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Investiga la Codehum casos de siete desaparecidos presuntamente por policías de Chilpancingo, dice

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informó que el organismo ya inició una investigación con información de medios de comunicación sobre la desaparición, presuntamente a manos de policías municipales, de siete personas, de lo contrario incurrirían en una omisión, dijo.
El ombudsman estatal agregó que todavía falta acercarse a los familiares de las víctimas para que interpongan su queja y recabar datos concretos, por lo que les llamó a acudir, aunque dijo que entiende que están siendo atendidos por el gobierno del estado para agilizar la localización.
En consulta telefónica, Navarrete Magdaleno manifestó que se abrió un expediente el jueves por este caso, y que se va a solicitar información a la Fiscalía General del Estado (FGE) para ver el trámite que le está dando desde el punto de vista de responsabilidad del Ministerio Público, y de ahí se tendrá que ir haciendo acopio de la información en el expediente.
Aclaró que la Codehum no investiga delitos, lo que corresponde al Ministerio Público, “nosotros haremos un análisis, ya que tengamos todo recaudado, de la responsabilidad que hayan tenido los servidores públicos, en este caso los policías, y responsabilidades administrativas, las responsabilidades penales serán responsabilidad de la propia Fiscalía establecerlas”, dijo.
A pregunta expresa, aclaró también que “nosotros permitimos que (los familiares de los desaparecidos) continuaran en el proceso de protesta que tenían (el viernes), y a partir de ahí se va a hacer la localización; sin embargo, nos ayuda mucho que se publique esto para que los interesados acudan a la Comisión a presentar sus quejas”.
Abundó que aunque los familiares no acudieran a interponer su queja, la investigación se inicia por oficio, porque son facultades que tiene la Comisión para proceder.
Resaltó que la Codehum incurriría en una omisión e irresponsabilidad si, teniendo conocimiento del hecho, no inicia una investigación, de lo que da pauta la propia ley.
El ombudsman señaló que no ha identificado a los familiares, y por eso mismo los llamó para que se presenten a la Comisión para formalizar las quejas, y aportar todos los elementos que permitan entrar en el estudio a profundidad de cómo sucedieron los hechos.
Agregó que los sábados y los domingos hay guardias permanentes en la Codehum.
También expuso que “la prioridad es la integridad física de los hasta ahora desaparecidos, y por ello nosotros no queremos involucrarlos con carácter de urgente en nuestro expediente, si están aprovechando el tiempo para promover que aparezcan sanos sus familiares”.
Remarcó que en cuanto el organismo tenga completa la investigación, también publicará boletines para su localización, pero que sí es importante que los familiares mantengan el contacto con la autoridad ministerial.
Dijo que este viernes solicitaría a la Policía Preventiva un informe detallado sobre los hechos, como posibles responsables de la desaparición.
“Lo lamentamos profundamente, sobre todo cuando se trata de jóvenes… se truncan muchas esperanzas cuando muere un hombre joven, un hombre o una mujer, y eso es lo que duele a la sociedad”.
Manifestó que ello implica mayor responsabilidad para la Codehum de estar atenta al desarrollo de las actividades de los jóvenes, seguir impulsando los derechos humanos en torno a la legalidad, a la justicia, y enseñarles los valores para que tengan un pleno desarrollo de su juventud.

Comunicado

Más tarde, la Codehum emitió un comunicado para precisar que, tan pronto tuvo conocimiento de los hechos elaboró el acta circunstanciada 002/2018, y con ello dio inicio a la investigación del caso.
Además, informa que la Primera Visitaduría General requirió información al titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Esteban Espinoza Montoya, en torno a la detención y posterior liberación de los dos jóvenes, luego encontrados asesinados.
Añade que el objeto de la investigación de la Codehum es determinar las responsabilidades administrativas en las que hayan podido incurrir los policías preventivos, y que la investigación de los delitos que posiblemente se hayan cometido es competencia de la FGE.
Finalmente, manifiesta su respaldo a las acciones implementadas por los gobiernos estatal y federal, para garantizar la seguridad pública de los capitalinos, y “pugnando porque todas las acciones  sean con estricto respeto a los derechos humanos”.

