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BREVES POLICIACAS

Halla la Policía Federal un plantío de amapola en Papaxtla, Chilapa

Agentes de la Policía Federal destruyeron más de 700 mil plantas de amapola en la comunidad de Papaxtla, en el municipio de Chilapa.
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó en un boletín de prensa que en un operativo en ese municipio, encontraron dos terrenos que tenían un cultivo de plantas de amapola.
Los policías federales destruyeron las plantas de amapola y agentes del Ministerio Público de la federación acudieron para llevar acabo las investigaciones correspondientes.

Destruye la PGR un narcolaboratorio en Petatlán

La Procuraduría General de la República (PGR), desmanteló un probable laboratorio clandestino de drogas en el municipio de Petatlán, como parte de un operativo del Grupo de Coordinación Guerrero.
La dependencia informó en un boletín de prensa que hallaron un laboratorio de drogas en una brecha del poblado de Barranca de Patacual.
En el lugar hallaron nueve frascos de cristal con líquido transparente, 21 bidones con líquido, un bote con una sustancia pastosa negra, goma de opio, una hielera con bolsas rellenas de polvo blanco y otros ocho envoltorios de plástico transparente con polvo blanco, al parecer cocaína.
La droga fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la federación, para las investigaciones correspondientes. (Luis Blancas / Chilpancingo).
Detiene la PF a dos hombres con 10 paquetes con cocaína en la Autopista del Sol, en Huitzuco

Agentes de la Policía Federal (PF) de las divisiones de Investigación y Seguridad Regional detuvieron la mañana de ayer a dos hombres en un vehículo con placas del estado de Oaxaca, a quienes les encontraron 10 paquetes con cocaína, en la autopista del Sol, cerca de la caseta de peaje de Paso Morelos, en el municipio de Huitzuco.
Según las autoridades federales, a las 11:30 de la mañana de ayer durante una operación de agentes federales de la división de Investigación y de Seguridad Regional, antes sector Caminos, detuvieron en el tramo de la autopista Cuernavaca-Chilpancingo en el kilómetro 174+440, una camioneta Mitsubishi pickup modelo 2012 roja con placas  RX-264-97 del estado de Oaxaca, en la que viajaban dos hombres.
Se informó que al hacer una revisión en el interior del vehículo doble cabina, abajo del asiento trasero hallaron un compartimento eléctrico oculto en el que los tripulantes llevaban 10 paquetes rectangulares envueltos en papel carbón y hule, los cuales contenían un polvo blanco “con las características de la cocaína”.
Los detenidos fueron identificados como Antonio Calderón Ávila, quien era el chofer del vehículo y Francisco Cortez López, el copiloto.
El vehículo, los dos tripulantes y la droga fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público federal y se cree que el cargamento iba al puerto de Acapulco.

Año y medio después de los ataques en Iguala cita la SEIDO a policías municipales a declarar

 

