Cambian nuevamente la fecha de la evaluación extraordinaria; será 8 y 9 de abril, informa la SEG

La Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente modificó por segunda ocasión la fecha de la evaluación extraordinaria del desempeño docente, el examen se aplicará el 8 y el 9 de abril en el Fórum Mundo Imperial en Acapulco.
La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) informó en un comunicado en su portal oficial, que los maestros que se presentarán al examen corresponden a las etapas 2, 3, 4 y 5, según la función que desempeñen.
El 8 de abril se presentarán al examen los maestros de educación inicial, preescolar, secundaria, física y especial, directores de primaria, profesores de telesecundaria y de educación media superior.
El sábado, 9 de abril, asistirán al examen maestros de primaria y de educación media superior.
El comunicado está firmado por la coordinadora estatal del Servicio Profesional Docente, Margarita Nava Muñoz.
Este viernes, el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, informó del cambio de la fecha para el examen y que 4 mil 500 agentes de la Gendarmería, Policía Federal y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) resguardarán el Fórum Mundo Imperial, en Acapulco, los días 8 y 9 de abril.
El 14 de marzo, la SEG informó que la fecha de la evaluación extraordinaria del desempeño del Servicio Profesional Docente, que se llevaría a cabo el 16 y 17 de marzo, se cambió para el 7 y 8 de abril.

Se manifestará contra la evaluación pese a la vigilancia de federales, dice la CETEG

 

El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Ramos Reyes Guerrero informó que sin importar la fecha en la que se lleve a cabo la evaluación extraordinaria del desempeño del Servicio Profesional Docente, ni el resguardo policiaco, el magisterio disidente se manifestará para rechazar el examen.
El viernes, el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero informó que 4 mil 500 agentes de la Gendarmería, Policía Federal y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) resguardarán el Fórum Mundo Imperial en Acapulco, los días 8 y 9 de abril, cuando se aplique la evaluación extraordinaria del Servicio Profesional Docente.
Consultado vía telefónica, Ramos Reyes dijo que la CETEG se manifestará el día que se aplique la evaluación, porque el examen atenta en contra de los derechos laborales de los maestros.
Criticó que las autoridades hayan cambiado en dos ocasiones la fecha definitiva de la evaluación y que ésta contará con el resguardo de más de 4 mil agentes de la Gendarmería, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública.
Señaló que el traslado de los policías será un gasto significativo para las autoridades, que se debió invertir en mejorar las instalaciones de las escuelas del estado, ya que los planteles no cuentan con servicios públicos y están en malas condiciones.
Ramos Reyes manifestó que la evaluación no debe contar con resguardo policiaco, ya que el examen es un asunto que le compete al sector educativo y no al de seguridad pública.
Aseguró que con el resguardo policiaco, las autoridades intimidan a los maestros, tanto a los que se manifestarán en contra de la evaluación y la reforma educativa, como a los que asistirán a evaluarse.
Informó que, a nivel estatal, los integrantes de la CETEG que fueron notificados para presentarse al examen acordaron no recibir ningún oficio, entregar sus evidencias de trabajo, ni asistir a la evaluación en Acapulco.

Es “hostigamiento represivo” el anuncio
de fuerte vigilancia policiaca en la evaluación, acusa el Sutcobach

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), Alfredo Ramírez García calificó como un “hostigamiento represivo y de carácter psicológico” las declaraciones del secretario de Educación en Guerrero, José Luis González de la Vega Otero, quien dijo que la evaluación extraordinaria programada para el 8 y 9 de abril será vigilada por más de 4 mil policías federales y gendarmes.
El dirigente sindical señaló que a pesar de esas amenazas, los maestros se van a manifestar en rechazo a la evaluación, la cual se llevará a cabo en el Fórum Mundo Imperial, en la zona Diamante de Acapulco. A Ramírez García se le preguntó su opinión de las declaraciones del secretario de Educación sobre la seguridad para la evaluación, y respondió que reprobaban ese “hostigamiento represivo y de carácter psicológico”.
Indicó que es una forma de obligar a los maestros a presentarse a la evaluación que rechazan, y que esos actos no reflejan la reforma que tanto anuncian, que es más represiva que pedagógica; “condenamos la actitud de hostigamiento contra el magisterio, sobre todo, contra los docentes que fueron notificados”.
Sobre si a pesar de la información de que la zona será blindada ellos van a protestar, Ramírez García respondió que sí, “vamos a protestar y lo que esperamos, lo que exigimos es que respeten la manifestación pública de inconformidad a la que tenemos derecho y no haya represión, porque de antemano ese anunció es un hostigamiento y represión psicológica al anunciar el operativo de vigilancia que van hacer”.
Insistió que se manifestarán en la sede del la evaluación y que ya han pedido a los docentes que “fueron notificados legalmente para que se presente el amparo anticipado”. Sobre cuántos maestros del subsistema del Colegio de Bachilleres fueron notificados, el dirigente sindical comentó que no tenía el número preciso porque están separando a los que fueron notificados de manera legal de los que no.
El viernes, el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero informó que 4 mil 500 gendarmes, policías federales y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) resguardarán el Fórum Mundo Imperial en Acapulco los días 8 y 9 de abril, cuando se aplique la evaluación extraordinaria del Servicio Profesional Docente.
González de la Vega Otero dijo que el gobernador, Héctor Astudillo Flores autorizó el resguardo policiaco con el que contará la evaluación extraordinaria, luego de que hizo una solicitud formal a la Gendarmería y a la Policía Federal.

