 1974. Hace 50 años que no han dejado de buscar a sus padres, esposos o hermanos. Perdieron lo poquito que tenían para dedicarse a indagar el paradero de sus seres queridos. En todos los casos participó el Ejército, que instalaba retenes para detener a quienes consideraba sospechosos. También interceptaba a la gente en los caminos, cuando se dirigía a su parcela o a su huerta. Muchas detenciones fueron en sus domicilios. Entraban a las casas para llevarse a los esposos, causando graves daños a las esposas y a los hijos. Varios testigos que eran niños, recuerdan cómo los militares se llevaron a su papá. Con todo y estos agravios exigían a las esposas que les dieran de comer.
Sus vidas quedaron desechas y truncas porque tenían a los malhechores dentro de sus comunidades, patrullando los caminos, causando terror a toda la población, matando y desapareciendo impunemente. Era el gobierno que atacaba de manera cobarde a la gente del pueblo, a mujeres, niñas, niños y gente de la tercera edad. Les impedían comprar alimentos y estaba prohibido llevar su itacate al campo. Fueron cercados sus caminos y nadie podía salir al campo, mucho menos a otra comunidad. Los mismos militares llegaban a decir a los familiares que iban a los cuarteles a buscar a sus hijos o esposos, que no dieran más vueltas porque ya los habían matado y tirado al mar. Por eso, todos exigen que el gobierno les diga dónde están sus familiares desaparecidos, vivos o muertos. Que investiguen al Ejército porque los militares se los llevaron y saben dónde los dejaron. No pueden continuar con este sufrimiento que se ha prolongado por 5 décadas y todo sigue como cuando empezaron la lucha: ninguna autoridad los atiende, no los buscan, nadie vela por sus derechos.
Han esperado muchos años para ser indemnizados, pero están viendo que el gobierno de López Obrador tampoco va a cumplir. Han constatado que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) los ignora y engaña. Cuando han protestado en la Ciudad de México les interponen denuncias, como si pedir justicia fuera un delito. Las familias reclaman lo básico: despensas y medicamentos. A la mayoría sólo le entregaron una o dos veces despensa y en contadas ocasiones reciben paracetamol cuando se enferman. La cuarta transformación no ha llegado a las víctimas porque no hay verdad, tampoco justicia y sistemáticamente han postergado la reparación que tanto necesitan las familias, para enfrentar las deplorables condiciones económicas que padecen. A las víctimas las han dejado en el olvido y como varias de ellas y ellos comentaron “ya estamos viejos y nos vamos a morir sin tener justicia”.
En la explanada del Palacio Nacional se encuentran plantados los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Llevan 114 meses en pie de lucha, enfrentando mentiras, vituperios, golpes bajos, acciones turbias para dividirlos, ataques a sus representantes legales, negativas para acceder a los 800 folios que oculta el Ejército, respaldo total del Ejecutivo al Ejército para dar la espalda a las madres y padres.
Cargando con su dolor, con sus precariedades económicas, sus enfermedades crónicas y desgastes emocionales se mantienen incólumes para exigir la presentación de sus hijos. Desde el lunes 26 iniciaron su jornada de lucha “Contra el muro de la impunidad” para exigir diálogo con el presidente, como reza la manta que cuelga en los ventanales del Palacio Nacional. Llevan 7 días en una espera paciente, ardua y combativa. Los estudiantes de Ayotzinapa apoyan su movimiento y están prestos para visibilizar su protesta ante las autoridades federales que han sido omisas para investigar y castigar a los responsables. Los jóvenes también están pendientes para atender las necesidades básicas de las madres y padres, que están acostumbrados a dormir sobre los pisos de tierra, a vivir sobre techos de cartón y en viviendas de adobe y carrizo. Acostumbradas a cocinar con leña y a comer en el piso. Son autosuficientes para preparar sus alimentos y para resistir en medio de las adversidades.
El amor por sus hijos ha trascendido las fronteras del país y la solidaridad se esparce por todos los continentes. La bandera de su lucha es más grande que la que izan los militares cada mañana en el Zócalo capitalino. Abrazan su causa miles de ciudadanos y ciudadanas libres que han comprendido la esencia de su lucha, que está más allá de posturas partidistas y de cálculos políticos. Su causa no tiene precio ni se circunscribe a negociaciones políticas. Su lucha es para dar con el paradero de sus hijos, su meta es conocer la verdad y alcanzar la justicia. Esta exigencia implica resquebrajar el muro de la impunidad, de desenmascarar la trama de la macrocriminalidad y desmadejar la red de complicidades que urdieron las autoridades civiles, militares y el crimen organizado. Por eso es importante conocer los 800 folios que están en manos del Ejército y dialogar con el presidente.

Don Jesús y doña Reyna trabajan en su parcela desde hace 40 años. No saben leer ni escribir, con dificultades se comunican en castellano. Los dos han luchado para que sus hijos fueran a la escuela. Tuvieron siete hijos: cinco mujeres y dos varones. La sexta hija fue Griselda que nació el 16 de marzo de 1994 en la comunidad nahua de Tlacuiloya, municipio de Tlapa. Doña María, la partera del pueblo, sobó a su mamá para que se acomodara bien el cuerpecito de su hija y no tuviera complicaciones en el parto. Griselda fue de las hermanas que pudo concluir la primaria en el pueblo. Caminaba más de una hora para asistir a la secundaria en Ahuatepec Pueblo. Fue persistente y muy sacrificada, porque hubo ocasiones en que probaba alimento cuando regresaba de la escuela. Gracias a unos familiares que viven en Alpoyeca, tuvo la oportunidad de estudiar el bachillerato.
