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Se revisará la cancelación de detenciones de militares por los 43, informa Vidulfo

Jacob Morales Antonio

El abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, informó que la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes versó en el reclamo por la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión contra militares y el nombramiento unilateral del nuevo fiscal, y se acordó revisarlas y la posibilidad de reactivarlas.
Dijo que en la reunión en Palacio Nacional que duró cuatro horas el presidente le reclamó su rechazo a la militarización del país y lo llamó “comparsa de los conservadores”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, estuvo ayer como invitado en la Facultad de Derecho de Acapulco de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), donde expuso la conferencia Ayotzinapa, la verdad histórica como mentira de Estado y las nuevas investigaciones.
Antes de terminar su conferencia, Vidulfo Rosales Sierra informó que en la reunión de este lunes con el presidente Andrés Manuel López Obrador se acordó un próximo encuentro la semana que viene, para ver cómo se reactivan las órdenes de aprehensión contra los militares.
El abogado dijo que debido a las confrontaciones mediáticas que hay de los padres y él con el presidente, pensó que la reunión de cuatro horas sería tensa, pero no fue así.
Dijo que fue en un tono franco pero también de reclamos de unos y de otros, no hubo protocolos y todos participaron y hablaron, incluso el presidente le reclamó su llamado a la no militarización del país y lo llamó “comparsa de los conservadores”.
En la conferencia, en la que fungió como moderador el profesor Uriel Leal Ramírez, Vidulfo Rosales criticó que el Ejército sea un poder paralelo al Ejecutivo y que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval no se haya presentado a comparecer ante los senadores luego de las filtraciones del grupo de ciberactivistas Guacamaya.
Ante unos 40 estudiantes de la facultad dijo que Guerrero es un estado herido, lastimado y pisoteado por sus gobiernos y por los que ejercen el poder político.
Se preguntó, “¿Hasta cuándo vamos a parar en Guerrero?”, y se respondió, “esto va a parar hasta que haya justicia, hasta que los culpables paguen y pueda haber una conciliación y prevalecer el Estado de derecho”.
Agregó que no se puede transitar a un estado democrático con estas heridas y dijo que los estudiantes pueden incidir, mencionó que tan sólo en Acapulco hay registros de 5 mil desaparecidos y 100 mil a nivel nacional.
El abogado explicó a los estudiantes cómo en el sexenio pasado de Enrrique Peña Nieto, el entonces procurador Jesús Murillo Karam trató de minimizar el caso Ayotzinapa con la “verdad histórica”, de que los normalistas fueron incinerados y hechos pedazos por un grupo criminal.
Rosales indicó que gracias a las investigaciones que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se sabe que el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio habló con criminales de Guerrero Unidos y se negoció que entregaran los restos de 10 estudiantes, los que fueron a tirar al río San Juan.
Reiteró que la PGR sabe más de los hechos porque estuvo involucrada en maquillar esta historia, pero gracias a que se ha mantenido viva la investigación con el Grupo Interdisciplinario se han conocido elementos que refutan la “verdad histórica”, como el hecho de que los inculpados que hoy están libres fueron torturados.
El defensor dijo que el resultado de la nueva investigación en este nuevo gobierno es que en la detención y desaparición de los normalistas participaron diversas corporaciones policiales y militares.
Además de que algunos de los restos fueron tirados o enterrados en la cueva de la Carnicería afuera de Iguala, y fue ahí donde fueron recopilados al menos 700 restos humanos y de donde se pudieron escoger 16 pedazos para realizarles pruebas de ADN, y con eso se identificaron los restos de dos normalistas.
Rosales Sierra dijo que no se ha logrado hasta ahora “una línea de investigación sólida, las que se tienen son volátiles e inconsistentes”, además de que  no se logra ofrecer verdad a las víctimas.
Agregó que la implicación del Ejército representa “un verdadero obstáculo” porque no existe el compromiso para comparecer ante las autoridades a rendir cuentas. Además de que se presiona a las autoridades civiles, logrando la cancelación de las órdenes de aprehensión.
“El poder del Ejército es fáctico y un poder paralelo (que) no le rinde cuentas a nadie”, advirtió. Dijo que a cualquier ciudadano las autoridades judiciales ya le hubieran abierto un procedimiento de desacato al no asistir a comparecer, pero como se trata de militares “no pasa nada”.
Insistió en que el Ejército está obstaculizando el avance de las investigaciones, “tiene poderes más allá de la Constitución, no rinde cuentas a nadie”. Luego expresó su preocupación de que el Ejército no llegue a los juicios.

