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Van dos muertos de la UPOEG y 26 del FUSDEG tras casi 19 meses de enfrentamientos

El 23 de enero de 2014, la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) entró al valle de El Ocotito con la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia del Estado de Guerrero y, en menos de año una escisión conformó el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que aglutinó comunidades que pertenecían al movimiento que encabeza el dirigente indígena Bruno Plácido Valerio.
Pese a la tensión de la división, agravada por la confrontación política del año electoral (2015) y a las acusaciones mutuas de dar apoyo a grupos delictivos, la UPOEG mantuvo su presencia en algunas localidades del valle, de donde extendió su influencia a la Sierra.
El primer hecho violento conocido entre las organizaciones extendidas en comunidades rurales de Chilpancingo y Acapulco, ocurrió el 30 de marzo de 2015, en el crucero de San Juan el Reparo, de la carretera nacional Tierra Colorada-Cruz Grande, en el municipio de Juan R. Escudero.
Esa noche se reportaron siete muertos del FUSDEG y dos de la UPOEG, además de dos heridos graves, uno de cada grupo. Los primeros denunciaron que fueron emboscados, lo segundos que repelieron una agresión. Un policía herido del FUSDEG murió a 10 días del ataque, y de cinco integrantes del FUSDEG extraviados en los ataques, dos fueron encontrados degollados el 1 de abril en Chacalapa, San Marcos.
Poco después, el 8 de abril, el policía comunitario del FUSDEG, Raúl Jiménez Salgado, sobreviviente de los hechos, fue asesinado en su domicilio, en el poblado de Xaltianguis, municipio de Acapulco.
A poco más de un año, el 18 de abril de 2016, fue asesinado el ex comisario y ex presidente del comisariado de los Bienes Comunales de San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero, Edilberto Santiago Díaz, era hermano del primer coordinador del FUSDEG en Tierra Colorada, Romualdo Santiago Díaz. Los hijos de la víctima responsabilizaron a policías de la UPOEG.
Asimismo, denunciaron el asesinato de la coordinadora del FUSDEG, Nelva Edilia Sánchez López, el 26 de julio de 2015, cuando cruzaba la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en San Marcos, crimen perpetrado por policías ciudadanos de la organización opositora.
En este escenario enrarecido, también se enfrentaron dos grupos de policías comunitarios del propio FUSDEG en Xolapa, municipio de Acapulco. El 7 de junio de 2015, fueron muertas 16 personas a balazos: 13 de la fracción de Acapulco, encabezados por Policarpo Ramírez quien murió en la balacera y tres del FUSDEG del Valle de El Ocotito, regente en el movimiento de seguridad comunitaria del FUSDEG.
En estos hechos tiene antecedente el conflicto del cambio de comisarios municipales en Chilpancingo, donde dos grupos del mismo FUSDEG en Petaquillas se disputaron el control del sistema de seguridad comunitaria.

 

 

Policías de la UPOEG golpearon a seis vecinos en Chapultepec, Azoyú, denuncian autoridades

