No avanza la alerta de género por incomprensión e incluso desinterés de autoridades, advierten

Feministas de Guerrero y de la Ciudad de México que dan seguimiento a las recomendaciones de la Conavim señalan que la violencia contra las mujeres no es prioridad del gobierno y que en el estado no hay ni lo mínimo para enfrentar el problema de los feminicidios

Tatiana Maillard

El Sur / Ciudad de México

Hace poco más de ocho meses, el 22 de junio del año pasado, se decretó la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios de Guerrero: Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca, Iguala, José Azueta, Ometepec y Tlapa. El 30 de enero pasado se incluyó a uno más: Chilapa. Pero eso no significa que se haya avanzado en la disminución de la violencia que padecen las mujeres en la entidad.
Desarticulación entre instituciones, falta de presupuesto y de capacitación, incomprensión e incluso desinterés de las autoridades encargadas de investigar y de impartir justicia, son algunos obstáculos que perciben integrantes del Grupo In-terinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de la Comisión Nacional pa-ra Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que dan seguimiento a las acciones del gobierno del estado.
La directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia a las Mujeres, Marina Reyna, atribuye la falta de resultados a una sola cosa: “La violencia de género no es prioridad para el gobierno”. En declaraciones por teléfono la semana pasada, la activista incluso señala que, además, el gobernador Héctor Astudillo Flores “está enojado de que se haya decretado la alerta”.
En enero, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional para la Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, identificó a Guerrero como el segundo estado más violento del país, después de Baja California. En cuanto a homicidios dolosos en contra de mujeres, Guerrero obtuvo el primer lugar, con 29 víctimas tan sólo en el primer mes de 2018.
La actitud de las autoridades “ha sido negar el problema”, dice Marina Reyna, cuya asociación solicitó en 2016, la declaración de la Alerta de Género en el estado. “Existe una total resistencia de tomar acciones efectivas”.

Con ganas, pero desorientados

Cuando se le pregunta a María Guadalupe Díaz Estrada, directora general de Transversalización del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y del Grupo de Trabajo que realizó el Informe Para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género en Guerrero, responde sin pensarlo demasiado: “Inacción”.
Luego matiza: “Le echan ganas, pero están desorientados”.
La falta de brújula de las autoridades estatales va de lo surreal a lo preocupante.
Después de que el Grupo de Trabajo entregara su informe al gobierno estatal, le dio seis meses para cumplir 10 propuestas para erradicar la violencia de género.
Una sola fue cumplida: la de capacitar al personal de Salud en derechos humanos con enfoque de género. El resto fue parcialmente cumplido o, simplemente, las acciones emprendidas ni siquiera tenían relación con lo recomendado.
Por ejemplo, como respuesta a la solicitud de evidencia de asignación de presupuesto para capacitar en materia de género al personal de procuración e impartición de justicia, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero entregó comprobantes de una transferencia bancaria por 450 mil pesos para un curso en derechos humanos.
No obstante, el curso fue impartido por la Fundación Pinar del Bosque, una clínica especializada en adicciones, no en derechos humanos ni en cuestiones de género. Además, quien lo dio fue una psicóloga que no laboraba en la fundación.

“Maestro, abre mi mente, no mis piernas”

Otra muestra: la respuesta del gobierno a la propuesta de efectuar una campaña permanente con perspectiva de género consistió, entre otras acciones, en una campaña en escuelas con el slogan: “Maestro, abre mi mente, no mis piernas”, lo cual fue calificado por el Grupo de Trabajo como revictimizante.
“Con el dictamen, notamos que hay un problema de comunicación”, dice Anel Liliana Ortega Moreno, representante de la Universidad Iberoamericana en el Grupo de Trabajo y el GIM. “O las autoridades no estaban entendiendo, o nosotros no nos estábamos explicando”.
Ortega Moreno precisa que el problema con Guerrero es la carencia estructural, la falta de planeación y la ausencia de recursos para realizar acciones de verdadero impacto. “Hacen falta cosas tan básicas, que a veces cuesta trabajo imaginar que no existen: tan sencillas como un organigrama, un reglamento actualizado o las facultades de cada Fiscalía. No hay competencia a nivel humano y eso obedece a que toda la estructura no está planeada”.
El problema no es sólo de Guerrero, es nacional. Con voz tensa, María Guadalupe Díaz Estrada recuerda que 23 de los 32 estados del país han solicitado la alerta de género. “Somos poca gente para atender esa demanda”. Y en todos esos estados, el Grupo de Trabajo ha encontrado más o menos lo mismo: una completa ausencia de trabajo articulado entre autoridades.