Se pueden reactivar las órdenes de aprehensión

Después de la conferenca, en declaraciones, Rosales Sierra explicó que debido a que no hay un desistimiento de la acción penal contra los militares en las 21 órdenes de aprehensión, y sólo fue su cancelación, pueden ser reactivadas y ejecutarse por la autoridad judicial.
Abundó que el acuerdo luego de la reunión es que se van a revisar las 21 órdenes de aprehensión canceladas, se van a revalorar y de ser el caso se reactivarán.
Dijo que el presidente sigue manteniendo su postura de que la cancelación de estas órdenes de aprehensión obedece a que no aparecen en el informe, pero los padres sostuvieron que eso no es una justificación porque estas órdenes vienen de una investigación previa.
El defensor indicó que el presidente pidió a los padres su voto de confianza luego de la renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo y el nombramiento de Rosendo Gómez Piedra, pero los padres y madres de los 43 normalistas pidieron que se les permita también nombrar a alguien.
En el encuentro el presidente les dijo a las madres y padres que  Gómez Trejo no quiso actuar contra Murillo Karam, y eso provocó complicaciones en las investigaciones, pero que él no le pidió su renuncia.
Indicó que en la reunión no hubo información de los avances de las investigaciones, y se programó otra reunión para dentro de un mes.
Dijo que el diálogo con el presidente dependerá de cómo se avanza en los dos puntos propuestos por los padres de familia.

 

Se ve Vidulfo vulnerable a una agresión por sus diferencias con AMLO sobre el Ejército

El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales, en el Congreso del estado el pasado miércoles tras la reunión de la CRAC y organizaciones independientes con diputados sobre el proceso de reformas sobre derechos de los pueblos indígenas Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Como defensor de derechos humanos, contradecir al presidente Andrés Manuel López Obrador lo hace vulnerable a una eventual agresión, dijo el abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, consultado sobre la defensa del mandatario federal, al fiscal Alejandro Gertz Manero, y al Ejército, ante los señalamientos de obstaculizar la investigación.
Sin embargo, precisó que el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que envió el subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, a la Fiscalía General de la República, de donde se filtró sin testar a una periodista de Reforma, aún no ha sido judicializado.
Por lo tanto, no está relacionado con cuatro militares detenidos en el caso, de una lista de 20 militares implicados, señalados en una misma causa penal.
La semana anterior, el presidente habló a diario sobre el informe filtrado sin testar de la Covaj, así como de la conferencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que denunció obstáculos en la investigación, y el jueves hizo una referencia directa a Rosales Sierra que ha responsabilidado al Ejército por los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Son pueblo uniformado… no es el estereotipo que tiene el abogado (Vidulfo Rosales Sierra). O sea, con todo respeto, no es un ejército matón…”, dijo el presidente, argumentando que son son cinco y no 20 los militares involucrados en el informe de la Comisión, y quien sostiene algo distinto, “buscaban una rebelión” en la milicia.
En consulta telefónica, Rosales señaló que, “quien va a sacar la peor parte (de esta discusión) soy yo, el defensor. Me coloca en vulnerabilidad ante eventual agresión a mi persona, (aunque) no quiero que me llamen mentiroso, tampoco quiero estar en un debate ciego. Ahí está la carpeta de investigación”.
Aclaró que no ha habido reuniones recientes de los padres y representantes legales con el presidente de la República, pero entiende que ya tiene una predisposición en su contra, “producto de la información sesgada que recibe de las fuerzas armadas” que ya está impactando en las redes sociales.
“Él aduce que (no es la institución) sólo son cinco militares, cuatro que están detenidos, señalados en el informe de la Comisión. No menciona la averiguación previa, donde también aparecen los otros militares acusados de delincuencia organizada y de desaparición forzada de los normalistas”.
Detalló que en esa causa penal, se estableció la acción penal contra 83 presuntos responsables, “ahí vienen los 20 militares, incluidos los cuatro que están siendo procesados”. El único que no está acusado por delincuencia organizada y desaparición forzada de los normalistas, es José Rodríguez Pérez.
Encinas llevó el informe a la FGR para que realice las diligencias

 

Vigila el Ejército actividades de padres de los 43, de su abogado y de líderes sociales

Vigila el Ejército actividades de padres de los 43, de su abogado y de líderes sociales

Documentos obtenidos en el hackeo a la Sedena ponen en evidencia el monitoreo que hacen informantes de esa institución, sin que se aclaren los propósitos

Redacción

Chilpancingo

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) monitorea actividades de dirigentes de organizaciones sociales, así como de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y de su abogado Vidulfo Rosales Sierra, y los informantes las reportan a sus mandos. Los propósitos de estos reportes no son del dominio público.
El espionaje actual, que no es abiertamente reconocido por la institución, se pone en evidencia con documentos filtrados por el grupo de hackers Guacamaya, que son parte de los miles de archivos que sacó del sistema de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En uno de los documentos, el informante explica de qué se trata: “me permito enviar a esa superioridad, referente al seguimiento de las actividades que realizan integrantes de diversas organizaciones sociales, así como líderes de grupos subversivos”.
Tras el ciberataque a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el que obtuvieron 6 terabyte de información y documentos de operativos de seguridad, el grupo Guacamaya hizo públicos algunos documentos en la página https://enlacehacktivista.org/sedena/. De ese portal El Sur obtuvo documentos de dos casos.