A casi año y medio de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) empezó esta semana a girar órdenes de presentación, en calidad de testigos, a policías inactivos y ex policías municipales de Iguala que formaban parte de la corporación hasta septiembre de 2014 cuando ocurrió el ataque a los estudiantes.
La SEIDO empezó a entregar las órdenes de presentación a los ex agentes así como a los que siguen en la nómina del Ayuntamiento, informaron policías y ex policías.
Los citatorios llegaron a las casas de algunos policías inactivos (que siguen en la nómina del Ayuntamiento), así como a otros que desde el 2015 renunciaron y fueron liquidados de la corporación en el periodo del alcalde interino Silviano Mendiola Pérez.
Un policía que renunció y fue liquidado dijo que a él y a algunos de sus ex compañeros les llegaron los citatorios para que de un día a otro se presentaran a declarar en la ciudad de México y les advierten que en caso de no presentarse se librará en contra de ellos una orden de captura por desacato.
Consideró que la medida de la oficina de la Procuraduría General de la República (PGR) es una campaña de hostigamiento del gobierno federal, también en contra de efectivos que la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 estuvieron inactivos.
Por separado, un policía inactivo pero que aún sigue en la nómina del Ayuntamiento, al igual que unos 85 de sus compañeros de los más de 300 que había en la corporación, confirmó que la SEIDO envía cada día un citatorio a diferentes compañeros suyos.
Dijo que esta medida de la PGR ha generado que los cerca de 85 policías inactivos que aún siguen en la nómina del Ayuntamiento, pero que realizan funciones en otras áreas del gobierno, ya no se quieran presentar a los pases de lista que les hacen periódicamente, ante el temor de que allí agentes de la PGR los detengan.
De los más de 300 efectivos que había en la nómina de Seguridad Pública, entre administrativos y agentes operativos, unos 50 están detenidos por el caso Ayotzinapa, 86 siguen dentro de la nómina del Ayuntamiento sin ser operativos y unos 165 aceptaron su liquidación y renunciaron a la corporación durante en interinato de Mendiola Pérez, aseguró la fuente.
Informó que mediante “engaños” para poder permanecer en la corporación al inicio de la administración estatal de Héctor Astudillo Flores, les pidieron la actualización de sus expedientes, donde muchos que habían cambiado de domicilio pusieron sus datos personales actualizados, que son los que la SEIDO utiliza para ubicarlos y hacerles llegar las notificaciones de presentación.
Agregó que el temor de los agentes, tanto de los que siguen en la nómina como los que renunciaron, es que al momento de presentarse a rendir su declaración sobre los ataques de septiembre de 2014 los quieran detener, por lo que algunos de los que han sido citados y se han presentado acuden con un abogado.
Reclamó que el gobierno municipal del priista Esteban Albarrán Mendoza se ha desentendido de ellos a pesar de ser sus empleados, y les han negado audiencia, así como asesoría legal.
Además de que les ha negado a través de su oficial Mayor “su incondicional”, Manuel Martínez Carreón, el cambio de área a los ex policías al calificarlos como personas “no confiables”.
El policía que accedió a hablar con El Sur dijo que los 86 que aún siguen dentro de la nómina del Ayuntamiento son capacitados y evaluados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal en programas como Policía de Primer Respondiente, habilidades y destrezas y de la licencia 110, que es para el uso de armas, a pesar de que no están activos, no andan uniformados ni portan armas tras los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Torturan y amenazan tres federales a un joven en Iguala, denuncia en el MP

Ayer un joven denunció en la agencia del Ministerio Público (MP) con sede en esta ciudad, que tres agentes de las Fuerzas Federales de la patrulla 17220 lo privaron de la libertad, lo retuvieron varias horas, lo torturaron, golpearon y amenazaron de muerte.
Según fuentes policiacas un joven, del que se omite su nombre por las amenazas que le hicieron los policías federales, denunció que la tarde del jueves fue detenido por un grupo de al menos tres agentes de la Policía Federal (PF) a bordo de una patrulla en la central de abasto al norte de esta ciudad, quienes lo subieron a la fuerza a la patrulla y le taparon la cara con su playera.
Tras su detención el joven dijo que lo fueron golpeando a puñetazos y le daban patadas en cara y cuerpo, y también con la culata de las armas, y lo amenazaron de que si no hablaba lo matarían “como le han hecho a muchos que no colaboran”.
El joven narró que la tortura psicológica inició cuando los agentes lo mantuvieron en la patrulla varias horas y después lo bajaron en un cuarto obscuro, donde le ponían una pistola en la cabeza, la cual “cerrojeaban (cortaban cartucho)” mientras le hacían preguntas que él no entendía y no respondía, después los federales jalaban el gatillo del arma y le decían que había tenido “suerte” porque la bala no había detonado.
Dijo que a los policías federales no les importó que les dijera que estaba enfermo del corazón y que podrían causarle un infarto.
Después de la tortura y los golpes los agentes federales dejaron tirado al joven en la orilla de una calle.
Agregó que como pudo tomó un taxi que lo llevó al hospital general de esta ciudad para recibir atención médica en donde le diagnosticaron fisuras en varias costillas y un pre infarto.
Posteriormente presentó la denuncia en contra de los agentes federales en el MP y en la delegación regional de derechos humanos en esta ciudad.

