El ex procurador Alberto López Rosas calificó como temeraria, dolosa, fuera de lugar y sin sustento la respuesta de la Fiscalía General del Estado a su petición de reabrir el caso de los dos normalistas asesinados en 2011 en la Autopista del Sol.
Pidió al fiscal Xavier Olea Peláez mostrar los elementos de sus acusaciones o retractarse de lo dicho, o de lo contrario “quedará evidenciado con una mentira más y con falta de autoridad moral para continuar en esta función”.
Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores no quiso opinar respecto de la declaración del fiscal porque dijo que la Fiscalía es autónoma.
-¿Avala las declaraciones del fiscal Xavier Olea, en el sentido de que el ex procurador Alberto López Rosas, fue quien ordenó el ataque a los estudiantes de la Normal el 12 de diciembre del 2011? -se le preguntó al término de una reunión en la Casa Guerrero.
-La Fiscalía es autónoma. Yo no quisiera intervenir en ello —respondió.
El lunes se publicó en estas páginas un desplegado de López Rosas, quien era procurador de Justicia cuando fueron asesinados los dos estudiantes de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, en el que manifestó que a cinco años de esos hechos prevalece la impunidad, por lo que solicitó la reapertura de la investigación del caso.
También acusó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) “de ese tiempo” de proteger a policías federales que participaron en el desalojo y que, a diferencia de los estatales y ministeriales, no fueron detenidos ni procesados.
En respuesta al desplegado, el fiscal Xavier Olea Peláez arremetió contra López Rosas, lo acusó de haber ordenado el ataque a los normalistas, de manipular las pruebas que existían en su contra y de integrar de manera deficiente la averiguación previa para obtener “protección federal”.
En declaraciones por teléfono, López Rosas recordó que dejó el cargo de procurador antes de que transcurrieran 24 horas del asesinato de los dos normalistas.
De las acusaciones que le hizo el fiscal, de haber ordenado el ataque a los normalistas, el ex procurador respondió que “yo no formé parte del operativo, los policías ministeriales llegaron cuando había presunción de delitos en flagrancia, el operativo siempre estuvo a cargo de la Policía Federal, de principio a fin, yo me encontraba en Casa Guerrero cuando empezaron las confrontaciones”.
De la averiguación previa que se integró con deficiencia para manipular pruebas, López Rosas dijo que no le correspondió integrar ninguna averiguación previa porque dejó el cargo antes de que transcurrieran 24 horas del asesinato de los dos normalistas, “yo fui el investigado, no el investigador”.
Opinó que la respuesta del fiscal fue incongruente al señalar que no puede abrirse una investigación del caso porque existe “una resolución de amparo”, y precisó que el delito no ha prescrito para quienes no han sido juzgados.
Aseveró que se trata de una falacia el argumento del fiscal.
Al preguntarle si falta que sean investigados los policías federales, el ex alcalde de Acapulco insistió en que su demanda es que se reabra la investigación y que en el análisis de los videos se resuelva en derecho y se determine la responsabilidad de la Policía Federal, “que desde un principio trataron de negar su participación, lo que contrastaba con todos los elementos visuales y presenciales, por ello creo que es procedente reabrir este caso para la salud de la justicia”.
Dijo que en el desplegado que publicó el lunes fue respetuoso al dirigirse al gobernador Héctor Astudillo Flores, y en cambio recibió una respuesta “ríspida e intolerante, lo que no corresponde a un fiscal que sea serio, y sobre todo que mantenga principios de ética”.
López Rosas acusó a la Fiscalía de exponerlo ante los familiares de las víctimas de ese suceso.
El ex procurador abundó que insistirá en que se analicen y se valoren como evidencias los videos que han sido menospreciados por las autoridades.
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Confirma el fiscal que hay un detenido por el asesinato de la doctora Adela Rivas; es el único inculpado, afirma
El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez confirmó la detención del encargado administrativo de la Unidad Médica del IMSS de Petacalco como único presunto responsable de la desaparición y asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, y ratificó que el crimen fue por el robo de medicamentos controlados que investigaba la directora de micro región en la Costa Grande.
Dijo que probablemente la doctora entrevistó al inculpado y ahí comenzó el conflicto, mientras que la delegación en Guerrero del IMSS envió un breve comunicado en el que no menciona el robo de medicamentos, pero reitera su cooperación en las investigaciones.