Manifestación en la Octava Región Naval de Acapulco

En el documento destacado como “urgente”, número PI(SIIO)-1531, con fecha 7 de junio de este año y con referencia información, el comandante del 56 Batallón de Infantería-Campo Militar de la 27 Zona Militar, Diego Antonio Chávez Alcaraz, señaló que en ampliación a su mensaje C.E.I número PI(SIIO)1530, respecto a las actividades “realizadas en esta ciudad y puerto por parte de alumnos de la escuela normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, “el grupo de personas continúan en el interior (entrada principal) de las instalaciones” de la Octava Región Naval de la Secretaría de Marina, y que actualmente es la Décimo Segunda Región Naval.
Añade que el grupo de personas son “liderados por el lic. Vidulfo Rosales Sierra, asesor legal de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ya que solicitaban la presencia del comandante de la VIII Región Naval”.
Dice que a las 12:45 del día el resto del contingente permanecía en las inmediaciones de las instalaciones, y que además, habían bloqueado la avenida Costera Miguel Alemán en el sentido Base Naval-Escénica.
Menciona que cinco minutos después, el grupo de personas fueron atendidas por el comandante del 22 Batallón de Infantería de Marina, Jafet Rojas Díaz Castillo, en representación del comandante de la citada Región Naval.
Detalló que a la 1:20 de la tarde, Rosales Sierra “manifestó que ya habían sido atendidos, indicando que se logró el acuerdo con personal de citada Región Naval”, para que el 27 junio de 2022 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acudiera a esas instalaciones para revisar los archivos de esta dependencia.
Agregó que posteriormente todo el contingente abordó los autobuses y vehículos en los que arribaron a la ciudad, para retirarse del lugar.
De acuerdo con la información publicada en El Sur, ese 7 de junio, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa llegaron a la Base Naval de Acapulco y a empujones abrieron la puerta y avanzaron unos 10 metros hasta que agentes de la Marina prepararon sus armas y cortaron cartucho, en una acción intimidatoria.
Aquel día los padres lograron llegar a la caseta de vigilancia de la Octava Región Naval, para exigir que la Secretaría de Marina (Semar) entregara los archivos e información de los acontecimientos de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, precisó que el 27 de junio una comisión de los padres de los 43 volvería acudir a la Región Naval para dar la fecha del día en que el GIEI, revisará todos los archivos que tiene la institución, hechos que confirman lo relatado en los documentos filtrados.

Seis dirigentes sociales

En el documento de la Sedena, con carácter de “urgente”, número PI(SIIO)-5500, con fecha 23 de noviembre de 2021 y con referencia “actividades líderes”, que dirigió del 56 Batallón de Infantería – Campo Militar número 27-A “Gral. Brig. Leonardo Bravo”, Cumbres de Llano Largo, y responde el mensaje “F.C.A No. GAOI/490, de fecha 29 de enero de 2014,  y se dirige al comandante de la 27 Zona Militar (G.A.O.I.)- Campo Militar no 27-F “Gral. Div. P.A Gustavo G. León”, en Pie de la Cuesta.
Sostiene que en referencia al seguimiento de las actividades que realizan integrantes de diversas organizaciones sociales, así como “líderes de grupos subversivos” como: Raymundo Nava Ventura a quien lo identifican como “dirigente de asociación civil coordinadora Xuajin Me’phaa, coordinador de la asociación civil “Tlapanecos” y promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Ayutla.
También, menciona a Fernando Yáñez Muñoz, a quien lo tienen registrado con el alias de Germán e identificado como dirigente nacional del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); así como a Jorge Javier Elorriaga Berdegué, alias Vicente, y a quien señalan como responsable de la Secretarías de Masas dentro de la estructura del EZLN y dirigente nacional.
El documento expone que otro dirigente a quien da seguimiento la Sedena es a Ubaldo Segura Pantoja, de quien refiere que es coordinador del Frente Popular Revolucionario  (FPR), y de la cual indican, es una “organización fachada del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en la región de la Montaña de Guerrero”.
Otro de los líderes sociales monitoreado es el secretario de comunicación política de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD, Félix Moreno Peralta, a quien identifican como secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG); el último dirigente monitoreado es Lucio de la Cruz Piña, de quien reconocen como militante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), ubicado en Coyuca de Benítez.
En el documento se informa que del 17 al 22 de noviembre de 2021 a “los citados dirigentes no se les detectó realizar actividad alguna en este sector militar de responsabilidad”.
Sin embargo, existe un segundo documento con número PI(SIIO)-392, también denominado “actividades líderes”, y con fecha de 6 de febrero de 2022, en el que también indica que este año continuó el monitoreo de actividades de los seis dirigentes del 24 de enero al 6 de febrero pasado.
Los dos documentos fueron firmados por el coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor (DEM), Marco Antonio Mendoza Mendoza, comandante del 56 Batallón de Infantería.