“¡Lo logramos!”, exclama Nestora al salir del penal de Tepepan tras 31 meses de encierro

La coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García salió de la torre médica de la prisión de Tepepan vistiendo el uniforme verde olivo de la organización, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y las manos sujetas con esposas de papel.
Unos 60 policías comunitarios de Olinalá, Huamuxtitlán y Polutla la esperaban afuera, con sus familiares, y activistas de Guerrero y de la Ciudad de México. Casi brinca de alegría cuando uno de los comunitarios, sobrino suyo, le dio el saludo reglamentario “a sus órdenes mi comandante Nestora”, y rompió sus cadenas.
Acto seguido, recibió, como símbolo de autoridad, un rifle negro de diávolos, y con el arma alto, lanzó el grito de victoria, “lo logramos”, en medio de consignas, “¡se ve, se siente, Nestora está presente”.
Uno a uno, los policías, unos jóvenes y otros adultos mayores, comenzaron un desfile para darle un saludo marcial (el golpe de mano sobre la frente), que ella respondió de la misma forma y con abrazos.
Declaró que su libertad es un triunfo de todos los que aportaron un granito de arena a su causa. Añadió que la unidad de los pueblos les permitirá lograr la justicia y la libertad de los presos políticos, “pido el apoyo a todos los compañeros, y seguir organizando a nuestro pueblo”, demandó.
Unos cincuenta reporteros de prensa escrita, radio y televisión, dieron cobertura al acto de liberación atrás del cordón de seguridad organizado por los implacables integrantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, quienes, sin saber quién era impidieron el paso al ex gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, que llegó al penal para saludar a la luchadora, con su esposa Rosa Icela Ojeda Rivera. Durante su gobierno, Ortega Martínez reconoció que Nestora Salgado y todos los presos de la CRAC, son presos de conciencia pero no los liberó.

Recibe muestras de solidaridad de la sociedad civil

Los activistas de Guerrero comenzaron a llegar a la prisión, que se encuentra en un fraccionamiento residencial al sur de la Ciudad de México, desde las 2 de la madrugada, incluso reporteros de Televisa que esperaban tener la primicia. Luego CNN y Univisión, entre otros.
A primera hora de la mañana arribó el equipo de abogados, las hijas de Nestora, Saira, Grisel y Rubí Rodríguez Salgado, sus hermanas y sobrinos. El cantante de trova guerrerense Lenin Fernández cantó La Primicia, sobre los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, y Nestora la Libertaria, de su autoría.
Los comuneros de San Salvador Atenco, Estado de México, con sus machetes en alto guiaron las consignas: “¡Nestora, te queremos, por eso te defendemos!”, “Nestora nos da lección de dignidad”, “el puño de la mujer atenta contra el poder”, “cuando una mujer avanza, no hay pueblo que retroceda!”, “¡libertad, libertad a los presos por luchar!”, “la dignidad es primero, luego el cochino dinero” y “Falta Mireles, Gonzalo, Arturo, Samuel…”, y siguieron coreando los nombres de los presos políticos.
También la recibió una comisión de tres padres de 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; en representación de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Felicitas Martínez; el dirigente del Frente de Organizaciones del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz; una representación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG); y de la Colonia Popular Emperador Cuauhtémoc, de Chilpancingo.
En caravana –vigilada por agentes del gobierno de la ciudad en automóviles compactos blancos–, se trasladaron al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en la céntrica delegación Cuauhtémoc mientras contaban del 1 al 43, y gritaban la consigna del movimiento social, “Ayotzi vive, vive, la lucha sigue, sigue”.

