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Golpean encapuchados a vecina de Atzcala para que deje el paro de Media Luna, denuncia líder

Encapuchados golpearon en Atzcala a Mónica López, para que ella y su esposo abandonen el paro de trabajadores de la mina Media Luna; mientras que policías estatales y ministeriales que resguardan el tajo del ejido de Real de Limón, en Cocula, advirtieron a los ejidatarios que salgan de sus tierras o serán llevados a prisión, denunció el líder del sindicato Nacional de Mineros, Indalecio Pérez Morones.
Consultado vía telefónica sobre el posicionamiento de los directivos de la empresa Torex Gold, dueña de la mina Media Luna, de que el bloqueo de casi tres meses a sus instalaciones concluyó con la intervención de la fuerza estatal, aunque las pérdidas son millonarias y sus acciones cayeron a la mitad de su precio, el líder del movimiento señaló que la empresa mantiene la posición de siempre: reconoce la lucha pero la considera ilegal.
En cuanto a las pérdidas, que el presidente de Torex Gold, Fred Stanford calificó de “devastadoras”, indicó que, “ha sido tanto como ellos han querido”.
Agregó que sería menos costoso terminar el Contrato Colectivo de Trabajo que Media Luna firmó con la CTM, y otorgarlo a la Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), como propusieron los trabajadores.
Sin embargo, dijo que decidieron sostener a CTM, y en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se fijó una nueva fecha de audiencia, entre el 13 y 15 de febrero, para resolver el litigio. Aclaró que sí se llevó a cabo la audiencia prevista el 30 de enero, y los apoderados legales resolvieron “alargarla”.

El plantón en la mina continúa

Consideró que el mensaje de la conferencia de prensa de los directivos de la mina, en Acapulco, fue que las autoridades restablecieron el Estado de derecho para que las operaciones de la mina volvieran a la normalidad, y para evitar que sus acciones sigan desplomándose.
Sin embargo, aseguró que el plantón y movimiento en la mina continúan, y no han comenzado los trabajos en el tajo de Real de Limón, como habían anunciado para esta semana, porque está bajo vigilancia de los ejidatarios.
Calculó que 100 policías acordonaron el tajo y amenazaron a los ejidatarios con detenerlos si vuelven a las tierras, por incursionar en propiedad privada.
Pérez Morones destacó que los ejidatarios son los dueños de las tierras, no la empresa con la que firmaron un convenio de explotación.
Insistió en que la minera no cumplió los compromisos señalados en los convenios de arrendamiento, y podrían rescindirlo. Incluso, adelantó que ya están haciendo el análisis legal.
Aunque la empresa ha acusado que el bloqueo de sus instalaciones fue ilegal, porque el único con facultades de convocar una huelga en Media Luna es la CTM, el líder del SNTMMSSRP opinó que, antes la mina violentó el derecho de los trabajadores al imponer a un sindicato que no atiende las demandas de sus representados.

La empresa debe sentarse a dialogar, no apostar al enfrentamiento

Insistió en que la empresa debe sentarse a dialogar con los paristas y con los ejidos de Fundición y Real de Limón, desplazados por la actividad minera, “no apostarle al enfrentamiento y provocación”.
Del acercamiento con estos ejidos, del que ya informó la propia empresa, insistió que hubo tres acuerdos, que se resuelva la demanda de los trabajadores en paro y se reconozcan el Sindicato de los Mineros, que se cumplan todas las cláusulas pendientes, y que se revise el convenio de arrendamiento.
Por otro lado, indicó que vecinos de Real de Limón y Fundición tuvieron una reunión anterior con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para ofrecer certeza y solución al conflicto, pero terminó enviando a policías y Soldados, además de a gendarmes que ya estaban dentro de las instalaciones.
Advirtió que si la empresa y la policía insisten en comenzar la extracción del tajo de Real de Limón, podría generarse otro suceso violento, de sangre.
Por separado, en un boletín el SNTMMSSRP denunció que el gobierno apoya el restablecimiento de la extracción minera en Media Luna, “sin haber resuelto el sangriento conflicto laboral que no ha sido provocado por los trabajadores sino por la empresa y esa autoridad cómplice”. Recordó que tres activistas fueron asesinados durante esta protesta.
Señaló al comandante de la Gendarmería, al que identificó sólo por su apellido, Arriaga, de amenazar y amedrentar a los trabajadores y a las comunidades del ejido Real del Limón, y al teniente de la Policía Estatal, Jesús Hernández, que con unos 80 agentes impide el paso a los trabajadores movilizados, a las instalaciones de la minera.
En este tenor, denunció que el martes entre las 7:30 y las 8 de la noche, tres encapuchados irrumpieron en la casa de Mónica López y la golpearon, sus hijas de alrededor de diez años dieron aviso a sus abuelos, y ellos a sus vecinos en Atzcala.
Durante la golpiza, la mujer dijo que le advirtieron que se retire del paro laboral, ella y su esposo, y los agresores huyeron antes de que los vecinos llegaran a brindarle ayuda.
De Atzcala, destacó que se ubica a 15 minutos de la mina, y es el paso principal a las instalaciones, también es ejido y tiene un convenio de arrendamiento con la empresa por tierras y la dotación de agua para el proceso de extracción de minerales.
“Nos deja claro que la Policía Estatal no va a cuidar a los ciudadanos, sino que están cuidando los intereses de la trasnacional canadiense, se está dejando ver el contubernio del gobierno y la empresa”, denunció.
Insistió en que el problema sigue escalando en violencia, y alertó que si gobierno insiste en socavar el movimiento, “puede haber más sangre de lo que ya ha costado”.
También denunció que el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame, llamó al líder del sindicato de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, en exilio en Canadá, para preguntarle “con cuánto se arreglaba este problema, para que se retirara”. Aseguró que el sindicato no se retira, mientras los trabajadores sigan en pie.
Responsabilizó a los gobiernos estatal y federal, a la CTM y al presidente de la Torex Gold, Fred Stanford. Aclaró que no hay extorsión en el paro de labores, como dijo el directivo, “es un derecho constitucional que tienen los trabajadores, dice a la empresa que no puede acceder a un acto ilegal, pero sí puede cometer el abuso imponiendo a la CTM a los trabajadores, sin consultarlos, eso es violentar la ley”.