Se ve Vidulfo vulnerable a una agresión por sus diferencias con AMLO sobre el Ejército

El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales, en el Congreso del estado el pasado miércoles tras la reunión de la CRAC y organizaciones independientes con diputados sobre el proceso de reformas sobre derechos de los pueblos indígenas Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Como defensor de derechos humanos, contradecir al presidente Andrés Manuel López Obrador lo hace vulnerable a una eventual agresión, dijo el abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, consultado sobre la defensa del mandatario federal, al fiscal Alejandro Gertz Manero, y al Ejército, ante los señalamientos de obstaculizar la investigación.
Sin embargo, precisó que el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que envió el subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, a la Fiscalía General de la República, de donde se filtró sin testar a una periodista de Reforma, aún no ha sido judicializado.
Por lo tanto, no está relacionado con cuatro militares detenidos en el caso, de una lista de 20 militares implicados, señalados en una misma causa penal.
La semana anterior, el presidente habló a diario sobre el informe filtrado sin testar de la Covaj, así como de la conferencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que denunció obstáculos en la investigación, y el jueves hizo una referencia directa a Rosales Sierra que ha responsabilidado al Ejército por los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Son pueblo uniformado… no es el estereotipo que tiene el abogado (Vidulfo Rosales Sierra). O sea, con todo respeto, no es un ejército matón…”, dijo el presidente, argumentando que son son cinco y no 20 los militares involucrados en el informe de la Comisión, y quien sostiene algo distinto, “buscaban una rebelión” en la milicia.
En consulta telefónica, Rosales señaló que, “quien va a sacar la peor parte (de esta discusión) soy yo, el defensor. Me coloca en vulnerabilidad ante eventual agresión a mi persona, (aunque) no quiero que me llamen mentiroso, tampoco quiero estar en un debate ciego. Ahí está la carpeta de investigación”.
Aclaró que no ha habido reuniones recientes de los padres y representantes legales con el presidente de la República, pero entiende que ya tiene una predisposición en su contra, “producto de la información sesgada que recibe de las fuerzas armadas” que ya está impactando en las redes sociales.
“Él aduce que (no es la institución) sólo son cinco militares, cuatro que están detenidos, señalados en el informe de la Comisión. No menciona la averiguación previa, donde también aparecen los otros militares acusados de delincuencia organizada y de desaparición forzada de los normalistas”.
Detalló que en esa causa penal, se estableció la acción penal contra 83 presuntos responsables, “ahí vienen los 20 militares, incluidos los cuatro que están siendo procesados”. El único que no está acusado por delincuencia organizada y desaparición forzada de los normalistas, es José Rodríguez Pérez.
Encinas llevó el informe a la FGR para que realice las diligencias

 

Llama Vidulfo a una reunión con AMLO para definir los términos de la comisión de la verdad

Es “positivo” el anuncio de la ex ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, sobre la integración de comisiones de la verdad para indagar crímenes no resueltos, opinó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Sánchez Cordero es la propuesta para encabezar la Secretaría de Gobernación por el virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, e informó que una de las primeras comisiones será para investigar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, atacados en Iguala en septiembre de 2014.
Adelantó que la comisión estará integrada por representantes de las víctimas, de la CNDH y del Ministerio Público federal, pero sólo los dos primeros decidirán las líneas de investigación y las pruebas a desahogarse.
Consultado vía telefónica al respecto, el abogado de los padres de los 43, Rosales Sierra consideró que la creación de la comisión “es lo más conveniente” para esclarecer los hechos y llegar al conocimiento de la verdad.
“Qué bueno que el equipo de transición esté mostrando esta apertura”, expuso.
Agregó que hace falta concretar una reunión entre los familiares de los jóvenes, López Obrador y su equipo para que puedan discutir y dialogar sobre los términos de la creación de la comisión.
A pesar de que Sánchez Cordero hizo alusión a diversas comisiones al decir que en la del caso Ayotzinapa participarán los representantes de los familiares de los normalistas desaparecidos, la CNDH y el Ministerio Público, Rosales Sierra expuso que “está acotando a la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en los términos” que indicó el Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, “aunque ella no es expresa en manifestar que esa comisión sería en cumplimiento al fallo, pero al hacer ese acotamiento nos queda claro que el parámetro para la creación de la misma es la resolución del colegiado”.
Dijo que ayer no había recibido ningún tipo de invitación a una reunión pero con los padres y madres se dará a la tarea de buscarla pues “el interés es de nosotros”.
Además informó que la próxima semana, el 14 de julio, habrá una Asamblea Nacional Popular (ANP) en la Normal Rural de Ayotzinapa en la que se discutirá con las organizaciones sociales que apoyan el movimiento, así como la creación de la comisión.
Agregó que la asamblea buscará el impulso que las organizaciones sociales puedan dar “a esta discusión de la necesidad de avanzar en el esclarecimiento de los hechos, esta discusión de la necesidad de revertir la impunidad en nuestro país y empezando por el caso emblemático de impunidad, de graves violaciones a los derechos humanos de Ayotzinapa”.
Además declaró que los padres y madres de familia visitarán Reynosa para tratar de dialogar con el Primer Tribunal Colegiado que analiza los “incidentes” que interpusieron las autoridades para evitar cumplir con el fallo que ordenó la creación de la comisión, “; se trata de una caravana que buscará contar con el apoyo de las organizaciones sociales durante el recorrido.

