El paro de labores de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por la devolución del ISR cumplió una semana en la sede de Chilpancingo y en los juzgados de los 18 distritos del estado, sin ningún acercamiento de las autoridades, denunciaron los inconformes que el lunes pasado cerraron Ciudad Judicial en la capital del estado y se instalaron en plantón frente a las instalaciones.
En entrevista telefónica, indicaron que la secretaria general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Adela Hernández Angelito visitó dos veces el plantón a media semana, aunque apoya su movimiento, aclaró que no puede avanzar mientras el presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez, no se acerque a los inconformes.
Señalaron que extraoficialmente saben que el Consejo de la Judicatura que conforman los magistrados, se ha reunido en el hotel Holiday Inn para sesionar. Precisaron que lo habitual es que el Consejo sesione cada 15 días, y durante la protesta, el pleno sea permanente hasta resolver el problema, pero no han intentado ningún acercamiento con la base trabajadora.
No ha funcionado como medida de presión, la suspensión de todas las diligencias en el estado, porque en Chilpancingo, cerraron las cinco puertas del Ciudad Judicial, y a nivel estatal se sumaron los 18 distritos judiciales, afirmaron.
Antes del plantón, señalaron que el presidente les dijo que el ISR se aplicó a bonos de fin de año, aguinaldo y hasta a la caja de ahorro, por los ajustes al Sistema de Administración Tributaria, que no puede absorber el poder judicial. Por ello, les dijeron que ni los magistrados recibieron bonos, y que el déficit financiero del Poder Judicial es de 60 millones de pesos.
Los inconformes aclararon que no les dieron elementos para comprobar lo dicho, y el TSJ tampoco maneja de manera transparente el ejercicio de su presupuesto. No hay en la página oficial, información que dé cuenta de cómo se gasta el dinero. Tampoco se sabe a qué se destina el dinero que les descuentan cada quincena por retardos o inasistencias a los trabajadores.
Explicaron que es muy difícil que, al justificar el retraso o la ausencia, la administración devuelva el dinero descontado. Estimaron que, con estos recursos se puede atender la demanda de los trabajadores, de restituir el ISR.
La inconformidad de los trabajadores es el cobro doble en diciembre de ISR, que sólo debería aplicarse una vez por quincena, señalaron.
Sobre la protesta estatal, afirmaron que los trabajadores en plantón pertenecen a tres secciones del SUSPEG en el estado, y no ha habido ninguna actividad oficial en los juzgados.
Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado que están en paro y en plantón afuera de Ciudad Judicial en Chilpancingo desde el lunes Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes / Argenis Salmerón / Brenda Escobar / Israel Flores / Redacción
Chilpancingo / Acapulco / Zihuatanejo / Iguala / Ciudad Altamirano
Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) continuan en paro laboral para exigir incremento salarial del 14 por ciento retroactivo a enero y el pago de bonos.
Los trabajadores del TSJ del estado que están en paro y en plantón afuera de Ciudad Judicial, al sur de Chilpancingo, a partir de ayer liberaron el carril de norte a sur del encauzamiento del río Huacapa que mantenían bloqueado desde el lunes cuando inició su movimiento.
Sin embargo, los paristas, agremiados a la sección 62 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado (SUSPEG) continúan en paro laboral, que comenzó el lunes, y en el plantón afuera de Ciudad Judicial, cuyas instalaciones siguen cerradas derivado de la protesta.
Los trabajadores del TSJ de Acapulco, Zihuatanejo, Petatlán, Coyuca de Catalán, Cutzamala, Iguala, Taxco cumplieron dos días en paro.
Ayer continuaba una reunión que comenzó el miércoles entre personal de la Secretaría de Finanzas y Administración estatal y el presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez con la dirigencia de la sección 62 del SUSPEG que encabeza Margarita Sánchez Azabay.
Por la mañana se informó por parte de los trabajadores en paro que sabían que había avances y que podría haber acuerdos ayer mismo para dar por terminada la protesta, pero por la noche se informó que el movimiento continuaba.
Los trabajadores se mantuvieron ayer afuera de las instalaciones de Ciudad Judicial protegidos por carpas, mientras que policías estatales resguardan la entrada principal del inmueble.
A cuatro días de que inició el movimiento laboral encabezado por el SUSPEG, la dirigencia del Sindicato Independiente de Trabajadores del Poder Judicial, emitió un comunicado en el que aseguró que los líderes de la sección 62 engaña a las bases.
Explicó que el incremento salarial del 14 por ciento que logró el Comité Central del SUSPEG sólo fue para los trabajadores de las secciones que laboran directamente para el gobierno del estado.