Marchan campesinos en Chilpancingo; exigen fertilizante para las zonas Norte y Montaña

Integrantes de la Unión Campesina Emiliano Zapata Independiente (UCEZI), que encabeza la viuda de Arturo Hernández Cardona, Sofía Mendoza Martínez, pidieron al gobierno del estado que cumpla con el compromiso que hizo de entregar fertilizante a 600 productores de las regiones Norte y Montaña.
A las 12 del día un contingente de más de 200 campesinos, en su mayoría de Chilapa, marcharon sobre el carril México-Acapulco de la Autopista del Sol hasta el Palacio de Gobierno para exigir al gobernador Héctor Astudillo Flores que cumpla con una mesa de trabajo que acordaron desde el año pasado.
A la cabeza de la marcha iba una manta en la que se leía: “¡Fertilizante ya! para Indígenas de Chilapa”, mientras que algunas mujeres sostenían cartulinas que decían: “Felicidades Nestora”.
Durante la marcha de más de 2 kilómetros, los campesinos gritaron consignas como, “si Zapata viviera, aquí en esta lucha estuviera”, mientras que eran vigilados de cerca por agentes con equipo antimotines que iban en cuatro patrullas de la Policía Estatal.
Consultada durante la marcha la ex regidora de Iguala Sofía Mendoza dijo que el motivo de la movilización era una respuesta ante la nula atención del gobierno estatal.
Mencionó que el año pasado sostuvieron una reunión con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien se comprometió a fijar la fecha para atender las demandas de la organización pero no ha respondido.
Minutos antes de que los manifestantes marcharan, el subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Ferrer intentó persuadirlos, sin éxito.
Mendoza Martínez agregó que también exigen atención judicial para el caso de un fraude de cajas de ahorro cometido contra campesinos del municipio de Huitzuco, quienes fueron defraudados por 4 millones de pesos, dinero que les habían mandado sus familiares de Estados Unidos.
Cuando los campesinos llegaron al Palacio de Gobierno fueron recibidos por Fernando Ferrer, quien les ofreció que fueran atendidos por el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro).
Los manifestantes de la UCEZI no aceptaron la propuesta y marcharon hacia las oficinas de Sagadegro, frente al mueso interactivo La Avispa.
Cuando llegaron a la dependencia estatal bloquearon durante 45 minutos la calle lateral de la Autopista del Sol como medida de presión para que les dieran solución a sus peticiones.
Luego de una reunión de una hora se determinó que el próximo 28 de marzo en el Palacio de Gobierno se llevará a cabo un encuentro para atender las demandas de salud y educación, mientras que para el próximo martes se reunirán con representantes de la Sagadegro para atender la falta de fertilizante.
La organización solicitó al gobierno del estado el apoyo para la construcción y rehabilitación de cinco planteles educativos, así como enfermeras y medicamentos para casas de salud de la región Norte.

Asesinan a un herrero a pedradas tras torturarlo; lo hallan abajo del puente de Coyuca de Benítez

La mañana de ayer fue descubierto el cuerpo de un herrero que fue asesinado a pedradas abajo del puente nuevo del municipio de Coyuca de Benítez.
Una llamada anónima reportó el hecho a agentes de diversas corporaciones policiacas.
Según la información recabada el hallazgo ocurrió a las 11 de la mañana en una huerta en la ribera del río de ese municipio, abajo del puente en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.
El herrero fue identificado por su esposa como Óscar Enriques Maciel, El Talibán. La víctima fue asesinada a pedradas, vestía un short negro y playera morada.
Los peritos dieron a conocer que el herrero fue torturado antes de ser asesinado y tenía las manos atadas hacia atrás con una cuerda amarilla.
Después de las diligencias el agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en Acapulco.