En conferencia de prensa al mediodía de ayer en el Centro Internacional Acapulco, Olea Peláez dio una disculpa a los familiares de la víctima por haber declarado que una de las líneas de investigación era pasional, “debo decir y ofrecer una disculpa a la familia de la doctora Rivas, principalmente si existió un mal entendido a las investigaciones que hacíamos, sin embargo afortunadamente una de las líneas de investigación fue la idónea”.
Confirmó que la detención de Edgar Arturo de 30 años fue alrededor de la 1 de la madrugada del sábado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, como se informó en estas páginas.
Precisó que la detención fue en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán con base en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) y no “como erróneamente” fue informado de que esa dependencia del estado vecino detuvo al señalado. Dijo que dos grupos de agentes ministeriales de Zihuatanejo y de La Unión entraron a Lázaro Cárdenas y detuvieron al inculpado.
Agregó que hay los “suficientes elementos para que después de la ampliación del término constitucional –que solicitó el abogado del inculpado– el imputado sea vinculado a proceso, tomando en consideración que las pruebas existentes hacen probable su responsabilidad”.
Indicó que de acuerdo con la carpeta de información 121-3057-0301-090-111-016 radicada en la ciudad de Zihuatanejo, el juez de Control y Enjuiciamiento Judicial otorgó una orden de aprehensión por homicidio calificado, en agravio de la doctora Rivas Obé de 52 años, quien investigaba personalmente la falta de medicamentos controlados en la clínica de Petacalco, municipio de La Unión.
El fiscal dijo que según la información que se obtuvo del número de la víctima así como los números telefónicos con los que tuvo comunicación, “se identificó un número con lada 742, con dicho número tenía comunicación constante en los días previos a su desaparición, así como en los días que fue privada de la libertad. Se acreditó con el teléfono 753 fue localizado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, sin embargo el día de la desaparición (el 22 de septiembre a las 11:27), a las 14:54 horas este número se localizó en las inmediaciones de la colonia Industrial de Zihuatanejo, aproximadamente a 150 metros de la clínica del Seguro Social”.
“Al lugar al cual acudió la doctora a una reunión de trabajo, retirándose de dicha clínica alrededor de las 12:40 horas, y minutos más tarde la doctora recibió una llamada telefónica con lada 753 teniendo una duración aproximada de dos minutos, es importante destacar que la comunicación entre estos dos números y el teléfono de la doctora Rivas Obé fue constante hasta el día de su desaparición o privación de la libertad”. La doctora fue encontrada el 11 de octubre en la playa La Majahua, donde según la PGJE de Michoacán Edgar Arturo la asesinó.
Olea Peláez, abundó “es decir, existieron llamadas y mensajes entrantes y salientes en tres momentos, además que los números telefónicos que tuvieron comunicación antes y durante el hecho delictivo con la doctora, tuvieron actividad principalmente en las inmediaciones de la localidad de Petacalco, municipio de la Unión, por lo que se realizaron trabajos de campo para corroborar la identidad exacta de los usuarios de los teléfonos antes mencionados, así como los domicilios y rutinas de los mismos”.
Dijo que mediante “testigos se averiguó que uno de los números con lada 753 es propiedad de Edgar Arturo, quien se desempeña como encargado administrativo de la Unidad Médica del IMSS precisamente en Petacalco”. El fiscal informó que el domingo se realizó la audiencia inicial de la carpeta 20/2016, donde el abogado del imputado solicitó la ampliación del proceso, y fue programada para hoy a la 1 de la tarde. El inculpado se encuentra en prisión preventiva.
El robo de medicamentos
En la ronda de preguntas el fiscal dijo que “desde el primer día de la desaparición en presencia del coordinador general de la Policía Ministerial hablé telefónicamente con el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social –José Luis Ávila Sánchez–, y le dije muy claramente que nuestra línea de investigación, más clara, independientemente de cualquier otro tipo era precisamente el robo de medicamentos. Él respondió textualmente que no tenía conocimiento del robo de estos medicamentos”.
“Ella era una doctora que administraba la microzona, entonces tenía que saber qué medicamentos se suministraban, qué medicamentos llegaban o se adquirían, y cuántos medicamentos quedaban, y ahí es donde ella se percata de la falta de medicamentos y muy probablemente entonces entrevista a esta persona, quien era el encargado de la custodia de los medicamentos y ahí probablemente inició el conflicto”, supuso.