Hay agencias del MP?sin nada

Pero en Guerrero la situación es crítica. Peor, si es posible: “En las visitas al estado vimos una total carencia estructural”, destaca la ex directora adjunta de Conavim y ex integrante del Grupo de Trabajo Jimena Vilchis Cordero. “Hay ministerios públicos donde no tienen ni hojas de papel, ni siquiera hablemos de cosas como software o bases de datos: hablamos de aire acondicionado o luz. Ni lo mínimo se tiene”.
De acuerdo con información recabada por el Grupo de Trabajo, la responsabilidad de investigar todos los feminicidios del estado recae sobre tres personas, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Homicidio Doloso Cometido en Agravio de Mujeres y Demás Personas con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género, ubicada en Chilpancingo.
“Tres personas, para todo un estado tan grande. Es difícil creer que va a funcionar”, expresa Anel Ortega.
A eso, hay que agregar la falta de cooperación de las instituciones encargadas de atender la violencia de género en la entidad.
En un principio, la Alerta de Violencia de Género (AVG) se solicitó para ocho municipios: Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca, Iguala, José Azueta, Ometepec y Tlapa. El grupo realizó visitas a todos los municipios, pero en Coyuca de Catalán y en Tlapa las autoridades no aceptaron entrevistas, según se consigna en el informe.
“Guerrero no ha sido un estado que haya mostrado disposición a tener intercambio con el Grupo de Trabajo”, expone Anel Liliana Ortega. “Hay otros estados donde hay interés, y con esto me refiero a que los funcionarios de las instituciones se sienten a dialogar sobre las propuestas que les hacemos. Guerrero jamás ha hecho eso”.

El caos de los datos oficiales

Consultar cifras sobre feminicidio en Guerrero es incursionar en un laberinto con hoyos negros. Por una parte, los datos que proporcionó el gobierno de Guerrero al Grupo de Trabajo indican que, de 2009 a 2016, se registraron 744 homicidios dolosos en contra de mujeres y 142 casos de feminicidio. Más adelante, en el mismo informe se dice que, durante ese periodo de tiempo, se registraron 743 homicidios dolosos de mujeres y 53 feminicidios.
Lo mismo ocurre al hablar de todo tipo de violencia contra la mujer: primero, la Fiscalía General del Estado informa que de 2009 a 2016 se registraron 30 mil 711 casos. En contraste, la Dirección General de Víctimas y Ofendidos de la misma fiscalía indica que se atendieron 2 mil 261 casos.
Nada coincide. A veces los errores forman parte de la ecuación.
“Los datos no se registran bien”, confirma Guadalupe Díaz Estrada. Incluso “hemos encontrado casos donde confunden a la víctima: asumen que es una mujer porque se llama Guadalupe, cuando en realidad es un hombre”.

Los datos que brindó la Fiscalía del periodo 2009-2016 muestran diversas carencias, por ejemplo: si nos atenemos a la cifra de 142 feminicidios, resulta que en 47 casos no hay datos de la causa de muerte y en 19 no se registró la edad de la víctima. En un estado cuya población indígena supera los 3 millones, en ninguna ocasión se identificó si las víctimas de feminicidio pertenecían a pueblos originarios.
Otros datos sí se registran: en la mayoría de las muertes la causa fue uso de arma de fuego (34 casos) y arma blanca (25). Sin embargo, el informe del Grupo de Trabajo exhorta a reclasificar los expedientes de homicidios dolosos de mujeres como feminicidios, ya que, además, “en algunos de los casos se indicó que previamente las mujeres fueron privadas de su libertad, privadas de la vida por celos, golpeadas o heridas, agredidas sexualmente y torturadas previo a la muerte, estranguladas, asfixiadas, calcinadas o quemadas, decapitadas, desmembradas, semi o enterradas, encerradas en cajuela amordazadas o localizadas desnudas o en fosas”.
Contrario a la información de la FGE, la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres registra números más altos: 901 homicidios dolosos en cinco años, con una incidencia mayor en el municipio de Acapulco (47.84 por ciento). En contraste, la Fiscalía Regional de Acapulco consignó únicamente tres de los 310 casos que registró en ocho años ante autoridades judiciales.

Simula, que algo queda

El Tribunal Superior de Justicia del Estado informó al Grupo de Trabajo que únicamente 9 por ciento de los casos de feminicidios llevados a los juzgados de la primera instancia obtuvieron reparación del daño.
El gobierno ha incumplido con su labor de investigar, esclarecer, reparar el daño y erradicar el feminicidio en la región, subraya Marina Reyna Aguilar. Y más: la directora de la Asociación Guerrerense de Violencia contra las Mujeres denuncia de plano una simulación en el estado respecto al tema.
Lo distingue en dos hechos: el 21 de junio de 2017, un día antes de que el Grupo de Trabajo de Conavim hubiera decretado la alerta, el gobierno estatal se adelantó en declararla. “Ahora, en todos los documentos que hacen referencia a la alerta, se afirma que fue el propio gobierno quien la declaró. Por supuesto, tiene facultad para hacerlo, pero resulta cínico que previamente hubiera incumplido con las recomendaciones de este mecanismo”.
Mientras tanto, en el estado se siguen acumulando las muertes violentas de mujeres. Anel Ortega, integrante del GIM, dice que no basta con firmar acuerdos, se requiere de un cambio estructural complejo. “A veces toman soluciones rápidas, en vez de planear. Con o sin la alerta, el Estado está obligado a proteger. Pero la realidad es que a las mujeres las desaparecen. Las violan. Las matan”.