“Los representantes seccionales del SUSPEG con la venia de su dirigencia central continúan con la mentira al decir a sus afiliados que laboran en el Poder Judicial, que tienen autorizado el aumento salarial, retroactivo y otros conceptos, alegan que esa dirigencia los habría obtenido por gestión ante el Poder Ejecutivo, afirmando que por ello sólo a los suspegistas les corresponde el beneficio”, agregan.
Pero aseguraron que esto es “mil veces falso; lo cierto es que lo que haya obtenido el SUSPEG ante el Poder Ejecutivo en su carácter patronal, sólo es aplicable y exigible en el ámbito de ese Poder con respecto a los servidores públicos que son sus trabajadores, pero no respecto de los otros dos poderes, organismos autónomos ni de los municipios, porque todos estos tienen autonomía en su administración y relaciones laborales con sus respectivos trabajadores”, explicó en su comunicado.
Agregó que en el caso del Poder Judicial “la gestión que debemos hacer como sindicatos que agremian trabajadores de este poder, es ante el Consejo de la Judicatura como su órgano originario de administración, el cual deberá autorizar el aumento salarial y definir el monto y cómo se aplicará, en su caso, previo acuerdo o negociación con los sindicatos, en atención a sus solicitudes y a los recursos presupuestales disponibles”.
La dirigencia del Sindicato Independiente informó que en este año ellos formularon una solicitud de incremento salarial a favor de todos los trabajadores del Poder Judicial ante el presidente del Consejo de la Judicatura, “y ha mantenido la gestión ante ese órgano para ese propósito, inclusive, coadyuvando a su vez en la gestión del recurso presupuestal extraordinario, que, para posibilitar el aumento salarial solicitó a dicho Consejo a través de la Secretaría de Finanzas y Administración Estatal”.
Aseguró que “no se tiene dato que el SUSPEG haya presentado solicitud formal de aumento salarial, y en cambio, se tiene el dato (no confirmado oficialmente) que la solicitud de la ampliación presupuestal referida, partió de la base de nuestra petición formal de aumento salarial”.
Acapulco
En Acapulco, los trabajadores de los juzgados de lo Familiar de Caleta, del Penal y Ejecución ubicados en el penal de Las Cruces, continuaron por segundo día en paro de labores para exigir el aumento salarial 14 por cierto.
En declaraciones a reporteros, la integrante de la sección 21 del SUSPEG y de la cartera de Prevención Social, Rosalba Anzastiga Reyes dijo que la Secretaría de Finanzas del estado ofreció el 10 por ciento de aumento de salario, pero los trabajadores no aceptaron la propuesta.
Ejemplificó que a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Tribunal de lo Contencioso le incrementaron el 14 por ciento, “no es justo, es algo que ya está autorizado por la gobernadora”.
“Seguimos en la misma línea, en la misma lucha, no nos vamos a levantar, no vamos a entregar las instalaciones a nivel estado hasta sea cubierta cada una de las peticiones”, sostuvo.
Anzastiga Reyes contó que la toma de las instalaciones comprende las 24 horas y no hay guardias en la noche, “todos nos quedamos, traemos ropa y comida”.
Reiteró que en Acapulco hay 130 trabajadores afiliados al SUSPEG en la sección 21 en los juzgados de lo Familiar.
Zihuatanejo
Este jueves, los trabajadores sindicalizados afiliados al SUSPEG del TSJ en los municipios de Zihuatanejo y La Unión, siguieron en paro laboral y advirtieron que se mantendrán en pie de lucha hasta que la secretaria general del Comité Central les informe algún avance en las negociaciones.
Ayer, uno de los trabajadores de la sección 48 del SUSPEG que se mantenían en la protesta en la entrada principal del Palacio de Justicia en Zihuatanejo, precisó que ellos pertenecen al Distrito Judicial de Azueta, que comprende los municipios de Zihuatanejo y Petatlán, mientras que sus compañeros de la sección 23, en el municipio de La Unión, pertenecen al Distrito Judicial Montes de Oca abarca La Unión y el municipio de Coahuayutla.
El representante de la sección 48, José Alfredo García, informó que durante el transcurso de este jueves, acudieron “como dos, tres personas que venían por algunos trámites, pero netamente burocráticos, no eran cuestiones ya más delicadas como detenidos, ahorita no ha habido, pero la indicación es que a los detenidos se van a dejar pasar, las audiencias se posponen nada más, se les da nueva fecha”.
Luego, adelantó que si durante la tarde de este jueves no había avances, se volverían a organizar para hacer guardia durante la noche como ocurrió del miércoles para amanecer este día.