Los políticos guerrerenses que la pusieron a prisión

Ante unas 500 personas (y muchas otras que se quedaron afuera cuando se llenó el Centro Prodh), Nestora Salgado denunció que estuvo dos años siete meses en prisión por denunciar al ex alcalde de Olinalá, Eusebio González Rodríguez (ahora diputado local por el PRI), a su síndico procurador Armando Patrón Jiménez y al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Desde su periodo de gestión en la CRAC denunció en mesas con autoridades civiles y militares los vínculos de miembros del Ayuntamiento con la delincuencia organizada.
“Gracias a él (dijo sobre el gobernador) estuve pasando tiempos horribles, que no se pueden expresar en palabras”.
Consideró que un delincuente sabe que cometió un error si llega a prisión, pero en inocentes provoca daño sicológico, “es sentirse enterrado vivo, como en una gaveta”, comparó.
Recordó que pasó 20 meses incomunicada en un penal de máxima seguridad en Nayarit, “se ensañaron conmigo, es difícil luchar contra el gobierno cuando se tiene una consigna, (que) fue por defender a mi pueblo, por denunciar abusos a niños de 7 años, de jóvenes donde hacían videos pornográficos con estos niños. Es horrible que haya pagado por haber querido defender a mi gente, a mi pueblo, a gente humilde”.
Orgullosa expresó, “soy la voz y el rostro de los que nadie ve. Mi gente logró traspasar las fronteras, ¿pero cuántos presos (políticos) son?, se habla de 500 en México”. Insistió en unir todos los esfuerzos de todo el país para luchar por los presos de la CRAC en cárceles de Ayutla y Chilpancingo.
En el hospital de Tepepan, vio que llegaban presos, “con las vísceras destrozadas por los carcelarios, no es justo que lleven al hospital a la gente cuando ya se está muriendo, estimo que en ese hospital cada semana mueren uno, dos y hasta tres presos”.

Desmiente que le hayan condicionado su libertad a no volver a Olinalá

Luego de los pronunciamientos, Salgado respondió una ronda de preguntas sobre si hubo condicionamiento para su libertad, que saliera del país en cuestión de horas, y si temía regresar a Olinalá.
En una mesa al frente de los periodistas, con la feminista Martha Lamas y las esposas de dos policías de la CRAC presos, Nestora Salgado reconoció que irá a Estados Unidos a revisar su salud, con la idea de regresar y seguir con la Policía Comunitaria, “mientras ellos me quieran, ahí voy a estar”, aseguró.
Dijo que no le dieron ninguna condición para su libertad, pues el año pasado le ofrecieron sacarla de prisión si se iba a Estados Unidos, “dije que no, no salgo huyendo, no tengo por qué”.
Añadió que cuando inició su lucha sabía que ponía en riesgo la vida, “no tengo miedo, estoy dispuesta a morir por mi gente”, y demandó al presidente Enrique Peña Nieto que respete a los pueblos originarios sus derechos y a la Policía Comunitaria.
Recordó que al frente de la Policía Comunitaria de Olinalá quiso proteger a mujeres y niñas explotadas por bandas del crimen. Como ejemplo, expuso el caso de la violación de un niño de siete años.
Consideró que hace falta educación a los pueblos, que los padres hablen de sexo con los niños para protegerlos de estas agresiones.

Cuando le pidieron apoyo para proteger a las cuatro adolescentes que luego la acusaron de secuestro, “me voltearon la espalda y tuve que pagar con cárcel por defenderlas”.
Detalló que las madres de las adolescentes le pidieron que se llevara a reeducación a sus hijas porque temían por su bienestar, pues se iban durante días con un banda de delincuentes, sin saber de ellas.
Una reportera de la cadena de televisión Univisión la preguntó sobre las declaraciones de la lideresa de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, quien advirtió que demandará al juez que le otorgó la libertad.
Nestora Salgado omitió responder, pero reclamó que esta cadena, a partir de la campaña de Miranda de Wallace la presentó como la peor secuestradora, la peor asesina, “no soy asesina, soy una madre que lucha, que defiende, no soy una delincuente”, subrayó.
Dio su reconocimiento a los policías comunitarios que la acompañaron de pie en la conferencia de prensa, “estos señores son de campo, son padres de familia que un día se levantaron, hartos de que nos estuvieran matando a nuestros jóvenes, que se quisieron defender porque nos han pisoteado”.
Desde la capital del país, señaló que los pueblos sufren la miseria, el dolor de perder a los seres queridos por la violencia, “cuando le destrozan a un hijo, que les tuvieron que enterrar sin cabeza, sin brazos, sin pies, que no se pueden despedir porque el cuerpo ya se echó a perder”, y esa información –recriminó– no se difunde en los medios nacionales.
Consideró que la prensa está dejando solos a los comunitarios, que son la solución a muchos problemas en el país.
Las agencias Proceso y Reforma informaron que la comandante llamó al presidente Enrique Peña a respetar a las comunidades indígenas, así como a defender la legalidad de las policías comunitarias.
“Los pueblos no defienden a delincuentes. Le pido su apoyo a nuestros pueblos indígenas y que no siga permitiendo la violación a la Constitución”, expuso.
Aunque sin planes inmediatos para exigir al Gobierno la reparación del daño causado a ella y su familia, afirmó que emprenderá una lucha para liberar a los 500 presos políticos del país.
Además hizo un llamado al gobernador de Guerrero, el priista Héctor Astudillo, para que libere a los nueve policías comunitarios presos en Chilpancingo y a respete la Ley 701 de la entidad, que faculta a los pueblos indígenas a organizarse para defenderse y crear policías comunitarias.
Después de escuchar a sus compañeros, a representantes de las esposas de policías comunitarios presos, y defensores que participaron en las movilizaciones para exigir su liberación, Nestora Salgado reconoció que por el momento no ha pensado en entablar un juicio por el tiempo que estuvo injustamente presa, situación de la que responsabilizó al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, y al ex presidente municipal de Olinalá, Eusebio González.
A la liberación acudieron padres de los 43 normalistas, víctimas de San Salvador Atenco, el vocero de los opositores a la presa La Parota Marco Antonio Suástegui Muñoz, el sacerdote Alejandro Solalinde, policías comunitarios y diversas organizaciones sociales que celebraron con porras a Salgado.

