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Respeto a su trabajo, piden periodistas de Acapulco al coordinador de la Policía Federal

 

Periodistas de Acapulco solicitaron al coordinador estatal de la Policía Federal en el estado, Rafael Lomelí Martínez, respeto al ejercicio periodístico por parte de los agentes federales y de la Gendarmería, luego de la intimidación que sufrieron los fotoperiodistas Bernardino Hernández y el italiano Enrico Danigno el viernes pasado.
En una reunión realizada ayer a petición de los integrantes de la sección XXV del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP), el encargado de la Policía Federal exhortó a los reporteros que sufran alguna agresión a denunciar los casos, porque si hay una denuncia contra un elemento y es responsable “yo lo meto al bote, al que sea”.
El encuentro se realizó en las oficinas de la Policía Federal en el centro de negocios y comercial Costera 125, y asistió una observadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El secretario general de la sección XXV, Julio Vázquez, recordó al mando policiaco que en Acapulco en lo que va del año han sido agredidos tres reporteros, y a uno se le obstruyó su trabajo por parte de los policías federales.
“Los cuerpos de la Gendarmería han actuado con abuso de autoridad y vemos que han sido constantes”, reprochó el comunicador.
Mientras el coordinador estatal de la Policía Federal llamó a tener confianza en los cuerpos de seguridad, porque “así como tengo quejas, tengo mis felicitaciones”, sostuvo.
E insistió en que si hay una denuncia, la corporación actuará en apego a la Ley y los elementos que hayan incurrido en abuso de autoridad serían castigados.
En el encuentro, el fotoperiodista Bernardino Hernández narró lo sucedido el viernes 11 de marzo, cuando por casi dos horas fue retenido por policías federales en una revisión de rutina, quienes lo acusaron de usurpación por no traer su cédula profesional.
El fotógrafo free lance y colaborador de diversos medios de Guerrero, México y el mundo, sostuvo que acató las indicaciones de los policías federales, quienes también retuvieron al fotógrafo italiano Enrico Danigno, enviado de la revista francesa de fotografías Paris Match y ex colaborador del influyente periódico estadunidense The New York Times.
Sin embargo el coordinador de la Policia Federal indicó que la versión de los agentes federales era distinta, que el fotógrafo iba alcoholizado, y pidió a uno de sus ayudantes el reporte de la división de la Gendarmería para mostrarlo, donde incluso había videos pero una hora después de la reunión el material nunca fue mostrado.
Bernandino Hernández manifestó que no presentó una denuncia en el ministerio público porque existe un antecedente de hace dos años, cuando fue agredido y denunció el caso, y después fue perseguido por los policías federales implicados, por lo que decidió retirar la denuncia por miedo.

Decretan tres jueces la libertad de Nestora porque actuó como Policía Comunitaria; sale hoy de prisión