 

Piden que acabe el ambiente hostil y haya respeto a los trabajadores de los medios

 

Ante el incremento de las agresiones, amenazas y hostigamiento a periodistas en las últimas semanas, reporteros de la entidad emplazaron este domingo a los tres poderes del estado para que frenen el ambiente hostil y hagan un llamado a los actores políticos y sociales a propiciar un ambiente de respeto hacia los trabajadores de los medios de comunicación.
En un recuento que abarca del 13 de mayo al 27 de junio, se contabilizaron 15 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, en las que 21 periodistas se vieron agraviados.
Las cifras se dieron a conocer en la asamblea extraordinaria de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG), en donde comunicadores de distintas regiones del estado contaron sus testimonios del ambiente de violencia en el que realizan su trabajo.
Mientras tanto, representantes de organismos civiles de derechos humanos y dirigentes de organizaciones sociales, expresaron su respaldo a los comunicadores.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, propuso elaborar un informe de agravios a periodistas en Guerrero para que sea enviado al relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque dijo que “es importante que los organismos internacionales de derechos humanos volteen su mirada al trabajo periodístico” de Guerrero.
Los periodistas convocaron a representantes de organismos civiles de derechos humanos y a dirigentes de organizaciones sociales, a su asamblea extraordinaria, que se realizó en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Chilpancingo, en donde demandaron que estén observantes y el respaldo ante el clima hostil que se está generando hacia su labor.
“Nunca como ahora la libertad de expresión había estado en peligro, ni los periodistas se habían visto tan amenazados. En estos días, los periodistas trabajamos literalmente bajo fuego; gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas pareciera que nos tienen bajo la mira”, dice el pronunciamiento final de los comunicadores.
“En tiempos de tentación autoritaria y de pérdida de fe en las instituciones, el periodismo suele ser el último refugio de los sensatos”, citan en el texto al periodista Tomás Eloy Martínez.
Y agrega: “El encuentro de hoy con ustedes (los representantes de organismos civiles y organizaciones sociales), es precisamente un acto de sensatez. Es para hacer un llamado a todos los sectores al buen juicio, al respeto, a la prudencia y a la madurez en sus actos y decisiones para con sus medios de comunicación, pero sobre todo, con sus periodistas”.
Subrayan que en un recuento del 13 de mayo al 27 de junio pasado se contabilizaron 15 agresiones contra periodistas y medios, en las que 21 reporteros se vieron agraviados.
Destacan los casos de Sergio Ocampo, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Jair Cabrera, Hans Máximo y Pablo Pérez, quienes el 13 de mayo fueron privados de su libertad cerca de Acapetlahuaya por 100 hombres armados que les robaron su equipo de trabajo, pertenencias personales, dinero en efectivo y una camioneta en la que se transportaban.
Otro de los casos que citan es el de Marcela de Jesús Natalia, quien fue atacada a balazos en Ometepec el 3 de junio, cuando salía de su turno laboral y que sigue restableciéndose.
Mencionan, además, los casos de Ruth Tamayo, Noé Aguirre, Jaime Ojendiz y Hercilia Castro, quienes el 19 de mayo sufrieron hostigamiento verbal por el presidente municipal de Zihuatanejo, Gustavo García. Además, presentaron el caso del corresponsal de Proceso, Ezequiel Flores quien el 11 de junio, denunció que persiste la vigilancia y persecución en su contra por parte de desconocidos armados que lo vigilan afuera de su domicilio.
Dos casos más que denunciaron fueron los de las reporteras de El Sur, Brenda Escobar, quien sufrió hostigamiento y amenazas por familiares del presunto responsable del asesinato de la doctora Adela Rivas Obé, frente a policías estatales que no hicieron nada por impedirlo, y el de María Avilez, quien sufrió obstrucción de su cobertura informativa y amenazas por una auxiliar de la secretaria de la Mujer, “quien fue complaciente con su subalterna”.
Otro de los casos fue el del reportero Héctor Briseño, a quien el 27 de mayo, sindicalistas del ISSSTE le impidieron realizar su labor “y después, justificaron su acción con el aspecto sudoroso del compañero y a través de las redes sociales emprendieron una campaña de linchamiento y amenazas de muerte en su contra”. A la lista de agravios sumaron los dos periodistas asesinados en los dos años de la administración de Héctor Astudillo: Francisco Pacheco, de Taxco, en abril del 2016, y Cecilio Pineda, de Ciudad Altamirano, en marzo pasado. “El común denominador en todos los casos ha sido la impunidad, la protección y la complicidad de las autoridades con los agresores”, anotaron los reporteros en su pronunciamiento.