Iguala
Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia, (TSJ) de Iguala, también continuaron en plantón y paro de labores en Ciudad Judicial, ante la falta de respuesta a su pliego petitorio.
Los más de 40 trabajadores adheridos a la sección 10 del SUSPEG reiteraron sus demandas.
El secretario general de la sección 10 del SUSPEG en Iguala, Nabor Céspedes Aparicio y la Secretaria de Actas y Acuerdos de la sección 10, Rosalba Román Estrada, manifestaron que continuará el paro indefinido de labores debido a que no les dieron una respuesta las autoridades, incluso dijeron que no han concluido con la negociación.
En cuánto a los trámites que se realizan en el Palacio de Justicia, Rosalba Román comentó que llegaron a un acuerdo con las personas para que no se vean afectados y dan acceso solamente a los juicios de personas detenidas “porque no queremos violentar ningún derecho y somos respetuosos de lo que están pasando”.
Sin embargo, dijo que las audiencias familiares, civiles del Juzgado de Paz están paradas, pero que en cuestión de detenidos se llevan a cabo a través de una lista que les facilitaron para las audiencias de los juicios orales.
La dirigente sindical, afirmó que no fueron suspendidas las convivencias familiares ni de medidas cautelares. Dijo que sacaron los libros y están dando atención en otro lado.
Tierra Caliente
En la región de la Tierra Caliente se mantienen sumados los trabajadores del Poder Judicial del Estado al paro laboral en el municipio de Coyuca de Catalán donde están los juzgados Penal y el Civil, pero también el juzgado del municipio de Cutzamala de Pinzón.
Por segundo día consecutivo se mantienen cerradas las oficinas a cualquier tipo de actividad.
Las diferentes audiencias que estaban programadas fueron pospuestas hasta nuevo aviso y en espera de que se logre un acuerdo cerca de las demandas que tienen los trabajadores.
Activistas marchan en Ayutla para exigir la búsqueda de sus desaparecidos, en la imagen una mujer porta una foto de Vicente Suástegui del Cecop Foto: Cortesía Prensa Informa
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Integrantes del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos (FNLP), marcharon este jueves en Ayutla, para exigir al gobierno estatal, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la liberación de presos políticos, y al gobierno estatal que atienda el “grave problema” de los desaparecidos y de los desplazados por la violencia.
Los cerca de 200 manifestantes, encabezados por el coordinador del FNLP, Hoguer Morales Miranda, se concentraron cerca del mercado municipal de donde caminaron por la carretera Ayutla-Tierra Colorada y llegaron a la Casa de los Pueblos donde realizaron un mitin y le manifestaron su apoyo al primer coordinador del gobierno municipal por el periodo 2021-2024, Ysabel de los Santos Morales, quien había sido desconocido por un grupo de coordinadores encabezado por José Gregorio Morales Ramírez.
En la marcha participó la esposa de Vicente Suástegui,
Samantha Colon Morales, al cumplir 17 meses de su desaparición.
Después caminaron hacia las oficinas de la Agencia del Ministerio Público, donde exigieron a los funcionarios que le transmitan a la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón que atienda el “grave problema” de los desaparecidos.
Morales Miranda denunció que en los últimos días en Ayutla están ocurriendo muchas desapariciones, la mayoría de niñas y que la Fiscalía General del Estado (FGE) no investiga.
“Hay muchos compañeros que están desaparecidos. El mismo gobierno está desapareciendo a personas y exigimos la presentación de todos los desaparecidas”, dijo el dirigente del FNLP y recordó que después de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa ya van miles de desapariciones en el país.
En ese mismo lugar, Morales Miranda dijo que las agencias del Ministerio Público, tienen que dar atención inmediata a la demanda de las desapariciones forzadas que hay a lo largo y ancho del estado.
Pero denunció que estas instancias no hacen lo que debe hacer porque no cuentan con el material suficiente, “ni si quiera hojas hay para integrar las carpetas de investigación”.
Ahí mismo exigieron la libertad de los presos políticos.
Morales Miranda informó que en el penal de Ayutla hay cinco de ellos que reclaman su libertad, entre ellos mencionó los casos de los desplazados de la Laguna de Coyuca de Catalán Gildardo Díaz Pérez y Ubaldo Santana Alonso, “presos por delitos fabricados desde la Fiscalía”.
El dirigente del FNLP exigió que la FGE y el TSJ atiendan de manera pronta el caso de los presos políticos, y denunció que desde los ministerios públicos “salen todos los expedientes chuecos para encarcelar a presos políticos”.