“Si la compañera sale absuelta, también nosotros”, dice Gonzalo Molina tras la liberación

El promotor de la Policía Comunitaria del barrio de El Fortín, de la Casa de Justicia La Patria es Primero de Tixtla, Gonzalo Molina González, preso en la cárcel de Chilpancingo, dijo que una vez liberada la dirigente de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, deberán liberar a todos los policías comunitarios porque los acusan de los mismos delitos; de no hacerlo, los jueces estarán violando el proceso legal, sus derechos y la Ley 701, detalló.
Luego de dos años y siete meses, Nestora Salgado García salió de la prisión femenil de Tepepan. Al respecto, Gonzalo Molina dijo que desde que fueron detenidos, los policías comunitarios ha dicho que no han cometido ningún delito porque actuaban dentro del marco legal de la Ley 701, y que no hay causas que perseguir.
Dijo que Nestora Salgado sale absuelta de todas las causas que se le imputaron, “desde luego, los policías comunitarios que estamos presos debemos salir porque se nos acusa de los mismos delitos; si la compañera sale absuelta, también nosotros”.
El promotor indicó que el gobierno quiso justificar la salida de Salgado García diciendo que tenía doble nacionalidad, pero la verdad es que no cometió ningún delito.
Gonzalo Molina expresó que, automáticamente, en cuanto Nestora sale deberían salir los policías comunitarios, pero “no sé qué está pasando”, he hizo un llamado a los jueces para que dicten los auto de libertad, ya que si no los han notificado están violando el proceso legal, sus derechos y la Ley 701.
Dijo que espera que Nestora Salgado no deje la lucha por la libertad de los presos políticos, “sé que no la dejará, confío en ella por todo lo que ha pasado, no la doblaron ni la pudieron comprar”.
El luchador social manifestó que la salida de Nestora es importante para los policías comunitarios y para todos los ciudadanos, porque deben seguir construyendo una sociedad más justa para todo el pueblo de México.
Molina González añadió que, “le hago un llamado a todos los pueblos y comunidades indígenas, que con la liberación de la compañera no hay delito que perseguir, por lo que pueden organizarse haciendo uso de la Ley 701, pueden hacer seguridad y justica de acuerdo a como marca la constitución y el Convenio 169 de la OIT”.

Exigen en un mitin en la Ciudad Judicial en la capital la libertad de los presos de la CRAC