Olea Peláez dijo que el inculpado robó más de 200 o 300 unidades de medicamentos controlados en los últimos días, “y él los vendía al público, son medicamentos muy caros. Había psicotrópicos, había medicinas para el dolor, etc. Medicamentos verdaderamente caros y él recibía según las pláticas que se tuvieron con él, las entrevistas que se tuvieron con él, recibía por la venta de estos medicamentos alrededor de 15 o 20 mil pesos”.
El fiscal respondió que Edgar Arturo es el único detenido por el asesinato “es muy difícil hablar de un cómplice, tomando en consideración que el único que tenía acceso a ese tipo de medicamentos controlados era precisamente él. Una línea de la investigación son los testigos que compraban el medicamento”, adelantó.
Abundó que el caso no se cierra porque inicia el proceso penal, e insistió en que la Fiscalía tiene suficientes elementos para procesar al presunto responsable, “las pruebas periciales que son muy precisas”.
El comunicado del IMSS
La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó en un escueto comunicado que reitera que seguirá cooperando con las autoridades ministeriales en las investigaciones del asesinato de la doctora Adela Rivas Obé.
La misiva enviada casi cuatro horas después de la declaración del fiscal no menciona el robo de medicamentos.
“Reiteramos que continuaremos colaborando con la autoridad judicial para el desarrollo adecuado del proceso” y “el IMSS reitera su solidaridad y total apoyo a los familiares de la doctora Adela Rivas para el esclarecimiento de su caso”, se lee.
La delegación a cargo de José Luis Ávila Sánchez, emitió un primer comunicado cuatro días después de la desaparición de Adela Rivas, cuando el hijo de la doctora, Bolívar Rojas manifestó que la institución debe velar por la seguridad de sus trabajadores, y lo que sucediera en horario laboral es responsabilidad del IMSS.
Los familiares indicaron que José Luis Ávila se acercó a ellos pero le pedían una posición pública de la institución. El 26 de septiembre en declaraciones a reporteros, Ávila Sánchez pidió el apoyo al gobierno del estado para localizar a la doctora.
El lunes 17 de octubre el fiscal informó que el cuerpo hallado en playa La Majahua seis días antes en Zihuatanejo, correspondía a la doctora Rivas Obé y dentro de las líneas de investigación por el homicidio decía que la directora de la micro zona investigaba la desaparición de fármacos.
Un día después el delegado del IMSS respondió que no había investigaciones internas por robo de medicamento: “puedo decir que de manera oficial y tajante que nosotros no teníamos ninguna carpeta, ningún proceso administrativo, ninguna investigación en curso o algo relativo a ese tema”.
Ávila Sánchez aseguró que en el IMSS hay un control estricto de los medicamentos, “nosotros manejamos algo que se llama Torre de Control en donde están bajo llave y se distribuyen al estado cuando son requeridos bajo estrictas normas de control con el derechohabiente, número de expediente, número de matrícula, todo”. Dos días después, el pasado jueves consultado, reiteró que no había reportes de robo.
Sin embargo ayer la Fiscalía dijo que Edgar Arturo, encargado de la Unidad Médica del IMSS en Petacalco y presunto homicida, traficaba con medicamentos controlados como psicotrópicos y analgésicos.
En otro tema, el fiscal del estado Xavier Olea Peláez llamó a la mamá de la adolescente de 15 años Saira Hernández Chino cuyos restos fueron entregados diez meses después de haber sido encontrados y reconocidos, que diga qué funcionario la trató mal para proceder de forma administrativa.
Dijo que lamentaba el caso de la señora Bellanira Chino Campo y la exhortó a “que me diga qué funcionario la trató mal, y entonces yo procederé administrativamente”.
El viernes después de un año y siete meses desaparecida, y 10 meses después de que encontraron sus restos en una fosa clandestina, la mamá de la joven que trabajaba en una cafetería en Galerías Chilpancingo recibió el cuerpo de su hija.
Por extorsión, el asesinato de los empleados de la pastelería, dice el fiscal
El fiscal del estado, Xavier Olea Peláez, informó que el asesinato de los dos jóvenes empleados de la pastelería Charlotte, ubicada en avenida Universidad, “se trata presuntamente de una extorsión”.
Durante la conferencia que dio ayer en el Centro de Convenciones, Olea Peláez lamentó el asesinato de los empleados de la pastelería, uno de ellos una estudiante de la Unidad de Enfermería 2 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en Acapulco, “lo lamento muchísimo”.