Dijo que el 70 por ciento de las personas que están encarcelados son inocentes porque se inventan los delitos en los ministerios públicos.
Agregó que los presos políticos están privados de su libertad sólo porque han luchado por su comunidad y por su territorio, por su seguridad, por organizarse “y eso al gobierno no le gusta por eso les fabrica delitos”, denunció.
Aseguró que en las cárceles de Guerrero hay decenas de presos por motivos políticos, que tienen que ser liberados.
El dirigente social, también pidió al gobierno estatal que resuelva el problema del desplazamiento forzado interno que sufren cientos de familias, sobre todo niños, niñas, jóvenes y ancianos a los que más les afecta el fenómeno del desplazamiento.
Reprochó que a pesar de que el problema es grave en Guerrero este no es atendido por el gobierno.
En la jornada de protesta del FNLP se incluyó la develación de un mural con los rostros de algunos de los desaparecidos, entre ellos el de Vicente Suástegui, en el centro de la cabecera municipal.
Integrantes de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en conferenca de prensa en Acapulco Foto: Jesús Trigo
Jacob Morales Antonio
Organizaciones de defensoras de los derechos de las mujeres exigieron al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez que dé a conocer cuántas mujeres están presas bajo las causales de homicidio en razón del parentesco e infanticidio.
En conferencia de prensa en el restaurante Mar y Tierra en Acapulco, la abogada de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, Ana Gabriela Candela Garzón leyó un comunicado en el que habló de la liberación de la joven nahua Aurelia García Cruceño quiene estuvo presa tres años en el penal de Iguala acusada de aborto.
Sostuvo que Aurelia fue excarcelada luego de que el 17 de mayo se aprobó la despenalización del aborto en Guerrero y destacó que su caso sienta un precedente importante para que otras mujeres acusadas del mismo delito o similares puedan salir de las cárceles.
Recordó Candela Garzón que hace 3 años la Red Guerrerense solicitó la Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado, la cual fue decretada para Guerrero en julio de 2020 y hay 13 medidas que cumplir como la prevención, la seguridad, la justicia y la reparación del daño, con el objetivo de posicionar al aborto como un tema de salud pública y no penal.
Expresó que entre las activistas hay preocupación porque el gobierno del estado no tiene acciones concretas para cumplir las medidas y que ha sido insuficientes los esfuerzos para garantizar una vida libre de violencia y que más bien las consecuencias persisten, violando los derechos humanos de las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes del estado.
Candela Garzón detalló que entre las medidas está la revisión de los casos judiciales de las mujeres encarceladas y acusadas por el delito de homicidio en razón de parentesco. Destacó que esta tarea es responsabilidad del TSJ porque los delitos de aborto y en razón de parentesco son jurídicamente distintos, y por eso se afirma que no hay mujeres encarceladas por el delito de aborto.
Sin embargo, resaltó que las organizaciones sociales han documentado que cuando las mujeres enfrentan procesos penales por embarazos o partos, llegan a ser acusadas por homicidio en razón de parentesco, “este hecho se utiliza para criminalizar a las mujeres aún cuando el aborto se produce de manera espontánea como fue el caso de Aurelia”.
Afirmó la activista que en la actualidad no hay datos precisos de cuántas mujeres hay encarceladas por el delito de homicidio en razón de parentesco o infanticidio debido a que no se ha cumplido con esta medida.
Comentó que la Red ha documentado el caso de Mayra Onofre Gómez otra mujer presa también en la cárcel de Iguala acusada de aborto y para ella pidió “a las instituciones revisen con prontitud el caso pues merece ser liberada igual que Aurelia”.
Enfatizó que las medidas de reparación del daño son responsabilidad del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, y resaltó que es desde ahí donde se debe de establecer la compensación, la reparación y la satisfacción en búsqueda de reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas para garantizar las medidas de no repetición, “este es el siguiente paso para Aurelia”.
Remarcó que como solicitantes de la declaratoria de la AVG, la Red Guerrerense exige acelerar el cumplimiento de ésta, sobre todo la revisión de los expediente de la mujeres presas relacionadas con el delito de aborto y que además se publique y cumpla con el plan de reparación de daños para Aurelia y otras mujeres.
Candela Garzón indicó que también piden que los trabajadores del Poder Judicial sean capacitados con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, y que cese la criminalización de las víctimas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres.
En su participación Cecilia Garibe Gire del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) comentó que el caso de Aurelia evidencia cómo se criminaliza a la mujer desde un prejuicio, y que este delito debe de derogarse “hay una constante violación a los derechos humanos” además de la falta de acceso a los servicios de salud, y la denuncia del personal de salud antes de atender y proteger a la víctima.