Tres jueces –de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla– decretaron anoche la libertad absolutoria para la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, que pasó dos años y siete meses en prision.
Se espera que este viernes a las 9:30 la dirigente comunitaria salga de la prisión femenil de Tepepan, en la Ciudad de México, donde se encuentra recluida luego de haber sido trasladada del penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Los jueces de Tlapa y de Ayutla consideraron que no se acreditó el cuerpo de delito en la acusación de secuestro, ni el de privación de la libertad y robo específico que se atribuyeron a Nestora Salgado García, porque actuó como autoridad de la Policía Comunitaria, al amparo de la Ley 701.
Tampoco se acreditó la probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio ante el Juzgado de Huamuxtitlán, porque se presentaron pruebas de que cuando ocurrieron los hechos ella se encontraba a kilómetros de distancia del lugar.
Ayer a las 9 de noche, el juzgado 67 del reclusorio de Santa Martha Acatitla, le notificó los auto de libertad en las tres causas penales que la mantenían en prisión.
Este viernes, entre 9 y 10 de la mañana, la luchadora social saldrá de la torre médica del penal de Tepepan al sur de la Ciudad de México, donde la esperan representantes de organizaciones nacionales y de Guerrero, para trasladarse al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde habrá una conferencia de prensa conjunta.
Seguida de una comida con los policías comunitarios de Guerrero y representantes de distintas Casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Confirmó su asistencia, el dirigente del Frente de Organizaciones del Estado de Guerrero, que también fue preso político, Bertoldo Martínez Cruz, y se mencionaba entre los asistentes al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui, también preso con motivo de la lucha en defensa de sus tierras, y a las esposas de los presos de la CRAC de Ayutla y Chilpancingo.
Salgado García aclaró que ella solicitó que acudieran todos los que pudieran acompañarla, sin distinción.
En el lugar, la menor de sus hijas, Grisela Rodríguez Salgado, adelantó que con sus hermanas van a llevarse a su mamá a Estados Unidos, para atender su salud, deteriorada por las condiciones de reclusión. Consideró que ha empeorado mucho por el encierro.
En tanto, la luchadora social habló de las iniciativas que desea emprender en esta nueva etapa de su vida, y dejar atrás dos años y medio en prisión, de los cuales, un año ocho meses fue en el penal federal de Tepic, Nayarit.
Mientras esperaban la resolución final de los jueces que se esperaba a favor, habló de las cartas que recibió de todo el país donde le contaron de las injusticias que padecen los más pobres en las prisiones de México, y su anhelo de trabajar por los presos políticos.
Pero Grisel se negaba a echar las campañas al vuelo, hasta que su mamá tuviera  las constancias de libertad en las manos, aún tenía desconfianza, “sabemos que es inocente, pero nos han jugado tan chueco tantas veces, hasta que la vea (libre), han sido casi tres años y de cierta manera como que te preparas mentalmente para lo peor”.
Una, tras la rejilla de los acusados, la otra viéndola desde afuera del edificio,  a través de un cristal, estallaron en risa cuando se confirmó la noticia.
El abogado Leonel Rivero Rodríguez, explicó que los jueces de Guerrero determinaron que en la acusación de secuestro no se acreditó el cuerpo del delito, porque Nestora Salgado estaba en funciones en la Policía Comunitaria de Olinalá cuando sometió a un proceso de reeducación a la presunta víctima.
Tampoco se acreditó responsabilidad en el delito de privación de la libertad de policías municipales, y robo específico, porque es una autoridad comunitaria y se devolvió el equipo retenido a la autoridad civil.
Nestora Salgado destacó en este largo proceso,  el reconocimiento pleno a la Policía Comunitaria de Olinalá como autoridad, porque inicialmente, el gobierno de Guerrero y los juzgados cuestionaron su integración a la CRAC, ya que entonces eran de los grupos de más reciente creación.

Guerrero, el estado más violento a causa de las bandas del narco, revela encuesta de GEA-ISA

 

Una encuesta de GEA ISA hecha a 990 mexicanos entre el 5 y 8 de marzo de este año en 110 secciones electorales de México, reveló que Guerrero es el estado más violento del país. El margen de error de la encuesta es de un 3 por ciento.
“En 2015 se confirmaron 502 homicidios en Guerrero, es decir la cuarta parte del incremento de éstos en México. Es el estado más violento debido a que operan bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes ilegales, en especial goma de opio. Además, existe una pelea diaria callejera por el control del mercado del narcomenudeo en Acapulco”, afirmó Guillermo Valdés, director de investigaciones de la encuestadora GEA ISA y ex director del CISEN entre el 2007 y 2011.
Guillermo Valdés aseguró que el “gobierno estatal de Guerrero no ha hecho su tarea para enfrentar esta violencia con el aumento de policías, además del fracaso del operativo federal Guerrero Seguro. Son las causas por las cuales Guerrero es el estado del país más violento en 2015”, aseveró.
En conferencia de prensa el miércoles en el Hotel Presidente de la ciudad de México, Guillermo Valdés dio a conocer el estudio México, política, sociedad y cambio de escenarios políticos, elaborado por Grupo de Economistas y Asociados e Investigaciones Sociales Asociadas.
Casualmente, a las 11 de la mañana del miércoles, se vio salir solo de ese hotel en la zona de Polanco a Florencio Salazar Adame, secretario de Gobierno de Guerrero.
Salazar Adame pudo haber acudido al desayuno que la encuestadora GEA ISA organizó a distintas personalidades para mostrar los datos de su investigación. A pregunta expresa, Guillermo Valdés no confirmó ni desmintió que Salazar Adame haya acudido a dicha invitación.
En cuanto a la inseguridad en el país, la encuesta dio a conocer que “al no haber un gran logro reconocido mayoritariamente que contribuya a recuperar la imagen presidencial y del gobierno (la recaptura del Chapo Guzmán es mencionada únicamente por el 2 por ciento de los encuestados), la evaluación social de la Administración Federal y de su titular se mantienen negativas”.
Durante el último trimestre se registró un aumento significativo en la percepción de inseguridad. En noviembre de 2015, un 30 por ciento de los ciudadanos creían que la inseguridad en el país era mayor que hace 6 meses. Ahora un 46 por ciento de los encuestados piensan lo mismo y el número de quienes aseguraron que la inseguridad era menor se redujo de 16 a sólo 6 por ciento.
Además la empresa establece que “de acuerdo con la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2015 hubo un avance muy importante en la disminución de la inseguridad en México, que contrasta de manera significativa con el aumento de la percepción de inseguridad. Sin embargo, hubo un importante repunte en homicidios (8%). Esto rompe la tendencia decreciente observada desde 2011 en este delito”, concluye el comunicado de prensa de GEA ISA.