“Frente a estos hechos, los periodistas no pedimos mecanismos ni medidas de protección, simplemente el cese de la impunidad y el castigo a los culpables, para evitar que los agravios se repitan. En una palabra, que las autoridades cumplan con su responsabilidad de garantizar seguridad a toda la sociedad agraviada por la violencia. En esa medida, los periodistas ejerceremos de manera plena nuestra labor”, dice el escrito.
Los reporteros emplazaron al gobernador Héctor Astudillo, “responsable de lo que pasa en Guerrero”, y a los poderes legislativo y judicial, a que se pronuncien y hagan un llamado a los actores políticos y sociales a propiciar un ambiente de respeto hacia los trabajadores de los medios de comunicación.
“A los organismos civiles y sociales, pedimos que estén atentos y les solicitamos su respaldo ante estos intentos por inhibir y socavar la labor de los periodistas, pero también recomendamos que sean más exigentes con sus comunicadores, para que cumplan con su función que debe ser al servicio de la sociedad”, dice el escrito.
Durante las intervenciones, el corresponsal de El Sur en Tierra Caliente, Israel Flores, quien había confirmado su asistencia a la reunión, vía telefónica explicó que no pudo asistir “por lo complicado para salir de la región” y que “nos sentimos amenazados”.
Reconoció que, en esa zona, por la violencia se han perdido ya todas las garantías, incluida la de libertad de expresión, porque los reporteros recurren a la autocensura como mecanismo de protección.
En cambio, Luís Daniel Nava, corresponsal en Chilapa, otra de las zonas violentas, dijo que a pesar del ambiente hostil en que trabajan los reporteros no cuentan con protocolos de seguridad, “nos cuidamos por instinto”, y luego agregó:
“Ésta es nuestra labor y vamos a continuar, no permitiremos que gane la corrupción, la impunidad ni la barbarie”.
La reportera de Zihuatanejo, Hercilia Castro, denunció que en esa región los periodistas se ven amenazados lo mismo que por sicarios, que por funcionarios públicos o por burócratas. Expuso la necesidad de que se instale una casa refugio de seguridad para los periodistas que se sientan en riesgo, además de la elaboración de un plan emergente y estrategias de seguridad más eficaces por parte de las autoridades.
Carmen González, corresponsal de El Sur en Tlapa, explicó que en La Montaña el riesgo no es por la violencia del crimen organizado, sino porque las organizaciones sociales aún no saben diferenciar lo que es un periodista que igual puede ser linchado por una confusión o simplemente porque alguien lo pida en una manifestación de inconformes.
A su vez Antonia Ramírez, también corresponsal de este periódico en Tlapa, agregó que ser reportera es un doble riesgo; por ser periodista y por ser mujer, porque dijo que en una zona machista es más difícil que las mujeres ob-tengan información de sus fuentes.
Jonathan Cuevas, de la Agencia Periodística de Investigación (API), reconoció que en la zona Norte, por el temor, los reporteros han caído en la autocensura por el riesgo que implica escribir algo que incomode a los grupos de poder o al crimen organizado, sobre todo después del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Al encuentro asistieron representantes de organismos civiles de derechos humanos, como el director de Tlachinollan, Abel Barrera; el director del Centro Morelos, Manuel Olivares; el presidente del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz. Así como dirigentes de organizaciones sociales como Nicolás Chávez, de la Asamblea Popular de los Pueblos Guerrero (APPG), el consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán.
Los representantes de organismos civiles ofrecieron su respaldo a los periodistas. Barrera Hernández consideró que se debe elaborar un informe de agravios a periodistas en Guerrero para el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y a la CIDH.
Olivares Hernández dijo por su parte que “es necesario que defensores y periodistas unan fuerzas para enfrentar la embestida del Gobierno del Estado”. En tanto, el director del CCTI, Díaz Taboada, dijo que se pretende con este ambiente de agresiones a la prensa miedo para que se recurra a la censura y Chávez Adame pidió que periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales se unan para defender la libertad de expresión.
Presidieron la asamblea los reporteros de La Jornada Sergio Ocampo y Margena de la O, y el corresponsal de El Universal, Arturo de Dios Palma y asistieron entre otros Jesús Guerrero, Beatriz García, Jonathan Cuevas, Kau Sirenio, Hercilia Castro, Yener de los Santos, Ulises Domínguez, Vania Pigeonutt y Marlen Castro.

