El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó el sábado por la noche los topes máximos de gastos de precampañas para los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes para el proceso electoral de diputaciones locales y ayuntamientos 2023-2024.
En sesión virtual, el consejero, Amadeo Guerrero Honofre conminó a los aspirantes a no rebasar estas cantidades, con la advertencia de que pueden ser sancionados con la negativa del registro de la candidatura si son rebasadas.
Precisó que el monto corresponde al 20 por ciento del tope de gastos de campaña de la elección anterior, en este caso, del proceso electoral 2020-2021. Para los ayuntamientos el monto más alto es los 847 mil 113 pesos en Acapulco, y el más bajo 6 mil 645 pesos, en Atlamajalcingo del Monte.
Añadió que, para los nuevos municipios de Las Vigas, Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, y Ñuu Savi, y de donde se segregaron, San Marcos, Malinaltepec, Cuajinicuilapa y Ayutla de los Libres, respectivamente, se analizaron las condiciones geográficas, habitantes, densidad demográfica y la nueva distritación.
Así, mientras el tope máximo de Cuajinicuilapa ahora es de 104 mil 949 pesos, en el nuevo municipio de San Nicolás, es de 28 mil 350; en San Marcos es de 219 mil 609 pesos, y en el nuevo municipio de Las Vigas, es de 55 mil 556 pesos; en Malinaltepec es de 114 mil 659 pesos, en Santa Cruz del Rincón, es de 27 mil pesos. El tope de Campaña del municipio Ñuu savi es de 50 mil 808 pesos.
Recordó que Ayutla de los Libres se rige por sistema normativo propio, no tiene gastos de precampaña ni campaña.
Se aprobó una modificación a los Lineamientos para el registro de candidaturas, para el proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024, en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero TEE/RAP/013/2023, para que los partidos postulen candidaturas indígenas o afromexicanas en seis de los ocho distritos electorales que concentran 40 por ciento o más de población originaria.
La consejera Susana Cayetano Solano consideró que la sentencia les permitía tener una acción afirmativa más específica y emitió un voto concurrente a favor.
Además, se presentó un informe sobre el avance en el diseño, implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares en el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024.
El presidente municipal Godolfredo Avilez Mendoza (cuarto de izquierda a derecha) flanqueado por su sindica procuradora, Fabiola Oropeza Calderón y sus regidores Lázaro Rea Basurto, Angelina Jesús García, Nabor Jinete Piza, Maria Manzanarez Castro y Carmen Castro Rojas, toman protesta ante el pleno del Congreso para encabezar el Ayuntamiento Instituyente del municipio de Santa Cruz del Rincón Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El pleno del Congreso local aprobó solamente la integración del Cabildo instituyente de Santa Cruz del Rincón, y continúan pendientes los de Las Vigas y San Nicolás por falta de acuerdos para modificar las planillas aprobadas por las comunidades que integran las nuevas demarcaciones.
Ayer hasta minutos antes de las 7 de la noche inició la sesión que se realizó de manera mixta, ya que varios de los diputados se conectaron y votaron de manera virtual después de la amenaza de promotores de Santa Cruz del Rincón de tomar el Congreso si se modificaba la planilla.
Finalmente se aprobó con 42 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la planilla propuesta encabezada por Godofredo Avilés Mendoza como presidente municipal; Fabiola Oropeza Calderón, como síndica procuradora, y como regidores Lázaro Rea Basurto, Angelina Jesús García, Nabor Jinete Piza, María Manzanares Castro, Carmen Castro Rojas y Felícitas Medel Agustín.
Después de que se leyó en dictamen, en tribuna el diputado Alfredo Sánchez Esquivel pronunció la supuesta postura de un hijo de una de las víctimas del accidente en el que fallecieron promotores del municipio de Santa Cruz del Rincón.
Ahí el ex presidente de la Jucopo que fue reemplazado por Yoloczin Domínguez Serna, quien también fue expulsado de Morena y sancionado por cometer violencia política de género en contra de su sucesora, dijo que hay quienes “se suben a la tribuna y se marean, se confunden”.
Sánchez Esquivel insistió en que el Congreso local no atendió a los promotores de los nuevos municipios, y que ese fue el motivo por el cual el 22 de agosto regresaron tarde a sus poblaciones, traslado en el que se accidentaron y murieron “hay quienes intentan minimizar sus muertes, deshonesto, ruin e inhumano es que desconozcamos la realidad social de Guerrero”.