Balean a un joven en el mercado central de Iguala; muere en el hospital

Un joven de 23 años murió mientras recibía atención médica, luego de ser atacado a balazos en el mercado Adrián Castrejón, en Iguala.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 4:14 de la tarde recibieron el reporte de que había un herido de bala en el mercado central.
Según testigos, el joven fue perseguido por hombres armados en el mercado y atacado a balazos, y quedó tendido en uno de los pasillos de la central de abasto con cuatro impactos en el cuerpo.
En el lugar, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y luego traslado al hospital general de Iguala, pero minutos después falleció.
El joven fue identificado como Erick de 23 años, vecino del fraccionamiento Salinas del Sur, de Iguala. El cuerpo fue traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y entregarlo a sus familiares.

Debieron estar ante un juez los dos jóvenes detenidos en la capital y hallados ejecutados

De acuerdo con el Bando de Policía y Gobierno del municipio de Chilpancingo, el procedimiento cuando es detenida una persona por alterar el orden público, es inmediatamente ponerla a disposición del juez calificador, quien fijará una multa de acuerdo a la gravedad de la infracción.
El jueves, el alcalde suplente, Jesús Tejeda Vargas informó que los jóvenes, Marco Catalán Cabrera y Jorge Arturo Vázquez, encontrados asesinados la noche del miércoles en Tierras Prietas, al norte de Chilpancingo, fueron detenidos por policías municipales el 31 de diciembre, luego de una riña en las instalaciones de la feria, trasladados a barandillas y luego liberados.
Indicó que se detuvo a dos personas que ingresaron a barandillas entre las 8:30 y 8:40 de la mañana, y que a las 9:30 de la mañana, una hora después, llegó una persona (sin precisar su nombre), pidió su liberación, pagó la multa y salieron de las instalaciones de la policía preventiva.
Por su parte, el empresario de Chilpancingo, Pioquinto Damián Huato acusó a la Policía Municipal de planear con premeditación, alevosía y ventaja el asesinato de los dos jóvenes, y afirmó que los agentes entregaron a los jóvenes a un miembro de la delincuencia organizada llamado Milton.
En el capítulo dos, de la Imposición de Sanciones, el artículo 138 indica que, “las faltas e infracciones a las normas establecidas en el presente Bando, Reglamentos municipales, circulares y disposiciones administrativas, serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, Ley de Ingresos para el Municipio de Chilpancingo de los Bravo y demás Leyes y Reglamentos aplicables, consistiendo las sanciones en: Amonestación pública o privada que el Juez Calificador haga al infractor; multa, que consiste en el pago de una cantidad de dinero hasta por el equivalente a sesenta veces el salario mínimo general diario vigente en la zona, misma que el Infractor deberá cubrir en la Tesorería Municipal”.
Además se precisa que el arresto, “que consiste en la privación de la libertad”, no podrá ser de más de 36 horas en casos de adultos, y de 12 horas para menores de edad, “tratándose de faltas e infracciones que lo ameriten a juicio del Juez Calificador, así como para los casos en los que el infractor no pague la multa que se le imponga”.
Se consideran faltas al Bando de Policía y Gobierno, las acciones u omisiones que alteren el orden público o afecten la seguridad pública, en lugares de uso común, acceso público o libre tránsito.
Entre las falta están, ingerir, en la vía pública o a bordo de algún vehículo, bebidas alcohólicas; colocar topes, cerrar o restringir el uso de la vía pública sin autorización del Ayuntamiento y alterar el orden público.

El procedimiento tras la detención

Se consultó a dos abogados para saber cuál es el procedimiento tras la detención de un infractor, e informaron que es ingresado a barandilla municipal, en tanto el juez calificador determina si la omisión o comisión que se le atribuye constituye un delito o una falta administrativa.
Explicaron que se le tiene que hacer una certificación médica para dejar constancia de las condiciones en que es presentado el detenido, y que se registra el nombre y la hora a la que ingresa.
Posteriormente, el juez calificador determinará el monto de la multa, y si es mayor de edad, cualquier persona puede pagar. Precisaron que cuando se paga la multa queda un registro en la bitácora de la policía preventiva, de la fecha y hora en que la persona es puesta en libertad.