Apuestan padres de los 43 a que el gobierno de AMLO empuje la comisión de la verdad: Vidulfo

Es momento de que los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos busquen a los integrantes del gabinete del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para establecer una agenda de trabajo, consideró el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Tras su encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto hace dos días, López Obrador declaró que se reuniría con representantes de movimientos sociales.
Ayer la que será secretaria de Gobernación, la ex ministra Olga Sánchez Cordero dijo que se reuniría con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Rosales Sierra precisó que aún no tienen fecha.
En consulta telefónica indicó que existen procesos legales de la Procuraduría General de la República (PGR) que tienen suspendido el plazo para la ejecución de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito del recurso de revisión 203/2017 del caso Ayotzinapa.
Mencionó que el Tribunal Colegiado estableció un término de 10 días naturales para que, entre otros asuntos, se creara la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, la cual debería de estar conformada por el Ministerio Público, víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para garantizar el acceso a la justicia y para que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos del gobierno contra la población.
Dijo que López Obrador como candidato se pronunció por la creación de la Comisión de la Verdad y los padres plantearon restablecer el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se separó de la investigación después de dos periodos, debido a la obstrucción de las autoridades mexicanas.
Para los padres, insistió, es importante empujar la resolución del juzgado de Reynosa, Tamaulipas, con el equipo de transición.
“La apuesta es que sea retomado por el nuevo gobierno y no por éste que no tiene voluntad, que impugnó y recurrió la sentencia”, agregó.
Precisó que el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito ya respondió al Congreso de la Unión y la Consejería jurídica del gobierno federal que no hace falta más explicación de la sentencia, cuando las instancias solicitaron una aclaración de la misma.
Indicó que el recurso legal que sigue en proceso es “un incidente de imposibilidad de cumplimiento de ejecución de la sentencia” que promovió la PGR en un Tribunal Unitario de Distrito de Reynosa, órgano que debe ejecutar la sentencia del Tribunal Colegiado.
Aclaró que el recurso fue solicitado por la PGR después que el Tribunal Unitario resolvió el caso en favor de los detenidos por los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y que denunciaron actos de tortura.
En lugar de revertir la sentencia, el Tribunal Colegiado no sólo confirmó la resolución, incluyó a un número mayor de personas como presuntas víctimas de tortura en el proceso judicial, e hizo énfasis en redireccionar la investigación para que los agraviados no queden en indefensión. “Fue por lana y salió trasquilada”, dijo de la maniobra de la PGR que tampoco notificó a los representantes legales de las víctimas sobre el procedimiento.
A quien toca ejecutar la resolución es al Tribunal Unitario de Circuito, y resolver el recurso de imposibilidad de cumplimiento, explicó.
Añadió que viene bien a los padres que estos recursos estén en proceso para que la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia se conforme con el nuevo gobierno, ya que éste lo único que hizo fue dilatar el cumplimiento de la resolución, “mientas se dirimen recursos nosotros tenemos un acercamiento con el nuevo gobierno”.

 

Las procuradurías reciben línea del Ejecutivo, responde Vidulfo del fallo del caso Ayotzinapa