“Ni una más, exigimos justicia”, dicen en el funeral de la activista asesinada

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

“Ya no queremos ni una más, exigimos justicia”, expresó María del Socorro consuegra de la activista por los derechos de la mujer María Luisa Ortiz Arenas, quien fue hallada asesinada el lunes por la noche cerca de la comunidad de Mezcaltepec, municipio de Taxco, durante su funeral.
Familiares y amigos de Ortiz Arenas acudieron ayer por la tarde a una misa que se celebró en la casa de María del Socorro, ubicada en el barrio de San Mateo a unos metros de la alameda de Chilpancingo.
Por decisión de su familia el cuerpo de Ortiz Arenas fue cremado, sus cenizas fueron depositadas en una caja negra al centro del altar que fue decorado con varias flores blancas, telas de color blanco y azul simulando un cielo claro, así como cruces y figurillas de ángeles.
Las cenizas fueron veladas el martes y este miércoles se dio fin al funeral con la misa que ofició el sacerdote de la Iglesia de La Villita, en la que participaba de manera constante Ortiz Arenas junto con su hija adolescente. El padre transmitió a los presentes un mensaje para que encuentren la paz y la resignación en sus corazones ante el asesinato de la mujer de 42 años que también promovía actividades feministas en el estado.
Al concluir la misa, los presentes caminaron hasta el departamento que Ortiz Arenas rentaba en la ciudad ubicado en la colonia Vicente Guerrero, a unas cinco cuadras de distancia de la casa de su consuegra quien fue la primera en agradecer las muestras de solidaridad hacia la familia. Ahí, en la que fuera su última morada, sus familiares la despidieron con oraciones, llantos y la promesa de que cuidarán de su hija y su nieto.
En declaraciones, María del Socorro informó que hasta ayer por la tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) no se había comunicado con la familia para informarle sobre la investigación por el asesinato de María Luisa Ortiz Arenas, cuya vida habría terminado por un golpe certero en la cabeza, aunque no fue violada de manera sexual.
“Exigimos que se aclare esta muerte porque no se vale la forma en que a ella le arrebataron la vida, exigimos justicia porque han dejado a una hija desamparada, exigimos justicia, ya no queremos ni una más”, expresó María del Socorro quien llamó al gobierno estatal a esclarecer el caso.
María del Socorro recordó a María Luisa Ortiz Arena como una mujer dedicada a su trabajo, a la iglesia y activista que defendía los derechos de las mujeres en el estado; por último, anunció que los familiares marcharán para exigir el esclarecimiento de su asesinato, sin precisar la fecha y el lugar donde se llevará a cabo la acción; sólo aseguró que se convocará a la sociedad a participar en la protesta mediante redes sociales.

El modo en que las matan muestra la visión de
las mujeres como un objeto, señalan feministas

En Guerrero fueron asesinadas 46 mujeres en los dos primeros meses del año. El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia sexual que incluye violación, hostigamiento, pornografía y abuso físico, plantea Rosa Icela Ojeda. Dice que ante el panorama desolador, lo primero es reducir la impunidad. A largo plazo la apuesta es a la educación con perspectiva de género, considera Marina Reyna Aguilar