Se reúnen padres de Ayotzinapa con la PGR; sigue obstaculizando a los expertos, denuncian

 

La Procuraduría General de la República (PGR) sigue retrasando las diligencias que propone el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación de Ayotzinapa, denunció al abogado de os padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, al salir de la reunión mensual de seguimiento con la procuradora Arely Gómez.
Acompañado de los padres, advirtió que la intención de las autoridades es que al final del segundo mandato de los expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –el 30 de abril–, digan que sin avances, tampoco es necesaria la coadyuvancia de los expertos en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural.
Al mismo tiempo, denunció, hay una estrategia mediática contra cada integrante del GIEI, y hace dos días contra el secretario técnico de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, por el financiamiento público que México aporta al organismo internacional. Rosales Sierra aclaró que los países de Latinoamérica que tienen acompañamiento internacional en temas de justicia, financian los procesos. En todo caso, llamó a cuestionar a las autoridades cuánto aportan a Naciones Unidas, y a la a Organización de Estados Americanos (OEA) de las que forman parte.
Dejó ver que sigue una andanada de ataques para adjudicar al GIEI la falta de resultados y de impartición de justicia en el caso. Pero recordó que es facultad del Estado la investigación y la aplicación de la justicia.
También denunció que la PGR se ha negado a hacer 120 diligencias relacionadas con el mismo número de personas implicadas en los crímenes de Iguala, ya sea por testimonios de las víctimas, de detenidos o señalados en las mantas que se coloraron en Iguala, entre éstas hay soldados, policías federales, políticos y alcaldes de la región Norte de Guerrero.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz, denunció que para dar trámite a la petición de los padres, los funcionarios de la Unidad de investigación exigieron que ratifiquen la solicitud que llevaron a la mesa hace un mes, para que comiencen a revisarla.
En el plantón de organizaciones sociales, frente a la PGR en el Paseo de Reforma, Rosales Sierra también dijo que los padres de los desaparecidos, sólo van a aceptar los resultados del cuarto peritaje (en fuego) en la basurero de Cocula, si hay consenso entre los seis expertos que intervienen en la investigación.
Indicó que los trabajos comenzaron a finales de enero, y a la fecha los peritos encargados hacen trabajo de campo, y se espera que entreguen resultados el 31 de marzo.
Enfatizó que no van a aceptar resultados por mayoría, y el vocero insistió: “nosotros decimos que es un teatro (el cuarto peritaje) para dilatar la búsqueda de los estudiantes y hacer una nueva verdad histórica.
Aclaró que para los padres, el peritaje del primer informe de expertos independientes desacreditó la versión oficial de los hechos, porque de acuerdo a la evidencia y las pruebas científicas aplicadas en el lugar, es imposible. Lo mismo hicieron las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense, que se presentó este año.
Demandó una reunión inmediata con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que ratifique su compromiso con los padres de los desaparecidos, de la última reunión el año pasado en Acapulco.
Recordó que entonces llamó a los padres a no seguir especulando (por los señalamientos contra el Ejército, como implicado en los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014), pidió que dejaran hablar al trabajo de los expertos de la CIDH, y que para el fin de su periodo ya habría resultados concretos; si no fuera así, les aseguró que extenderían su mandato a un tercer periodo.
Aunque en lugar de colaborar con los expertos para esclarecer los hechos, hay una línea clara para desacreditar su labor, De la Cruz recordó que sin ellos no se habría descubierto la existencia del quinto camión, que no sólo omitió la PGR de las investigación, se estima que manipuló y desapareció evidencia de esta línea de investigación.
Tampoco de la videograbación del circuito cerrado de la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Iguala, de la última vez que se supo de 14 normalistas desaparecidos; aunque autoridades reconocen que existe, nadie a la fecha sabe dónde quedó.
Sobre todo, señaló que los expertos invalidaron la tesis oficial, de que los 43 normalistas desaparecidos fueron asesinados y quemados hasta las cenizas en el basurero de Cocula, y sus restos lanzados a un río, en cuestión de horas.
El primer peritaje en el basurero fue presentado por el procurador Jesús Murillo Karam, y lo declaró “la verdad histórica”, de los hechos. El segundo peritaje fue del GIEI, el tercero del Grupo Argentino de Antropología Forense (GAAF). El cuarto, ha dicho la PGR que será definitivo.
En este escenario, Rosales Sierra advirtió que los padres van a analizar si siguen asistiendo a las reuniones si no hay avances, no hay atención a sus peticiones y se siguen obstruyendo la labor de los expertos independientes.