“Es una visión equivocada” dijo el abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, sobre el pronunciamiento de procuradores y fiscales del país en contra del fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordena una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para resolver el caso.
El jueves procuradores y fiscales que participaron en la 39 asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en Acapulco, consideraron que el tribunal se “excedió” en sus atribuciones y que “vulnera el principio de Supremacía Constitucional, el principio de reserva de ley, el principio de separación de poderes y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo trastocando la esencia del Ministerio Público”.
Ayer vía telefónica Rosales Sierra dijo que las procuradurías no son independientes y reciben “línea” del poder Ejecutivo, además de que sus fallas en cuanto a la falta de acceso a la justicia, los abusos y las investigaciones imparciales e ineficientes “dan cuenta de la ineficacia del Ministerio Público, de la ineficacia y de las irregularidades de las procuradurías en su conjunto, incluyendo a la PGR”.
Dijo que en el país “se tienen que poner controles” a los ministerios públicos “que se han convertido en jueces instructores” y que el fallo del tribunal colegiado “pone el dedo en la llaga”.
Aseguró que los magistrados de Tamaulipas de ningún modo trasgreden el orden constitucional, “es una resolución y un criterio que tiene una interpretación amplia de la Constitución y de los derechos humanos”.
Expuso que los procuradores y fiscales están inconformes con la creación de la Comisión de la Verdad, pues consideran que el tribunal sólo debió ordenar la ilegalidad de las pruebas obtenidas bajo tortura y la liberación de los implicado, pero los magistrados interpretaron de manera amplia la constitución y están facultados a hacerlo conforme a los derechos humanos, así como a la ley.
Explicó que el tribunal analizó las pruebas ilegales que pesan sobre los detenidos, la utilización de la tortura, lo excluye y ordena la reposición de proceso pero también no deja en estado de indefensión a las víctimas.
Además los magistrados consideraron el protocolo de Minnesota que ordena la creación de comisiones independientes cuando hay casos de graves violaciones a los derechos, estos son la tortura, la desaparición forzada y ejecución extrajudicial, y en el caso de Ayotzinapa ocurrieron los tres.
Por ello el tribunal ordenó la creación de la comisión no de manera independiente pero sí dentro de un marco “totalmente legal, constitucional” y no lo deben olvidar los procuradores: estará integrada principalmente por el Ministerio Público, no se le desplaza sino que “se le van a poner contrapesos dado que se observa en el caso Ayotzinapa una investigación sesgada, parcial, poco independiente” pues se investigó una sola línea, que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
“Para que no vuelva a ocurrir” se le ponen contrapesos al Ministerio Público, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los representantes legales de las familias de los normalistas, precisó que el tribunal no va a coordinar el trabajo de la comisión, lo hará el MP “y eso también debe quedar claro”.
“Desde nuestro punto de vista no habría razón para que hoy en día el ejecutivo, la PGR, estén soslayando el cumplimiento de esta resolución, sin embargo lo que estamos viendo es una estrategia” del gobierno federal encabezado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y de la PGR “para omitir el cumplimiento de esta resolución”.
Informó que conoce que “en el plano formal”, la PGR recurrió a “incidentes” de incumplimiento del fallo y la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión a uno de aclaración, mientras que en el “plano mediático” se expresa que el fallo es inconstitucional, así como lo manifestaron los procuradores y fiscales en Acapulco.
Declaró que los siguientes días habrá “una cascada de opiniones conservadoras de carácter restrictivo de nuestro derecho constitucional, que van a tratar de socavar la resolución y sus efectos”, así como a la Presidencia de la República, a los diputados federales y la PGR, “queriendo avasallar a los padres”.
Lamentó la situación y añadió que habrá una disputa legal y mediática pues “a este gobierno no le bastó desaparecer a los estudiantes, no le bastó manipular las investigaciones, no le bastó cometer diversas irregularidades y tener en la impunidad a sus funcionarios, sino que ahora pretenden cuestionar la legalidad de un fallo judicial” e incumplirlo, “nos parece delicada la situación”.
Del planteamiento de la ONU-DH para que se deje en libertad a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, detenido equivocadamente por el caso Ayotzinapa, expresó que ilustra las irregularidades en la investigación.

 

 

El fallo sobre Ayotzinapa sí respeta al MP y no es anticonstitucional, afirma Vidulfo

Hay quienes enfrentan investigaciones por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y “se escandalizan” por el fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordena la formación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, escribió el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra en su cuenta de Facebook.
El representante legal de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos publicó tres estados acerca del fallo, en el que señala que no es aceptado pero no precisa por quién o quiénes.
El fallo judicial desde que se hizo público (el 4 de junnio) fue recibido con resistencia, el mismo día la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
Ayer en un primer mensaje Rosales Sierra señaló que los que se oponen a la comisión, “dicen que no respeta la garantía de presunción de inocencia, la autonomía y facultades del Ministerio Público (MP) y hasta dicen que a un servidor se le investigue por prevaricato”, que es un delito que comete una autoridad, juez o servidor público al dictar una solución arbitraria sobre un caso a pesar de que la misma es injusta o contraria a la ley.
Después dijo que: “la resolución es inédita y garantista. Respeta las facultades del MP por eso forma parte de la investigación. Pone en el centro a las víctimas por eso les da un papel protagónico en las investigaciones. La lucha de las víctimas ha sido histórica para conquistar un papel relevante en el proceso penal. Entonces no es inconstitucional que proponga líneas de investigación y aporte pruebas”.
Aseguró que “el Tribunal ordena realizar dictámenes independientes para verificar tortura, lo cual es correcto, pues no es objetivo que la Procuraduría General de la República (PGR) se investigue a sí misma”.
Por último publicó: “Si queremos sentar las bases de un estado democrático tenemos que empezar por exigir el cumplimiento del fallo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito. Es la única garantía de acceso a la justicia para los Padres de los 43 y todas las víctimas de este País, México”.
La inconformidad pública de Rosales Sierra ocurre 11 días después de que se dio a conocer el fallo del tribunal, sin embargo, el mismo abogado informó que a la fecha los representantes legales de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos no han sido notificados oficialmente al respecto, por lo que para ellos el plazo de los 10 días para formar la comisión todavía no inicia.
Según el fallo la comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Sin embargo, aunque no se ha dicho si las instancias correspondientes ya fueron notificadas de manera oficial, la CNDH y la PGR dijeron en días pasados que analizan los términos del fallo.

