“El evento de la cantante Belinda transcurrió en completa calma. El espectáculo demuestra que en la capital se sigue realizando vida social tranquila pese a los hechos que han alterado el orden público”. Así resumió el gobierno del estado su informe semanal de seguridad realizado el día lunes 14 de los corrientes.
Mientras tanto la violencia sigue galopante e incontrolable. El sábado pasado mataron a un hombre y una mujer en el parque de la Colonia la Laja. El mismo día en Atenango del Río a un lado del palacio municipal fueron emboscados elementos de la Policía Ministerial. El comandante de la Zona Norte fue privado de la vida y dos personas resultaron heridas. Al otro día mataron a un campesino de la Coordinadora Indígena de Pueblos de Guerrero (Cipog) y su hijo de 16 años cuando se abastecían de gasolina en pleno tianguis de artesanías de Chilapa. Ese mismo domingo en Chilpancingo hubo amenazas graves de atentar contra transportistas que llevaran a las personas al concierto de Belinda y aparecieron granadas cerca del recinto donde se realizaría. El martes 15 fue encontrado un hombre decapitado sobre un taxi del servicio público en El Quemado, municipio de Acapulco.
Al tiempo que la entidad se baña en sangre, el gobierno del estado deambula a la deriva sin un plan y estrategia efectiva que frene la ola delictiva. Por el contrario, se recurre a levantar polvareda para distraer la atención.
La semana pasada desde las esferas del gobierno circuló un rumor de que fuerzas contrarias al gobierno exigirían la renuncia de la gobernadora, por ello se activaron sus redes: grupos de mujeres y organizaciones salieron a manifestarle el apoyo. Se dio la instrucción que todo trabajador del estado debería mostrar su respaldo a la mandataria. Ignoramos que tan serias sean las amenazas de desestabilización. Todo parece indicar que se trata de una acción del gobierno para desviar la atención. El círculo cercano de la gobernadora y su partido salieron a denunciar al clero, a los medios “cuestionables” y a los caciques que emprendían una campaña contra el gobierno y trataban de frenar la cuarta transformación.
El sábado pasado tuvo lugar el concierto de la cantante Belinda en Chilpancingo, en medio de actos violencia graves y los escándalos en que se ha visto envuelta la alcaldesa.
El concierto de la cantante fue presentado como una acción de gobierno. Las instituciones obligaron a los empleados a asistir al baile, desplegaron campañas en medios y redes sociales promoviendo el evento. Se dispuso de un impresionante operativo de seguridad para cuidar la fiesta y de transporte gratuito para los asistentes. Finalmente, el aforo fue exiguo, sin embargo, el gobierno festejó el éxito del evento tratando de mostrar que en Chilpancingo la gente vive tranquila. En el informe semanal de seguridad el concierto ocupó un lugar central. El propio secretario de Seguridad alardeó de la eficacia de sus fuerzas policiales para dar seguridad en el espectáculo.
Mientras el gobierno se ocupa de organizar fiestas y crear fantasmas que amenazan la gobernabilidad. Los grupos delictivos matan a las personas en avenidas y plazas públicas sin que las fuerzas de seguridad los contengan
Las acciones de distracción y la negación de los hechos son un total yerro del gobierno. El día de ayer un medio nacional publicó que recibió la visita de la gobernadora de Guerrero, allí declaró que han disminuido significativamente los índices de homicidio sin explicar las fuentes que sustentan sus datos dijo que en el 2014 la entidad ocupaba el segundo lugar en homicidios dolosos mientras que para el año 2022 pasó al noveno.
Dudo que con aspavientos pachangueros y negando los hechos de dolor y muerte que está dejando la violencia, se resuelvan los problemas.
Los miles de víctimas no olvidan a sus muertos y desparecidos. Los familiares de Esteban Xochitempa y su hijo Juan Xochitempa asesinados en Chilapa el domingo pasado no son sólo una cifra de la violencia, es una familia que sufre el dolor que provoca la pérdida irreparable de los seres queridos. Ninguna autoridad se ha acercado a tenderle la mano a la viuda, nadie le brinda unas palabras de aliento, solo ella sabe cómo enfrenta su dolor. Hace meses le mataron a su hijo mayor y ahora perdió a su esposo e hijo más pequeño quedándose sola. Mientras tanto el gobierno solo atina a levantar cortinas de humo con supuestas conspiraciones y fiestas para desviar la atención.
Estamos lejos de que el gobierno reconozca el problema de la violencia que azota el estado, que tenga un diagnóstico, estrategias y líneas de acción claras para revertirla. Persiste una indolencia ante el dolor que sufren las víctimas de este lastre social. Ponen oídos sordos a los llamados al diálogo con las víctimas, organizaciones sociales y otros actores.