El presidente del ejido de Chapultepec y el comisario municipal de esa localidad, del municipio de Azoyú, denunciaron que la tarde del sábado unas 120 personas y policías ciudadanos del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) irrumpieron y golpearon a seis vecinos.
En una llamada a la redacción, el presidente del ejido, Juventino Carmona Viviano, y el comisario municipal, Enrique Mozo Ramírez, pidieron al gobierno del estado y autoridades agrarias intervenir en el conflicto por 2 hectáreas de tierras que fueron reservadas para la ampliación de la comunidad, pero que una familia reclama.
La comunidad de Chapultepec está integrada a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC). Los representantes de la comunidad denunciaron los hechos ayer en una reunión en la Casa de Justicia matriz en San Luis Acatlán.
De acuerdo con el relato de las autoridades, alrededor de las 4 de la tarde unas 120 personas, a bordo de 11 carros, entre ellos policías ciudadanos armados, encabezados por quien se dijo llamar y ostentarse como comandante regional, Estaban Ramos Gallardo, irrumpieron en la comunidad.
Ante la llegada de los integrantes de la UPOEG, unos 50 habitantes se reunieron en la comisaría municipal, donde Carmona Viviano se presentó como autoridad, pero fue cuestionado por Ramos Gallardo, del por qué había policías comunitarios de la CRAC, “le dije que estaban registrado en San Luis Acatlán”.
El ejidatario manifestó a los integrantes de la UPOEG que ellos no estaban autorizados por la asamblea del pueblo para intervenir en conflictos en la comunidad, porque la comunidad tenía su propio sistema de seguridad integrada a la CRAC. Además de que en el conflicto estaban interviniendo el alcalde de Cuautepec, y de Marquelia para solucionarlo.
Denunció que los policías llegaron a amenazar al pueblo y agredieron a golpes a seis personas, además de que encañonaron a otros vecinos. Del problema explicó que “tenemos el conflicto con un señor del pueblo (Valentín García Guzmán), porque un área quedó para crecimiento del pueblo de 2 hectáreas, y dice que son de su terreno”.
Después de más de una hora, las personas se retiraron de la comunidad en las 11 camionetas en que iban. Por su parte el comisario municipal, Mozo Ramírez llamó al gobierno del estado a intervenir porque el pueblo no quiere problemas con la UPOEG, además de que la comunidad está con la CRAC.

El Ejército desarmará a comunitarios de El Ocotito que apoyan al comisario: FUSDEG


El integrante del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Silvestre Plancarte  Mondragón informó que va haber una reestructuración de la Policía Comunitaria y dijo que los policías que  se separaron para apoyar al comisario Audifred Benítez Visoso tendrán que regresar a la base y que si se oponen a la regularización acordaron con el gobierno del estado que la Marina y el Ejército  los desarmarán.
Al término de la toma de protesta del comisario en Ocotito, después de que se originara un conflicto entre pobladores y el FUSDEG que quería imponer un comisario pese a que ya estaba electo, se consultó a Silvestre Plancarte sobre los 55 policías comunitarios que apoyan a Benítez Visoso, según informó este domingo.
Señaló que sólo son 27 policías que comenzaron a apoyar al comisario y que se separaron de la base que tienen en el Ocotito-Mohoneras instalándose en la comisaría.
Aclaró que de esos policías comunitarios sólo 14 han estado trabajando con el FUSDEG “y los  demás nunca han participado, ellos no pueden seguir en el edificio (comisaría), tienen que regresar a la base”, agregó que fue uno de los acuerdos que se tomó en las reuniones que sostuvieron con el gobierno municipal y estatal.
Advirtió que si quieren seguir dentro del FUSDEG tienen que regresar a la base.
Plancarte Mondragón añadió que sólo está reconocida como única instancia la Policía Comunitaria tolerada por el gobierno del estado.
“Entraremos a una etapa de regulación y reestructuración de toda la policía (comunitaria), esto nos obliga a que tenemos que regresar colonia por colonia pero al mismo tiempo la policía debe ir vestida de civil, porque cuando se presentan armados el pueblo difícilmente habla”, informó.
Abundó que ante el conflicto por el nombramiento del comisario sigue una herida “profunda y marcada” y va a depender de que todos sean inteligentes, pacientes y tengan calma “para que esto logre amarrarse en la vía del derecho”, y dijo que el trabajo pesa menos cuando se comparte.
Llamó a los policías que apoyan al comisario a reflexionar seriamente de que es hora de demostrar que querer al pueblo es defenderlo, refrendarlo, dignificarlo y ponerse a la altura de las condiciones en las que está.
El integrante del FUSEG expresó que por eso resultan problemas si no se regulan, porque es darles un arma y poder “y te friegan como pueblo, esa parte hay que entender”, y que se deben tomar en cuenta las experiencias que han surgido de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y las autodefensas de Michoacán.
Se le preguntó del rumor que surgió entre la población de que desarmarían a los policías comunitarios que apoyan a Benítez Visoso, y respondió, “nosotros estamos en una coordinación con el gobierno, quedaron ellos que con la fuerza Marina, la militar y la demás, para que si en un momento dado no acataban la orden de regularse pues ni modo (se desarmará)”, aunque dijo que espera que no se llegue hasta ahí “y que los compas entiendan que querer al pueblo es defenderlo”.