Alfredo Sánchez insistió en señalar en tribuna que el accidente y muertes de los promotores fueron responsabilidad de quienes no los atendieron, y pidió un minuto de silencio por los tres fallecimientos.
En seguida, el perredista Bernardo Ortega Jiménez pidió la palabra, calificó como “tortuoso” el proceso de designación de los cabildos instituyentes de los nuevos municipios, y lamentó también la muerte de los promotores de Santa Cruz del Rincón.
Sin embargo, dijo que eso sucedió porque “lamentablemente a esa gente la manipularon y eso no se vale, yo creo que como representantes populares la gente confió en nosotros para decirles la verdad, hablarles con la verdad y para protegerlos, no para proteger intereses solamente personales”.
Dijo que el Congreso local no tiene responsabilidad en lo ocurrido, y que lo que sucedió es que “alguien les mintió, les dijo que vinieran, y ellos como interesados y con justa razón vinieron a ver qué pasaba”.
Después, el también perredista Carlos Reyes Torres subió a tribuna a responderle al diputado Alfredo Sánchez, porque dijo que sus palabras “lastiman a las y los diputados, y lastiman a miles de familias diputado (…) yo creo que hablar aquí de que hay responsabilidad y lucrar o intentar lucrar con la muerte de estas personas, de este lamentable accidente, no se me hace ni digno ni sano”.
Reyes Torres acusó a Sánchez Esquivel de tratar de aprovechar “para verse bien políticamente con algo tan lamentable, a mi ahí si se me hace ruin, porque usted manejó la palabra ruin… se me hace muy ruin que se trate de sacar provecho político por un lamentable accidente”.
Le dijo a Sánchez Esquivel que miles de ciudadanos no son atendidos por los gobiernos municipales, estatales, federales y por los congresos, porque aseguró que es imposible atender a todos, “y si le pasa algo a quien viene a verte, si tiene un accidente, pues no es responsabilidad del funcionario público con todo respeto”.
Y sugirió que la postura de Alfredo Sánchez se debe a posiciones encontradas o diferencias al interior de su fracción parlamentaria “pero entiendo la política de otra forma, la entiendo que se trabaja con respeto hacia tus pares”, finalmente le pidió que deje de hacer ese tipo de señalamientos.
Después, el priista Héctor Apreza Patrón llamó a respetar los derechos y libertades de los pueblos indígenas y afromexicanos que decidieron quienes integrarían los cabildos instituyentes.
Envía la gobernadora dos iniciativas preferentes, incluida la Ley de austeridad
En la sesión también, la Mesa Directiva dio lectura de dos oficios signados por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, mediante los cuales remitió una iniciativa preferente de Ley de Gobernanza Digital del Estado de Guerrero.
También, la gobernadora solicitó al Congreso local que la iniciativa de Ley de austeridad del estado que envió desde el 8 de septiembre de 2022 se le dé preferencia.
“Sea considerada con carácter de preferente para los efectos administrativos y legales que esto implica” pidió Evelyn Salgado después de que su propuesta ha estado en la congeladora del Poder Legislativo durante todo un año.
Esta iniciativa debió dictaminar la Comisión de Justicia, pero no lo hizo, sin embargo, al adquirir el estatus de “preferente” esta propuesta debe ser aprobada antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.
La Comisión de Justicia está integrada por el priista Jesús Parra García como presidente, como secretaria la morenista Beatriz Mojica Morga y los vocales Bernardo Ortega Jiménez, Estrella De la Paz Bernal y Ana Lenis Reséndiz Javier, del PRD, Morena y PAN respectivamente.
La diputada local priísta, Julieta Fernández Marquez y el morenista, Macedonio Mendoza Basurto votan en contra del dictamen para adicionar los artículos 13 TER y 272 TER a la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El pleno del Congreso local aprobó por mayoría de votos las reformas para establecer las reglas de las candidaturas indígenas y afromexicanas, y por unanimidad una serie de reformas también en materia electoral, incluida la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores hacia las mujeres.
En la primera sesión se realizó la lectura de los dictámenes de reformas en materia electoral, una relacionada a las candidaturas indígenas y afromexicanas y otro dictamen que incluyen diversas reformas a partir de diversas iniciativas entre ellas la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores, y la relacionada a acciones afirmativas a grupos vulnerables.
Ya en la segunda sesión, estos dictámenes pasaron a discusión y votación. El único diputado que argumentó su voto en contra fue el morenista Masedonio Mendoza Basurto, porque consideró que no se reconocen sus sistemas normativos.