Nos preguntamos si tienen pactos con los grupos delictivos y prefieren seguir nadando de a muertito o les pesa más la arrogancia y soberbia. Creen que los bonos de legitimidad del presidente y los pactos con los empresarios y caciques de la entidad alcanzan para contener la inconformidad social de un pueblo que sufre una opresión secular.
Las acciones frívolas y espontáneas han sido un sello distintivo de este gobierno. Desde su llegada a la administración no hemos conocido un plan de gobierno. No se han trazado políticas públicas y acciones propias de la entidad. Todos los programas sociales y las carreteras artesanales son del orden federal. Salvo algunas acciones tangenciales para inhibir la violencia contra la mujer, nada se ha hecho. Los crímenes contra los luchadores sociales siguen sin resolverse, no se investiga ni se busca a los más de cinco mil desaparecidos, los desplazados por la violencia están a la deriva sin una ruta de solución, las deudas del sector educativo y salud siguen sin pagarse. Las protestas al por mayor de maestros, campesinos, estudiantes, colonos y víctimas de violaciones a los derechos humanos dan cuenta de la inconformidad social en guerrero y un gobierno ausente, disociado de los problemas más graves que vive el pueblo, una administración envuelta en escándalos de nepotismo y en una maraña de frivolidades.
Mientras tanto, todo parece indicar que seguirán las fiestas, la pasarela y el karaoke. Dicen que ya se anuncia un concierto de Luis Miguel a realizarse en Acapulco próximamente y que está en puerta un refugio de patitas felices en esa ciudad.

Desde hace 15 días la violencia azota las principales ciudades de Guerrero. Tan sólo el martes pasado, de acuerdo al recuento del periódico El Sur hubo cinco muertos: dos en un taller de motos de Chilpancingo, un niño de 15 años en Iguala, otro en Huitzuco y uno más en Tlapa. El miércoles hombres armados quemaron 12 vehículos en Acapulco a plena luz del día.
Da la impresión de que el estado de derecho ha sucumbido ante la ola delincuencial que desborda a las instituciones. Donde están los cientos de policías y militares. La Guardia Nacional del sexenio brilla por su ausencia. De qué sirven los modernos aparatos de inteligencia como los C5, los sistemas de espías con los que cuenta el Ejército, que hace la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las policías municipales. La clase política calla, la derecha conservadora que cuestiona las manifestaciones de organizaciones sociales de izquierda ahora guarda silencio cómplice ante la estela de muerte que deja el hampa.
¿Será verdad que el poder de fuego de la delincuencia es superior a las fuerzas del Estado? Lo dudo, los que estamos en el activismo somos testigos de la eficacia de las fuerzas de seguridad: intervienen los teléfonos y despliegan agentes encubiertos de tal forma que, desde la planeación, el traslado de los contingentes y la realización de una protesta social el Estado ya lo sabe. Eso les facilita el traslado de cientos de efectivos policiacos para reprimir y disuadirla de inmediato. ¿Por qué la eficacia no es la misma con los grupos delictivos?
El reciente informe del GIEI que coadyuvó en la investigación del caso Ayotzinapa ilustra el marco de permisibilidad con el que cuentan los grupos delictivos. En este caso el Ejército sabía cómo operaban en Iguala, la colusión que existía con policías y autoridades y nunca los frenaron.
El Ejército mexicano tiene perfectamente mapeados a los grupos delictivos que operan en la entidad, sabe quiénes son los cabecillas, el territorio donde actúan, cuál es su capacidad de fuego, los nexos que mantienen con policías, autoridades municipales, estatales y empresarios que lavan dinero. Así las cosas, no hay ningún impedimento para desmantelarlos, pero prefieren permitirles continuar con sus actividades ilícitas.
La delincuencia y su economía criminal es funcional a este modelo económico y formas de organización política por eso empresarios, Iglesia y Estado callan. Sólo cuando organizaciones sociales, campesinas y estudiantiles protestan se escandalizan. Vociferan iracundos cuando se toman carreteras o casetas de peaje, llaman al establecimiento del orden, sin embargo, las muertes al por mayor nada les significa. Tan sólo en los hechos de violencia del martes pasado en Chilpancingo murieron jóvenes menores de 20 años y en Iguala un niño de 15 años, pero esos episodios de terror a nadie interpelan. El gobierno sigue en pasarelas y acciones frívolas y la clase política en su fiesta electoral, con discursos vacuos.