Don Jesús y doña Reyna se ilusionaron mucho cuando Griselda terminó los estudios de nivel medio superior. Era la primera hija que había salido del pueblo para estudiar. Sus hermanos optaron por trabajar en los campos agrícolas en Sinaloa. Con las amistades que hizo se animó para estudiar en el Tecnológico de la Montaña, en Tlapa. Lo caro de la vida en esta ciudad y los múltiples gastos de la carrera en sistemas la obligaron a truncar sus estudios. No tuvo otra alternativa que trabajar como empleada doméstica para ahorrar un poco de dinero y continuar sus estudios en una escuela privada.
Logró culminar su carrera y empezó a subir la dura cuesta para conseguir un empleo. Pudo abrirse paso y con sus amigas empezó a participar en reuniones para hacer gestiones ante la Secretaría de Educación para conseguir una plaza. Fueron varias vueltas a Chilpancingo y al final logró su primer contrato en 2019. Tuvo la suerte de que se lo renovaran, aunque le pagaran al año. Griselda fue de las jóvenes que lograron superar muchos obstáculos, sobre todo la precariedad económica, la discriminación por ser hablante del náhuatl y el desprecio de una sociedad machista y racista. Sus hermanas que no pudieron estudiar y que ya son madres de familia se sentían orgullosas, porque sabía computación e inglés y porque tenía un trabajo como maestra. Don Jesús y doña Reyna, con la sencillez que les caracteriza, le daban gracias a Dios por lo que había logrado su hija Griselda.
Griselda era una joven con una gran sensibilidad, cuando podía apoyaba a las niñas que llegaban a la escuela sin almorzar. También buscaba recolectar víveres para ayudar a las familias más pobres. Apoyaba a estudiantes que tenían interés en aprender inglés y los incentivaba para que no dejaran de hablar su idioma materno. Nunca imaginó que con la bondad que trataba a la gente, experimentaría maltratos y golpes de quien decía que la quería. Soportó en silencio la violencia de su pareja. Confió en que la situación cambiaría y que encontraría la felicidad que anhelaba. El jueves 22 de febrero Griselda fue apuñalada cobardemente por su pareja en el cuarto donde vivían. Todo se derrumbó para don Jesús, doña Reyna y sus 6 hermanos. La tragedia se tornó más cruenta por las pésimas actuaciones de las autoridades que no aseguraron el lugar y expusieron a la víctima en las redes sociales. Es muy común que los agentes del Ministerio Público no apliquen el protocolo de actuación en casos de feminicidio y muertes violentas con perspectiva de género. Tampoco se llevan a proceso a los feminicidas. A la fecha la unidad de investigación especializada en el delito de feminicidio que se instaló en febrero de 2018 en Tlapa, desde el año de 2021 no cuenta con personal para dar continuidad a las investigaciones en los casos de feminicidios. Lo que hacen los ministerios públicos del fuero común desde el 2022, las carpetas que inician por el delito de feminicidio las remiten a la Fiscalía especializada en la ciudad de Chilpancingo y son ellos los que supuestamente le dan continuidad. En la práctica este traslado retarda más el proceso de investigación y regularmente los familiares se ven obligados a ir a Chilpancingo para que se judicialicen los casos. Una realidad poco probable.
Estos casos que son graves no son atendidos con celeridad y exhaustividad para una integración robusta de la carpeta de investigación. Desde la manera de clasificar el delito como homicidio calificado ya hay un sesgo en la línea de investigación para mantener a la baja las estadísticas oficiales relacionadas con los casos de feminicidios. Importa más cuidar la buena imagen de las autoridades y las instituciones, que realizar investigaciones a fondo que pongan en evidencia el patrón de criminalidad que persiste en estos crímenes de odio. Estas falencias de las investigaciones alientan la violencia feminicida y mandan un funesto mensaje a las familias de las víctimas de que no habrá castigo para los responsables.
El calvario que padeció don José no sólo se dio con la investigación sino con el traslado del cuerpo de su hija Griselda al Semefo de Chilpancingo. Además de no explicarle en su propio idioma el procedimiento que se sigue, para realizar la necropsia de ley, se aprovechan de su dolor y estado de indefensión. Ya es una práctica recurrente y consentida por las autoridades de la Fiscalía, que los familiares tengan que costear todos los gastos de traslado del cuerpo de la víctima. Tienen que dar vueltas y hacer varios gastos para sacar copias, pagar pasajes y comidas. El regreso del cuerpo lo tienen que solventar los familiares.