La búsqueda sin vida

Como ejemplo de los lentitud y los obstáculos en la investigación, explicó que la única de cuatro líneas de investigación que ha trabajado la PGR es la búsqueda sin vida de los normalistas desaparecidos.
Ayer les informaron de cuatro operativos en los cuatro parajes: Tianquizolco (ya habían informado de este caso el mes pasado), Huerta Vieja, Loma del Coyote y Cerro Las Parotas, todo en Iguala.
Sin embargo, agregó que las autoridades han incumplido el calendario de visitas con los expertos a los lugares, argumentando que no tienen el equipo adecuado cuando se acerca la fecha prevista, o porque la Policía Federal anda en otras actividades. En consecuencia los expertos no han ido a las inspecciones.
También denunció que para iniciar cada búsqueda, la Policía Federal les pide las coordinadas exactas, como si fuera obligación de los coadyuvantes tener esa información, aunado a otras irregularidades señaladas con anterioridad: la fragmentación de expedientes y que la SEIDO sigue teniendo buena parte de la investigación en su poder.
Por ejemplo, indicó que el cerca del basurero de Cocula, hay un lugar conocido como La Carnicería, que los expertos pidieron revisar, porque se menciona a menudo en el expediente, cuando van a hacer el trabajo de campo, resulta que la SEIDO ya estuvo ahí.
Para justificar la intromisión, dice que recibió una denuncia específica de otro caso, cosas como esa obstaculiza el trabajo de los expertos, “nos preocupa cómo caminan las cosas, la lentitud de las investigaciones y los obstáculos al GIEI, cómo están apostando al tiempo”, para agotar el periodo del acompañamiento internacional.

“Las autoridades le siguen apostando al olvido”, denuncian familiares de desaparecidos en Chilapa

