El promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio se accidentó en la carretera federal San Luis Acatlán-Horcasitas; el dirigente y sus acompañantes resultaron ilesos.
Según un reporte oficial el accidente sucedió alrededor de las 6 de la mañana de ayer. La camioneta Ford Lobo de doble cabina, roja, donde viajaba el dirigente de la UPOEG trató de evitar chocar con una camioneta 4×4 que paró de forma repentina, lo que ocasionó que el carro donde viajaba saliera de la carretera.
Según el reporte los ocupantes resultaron ilesos. Bruno Plácido no se encontraba en el lugar cuando la Policía Municipal y agentes de Tránsito llegaron.
Etiqueta: Guerrero
Ratifica Nestora que va a EU para atender su salud y anuncia que viajará a Sudamérica
La coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, libre hace dos días, ratificó que sale del país para viajar a Estados Unidos y Sudamérica, sin precisar fechas de salida o retorno, para denunciar la situación de los presos políticos en México, y demandar respeto a los pueblos originarios y los sistemas normativos de justicia indígena.
Asimismo, se dijo contenta de haberse reunido con organizaciones de distintos estados –principalmente de Guerrero–, ayer en un encuentro cerrado con activistas de movimientos feministas, de presos políticos y defensores de derechos humanos. En la reunión también participó una comisión de padres de los 43 alumnos detenidos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
De la reunión, Salgado García destacó el acuerdo para lanzar, con acciones dentro y fuera del país, la campaña por los presos el 10 de abril cuando se conmemora el asesinato del general Emiliano Zapata, y promover el tercer encuentro nacional de presos políticos, que se realizará el 23 y 24 de abril en Olinalá.
El anfitrión del encuentro es la Policía Comunitaria, que este viernes la ratificó como su comandante en un acto simbólico al salir de prisión femenil de Tepepan, en la Ciudad de México.
En breve entrevista, la comandante de los grupos de la cañada de la Sierra, informó que intentará estar en el encuentro nacional, pero no lo aseguró.
En estados Unidos, va a revisar su estado de salud física y emocional, para curar las secuelas de dos años siete meses de prisión.
Reconoció el apoyo que ha recibido en México, y que las invitaciones para visitar diferentes países, “precisamente, es aprovechar las puertas que se abren para llevar el mensaje”, explicó.
¿A qué juega el gobierno?
Sobre la detención, que denunciaron luchadores sociales, del excomandante de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso, Antonio Leobardo Galeana, hace dos días en Chilapa, dijo que no comprende la intención de las autoridades judiciales de encerrar a los policías de la CRAC. “No entiendo que sueltan a uno o agarran a otros, no entiendo el juego del gobierno, creo que tenemos que protestar”.
Sobre las apelaciones para revocar los tres autos de formal prisión, que interpusieron sus presuntas víctimas, y la posibilidad de que la Fiscalía General del Estado también se inconforme, con tono más alto declaró que están en su derecho, “solamente digo que no se vale, ellos saben que esto (su detención) fue fabricado, saben que soy inocente, la víctima soy yo. No me salga con ese juego, de qué se trata: te dejo ir y luego te agarro, de verdad no entiendo qué les pasa”.
Bloquean organizaciones la cárcel de Ayutla por la libertad del ex comandante de la CRAC
Autoridades comunitarias de El Timbre, municipio de Ayutla, bloquearon la entrada de la cárcel de Ayutla en demanda de la libertad del ex comandante de la Policía Comunitaria Antonio Leobardo Galeana, detenido el viernes en Chilapa.
La comunidad El Timbre forma parte de la Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Unos 50 integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) respaldados por el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y el comisario de El Timbre Arturo Mendoza Regina demandaron una reunión con el asesor del gobierno del estado, César Flores Maldonado, para resolver el caso de Leobardo Galeana.
La protesta empezó a las 10 de la mañana y los inconformes dijeron que permanecerán en el lugar hasta que sean atendidos.
En la cárcel, por ser día de visita, los manifestantes sólo permitieron ingresar a los familiares que van a ver a algún interno, e impiden la salida de los guardias de seguridad y del director del penal.