Protestan comisario y suplente

Audifret Benítez Visoso rindió protesta como comisario del Ocotito y Román Vadillo Abarca del FUSDEG como comisario suplente, en presencia del alcalde de Chilpancingo Marco Antonio Leyva Mena.
En el acto llamaron a la unidad en beneficio de la localidad, después del conflicto que se desató cuando pobladores denunciaron que el FUSDEG quería imponer a un comisario.
Este domingo Benítez Visoso tomó protesta como comisario, y Román Vadillo como su suplente, fue el acuerdo que tomaron junto con autoridades municipales y estatales.
Después de la una de la tarde se llevó a cabo la toma de protesta en la explanada de la comisaría municipal donde estuvieron en la mesa de honor el alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena; del FUSDEG, Silvestre Plancarte, Alberto Valenzo Reyes, Jesús Santiago Sánchez; los pobladores Jorge León Robledo, Rosa Isela Enríquez Pérez, Gabino Palma, Eliseo Ramírez.
Pese a que se acordó que el comisario y el FUDEG trabajarían conjuntamente y en el evento se llamó a la unión, para trabajar en paz por el bienestar de la localidad se notó la división, donde acudieron unos 600 vecinos.
En las sillas se notó la presencia de pobladores afines a Visoso Martínez, quienes primero sólo aplaudían cuando se nombraba a alguna persona afin, mientras que los pobladores que acompañaron al FUSEG permanecieron parados a un costado, haciendo lo mismo que los demás pobladores, ovacionar a las personalidades afines.

Protesta la UPOEG en el Ayuntamiento de Ayutla; pide agua y respeto a usos y costumbres

Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y habitantes de comunidades del municipio de Ayutla de los Libres, protestaron en el Palacio Municipal para solicitar una audiencia con la alcaldesa del PRI-PVEM, Hortencia Aldaco Quintana para exigir agua potable.
La manifestación comenzó a las 12 del día y terminó una hora después.
Vía telefónica la promotora de la UPOEG, Eneida Lozano Reyes informó que en la protesta participaron unas 350 personas, y se debió a la falta de agua potable en la cabecera municipal y las comunidades, pues no han concluido las obras.
Piden dinero para la gasolina que utiliza en sus labores la Policía Ciudadana y la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Los inconformes fueron atendidos por el secretario general del Ayuntamiento, Luis Meza, a quien los pobladores exigieron que las sesiones de Cabildo sean abiertas. El funcionario les indicó que será el próximo martes cuando la alcaldesa los atienda.
La representante de los manifestantes mencionó que también exigen a la presidenta que respete las elecciones por usos y costumbres, pues la población votó a favor de ello en la consulta, sin embargo, ella se ha manifestado en contra.
El 1 de abril el Tribunal Electoral del Estado (TEE) dejó sin efectos el acuerdo por el que se aprobó el informe de la consulta realizada en el municipio de Ayutla a solicitud de la UPOEG, y ordenó también al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la notificación de esa sentencia, se pronuncie por la validez o no validez de los resultados de la consulta que aplicó en comunidades y colonias de Ayutla.

Se accidenta Bruno Plácido en San Luis Acatlán; está ileso

El promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio se accidentó en la carretera federal San Luis Acatlán-Horcasitas; el dirigente y sus acompañantes resultaron ilesos.
Según un reporte oficial el accidente sucedió alrededor de las 6 de la mañana de ayer. La camioneta Ford Lobo de doble cabina, roja, donde viajaba el dirigente de la UPOEG trató de evitar chocar con una camioneta 4×4 que paró de forma repentina, lo que ocasionó que el carro donde viajaba saliera de la carretera.
Según el reporte los ocupantes resultaron ilesos. Bruno Plácido no se encontraba en el lugar cuando la Policía Municipal y agentes de Tránsito llegaron.