Don José se fue con 400 pesos a Chilpancingo. De nada le sirvieron por todos los gastos que hizo. Habló con su hijo que está trabajando como jornalero para que le mandara mil 500 pesos. Con ese dinero apenas pudo cubrir los gastos de los trámites. El chofer del vehículo del Semefo que se llevó el cuerpo de su hija le explicó que para regresar a Griselda y llevarla en una caja a Tlapa, el servicio le costaría 22 mil 40 pesos. Don José no asimilaba lo que le decían. Aparte del dolor por el feminicidio de su hija, ahora tenía que pagar esa cantidad para llevársela. No tuvo de otra que aceptar con la promesa de pagar la cantidad en Tlapa. Fueron varias llamadas que realizó con sus hijas, hijos y compadres para juntar el dinero.
La Ceav se desentendió del caso, y como siempre sucede, deja a las víctimas a su suerte. Son los familiares y no los funcionarios de la institución los que tienen que buscar el apoyo para cubrir los onerosos gastos. No hay ese compromiso ni sensibilidad para acompañar a las víctimas, por el contrario, se les culpa por no acudir con ellas. Se les ignora y maltrata por ser indígenas y pobres. Don José tuvo que lidiar no sólo con el Ministerio Público, sino con el mismo encargado de llevar el cuerpo de su hija, que hace negocio con el dolor de la gente desamparada.
El caso de Griselda nos muestra las graves deficiencias de las instituciones encargadas de hacer las investigaciones, de atender a las víctimas y de brindar el acompañamiento necesario. A ninguna autoridad le interesa estar al lado de las víctimas, de asumir su causa, de solidarizarse con su situación y de hacer frente a los problemas que enfrentan. No sólo es padecer la violencia de los feminicidas sino ser también víctima de la violencia institucionalizada.
Actualmente en la Montaña de Guerrero hay un registro de 10 feminicidios en lo que va de enero de 2023 a febrero de 2024. Los municipios donde se han consumado estos arteros crímenes son: Tlapa con cuatro feminicidios, Copanatoyac dos, Huamuxtitlán, Cualac, Zapotitlán Tablas y Alpoyeca, uno en cada municipio. Las edades de las víctimas son de 21 a 45 años, ocho de ellas eran indígenas y dos mestizas.
Este Centro de Derechos Humanos acompaña con asesores jurídicos a víctimas indirectas de 26 feminicidios cometidos desde el año 2014, incluido un caso de una niña de 16 años ocurrido en 2006. Estos hechos que agravian a la sociedad ocurrieron en los municipios más pobres de la Montaña y Costa Chica, como Ayutla de los Libres, Olinalá, Acatepec, Malinaltepec, Alpoyeca, Tlacoapa, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte, Zapotitlán Tablas, Cochoapa el Grande, Copanatoyac y Tlapa.
De los 26 casos de mujeres y niñas víctimas de feminicidio, contamos únicamente con tres condenas. Las instituciones de procuración de justicia, tienen una deuda pendiente con las familias indígenas de Guerrero, que a la fecha lloran la muerte de sus madres, hijas, nietas, abuelas, primas, tías, sobrinas y amigas. Desde el 2014 a la fecha no hay resultados tangibles que garanticen a las familias una justicia pronta y expedida.
En los feminicidios en Guerrero, además de que son invisibilizados en las cifras oficiales, los mismos agentes del Ministerio Público se transforman en cómplices de los perpetradores al no realizar una investigación profunda de los casos ni hacer una tipificación adecuada del delito. La impunidad galopa dentro de las mismas instituciones del Estado y le endilgan toda la carga de la investigación a las familias y se encargan de hacer más onerosa la justicia que debe de ser gratuita y expedita.

Para el compañero de lucha Abraham Ramírez, defensor de los derechos del pueblo de Huamuxtitlán.

La ausencia de las autoridades en los momentos críticos que enfrenta la población guerrerense es atroz. Están agazapadas y no quieren arriesgar su seguridad. No hay quien dé la cara para enfrentar los problemas que padece la gente de a pie.
El desbordamiento de la violencia no tiene diques, es una avalancha que nos arrastra al despeñadero. Es un mal que destruye el tejido comunitario y deja a la deriva a la gente que se levanta temprano para luchar por su sobrevivencia. Ni en casa la familia se siente segura. Por todos lados hay presencia de grupos que causan estragos a la población. Los cuerpos de seguridad son ajenos al drama cotidiano de la violencia. Hasta en las colonias más pobres el crimen está presente, ya sea para cobrar piso o vender cristal. No hay calle sin dueño, ni colonias sin halcones.
Las carreteras y las avenidas son las vías más inseguras para transitar, debido a las férreas disputas que libran las organizaciones criminales para controlar las rutas del transporte público y los negocios de la economía criminal. Además de fijar cuotas altas, las vidas de los choferes penden de un hilo si no acatan órdenes. Ante la inacción de las corporaciones policiacas y militares, la violencia se recrudece en las calles con los asesinatos y la quema de vehículos.
El cobro de piso prolifera en todos los giros comerciales. Ya no hay excepciones, todos tienen que caerse con la cuota diaria o semanal. La delincuencia tiene ahora muchos empleados que trabajan para su causa.