El coordinador del FODEG, Hoguer Morales Miranda, Antonio Leobardo fue detenido el viernes a las 8 de la mañana en Chilapa, después fue llevado a Chilpancingo, luego a Tierra Colorada, después a Las Mesas y finalmente encarcelado en Ayutla a las 6 de la tarde, acusado de los delitos de privación de la libertad y de obstaculizar la vía pública.
En la tarde se buscó a Morales Miranda para conocer si hubo acuerdos para la liberación de Antonio Leobardo pero no fue posible localizarlo.
Con la detención el gobierno busca desgastar a la CRAC y a los pueblos, considera Tlachinollan
El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández condenó la detención del ex comandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de El Paraíso, Antonio Leobardo Galeana, detenido este viernes en Chilapa.
Dijo que las autoridades estatales y federales se colocan en una postura de confrontación a los policías comunitarios para seguir desgastando la relación de los pueblos y la CRAC.
Consultado vía telefónica mencionó que la Ley 701 reconoce al sistema de los policías comunitarios, y consideró que de nada sirven las leyes y compromisos que se asumen con las autoridades cuando se tienen reuniones regionales, entre la Policía Comunitaria, jueces y agentes de los ministerios públicos, porque en los hechos siempre existe una postura de sometimiento, de no reconocimiento y de criminalización contra quienes trabajan a favor de la comunidad.
Manifestó que es preocupante que las autoridades tengan una postura ambigua, que digan una cosa y hagan otra, “las autoridades no son coherentes con lo que dicen y hacen, es lo que ha dañado y desgastado al movimiento social”.
Agregó que “en estos momentos que se logró la libertad de Nestora Salgado y que se cometió una injusticia por parte de las mismas autoridades, quienes hicieron la investigación y dictaron la orden de aprehensión, haya consigna política, es desafiar al movimiento y lucha legítima de la Policía Comunitaria, es como decir que el gobierno tiene el control de la ley y que no va a reconocer y a ceder a las conquistas que han logrado los pueblos indígenas”.
Indicó que las autoridades echan por la borda los esfuerzos de la Policía Comunitaria, por lo que las autoridades se colocan en una postura de confrontación para seguir desgastando la relación con los pueblos y la CRAC.
Expuso que con la detención de Leobardo Galeana “se está viviendo más de lo que se conquistó este viernes, del gran triunfo que se obtuvo del caso de Nestora”.
Su liberación ayudaría a allanar el camino para establecer una nueva ruta de diálogo y de búsqueda de acuerdos, dentro del marco legal y procedimientos jurídicos pero con voluntad política, indicó.
Aseveró que no hay voluntad de las autoridades, ya que hay una postura de fuerza y de intolerancia, que no se quiere abonar para que haya un ambiente de distención y que las autoridades deben de reconocer las conquistas y avances de la sociedad, y la detención no abona para que la autoridad adquiera ese reconocimiento y legitimidad que se necesita.
El defensor reiteró que lo que sucedió con la liberación de Nestora marca un momento clave para demostrar que la Policía Comunitaria está haciendo un trabajo ejemplar, “ya quisiéramos que eso hicieran los policías de los tres niveles, pero estamos viendo que son los mismos policías municipales y estatales los que están violentando los derechos de la población”.
Dijo que las violaciones de los policías municipales y estatales está demostrado como en el caso Ayotzinapa, donde se utilizaron policías para reprimir a la población, por lo que el gobierno debe entender que se debe cambiar la política que no funciona.
El director agregó que las autoridades tienen que terminar con el pacto de impunidad que prevalece para proteger a los policías municipales y estatales, y por otro lado darle el reconcomiendo y respeto a la Policía Comunitaria.
Sin embargo la manera en la que actúa el gobierno es mediante el uso de la fuerza y la detención de los defensores, pero no de los delincuentes, criticó.
Acuerda el MPG seguir exigiendo la presentación de los 43 y la libertad de los presos políticos
Integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) informaron que los acuerdos a los que llegó su asamblea son exigir la libertad de todos los presos políticos, y la presentación con vida de los 43 normalistas detenidos desaparecidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala.