Otra de las activistas de la Red Guerrerense, Renata Gonzalez sostuvo que es el presidente del TSJ es quien debe de aportar la información de las mujeres encarceladas por el delito de homicidio en razón del parentesco e infanticidio porque es una de las medidas decretadas en 2020 con el decreto de la AVG por agravio comparado “esta petición no se hace ahora, es una medida que se debió de cumplir años atrás”.
En la conferencia también estuvieron Elizabeth Plácido Río de Católicas por el Derecho de Decidir-México y Ninde Molre de AbortistasMx.
Con 23 años de edad, de los cuales tres años y dos meses pasó en prisión por un delito que no cometió, Aurelia García Cruceño, hablante del náhuatl y español, se dice fortalecida para enfrentar la vida en libertad y lograr su anhelo de ser maestra.
En entrevista telefónica sobre su nueva vida, tras la absolución que obtuvo del delito de homicidio en razón de parentesco, del que fue acusada después de un aborto en un parto fortuito el 2 de octubre de 2019, señaló que quiere trabajar y estudiar la preparatoria abierta.
No le teme al trabajo, pues desde pequeña ayudó a sus abuelos en las faenas de la casa y en el campo en Xochicalco, municipio de Chilapa.
Indicó que estudió hasta secundaria en Zizicazapa, a una hora caminando y media hora corriendo de Xochicalco; aunque intentó continuar la preparatoria en El Jagüey, su familia no tuvo dinero para cubrir el ingreso.
“Me quedé en mi pueblo, ayudando a mis abuelos, y a mis papás que también estaban ahí”, dijo
Fue en Xochicalco donde fue abusada sexualmente por una persona que debía cuidarla. Ahora y durante los siguientes años quiere olvidar la violencia que padeció entonces.
Ya se ha documentado que, al descubrirse embarazada, Aurelia huyó a casa de una tía a Iguala, donde tuvo un parto sin atención, que concluyó en un aborto.
Su tristeza aumentó cuando, de un cuarto de hospital la llevaron a prisión, sin entender la razón.
“En una celda estábamos cinco, los primeros días no podía salir, luego me dijeron que ya podía estar en el patio y ya podía hablar con mi familia (por teléfono). No podía creer que estaba en la cárcel” expresó.
Se adaptó para sobrevivir en el penal en donde conoció a otra mujer que fue acusada también por homicidio en razón de parentesco.
Explicó que antes de la defensa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el poder Judicial cambió dos veces a sus abogados, “yo confiaba en ellos, pensé que estaban haciendo bien las cosas”, indicó.
El resultado fue una sentencia de 13 años de prisión en un juicio abreviado, anulados en un proceso de apelación.
En la audiencia de fallo de reposición del juicio, donde la jueza Mariela Alfaro Zapata presentó los argumentos de la sentencia, Aurelia García Crucena, reconoció que tuvo miedo de que la declararan culpable, pero en la medida que avanzaba la lectura que señalaba “como ocurrieron las cosas”, recuperó la esperanza.
Aunque habla con fluidez el español, no pudo explicar en terminos su libertad. “Me sentí emocionada, cuando dijo que ya no iba a estar en la cárcel” dijo.
Admitió que aún tiene miedo, pero recibió muchos ánimos de sus compañeras, de su familia y de las activistas que abanderaron su causa, “tengo que salir adelante, no quiero ver atrás”.
María Onofre, otro caso como el de Aurelia: organizaciones
En el seguimiento del caso de Aurelia, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, el Observatorio de Violencias hacia las Mujeres, y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio denunciaron que el gobierno del estado y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no ha atendido las medidas de la Alerta por Agravio Comparado, para resolver y atender casos como el de Aurelia.
Recordaron que el TSJ debe hacer la revisión de expedientes de delitos de aborto y homicidio en razón de parentesco, que hasta hoy sólo han sido visibles las organizaciones de mujeres.
Indicaron que en las mesas de trabajo con autoridades presentaron también el caso de María Onofre Gómez, recluida en el mismo penal que Aurelia, bajo la misma acusación: homicidio en razón de parentesco.
Recordaron que, aunque se consiguió la libertad de Aurelia, aún quedan muchos pendientes por resolver para ella y las mujeres recluidas por algún delito relacionado con el aborto.
Subrayaron que justamente una de las medidas incluidas en la actualización de la Alerta por Violencia de Género contra las mujeres de Guerrero por agravio comparado, es la reparación del daño a mujeres en prisión por causas relacionadas con abortos, y garantías de no repetición.