A un año de la desaparición del defensor de derechos humanos, Héctor Jaimes Abarca, no se tiene ningún indicio de su paradero, ni del de su hermano Jorge y de los más de 50 desaparecidos de Chilapa denunciados ante dependencias federales de procuración de justicia, denunció la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
En conferencia de prensa en las instalaciones de La Red en la capital, el defensor de derechos humanos, Manuel Olivares leyó un comunicado para informar que los familiares exigen que se investigue a fondo el paradero de Héctor Jaimes Abarca y de todos los desaparecidos, y que se atiendan las recomendaciones que han dado los expertos sobre cómo hacer búsquedas e investigaciones de desaparecidos.
Asimismo, exigen que se brinde una verdadera atención integral a los familiares y se ataquen las causas de la macrocriminalidad que han sometido a la población y han impuesto su poder por encima de las leyes.
Hoy, Héctor Jaimes cumple un año desaparecido, su mamá, María del Carmen Abarca se ve destrozada y cansada, sus ojos están llenos de lágrimas por no saber del paradero de sus hijos, ya que el 9 de mayo desapareció Jorge Jaimes Abarca de 18 años, hermano menor de Héctor.
En la conferencia, Olivares habló del perfil académico y laboral de Héctor, quien tiene 30 años, es colaborador del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, en Chilapa, y antropólogo social por la Universidad Autónoma de Guerrero.
Una semana antes de desaparecer Héctor comentó a sus familiares que sentía que lo perseguían, y que pensaba que se debía a su trabajo en la elaboración de un video sobre el pan en Chilapa, porque en algunas comunidades le pidieron que no grabara película de esos lugares.
El 18 de marzo, Héctor Jaimes regresaba de Chilpancingo; se dirigía al sitio de Urvan de Chilapa aproximadamente las 7 y media de la noche. En ese trayecto fue donde desapareció.
Manuel Olivares acusó que el gobierno ha optado por la militarización sin implementar una estrategia integral de búsqueda de los desaparecidos y en un equipo multidisciplinario que avance en las investigaciones.
Ante los nulos resultados obtenidos pese la presencia continua de militares y policías, los familiares de las víctimas se encargaron de la búsqueda, pero las autoridades no les brindan las medidas de protección adecuadas.
Los familiares de los desaparecidos en Chilapa, a casi un año de ocurridas, manifestaron que no ven un verdadero compromiso con las víctimas, y que sí ven grandes limitaciones en su estrategia bélica y una marcada ausencia de una estrategia que ataque de fondo la macrocriminalidad y el ambiente de impunidad que impera.
En su intervención la mamá de Héctor dijo que no sabe nada del paradero de su hijo, “y del chiquito (Jorge) se cumplirán 10 meses que no sé”, y pidió a las autoridades que hagan algo.
“Que se pongan a trabajar, porque es mucho lo que está pasando en Chilapa, hay muchos muchachos levantados, y se los llevan para no saber nunca más de ellos; lo que nosotros sabemos es que están vivos, por eso queremos que los rescaten donde los tengan”, enfatizó.
El vocero de la organización Siempre Vivos, José Díaz Navarro dijo que lo que se vive en Chilapa es lamentable, “porque es de violencia extrema”, y que los afectados son de la clase más marginada.

Familiares de otros 37 desaparecidos no denuncian por temor

Expresó que el caso de Chilapa es muy especial porque tienen registrados 57 desaparecidos, pero hay una lista adicional de 37 cuyos familiares no denuncian por temor.
Díaz Navarro dijo que lograron becas alimenticias para los familiares de los desaparecidos porque la mayoría son madres y esposas que no tienen ingresos, “logramos pedirle al gobernador 40 becas alimenticias de dos mil pesos mensuales”, pero denunció que no las han recibido desde hace tres meses.
El vocero de Siempre Vivos recriminó que las autoridades quieren que los familiares de los desaparecidos les digan quiénes son los delincuentes y dónde están, “nos vemos vulnerables porque, si denunciamos corremos el riesgo de que nos levanten”.
Recordó que el 14 de mayo de 2015 vieron a los delincuentes apoyados por el presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, “son sus hermanos los líderes de este grupo delincuencial, fueron los que encabezaron la irrupción en Chilapa”.
Manuel Olivares dijo que no es labor de los familiares de los desparecidos hacerla de policías, porque le corresponde al gobierno, y exigen que investiguen y den con los responsables, “lo que vemos que la estrategia del gobierno es distraer a las personas, porque no dan respuesta de los avances; 3 mil militares no han sido capaces de dar con el paradero de algún desaparecido”.
Consideró que se está repitiendo la misma estrategia del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, porque los que están atendiendo el problema de Chilapa, a nivel federal son los mismos, dan la misma respuesta, que no hay nada de avances.
Las dependencias a las que se les ha encargado la investigación y búsqueda de los desaparecidos son la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Unidad de Búsqueda de Personas dependiente de la Sub Procuraduría de derechos humanos de la PGR, que siempre responden que no hay avances.
“Las autoridades le siguen apostando al olvido, al cansancio y a la resignación, en lugar de dar con el paradero de los desaparecidos. Además, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), no está haciendo su trabajo, tal vez porque las autoridades quieren que los familiares hagan presión”, enfatizó Manuel Olivares.
Los familiares, en su mayoría mujeres mostraron fotos y pequeñas lonas con retratos de sus esposos o hijos desaparecidos desde el 9 de mayo del 2015, y de los que hasta ayer desconocen su paradero.