Sin dar mayores detalles de la investigación, el fiscal explicó que están a la espera de que los dueños de la pastelería, que están en Guadalajara, se presenten a la Fiscalía y la dependencia tenga acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Indicó que el inmueble que ocupa la pastelería Charlotte fue asegurado y que están “en espera de que vengan esas personas (los dueños) porque hay cámaras, entonces ahí podemos ver los rostros de estas dos personas o tres”, que asesinaron a los trabajadores.
Olea Peláez dijo que “en este caso puede existir la extorsión, necesitamos la declaración de los dueños de la pastelería para saber si a ellos los estaban extorsionando o no. Quiénes los estaban extorsionando, qué tipo de gente era la que los estaba extorsionado, cuáles eran sus características y después el homicidio”.
El sábado pasado, a las 9 de la noche, los empleados de la pastelería fueron asesinados a balazos por hombres armados.
El cuerpo de la estudiante de Enfermería quedó junto a la caja fuerte del negocio, en el área de cobro, mientras que su compañero fue hallado en la zona de atención a clientes, junto a los refrigeradores. Ese día hubo siete personas asesinadas en Acapulco.
Aprueba el Congreso la comparecencia de Pedro Almazán, Daniel Pano y Xavier Olea
El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto por el que cita a comparecer el próximo 2 de agosto, ante comisiones, al titular al secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado, Pedro Almazán Cervantes; al secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Daniel Pano Cruz, y al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, para que informen de las acciones emprendidas por esas instituciones para atender el problema de violencia en la entidad.
El dictamen aprobado no contempló al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, a pesar de que es la cabeza del gabinete de seguridad del gobierno del estado.
También se aprobó un exhorto al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia; al secretario de Seguridad, Pedro Almazán Cervantes, y al alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, a que de manera coordinada refuercen acciones en materia de seguridad y prevención del delito para la protección de la población porteña.
Ambos puntos fueron aprobados luego de una larga discusión, en la que la fracción parlamentaria del PRD criticó y cuestionó la postura de Florencio Salazar, quien arremetió contra el presidente de Acapulco, a quien acusó de incumplir sus obligaciones en materia de seguridad, y responsabilizó a las administraciones perredistas de la violencia que vive el estado.
Al respecto, el diputado Sebastián de la Rosa Peláez exigió al secretario general que “cerrara la boca” y mejor atendiera los problemas que enfrenta el estado, además pidió a la fracción del PRI aclarar con qué recursos se movilizaron todos los diputados de ese grupo parlamentario a Acapulco, para dar una conferencia en la que exigieron la renuncia de Evodio Velázquez, y criticó que impidieran que Florencio Salazar compareciera ante el Legislativo.
Por su cuenta, la fracción del PRI defendió la postura del secretario de Gobierno, de quien dijeron tiene el derecho a manifestar su opinión, acusó al alcalde de Acapulco de haber actuado como un dirigente partidista yendo a la Ciudad de México, para cuestionar el actuar del gobierno del estado y dejando a un lado sus responsabilidades como presidente, y reiteraron lo dicho por Florencio Salazar, en el sentido de que la crisis de violencia que enfrenta Guerrero es producto de los gobiernos del PRD.
La diputada Pilar Vadillo Ruiz pidió a los perredistas que en lugar de defender a Evodio Velázquez, hablaran con él, lo orientaran y enseñaran a defenderse solo, “déjenlos que vayan solitos al frente, a que se defiendan, déjenlos que se hagan hombrecitos, porque Acapulco y Guerrero necesitan mujeres con los ovarios donde Dios se los puso y caballeros con los cojones en su lugar”.
Este jueves se celebraron las últimas dos sesiones del tercer periodo ordinario de sesiones, y tomaron protesta los diputados que integrarán la Mesa Directiva, que dirigirá y coordinará los trabajos legislativos del segundo año de ejercicio constitucional de la actual legislatura.
En la primera sesión, que comenzó a las 4 de la tarde y concluyó poco antes de las 10 de la noche, se aprobó el dictamen por el que se exhorta a Miguel Ángel Osorio Chong y al comisionado de Seguridad, Renato Sales, a que se coordinen con el secretario de Seguridad, Pedro Almazán, y con el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, para que de manera conjunta refuercen las acciones de seguridad y prevención en ese municipio para la protección de sus pobladores.