 

 

No notifican a los padres de los 43 el fallo que ordena una Comisión de la Verdad, dice Vidulfo

A 10 días de que el Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenara la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que los representantes legales de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos no han sido notificados oficialmente del fallo.
El 5 de junio los magistrados emitieron el fallo en el que especifican que la comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Dicha comisión debía formarse diez días después de que las partes involucradas fuesen notificadas.
Consultado vía telefónica sobre la formación de la comisión y el seguimiento jurídico del fallo, Rosales Sierra declaró que los representantes legales de los padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos no han sido notificados de manera oficial.
“Seguimos teniendo reuniones para poder seguir estructurando esta comisión, sin embargo a la fecha (ayer) no hemos sido notificados todavía de tal manera que el plazo no ha empezado a correr para nosotros, tendrían que notificarnos pero no ha ocurrido”, explicó.
Dijo que desconoce si la PGR ya fue oficialmente notificada mientras que los padres y madres de familia con los abogados que los representan siguen con el análisis del fallo, así como de los posibles integrantes de la Comisión de la Verdad de quienes prefirió no entrar en detalles pues “sería muy incipiente, muy aventurado”.
Por último señaló que seguirán a la espera de que se les notifique de manera oficial así como a la respuesta de las autoridades para saber, “si van a cumplir o no van a cumplir” lo establecido en el fallo que faculta a la Comisión de la Verdad para tener acceso libre e inmediato “a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

Está fuera de la agenda del gobierno y de los candidatos la desaparición forzada: Vidulfo

El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 43 meses en esta ciudad, Vidulfo Rosales Sierra criticó que el tema de las desapariciones forzadas en México está fuera de la agenda de las autoridades federales y de los diferentes candidatos, que no lo incluyen en sus propuestas de campaña.
En declaraciones a reporteros la tarde de ayer al participar en las protestas de la jornada 43×43, Rosales Sierra reclamó los meses de impunidad en los que no se ha esclarecido el caso de los normalistas, tiempo en el que el gobierno federal se ha mantenido “inmóvil” sin instrumentar políticas legislativas ni de carácter administrativo, para revertir el problema de la desaparición forzada, “es más, no se reconoce de manera expresa esta problemática”.
Se refirió a los planteamientos de los diferentes candidatos y de la clase política en la que el tema de la desaparición forzada no figura, “es un tema que está fuera de la agenda, es un tema del que nadie quiere hablar porque a menudo también está asociado con la delincuencia organizada y con los vínculos que las instituciones y las autoridades tienen con la delincuencia organizada, por lo que nadie le quiere entrar a ese debate”.
Reclamó que se habla de más de 33 mil desaparecidos en México, no hay justicia ni se les está buscando por la falta de un diagnóstico, ni hay medidas implementadas de carácter político ni legislativo para revertir ese problema.
“Las investigaciones en todos los casos de desaparecidos, digamos que Ayotzinapa es el más avanzado, porque en la mayoría de los casos permanecen en nulos avances, no se están esclareciendo sus casos, y hay más de 33 mil casos de desaparición que están en la total impunidad”, puntualizó.
Advirtió que las búsquedas tampoco se hacen, “se desaparece alguien y no hay una metodología científica para proceder a la búsqueda, no hay nada, hay un total abandono del tema, una total displicencia para abordar el tema de los desaparecidos, lo que está ocasionando que las desapariciones sigan ocurriendo en Guerrero y en el país”.
Afirmó que el caso “emblemático” de Jalisco, de la desaparición de tres jóvenes, “es consecuencia de la impunidad, de la mala investigación y las deficientes investigaciones de la PGR, y de las irregularidades que cometen los funcionarios sin que haya sanciones, transparencia ni rendición de cuentas para ellos”.