También mencionaron que dan puntual seguimiento y están a la expectativa de cuáles serán las acciones que las instituciones responsables, como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), emprenderá para Aurelia, siendo paradójicamente una de las instituciones que la acusó.
Esto, porque abogados de la CEAV representaron la defensa del producto del embarazo, en el caso del Estado contra Aurelia.
Indicaron que son 13 medidas pendientes, relacionadas con la capacitación y profesionalización de servidores públicos en perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, para dar un trato digno a las víctimas y a las defensoras, algo que carecen, como constataron en el juicio de Aurelia.
Urgieron al poder judicial a juzgar con perspectiva de género, y que abandonen “pensamientos misóginos” que criminalizan a las mujeres.
Finalmente, exigieron que se publique y se cumpla un plan de reparación del daño para Aurelia, y todas las mujeres que hayan perdido años de su vida, detenidas en prisiones por delitos que no cometieron.
Además, que no se criminalice a las defensoras, que, como en el caso de Aurelia, fueron obligadas a no hablar del caso en los medios, después de que fueron advertidas por la juez, que serían acusadas de obstrucción a la justicia.
Trabajadores administrativos no sindicalizados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informaron que en la segunda quincena de noviembre el Poder Judicial cumplió con el pago del retroactivo a enero del 13 por ciento de incremento salarial, como se comprometió el presidente Raymundo Casarrubias Vázquez.
Sin embargo, denunciaron que hay indicios de represión en contra de algunos trabajadores que participaron en el paro laboral y la toma de Ciudad Judicial de Chilpancingo en octubre pasado, cuando pidieron el pago de ese incremento y un bono sexenal.
Además, denunciaron que hace falta el cumplimiento de otras peticiones que se establecieron en el pliego petitorio que se firmó para levantar el movimiento laboral de octubre.
“Si, nos cumplió el presidente al depositarnos a toda la base trabajadora del Poder Judicial del estado el retroactivo que año con año se nos ha venido dando”, declaró una de las trabajadoras.
Agregó que, incluso, a sus compañeros de otras categorías también les hicieron el depósito, “algo que en años anteriores, como de 5 a 6 años atrás, no se había hecho”, reconoció.
Sin embargo, a condición de que se omitiera su nombre por las represalias, denunció que “ya se oye que quieren cambiar de su área a algunos compañeros que participaron en el paro laboral de octubre”.
Agregó: “de hecho ya hubo una que otra represión; a algunos compañeros para ir por sus hijos les otorgan un vale de tiempo, y para ir a almorzar ya no quieren que salgan (de su centro de trabajo), y algunos que no reciben compensación se quedan más tiempo, a veces hasta las cinco de la tarde, cosa que no se hacía antes del paro”.
Declaró que sus superiores argumentan que la medida es por la necesidad del trabajo, “pero antes había más trabajo y no se les hacía eso, no se les exigía quedarse más tiempo, pero esto es como consecuencia del paro”, aseguró.
Otro trabajador informó mediante mensajes de whatsapp que si bien el TSJ cumplió con el pago del retroactivo a enero, aún faltan algunos acuerdos de la minuta “y se espera que se cumplan”, entre ellas el pago del bono navideño, pues el presidente del Tribunal Raymundo Casarrubias a cambio de este bono les dijo que les haría una fiesta de fin de año, lo cual rechazaron.
Agregó que también falta el pago de las becas para los hijos de los oficiales administrativos, así como la regulación laboral de algunos de sus compañeros “que llevan varios años cubriendo la plaza de otros” y que han venido pidiendo que les otorguen sus bases “y se nos reconozcan los años de meritorios”, indicó.
El 23 de noviembre el TSJ informó mediante un boletín de prensa que el presidente del Poder Judicial Raymundo Casarrubias Vázquez y la dirigente estatal del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, se reunieron para dar seguimiento a los acuerdos establecidos respecto a las fechas de pago del retroactivo salarial, fondo de ahorro y bono decembrino, para los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia.
En la reunión estuvieron presentes el director de Administración y Finanzas, Antonio Sebastián Ortuño; la delegada sindical de la sección 62 del SUSPEG Margarita Sánchez Azabay y secretarios seccionales del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez informó que la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá, Nestora Salgado García puede entrar y salir libremente de Guerrero, sin temor a ser detenida por la Fiscalía, porque no existe ninguna orden de aprehensión en su contra.
“Ya no tengo ninguna orden de aprehensión en contra de ella, teníamos esas tres por las que decretaron su libertad”, agregó.