En territorio comunitario no se acatará la Ley de Seguridad Interior, acuerda la UPOEG en Cuautepec

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) se manifestó en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI), y advirtió que en territorio comunitario no se va a acatar, porque es violatoria a la Constitución y no es la solución para combatir a la delincuencia de la que, consideró, no es organizada, sino planeada y tolerada por el gobierno.
Estos fueron acuerdos de las actividades que se realizaron en esta cabecera municipal de la región de la Costa Chica, con motivo del quinto aniversario de la creación del proyecto comunitario y su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana.
En las cuatro mesas que se instalaron con los temas relacionados con seguridad, justicia y proyecto comunitario, las autoridades comunitarias acordaron, además, fortalecer a la organización para enfrentar las amenazas de los gobiernos federal y estatal que la han calificado como ilegal.
Asimismo, aprobaron constituir comités municipales y regionales y con ellos integrar un frente común y para que los pueblos se conviertan en vigilantes de su territorio e impedir el ingreso de extraños que tienen la intención de explorar sus recursos naturales, entre éstos la minería.
Los trabajos comenzaron el jueves en la cancha techada del centro de esta cabecera municipal, por las autoridades municipales, agrarias, comunitarias, coordinadores y comandantes de la Policía Ciudadana de la UPOEG, sin la presencia de su coordinador general y dirigente Bruno Plácido Valerio quien se encuentra convaleciente de un padecimiento de diabetes en el hospital general de Acapulco desde hace 8 días.
Al encuentro asistieron autoridades de 14 municipios de la región Costa Chica, Montaña y Sierra. Asistieron Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Juchitán, Cuajinicuilapa, Marquelia, Copala, San Luis Acatlán, Cruz Grande, San Marcos, Ayutla y Tecoanapa de la Costa Chica, así como de Chilpancingo de la zona Centro y Heliodoro Castillo de la Sierra.
Desde el jueves se instalaron las mesas en donde las autoridades comunitarias aprobaron un pronunciamiento en contra de la LSI, que consideran violatoria de la Constitución y diseñada en contra del pueblo por lo que los asistentes aprobaron no acatarla en territorio comunitario.
El pronunciamiento dice: “nosotros consideramos que al ser una ley ambigua y no especificar detalladamente los procedimientos, acciones y sanciones que tendrán la Marina, el Ejército y el Ejecutivo vulnera todas las garantías individuales y colectivas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Para la UPOEG en el proceso de aprobación de dicha ley, no se escucharon las voces ciudadanas de los intelectuales, de los defensores de derechos humanos, y, sobre todo, de los organismos internacionales y nacionales, “mismos que consideraron que esta ley significa un retroceso en cuanto a los derechos políticos y sociales de la población mexicana”.
Frente a estos antecedentes la UPOEG manifiesta que es necesario levantar la voz ante las acciones que un grupo de personas en el poder ejerce contra toda la nación.
“También es preciso dejar en claro que creemos que la discusión de esta ley fue muy corta y no se realizó ninguna consulta”, dice el pronunciamiento dirigido a los gobiernos federal y estatal.
La organización agrega que esta ley es contraproducente más en estados como Guerrero en donde “hemos vivido la violencia de Estado que reprime, asesina, tortura, desaparece y vulnera los derechos de la ciudadanía, es por eso que no aceptaremos la aplicación de la esta ley y exigimos que se revise detenidamente consultándonos a todos y a todas”.
La postura de la UPOEG establece que militarizar al país no es la solución para acabar con la inseguridad que aqueja a todo el territorio mexicano. “Como ciudadanos en pleno ejercicio de nuestros derechos y obligaciones hemos demostrado que la organización de los pueblos ha sido la única capaz de regresar la tranquilidad a las comunidades por lo que debemos continuar el ejercicio democrático que ha demostrado UPOEG”, dice la postura.
A la celebración del quinto aniversario de la UPOEG llegó al final el presidente de la Barra Nacional de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, quien también se manifestó en contra de dicha ley, y dijo que violenta los principios constitucionales, como el 129, el 21 y el 14, “entonces si hay esa violentación a los derechos constitucionales, nosotros debemos exigir que debe continuar el debate antes de que se ponga en práctica”, pidió.
Se quejó de que quienes se “desgarraron la piel” hablando de esa ley y del amor que le tienen al país en la Cámara de Senadores “¿cuántas veces vinieron esas fuerzas políticas a pedirles una opinión a ustedes, y por qué ahora se están desgarrando las vestiduras allá en el Senado y en la Cámara de Diputados hablando de esa ley que a todas luces es ilegal?”.