Acusan en narcomanta a integrantes de la UPOEG de Ayutla de torturar y extorsionar inocentes

La mañana de ayer apareció una narcomanta contra los integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres.
La manta fue encontrada en el barrio de San José, a un costado de la escuela primaria Himno Nacional, rumbo al panteón municipal.
En ella acusan a los integrantes del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSJC) de la UPOEG de extorsionar y torturar a inocentes.
En la manta se lee tal cual: “A ver hijos de su pinche madre esto es el primer aviso para los que torturan extorsionan y matan inocentes ya vamos por ustedes, Andrés Catarino Cabello Pedro, Piter o X1 Sejas Carrillo Candia Daniel o ‘Z40’ Víctor o el Chavo Ismael Canales”.
El mensaje señala a dos promotores y maestros del municipio que también son representantes sindicales y autoridades comunitarias, al coordinador del Consejo de Autoridades Civiles y Agrarias del Municipio, Hermelindo Candia Solano y al secretario general de la sección sexta del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Andrés Catarino Cabello, además de otros integrantes a los que se les nombra por sus apodos.

El 90 % de las familias de la sierra se dedican al cultivo de amapola, dice ex titular de la Seder

 

El ex secretario de Desarrollo Rural (Seder), Rigoberto Acosta González, consideerá “sensata y viable” la propuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores para legalizar el cultivo de amapola para fines medicinales, y destacó que en la sierra guerrerense habitan al menos 18 mil familias, de las cuales el 90 por ciento tiene relación directa con la siembra y producción de la planta.
Asimismo, Acosta González, quien es dirigente del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig) y del Consejo de Productores de Maguey y Mezcal, remarcó que en un cálculo “conservador” la sierra produce alrededor de 105 millones de pesos cada tres o cuatro meses, es decir, al menos 400 millones al año.
Consultado vía telefónica, el funcionario del gobierno interino de Rogelio Ortega destacó que el “comentario” del gobernador para buscar un mecanismo de legalización del enervante con propósitos medicinales es una opción “sensata y viable”.
Ante la infiltración del crimen organizado en las comunidades productoras del estupefaciente, dijo que la opinión de Astudillo debe aplaudirse, “ya que a grandes problemas, grandes soluciones”.
Aunque añadió que finalmente existen riesgos y reveló que “en más de 25 años no me había atrevido a declarar: no hay que cerrar los ojos, hay una actividad económica importante y es una cuestión riesgosa por los altísimos intereses que se van a trastocar en el momento de tomar una decisión como esta; yo esperaría que el gobernador matizara, profundizara y diseñara bien su propuesta, porque no es una propuesta de ocurrencia, entiendo que será de fondo y que requiere de un análisis serio para tener la información y la ruta por donde pudiera encauzarse la propuesta y llegar a los fines referidos”.
Subrayó que la dirigencia del Cresig ha analizado el fenómenodesde la llegada de la semilla a principios de los 70, proveniente de Sinaloa, para observar el número de generaciones que se han dedicado al cultivo principalmente en las zonas serranas.