Al finalizar su asamblea, en conferencia de prensa en su plantón en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, la integrante de la Comisión de Convergencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) región Centro, Adriana Catarino Sánchez informó que el MPG exige la libertad de los presos políticos, la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, y que se declara en contra de las reformas estructurales.
Dijo que realizaran acciones de abril a mayo, entre ellas, acudirán a la conmemoración del aniversario de la Policía Comunitaria del Fortín, Tixtla, el 10 de abril; el 1 de mayo habrá una marcha estatal convocada por la CETEG; y conformarán brigadas para informar de las actividades en varias partes del estado.
En la asamblea, los integrantes del MPG exigieron la libertad de todos los policías comunitarios que están presos en Ayutla y Chilpancingo por las mismas causas de Nestora Salgado García, quien ya libre y absuelta de todos los cargos, “por ende exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos”.
En cuanto al encarcelamiento del ex comandante de la Policía Comunitaria de El Paraíso, Antonio Leobardo Galeana, acordaron exigir su libertad inmediata, porque el gobierno, lejos de tener voluntad política para liberar a sus compañeros, encarcela a otros, ya que el mismo día que salió Nestora Salgado, Leobardo Galeana fue detenido, “el Estado nuevamente muestra la cara represiva en contra de los luchadores sociales, y en este caso a los policías comunitarios”, recriminó Catarino Sánchez.
En la asamblea estuvieron presentes 14 organizaciones, entre ellas la CETEG, el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), el Bloque Democrático de Iguala y el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG).
La liberación de Nestora es parte de la lucha por los comunitarios presos, dice antropóloga
La investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y perito de la defensa de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, Rosalva Aida Hernández Castillo confió en que la libertad de la luchadora social es una parte de la lucha por la libertad de otros siete integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), recluidos en Guerrero.
Explicó que el peritaje en el que ella participó, planteó que las acciones de Nestora Salgado ?por las cuales fue acusada de distintos delitos?, se encuentran en el marco del reconocimiento de la justicia indígena.
En general, explicó que en el peritaje denunció que hay una perspectiva, “bastante existencialista y limitada de lo que es indígena; mi peritaje consistió en explicar el concepto, lo qué es la justicia indígena y el marco legal local, nacional e internacional que la ampara”.
En el documento, dijo, explicaron a jueces porqué “todas las acciones de Nestora, como autoridad de la CRAC, estaban reconocidas por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena del Estado de Guerrero, el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, y en el artículo segundo Constitucional”.
Sin embargo, señaló que ahora (en el Poder Judicial) predomina una visión heredada de la antropología clásica de lo que implica ser indígena (lengua, cultura, sistemas normativos, entre otros), pero “las identidades culturales son identidades históricas, cambiantes”.
En el documento, indicó que hay una reivindicación de una memoria propia de la gente de Olinalá.
Asimismo, indicaron en su trabajo los criterios a tomar en cuenta para determinar quién es indígena y quién no, porque lo que caracteriza a la CRAC es una perspectiva bastante amplia; incluye a los pueblos afrodescendientes y a los campesinos que reivindican una historia indígena pero no hablan ningún idioma y tampoco tiene sistemas de cargos.
Señaló que también participó en la investigación de tres peritajes el antropólogo Héctor Ortiz Elizondo, para los casos de cuatro niñas que fueron rescatadas por la CRAC de una red de criminales, un caso de abigeato y de 43 detenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres.
Opinó que la liberación de la luchadora social es fundamental para la liberación de los siete integrantes de la CRAC que siguen presos por las demandas de secuestro, “tienen que ser la puerta, ahora para voltear los ojos a los siete compañeros que están ahí, no es el cierre de una lucha, sino la continuidad”.
Entre los detenidos en Ayutla están el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, el consejero Arturo Campos y el primer comandante, Ángel García García, entre otros. En Chilpancingo, el promotor, Gonzalo Molina así como Samuel Ramírez Gálvez.
No existe ninguna orden de aprehensión contra Nestora Salgado en el estado, confirma la Fiscalía
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez informó que la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá, Nestora Salgado García puede entrar y salir libremente de Guerrero, sin temor a ser detenida por la Fiscalía, porque no existe ninguna orden de aprehensión en su contra.