 

“Hay un problema muy marcado” detrás de la ola de violencia en la capital, afirma Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó que detrás de la ola sangrienta y ejecuciones desatadas en Chilpancingo en los últimos dos días, “hay un problema muy marcado”, por lo que el sábado hubo una reunión de emergencia entre la Defensa Nacional y el gobierno del estado, que seguramente habrá otra hoy.
Parco, aseveró que esto deviene porque “hay una confrontación muy fuerte entre grupos delincuenciales de Chilpancingo”, que se disputan la plaza en la sede de los poderes en la entidad, donde los registros de asesinatos dan cuenta de ejecuciones y cuerpos desmembrados, que por igual se presentan en Acapulco.
En cuanto a los señalamientos del fiscal Javier Olea Peláez, presentados la noche del miércoles en el noticiario En Punto, de Televisa, donde señala que “El Tequilero número uno se llama Saúl Beltrán Orozco (…) pero tiene fuero” y por eso no lo puede detener, el mandatario estatal opinó que el fiscal sólo habló de una línea de investigación.
“Yo creo que dio a conocer una línea de investigación frente a un grupo de ciudadanos de San Miguel Totolapan y esa línea, por supuesto, también tiene otras ligas. Hay que recordar que hay una investigación, una averiguación, una carpeta y una orden que liberó una juez de Arcelia. Todo esto está vinculado y lo que hizo el fiscal fue decirlo públicamente, eso es lo que yo creo”.
De la locutora amuzga, Marcela de Jesús Natalia, agredida con arma de fuego a la salida de la emisora del gobierno del estado Radio y Televisión de Guerrero en Ometepec, informó que es atendida en el Hospital General de Acapulco y dijo que afortunadamente, dentro de la tragedia que se vivió en su caso la mañana del viernes, ese día un helicóptero del gobierno del estado se encontraba en esa ciudad, de inmediato la trasladaron y fue atendida, por lo que no requirió operación.
“Está en terapia intensiva, podríamos decir, estamos en espera de su reacción, ojalá y salga delante, tiene todas las atenciones y se cumplieron rápidamente los protocolos de atención”, expresó, y dio a conocer que hay líneas de investigación, “no las podría yo dar, pero el fiscal está trabajando de manera rápida en torno a algunos acontecimientos que sucedieron alrededor de ella, entonces esperamos tener alguna información pronto”.
Astudillo Flores estuvo de visita este domingo en la ciudad platera y antes realizó una supervisión del camino que comunicará a las comunidades de San Andrés, San Gregorio y San Francisco Acuitlapán, pertenecientes a Taxco y Tetipac.
En Taxco, hizo un recorrido por la planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en Pichahua, parte baja de la ciudad, la cual tuvo una inversión de poco más de 100 millones de pesos. Ahí se dio a conocer la sectorización del sistema de agua potable en una primera etapa, la rehabilitación de los equipos de bombeo eléctrico y mecánico de Chontalcoatlán, la regularización del padrón de usuarios, entre otras obras en las comunidades de Tlamacazapa, Acuitlapán, Taxco el Viejo y Acamixtla, con una inversión cercana a los 240 millones de pesos.
Acompañado de su esposa, la presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo, y funcionarios de su gabinete, además del alcalde, Omar Jalil Flores Majul, y el diputado federal, Salomón Majul González, entre otros alcaldes de la región, entregó también apoyos de fertilizante y del programa Más Maíz, apoyos a empresarios de la masa y la tortilla, sillas de ruedas, bastones, despensas y paquetes de pequeños cerdos a los que se observó recibieron maltrato por parte de los responsables de cuidarlos y hacer la entrega.
Ahí, uno de los invitados fue el comediante El Costeño, quien improvisó sobre el acto y la clase política, y cuestionó la corrupción de “funcionarios menores” que no atienden bien a la gente.