“La lucha por la memoria de nuestros ancestros, ha sido hasta hoy la lucha por nuestros derechos, y en ello estriba el reconocer legalmente a sus sistemas normativos, justamente esto ha sido la forma en que hemos subsistido de todas las vejaciones que hemos padecido de forma legal”, dijo el diputado indígena.
Se refirió a las reformas electorales aprobadas ayer “que pareciera que hacen más fácil nuestra inclusión, pero a su vez facilita el hecho de corromper a las autoridades que podrían brindarnos la legitimación política que necesitamos para participar en los ejercicios electorales”, en referencia a que se faculta al comisario ejidal, comisario o el presidente municipal para expedir constancias de adscripción y que no será la asamblea la que apruebe y reconozca a un ciudadano para que este se pueda postular como candidato indígena.
Destacó también que en la legislación aprobada se establece que para la postulación de candidaturas y para el registro de las fórmulas para diputaciones basta con ser “de origen indígena” y no se limita a establecer que sean indígenas, con lo que se puede argumentar tener un origen en estas poblaciones a pesar de estar desvinculadas de éstas.
“De esta manera -y con mucho respeto- cualquier criollo y mestizo puede representar a las y los hermanos indígenas, eso compañeras y compañeros diputados es una invasión legal a la legítima autoadscripción que realizamos las personas que tenemos una ascendencia como tal”, explicó.
El diputado recordó en tribuna que los pueblos indígenas han tomado sus decisiones y resoluciones “sobre los ejercicios democráticos que los atañen, bajo una figura que tiene nombre y apellido y esto es precisamente la constitucionalmente reconocida figura de la asamblea comunitaria”.
Y señaló que en el cuerpo del dictamen “se pondera una propuesta emanada de la consulta, pero en la propuesta de reforma sencillamente no tomó en cuenta: ¿será que en esta consulta no existieron actas suficientes de asambleas comunitarias para motivar su inclusión?”.
Planteó que el trabajo de los diputados es garantizar que los pueblos puedan elegir a sus representantes y que estos ya no sean al “capricho de unos cuantos que con el paso del tiempo son esa pequeña “oligarquía” que tanto daño le hizo a este país y a este estado”.
Finalmente dijo que “pareciera que el IEPC, la comisión dictaminadora y nosotros como Congreso simplemente simulamos una consulta, por lo que no extrañe que podríamos estar a las vísperas de otra nueva controversia constitucional… al tiempo”.
Estas reformas fueron aprobadas por mayoría de votos; en contra votaron los diputados Mase-donio Mendoza Basurto y la priista Julieta Fernández Márquez, y se abstuvieron los morenistas María Flores Maldonado y Antonio Helguera Jiménez.
Homologan Ley 3 de 3
Mientras que en las reformas para homologar la Ley 3 de 3 que suspende los derechos políticos y electorales de los agresores hacia las mujeres, se estableció que el aspirante a candidato no deberá tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra el libre desarrollo de la personalidad, contra la libertad sexual y el desarrollo psicosexual, contra la libertad personal, ni delitos cometidos en contra de un integrante de la familia, ni por discriminación contra la dignidad de las personas.
Los aspirantes no deberán estar inscritos en ninguno de los registros nacional, estatal o de otra entidad federativa como deudores alimentarios, ni ser personas sancionadas o inhabilitadas para el servicio público.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Gabriela Bernal Reséndiz señaló que los derechos ganados por las mujeres y los grupos minoritarios representan un avance en la construcción de una democracia paritaria e inclusivas, y también para que los espacios de poder se blinden ante los agresores de niñas y niños y reconoció a las activistas por esta lucha.
Las otras reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado que fueron aprobadas por unanimidad establecen que los partidos políticos postulen como candidatos a personas de la población LGBTTTIQ+ en cualquiera de los 28 distritos electorales y dentro de las nueve primeras posiciones, además de una fórmula de personas con discapacidad.
También se concretó la modificación para establecer que el órgano interno de control del IEPC estará inscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General.
Después de iniciada la segunda sesión, la presidenta de la Mesa Directiva la perredista Yanelly Hernández Martínez decretó un receso de media hora sin mencionar el motivo, pero este fue el festejo de cumpleaños que le realizaron con comida al interior de la sala de los próceres José Francisco Ruiz Massieu. A esta sala llegaron diputados de Morena, del PRD y PT ahí se sirvieron platos con relleno de puerco y mixiotes de res, una hora después, la sesión continuó.