Las ciudades turísticas son las plazas más redituables para las organizaciones criminales. Si antes los gobiernos corruptos despojaban a los ejidatarios de los lugares paradisíacos y privatizaban las playas, ahora los grupos delincuenciales, siguiendo su ejemplo, tomaron el control de estos sitios de gran afluencia turística para cobrar cuota a todos los vendedores de las playas. Nadie escapa de sus garras ni de sus listas. Semanalmente tienen que entregar el pago sin falta. Los que no cumplen corren el riesgo de perder la vida, por eso nadie se atreve a protestar ni a desafiar al cobrador de la empresa criminal, que llega acompañado con gente armada. Los puntos de venta de la droga son negocio exclusivo de los jefes y nadie se atreve a competir con ellos. Este embrollo delincuencial se complejiza más con la presencia de la Guardia Nacional y de la Marina, que se confabulan con estos negocios y son parte de la criminalidad galopante.
En Taxco hasta los encruzados fueron emplazados a pagar cuota y comprar las ortigas a los proveedores del dueño de la plaza. Para acceder al templo de Santa Prisca, el grupo delincuencial disfrazaba la limosna como cuota. Las alcancías eran vaciadas para la causa del crimen. El encanto de la ciudad mágica se truncó de tajo cuando el plomo suplantó el negocio de la plata. Las calles empedradas se mancharon de sangre y las balaceras desolaron el centro y obligaron a cerrar los comercios. Las escuelas optaron por suspender clases ante las amenazas del crimen contra los transportistas. La autoridad municipal no sólo se mostró indiferente ante el drama de la gente, sino que el presidente prefirió viajar a España en lugar de enfrentar con aplomo las amenazas del crimen organizado. Quedó evidenciado que la delincuencia no tiene contrapesos que la obliguen a replegarse, más bien, se erige como un poder fáctico que es capaz de desmovilizar a la población e imponer su ley de fuego. Las fuerzas del orden no proporcionaron el auxilio que requería la población y se limitaron a patrullar las calles para hacer visible su presencia. La tranquilidad es un bien intangible que les fue arrebatado a los taxqueños.
La capital del estado es el ojo del huracán del crimen organizado. A lo largo de los años se fueron incubando negocios truculentos entre la clase gobernante y los líderes de transportistas. La Dirección General de Transporte se transformó en la caja chica del gobernador en turno. Las concesiones fueron las prebendas con que se aseguraban las lealtades políticas y se conformaban clientelas partidistas. Muchos funcionarios públicos atracaron a la misma dependencia que dirigían al agenciarse concesiones sin límite alguno. Muchos políticos que siguen peleando cargos públicos cuentan con permisos en las principales ciudades del estado. Se sirvieron con la cuchara grande e hicieron jugosos negocios con grupos económicos y líderes transportistas que velaron por sus intereses. En estos pactos delincuenciales fueron forjando una mafia en el sector de los transportistas. Con el tiempo se incubaron intereses políticos, económicos, delincuenciales, y clientelares. Todo creció al amparo del poder público, con el apoyo de los gobernadores y de su grupo político. Era la gallina de los huevos de oro donde incubaron negocios ilícitos al interior de las instituciones gubernamentales.
Las rutas se fueron diversificando y en esta ramificación de sitios, el trasiego de la droga desplazó la transportación de los productos básicos. Los líderes fueron relegados por los jefes de las plazas y el control de las rutas pasó a manos de los grupos de la delincuencia. El transporte público y privado se erigió en la minita de oro, por eso las organizaciones criminales pelean las rutas en los territorios donde tienen presencia. No están dispuestos a permitir que otros grupos controlen las rutas de transporte cuando se han apoderado de la plaza. En esta confrontación abierta los grupos delincuenciales se han apertrechado en los sitios estratégicos de la capital del estado para imponer su hegemonía. No hay autoridad que los repliegue ni los descarrile en su empeño por enquistarse dentro del sistema de transporte público. Más bien se han encaramado en las estructuras del poder público y cuentan con aliados que trabajan para su causa. Saben que las autoridades tienen precio y que pueden negociar al costo que sea. Nadie los detiene y no temen a los cuerpos de seguridad porque saben que por años han sabido domesticar. Se confabulan y se vuelven cómplices de los jugosos negocios de la droga y las armas.
La sociedad está hastiada de tanta corrupción y contubernio de los gobernantes con los grupos delincuenciales que han tomado el control de las ciudades y las comunidades rurales, que han impuesto la cuota a la mayoría de comerciantes e instalado el miedo en la vida pública.
El gobierno de Evelyn Salgado se ha plegado a las directrices de los mandos del Ejército que no han dado resultados con la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, ni con el incremento de efectivos de la Guardia Nacional. Su estrategia de seguridad está diseñada por un grupo de militares que siguen considerando a la sociedad que se organiza para reclamar sus derechos como una amenaza para la estabilidad política del estado. Focalizan su atención contra las organizaciones y líderes sociales, los catalogan como transgresores de la ley y como conspiradores. Están lejos de comprender que la estrategia de seguridad debe estar centrada en el ciudadano y por lo mismo debe salvaguardar los derechos humanos de la población. La opinión y perspectiva de la gente que sufre el flagelo de la violencia es crucial para implementar acciones efectivas que protejan la vida y la seguridad de la población.