Lamentó que esta actividad haya sido la única opción de los campesinos, ya que es una actividad que afecta, lastima y daña a la sociedad, “pero las familias de la sierra lo ven como la única opción para tener ingreso, algo así como un elemento cultural”.
Manifestó que a la hora de hacer cálculos “verdaderamente conservadores”, en las mil 287 comunidades situadas en la zona serrana se genera una producción de al menos 105 millones de pesos por la venta de droga cada tres o cuatro meses, dependiendo del ciclo de producción anual.
Abundó que el kilo de goma de opio es vendido a precios que varían entre 27 mil y 30 mil pesos, y quienes la adquieren “van y te la compran en el patio de tu casa o en las comunidades, es decir, es dinero en automático”.
Añadió que dependiendo de las condiciones climatológicas a que estén expuestos los cultivos, es como varía el ingreso entre 300 y 400 millones de pesos por la compra de la goma de opio recién extraída, aunque argumentó que al añadirle un proceso constructivo su valor se ubica entre los 750 y 800 millones de pesos, “y esa es la razón de la violencia de Guerrero y el país, y por tanto si se llegara a legalizar, creo que el primer efecto sería la reducción de la violencia”.
Argumentó que el gobierno estatal debe generar un plan o una política pública de sustitución de cultivos, para que en lugar de que los serranos siembren amapola se dediquen a la siembra de aguacate, durazno, agave, a la ganadería o al comercio.
Subrayó que en la asociación de mezcaleros en la que es dirigente, muchos agremiados han dejado de cultivar el enervante para establecer viveros y plantaciones de maguey, con el fin de producir mezcal, que resulta una buena opción de ingresos.
Dijo que el planteamiento del gobernador debería abrirse a una discusión con el gobierno federal, la Secretaría de Salud, académicos e investigadores y organismos internacionales que coadyuven a encontrar un mecanismo que permita erradicar el cultivo de enervantes y dar la transparencia requerida con el fin de disminuir los índices de violencia que prevalecen en Guerrero.
Planteó que el Congreso local junto con organizaciones campesinas y académicos del país y el extranjero pueden aportar ideas para vislumbrar los beneficios que resultarían de la legalización de la amapola para usos medicinales, “yo lo que sé es que la heroína que se produce en Guerrero y que va a mercados como el norteamericano es utilizada en un 90 por ciento en los laboratorios y apenas un 10 por ciento se va a consumo directo de quienes son adictos”.
–¿Entonces cree usted que todas estas familias serranas estarían dispuestas a regularizar este producto, tomando en cuenta que tal vez se reduciría el precio?
–Mira, no quisiera dudarlo y por el contrario quisiera afirmarlo y te voy a decir por qué razón: como consecuencia del cultivo de ilícitos hay también un número importantísimo de hombres y mujeres en las cárceles, a consecuencia del movimiento de droga, básicamente de heroína, es decir la gente está consciente de que es una actividad de altísimo riesgo frente a la autoridad. Ellos lo que piden es que el gobierno dé una opción distinta para frenar la producción de la amapola.
El dirigente advirtió que la sierra sigue en el abandono, la miseria y la falta de oportunidades sin apoyo institucional, “si llegan programas de vivienda, productivos y de electrificación, educación y salud, estoy seguro que mucha gente dejaría de sembrar amapola”.