El dictamen corresponde a la propuesta que presentó el 12 de abril la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC).
Previo a la votación del dictamen, el coordinador de la fracción parlamentaria de MC, Ricardo Mejía Berdeja, aclaró que su propuesta fue presentada en abril, a manera de deslinde del intercambio de acusaciones que existe actualmente entre el secretario general de gobierno y el PRD.
En su intervención manifestó que “no se vale” que ninguna autoridad, federal, estatal o municipal se deslinde de sus responsabilidades en materia de seguridad, pues dijo que se trata de una responsabilidad compartida.
“Hemos señalado que lo que ha faltado en Acapulco es una policía eficaz, si no se depura la policía, seguirá habiendo problemas y no habrá estrategia de seguridad suficiente mientras se mantenga el estatus inalterable (de la policía)”.
Subió a tribuna el diputado Sebastián de la Rosa Peláez, quien dijo que no porque el exhorto incluyera al alcalde de Acapulco, que es perredista, ese grupo parlamentario se opondría a su aprobación.
Dijo que para los perredistas es importante el tema de seguridad pública, pero cuestionó que el exhorto sólo incluyera a Acapulco, a pesar de que según estadísticas del Inegi, los municipios de Chilpancingo, Chilapa, Iguala y Zihuatanejo, también enfrentan problemas serios de violencia, los tres primeros gobernados por el PRI, y arremetió en contra de Florencio Salazar.
“Les hemos dicho aquí que partidizar el tema nos lleva a la aberración y torpeza política del secretario de gobierno, Florencio Salazar. Ahora parece que el secretario de este estado no es sólo defensor de su patrón (Héctor Astudillo), que es legítimo, sino también defensor de su partido (el PRI)”.
Criticó también que los diputados del PRI “corrieron” a Acapulco para dar una conferencia de prensa en la que exigieron la renuncia de Evodio Velázquez, “porque les tocaron la piel”, y defendió que el alcalde de Acapulco se haya trasladado a la Ciudad de México para hablar a nombre de los presidentes municipales.
Los acusó de actuar en mancuerna con Florencio Salazar, a quien acusó de estar actuando como un líder partidista y no como funcionario de gobierno, pues dijo que estuvo en varias radiodifusoras denostando el gobierno municipal de Acapulco.
“Supongo que conocen Proceso, que conocen Reforma y el Universal, que informaron de los últimos detenidos, ahí están los malos, en clara alusión a la secretaria general de la Red de Jóvenes por México del PRI, y media hermana de la secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal, Ximena Bernal, detenida junto al presunto narcotraficante Carlos Alberto, El Ruso, y otras cinco personas el viernes”.
Criticó también que la fracción parlamentaria del PRI haya evitado la comparecencia de Florencio Salazar, a quien pidió “cerrara la boca” y en lugar de hacer esas declaraciones en medios de comunicación, mejor compareciera ante el Congreso con las pruebas en mano de lo que dice.
“Ojalá cerrara la boca el secretario y se pusiera a trabajar por los guerrerenses o que venga a esta tribuna, desde abril pedí su comparecencia ¿por qué no viene aquí a decir lo que no se cansa de decir en los medios o en la radio? Yo estoy pidiendo que venga. ¿Por qué se resiste a decirlo aquí o por qué la fracción del PRI le niega esa oportunidad?”.
Las críticas de Sebastián de la Rosa motivaron un largo debate entre las fracción del PRD y del PRI, sin embargo, la más crítica fue la diputada Pilar Vadillo, quien dijo que cuando gobernaba el PRD, éste no escuchó críticas de sus diputados ante “lo que estaba resultando una atrocidad y el peor gobierno de Guerrero”.
Dijo que si bien Iguala enfrenta situaciones complicadas, es producto de un gobierno emanado del PRD que detonó el mayor conflicto social que ha enfrentado el estado, con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
También defendió al gobierno del estado tras la detención de la media hermana de una funcionaria del gabinete, “deberían reconocer que este gobierno no está metiendo la mano para salvar a quien cometa errores, tenga o no militancia, está permitiendo que las autoridades actúen”.
Pilar Vadillo dijo que si no se cuestionaba a otro municipio perredista, era porque solamente el de Acapulco estaba haciendo funciones de un dirigente de partido, en referencia a la conferencia que dio en Ciudad de México el pasado martes, y pidió al resto de los perredistas lo dejen defenderse solo.