Firmará hoy la UPOEG un convenio con el gobierno del estado, anuncia Bruno Plácido

 

El dirigente la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio dio a conocer que la organización firmará un convenio de coordinación y colaboración con el gobierno del estado, con el objetivo de generar un ambiente de respeto en las gestiones que realicen en los pueblos donde tiene presencia la UPOEG.
“El concepto de coordinación no se confunde con el de subordinación”, enfatizó.
La mañana de este miércoles, Bruno Pacido se reunió con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno para determinar cómo se llevará a cabo tal convenio.
El líder de la UPOEG agregó que tentativamente la firma del convenio sería hoy en el Palacio de Gobierno, pero que aún no tenía confirmada la hora.
Minutos antes de entrar a la oficina, Placido Valerio explicó que el convenio es para que las dos partes se traten con respeto y se coordinen de manera adecuada ante los conflictos sociales.
“El conflicto de la inseguridad, la pobreza… es muy importante construir un nuevo camino donde se discuta y analice cómo resolver cada problema”, expresó.
Recordó que el propósito de su organización es construir un camino de diálogo para discutir los problemas y para que el gobierno dé una solución a la población.
Insistió en que el convenio es para tratar de establecer un canal de diálogo que permita la tranquilidad y para evitar la confrontación con el gobierno actual, para que sus demandas sean atendidas en tiempo y forma.
Comentó que se trata de que se respete a su organización cuando se enfrenten en un conflicto.
“No es sólo hablar de legalidad, sino cómo construir acuerdos, y esa palabra es muy amplia y de varios criterios, sin embargo, se pretende trabajar con ese concepto”, detalló.
Al respecto, se le preguntó si para firmar el convenio el gobierno del estado les pedirá que las policías ciudadanas se replieguen o se ordenen, a lo que contestó que, “el problema aquí es el gran conflicto de interés de los grupos que han sometido al Estado”.
Agregó que al final de cuentas lo que está en riesgo es la vida de los ciudadanos de las comunidades donde no hay policía, por lo que dijo que es importante plantearse un método para resolver el problema de la seguridad.
“Cuando hablamos de respeto, no es hablar de legalidad sino de construir acuerdos”, comentó.
Insistió en que cada parte deberá atender sus obligaciones para evitar enfrentamientos. “El problema no es que andemos armados, el conflicto aquí es de interés de los grupos que han sometido al Estado, el conflicto no es que nos salgamos o no, sino que está en riesgo la vida de los ciudadanos día a día”, agregó.
Mencionó que la fórmula planteada al gobierno del estado es que las policías comunitarias o ciudadanas tienen que surgir bajo un esquema de legitimidad, pues cada grupo o pueblo que nombre a su policía debe de regirse bajo una asamblea popular.

El dinero para liberar al indígena ñuu savi es para resarcir daños, dice líder de la UPOEG en Ayutla

El promotor de la Policía Ciudadana de Ayutla de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Andrés Catarino Cabello reveló que el pago de 22 mil 500 pesos que piden por la liberación del indígena ñuu savi Juan Pánfilo Catarino de 16 años, es para resarcir el daño ocasionado al dueño de uno de los tres carros robados donde el adolecente participó.
El promotor de la UPOEG sostuvo que ese dinero no es para la organización y que de forma directa la familia del presunto asaltante lo entrega a los afectados y los representantes de la UPOEG sólo participan como observadores. Consultado por teléfono luego de que ayer en estás páginas se publicó la denuncia que por escrito que envió el papá del detenido, Ricardo Pánfilo Procopio, expresó que el acusado aceptó su participación en el robo de tres carros tipo Tsuru de los que sólo uno fue recuperado.
El promotor indicó que los otros dos delincuentes, Maximino Ángel Vargas y Edgar Contreras Campos, ambos de 17 años, fueron liberados luego de resarcir el robo que habían cometido contra los dueños de los carros quienes ante la Policía Ciudadana acreditaron la pertenencia de los vehículos. El primero pagó 90 mil pesos en total; 20 mil pesos en efectivo y el resto con unas escrituras. El segundo detenido fue liberado luego de pagar 22 mil 500 pesos.
Catarino Cabello indicó que los adolescentes Pánfilo Catarino y Contreras Campos fueron detenidos por militares en el retén que se encuentra en la entrada del municipio en flagrancia y en posesión de un Tsuru rojo, luego de que el dueño de uno de los tres carros robados acudió a pedir auxilio. Los adolecentes fueron trasladados al MP en la madrugada de donde fueron liberados la tarde del 21 de noviembre del 2015.
Ese mismo día fueron detenidos por los policías ciudadanos de la UPOEG. Y por investigaciones de la organización después fue detenido Maximino Ángel Vargas, líder de la banda.
Del pago para reparar el daño dijo que “nosotros dentro del proceso que tenemos damos facilidades, para que la gente, cubra los daños y sean liberados, y se les reeduca”. Indicó que en aproximadamente diez días si el joven no cubre la cantidad será puesto a disposición del Ministerio Público donde hay una denuncia por robo.
Por otra parte informó que la Policía Ciudadana de la comunidad de Ahuacachahue ha pedido que el joven sea trasladado a la localidad para que sea reeducado, sin embargo dijo que la decisión se tomará en asamblea.