Presenta MC en el Congreso iniciativa para legalizar la siembra de amapola en el estado

 

El coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una iniciativa ante el pleno para que la Cámara de Diputados federal legalice la siembra de amapola en Guerrero con fines medicinales, y llamó al gobernador Héctor Astudillo a que asuma, junto al Legislativo, el liderazgo de ese tema.
En la primera sesión de las dos que se celebraron este jueves en el Congreso, Mejía subió a la tribuna para presentar esta iniciativa de decreto que propone reformar la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, en lo que él calificó como una ruta “con enfoque sanitario”.
La propuesta, que surgió tras una declaración que hizo el gobernador el jueves de la semana pasada, en la que planteó la legalización de la siembra de amapola con fines medicinales como una alternativa para contrarrestar la violencia, fue turnada a la Comisión de Salud, que preside el perredista Raymundo García Gutiérrez, y de Justicia, que encabeza el priista Héctor Vicario Castrejón.
En su argumentación, Mejía explicó que las legislaturas locales pueden presentar iniciativas al Congreso federal en términos del artículo 7 de la Constitución, por lo que llamó a hacer uso de esa facultad para presentar esta iniciativa directamente a los diputados federales, con el Congreso local como cámara de origen.
Aseguró que la prohibición “extrema” de un enervante como la amapola, que en otros países como la India y Francia es aprovechada en la industria farmacéutica, solamente genera más violencia y como ejemplo recordó que Guerrero es uno de los estados con mayor índice de desplazados producto de la presencia de grupos de la delincuencia organizada que explotan esta planta.
“Esto es factible. Existe la posibilidad para que nuestro país legisle en la materia, la regulación presupone beneficios económicos para Guerrero y otros estados productores, las condiciones económicas y geográficas de la entidad la convierten en el mejor productor, pero por el enfoque prohibicionista extremo hay muertes, violencia criminal y más grupos delictivos, también más desplazados y desapariciones forzadas”, expuso.
Dijo que en Guerrero están seis de los municipios que son los mayores productores de la goma de opio: Heliodoro Castillo, Coyuca de Catalán, Chilpancingo, San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo y Acatepec.
Mejía Berdeja indicó que hay quienes sostienen que la desaparición forzada los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 “tiene que ver con este tráfico escandaloso de heroína que tiene como epicentro a la ciudad de Iguala”.
Comentó que los decomisos de droga y las detenciones de integrantes de grupos delictivos no afectan las finanzas de los cárteles, por lo que consideró prudente cambiar la estrategia y legalizar la siembra de amapola, a fin de que esta planta ya no sea rentable para la delincuencia y se generen oportunidades de desarrollo para los campesinos guerrerenses.
“Creemos que esta regulación impactaría en los ingresos de los grupos delincuenciales y a la alteración de los precios de la goma de opio, lo que permitirá que los campesinos tengan otras opciones para colocar sus productos y dejen estar sometidos al crimen organizado”, planteó.
Además recordó que la llamada guerra contra el narcotráfico, que inició durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, dejó un saldo de 60 mil muertos entre 2006 y 2012, cifra que se incrementó a cien mil en el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto y un registro de 281 mil personas desplazadas.
Mejía explicó que está científicamente comprobado que las propiedades de la amapola podrían ser más efectivas que analgésicos como el paracetamol o los fármacos anti inflamatorios, situación que ha sido aprovechada en países como Tur-quía para los tratamientos del dolor.
Durante su intervención el coordinador de Movimiento Ciudadano llamó al gobernador a que, junto con la legislatura, asuma el liderazgo de esta iniciativa, pues consideró que “Guerrero debe convertir esta amenaza en una oportunidad y ya no debe seguir pagando una cuota de sangre altísima cuando el prohibicionismo extremo ha fracasado”.
Mejía fue el único que habló del tema y no hubo debate al respecto.