Ramón Gracida Gómez

Las escenas de los feminicidios en los que las mujeres son desmembradas, degolladas, expuestas en la calle o carreteras, arrojadas a un barranco o a un basurero, están relacionadas con la visión de que el cuerpo de una mujer es un objeto, coincidieron dos feministas guerrerenses.
En Guerrero 46 mujeres fueron asesinadas en los primeros dos meses del año, indica el recuento de El Sur, 26 en enero y 20 en febrero; el 56%, 26 mujeres, fue por arma de fuego, las demás víctimas fueron degolladas, violadas, desmembradas, incineradas, apedreadas o asesinadas a machetazos y sus cuerpos fueron encontrados en la vía pública o en barrancos.
Una de estas víctimas fue Magdalena Aguilar, nutrióloga desaparecida, desmembrada, y hallada el 22 de enero en Taxco dentro de una olla, crimen presuntamente cometido por su ex marido que más conmocionó a Guerrero y atrajo una vez más la atención nacional al estado.
Diana E. Russell, a quien se le atribuye la creación del uso político del concepto, señala en el libro Feminicidio: La política del asesinato de las mujeres que el vocablo nace “como una alternativa al homicidio que es neutral en un sentido de género” en el contexto de la lucha feminista en la década de 1970.
Las cifras en México muestran que el asesinato de una mujer no sigue necesariamente la lógica del asesinato de un hombre.
En el estudio “La violencia feminicida en México. Aproximaciones y Tendencias” realizado por Inmujeres, ONU-Mujeres y Segob y del cual El Sur informó en su edición del 14 de diciembre pasado se señala que hay una diferencia entre las series masculina y femenina de homicidios dolosos en México de 1985 a 2016.
Se nota una persistencia de la violencia hacia las mujeres y una mayor resistencia al descenso. “Cuando hay una disminución de los homicidios totales, aumenta el porcentaje de homicidios a las mujeres. Cuando aumentan los homicidios totales, baja el de las mujeres”, señala el reporte.
El estudio muestra un aumento de homicidios, sobre todo por arma de fuego, a partir de 2007, primer año de la guerra contra el narcotráfico. Quince mil 535 fueron asesinadas en los últimos 6 años, 29.8% del total de 52 mil 210 en 32 años.
Sin embargo, las formas son distintas para hombres y mujeres. En el documento se muestra, por ejemplo, que en 2016 el 67.4% de hombres asesinados fue por armas de fuego, mientras que para las mujeres asesinadas fue de 48.4%.
En la edición de El Sur del 3 de enero se publicó que, de acuerdo con el recuento de este periódico sobre los homicidios de mujeres en Guerrero en 2017, se encontró que éstos fueron más variados que el de los hombres. Fueron degolladas, asfixiadas y sus cuerpos dejados en basureros.
En otras palabras, fue más recurrente otros medios además de un arma de fuego para matar a una mexicana como objetos cortantes, estrangulamiento y similares y los cuerpos fueron expuestos de manera denigrante.
Son homicidios que también dan un mensaje: el cuerpo de una mujer es un “objeto usable”, dice en entrevista Rosa Icela Ojeda Rivera, investigadora de la UAG que le ha dado seguimiento a los homicidios de mujeres en Guerrero en los últimos 20 años.
Si el cuerpo de una mujer aparece en un basurero es porque el homicida piensa que “es basura”, señala Marina Reyna Aguilar, la representante de la Asociación contra la Violencia hacia las mujeres que solicitó la alerta de género para Guerrero, en entrevista con este periódico en la oficina de la organización en Chilpancingo.
Sus palabras parecen describir al cadáver de una mujer cubierto con basura que fue hallado el 5 de enero pasado en un barranca en la colonia Cumbres de Llano Largo en Acapulco. Son “mensajes de terror”, agrega.
La especialista Jill Radford, quien coedita el libro mencionado, señala que el feminicidio “es una forma central para mantener el patriarcado”, en el que las mujeres son “objetos heterosexuales”, dice Marianne Hester en otra parte del libro.
Por eso se dan tantos embarazos adolescentes, tantas muertes maternas, menciona Ojeda Rivera; a las mujeres se les ve como un “instrumento de procreación”. Guerrero ocupó en 2017 el segundo lugar a nivel nacional en muertes de este tipo como se publicó en la edición del 4 de enero pasado de El Sur; son 32 muertes maternas por cada 100 mil habitantes en México, de acuerdo con la Secretaría de Salud.
Las mujeres rompen con estos “roles de género” y los hombres agreden, señala la docente de la UAG.