Dijo que la opinión general de los ciudadanos es que esta ley atenta y violenta los principios constitucionales y que, sin embargo, los representantes populares la aprobaron, se quejó.
Antes, el coordinador regional de la Policía Ciudadana, Ernesto Gallardo Grande, también dijo que esa ley no resuelve el problema de la violencia y denunció que en Guerrero, como en el país, no existe la delincuencia organizada, y que ésta es delincuencia “tolerada” por el gobierno y que solamente el pueblo va a poder con ella.
“Si no es el pueblo quien se va a defender, nadie lo va a venir a hacer por nosotros”, advirtió.
Dijo que el problema de la violencia se va a resolver con proyectos como el de la Policía Ciudadana de la UPOEG, “que es un proyecto no de una sola persona, ni del gobierno, sino del pueblo”, dijo y agregó que sólo el pueblo será capaz de brindarse su propia seguridad.
Añadió que desde hace cinco años que se fundó el sistema de justicia comunitario de la UPOEG “nosotros dijimos basta al secuestro, a los cobros de piso, en nuestro territorio no se tolera el secuestro ni el cobro de piso, tampoco la violación el asesinato o el robo”.
Aseguró que en donde funciona el sistema de justicia comunitario no ha quedado impune ningún secuestro ni cobro de piso, “se les ha dado resultados a los ciudadanos y los hechos hablan por sí solos, donde tenemos presencia se respira paz, se respira tranquilidad”, aseguró.
Por eso dijo que desde que el sistema existe el Gobierno ha querido dividir al sistema y la delincuencia ha querido penetrar a la agrupación, “pero gracias a esos compañeros valientes que han luchado y siguen luchando que han sabido defender a su pueblo el proyecto sigue adelante”, dijo en referencia a los policías ciudadanos de la UPOEG.
El comandante regional demandó a los policías ciudadanos que sigan haciendo las cosas de la mejor manera, “recuerden que estamos aquí para servir al pueblo, no para servirnos del pueblo, somos los mandaderos del pueblo y nuestra policía tiene que ser respetuosa de los derechos humanos pero sí, con mano firme en contra de los delincuentes y castigar a quien se merece”.
Por la mañana el padre Andrés Bahena Álvarez ofició una misa en la capilla de Santiago Apóstol, ubicada en el centro de la cabecera municipal, en la que dijo que el problema de la violencia que se vive en el estado es por la envidia y la corrupción y convocó a los integrantes del sistema de seguridad y justicia de la UPOEG a actuar alejados de esos vicios y agregó que la solución al problema de la injusticia es la conciencia, “si tu conciencia no te reclama justicia no vas a actuar en consecuencia”, dijo a los asistentes a la misa, muchos de ellos policías ciudadanos uniformados.
El clérigo demandó evaluar a conciencia en estos dos días de celebración por el quinto aniversario del proyecto de la UPOEG, las acciones realizadas en los cinco años que lleva de funcionar el sistema. Agregó que este debe enfocarse a un proyecto que se base en la justicia, en la solidaridad, en la ayuda común, pero sobre todo en el respeto a los derechos humanos.
“No podemos trabajar en un proyecto comunitario si no nos vemos como verdaderos hermanos y no buscamos la justicia y el bienestar común”, insistió el sacerdote.
Dijo que si trabajan por esa vía, que no les importe que todo el mundo esté en su contra porque “cualquier proyecto que trabaje por los derechos humanos será un estorbo para aquéllos que luchan por el reino del mal”.
Por su parte el abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero, consultado al término de los trabajos, declaró que la intención es fortalecer a la organización que ha venido siendo hostigada permanentemente por los gobiernos federal y estatal al calificarla como ilegal.
Informó que para su defensa la organización ha establecido convenios con las barras de abogados nacionales, e incluso, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dijo que con la intención de fortalecer a la organización, van también a fortalecer las asambleas de los pueblos y de las regiones para que funcionen como organismos avalados por el pueblo que sea capaz de defender en los hechos al sistema comunitario y a la misma UPOEG.
Al encuentro no asistieron representantes gubernamentales ni de otras agrupaciones, encabezaron la asamblea promotores que fundaron la organización, como el mismo abogado Vázquez Quintero, los promotores Gonzalo Torres Valencia, Crisóforo García, José Luis Matías Alonso, así como coordinadores y comandantes regionales, además de comisarios municipales y comisariados ejidales y comunales.
Después de la misa, más de mil asistentes a la celebración participaron en una marcha por las calles de la cabecera municipal en donde corearon consignas en contra de la Ley de Seguridad Interior y a favor del sistema comunitario.