Los partidos políticos desde hace rato han prescindido de sus programas. Los aspirantes a un cargo público no tienen una formación política e ideológica y desconocen la administración pública y la actividad parlamentaria. Los partidos han envilecido la política al grado de que hoy priva un pragmatismo ramplón en las contiendas electorales, cualquiera puede ser presidente municipal, diputado e incluso gobernador con tal que tenga dinero para repartir. Las presidencias municipales tienen precio según la extensión e importancia política del municipio.
Por ello los partidos políticos le dan las candidaturas a quien tenga poder económico para hacer una campaña basada en el despliegue de espectaculares y la repartición de despensas, mangueras, pago de jaripeos, clausuras y fiestas patronales de los pueblos y pagar el voto el día de la jornada electoral.
Así pues, no son las ideas, el programa o la plataforma política la que cuenta en una contienda electoral. Los aspirantes no se tienen que preocupar por construir una propuesta política que recoja los problemas más sentidos de los municipios y el estado, por lo tanto, no importa recorrer los pueblos, dialogar con la gente para saber sus problemáticas, sólo tienen que conseguir dinero para repartir, de todas formas, lo recuperarán con creces. El presupuesto de los municipios es bastante para cubrir eso y más.
Aquí es donde los grupos delictivos que cuentan con cuantiosos recursos económicos financian las campañas, claro está, a cambio de compartir el gobierno y permitirles su libre accionar delictivo.
Bajo el paraguas de este entramado de complicidades, los grupos delictivos no incomodan a este modelo económico y político, por el contrario, se les permite operar. Para ellos las muertes son bajas necesarias, daños colaterales en las batallas que mantienen los grupos delictivos, al fin y al cabo, alguno de ellos ganará y tendrá el control de la plaza y con ese se harán los pactos, por esta razón ni la tecnología, ni los cuerpos policiacos y militares, ni el sistema de espía del Ejército detienen la violencia que despliegan los grupos del hampa.
Aunado a lo anterior, la debilidad del estado, su ausencia en la comunidad, en sus conflictos internos, la falta de acceso a la educación, salud, a la verdad y justicia, la indiferencia de la clase política respecto del sufrimiento de los pueblos y las víctimas de violaciones a los derechos humanos propicia que los grupos delictivos llenen esos vacíos, se fortalezcan y rompan el tejido social con la violencia que despliegan una vez enraizados.
Por ello, es urgente un diálogo con los pueblos, organizaciones sociales y víctimas de violaciones a los derechos humanos que nos permita transitar en dos rutas: 1. Relanzar la demanda histórica de reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. La reforma constitucional nos permitirá sentar las bases para superar barreras estructurales de pobreza y marginación secular que padecemos, 2. Las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas tienen que encontrarse para analizar y discutir las rutas de justicia y búsqueda de sus seres queridos.
Con lo anterior no se solucionará de inmediato el problema de la violencia, pero se propicia la participación política, los pueblos encuentran un asidero de justicia y cerramos los espacios para evitar que los grupos delictivos sigan rompiendo el tejido social. No podemos esperar sentados a las autoridades y la clase política. Ellos andan en sus fiestas y negocios.

Los pasados, han sido días turbulentos en Chilpancingo. Todo inició cuando siete cuerpos fueron arrojados en la vía publica en la colonia San Mateo. Allí había cartulinas que implicaban a la presidenta municipal de Chilpancingo con un grupo delictivo. Ella lo negó, pero a los pocos días aparecieron videos y fotografías que la ubican en un restaurante con el jefe de un conocido grupo delictivo responsable de la violencia y muertes en el estado. Le siguieron asesinatos a la luz del día, las bandas delictivas imponiendo su ley en el corazón de la entidad y para cerrar la semana una movilización extraña que puso en jaque a los poderes públicos. El gobierno terminó cediendo y dialogando con quienes representan intereses delincuenciales mientras a movimientos legítimos como las madres y padres de los 43 no las ha recibido desde que llegaron al poder.
El gobierno y su partido pretenden justificar lo sucedido en Chilpancingo. Le restan importancia a la desviación política y ética de la alcaldesa, minimizan los hechos de violencia y la toma de Chilpancingo por las huestes de un grupo delictivo.
La reunión de la presidenta municipal no es la única, ya otros lo han hecho. Varias presidencias municipales pactan con grupos delictivos y les ceden áreas importantes de la administración pública, principalmente la de seguridad. Los policías preventivos realizan las tareas de “halcones” al servicio de las bandas delictivas.