Vía telefónica, el fiscal Olea Peláez señaló que su dependencia no está promoviendo ningún recurso legal contra la lideresa de la CRAC.
Este viernes en la mañana, tras dos años siete meses en prisión fue puesta en libertad Nestora Salgado, quien fue acusada de secuestro y otros delitos.
El fiscal sostuvo que, el único órgano que podría revocar el auto de libertad es el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a través de los magistrados que “conozcan el asunto”.
A pregunta expresa sobre si la Fiscalía tiene o no alguna investigación activa en contra de Nestora Salgado, el funcionario dijo que ninguno, pero advirtió que no puede dejar de cumplimentar lo que un juez llegue a ordenar.
“Ninguno… ninguno… ninguno, quiero reiterar que todos los procesos que se iniciaron contra Nestora Salgado no los inició el fiscal Xavier Olea”, dijo.
“Yo hago una manifestación jurídica, porque el Ministerio Publico tiene el deber de interponer el recurso de apelación, eso es todo, yo nunca he dicho que estoy en contra del auto de libertad que le dictó un juez”, señaló.
Explicó que el Ministerio Público, durante el proceso se convirtió en un órgano acusador, por lo que está obligado a apelar, pero le corresponderá a las salas penales resolver.
“El órgano acusador, que es el Ministerio Público, ya no investigador porque, repito somos parte del proceso, entonces ya será el Tribunal Superior de Justicia quien resuelva al efecto, si confirma su libertad o revoca su libertad”, agregó.
A pregunta expresa sobre si tenía conocimiento de que iniciará el proceso de apelación el órgano acusador, dijo que tres días después de que se le notifique sobre la libertad se inicia el proceso.
Aclaró que el proceso siempre se aplica en cualquier persona que haya sido condenada, por lo que el Ministerio Público tiene que interponer una apelación por el auto de libertad únicamente.
“Es decir, si al Ministerio Público le dejan en libertad a un reo, el tiene la obligación de interponer la apelación, porque el Ministerio Publico, primero, es autoridad cuando investiga, y luego es parte en el proceso”, detalló.
Se le preguntó entonces qué ministerios públicos presentarían la apelación, a lo que respondió que le corresponde a los adscritos a los tres juzgados que le dictaron su libertad.
A pregunta expresa sobre si él tenía conocimiento sobre el inicio de la apelación por el auto de libertad, dijo que no, e insistió en que la instrucción siempre es que se “apele sea quien sea”.
Detalló que un proceso de apelación versa sobre el auto de libertad que le fue concedido, únicamente, ya que el Ministerio Público no inicia ninguna averiguación.
Dijo que el Ministerio Público que esté en las salas correspondientes tendrá que hacer agravios en contra de la resolución del juez, y éste a su vez al juez superior, que son tres magistrados los que tendría que resolver en definitiva.
“Si fuera al revés, que a ella se le dictara auto de formal prisión, ella puede apelar y luego irse al amparo, nosotros no, también en este caso están las víctimas del delito… si me preguntan si ya apelaron las víctimas del delito, les contesto que lo ignoro”, sostuvo.
Las presuntas víctimas apelan los fallos de los jueces
Las presuntas víctimas de secuestro, de los que absolvieron a la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado García, porque no se configuró el cuerpo del delito, presentaron recursos de apelación contra los autos de formal prisión de las causas penales 05/2014, 48/2014-II y 50/2014-II
Los acuerdos, publicados en internet, indican que los recursos de revisión se presentaron el 16 de marzo pasado, luego de que los jueces dictaron los autos de formal prisión, sin embargo, la defensa estimó que las pruebas de descargo son bastante sólidas para que se desechen, por improcedentes.
La abogada de Defensa Estratégica de Derechos Humanos, Amanda Rivero Espinosa explicó que los recursos de apelación fueron turnados a la Sala Colegiada del Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde pueden resolver la confirmación y el revocamiento de libertad.
Aún así, quienes se sienten agraviados pueden recurrir a un amparo indirecto para inconformarse, para confirmar o revocar el auto de libertad.
Los abogados de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, Sandino y Amanda Rivero Espinosa entregaron los exhortos en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de las declaraciones preparatorias que presentó este viernes en la Ciudad de México, para agilizar el proceso; y a partir del lunes inicie el plazo de 72 horas para que los jueces de Guerrero resuelvan su situación jurídica.
Este viernes, Salgado García presentó su declaración preparatoria de tres nuevos procesos penales, sin asistencia consular, y vía telefónica el abogado Sandino Rivero Espinosa informó que se esperaba que los jueces resolvieran su situación jurídica, de formal prisión o libertad, el jueves o viernes.