Denuncian familiares parcialidad en el juicio del presunto asesino de la doctora Adela Rivas

El juez que lleva el caso del asesinato de la doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Adela Rivas Obé, Vicente Guerrero Campos desechó dos pruebas en contra del imputado EA, que demuestran su culpabilidad.
Ayer se llevó a cabo la audiencia de control judicial, en la que estuvieron presentes familiares de la doctora Rivas Obé y del imputado, así como los representantes legales de ambas partes; de acuerdo con el hijo de la víctima, Bolívar Darío Rojas Rivas, el juez mantiene su actitud parcial en beneficio del acusado que tramitó un amparo con el que consiguió alargar el proceso en su contra hasta marzo próximo.
La audiencia, que se llevó a cabo en el juzgado de Zihuatanejo, comenzó tarde porque el imputado no fue llevado al lugar a la hora debida, 10 de la mañana, a pesar de que la cárcel está cerca de las instalaciones; y concluyó alrededor de las 6 de la tarde.
Vía telefónica, Rojas Rivas dijo que “es muy evidente que el juez colabora con la defensa del imputado”, pues durante la audiencia el abogado del acusado lo interrumpía sin hacerse acreedor a la sanción correspondiente; en cambio, la asesora jurídica de la familia de Rivas Obé, por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sí fue reprimida.
Informó que las pruebas que sus representantes legales presentaron para demostrar la culpabilidad de EA, “el juez las echó para atrás con argumentos falaces de parte del abogado (del acusado), porque en ningún momento fundamentó lo que decía”. Aunque no precisó qué tipo de pruebas fueron las que se desecharon debido a la secrecía del caso, manifestó que, “si el juez hubiera sido recto e imparcial, las pruebas hubieran sido admitidas”.
Reiteró que se está buscando un juicio a modo para que EA salga en libertad. Añadió que está por resolverse un amparo que presentó la defensa del acusado, por ello la próxima audiencia podría llevarse a cabo los últimos días de febrero, o bien, los primeros de marzo.
Expresó que las audiencias suponen un agotamiento para familiares de la doctora Rivas Obé, que deben viajar desde Acapulco hasta Zihuatanejo, y aunque son resguardados por policías estatales en el trayecto, “nos estamos desgastando física y económicamente”, contrario a la familia del acusado EA, que vive en Zihuatanejo.
Consideró que “es muy grave” que en Guerrero, donde han ocurrido un número importante de feminicidios, lo suficiente como para llamar la atención del gobierno federal y que se emita alerta de género en cinco municipios, no se condene a un feminicida, “el juez está violando los derechos de nosotros como víctimas (al ser parcial), de la Constitución, y está violando su envergadura de impartidor de justicia”.
Señaló que el caso de Rivas Obé trascendió en los medios de comunicación, es importante en el estado, y debe resolverse al igual que todos los asesinatos en el estado. También dijo que la familia de la doctora no dejará de exigir justicia, y espera que pronto se cambie al juez del caso para evitar que continúe la línea parcial, pues a pesar de que EA lleva más de un año en prisión, aún no cumple la condena que le corresponde por el homicidio.
Por último, Bolívar Darío Rojas Rivas agradeció el apoyo que la familia ha recibido de distintos grupos y organizaciones sociales que se han unido a su reclamo de justicia.

Esperará un año su penúltima audiencia Samuel Ramírez; la programan para el 9 de diciembre