El Ejército sí tiene responsabilidad en el caso Ayotzinapa, señala

De las grabaciones telefónicas de supuestos jefes del grupo delictivo Guerreros Unidos que obtuvo la DEA, y mediante las cuales se pretende deslindar al Ejército de su participación de los ataques de Iguala, Rosales Sierra sostuvo que el Ejército a través de efectivos del 27 Batallón de Infantería tiene responsabilidad de manera directa e indirecta, y se debe de investigar.
Agregó que las investigaciones de la DEA son líneas de investigación distintas, y en ese caso en particular es por el trasiego de droga de Iguala a Chicago, “el trasiego de droga es lo que hoy en día sale a la luz, que son las escuchas telefónicas, y si bien es cierto ahí no hay mención tan expresa al Ejército mexicano, pero dentro del expediente sí hay datos y lo vamos a reiterar otra vez”.
Señaló que son tres niveles que involucran al Ejército en los ataques, y enlistó: uno, ellos desplegaron agentes de inteligencia en distintos escenarios, dos, ellos realizaron patrullajes en toda esta zona (Juan Álvarez), en el hospital Cristina y el crucero de Santa Teresa “y no previnieron razonablemente lo que ahí estaba ocurriendo y ni siquiera brindaron asistencia humanitaria a los normalistas, y tercero, ellos operaron el C4 y estuvieron al tanto de todo lo que estuvo pasando en tiempo real.
Sostuvo hubo participación de todas las corporaciones policiacas, desde la Policía Municipal de Iguala, Tepecoacuilco, Cocula, Huitzuco y Taxco, la Policía Federal, la Policía Ministerial, la Policía Estatal y el Ejército.
Consideró, a pregunta expresa, que si no se quiere detener a policías de Huitzuco que ya están plenamente identificados, es porque hay una intención deliberada de encubrimiento, tanto a ellos como a otros policías a los que tampoco se les ha investigado.
Cuestionó por qué no se han librado las órdenes de aprehensión en contra de policías municipales de Huitzuco y policías federales, y por qué no se quiere investigar al Ejército, “si las instituciones tuvieran la voluntad de no encubrir a los responsables pues ya los hubieran llevado a juicio y se les hubiera investigado”.
Durante el proceso electoral Vidulfo Rosales dijo que se trabaja una estrategia para mantener el caso Ayotzinapa, que darán a conocer más adelante.

De las diligencia de la PGR en cerros de Iguala

A Rosales Sierra se le preguntó si les han dado información de las diligencias que la PGR ha realizado por más de una semana en cerros al poniente de Iguala en la zona de hallazgo de fosas, y confirmó que es parte de la investigación del caso Ayotzinapa y es una petición de búsqueda con la tecnología de láser LIDAR que es capaz de ver los movimientos de tierra aunque haya follajes muy espesos, “yo por responsabilidad y por éxito de las búsquedas no pudiera revelar más información”.
Agregó que ayer no les habían dado a conocer los resultados de estas diligencias y que se las darán en la audiencia con la Comisión Interamericana que se celebrará en República Dominicana.

 

 

El próximo informe del gobierno sobre Ayotzinapa es el 8 de mayo en la CIDH en Dominicana: Vidulfo

Después de cancelada una reunión del Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa en México debido al proceso electoral, el próximo informe del gobierno mexicano sobre las investigaciones de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala será en el 168 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en República Dominicana el 8 mayo, informó el abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica sobre el descubrimiento de nuevas fosas en el cerro Gordo de Iguala en posibles diligencias de búsqueda de los estudiantes detenidos-desaparecidos, que trascendieron el miércoles, el abogado aclaró que no han tenido información del hallazgo, pero confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) analiza terrenos con tecnología LIDAR para establecer si en algún sitio hay tierra removida.
Según testigos en Iguala policías de la Gendarmería en patrullas y dos helicópteros entraron la noche del martes al paraje donde antes familiares de desaparecidos hallaron más de 100 cuerpos en fosas clandestinas, en distintos parajes.
De la próxima reunión para conocer los avances del caso informó que se tenía prevista a fines de abril en México, con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, pero se canceló por el proceso electoral y a petición de las autoridades.
Aclaró que el gobierno federal también propuso que se cancelara la audiencia pública de oficio del caso Ayotzinapa en el siguiente periodo ordinario de sesiones, donde de manera oficiosa se da seguimiento, sin embargo cancelada la reunión en México las autoridades aceptaron continuar lo planeado.
En el calendario de la CIDH se programó el 8 de mayo de 2018 una sesión para el Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, donde la CIDH convoca al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ente otros representantes legales, y al Estado mexicano.
Rosales Sierra también denunció que la efervescencia electoral en el país ha tenido impactos en el movimiento de los padres de familia en la búsqueda de sus hijos desaparecidos, “porque el gobierno federal intenta dar carpetazo al asunto otra vez, no dejar nada abierto que pudiera retomar el gobierno que probablemente pueda llegar”.
Estimó que prácticamente durante un año las investigaciones estuvieron detenidas “después de administrar el caso (en el tiempo), ahora han pasado a hacer todo lo posible para cerrar el mismo”. Dijo que lo han intentado muchas veces durante tres años y medio, y hasta ahora su estrategia no ha funcionado, “pero siguen intentando”.
Aceptó que van preocupados a la reunión en Santo Domingo, República Dominicana, porque hay nuevos datos que evidencian la necesidad de profundizar en las líneas de investigación.
Mencionó las investigaciones en Estados Unidos sobre el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, y que integrantes de Guerreros Unidos hablan en comunicaciones telefónicas interceptadas de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa durante y después de los hechos.
Insistió que el tema del narcotráfico “obviamente que pesa al régimen de gobierno en términos electorales, en elecciones le impacta, le genera consecuencias, prefieren tener este asunto primero administrando el caso, y ahora tratando de cerrarlo”.
Estimó que de aquí a las elecciones del 1 de julio no van a mover nada, “su preocupación es remontar el tercer lugar en que se encuentran (el candidato del PRI) o si logran reponerse, ahí están sus prioridades”.