Denuncia reportera de El Sur agresión de una asistente de la Secretaria de la Mujer

Señor director:

Me dirijo a usted y a los lectores de El Sur para hacer pública la agresión que este viernes recibí por parte de una de las asistentes de la titular de la Secretaría de la Mujer, Rosa Inés de la O García, de quien desconozco su nombre y por qué actuó de esa manera.
Al concluir la inauguración Movilidad en Guerrero en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Guerrero, le pregunté a la funcionaria su postura sobre los 18 asesinatos de mujeres que hubo en el mes de mayo; una de las asistentes que la acompañaban al escuchar la pregunta intentó bloquearme, se metió en medio de la titular y me empujó para que no siguiera cuestionándola.
Posteriormente, la misma empleada jaló del brazo a Rosa Inés de la O García y le dijo que tenía una llamada telefónica. Esperé a que la titular colgara y le repetí la pregunta. La mujer que me empujó sacó su celular y comenzó a tomar fotografías de mi rostro.
La actitud intimidatoria de esta persona se da en un contexto de agresiones hacia periodistas y mujeres; pero además es preocupante porque lo hizo en presencia y con la complacencia de la titular de la Semujer, quien no hizo algo para evitarlo, como si esas fueran sus indicaciones.
Por eso temo por mi integridad física, porque no sé con qué propósito utilicen mis fotografías, por lo que las hago responsables a ambas de lo que me pueda pasar.
Este viernes, el gobierno que encabeza Héctor Astudillo Flores realizó una reunión de avances del Mecanismo de Protección a Periodistas en Palacio de Gobierno. Por un lado las autoridades hablan de protección, cuando sus propios funcionarios permiten las agresiones a periodistas.

María Avilez Rodríguez
Reportera

Repudian 150 reporteros la agresión a colegas y exigen garantías de seguridad para su oficio

Más de 150 reporteros locales y corresponsales nacionales condenaron este domingo la agresión que sufrieron siete periodistas la tarde del sábado en la región de Tierra Caliente, por un grupo de la delincuencia organizada, y exigieron a los gobiernos federal y estatal que cumplan su obligación de garantizar la seguridad y el libre tránsito “y podamos vivir en la normalidad, circular por las carreteras sin el temor de ser víctimas de esos grupos criminales, que mantienen como rehenes a los guerrerenses”.
Exigieron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores que activen protocolos de seguridad para los siete periodistas, ante las amenazas que recibieron por el grupo delincuencial, y criticaron el hecho de que hayan sido agredidos y robados en medio de dos retenes del Ejército mexicano, lo que refleja que esos grupos se mueven con total impunidad y la convivencia entre las fuerzas de seguridad y los grupos del crimen organizado.
Mientras tanto, el gobierno del estado confirmó mediante un boletín que la agresión a los reporteros fue cometida “por individuos que se presume son integrantes de la Familia Michoacana”, y la Procuraduría General de la República (PGR), informó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) inició una carpeta de investigación sobre esos hechos.
El mediodía de este domingo, unos 30 reporteros locales y corresponsales nacionales se concentraron al pie de la estatua a José María Morelos, en donde leyeron un pronunciamiento y señalaron que lo ocurrido a los siete reporteros refleja una ausencia de garantías para el desarrollo de su trabajo periodístico.
El sábado, los reporteros Sergio Ocampo, Alejandro Ortiz, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Jair Cabrera, Hans Musielik y Pablo Pérez García, acudieron a cubrir los hechos de violencia en Tierra Caliente y cuando regresaban a Chilpancingo, un kilómetro antes del retén militar y policial cerca del crucero de Acapetlahuaya, fueron detenidos por un centenar de hombres armados, que los despojaron de una camioneta propiedad de Sergio Ocampo, sus equipos de trabajo, celulares y dinero en efectivo.
Después, los obligaron a subirse a una de las dos camionetas en las que viajaban y les advirtieron que si los denunciaban en el retén militar que estaba adelante, los iban a quemar con todo y la unidad, pues les advirtieron que en el retén militar tenían un halcón que iba a vigilar sus movimientos.
Los periodistas denunciaron que estos hechos atentan contra la libertad de expresión y que pusieron en riesgo la integridad física de los siete reporteros.
“Reporteros de Guerrero y del país expresamos nuestra condena y rechazo a esos hechos lamentables. Subrayamos que esos grupos criminales se mueven con total impunidad y nos parece extraño que hayan actuado con total anarquía en medio de dos retenes del Ejército mexicano, lo que confirma la convivencia entre las fuerzas del orden y esos grupos del crimen organizado”, dice el escrito.
Consideraron que es grave, también, que ante esos acontecimientos las autoridades federales y estatales no actuaron siguiendo un protocolo de búsqueda, localización y protección de los periodistas, “por el contrario, generaron falsos rumores de que los compañeros venían en camino resguardados, lo cual no fue cierto. El traslado fue por su cuenta y llegaron solos a esta capital”.
Recordaron que México se ubica entre los países donde ejercer el periodismo es un grave riesgo y que en Guerrero en febrero del año pasado asesinaron en Taxco a Francisco Pacheco Beltrán y en marzo de este año a Cecilio Pineda Birto, en Ciudad Altamirano.
Denunciaron que en ambos casos las autoridades se comprometieron a resolverlos y castigar a los responsables, lo cual no se ha cumplido.
Hicieron un llamado a los periodistas y a la sociedad para que estén observantes de estos hechos, no permitir una agresión más a la libertad de expresión y el derecho a tener una sociedad informada.
Exigieron garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho que tiene la sociedad a estar informada.
Mientras tanto, la PGR informó que la Feadle inició una carpeta de investigación por la agresión a siete periodistas de diversos medios de comunicación.
“Desde ayer (el sábado), la Feadle contactó directamente a los comunicadores afectados, al tiempo en que coordinó acciones con las autoridades estatales para iniciar la investigación de los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan”, informó la dependencia en un escrito.
También informó que junto con la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se dará seguimiento a la situación de los periodistas agredidos.
El gobierno del estado aseguró, en un boletín, que desde el momento que se conocieron los hechos se activaron mecanismos de búsqueda y localización, y que la Secretaría de Protección Civil del Estado movilizó dos vehículos, el primero partió de Iguala hacia Teloloapan y el otro de Teloloapan hacia a Iguala.
“Al saber que por sus propios medios habían llegado a Chilpancingo, autoridades federales, estatales y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se entrevistaron con ellos, para ofrecer su apoyo y activar mecanismos de protección a periodistas”, dice boletín.
Confirmó que el grupo de comunicadores fueron detenidos y asaltados por individuos, “que se presume son integrantes de la Familia Michoacana”.