“Déjenlos que vayan solitos al frente a que se defiendan, déjenlos que se hagan hombrecitos, porque Acapulco y Guerrero necesitan mujeres con los ovarios donde Dios se los puso y caballeros con los cojones en su lugar”.
En la segunda sesión, que comenzó a las 10 de la noche y continuaba hasta las 11:30, se aprobó en lo general y por unanimidad el exhorto por el que cita a comparecer el próximo 2 de agosto ante comisiones al secretario de Seguridad, Pedro Almazán; al secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Daniel Pano, y al fiscal Xavier Olea, para que informen de las acciones emprendidas por esas instituciones para atender el problema de violencia en la entidad.
A las 11:40 de la noche, Sebastián de la Rosa presentaba ante el pleno una reserva a la Mesa Directiva, para que compareciera también Florencio Salazar, por ser la cabeza del gabinete de seguridad, y no así Daniel Pano Cruz.
Informa el fiscal de la detención de cinco presuntos asesinos del médico del IMSS
El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, informó ayer de la detención de cinco presuntos responsables del asesinato del médico y jefe de traumatología del Hospital regional Vicente Guerrero del IMSS, Ramón Javier Ayerdi.
También dijo que se investiga el asesinato de la ex regidora del PVEM, Esther Orea Vargas, ocurrido el miércoles en Iguala.
En breves declaraciones al término de la conferencia de prensa en la Fiscalía regional de Acapulco, Olea Peláez indicó que ”sí, hay una investigación, estamos en el sigilo de la investigación. No puedo, desafortunadamente, no puedo señalar lo que se está haciendo, hay gente, hay homicidas y estamos haciendo las investigaciones”.
Del secuestro del ex alcalde de Cualac, Rolando Sánchez Sosa, sólo se limitó a decir que “está la gente de antisecuestros allá (en Cualac) y no puedo señalar más”. Un día antes señaló que el ex alcalde había sido liberado.
Sánchez Sosa fue levantado el martes a las 5 de la tarde por hombres armados, cuando se dirigía de Huamuxtitlán a su casa en Cualac.
En relación con el cierre de los cuatro restaurantes Los Buzos por ataques de delincuentes, el fiscal agregó que no conoce más casos de amenazas a restaurantes de la ciudad y que tampoco hay denuncia de los dueños en la Fiscalía General del Estado..
En la conferencia de prensa en la que el fiscal no admitió preguntas, informó de forma breve y rápida de la detención de cinco integrantes del Cártel Independiente de Acapulco (Cida) como presuntos responsables del asesinato del doctor y jefe de traumatología del Hospital regional Vicente Guerrero del IMSS, Ramón Javier Ayerdi.
Sin informar el móvil del homicidio, indicó que ayer en la madrugada, en coordinación con la Policía Ministerial y la Policía Federal, “detuvimos a los asesinos del doctor Ayerdi (en Acapulco). En atención a que se están llevando las investigaciones por el momento no puedo decirles los nombres de estos sujetos”.
Abundó que hoy la Fiscalía dará a conocer mediante un comunicado los nombres de los inculpados. “Creo que esto es un éxito en virtud de que en muy pocos días logramos la detención de estos tipos”.
El 11 de marzo, el doctor fue asesinado cuando conducía su camioneta Mazda negra tipo CX-5 entre las calles Puebla y Michoacán, de la colonia Progreso. Según los reportes, un hombre a bordo de una motocicleta le disparó en seis ocasiones.
Al salir de la fiscalía regional, Olea Peláez fue abordado por reporteros y se le preguntó porqué no fue acusado el canadiense Walter Suk del delito de trata de personas, a lo que respondió que la fiscalía lo había acusado de delitos de abuso sexual y corrupción de menores de edad.
Reiteró que se solicitó la negativa de la fianza para que el inculpado enfrente el juicio detenido y no en libertad, además de que no salga del país.
Indicó que en el estado puede ver “algunos” casos de tratas de blancas, pero que desconoce cuántos hay; “en la etapa que llevo yo tenemos muy pocas investigaciones al respecto”, pero no dio más detalles y subió a su camioneta.