Asesinan a escopetazos a un hombre jubilado al resistirse a un asalto en Atoyac

La noche del miércoles un hombre fue asesinado a balazos en Atoyac, en la colonia Insurgentes de Morelos conocida como El Tanque.
La víctima fue identificada como Sabino Castillo de Jesús 67 años, quien era jubilado del sector Salud de Vectores y fue atacado a escopetazos al resistirse a un asalto.
Los hechos sucedieron a las 9 de la noche, el hombre murió al llegar al hospital general de Atoyac.
Es el quinto homicidio en lo que va del año.

Hallan el cuerpo de un hombre en la playa Pico del Monte, Cruz Grande

La tarde del miércoles el cuerpo de un hombre fue hallado en la orilla de la playa Pico del Monte en el municipio de Florencio Villareal (Cruz Grande).
El hallazgo fue reportado por el comisario, Filomeno Rodríguez Pérez. Trabajadores de la agencia del Ministerio Público del fuero común de Cruz Grande acudieron al lugar para recoger el cuerpo que no fue identificado.
Fuentes informaron que el cuerpo de unos 35 años tiene desgarramientos en brazos y piernas y vestía únicamente una playera roja del equipo de futbol de Las Chivas y un bóxer gris.

Escapa de la policía un hombre que asaltó una tienda en el barrio Santa Cruz en Chilpancingo

Policías estatales y municipales hicieron una operación de búsqueda en el barrio Santa Cruz en Chilpancingo, para detener a un hombre que había robado una tienda y huyó hacia el río Huacapa.
Según fuentes de la Policía Municipal, a las 11 de la mañana de ayer recibieron el reporte del asalto.
Una patrulla de la Policía Municipal y cuatro agentes estatales en motocicletas hicieron una búsqueda en el río Huacapa porque el presunto asaltante escapó por las alcantarillas.
Después de una hora del operativo el delincuente no fue capturado.

Desaparecen una niña en El Tomatal y una adolescente que iba a la prepa 1 en la capital

 

Una niña de 12 años y una adolecente de 15 años desaparecieron esta semana en distintos puntos de Chilpancingo. El primer hecho ocurrió el martes, se trata de una estudiante de la Unidad Académica Preparatoria No. 1 quien desapareció cuando se dirigía a su escuela. El otro hecho es de una niña de 12 años que desapareció la mañana de este jueves al salir de su casa en la colonia El Tomatal en la capital.
El primer hecho sucedió la mañana del martes cuando la adolescente salió de su casa para dirigirse a la Preparatoria No. 1 frente a la Alameda Granados Maldonado, a una cuadra del centro de la capital. La adolecente vestía un pantalón de mezclilla azul, playera gris con el logotipo de la insitución y zapatos negros. En su cuenta facebook, la FGE informó el hecho y publicó la Alerta Amber.
Por otra parte, la niña de 12 años desapareció la mañana del jueves al salir de su casa en la colonia El Tomatal.
Consultado por teléfono, uno de sus familiares relató que a las 10 de la mañana la niña salió de su casa para ir a comprar pero después ya no regreso.
Informó que ya presentaron la denuncia ante la agencia del Ministerio  Público de esta ciudad para que inicien las investigaciones correspondientes para encontrar a la niña.
Los familiares de la niña quien es estudiante de la secundaria Wilfrido Massieu publicaron la fotografía  en la página de facebook de Solo Chilpo y dieron los números de celulares  7471101331, 7471740914, 7471223586, donde piden a la población dar información para encontrarla.