Lo paradójico y sumamente preocupante es que con la llegada de la Guardia Nacional, así como el proyecto que tiene el presidente de la República, de construir 12 cuarteles de la Guardia en Acapulco y otros más en las 8 regiones del estado, los guerrerenses no ven que el despliegue militar los haga sentirse más tranquilos. Por el contrario, la experiencia de los años, con el terrorismo de Estado, le dejó lecciones trágicas. La presencia del Ejército en las ciudades y comunidades es para causar temor, para desmovilizar a la población, para arremeter contra el ciudadano que ejerce su derecho a la protesta, para reprimir a quienes increpan al poder y lo emplazan a rendir cuentas. En este despliegue militar se incrementan las graves violaciones a los derechos humanos y se robustece la impunidad para proteger a los perpetradores.
En los pocos años de creada la Guardia Nacional, sus actuaciones no están del lado de la población que es víctima de la violencia, sino de las autoridades, de los funcionarios públicos, que viven en una burbuja para no poner en riesgo su seguridad. Llegaron para proteger a los gobernantes y a las instituciones públicas. Se han colocado para arremeter contra la población que se atreve a tomar las vías de comunicación. Su presencia no ha servido para contener la avalancha delincuencial, para desactivar ni desmantelar las estructuras criminales. Más bien, los han dejado crecer y les han permitido ejercer libremente sus acciones delincuenciales. En algunos lugares, como Acapulco, se coluden con ellos para el cobro de piso y hasta les dan cobertura a los cobradores y expendedores de los negocios ilícitos.
El presupuesto millonario destinado para el Ejército y la Guardia Nacional no ha redundado ni redundará en beneficio de la gente que paga cuota diariamente a los grupos de la delincuencia. Tampoco tendrán el apoyo las familias desplazadas de manera forzada por la violencia que ejercen estos grupos en sus comunidades y ejidos. Los colectivos de víctimas arriesgan su vida al adentrarse a lugares peligrosos en busca de sus hijos desaparecidos. Para la Guardia Nacional estos acompañamientos a las madres buscadoras no forman parte de sus prioridades institucionales.
En Guerrero la violencia ha cimbrado las estructuras de un poder decrépito que incubó en la delincuencia institucionalizada la delincuencia criminal, que sembró la corrupción y los negocios ilícitos al interior de las instituciones para robustecer la enredadera del crimen organizado. Los crímenes más atroces los cometieron poli-cías, militares y marinos. Fueron la hierba mala que hizo florecer el negocio de la droga en Guerrero y los maestros de la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones arbitrarias, los vuelos de la muerte, la irrupción en comunidades, los desplazamientos forzados, las violaciones sexuales, la tierra arrasada. En fin, la violencia del Estado que incubó al crimen organizado.

Este lunes 29 de enero presentaremos en la ciudad de Chilpancingo nuestro XXIX informe. Es un esfuerzo que realizamos con muchas dificultades, por lo que implica abstraernos del trabajo cotidiano. Escribimos para mantener viva la memoria y las luchas de un pueblo combativo.
En este fin de sexenio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, posicionó al Ejército como el principal cuerpo de seguridad que cuenta con un marco legal a modo, a contrapelo de las recomendaciones internacionales. Dispone de un amplio presupuesto federal y goza de múltiples prerrogativas con las nuevas funciones que le asignó por decreto presidencial. El instituto armado es la Secretaría que mayor reconocimiento, respaldo y protección tiene del presidente de la República, al grado que se ha transformado en su vocero y defensor a ultranza.
Con la obediencia debida y con la argucia de que los militares son el pueblo uniformado, el presidente reivindica al Ejército como una institución leal, que se comporta con bastante modestia y que en tiempos pasados sólo cumplió órdenes de los ex presidentes. Se obstina en exonerarlos de los crímenes de lesa humanidad y en todo momento los deslinda de su involucramiento en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No da importancia a los seis informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que con rigor científico desmontaron la verdad histórica. Después de conocer los pormenores de la información que encontraron en los archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala, el GIEI planteó que tanto el Ejército como la Marina tienen información vital, sin embargo, el presidente ha dicho que es falso que el Ejército no haya entregado toda la información sobre el caso Ayotzinapa. Descalificó sus hallazgos y cuestionó su trabajo.
Para el GIEI el comportamiento del Ejército en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala se debe a la colusión que se dio entre mandos y miembros del 27 Batallón de Infantería, con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Las escuchas telefónicas llevadas a cabo en el proceso judicial de Pablo Vega –preso en una cárcel de Estados Unidos– y otros en Chicago, en el 2014, muestran que había colusión de mandos militares del 27 y 41 Batallón de Infantería con el grupo criminal Guerreros Unidos. En esas escuchas se habla de pagos y relaciones con varios militares. Las mismas declaraciones de testigos protegidos han señalado que les proporcionaban dinero periódicamente para que dejaran de llevar a cabo sus acciones a Guerreros Unidos. Esto explica en parte su actuación, ocultamiento y falta de protección a los estudiantes, a pesar de la información con que contaban desde las 6 de la tarde del 26 de septiembre de 2014 y durante toda la noche.
Esta colusión es parte de las condiciones que facilitaron que se consumara la desaparición de los normalistas. La simulación que realizó el 27 Batallón durante esa noche, sin interferir en ninguno de los ataques y llegando supuestamente cuando las muertes y desapariciones ya se habían producido, tuvo además su continuidad en el ocultamiento de información, el desvío de la atención a otras supuestas razones de su no protección de los jóvenes y la negación de hechos ya probados.