Familiares de los policías comunitarios presos en Ayutla, padres de los 43 estudiantes desaparecidos y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa exigieron ayer en un mitin afuera de la Ciudad Judicial en Chilpancingo, la libertad de todos los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
La protesta comenzó a las 12 y media de la tarde, mientras en el interior, en la Cuarta Sala penal, había una audiencia de vista relacionada con el proceso que se sigue al promotor de la Policía Comunitaria de Ayutla, Arturo Campos Herrera, por el delito de secuestro en agravio de Katia Espinoza Bolaños y Pedro Gil Apreza Salmerón.
La causa penal 59-I/2015 y las presuntas víctimas que acusan a Campos Herreras son las mismas que acusaron a la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, quien la mañana de ayer quedó en libertad.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, quien da seguimiento al caso de Campos Herrera, informó que la Cuarta Sala Penal deberá resolver en 15 días el auto de formal prisión o de libertad.
Otro de los abogados de Tlachiniollan, Vidulfo Rosales Sierra reclamó a las autoridades que manifiesten la misma voluntad política que mostraron con Nestora Salgado, para los otros ocho presos de la CRAC, y que también sean liberados, puesto que los delitos de los que se les acusa y los supuestos agraviados son los mismos que enfrentó Nestora Salgado, que ya fue liberada.
Los ocho presos a los que se refirió Rosales Sierra son Arturo Campos Herrera y Gonzalo Molina González, así como el coordinador de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, y cinco policías comunitarios de esta misma casa, presos en el penal de Ayutla.
Arturo Campos Herrera es consejero de la Policía Comunitaria de Ayutla y fue detenido el 1 de diciembre de 2013, al final de un acto con el que Tlachinollan inició la campaña 12 días por la libertad de los presos políticos, en la Alameda de Chilpancingo. El detenido fue trasladado inmediatamente al penal del Altiplano, en el Estado de México.
El 28 de mayo de 2015 el juez Cuarto penal de Acapulco le dictó el auto de formal prisión, pero la defensa interpuso el recurso de apelación, del que derivó la audiencia de vista en la Cuarta Sala penal de ayer.
El abogado Téliz García, quien entró a la audiencia, informó que los supuestos agraviados que la administración de Ángel Aguirre Rivero presentó como víctimas para acusar a Campos Herrera son Pedro Gil Apresa Salmerón y Katia Espinoza Bolaños, quienes no acudieron ayer a la audiencia.
“Esperábamos que vinieran; ellos presentaron un escrito en el que manifestaron que iban a estar pendientes en el desahogo de la audiencia, pero no estuvieron, porque saben que son falsas sus acusaciones”, dijo.
Pero informó que la audiencia tuvo lugar y que él presentó un escrito de agravios “donde combatimos el auto de formal prisión; decimos que en ningún momento hay el delito de secuestro, que él (Campos Herrera) como perteneciente a la Policía Comunitaria, todos los actos que realiza se asemejan a actos de autoridad amparados por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, además, por la Constitución federal en su artículo 2º, que establece que los pueblos indígenas pueden organizarse, ver y resolver la forma interna de sus pueblos.

Tienen que aplicar en el caso de Campos Herrera el mismo criterio que usaron en el de Nestora, insiste el abogado

El abogado dijo que el delito y quienes acusan a su defendido son los mismos que acusaron de secuestro a Nestora Salgado, a quien el juzgado de Ayutla le resolvió el auto de libertad, “y ese mismo criterio tiene que aplicar la Cuarta Sala penal y emitir la resolución inmediatamente”.
Explicó que existe un plazo de 15 días para que la Sala emita su resolución, “pero no podemos esperar más ante un hecho de injusticia, cruel e inhumano y la Sala penal tiene que emitir un fallo rápidamente para que Arturo Campos pueda recobrar su libertad y se una a la impartición de justicia en sus pueblos”.
Dijo que los agravios están bien sustentados y que está seguro de que “se va a caer” el auto de formal prisión, porque no se tipificó el delito de secuestro; “el secuestro tiene la finalidad de que se prive a una persona de su libertad con el objeto de pedir un rescate, y aquí no se dio esto”, dijo.
Mientras se realizaba la audiencia de vista, afuera, en la entrada principal de la Ciudad Judicial, más de 50 personas, entre familiares de los presos en el penal de Ayutla, padres de los 43 estudiantes desaparecidos y alumnos de la Normal de Ayotzinapa, participaron en un mitin y exigieron la libertad de todos los presos de la CRAC.
En declaraciones afuera, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra expresó que esperan que la resolución de la Cuarta Sala penal sea por el auto de libertad de Arturo Campos, como ocurrió con Nestora Salgado.
Reclamó a las autoridades la misma voluntad política que mostraron con Nestora Salgado, para los ocho presos de la CRAC, dijo que los magistrados y jueces deben ceñirse a los mismos criterios que utilizaron en el caso Nestora, pero que pareciera que, por el contrario, “hay consigna” para que los otros ocho presos de la CRAC sigan en prisión.
Recordó que los miembros de la CRAC fueron detenidos por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero cuando el movimiento iba en ascenso y la Policía Comunitaria mantenía sus vínculos con ese movimiento en contra de las reformas estructurales promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto.
Añadió que, por eso los gobiernos federal y estatal pretenden mantener presos a los miembros de la CRAC.
Explicó que en el caso de Nestora Salgado pesó más la presión política, porque se convirtió en un emblema nacional e internacional, y por eso el gobierno determinó su libertad, pero que la están condicionando para que abandone el país, “al parecer ella ha aceptado, aunque dice que sale por motivos de salud”.
Rosales Sierra explicó que, en el caso de los ocho presos de la CRAC siguen su propio procedimiento jurídico, y que aunque con la libertad de Nestora se abre una posibilidad para que salgan libres, “si en términos políticos no hay una voluntad como la hubo con Nestora, no saldrán libres”, dijo.
Reconoció que se han dificultado la liberación de estos ocho presos, porque no han sido “visibilizados” como Nestora, a quien benefició la presión de los organismos nacionales e internacionales, por lo que el gobierno se vio obligado a liberarla.
En el mitin también habló Minerva Donaciano de Jesús, esposa del comandante de la Policía Comunitaria preso en Ayutla, Ángel García García, que dijo que es injusto el encarcelamiento de su compañero y del resto de los policías comunitarios, “no porque sean indígenas y nos humillan, sino porque los detuvieron cuando buscaban justicia y seguridad para los pueblos, lo que no puede ofrecer este maldito gobierno”.
Agregó que, si el gobierno pensaba que con su detención “ya no nos íbamos a levantar, se equivocó, seguimos luchando ahora también por la libertad de nuestros esposos porque sabemos que son inocentes”.
Denunció que para mantenerlos presos les fabricaron delitos, “los acusan de delitos que nunca cometieron”.
Añadió que, como indígenas se sienten orgullosos y felices de que haya salido libre Nestora Salgado, “pero si ya reconocieron que ella es inocente, ahora también que liberen a nuestros esposos, acusados de lo mismo que ella”, dijo.