Les avisaron que ya íbamos

Durante la concentración de los periodistas en el Zócalo de la capital, uno de los periodistas agredidos, Sergio Ocampo, dijo que los delincuentes que los ultrajaron estaban predispuestos y que le da la impresión de que, “les avisaron que ya íbamos”.
Contó que la situación fue traumante cuando uno de los pistoleros apunto su arma corta hacia la cabeza de Hans Musielik.
“Lo que se nos hizo extraño es que antes estaba un retén del Ejército y hasta platicamos con los soldados, que nos preguntaron que a qué fuimos y les contamos todo”, dijo. Añadió que aproximadamente a un kilómetro de allí estaban los civiles armados y más adelante, a otro kilómetro, había otro retén del Ejército.
“Eran puros chavos, algunos hasta se estaban drogando enfrente de nosotros. No nos golpearon, la verdad, pero sí nos trataron con palabras fuertes. Nos dijeron: ‘órale, bájense cabrones, qué andan haciendo’”. Detalló que un niño de aproximadamente 13 años encabezó el comando que bajó todas sus pertenencias de los vehículos y les exigió sus carteras, “fue evidente que iban sobre el equipo, sobre la información”, explicó.
Informó que en el lugar estuvieron de 15 a 20 minutos y que al final le ordenaron que dejara su camioneta, una Patriot Jeep azul, y los obligaron a subirse todos a la otra camioneta roja para que abandonaran la zona, “¿o la van a hacer de tos? Si no se van aquí las quemamos las dos y se van a pie”, advirtió uno de los pistoleros.
Añadió que quien aparentaba ser el jefe les advirtió que si decían algo en el retén del Ejército que estaba adelante, “vamos a ir y nos los vamos a comer vivos”.
Insistió que ya sabían que iban a pasar, porque en cuanto los vieron pusieron palos y piedras en la carretera, para bloquearles el paso. Además, explicó que los dos vehículos en que viajaban llevaban la leyenda de prensa.
Dijo que está seguro que la intención fue quitarles el material periodístico que traían, porque antes habían pasado otros tres retenes aparentemente de la misma gente y que en todos les tomaron fotos y los filmaban, “yo creo que sí, su objetivo era el material que traíamos, porque nos anduvieron vigilando”, dijo.