Niega el fiscal que dueños del restaurante hayan pedido seguridad ante extorsiones
El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, aseguró que los dueños de los restaurantes Los Buzos no interpusieron ninguna denuncia en la Fiscalía y tampoco solicitaron ayuda, como lo informó la cadena de restaurante en su cuenta de Facebook cuando anunció el cierre de sus cuatro establecimientos.
En declaraciones en los juzgados del penal de Las Cruces, el fiscal dijo que los ataques a los restaurantes fueron un “estense quietos por cuestiones del derecho de piso. Estoy seguro que es la razón”.
Insistió en que los dueños de la cadena “conmigo no se acercaron, definitivamente”, y que no hay denuncia. Esto, luego de que en un comunicado subido a la página oficial en la red social Facebook, Los Buzos Restaurant-Bar, se informa a los clientes que las sucursales estarán cerradas hasta nuevo aviso.
En éste se reclama a las autoridades porque que no les garantizaron la seguridad: “Tuvimos un acercamiento para solicitar de su apoyo con respecto a la seguridad de nuestros establecimiento y de quienes desafortunadamente no obtuvimos respuesta”.
El fiscal señaló que los ataques se deben a la exigencia de grupos delincuenciales que piden el pago de derecho de piso, e informó que a la 1 de la tarde hubo un ataque a balazos en el restaurante el Santo Negro, aunque los representantes de éste lo negaron en un mensaje a través de redes sociales.
Olea Peláez no quiso decir si ya tienen identificados a los grupos delincuenciales que han realizado los ataques contra los restaurantes Los Buzos: “con la pena, no te puedo decir qué banda son porque tengo que seguir el sigilo de las investigaciones, me encantaría decirlo”, y dijo que por la situación de violencia en que se vive era mejor no darlo a conocer, pero que han “detectado varias cosas”.
El domingo por la noche, hombres armados irrumpieron el restaurante Los Buzos ubicado a un costado de la Universidad Americana, y en el ataque fueron heridos dos trabajadores frente a turistas y acapulqueños que allí comían.
El 15 julio de 2015, hombres armados entraron en calidad clientes y dispararon contra comensales que festejaban la terminación de un estudiante de secundaria, y este domingo 20 de marzo, la sucursal ubicada cerca de la avenida Wilfrido Massieu, se incendió y tuvo pérdida total.
Habla de un ataque a otro restaurante y lo desmienten
A la 1 de la tarde, el fiscal confirmó el ataque a balazos contra el restaurante Negro Santo ubicado en el fraccionamiento Costa Azul, pero el propio restaurante en un comunicado en su página oficial en Facebook, II Negro Santo Restaurante & Bar, desmintió el hecho.
El fiscal confirmó a la 1 de la tarde que el restaurante el Negro Santo, ubicado a tras del Centro de Convenciones, había sido balaceado y al insistirle del tema expresó que “tenemos que investigar”.
Media hora más tarde el restaurante desmintió el hecho, calificó la información que se había publicado en dos portales electrónicos que como “irresponsables” y agrega: “estamos a sus órdenes y para servirles”.
Podría salir libre; el abuso infantil no es delito grave, según el Código penal
Según lo establecido por el Código de Procedimientos Penales para el estado en su artículo 70, ni la corrupción ni el abuso sexual contra menores de edad son delitos graves, por lo que quienes incurran en esas faltas podrán recuperar su libertad pagando fianza.
En tanto, el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, explicó que la pederastia no está prevista en el Código Penal del Estado de Guerrero.
Bajo estos criterios es que el canadiense Walter Suk, de 68 años, quien fue detenido el domingo por besar y manosear a dos niñas en la Costera, podría recuperar su libertad.
El Código de Procedimientos Penales establece como delitos graves el homicidio, el feminicidio, homicidio y lesiones culposos, secuestro, asalto contra un poblado, violación, robo, abigeato, extorsión, ataque a los medios de transporte, la rebelión, el terrorismo y el sabotaje.
También el despojo, delitos contra la formación de las personas menores de edad y la protección integral de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho y a la pornografía con utilización de imágenes y/o voz de menores de edad o de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho; uso indebido de información sobre actividades de las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, y del sistema penitenciario; contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos; y evasión de presos.
Tras la detención del canadiense, el lunes en su cuenta de Facebook el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Robespierre Robles Hurtado, hizo una publicación en la que planteó reclasificar ciertos delitos a través de la Comisión de Justicia del Congreso.