Enfocarán padres de los 43 normalistas su lucha en la investigación del quinto autobús

La próxima etapa de lucha de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos, se enfocará en la línea de investigación del quinto autobús en el que viajaban 14 de los 43 normalistas, y del que no ha informado la Procuraduría General de la República (PGR).
Ayer el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que seguir esta línea de investigación es clave para saber el paradero de los 43 jóvenes detenidos-desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, y que para ello también es clave conocer qué pasó con los videos que fueron grabados por el sistema de vigilancia del Poder Judicial de Iguala, que captó la detención con violencia de este autobús en donde viajaban 14 de los desaparecidos, pues persiste la sospecha de que el material videográfico no existe porque fue destruido.
Adelantó que para esclarecer estas dudas van a pedir la permanencia de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuando menos por otros 6 meses, para que se pueda esclarecer que pasó con el quinto autobús.
El abogado declaró ayer a los medios de comunicación durante un mitin afuera de la Ciudad Judicial de Chilpancingo en donde familiares de los detenidos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), padres de los 43 estudiantes desaparecidos y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, exigieron la libertad de todos los presos de la Policía Comunitaria tras la liberación de la coordinadora de esa organización en Olinalá, Nestora Salgado García.
El abogado de los padres reiteró que persiste la percepción de que la PGR y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) destruyeron el material videográfico con las imágenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, tomadas por el circuito cerrado instalado en la sede de Poder Judicial en la salida de la ciudad de Iguala, donde fue detenido con violencia este quinto autobús del que bajaron a los 14 estudiantes.
“Para nosotros allí debemos enfocarnos, allí debe estar nuestra lucha y también exigir que se amplíe el plazo de los expertos, porque creemos que sólo ellos nos pueden ayudar a esclarecer esta línea de investigación”, dijo Rosales Sierra.
Expuso que por lo menos debe ampliarse otros seis meses y que la petición la plantearán en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que comienza los primeros días de abril.
De los videos tomados afuera del Poder Judicial de Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Robespierre Robles Hurtado declaró el 9 de marzo que entregó a la PGR un respaldo en una memoria USB y que forma parte de la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015.
Dijo que el original está instalado “completito”, “y cuando hablo de respaldo, hablo de una actuación del Ministerio Público en donde va, comparece, verifica, obtiene la información, la certifica y se la lleva, pero el aparato físicamente sigue instalado en el mismo lugar”, aseguró en referencia al original.
Sin embargo Rosales Sierra reiteró que en la memoria que entregó a la PGR, igual que en el original del que habla Robles Hurtado, no hay imágenes que hayan sido tomadas los días 26 y 27, “sí hay imágenes anteriores y posteriores, menos de esos dos días”.
Añadió que eso implica que desaparecieron o destruyeron esos videos, puesto que hay constancia también de que cuando la PGR no encontró ninguna imagen en el USB que le entregó el TSJ, se constituyó en el Palacio de Justicia de Iguala para buscar en la base de datos que tiene el área de informática para realizar una inspección.
“De la inspección encontró que, efectivamente, en esos días hubo de tres a cuatro ingresos de personas para revisar esos videos que por alguna razón ya no están allí, entonces eso es lo que tenemos y no nos queda hoy la menor duda de que no existen esos videos, porque los desaparecieron”.
Insistió que por eso ahora enfocarán su lucha a exigir una investigación exhaustiva de la cadena de mando y la cadena de custodia de los videos, “para saber quién del personal del Tribunal Superior de Justicia ingresó, dónde están esos videos y que se sancione a esas personas”.