No hay ningún proceso contra maestros por agresión a personal de la SEG, dice funcionario

El director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Abraham Godínez Maldonado, le informó a la Dirección Colectiva de La Montaña baja que no hay ningún proceso en contra de sus seis integrantes, acusados de agredir a trabajadores de la Dirección General de Administración de Personal y de la Subdirección de Pagos, durante una protesta el 9 de noviembre pasado.
A los maestros agremiados en la Dirección Colectiva de La Montaña baja, Marcelo Guillén Cruz, Héctor Bartolo Casarrubias, Armando Loreto Nejapa, Raúl Crispín Linares Rojas, Olga María Casarrubias Mora y Alejandro Francisco Jacinto, se les responsabilizó de la agresión a los trabajadores y por ello se les retuvieron las dos quincenas de noviembre, de las cuales ya se les pagó la primera.
Una comisión de la Dirección Colectiva se reunió con Godínez Maldonado este lunes en las oficinas alternas de la SEG, ubicadas en la colonia Burócratas, en la capital, para discutir la situación jurídica de los seis integrantes de la organización y la solicitud de cambio de adscripción de dos maestros.
En declaraciones luego de la reunión, Casarrubias Mora dijo que Godínez Maldonado informó que no hay procesos jurídicos en contra de los seis acusados, por lo podrán seguir trabajando de manera normal y que en el transcurso de esta semana se les pagará la segunda quincena de noviembre que se les retuvo.
También se discutió el caso de dos maestros de preescolar que laboran en escuelas de la comunidad Hueycantenango, municipio José Joaquín Herrera, que solicitaron su cambio de adscripción por la inseguridad.
Precisó que el cambio de adscripción por inseguridad se argumentó porque desconocidos asesinaron al esposo de una maestra y un profesor tuvo una discusión con el director del plantel, lo que terminó en agresión física, por lo que la Unidad de Asuntos Jurídicos les entregó dos dictámenes en los que se resuelve la solicitud de cambio a favor de los afectados, de manera que su trámite se agilice.
Por otra parte, dijo que la solicitud de 93 maestros que hacen falta en 25 escuelas de La Montaña baja se resolverá en otra reunión que se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre y que la Dirección Colectiva espera que las autoridades actúen en beneficio de los alumnos y padres de familia.

Denuncian agresión contra un opositor a la asamblea para elegir comisariado de Cacahuatepec

Comuneros del poblado de Parotillas denunciaron que integrantes del Consejo de Vigilancia, que supuesçamente ganaron la elección de Comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, agredieron a uno de los habitantes que firmó la demanda de nulidad de la asamblea.
El comunero Antonio Bailón denunció la agresión por parte del presidente del supuesto Consejo de Vigilancia, Mauricio Velarde Hernández, quien junto con su hermanos intentaron golpear a Simón Cruz, actual comisario municipal de Parotillas.
En una llamada a El Sur, Antonio Bailón explicó que a las 7 de la noche del sábado, Mauricio Velarde y su hermano pasaron por la casa de Simón Cruz, se bajaron del vehículo en el que iban y empezaron a agredirlo, reclamándole de ser uno de los que se opone a las autoridades comunales supuestamente elegidas en asamblea el pasado 14 de julio.
Antonio Bailón expuso que Mauricio Velarde, junto con su hermano y el tesorero del comisariado, José de Jesús Elasio, tomaron medidas a terrenos ubicados entre las comunidades de Parotillas y La Concepción, y se enteraron de que estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas. No alcanzaron a golpear a Simón Cruz porque intervino la familia de este.
“Al verlo se acordaron que firmó la denuncia y le quisieron reclamar, andan molestos porque los demandamos pero nosotros los invitamos a un diálogo y no han hecho ningún intento ellos”, señaló el comunero.
Agregó que esperan que razonen, que aún quedan días para la audiencia, que será el 17 de noviembre en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 41, donde pusieron la denuncia de nulidad de la asamblea. “Queremos platicar para que se normalice todo, lo que ellos hicieron es un insulto a los comuneros, una falta de respeto”.
Un grupo de comuneros inconformes, entre ellos Simón Cruz, firmaron la demanda de nulidad de la asamblea en la que se eligió supuestamente a las actuales autoridades comunales y en la que firmaron 53 personas de las más de 7 mil que están inscritas en el padrón de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.