Informa la Secretaría de la Mujer que en 2015 registró 41 feminicidios en el estado

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de la Mujer apenas se coordinan para contar con una base de datos y contar con una cifra real de los feminicidios a fin de determinar si procede la declaratoria de la alerta de género, reconocieron ayer la coordinadora del Centro de Justicia para Mujeres de la FGE, Dalia Luz Carbajal Plancarte, y la subsecretaria de la de la Mujer, Adela Rivera de la O.
Ambas funcionarias estuvieron ayer junto con el secretario ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia Pernal, Luis Camacho Mancilla, en la conferencia mensual que se realiza para informar de los avances de ese sistema.
Ayer, la conferencia de prensa se realizó en la sala II de la Secretaría General de Gobierno.
Camacho Mancilla informó que en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio que entrará en funcionamiento al 100 por ciento el 18 de junio próximo, la justicia para mujeres tendrá una especial atención y que actualmente es prioridad en las instituciones que participan en este nuevo sistema.
Mientras tanto, Carbajal Plancarte informó que el Centro de Justicia para las Mujeres comenzará a funcionar al 100 por ciento junto con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a raíz de las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por la falta de atención especializada a las víctimas en el caso de los feminicidios ocurridos en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, y la violación sexual por efectivos del Ejército Mexicano a las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega en Ayutla.
En el primer caso, a pesar de que desde el 2012 el gobierno estatal se comprometió a implementar y comenzó a construir el Centro de Justicia para Mujeres en Chilpancingo, todavía no está funcionando al 100 por ciento. Mientras que en el segundo, los gobiernos federal y estatal colocaron la primera piedra del Centro de Atención para la Mujer Indígena en Ayutla desde el 2010, pero a seis años no ha sido puesto en funcionamiento.
El retraso en la operación de los centros y la aplicación de programas de atención hacia la mujer, se dan a pesar de que la subsecretaria de la Mujer, Adela Rivera de la O, reconoció en esta conferencia de prensa que “hay un problema grave” de violencia hacia la mujer en Guerrero, por lo que con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal se van a actualizar los protocolos de atención a las mujeres, así como la instauración de mecanismos que permitan conocer los delitos que se cometen en contra de las mujeres.
En la conferencia de prensa hubo discrepancias en los datos que tienen ambas dependencias en cuanto a los delitos cometidos en contra de las mujeres.
Concretamente en el caso de feminicidios, la subsecretaria de la Mujer, Rivera de la O, informó que en el 2015 registraron en su dependencia 41 feminicidios, y argumentó que a pesar de que en su secretaría existe una Procuraduría de la Mujer, regularmente no hay denuncias.
Informó que los datos de feminicidios los han obtenido tanto de la FGE como del Tribunal Superior de Justicia.
Por su parte, la coordinadora del Centro de Justicia para Mujeres, Carbajal Plancarte, dijo que en ese centro no tienen las estadísticas y que quien debe tenerlos es la Fiscalía para Homicidios Dolosos de la FGE. Pero informó que a partir de febrero pasado han integrado 22 averiguaciones previas por violencia intrafamiliar.
Las dos funcionarias informaron que actualmente trabajan en la creación de un marco de datos para homogeneizar la información y contar con cifras reales de los feminicidios
A pregunta del reportero, la representante de la Secretaría de la Mujer rechazó que se oculten o se maquillen las cifras y que haya temor a solicitar la alerta de género, como lo han demandado algunas agrupaciones feministas, y agregó que la alerta de género debe solicitarse después de un análisis que determine si hay condiciones reales para ello.
En cuanto al Centro de Atención de la Mujer Indígena en Ayutla, que se construyó a raíz de la sentencia emitida por la Corte Internacional de Derechos Humanos en el 2010, como consecuencia de la violación por elementos del Ejército a la indígena me phaa Inés Fernández Ortega, y que todavía no ha sido puesto en operación, la funcionaria respondió que “son diversas causas las que han postergado su apertura”, y no informó para cuándo está previsto que se ponga en operación.
El secretario técnico de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia Pernal, Camacho Mancilla, dijo por su parte que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal tendrán prioridad las mujeres en todas las instituciones que participan en la operación.