Reprochan Los Avispones que la comisión de Atención a Víctimas difunda las indemnizaciones

Integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se reunieron con padres de los jugadores del equipo Los Avispones de Chilpancingo, quienes fueron atacados la noche del 26 de septiembre en Iguala junto con los normalistas de Ayotzinapa.
Un asistente informó que los padres exigieron el cumplimiento de los acuerdos que hicieron las autoridades, entre ellos que reprueban la actitud que han tenido las instituciones porque se ha difundido de manera ilegal información de la reparación de daños, principalmente por la CEAV, en específico que han sido filtrados los montos de la supuesta indemnización a la familia de David Josué García Evangelista, el jugador que fue asesinado en los ataques en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Mencionaron que tal circunstancia vulnera el compromiso de las disposiciones contenidas en la Ley General de Víctimas, porque los expone de manera grave, sobre todo ante el clima de inseguridad que se vive en la entidad, por lo que esto los convierte en blanco de grupos delincuenciales.
Los familiares exigieron que la información recabada de sus casos sea debidamente protegida, y que bajo ninguna circunstancia se divulgue porque viola sus derechos, pues esto no debe ser para el beneficio personal o político de los integrantes de la comisión.
Los familiares mencionaron que esas acciones por parte de funcionarios de la CEAV posiblemente son un delito, motivo por el cual interpondrán a la brevedad una denuncia por divulgar esa información personal de manera ilícita.
En la reunión estaría presente el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, pero nunca llegó.
La reunión se convocó a las 3 de la tarde, pero inició 40 minutos después, motivo por el cual uno de los padres gritó: “Son las 3 y media, nos citaron a las 3, venimos del trabajo, tenemos hambre”.
Se llevó a cabo de manera privada en la las oficinas de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), pues indicaron que la prensa no podía estar presente “porque los temas que aquí se tocan son delicados”, dijo uno de los integrantes de la comisión.
En la mesa de trabajo también estuvo el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, José Luis Gallegos Peralta.

Trasladan a Eliseo Villar del penal de Las Cruces en Acapulco a la cárcel de Chilpancingo

El ex coordinador de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) desconocido por esa organización, Eliseo Villar Castillo fue cambiado del penal de Las Cruces de Acapulco a la cárcel de Chilpancingo.
En breves declaraciones telefónicas y por separado, el abogado del ex coordinador comunitario de la extinta Casa de Justicia de Juchitán, Edgar Muñoz, y el hijo del preso confirmaron el hecho, sin embargo ninguno de los dos dio más información sobre el cambio.
Otras fuentes indicaron que Villar Castillo fue amenazado por integrantes de grupos criminales dentro del penal de Las Cruces y ante el temor de sufrir un atentado fue trasladado a la cárcel de Chilpancingo, donde también se encuentran presos el promotor de la CRAC de Tixtla, Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez, de Zitlaltepec.
Villar Castillo y la coordinadora Adelaida Hernández Nava fueron detenidos el 30 de abril de 2015 luego de un ataque de la Policía Estatal a integrantes de la organización que dejó seis policías comunitarios y dos policías estatales muertos a las afueras de Ometepec, en el poblado de San Juan de los Llanos, municipio de Igualapa.
Villar Castillo tiene cinco procesos penales, uno por lesiones y robo calificado en el Juzgado Décimo, otro por privación de la libertad personal en el Juzgado Primero, uno más por secuestro en el Juzgado Quinto y los dos restantes son por robo calificado con privación ilegal de la libertad en el Juzgado Cuarto, y en el Juzgado Sexto.
El 1 de junio se le dictó el auto de formal prisión por secuestro en el Juzgado Quinto y el 7 de ese mes se le dictó un segundo auto de formal prisión en el Juzgado Sexto por daños contra un campesino.