Rechaza jefe militar la petición que le llevaron 30 comisarios de Ayutla de libre tránsito para policías de la UPOEG

El comandante del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande, Raymundo García Flores, rechazó la solicitud de una comisión de 30 comisarios y delegados del municipio de Ayutla de los Libres, quienes demandaron el libre tránsito de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en ese municipio, además de que piden que cesen las revisiones exhaustivas que los militares hacen a la gente.
A las 11:30 de la mañana, 30 autoridades municipales, sin policías ciudadanos, llegaron a las instalaciones del 48 Batallón de Infantería, donde fueron atendidos por el coronel García Flores, quien no quiso recibir la solicitud firmada por 48 comunidades de Ayutla.
De acuerdo con el promotor de la UPOEG, Andrés Catarino Cabello, el coronel argumentó que él no podía recibir el oficio porque tiene superiores en Acapulco, a quienes se les debería de girar el documento, en referencia a la Novena Región Militar a la que pertenece el batallón a su cargo.
Catarino Cabello comentó que la solicitud de las comunidades fue aprobada en una asamblea el domingo, y se debe a las constantes revisiones de los militares a los policías ciudadanos que salen de las comunidades a apoyar en la seguridad a sus compañeros de la cabecera municipal, donde ha habido un aumento de asaltos, robos y extorsiones contra familias y negocios.
Los comisarios y delegados, quienes fueron atendidos afuera de las instalaciones del 48 Batallón, se retiraron luego de una hora. Andrés Catarino indicó que será a finales de este mes cuando una comisión viaje a Acapulco para entregar el oficio a los mandos superiores del comandante del 48 Batallón, debido a que en este momento no tienen dinero suficiente para el viaje.

La UPOEG tiene detenido a un menor en Ayutla y le piden dinero para liberarlo, denuncia su padre

 