“Ya no tengo ninguna orden de aprehensión en contra de ella, teníamos esas tres por las que decretaron su libertad”, agregó.
Vía telefónica, el fiscal Olea Peláez señaló que su dependencia no está promoviendo ningún recurso legal contra la lideresa de la CRAC.
Este viernes en la mañana, tras dos años siete meses en prisión fue puesta en libertad Nestora Salgado, quien fue acusada de secuestro y otros delitos.
El fiscal sostuvo que, el único órgano que podría revocar el auto de libertad es el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a través de los magistrados que “conozcan el asunto”.
A pregunta expresa sobre si la Fiscalía tiene o no alguna investigación activa en contra de Nestora Salgado, el funcionario dijo que ninguno, pero advirtió que no puede dejar de cumplimentar lo que un juez llegue a ordenar.
“Ninguno… ninguno… ninguno, quiero reiterar que todos los procesos que se iniciaron contra Nestora Salgado no los inició el fiscal Xavier Olea”, dijo.
“Yo hago una manifestación jurídica, porque el Ministerio Publico tiene el deber de interponer el recurso de apelación, eso es todo, yo nunca he dicho que estoy en contra del auto de libertad que le dictó un juez”, señaló.
Explicó que el Ministerio Público, durante el proceso se convirtió en un órgano acusador, por lo que está obligado a apelar, pero le corresponderá a las salas penales resolver.
“El órgano acusador, que es el Ministerio Público, ya no investigador porque, repito somos parte del proceso, entonces ya será el Tribunal Superior de Justicia quien resuelva al efecto, si confirma su libertad o revoca su libertad”, agregó.
A pregunta expresa sobre si tenía conocimiento de que iniciará el proceso de apelación el órgano acusador, dijo que tres días después de que se le notifique sobre la libertad se inicia el proceso.
Aclaró que el proceso siempre se aplica en cualquier persona que haya sido condenada, por lo que el Ministerio Público tiene que interponer una apelación por el auto de libertad únicamente.
“Es decir, si al Ministerio Público le dejan en libertad a un reo, el tiene la obligación de interponer la apelación, porque el Ministerio Publico, primero, es autoridad cuando investiga, y luego es parte en el proceso”, detalló.
Se le preguntó entonces qué ministerios públicos presentarían la apelación, a lo que respondió que le corresponde a los adscritos a los tres juzgados que le dictaron su libertad.
A pregunta expresa sobre si él tenía conocimiento sobre el inicio de la apelación por el auto de libertad, dijo que no, e insistió en que la instrucción siempre es que se “apele sea quien sea”.
Detalló que un proceso de apelación versa sobre el auto de libertad que le fue concedido, únicamente, ya que el Ministerio Público no inicia ninguna averiguación.
Dijo que el Ministerio Público que esté en las salas correspondientes tendrá que hacer agravios en contra de la resolución del juez, y éste a su vez al juez superior, que son tres magistrados los que tendría que resolver en definitiva.
“Si fuera al revés, que a ella se le dictara auto de formal prisión, ella puede apelar y luego irse al amparo, nosotros no, también en este caso están las víctimas del delito… si me preguntan si ya apelaron las víctimas del delito, les contesto que lo ignoro”, sostuvo.
Las presuntas víctimas apelan los fallos de los jueces
Las presuntas víctimas de secuestro, de los que absolvieron a la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado García, porque no se configuró el cuerpo del delito, presentaron recursos de apelación contra los autos de formal prisión de las causas penales 05/2014, 48/2014-II y 50/2014-II
Los acuerdos, publicados en internet, indican que los recursos de revisión se presentaron el 16 de marzo pasado, luego de que los jueces dictaron los autos de formal prisión, sin embargo, la defensa estimó que las pruebas de descargo son bastante sólidas para que se desechen, por improcedentes.
La abogada de Defensa Estratégica de Derechos Humanos, Amanda Rivero Espinosa explicó que los recursos de apelación fueron turnados a la Sala Colegiada del Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde pueden resolver la confirmación y el revocamiento de libertad.
Aún así, quienes se sienten agraviados pueden recurrir a un amparo indirecto para inconformarse, para confirmar o revocar el auto de libertad.