Dirigentes políticos son acusados de crímenes y graves violaciones a los derechos humanos. Nadie los cuestiona ni pide cuentas. Siguen paseándose en plazas públicas sin ningún rubor. Aquellos que dicen ser progresistas y comprometidos con una supuesta transformación se reúnen y departen con estos, pactan y les garantizan impunidad sin importarles el dolor de las víctimas. Para ellos no hay costos políticos.
Este pragmatismo ramplón subyace en la clase política de todos los partidos en Guerrero. Lo que pasa con la presidenta municipal de Chilpancingo es parte de esta decrepitud política. ¿Que tenía que hacer departiendo con el jefe de una banda delictiva, dándole quejas de las políticas de seguridad, como si fuese su patrón? ¿para que reunirse con quién es responsable de asesinatos y desapariciones al por mayor? ¿Por qué sentarse con quien hace daño y destruye? En un movimiento que pugna por otra forma de hacer política y una transformación, estas prácticas no se deben tolerar. Las instancias de ese partido deberían estar investigando y cuestionando la actuación de la alcaldesa, sin embargo, se le justifica y respalda.
De qué sirve que el presidente AMLO enfatice en la ética política, pregone la honestidad, honradez y lealtad al pueblo, si sus correligionarios en Guerrero no tienen empacho en reunirse con delincuentes y violadores de derechos humanos.
Esta es la clase política vetusta, sin escrúpulos, que no le importan los ideales y principios. Alejada del pueblo y sus problemas más sentidos. Les da lo mismo reunirse con corruptos, violadores derechos humanos y criminales con tal de conservar poder y dinero.
Para los que hoy gobiernan guerrero, la Cuarta Transformación son palabras vacuas que no entrañan ningún compromiso. Dan la espalda a las madres y padres de los 43, a los normalistas y maestros de la CETEG que han defendido la educación pública a menudo los reprimen y se niegan a resolver sus demandas legítimas y justas; en Cacahuatepec pactan con las mafias y traicionan a los campesinos del CECOP; las investigaciones sobre la desaparición de su dirigente Vicente Suástegui no presenta avances, por el contrario, existe el riesgo que los autores materiales sean liberados; el cruel asesinato de Ranferi Hernández y su familia está en la impunidad, sin que la clase política se sienta interpelada. La desaparición de Arnulfo Cerón sigue impune. El autor intelectual que fue candidato de Morena para presidente municipal de Tlapa y posteriormente funcionario de este Ayuntamiento, ha pactado al más alto nivel su libertad, aún estando bajo proceso anda en abierta precampaña para alcalde y grupos locales de Morena lo siguen con matraca en mano como si no supiesen que tiene cuentas pendientes con la justicia; Alberto López Rosas implicado en la represión del 12 de diciembre en la que fueron asesinados dos estudiantes de Ayotzinapa hace campaña abiertamente a favor de Marcelo Ebrard y nadie dice nada, las viudas de Aguas Blancas y El Charco están en el abandono y olvido, miles de familiares de desaparecidos y desplazados buscan a sus seres querido y solucionan sus problemas por su cuenta, ante la indolencia de un gobierno insensible que no los escucha.
Mientras las víctimas sufren en silencio su dolor, lloran por la ausencia de sus queridos y claman justicia, los políticos se la viven en eventos superficiales y frívolos. De qué sirven las campañas, de qué sirve la cuarta transformación si no está recogiendo estos problemas.
Esa es la clase política, pragmática, sin principios y sin escrúpulos, que ha renunciado a los ideales y principios, por lo tanto, no le importa pactar con la delincuencia con tal de mantener el poder. Sin ideales ni compromisos se arredran fácilmente ante la delincuencia y terminan cediendo espacios de la administración pública, pactan con ellos, reciben dinero ilícito, siendo el municipio el eslabón de gobierno más frágil. Allí los interese delincuenciales han sentado sus reales logrando que ayuntamientos completos estén a su servicio.
Hoy los reflectores se centran en Chilpancingo y es un escándalo nacional por ser la capital del estado, lo que es aprovechado por los partidos opositores para cuestionar a Morena, pero lo mismo ocurre en los municipios de la Tierra Caliente donde gobierna el PRD, en iguala o Chilapa que está el PRI, no es un tema de partidos, es la clase política en decadencia, amafiada con interese delincuenciales.
Ojalá lo que pasa en Chilpancingo sirva para abrir el debate y que los políticos implicados sean investigados y sancionados. Por su parte Morena deberá realizar una crítica introspectiva de sus militantes y verificar que quienes aspiran a un cargo público se apeguen a los principios de este movimiento y a lo que el presidente AMLO pregona todos los días en su mañanera. Sería lamentable que se justifique los desvaríos de políticos y funcionarios sin escrúpulos que pactan con los delincuentes.