Por otra parte, inteligencia militar de la Sedena tenía desde hace varios años dentro de la mirilla, a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, daba seguimiento a los jóvenes, a sus comités y asambleas debido a sus acciones y movilizaciones políticas, con un enfoque contrainsurgente. Las movilizaciones y asambleas de los normalistas eran monitoreadas por agentes de inteligencia militar –adscritos a los Órganos de Búsqueda de Información (OBI)– infiltrados entre los estudiantes y que ejercieron vigilancia tanto en Tixtla como en Chilpancingo o Iguala. Al menos tres OBIs estaban dentro de la escuela y en Tixtla. Uno de los jóvenes desaparecidos era agente activo de inteligencia y enviaba informes periódicos de las movilizaciones de los jóvenes y sus actividades (asambleas, discusiones políticas, boteo, tomas de autobuses). Otro más cursaba el segundo año y no participó en la toma de autobuses, porque era una actividad que estaba programada para los estudiantes de primer año. Los documentos de la Sedena muestran el nivel de detalle de dichos informes, así como los objetivos y focalización de personas y actividades.
La visión contrainsurgente lleva asociada un trato despectivo y discriminatorio. Una imagen negativa de los estudiantes al considerarlos como parte de la guerrilla en Guerrero y una falta de reconocimiento de su ciudadanía al calificarlos como “vándalos”. Sin esta visión estereotipada y sin acusaciones falsas de que la Normal de Ayotzinapa es un nido de guerrilleros, hubiera sido muy difícil realizar un ataque masivo y un ocultamiento de los hechos a gran escala, como el que tuvo lugar en Iguala.
La afanosa búsqueda que realizó el GIEI en los archivos de la Sedena dio con información existente en intercepciones telefónicas y en mensajes de personas relacionadas o acusadas de haber sido responsables de estos hechos. En una hoja de referencia del 5 de octubre de 2014 encontraron conversaciones entre Francisco Salgado Valladares y El Gil, donde informan que son 17 personas y que hay camas para aterrizarlos. También hay una conversación entre El Cholo Palacios y Ramón que mencionan una cueva donde tienen a los estudiantes.
Estas comunicaciones indicarían que parte de los jóvenes pudieron estar vivos días después de los hechos y que había sido llevado un grupo cerca de Lomas de Coyotes, un lugar donde probablemente fueron conducidos varios estudiantes.
Para conocer el destino de los normalistas, de acuerdo con el GIEI, es fundamental tener mecanismos de presión y colaboración, incluyendo una judicialización efectiva, que den cuenta de verdades que puedan ser comprobadas de manera efectiva y fehaciente.
Por su parte, las madres y padres exigen al presidente de la República que no encubra ni proteja al Ejército; que los mandos militares entreguen toda la información que hace falta y que no se destruyan los documentos que obran en los archivos de la Sedena, relacionados con la desaparición de sus 43 hijos.
Las autoridades de Guerrero han sucumbido ante el crimen organizado. A pesar de que la gobernadora Evelyn Salgado Pinda cuenta con todo el respaldo del presidente de la República, no hay resultados tangibles, a dos años de su administración. La presencia de la Guardia Nacional está lejos de ser un escudo para la población que se encuentra inerme ante el poder creciente de los grupos delincuenciales. La violencia se ha desatado en las principales ciudades turísticas y en Chilpancingo. En las ocho regiones se han registrado casos sumamente graves que muestran las flaquezas de un modelo de seguridad diseñado por los mandos militares que han supeditado a las autoridades civiles.
La población agraviada ha quedado al margen, se hace escarnio de las víctimas y no se escucha el clamor de justicia de las familias. Hay un distanciamiento de las autoridades del estado con la multiplicidad de actores de la sociedad civil que no encuentran una interlocución efectiva para plantear sus demandas y propuestas.
A pesar de que las comunidades campesinas e indígenas conocen el modus operandi de las organizaciones criminales, el Ejército ignora y descalifica cualquier información que da cuenta de las incursiones de estos grupos en los territorios comunales. Varios periodistas han documentado de manera directa las atrocidades que cometen, sin embargo, no prosperan sus reportes. Las autoridades en lugar de atender las denuncias y cotejar la información para poner a salvo a la población, descalifican el trabajo periodístico y más bien lo consideran como un golpeteo político que busca dañar la imagen de la gobernadora. Criminalizan el trabajo de los periodistas críticos, al ubicarlos como parte de los grupos delincuenciales.
Las autoridades comunitarias han asumido los riesgos que implica denunciar los atropellos que padecen por parte de la delincuencia. Viajan a la capital del estado en busca de las autoridades, pero todo es en vano porque se topan con la burocracia que sólo recibe papeles y no tiene disposición ni sensibilidad para atender y canalizar los asuntos. El mandato que la asamblea otorga a sus autoridades es buscar la interlocución con la gobernadora, la Guardia Nacional, el Ejército y el secretario de Seguridad Pública, para plasmar el sentir de la gente y demandar su presencia en los lugares donde la delincuencia ha desplazado a los pobladores y ha tomado el control de sus tierras. Son planteamientos de fondo que tienen que ver con la seguridad de las familias, con el respeto a su vida y su patrimonio. Su presencia es para reportar asesinatos, decapitaciones, desapariciones, desplazamientos forzados, despojos, quema de viviendas, violaciones sexuales, robo de ganado, tala ilegal de madera. Es un escenario atroz donde la ley son las balas de los delincuentes que aterrorizan a la población. En lugar de maestros y médicos hay sicarios. Las herramientas de trabajo son las metralletas y los gobernantes son los jefes de las plazas del narco.