Enero pasado fue el mes del feminicidio de Magdalena y también de otros como el hallazgo de una mujer semidesnuda y asesinada con una piedra y un tabique el 7 de enero en la carretera Acapulco-Zihuatanejo a la altura de un motel en Atoyac.
También fue degollada Azucena, cuyo cuerpo fue hallado en Chilapa el 25 de enero dentro de una camioneta, a lado de su bebé que estaba viva dentro de una hielera.
Mientras se escribe esta nota, los feminicidios no paran en esa ciudad. En la edición de El Sur del 4 de febrero se informó que fue encontrada a la joven Jessica de 18 años violada, torturada y estrangulada.
Ante esta realidad, se solicitó desde diciembre pasado que la alerta de género en Guerrero incluyera este municipio, menciona Reyna Aguilar.
Dicho mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres se emitió el 22 de junio pasado debido a las cifras de Guerrero que lo ubican entre los primeros lugares nacionales en asesinato de mujeres. El informe de la ONU-Mujeres señala que en Guerrero hubo 243 asesinadas en 2016, por lo que fue segundo lugar en tasa por cada cien mil habitantes con 13.1. Por encima sólo se ubicó Colima con 16.3. El promedio nacional fue de 4.4.
Además Guerrero ocupó el primer lugar en tasa en 2006 y 2007, el tercero en 2008 y 2009, el segundo lugar en 2011 y 2012, y en 2013 subió nuevamente al primer lugar, donde se mantuvo en 2014 y 2015.
Mientras que a nivel municipal, Acapulco fue el municipio del país donde ocurrieron más asesinatos de mujeres en 2016, con 107, como informó este periódico en su edición del 14 de diciembre pasado, lo que representó 3.9 por ciento del total ocurridos en el país. La tasa fue de 24.22 decesos por cada 100 mil mujeres, equivalente a 5.5 veces el promedio nacional, que fue de 4.4.
En 2011 Acapulco ocupó el cuarto lugar con 83, en 2012 subió al primer lugar con 117 casos, en 2013 continuó en el mismo lugar con 97 casos, en 2014 Acapulco descendió al tercer lugar con 54 asesinatos y para 2015 regresó al primer lugar con 87 casos.
Reyna Aguilar denuncia que el gobierno estatal no ha cumplido con la alerta de género; los funcionarios tienen “estructuras mentales machistas”.
Se le recuerda la declaración del Fiscal general del estado Javier Olea Peláez del 26 de enero pasado, quien en conferencia de prensa señaló que “lamentablemente las mujeres, de alguna u otra manera son partícipes dentro del crimen organizado, llámese con la pareja, llámese con el esposo, llámese con el novio” y por eso son asesinadas.
Reyna Aguilar califica al fiscal de “insensible” e “incapaz”. En un ambiente de impunidad como el que se vive actualmente en Guerrero, el fiscal “alienta a cualquier tipo de delincuente” con esas palabras, dice Ojeda Rivera.
Además de demostrar una visión machista, sus palabras minimizan el problema de violencia, dice Reyna Aguilar, en el cual el feminicidio es su expresión “más extrema”, pero no la única, menciona Ojeda Rivera; es parte del continuo de violencia sexual que sufren las mujeres en el que se incluye la violación, hostigamiento sexual, pornografía y abuso físico.
Las cifras de estas categorías también son alarmantes. De acuerdo con el INEGI, el 33% de las mujeres guerrerenses entre 18 y 29 años ha sido agredida sexualmente. Once mil violaciones se denuncian al año en México de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); tan sólo en 2017, 44 abusos sexuales y 4.5 casos de acoso sexual fueron cometidos diariamente, informó la misma dependencia d la Secretaría de Gobernación.
Ante este panorama desolador, lo primero que hay que hacer es reducir la impunidad en los feminicidios y en general, dice Ojeda Rivera.
En una perspectiva a largo plazo, Aguilar Reyna le apuesta a la educación con perspectiva de género, entre otras políticas públicas, como una forma de cambiar esta “cultura machista patriarcal”, que se traduce cotidianamente en que el hombre es “quien toma las decisiones” y tiene “privilegios en la casa”.
Hay que enseñar, agrega, los derechos humanos, el respeto entre hombres y mujeres, pero no de forma aislada como se hace actualmente, sino de “forma transversal en todas las materias”. Es un proceso lento, reflexiona.
“Ni una más, ni una más, ni una asesinada más” corearon las mujeres que marcharon en Iguala el 24 de enero a raíz del feminicidio de Magdalena.
Guerrero comienza el 2018 pidiendo que paren el asesinato de mujeres, año que será recordado por las elecciones más grandes en la historia de México y también por nombres como el de Magdalena Aguilar y el de otras mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujeres.