Protestan otra vez empleados del Hospital de la Madre en la capital?en contra del director

Empleados sindicalizados del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense (HMNG) marcharon, bloquearon y protestaron en el Palacio de Gobierno para exigir por tercera vez la destitución del director, Adiel Molina Bello.
A las 10:30 de la mañana, un grupo de 16 trabajadores marchó desde el hospital hasta el Palacio de Gobierno, donde bloquearon durante una hora el carril norte-sur del bulevar René Juárez Cisneros.
Una de las enfermeras utilizó un megáfono para exponer las carencias que sufren diariamente para atender a los pacientes que llegan al nosocomio, además para quejarse de que el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos no ha querido darles una solución.
Algunas enfermeras y doctoras que participaron en la protesta portaban cartulinas en las que se leía: “La base trabajadora del HMNG necesita cambios de jefes de servicio, supervisores de enfermería etc., fuera Molina”; “Por un Guerrero con orden y paz, el HMNG necesita cambios”.
Luego de las consignas, los trabajadores pidieron una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores, pero en su lugar fueron recibidos en la Secretaría General de Gobierno por el titular, Florencio Salazar Adame, quien les prometió que el próximo 28 de marzo a la 1:30 de la tarde les tendrá una respuesta sobre si cesan o no al director del hospital.

No tienen ni termómetros para dar servicio médico, denuncian

La enfermera Vianey Abarca Nava manifestó que en el área de hospitalización no tienen ni termómetros, lo que dificulta la atención de los pacientes que llegan de urgencia.
Comentó que las carencias son muchas, como la falta de medicamento, de material quirúrgico, de incubadoras, cuneros, lámparas, entre muchas otras.
Durante la consulta, una de las enfermeras explicó que no son pocos los que piden la salida del director, sólo que no pueden movilizarse todos porque no pueden dejar sin servicio el hospital, por ello se designó a una comisión para continuar con el movimiento.
Resaltó que no sólo se enfrentan a las carencias en los pagos de sus bonos y salario, sino que no tienen material para laborar y dar una atención adecuada a los pacientes que llegan desde distintas comunidades.
“Lo que queremos es un cambio total, si el señor gobernador dijo que debería haber cambios y ofreció un gobierno en orden y paz, eso es lo que estamos exigiendo… por eso votamos por él”, expresó.
Recordó que el director actual llegó durante la administración de Ángel Aguirre Rivero, y desde su llegada fue señalado por desvió de recursos y por vender material del nosocomio.
Los trabajadores también dijeron que es necesaria una auditoria que revele los errores que se han cometido durante la administración de Molina Bello.
En la protesta, las enfermeras y médicas denunciaron que han sido víctimas de hostigamiento, pues les han llegado mensajes de textos de números desconocidos que les dicen: “bájenle de huevos o las van a correr”.

Detiene la PF a cuatro adolescentes en Altamirano tras la denuncia de extorsión del alcalde

La noche del jueves cuatro jóvenes fueron detenidos en Altamirano acusados de extorsionar a una familia que pidió apoyo al presidente de Pungarabato, Ambrocio Soto Duarte, y éste solicitó ayuda a la Policía Federal (PF).
Los detenidos son dos hombres y dos mujeres de entre 16 y 17 años, vecinos de Altamirano, algunos son hijos de comerciantes conocidos y fueron sorprendidos por los agentes federales cuando cobraban el dinero de la extorsión.
Según la versión oficial, la PF recibió un llamado, “de parte del presidente Ambrocio Soto Duarte”, para atender un caso de extorsión a una familia, a quienes les estaban pidiendo 80 mil pesos.
Los miembros de la familia acordaron con los extorsionadores dejar el dinero en un bote de plástico en la calle 18 de marzo frente a la preparatoria 8, donde estudian al menos dos de los detenidos. La entrega sería alrededor de las 10 de la noche.
Después que la familia dejó el dinero en el lugar los agentes federales esperaron para detener a quienes fueron a recoger el dinero.
Dos de los jóvenes se acercaron a recoger el bote con el dinero y dos más estaban en un auto en donde presuntamente esperaban a sus cómplices.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común en Coyuca de Catalán.
El alcalde de Pungarabato acompañó a los agentes y la familia agraviada a denunciar el caso y declaró que “los padres deben de poner más cuidado en sus hijos y lo que hacen. La policía está haciendo estas detenciones en base a sus investigaciones, ellos establecieron el rol de participación de los detenidos”.
Agregó que “debe de quedar claro que ya no se puede permitir que en Altamirano sigan las extorsiones y que no se denuncien. La gente se debe de acostumbrar a que haya respuesta de la policía cuando ellos pidan apoyo y denuncien. No podemos seguir con extorsiones”.
Confirmó que la familia es de Altamirano, que no tiene parentezco con ellos y que sólo son personas que pidieron el apoyo.
Los adolescentes no cuentan con antecedentes penales.