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que el 9 de diciembre de este año será la penúltima audiencia del policía comunitario preso, Samuel Ramírez Gálvez, luego de que fue sentenciado a 4 años 100 días de prisión, pero apeló la sentencia porque espera una sentencia absolutoria.
El 14 de noviembre el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra dijo que cuando el organismo mantenía la defensa del preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, se le dictó una sentencia en abril y terminaba en octubre dado el tiempo que ya tenía preso, era de 4 años y 100 días de multa y se podía conmutar la sentencia.
Entonces declaró, “nosotros optamos en que mejor, en caso de que hubiera una sentencia condenatoria pudiera Samuel acogerse a la misma, porque daba lo mismo estar peleando los recursos de apelación… en automático Samuel ya hubiera obtenido su libertad, nosotros lo que le dijimos a sus familiares de Samuel, nosotros no queremos estar peleando un recurso”, pero su nueva defensa interpuso un recurso de apelación, y se está obteniendo la reposición del procedimiento, pero no se está dando oportunidad a la defensa de dar pruebas.
En un comunicado el Comité por la Libertad de los Preso informó de la penúltima audiencia del policía comunitario, que será hasta que finalice el año.
Abunda que Ramírez Gálvez fue detenido y consignado injustamente por el Estado el 6 de octubre del 2013, a sus 18 años, de origen na’ savi no habla bien el español, y su nombramiento de policía comunitario fue un reconocimiento al compromiso con su comunidad.
Añade que Samuel  está en espera de que un juez le dicte su sentencia absolutoria, que nunca hubo un crimen que perseguir pero, “ha pagado una condena de más de cuatro años de su vida por un delito que nunca existió”, “esa es la manera de otorgar justicia en Guerrero”.
“Samuel fue elegido en asamblea por su comunidad con tan sólo 18 años de edad para formar parte del sistema de justicia y seguridad normados por usos y costumbres indígenas. El participar en la Policía Comunitaria de la CRAC-PC ha sido tradición en su familia. Su mamá Beatriz Gálvez Macario también perteneció a esa institución, fue la primera mujer elegida para consejera y coordinadora de la Policía Comunitaria de Zitlaltepec, la cual representó dignamente al conformar los primeros comités de mujeres y convertirse en una luchadora incansable de los derechos humanos en su comunidad”, agrega.
El 6 de octubre de 2013 el policía comunitario fue detenido junto a tres policías más y fueron acusados de portación de arma de fuego, mientras que Ramírez Gálvez fue acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, sus compañeros alcanzaron fianza y él no.

Detienen policías a un hombre con dos bolsas con drogas y dinero en Zihuatanejo

Policías estatales detuvieron en Zihuatanejo a un hombre que portaba mariguana, cristal y piedra, además de radios de comunicación y dinero en efectivo.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó la tarde de ayer, que policías estatales que hacían un recorrido de vigilancia en la colonia La Puerta, al pasar por la calle cerrada Valle de Bravo, del fraccionamiento Coco, vieron a un hombre parado en la banqueta con dos bolsas negras, “el hombre al ver a los policías soltó las bolsas en el suelo, lo que originó una persecución pie a tierra, pero después lo alcanzaron”.
La corporación señaló que el detenido se llama Joselito de 34 años, vecino de la colonia Morelos, de Zihuatanejo, y en las dos bolsas negras llevaba 15 bolsas azules con mariguana, que tenían un peso de 22.50 kilógramos, y la segunda tenía 38 bolsitas de mariguana con un peso total de 760 gramos, 218 dosis de cristal, 105 dosis de piedra, dos radios de comunicación marca Kenwood, y 16 mil 904 pesos.
El detenido, la droga y el dinero fueron puestos a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.

La gestión de Rendón Ramírez ha sido mediocre, dicen familiares de víctimas de desaparición

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Los Colectivos de Víctimas en Guerrero recalcaron su rechazo a María Guadalupe Rendón Ramírez para que asuma la titularidad de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, porque, aunque ha hecho carrera en la Fiscalía General del Estado (FGE), su gestión ha sido “mediocre”.
El 14 de diciembre los familiares de desaparecidos de colectivos de Chilpancingo, Chilapa, Acapulco, Iguala y el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón  (Centro Morelos), protestaron dentro del Congreso local para exigir que no se aprobara, como se tenía planeado para ese día, el nombramiento de Rendón Ramírez.
El día de la protesta, los familiares lograron que los diputados quitaran de la agenda la designación de fiscal de Desaparición Forzada, pero eso no les garantiza a los familiares que después de las vacaciones decembrinas se retome la designación, aunque ellos no estén de acuerdo, por lo que en este mes retomarán su exigencia y protesta.
En un comunicado, el Colectivo de Familiares Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo, el Colectivo de Familiares en Búsqueda de Nuestros Familiares de Acapulco, Familiares de Desaparecidos de Chilapa y el Centro Morelos, reiteraron su demanda.
Abunda que la también jefa de la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas no Localizadas de la FGE, Rendón Ramírez no debe ocupar el cargo de fiscal de Desaparición Forzada, porque no ha dado resultados en beneficio de las víctimas de desaparición y sus familiares.
Añade que al contrario, sus acciones han sido revictimizantes, y exigen una convocatoria en la que los colectivos de víctimas participen para elegir al fiscal para ese cargo.