A la 1 de la tarde de ayer, los abogados Sandino y Amanda Rivero Espinosa acudieron con el secretario General de Acuerdos de la sede del TSJ, en el Zócalo de la capital, para entregar la documentación.
Posteriormente, en declaraciones los abogados informaron que, a partir del lunes el TSJ será el responsable de enviar los expedientes a los jueces de Tlapa, Ayutla y Huamuxtitlán e iniciará el plazo de 72 horas para resolver la situación jurídica de su defendida; esperan que el miércoles o jueves se notifique a la coordinadora de la Policía Comunitaria su situación jurídica.
Amanda Rivero explicó que los tres nuevos procesos contra Nestora Salgado son secuestro, robo, y privación de la libertad y de tentativa de homicidio, por lo que los jueces enviaron una notificación para que en un juzgado de la Ciudad de México la luchadora social hiciera sus declaraciones preparatorias.
Después de las declaraciones de Nestora Salgado, acudieron al TSJ para entregar los exhortos porque el Tribunal es el encargado de distribuirlos a los juzgados de Guerrero, y esperan que se entreguen a más tardar este lunes, cuando comenzará a correr un lapso de 72 horas para que los jueces determinen la situación jurídica de la fundadora de la Policía Comunitaria en Olinalá.
Sandino Rivero manifestó que, durante las administraciones de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez sólo hubo “mala fe en el caso de Nestora Salgado”, porque durante estas dos administraciones sólo dispusieron del conflicto políticamente.
La jueza de Primera Instancia de lo Penal en Tlapa, Leonor Mojica Arroyo fue cambiada al Distrito judicial de Galeana, en Tecpan, después de que la defensa de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García denunció irregularidades en su actuación, y familiares del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Tixtla, Gonzalo Molina González, exigieron que la separaran de los casos.
El abogado de Salgado García, Sandino Rivero informó que la jueza fue separada de los procesos con su secretario de acuerdos hace dos semanas. A través de fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se conoció la nueva adscripción.
En la Ciudad Judicial, Sandino Rivero recordó que la jueza puso una serie trabas en el proceso penal contra Salgado García que, más allá de formalidad obedecía a “un interés perverso” o, mínimo, a falta de diligencia.
Entre las irregularidades más evidentes, señaló un recurso de apelación para exigir la reposición de todos los procedimientos desde su detención, porque la luchadora social nunca recibió asistencia consular por su doble nacionalidad mexicana-estadunidense. Recordó que mediante un escrito de las autoridades estadunidenses, se confirmó la doble nacionalidad de su defendida y, por ley se solicitó la reposición de todas actuaciones, pero la jueza no lo vio así.
A través de un recurso de inconformidad, la apelación llegó a los magistrados de la Cuarta Sala Penal que devolvieron el expediente a la jueza con un llamado de atención porque omitió notificar a Nestora Salgado que tiene derecho a nombrar a un abogado en segunda instancia, y la respuesta se retrasó varios meses, porque ni siquiera se ha admitido.
Por otro lado, recordó que existe otro recurso legal pendiente de solución, un incidente de libertad de la causa 05/2014, por el delito de secuestro.
El magistrado ponente, Vicente Rodríguez le informó ayer que el caso será resuelto en unos 14 días, porque la sala penal no está completa, uno de sus integrantes se encuentra haciendo labor bajo el nuevo sistema de justicia penal, dijeron.
Sin embargo, opinó que, por la naturaleza del caso, los magistrados están retrasando la resolución que será referente para los procesos de los demás detenidos de la CRAC, “hay un nuevo gobernador, y cómo resuelva el Poder Judicial será el termómetro de la política jurídica del gobierno”, explicó.
A más de dos años y dos meses de la detención de Salgado García, reiteró que la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá no ha sido notificada de tres nuevas órdenes de aprehensión por homicidio, en Huamuxtitlán, secuestro en el Distrito de Tabares, y otra por privación de la libertad y robo, pero están litigando mediante el juicio de amparo.
Sobre la jueza, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno consideró una buena señal del poder Judicial que cambiara a la funcionaria, y confió que uno de los casos contra Molina, que también se dirime en el juzgado de Tlapa, se resolverá ahora pronto.
La causa 05/2014 es la más emblemática de los procesos contra los dirigentes y policías comunitarios de la CRAC en prisión en Chilpacingo y Ayutla de Los Libres -sólo Salgado García está en el penal de Tepepan de la Ciudad de México-, le han dado cobertura organizaciones de derecha contra la delincuencia y el secuestro y han exigido castigo para los dirigentes comunitarios señalados.