Hablan mujeres en un foro en la UAG del acoso, marginación, abuso y desigualdad que padecen

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

En hora y media de charla entre investigadoras, docentes y trabajadoras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se expusieron las complejidades a las que se enfrentan diariamente las mujeres, entre acosos, marginación, abuso de poder y la desigualdad.
En el foro El reto de la mujer mexicana ante la toma de decisiones, la empresaria de habla ñomndaa, Viridiana Nicolás Severiano señaló que las mujeres indígenas en Guerrero son las que luchan más contra una cultura machista que las veja y las limita en la búsqueda de sus metas profesionales.
Este miércoles al mediodía, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, entregó una flor a cada mujer que asistió al foro, para “felicitarlas” por el Día Internacional de la Mujer; en su intervención dijo que, ahora las mujeres son el 60 por ciento de la población estudiantil.
“Perdemos a muchos jóvenes por el problema de la delincuencia, se les hace fácil caer en ese tipo de vida”, señaló el rector.
En su discurso improvisado, también reconoció que es un hombre al que le cuesta dejar atrás su educación machista, y que trabaja diariamente en ello.
El rector sólo permaneció unos minutos en el foro, y se retiró después de ver un breve video en el que se mostraba a mujeres universitarias con él durante su campaña a la rectoría.
Nicolás Severiano detalló que es originaria de una zona rural indígena, en la que día a día batallan para obtener derechos como trabajo, educación y salud.
“De donde nosotros venimos, los hombres son machistas, muchas mujeres de nuestra región son violentadas, no tienen derecho a salir a las calles porque tienen que estar encerradas en sus casas”, agregó.
Detalló que, en su caso particular, sus padres apostaron por la educación, por lo que ahora cuenta con una licenciatura, y actualmente encabeza una empresa en la que colabora con mujeres indígenas para la confección de huipiles.
Por su parte, la directora del museo José Juárez, Anabela Latabán señaló que, como mujer universitaria hace un trabajo de investigación para mejorar las condiciones laborales dentro de cada sector.
Insistió en que se debe trabajar para cambiar la ideología de la sociedad, porque cuando una mujer es violada, en lugar de apoyarla sigue siendo señalada con comentarios como “por algo le pasó, se lo buscó”.
También enfatizó que cada día hay cinco mujeres muertas en el país, lo que lanza un llamado a trabajar día a día por la igualdad y para evitar que se continúe reproduciendo este hecho.
“En este momento, me quiero referir a las mujeres guerrerenses que a lo largo de la historia marcaron la diferencia, como Benita Galeana, una política, una luchadora social por la igualdad”, agregó.
Indico que las mujeres deben romper una serie de tabúes, patrones culturales que con frecuencia nos limitan, y a partir de ahí entender y tratarnos como aliadas, amigas y mujeres que luchan para cambiar el mundo.
Por su parte, la panelista Yunel Castellano Lucero invitó a las asistentes a hacer un voto de conciencia para estas elecciones, porque “hay candidatos que siguen sin incluir la labor de la mujer activa en la política”.

Lamentan promotoras feministas de la Montaña el asesinato de María Luisa Ortiz y exigen justicia

Activistas y promotoras de los derechos de la mujer en los municipios de la Montaña baja lamentaron el asesinato de su colega María Luisa Ortiz Arenas y exigieron que este caso no quede impune como todos los registrados en Guerrero.
Ayer Brígida Chautla, Luisa Aurora Reyes, Libni Iracema Dircio e Iris Flores de la organización promotora de los derechos de las mujeres nahuas en Chilapa, Ahuacuotzingo y Zitlala, Zihuame Xotlametzin (Mujer luciérnaga), y de la Casa de la Mujer Indígena (Cihuachicahuac) ofrecieron una conferencia de prensa con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Sobre los 9 homicidios en el municipio en 2018, Brígida Chautla lamentó los hechos y pidió a los tres niveles de gobierno hacer cumplir los convenios internacionales para garantizar los derechos humanos y la integridad de las mujeres.
“Lamentamos mucho que pasen estos hechos, no deberían de pasar aquí ni en otro lugar, nosotros esperamos que haya armonía, se debe respetar la integridad física y en este caso a las mujeres.
Además exhortó a las autoridades a que se investigue el asesinato de María Luisa Ortiz Arenas y que se actúe de manera imparcial y que se cumpla la ley.
“Todos los casos (de feminicidios) han quedado impunes, que se investigue hasta esclarecer los hechos”, expresó.
Las integrantes de Zihuame Xotlametzin revelaron que su trabajo ha mermado a causa de la inseguridad. “En verdad eso sí nos está afectando, en Zitlala por ejemplo hay dos comunidades donde dos compañeras son parteras y promotoras de salud que se les ha complicado para venir apoyar”.
“Incluso ellas acudían a realizar guardias para recibir a las embarazadas que llegan y se les ha dificultado salir”, mencionó.
Añadió que la crisis de violencia en la región ha afectado el horario de sus talleres de capacitación para la salud materna de la mujer y han reducido sus horarios.
“A raíz de esta situación (de violencia) tenemos que agilizar (los talleres) y las compañeras tienen que irse temprano o algunas de ellas se les complica ir”.
Las activistas también denunciaron que las mujeres de la zona rural viven una discriminación laboral en sus comunidades donde trabajan el campo, cuidan sus animales y elaboran artesanías.
Señalaron además que las mujeres que emigran encuentran trabajos en casas o empresas donde las hacen trabajar al menos 10 horas con un sueldo de 100 a 140 pesos, sin prestaciones y a voluntad de sus empleadores. (Luis Daniel Nava / Chilapa).