Reiteran su negativa a la Ley de Seguridad Interior; no ayuda a solucionar la crisis de seguridad, dicen

Por otro lado, el Centro Morelos y los colectivos de familiares de desaparecidos reiteran su rechazo a la Ley de Seguridad Interior promulgada el 22 de diciembre pasado, y coinciden con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), las Comisiones de los Derechos Humanos de los estados y organizaciones no gubernamentales, en cuanto a que esta ley abre la puerta a que el Ejército continúe violando los derechos humanos de civiles de manera impune.
El escrito agrega que la nueva ley tampoco ayuda en la solución de crisis de seguridad que padece el país, sino al contrario, en Guerrero el Ejército ha estado involucrado en numerosas represiones, masacres y desapariciones desde la década de 1960.
Los colectivos y el Centro Morelos convocaron a la sociedad civil a apoyarlos y a participar en la Marcha de los Reyes Magos por la Verdad y la Justicia, que partirá este lunes a las 10 de la mañana de la Alameda al Congreso local.

Finalizan su paro laboral burócratas y policías de Tlapa; les pagarán, acuerdan

Policías municipales y trabajadores del Ayuntamiento de Tlapa, finalizaron su paro laboral y bloqueo en el primer cuadro de la ciudad para exigir los pagos de su segunda quincena de diciembre y su aguinaldo, luego de acordar con el alcalde, Jesús Noé Abundiz García, esperar a que la Secretaría de Finanzas libere un préstamo para saldar la deuda.
En las instalaciones del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan la noche del pasado jueves, con la mediación de su director Abel Barrera Hernández, se reunieron el delegado regional de Gobernación estatal, Jorge Rodríguez Ponce, el presidente priista Abundiz García, y los representantes de los inconformes.
El primer acuerdo al que llegaron es que esperarán ocho días mientras liberan el préstamo para cubrir los pagos pendientes. Sobre el aguinaldo, acordaron que éste será con base al año 2016.
Además, el alcalde y sus mandos superiores no ejercerán represalias administrativas, laborales o penales contra los inconformes, que fueron más de 300 trabajadores.
Asimismo, convinieron en que el jueves 5 de enero se instalaría una mesa para revisar cada caso de los trabajadores que requieran información sobre sus depósitos salariales y aguinaldo, y una mesa de seguimiento en 15 días para revisar el cumplimiento de los acuerdos.
Los trabajadores que pararon fueron de las direcciones de Seguridad, Tránsito, Protección Civil, Limpia, Reglamentos, Gobernación, Jardinería y Agua Potable.

Intimidaron a vacacionistas los patrullajes de policías armados en Zihuatanejo, dice restaurantero

El presidente del Consejo Ciudadano y conocido restaurantero de la colonia turística La Ropa, de Zihuatanejo, Carlos Gutiérrez Farías manifestó que durante el actual periodo vacacional recibió comentarios y quejas de turistas que se sintieron intimidados ante la presencia de policías en cuatrimotos recorriendo ese balneario, “algunos tuvieron experiencias de miedo en los retenes, porque los detenían sin tener la seguridad de si se trataba de policías u otro tipo de personas”.
Gutiérrez Farías dijo que, a pesar de la alerta a ciudadanos de Estados Unidos de no viajar a Ixtapa, luego del homicidio de un turista estadunidense en Ixtapa, “los extranjeros están llegando, muchos de ellos porque ya conocen Ixtapa-Zihuatanejo; también llegó mucho turismo nacional, llegaron por la temporada de frío, porque querían vacacionar pese a todo lo malo que se dice de Guerrero”.
Comentó que al contrario de lo que se tenía planeado, la presencia de policías armados “los hizo sentir más inseguros que seguros; creo que ahí les falló la estrategia, y si a eso le agregamos que durante estas vacaciones la colonia La Ropa siguió casi la mitad a oscuras, porque no tenemos alumbrado público en la carretera escénica, y le agregamos los cientos de vendedores ambulantes que llegan a ponerse donde sea y a vender lo que sea, pues no dimos una buena impresión”.
Agregó que algunos de sus clientes que llegaron por carretera le comentaron que “fueron parados en retenes para revisión, pero queda la psicosis de que pudiera tratarse de otras personas y no policías reales; creo que al gobierno le hace falta más estrategia para cuidar a los turistas sin hacerlos sentir intimidados”.