Seguridad ante la violencia contra trabajadores del gremio, demandan médicos de diversas instituciones

 

Integrantes del Comité Organizador de Trabajadores de la Salud, de diferentes instituciones en el estado, se manifestaron afuera del Hospital Regional Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para exigir al gobernador Héctor Astudillo el cese de la violencia contra trabajadores del gremio. Manifestaron que en los últimos cinco años han migrado 60 médicos y enfermeras de sus centros de trabajo.
Los integrantes del Comité eran médicos de la Secretaría de Salud, médicos jubilados del IMSS, y maestros de la Unidad de Medicina y Enfermería de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Entre los asistentes estaban la ex subsecretaria de la Secretaría de Salud y ex jefa de la Jurisdicción Sanitaria 07 Acapulco, Alva Patricia Batani Giles, y la dirigente del Movimiento estudiantil Kiosco, Margarita Martínez García. También asistieron más de 20 estudiantes de la unidad de Medicina y Enfermería de la UAG.
El acto que realizaron por dos horas, fue en la banqueta del IMSS en la avenida Ruiz Cortínes, sin que interrumpiera la entrada o bloqueara el paso de los derechohabientes o transeúntes.
Las consignas de los cuatro integrantes del Comité que iniciaron el mitin eran: “¡Vivos nos queremos!”, “¡Alto a los asesinatos de trabajadores de la salud!”.
Manifestaron que la presencia en el Hospital del IMSS correspondía por el asesinato del jefe de Traumatología de ese nosocomio, Ramón Javier Ayerdi, que ocurrió el viernes de la semana pasa, lo que calificaron como “la gota que derramó el vaso”.
Los jóvenes que portaban pancartas como: “No queremos ser la siguiente víctima”, “menos balas, más salud”, “respeto a los trabajadores y estudiantes del área de la salud.

Más del 70% de trabajadores, los afectados

En intervención de un integrante del Comité, el médico jubilado Nemesio Soberanis, dijo que en los últimos meses se han incrementado los ataques del crimen organizado contra los trabajadores de la Salud, como médicos, enfermeras y sus familiares. Manifestó que este sector “ha sido afectados igual o peor que el resto de la sociedad”.
Pidió al gobernador poner alto al asesinato de los trabajadores de la Salud, además de garantizar la seguridad pública. Demandaron resultado “tangibles” porque la violencia ha escalado en ese sector.
Sin mencionar cifras, dijo que era “bastante elevado” el número de ataques a médicos, enfermeras y familiares de ellos, tanto en instituciones públicas como privadas. De acuerdo con sus estimaciones, “me atrevo a pensar que el 70 u 80 por ciento de los trabajadores de la Salud estamos siendo afectados. Agregó que eso incluye llamadas de extorsión o secuestros a familiares.
Derivado de los atentados al gremio en el estado “hay enfermeras que están planteándose cambiar de residencia a otros estados de la República porque aquí es insoportable”.
Por su parte, la ex funcionaria de salubridad y médico del Hospital General de Acapulco, Alva Patricia Batani Giles, manifestó que el problema persistía desde hace más de cinco años. Sin embargo la ”gota que derramó el vaso” fue el reciente asesinato del doctor Javier Ayerdi.
Expuso que al mitin habían confirmado la asistencia de más trabajadores del área de Salud de diversas instituciones, pero persiste el temor a las propias autoridades además de crear varias actividades a la misma hora por parte de la secretaría de Salud estatal, “ahorita es una presión tremenda que tienen ellos, me dijeron compañeros de la Jurisdicción Sanitaria que se hicieron eventos hoy (ayer) que no estaban programados, sin embargo los programan hoy a la misma hora”. Manifestó que esa una medida de ocultar la organización por la denuncia de hechos que atentan contra la seguridad del gremio.
Recordó que los cuatro desaparecidos del año pasado, entre ellos dos médicos, un trabajador de la Jurisdicción Sanitaria 07 y un licenciado en turismo continúan sin ser encontrados. Pidió que no se les dé “carpetazo” al caso y se investigue a profundidad el caso.
Afirmó que desde hace cinco años, los trabajadores han salido de sus centros de trabajo y en algunas regiones del estado “no hay especialistas en los hospitales, no hay médicos, se han desplazado”.
Dijo que sus compañeros del IMSS y de otros hospitales le han externado que en las salas de operación “llegan a ponerles a los médicos y enfermeros la pistola en la cabeza y les preguntan, ‘¿dónde está fulano de tal qué atendiste, curaste o qué viste?’, y no vemos la seguridad que nos deben dar las instituciones”.