Asesinan a balazos a un joven en una tienda Oxxo de Chilpancingo
Un joven de 24 años fue asesinado a balazos la madrugada de este sábado en una tienda Oxxo ubicada en el Paseo Alejandro Cervantes Delgado, en la colonia San Juan de esta ciudad.
Según fuentes de la Policía Municipal, a las 3 de la mañana un joven llegó corriendo a la tienda donde fue asesinado para tratar de refugiarse, sin embargo dos hombres armados le dispararon a quemarropa, causando pánico entre los trabajadores del establecimiento.
Al lugar acudieron agentes de las diversas corporaciones policiacas para resguardar la zona e identificar a la víctima.
Minutos después acudió personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para trasladar el cuerpo y realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo tenía muchos disparos.
Detienen a dos sobrinos de un dirigente del ERPI en un pueblo de Coyuca de Catalán
La Policía Federal informó de la detención de dos hombres sobrinos de Cayetano Alvarado Palacios, El Cuche Blanco, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), en la comunidad de San José de la Quesería, municipio de Coyuca de Catalán.
Los detenidos se llaman Ramiro Duque Alvarado de 25 años y Reynaldo de los mismos apellidos, de 20 años, quienes según el reporte fueron detenidos con dos pistolas calibre 38, dos rifles calibre 22, una escopeta de calibre permitido para cacería y dos rifles de asalto AK-47.
Los detenidos fueron localizados en un recorrido de la Policía Federal cerca de la comunidad de San José de la Quesería, pero también catearon su casa de donde finalmente se los llevaron y los pusieron a disposición del Ministerio Público federal.
Fueron relacionados con su tío Cayetano Alvarado, quien era uno de los líderes del ERPI y a quien se señala del homicidio de Omar Guerrero Solís, Comandante Ramiro, para quedarse con el grupo.
La célula que quedó del ERPI fue ubicada en la sierra. La comunidad de San José de la Quesería está a 10 kilómetros de la cabecera municipal. Después de esa localidad sigue la sierra con pueblos pequeños.
En ocasiones hay reportes de personas vestidas de militar en grupos de 50 personas bajando a esas localidades o en el otro extremo a comunidades como Tarétaro.
Se estima que los dos jóvenes radicaban en San José de la Quesería, la policía reportó que acudió a la casa de los dos y se llevó dos camionetas una negra Toyota y una Tundra negra que presuntamente tienen reporte de robo.
Los detenidos fueron enviados a Iguala para proceder penalmente en su contra en el Ministerio Público federal.
Encuentran soldados dos camionetas baleadas y calcinadas en Valle Luz, Totolapan
Soldados del Ejército ubicaron dos camionetas baleadas muy cerca de la comunidad de Valle Luz, municipio de San Miguel Totolapan, las cuales también se encontraban calcinadas al parecer con más de cinco días de estar paradas en ese sitio.
Según el reporte, vecinos del lugar informaron que el pasado martes hubo una balacera en ese punto, en el que se enfrentaron civiles armados de dos bandos contrarios y algunos abandonaron vehículos.
Las unidades que quedaron en el sitio fueron quemadas y presentaban varios impactos de bala. No se encontraron personas muertas en el lugar ni en los carros.
Los vehículos son una camioneta de la marca Chevrolet cabina y media con placa de circulación NG-94-010 del Estado de Michoacán, pero de origen canadiense, mientras que la otra es una Honda, cerrada, que no contaba con placas visibles.
El lugar donde encontraron los carros está casi en la entrada del pueblo de Valle Luz, también ubicaron varios cartuchos percutidos, de diferentes calibres y en diferentes puntos, como muestra del enfrentamiento que se dio en la zona.
Las unidades fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal para su investigación en Altamirano. Se estima que los vehículos eran usados en el área por un grupo de la delincuencia organizada.
El enfrentamiento fue previo a la detención de Abel Miranda Urióstegui, El Chichalaco o El Alacrán, el segundo al mando del grupo criminal Los Tequileros que tienen su bastión en la comunidad de San Antonio de la Gavia, cercana a la comunidad de Valle Luz.