“El abuso de menores debería ser delito súper grave (ellos no se pueden defender y cuando el padre no lo hace debe ser la representación social), valdría la pena revisar nuestro Código penal y agregar la pedofilia y el asesinato por homofobia (como agravante), la extorsión (o derecho de piso), y un sin fin de acciones delictivas que se deberían reclasificar, esto como parte de una estrategia integral de seguridad.
Promoveremos una reunión con la comisión de Justicia de la cámara de Diputados para estos efectos”, se lee en su publicación.
Consultado vía telefónica, Xavier Olea dijo que una reforma al Código Penal o al Código de Procedimientos Penales del estado no serviría de nada.
Explicó que a partir del 18 de junio de 2016, con la entrada del nuevo sistema penal acusatorio, prevalecerá el Código Nacional de Procedimientos Penales y éste tampoco clasifica como delitos graves ni la corrupción ni el abuso contra menores.
Además recordó que en el ámbito local no hay nada relacionado a la pedofilia (atracción sexual de un adulto hacia los niños sin que exista un abuso) ni a la pederastia (práctica sexual con niños).
“El delito (del canadiense) sí es grave, quiero que se entienda, es muy grave y está involucrada una menor, pero el código de procedimientos penales no lo establece así”, indicó.
Por ello, dijo que la Fiscalía ha solicitado al juez correspondiente que no deje en libertad a Walter Suk porque “se puede sustraer de la justicia” intentando regresar a su país, además solicitaron que le sea retenido su pasaporte para que en caso de recuperar su libertad no pueda abandonar México, por lo menos hasta que concluya todo el proceso.
Aprobó Xavier Olea los exámenes de evaluación y confianza, informa la Fiscalía
El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez aprobó los exámenes del Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC), los cuales son cinco: entorno social y situación patrimonial, psicológico, poligráfico, médico y toxicológico.
En un boletín de prensa de la Fiscalía General del Estado (FGE), la dependencia explica que las evaluaciones fueron de competencias y desempeños profesionales, las cuales determinan los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes, “para realizar funciones en específico que buscan identificar los factores que inciden en el desarrollo profesional”.
La dependencia informó que los documentos fueron expedidos por el Centro de Evaluación y Control de Confianza y “también están bajo la estricta normatividad del Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de la ley orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) y su reglamento”.
El fiscal Xavier Olea se reunirá con familiares de desaparecidos hoy en Chilapa, informan
Hoy visitará la ciudad de Chilapa el nuevo fiscal general del estado, Xaviel Olea Peláez, para reunirse con familiares de desaparecidos en la región y tratar los puntos que aquéllos dialogaron con el gobernador Héctor Astudillo Flores cuando visitó la ciudad como gobernador electo.
El 7 de diciembre los familiares de desaparecidos cancelaron una protesta que tenían programada en Chilpancingo para exigir la aparición de sus parientes, tras siete meses de exigir su búsqueda y no tener respuesta.
Cancelaron la protesta porque el gobernador se comunicó con ellos para informarles que esta semana estaría en la ciudad, después de que se designara al nuevo fiscal, para que ambos se reunieran con ellos.
Ayer el vocero de los familiares, José Díaz Navarro señaló que tienen confirmada la asistencia del fiscal para hoy.
También manifestó que todavía no tenían confirmada la asistencia del gobernador, pero esperan que sí llegue a la reunión.
Y comentó que el punto principal es la creación de una comisión especial para la búsqueda y localización de los desaparecidos de Chilapa, y que el gobernador se comprometió a crear esa comisión para conocer detalladamente cómo se llevaron a sus familiares y dónde están.
Entre otros puntos, están la inmediata presentación de sus desaparecidos; un informe detallado de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre investigaciones y detenciones de las desapariciones de mayo; establecer un enlace directo con ellos y atender las necesidades básicas de los familiares.
El 9 de mayo ingresaron a la ciudad de Chilapa civiles armados provenientes de comunidades del sur del municipio y estuvieron cinco días en la cabecera municipal, y durante ese tiempo pobladores denunciaron la desaparición de 30 vecinos.
Posteriormente sólo familiares de 16 desaparecidos decidieron denunciar, 14 lo hicieron ante el Ministerio Público federal y otras dos familias están esperando a que el MP federal acuda nuevamente a Chilapa. Posteriormente a este grupo de familiares se sumaron más familias de desaparecidos de antes y después de mayo, para exigir juntos la búsqueda de sus parientes.