Se duplicaron las agresiones contra periodistas en el estado del 2014 al 2015, reporta informe

 

En su informe correspondiente al 2015 presentado ayer, la organización independiente Artículo 19, que se dedica a la defensa de la libertad de expresión y a vigilar que se respeten los derechos de los periodistas, calificó a Guerrero como un “caso preocupante” por el aumento en las agresiones contra periodistas, pues pasó de 28 casos en 2014 a 56 en el 2015.
Con esta cifra el organismo ubicó a ésta entidad en el tercer lugar después de la Ciudad de México y el estado de Veracruz. En ambos lugares el organismo registró 67 casos de agresiones a periodistas en el 2015.
Mientras tanto, en el panorama nacional, en su informe MIEDO (Medios, Impunidad, Estado, Democracia, Opacidad), Artículo 19 revela que las agresiones contra los trabajadores de la prensa aumentaron en 21.8 por ciento con relación al 2014.
Establece, asimismo, que se comete una agresión a los periodistas cada 22 horas.
Destaca que un caso preocupante es el de Guerrero, donde hubo un aumento considerable en las agresiones a trabajadores de los medios de comunicación, ya que pasó de 28 casos en 2014 a 56 en 2015, lo que ubicó a la entidad en el tercer lugar de las entidades del país con mayor número de casos de violencia hacia los periodistas.
“La violencia contra la prensa en esta región se duplicó debido a los niveles de ingobernabilidad, donde el crimen organizado tiene un amplio control ante un Estado débil”, dijo Darío Ramírez, director de Artículo 19 en la oficina para México y Centroamérica.
Argumenta, también, que el año pasado las agresiones en contra de los periodistas y medios de comunicación aumentaron en estados como Guerrero por las elecciones que hubo en junio de 2015, y debido a las protestas sociales, “durante las cuales se dio un elevado porcentaje de agresiones físicas o materiales y privaciones ilegales de la libertad por parte de autoridades”.
Aunque en este caso no se menciona que las movilizaciones sociales ocurrieron a raíz de los ataques a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa por policías municipales de Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando 6 personas fueron asesinadas, tres de ellos normalistas y 43 más de éstos que fueron detenidos-desaparecidos.
Antes de Guerrero ocupan el primero y segundo lugar en agresiones a periodistas la Ciudad de México y el estado de Veracruz, con 67 agresiones cada uno.
El organismo destaca que en estas tres entidades (Ciudad de México, Veracruz y Guerrero) “el periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo”, igual que en el estado de Puebla que ocupa el cuarto lugar con 38 casos de agresiones y Oaxaca con 35.
Las estadísticas de Artículo 19 descubren que sólo en estas cinco entidades del país se concentra el 66 por ciento de las agresiones a periodistas y a medios de comunicación.
En total documentó 397 agresiones en el país el año pasado; las más graves son siete asesinatos, los de Moisés Sánchez, Abel Martínez Raymundo, Armando Saldaña, Gerardo Nieto, Juan Mendoza, Filadelfo Sánchez y Rubén Espinosa. Asimismo, 109 ataques físicos y materiales y 84 amenazas de muerte.
El informe agrega que la mayoría de los asesinatos fueron cometidos “con saña”, y que en la mayoría de ellos se evidencia una clara “falta de voluntad política de las autoridades para prevenir y, posteriormente, investigar y castigar a los culpables”.
Las 397 agresiones implican un alza de 21.8 por ciento en comparación con 2014, año en el que se contabilizaron 326.
Asimismo, se destaca en el informe que en el 2015 se registró la cifra récord de 84 casos de agresiones a mujeres periodistas, de los cuales 9 son por violencia de género en redes sociales, lo que según el organismo representa un aumento de 33 por ciento en comparación con 2014, cuando se documentaron 63 casos; 42 por ciento más que en 2013; y 162 por ciento más que en 2012.
El informe subraya que “las agresiones documentadas a mujeres periodistas, comunicadoras y todas ellas que ejercen la libertad de expresión, incluyen las emisiones de mensajes directos con el objetivo de provocar censura o autocensura; invasiones a la privacidad y espionaje (individual o colectivamente) para interferir y dar a conocer públicamente actividades de la esfera privada; intimidaciones o presiones que obliguen a cambiar la línea editorial; hostigamiento o acoso al recibir mensajes amenazadores en redes que incluyen la materialización del ataque a la vida o integridad sexual de la víctima, familiares, amigos o amigas en cualquier relación laboral o emocional”.
Otro dato que dio a conocer el organismo es que los funcionarios públicos son quienes más atacan a los periodistas, pues de los 397 casos en 165 de ellos intervino un funcionario público. Mientras que en 78 más los agresores fueron particulares, 35 integrantes del crimen organizado, y 34 de “fuerzas partidistas”.
Además destaca que de las 165 agresiones por funcionarios públicos en 97 de ellos los agresores fueron funcionarios estatales y 38 municipales y sólo en 30 casos fueron funcionarios federales.
Otro dato que se puso en evidencia es que los ataques a las instalaciones de medios de comunicación van en aumento, pues de 60 que se registraron en el 2014 aumentaron a 69 en el 2015.
Destaca que la mayoría de los ataques ocurrieron en contra de medios digitales (32 de un total de 60).
Y mientras las agresiones a los periodistas y los ataques en contra de los medios de comunicación aumentan cada año, Artículo 19 vislumbra una “ausencia de voluntad” por parte del Estado para investigar y deslindar responsabilidades en contra de los agresores.
“Son tres las instancias que analiza el informe, señalando con números, estadísticas y ejemplos de casos concretos cómo las respuestas han sido ineficientes: la inacción y omisión de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), en sus obligaciones en los casos; la falta de respuestas y ausencia de medidas y recomendaciones claras y concisas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); y el Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, conocido como Mecanismo, que ha propuesto medidas contraproducentes, por ejemplo, el botón de pánico no deja duda. Esta medida, como lo demuestran tanto los números como los cinco testimonios presentados en el informe, más que proteger ha sido una forma de control del Estado o de intensificación del asedio contra los periodistas que lo han recibido”, denuncia Artículo 19.