El joven indígena ñuu savi (mixteco), Juan Pánfilo Catarino, de 16 años, originario de la comunidad de Ahuacachahue y vecino de Ayutla, se encuentra detenido desde noviembre pasado por la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y su padre asegura que le piden para su liberación 22 mil 500 pesos.
Ricardo Pánfilo Procopio, padre del menor, denunció mediante un escrito que su hijo fue detenido primero por efectivos del Ejército el 21 de noviembre de 2015, por el presunto delito de robo de vehículo, junto con otros dos jóvenes, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Sin embargo, informó que no hubo elementos para consignarlos y fueron liberados, pero que cuando salían del Ministerio Público, aproximadamente a las 2 de la mañana del 22 de noviembre, fueron privados de su libertad por hombres armados vestidos de civil que después se dijeron policías ciudadanos de la UPOEG.
Denunció que a cambio de la libertad de su hijo primero le pidieron 45 mil pesos, y recientemente le bajaron el monto a 22 mil 500 pesos, dinero que no tiene, por lo que su hijo sigue preso.
En su escrito, Ricardo Pánfilo detalla que Juan Pánfilo fue detenido el 21 de noviembre por soldados del 41 Batallón de Infantería en un retén permanente ubicado a un kilometro de la entrada de Ayutla, junto con Maximino Ángel Vargas y Edgar Contreras Campos, ambos de 17 años.
Asegura que los militares los detuvieron sin justificación alguna, y que los remitieron a la agencia del Ministerio Público del fuero común en Ayutla, acusados por robo de vehículo.
Sin embargo, el padre de Juan Pánfilo asegura que el Ministerio Público los dejó en libertad por falta de pruebas, pero que al salir de las oficinas ministeriales los tres jóvenes fueron detenidos “por personas armadas y vestidas de civil y según ellos, dijeron ser policías ciudadanos de la UPOEG, quienes sin ninguna facultad legal ejercen funciones de policía con la complicidad de las autoridades”, acusa en su escrito.
Comenta que posteriormente, “me enteré que Maximino Ángel Vargas es taxista de la ruta Ayutla-Acapulco y que tiene antecedentes penales por robo de vehículo y Edgar Contreras Campos, tengo información que tiene familiares dentro de la UPOEG”.
Añade que en las diversas entrevistas que ha tenido con miembros de la UPOEG, “me han pedido dinero para liberar a mi hijo; al principio me pidieron 45 mil pesos, pero no he dado nada, razón por la cual mi hijo sigue detenido”, se queja.
En cambio, expresa que las otras dos personas detenidas con su hijo, “han sido liberadas a cambio de una buena cantidad de dinero, pues tengo conocimiento que Maximino Ángel pagó alrededor de 50 mil pesos”.
Agrega que a Edgar Contreras Campos, también lo dejaron libre porque ya pagó la multa, “y porque tiene familiares en la UPOEG”.
Denuncia que como su hijo es el único que queda preso, los coordinadores Andrés Catarino Cabello, Ismael Sánchez Calderón y Hermelindo Candia, redujeron de 45 mil a 22 mil 500 pesos la cuota para liberar a su hijo.
Sin embargo, explica que no ha pagado porque carece de recursos económicos, pero también porque, “me niego a que la que se dice policía del pueblo esté en contra del mismo pueblo y desvíen los objetivos originales que les dieron vida, ya que ahora se dedican a extorsionar a la población y sin ninguna prueba ni justificación detienen a las personas arbitrariamente con la finalidad de quitarles su dinero”, se quejó el padre del joven.

Acuerdan comisarios de Ayutla exigir al Ejército el libre tránsito para las policías de la UPOEG

Comisarios y delegados de Ayutla de los Libres acordaron en una asamblea municipal exigir al 48 Batallón de Infantería que los policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) puedan transitar libremente y se quejaron de que de manera constante son revisados por los militares cuando se desplazan entre las comunidades e incluso les han limitado el tránsito.
En la reunión del domingo también se acordó reforzar la seguridad en las entradas del municipio debido al incremento de asaltos, robos, extorsiones por teléfono a negocios y familias. Vía telefónica, el promotor de la UPOEG Andrés Catarino Cabello, informó que al encuentro asistieron una 100 personas y 48 autoridades de comunidades y la cabecera municipal.
El promotor indicó que debido a las constantes revisiones que hace el Ejército a los policías ciudadanos de la UPOEG, a quienes en ocasiones les han limitado el tránsito en las comunidades, solicitarán al comandante del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande, el libre tránsito y un alto a las revisiones porque las escopetas que portan están registradas en la propia dependencia militar.
En la reunión fue reiterada la denuncia entre los asistentes del aumento de robos a casas, asaltos, llamadas de extorsión a negocios y casas, y se acordó reforzar la seguridad en las entradas de la cabecera municipal.
Una de las primeras acciones, recordó el promotor, fue la instalación de un retén en la entrada del municipio sobre la carretera Cruz Grande-Ayutla. El operativo permanente inició la semana pasada, cerca de las 4 de la tarde y hasta las 6 de la mañana del siguiente día, para poder disminuir el índice delictivo y las extorsiones telefónicas de supuestos integrantes de La Familia Michoacana.
En el encuentro se informó a los comisarios de las 14 mesas de trabajo con el gobierno del estado que iniciarán el miércoles y terminarán el viernes donde se tratará la elección de usos y costumbres, el problema de mil 200 defraudados, proyectos productivos, la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena y obras públicas.
También se comunicó a los asistentes que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) desechó las impugnaciones promovidas por el PRI, el PRD, el PVEM y los juicios electorales ciudadanos de miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en contra de los resultados de la consulta que se realizó a habitantes de Ayutla sobre las elecciones por usos y costumbres.