Nueve de cada 10 mujeres en Acapulco con
ansiedad o depresión, reporta especialista

En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es importante hablar de la salud mental de las trabajadoras, y de las que tienen dobles jornadas laborales al desempeñarse como madres, esposas y amas de casa, señala la presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana capitulo Guerrero, Amelia de la Paz García Ríos. Preocupa también el incremento de enfermedades mentales en menores de edad en etapa escolar o preescolar que viven estrés post traumático a consecuencia de la violencia e inseguridad en el municipio, agrega

Mariana Labastida

En Acapulco 9 de cada 10 mujeres trabajadoras pueden estar padeciendo de ansiedad o depresión, precisa la presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana capitulo Guerrero, Amelia de la Paz García Ríos.
La doctora explicó que en los últimos años se ha dado un incremento de este padecimiento por el entorno social, y ante la violencia e inseguridad que se vive diariamente en el municipio.
La especialista también manifestó su preocupación por el incremento de enfermedades mentales en menores de edad, en niños en etapa escolar o preescolar que viven estrés post traumático por las situaciones que se viven en la ciudad.
En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, García Ríos consideró importante hablar de la salud mental de las mujeres trabajadoras, y de las que tienen dobles jornadas laborales al ser también madres, esposas y amas de casa.
Expuso que se habla de que el 70 por ciento de la población en Acapulco y Guerrero puede padecer ansiedad por las situaciones socioculturales y la dinámica social que se vive actualmente por la violencia e inseguridad.
En el caso de las mujeres, se estima que entre el 87 y el 90 por ciento de las fémina tengan un trastorno ansioso depresivo y que el cien por ciento alguna vez a tenido ansiedad o depresión. Este puede ser heredado y también generado por ejemplo por la culta que se tiene al dejar a los hijos a cuidados de otras personas , o cual provoca sentimientos de minusvalía que termina siendo depresión.
Algunos de los síntomas que presentan las mujeres con este padecimiento son dolor de cabeza, mareo, falta de aire, entumecimiento, palpitaciones, colitis, gastritis, estreñimiento, dolor de pecho, inquietud, insomnio y ansiedad anticipada.
Explicó que tener por más de quince días estos síntomas es señal de que se tiene un trastorno ansioso depresivo, que en la mayoría de las ocasiones no es identificado y cuando se diagnostica han pasado por lo menos cinco años desde que se comenzó a tener.
García Ríos enfatizó que las mujeres trabajadoras “no tenemos porque estar viviendo constantemente en ansiedad ni depresión”. Porque además también son más propensas a tener esterilidad, abortos y enfermedades crónico degenerativas como diabetes, hipertensión y obesidad.
La psiquiatra expuso que las mujeres que trabajan tiene una doble carga laboral, y que contrario a lo que pudiera pensarse donde el empoderamiento de la mujer se debiera manifestar en una buena función de la familia, el incremento de la disfunción familiar es alto.  También dijo hay una mayor índice de mujeres trabajadoras que sufren violencia y no es reportada.
La especialista consideró importante que se eliminen los estigmas y se tenga más información de que son las enfermedades mentales para que la población acuda por atención médica adecuada. Manifestó que hay médicos de primer contacto que recomiendan acudir con un psicólogo o psiquiatra sin embargo el 80 por ciento de quienes lo hacen suspenden el tratamiento.
“Falta mucho que se conozca las enfermedades, estigma es muy alto y el retardo de la atención lo sea oportuna, la depresión es un trastorno incapacitante que a nivel mundial va a la alza, las enfermedades mentales hay que atenderlas para no padecer complicaciones”.
Convocó a no tener miedo al consumo de fármacos por generar dependencia, aunque precisó que no todos los que tiene trastorno ansioso depresivo requieren medicamentos. “Es importante que la población conozca que existen este tipo de trastornos, que tienen tratamiento y se vuelven crónicas sino se atienden, que sepan que la prevalencia esta en incremento”.

Denuncian en el Parlamento de Mujeres que con asesinatos se inhibe su participación política

Urgen al fiscal Javier Olea Peláez que investigue y haya detenidos en los casos de feminicidios que ocurren en el estado, porque dejarlos en la impunidad es una invitación a seguirlos cometiendo