Hay un gran abismo entre las autoridades del estado encargadas de brindar seguridad y de investigar los delitos con los representantes de las comunidades y los ejidos. Esta hondonada del olvido no sólo es por la geografía agreste y los caminos intrincados sino porque mantienen en el abandono a las comunidades que sobreviven a pesar del gobierno y la delincuencia. En los enclaves donde la delincuencia se ha ido posicionando de los territorios, hay una gran diversidad de bienes naturales y riquezas potenciales.
Los gobiernos en lugar de detonar el desarrollo con la participación de las comunidades que han sabido cuidar y respetar la naturaleza, han implantado un modelo extractivista basado en la explotación depredadora de los bosques, en el saqueo de las riquezas naturales, la destrucción del hábitat con la minería a cielo abierto y la descapitalización del campo. Lo contrastante de este paisaje megadiverso es la pobreza de sus pobladores y la sobre explotación de la mano de obra por los delincuentes.
De la Montaña y la Sierra sale la mejor producción de mariguana y heroína para las ciudades de Chicago, Atlanta y Nueva York. De las regiones más pobres de Guerrero el negocio de la droga genera millonarias ganancias que quedan en los bolsillos de la elite gobernante, los capos del narcotráfico y los mandos del Ejército. La extracción de la goma de amapola, del agua para el lavado del oro, no sólo ha devastado los territorios ancestrales de los pueblos, sino que ha chupado su sangre y agotado sus energías con jornadas de trabajo extenuantes. Son los esclavos del capital trasnacional que sufren el azote de los grupos criminales.

El pasado viernes por la noche la jueza del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales del Estado de México convocó a una audiencia de revisión de medidas cautelares de ocho militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin dimensionar la gravedad del caso y lo que significa esta determinación para las madres y padres que exigen castigo a los responsables, la jueza sin mayor preámbulo decidió cambiar la medida cautelar por una garantía de 50 mil pesos, con la obligación de presentarse a firmar cada ocho días, procediendo a recoger sus pasaportes para evitar que salgan del país. Como siempre sucede en estos casos cuando hay línea política de las autoridades superiores, se consumó el sabadazo al estilo del viejo régimen. Los militares abandonaron la prisión del campo militar número 1, donde se encontraban recluidos.
El curso de las investigaciones mostró que los militares tenían responsabilidad en un grado de omisión por la desaparición de los 43 estudiantes, además, mantenían vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos que operó su desaparición en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Existen varias circunstancias que ponen en evidencia su involucramiento: el expediente que remitieron las autoridades de Chicago mediante una cooperación internacional. La revisión que hizo el GIEI y la Covaj que presidía Alejandro Encinas, donde se encontró información objetiva de que el Ejército supo en tiempo real lo que pasó con los estudiantes, desde su salida de la Normal Rural pasando por la agresión en Iguala y al momento de su desaparición. Por lo tanto, es importante aclarar que los militares, contra los que se ejercitó acción penal, incurrieron en omisiones que favorecieron la desaparición de los 43 estudiantes.
Con estos elementos de prueba el entonces fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez, ejercitó acción penal contra 20 militares, sin embargo, por presiones políticas del Ejército, del mismo presidente de la República y del fiscal general se cancelaron en el 2022, 16 órdenes de aprehensión. Se trató de una intervención política del presidente para que no se manchara la buena imagen que tanto cuida el Ejército. Las madres y padres no cejaron en su lucha, además de exigir la entrega de los 800 folios que el Ejército se ha negado a entregar, emplazó a la Fiscalía y al presidente para que las mismas órdenes se reactivaran.
En junio de 2023 las órdenes de aprehensión retomaron su curso y fueron detenidos ocho militares acusados por delincuencia organizada, en razón de que tenían vínculos con Guerreros Unidos y por la desaparición de los 43, en grado de omisión. El 22 de junio se debatió acerca de la medida cautelar que se les debería imponer. La jueza segunda de Procesos Penales Federales en el Estado de México dijo que no estaba justificada la prisión preventiva, pero por ser un caso grave, era procedente la prisión preventiva oficiosa. El abogado de los militares interpuso un amparo contra esta decisión de la jueza. Por su parte, el juez de amparo resolvió que debería revisarse la imposición de la prisión preventiva en razón de que existen nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen que la prisión preventiva ya no opera de oficio, sino que se debe justificar. Ante este ordenamiento la jueza de la causa citó a audiencia a las partes. El Ministerio Público argumentó y defendió la necesidad de la prisión preventiva. Se logró que se otorgara, sin embargo, el defensor de los militares se inconformó y apeló la decisión mediante un recurso de revisión. El Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito de la Ciudad de México resolvió a favor de los militares, estableciendo que es improcedente la prisión preventiva oficiosa y que la jueza de la causa del Estado de México debería imponer una medida cautelar distinta de la prisión preventiva. Sin abrir debate, la jueza decidió cambiar la medida cautelar por prisión preventiva, con el argumento de que no estaba justificada la prisión preventiva oficiosa.