Exige el PAN que se aclare el asesinato; es una agresión a la sociedad, señala

 

Las dirigencias estatales del PAN y del PRD coincidieron en que la violencia ha llegado a
índices preocupantes que empiezan a afectar a los ciudadanos y no simplemente a
quienes estén vinculados con el crimen organizado; por lo que el gobierno del estado debe
asumir su responsabilidad y atacar de fondo el problema; sin embargo pidieron que el
asesinato del diputado local José Jorge Bajos Valverde no sea utilizado como bandera
política, porque dijeron que no es tiempo de pedir la destitución de nadie.
A unas horas del crimen de Bajos Valverde, dos de las principales fuerzas políticas de la
entidad fijaron su postura sobre este caso y sobre la inseguridad.
Ambas dirigencias expresaron sus condolencias a la familia del diputado panista
asesinado y no se aventuraron a delinear algunas hipótesis del fondo de este crimen
ocurrido en el puerto de Acapulco.
Que sea hecho aislado y no un plan para desestabilizar: PRD
El presidente del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, no dudo en manifestar que el crimen
del legislador “es un muy mal mensaje para Guerrero, porque hasta ahora se habían
suscitado crímenes entre personajes presuntamente involucrados en el narcotráfico y no
se había dado un crimen de esa naturaleza y los que se habían dado aislados, que han
sido malos de todas maneras, pero no de la naturaleza y el grado como el del diputado”.
Dijo que el crimen de José Jorge Bajos Valverde escapa de las dos posibilidades de que
se trate de un crimen con tintes de robo o que se vincule al crimen organizado, “porque
quienes lo conocían de cerca no creen que sea así”.
“Es grave que haya sido asesinado, de pronto esto puede traer un mensaje de silenciar
voces e impedir un trabajo político, porque se pone en riesgo la vida de los actores
políticos, que estarán sujetos, a expensas y la vigilancia de ciertos intereses que es muy
grave y por tanto le pido al gobierno del estado y en particular a la Procuraduría que pongan
todo el empeño y el interés para que se esclarezca el asesinato”.
Se le cuestionó que si se trataba de desestabilizar la vida política de la entidad, y dijo que
“no quiero adelantar ninguna situación, tenemos que conocer las hipótesis oficiales y no
me aventuraría a hacer ninguna afirmación”.
Se le preguntó sobre el clima de impunidad que se vive en Guerrero, pues se le recordó
que ninguno de los crímenes del fuero común han sido esclarecidos. Dijo que el PRD ha
planteado la revisión de ciertas áreas del gobierno del estado y su funcionamiento, “lo
hemos planteado desde antes seguridad, procuración, derechos humanos y salud, que
hay cuentas pendientes que saldar con Guerrero y que vale la pena analizar.
Es obligación del gobierno esclarecer el crimen: PAN
El secretario general del PAN, Ramiro Arteaga Sarabia, aseveró que ese asesinato es “un
hecho lamentable que por su propia naturaleza es aberrante de que se haya arrancado la
vida de una persona que se entregó en cuerpo y alma a su trabajo como diputado, así lo
hizo el último día al tratar de informar a la sociedad del trabajo que hicieron”.
Afirmó que el clima de impunidad en Guerrero “se siente entre los ciudadanos y sobre todo
la impotencia ante un problema que vivimos y no es porque haya sido asesinado al
compañero diputado, José Jorge Bajos, toda la sociedad tiene esa sensación de
impotencia e inseguridad, veíamos que la violencia era en aquellos que tenían una
actividad ilícita y esto es un agravio para la sociedad, porque este legislador llegó al PAN
por sus antecedentes como dirigente de un sector importante del puerto de Acapulco”.
“Más allá de este artero asesinato, es una agresión contra la sociedad y no puedo exigir
nada a las autoridades algo que de suyo saben que lo deben de hacer, es su obligación, lo
que digamos está de más. No podemos y no vamos a retomar este asunto como una
bandera política y hacernos de promoción, lo que sí buscamos es que haya
esclarecimiento y que las autoridades deben de actuar”, añadió.
Ramiro Arteaga dijo que a su partido no le queda otra “cosa más que confiar en nuestras
autoridades, en su momento se les va a llamar a rendir cuentas a los funcionarios que
están encargados en las áreas de seguridad y procuración de justicia donde tendrán que
responder y queremos darles un voto de confianza para que puedan actuar e investigar”.
CETEG: la pasividad con la que actúa la Procuraduría, causa de la inseguridad
El secretario de Organización en Acapulco de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de
la Educación en Guerrero (CETEG), Román Meinardo López Pachuca, lamentó el asesinato
del diputado Jorge Bajos y se quejó que la inseguridad en la entidad la propicia la
Procuraduría debido a la pasividad con la que investiga los delitos que en su mayoría
quedan en la impunidad.
López Pachuca insistió en que las autoridades federales y estatales deben dar con los
culpables para que estos hechos de violencia no se queden “congelados”.
Aunque lamentó el crimen, afirmó que la sociedad está en un “contexto de inseguridad que
a lo mejor las mismas autoridades del estado propician”.
“Deben de hacer las investigaciones pertinentes y arrestar a los verdaderos culpables,
darles castigo apegado a la ley y a los derechos correspondientes”, comentó.
Asimismo consideró que se debe de dejar de lado el influyentismo y otorgar cargos a gente
profesional y responsable en la Policía Ministerial y en las agencias del Ministerio Público.