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Las participantes en el Parlamento de Mujeres organizado por el Congreso local, exigieron que cesen los asesinatos de mujeres. Sin embargo durante la instalación del Parlamento en el Congreso local, la secretaria de la Mujer, Mayra Martínez Pineda, y la presidenta del Congreso, Flor Añorve Ocmpo, omitieron hablar de los homicidios de mujeres.
“¿De que forma las mujeres vamos a poder participar activamente en el sistema democrático de nuestro estado, si estamos muertas?”, preguntó al gobernador, al fiscal y a los legisladores, Maribel Simón Nicolás, una de las participantes, donde la exigencia reiterada fue que cesen los asesinatos de mujeres.
Las parlamentaristas exigieron al fiscal General del Estado, Javier Olea Peláez, que investigue y haya detenidos en los casos de feminicidios que ocurren en el estado, porque dejarlos en la impunidad es una invitación a seguirlos cometiendo.
Maribel Simón lanzó la pregunta al gobernador, al fiscal y a los diputados de la 61 legislatura y exigió que haya justicia para cada una de las víctimas de feminicidio.
Durante el parlamento, las asistentes guardaron tres minutos de silencio tomadas de las manos “como símbolo de unidad” por las mujeres asesinadas que de acuerdo a las cifras que mencionaron en tribuna, van de 53 a 59 en lo que va del año.
Los tres minutos fueron para la bloguera Leslie Ann Pamela Montenegro del Real, conocida por su personaje Nana Pelucas, quien fue asesinada el lunes 5 de febrero; el segundo fue para la ex precandidata del PRD a la diputación local por el distrito 25 de Chilpa, Antonia Jaimes Moctezuma, y por la activista María Luisa Ortiz Arenas, encontrada asesinada cerca de la comunidad de Mezcaltepec, municipio de Taxco, quien estaba reportada como desaparecida por sus familiares el viernes pasado.
Por lo menos cuatro de las participantes lloraron en la tribuna del Congreso cuando pidieron “vivir en paz”, “salir a la calle sin temor”, por no querer “ser parte de la estadística de feminicidios”, porque “no quiero que me acusen por ser asesinada”. Y una de las más jóvenes de 19 años dijo que “no quiero ser la próxima asesinada en la nota de los medios”.
Sin embargo durante la instalación del Parlamento, la secretaria de la Mujer, Mayra Martínez Pineda, y la presidenta del Congreso, Flor Añorve, omitieron hablar de los asesinatos de mujeres.
Martínez Pineda se limitó a invitar a las asistentes a trabajar a favor de los derechos de las mujeres, y Añorve Ocampo dedicó parte de su intervención a destacar que es la primera presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.
Una de las parlamentaristas, Emperatriz Basilio Goitia, afirmó en tribuna que “nunca cae tan profundo una mujer asesinada como cuando cae en un vacío de ley”.
Y calificó como penoso el tratamiento que se le está dando a la declaración de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, “el sometimiento y la violencia no se eliminan por decreto, pero la ley sin voluntad es letra muerta”.
La también militante de MC preguntó en tribuna: “¿Qué pieza falta en el tablero llamado Poder Legislativo?”, y recordó que los diputados se han resistido a tipificar la violencia política contra las mujeres y el reconocimiento del derecho a decidir “sobre nuestros cuerpos”, en referencia a la despenalización del aborto.
Pidió crear las condiciones jurídicas para aplicar la perspectiva de género y de derechos humanos desde la Ley Orgánica 286 y la creación e institucionalización de un reglamento interno, que la regule.
La integrante de la Colectiva Camina Violeta, Yolitzin Jaimes, inició su participación en tribuna afirmando: “no estamos todas, nos faltan las asesinadas y desaparecidas”.
Urgió plantear la corresponsabilidad entre el estado y sus instituciones, “las colectivas feministas y los medios de comunicación para erradicar la violencia de género hacia las mujeres y eliminar la discriminación, sexismo, desigualdad y caminar hacia la empatía por la causa de las mujeres”.
Consideró “urgente y vital, exhortar al titular de la Fiscalía General del Estado para que se implemente una sanción al personal que revictimice y no emita una orden de protección en tiempo y forma, toda vez que la violencia institucional es un impedimento para el ejercicio pleno de nuestros derechos y acceso a la justicia”.
En tribuna, las participantes también afirmaron que consecuencia de la violencia política y de género en el estado tuvo recientemente a dos víctimas que fueron asesinadas por sus aspiracione a cargos de elección popular, en referencia a las precandidatas por el distrito 25 de Chilapa, Dulce Rebaja Pedro y Antonia Jaimes Moctezuma.
Greta Ventura Lemus, llamó a legislar y tipificar la violencia política y de género, porque en el estado como en el país es un tema que se mantiene en la congeladora, por falta de voluntad de los legisladores.

Protesta de mujeres indígenas

Durante el parlamento, mujeres indígenas del municipio de Cochoapa El Grande protestaron en silencio y con pancartas para exigir la construcción de una Casa de la Mujer en el municipio.
Fueron unas cuatro mujeres las que protestaron para exigir la construcción de la Casa de la Mujer Indígena para la atención de mujeres violentadas además de servicio medico con el que pretenden evitar muertes maternas.
En declaraciones después de la protesta que realizaron en silencio durante el Parlamento, Angélica Flores Vázquez, quien es miembro de la organización Mixtecas Construyendo Equidad en la Montaña de Guerrero, lamentó la falta de interés de las diputadas y la secretaria de la Mujer que estaba en el pleno.
Denunció que ante la falta de atención médica el año pasado ocurrieron unos 60 casos de muertes maternas, además de mujeres asesinadas, a las que no se les dio atención para prevenir su homicidio.