La jueza tenía elementos suficientes para dictar prisión preventiva justificada. Se trata de un caso grave, el tipo de delito de desaparición forzada tiene una penalidad alta. Si en el proceso los militares saben que existe responsabilidad penal por su mala actuación, es muy probable que se den a la fuga, por lo grave del delito. Otro elemento para imponer la prisión preventiva es que los militares son servidores públicos que poseen información relacionada con el caso, y por lo mismo pueden influir en la destrucción o alteración de documentos y testigos, obstaculizando seriamente el proceso. Estos elementos son motivos suficientes para que la jueza impusiera la prisión preventiva. Sucedió lo contrario, la balanza se inclinó del lado de los militares al otorgarle libertad a ocho acusados. No importó a la jueza el daño inconmensurable que cusa a las 43 familias y a los estudiantes de la Normal. Es sumamente ofensivo para las víctimas que esta medida la hayan otorgado de manera expedita, como si se tratara de una urgencia para poner en libertad a los ocho militares.
Ante esta determinación contraria a los derechos de las víctimas, corroboramos que el caso Ayotzinapa va en franco retroceso. Hay un golpe de timón dado por el presidente de la República para encubrir a los militares e impedir que se procese a todos a los que se les dictó orden de aprehensión. Por otra parte, la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa está casi desmantelada. Está un fiscal que carece de independencia, que está más al servicio del Poder Ejecutivo. No impulsa las líneas de investigación que son medulares en el caso, por ejemplo la extradición de Tomás Zerón que no se ha tocado. Las líneas de investigación que tienen que ver con el paradero de los 17 jóvenes detenidos es un asunto marginal para el fiscal. De igual manera sucede con un imputado, Ulises Bernabé, que era director del centro de detención de barandilla en Iguala, que hoy está asilado en Estados Unidos. Tiene una orden vigente, cuenta con una ficha roja de la Interpool y hasta la fecha no ha sido localizado en Estados Unidos. No ha avanzado su proceso de extradición, cuando es un testigo clave que puede ayudar a esclarecer el caso.
Vemos que no existe interés en el funcionario en que estas líneas de investigación avancen. Está más enfocado en atender los requerimientos del presidente y en poner zancadillas en lo que publicó el GIEI en sus seis informes.
Lo mismo acontece con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, cuyo presidente renunció en condiciones de mucha tensión y en medio de un debate, ante la negativa de los militares de poner a disposición la información relacionada con el caso. Presentó su renuncia el presidente de Covaj, Alejandro Encinas y fue nombrado un nuevo subsecretario, Arturo Medina, con un perfil que no tiene el conocimiento del caso, ni la confianza de las madres y padres. Tampoco posee la fuerza que se requiere para que avancen los trabajos de la comisión.
Pasa lo mismo que con el fiscal especial, está al servicio del Ejecutivo y está reproduciendo la lógica con la que aborda el caso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se presta para interferir en la organización de las madres y padres de los 43 para fragmentar su unidad. Opta por dialogar con un pequeño grupo de padres que tienen intereses contrarios al esclarecimiento de los hechos y al conocimiento de la verdad, y que están más al servicio de la familia Abarca. Hay un gran empeño en fracturar la organización de los padres y madres de familia. El subsecretario ha ofrecido revisar los archivos del Ejército cuando no tiene claro qué expedientes tiene que indagar. Se requiere un conocimiento exhaustivo de las líneas de investigación. No puede hacerse una revisión generalizada sin ton ni son. Sin embargo, como esa es la instrucción presidencial, de ofrecer la apertura total de los archivos, cuyo objetivo es limpiar la imagen del Ejército porque seguramente no se podrán encontrar documentos relacionados con los 43. Es una revisión condenada al fracaso porque no está estrechamente vinculada con las líneas de investigación. Al no encontrar nada se lavará la imagen del Ejército.
El plan es dividir a los padres de familia, confrontar a las organizaciones de derechos humanos que los acompañamos y desviar la atención de los 800 folios que solicitan los papás. En medio de este maremágnum, se dio en la madrugada de este sábado 20 la liberación de ocho militares. Hace un mes también le otorgaron la libertad al general Hernández Nieto. Sólo permanecen cinco militares acusados de delincuencia organizada: el coronel Rodríguez Pérez que era coronel del 27 Batallón de Infantería, siendo el de mayor grado. Se encuentran además Eduardo Mota, Fabián Alejandro Pirita y José Martínez Crespo. Los tres últimos también están procesados por la desaparición de los 43 estudiantes. Otro militar que continúa en prisión es Francisco Narváez, quien decidió llevar su defensa de manera separada.
Lamentablemente estamos en el mismo escenario de septiembre de 2022, cuando cancelaron las 20 órdenes de aprehensión y renunció el fiscal especial Omar Gómez Trejo. Sólo quedan en prisión los que previamente acordaron los mandos militares con el fiscal general. Los pactos de protección e impunidad al Ejército siguen vigentes en la 4T.