Por unanimidad, el pleno del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó el informe de la consulta a pueblos indígenas y afromexicanos en materia electoral, que será remitido al Congreso local para realizar reformas a la ley y establecer las reglas con las que se garantizará a estas poblaciones su participación en el proceso electoral 2023-2024
Entre las principales reformas se plantea que únicamente las asambleas comunitarias -y no alguna institución del Estado- pueden emitir las constancias de autoadscripción o vínculo comunitario, con la que los candidatos indígenas o afromexicanos podrán registrarse.
Además deberán acreditar su vínculo con la comunidad con su acta de nacimiento; y se plantea bajar del 40 al 30 por ciento de población indígena o afromexicana para determinar que se deben postular candidatos de estas poblaciones.
La consulta es para realizar las reformas a los artículos 13 Bis y 272 Bis de la ley 483 de Instituciones Procedimientos Electorales del estado, en la que participaron mil 135 autoridades de las comunidades, delegaciones y colonias.
En la sesión del Consejo General que se realizó de manera virtual, el presidente de la Comisión Especial de Sistemas Normativos Internos del IEPC, Edmar León García, dijo que se consultó a 2 mil 532 comunidades en las que tuvieron intérpretes y traductores para cumplir con el principio de “culturalmente adecuada”.
Destacó también la participación en la etapa consultiva del 45 por ciento de las autoridades comunitarias convocadas.
De las 2 mil 532 autoridades comunitarias que participaron en las reuniones informativas solo 138, que son 13.2 por ciento fueron mujeres, 910 que representan el 86.8 por ciento fueron hombres.
Mientras que, en la fase consultiva, fueron convocadas 2 mil 532 autoridades y asistieron mil 135 que representan el 45 por ciento, de los cuales el 16 por ciento (182) fueron mujeres y el 84 por ciento (153) fueron hombres.
En este informe se apunta que en la para la fase previa se realizaron 29 reuniones, el mismo número para la fase informativa y 52 de la consultiva
Mientras que la consejera Dulce Villalobos Tlatempa confió en que los resultados que obtuvieron en esta consulta tengan finalmente “una materialización en la normativa que integrará la representación” de los pueblos consultados.
Los resultados
En el caso del artículo 13 Bis que se refiere a la postulación de candidaturas a diputaciones locales, se menciona en el informe que se está parcialmente de acuerdo con la iniciativa de reforma, pues se propone que en los ocho distritos electorales locales (de los 28 de Guerrero) identificados como indígenas, los partidos políticos registren y postulen de manera obligada a ciudadanos que se autoadscriban como indígenas” o, en su caso, se postulen en al menos seis distritos de manera obligada.
Se propuso que en el distrito 15 afromexicano, de manera obligada los partidos políticos registren y postulen candidaturas de ciudadanas o ciudadanos que se autoadscriban como afromexicanas.
Que las candidaturas indígenas y afromexicanas cumplan con la paridad; están de acuerdo en que se sigan usando los datos estadísticos INEGI, y que, por lo tanto, se actualicen los distritos catalogados como indígenas y afromexicanos, en función de los resultados de dicho censo.
Otra de las opiniones principales incluidas en este informe es que “se opinó que en la Ley debe establecerse la obligación de que se postulen personas indígenas, no a personas de origen indígena”.
Del artículo 272 Bis relacionado con las candidaturas a los ayuntamientos, se propuso que el porcentaje para determinar si en el municipio se deben registrar candidaturas indígenas o afromexicanas, sea requisito un porcentaje del 30 y no del 40 por ciento como actualmente se propone, y que “en su mayoría de registren y postulen ciudadanas y ciudadanos que se auto adscriban como indígenas”.
Se planteó que los cargos de presidencia, sindicatura y regidurías, se reserven la mitad indígenas, considerando la paridad de género, y “en menor medida” se solicitó la posibilidad que puedan reservarse más del 50 por ciento de cargos para los pueblos y comunidades indígenas.
En Juchitán y Azoyú, donde existe población indígena, se pueda tener un registro o espacios para ambas poblaciones, sin que se afecte el derecho de representación que tiene cada pueblo.
Respecto al vinculo comunitario y autoadscripción calificada en la consulta se opinó que quienes deben expedir la constancia para acreditar a una candidata o candidato como indígena o afromexicano, sea expedida por las autoridades comunitarias: comisarías, delegaciones o colonias, así como autoridades tradicionales de la comunidad de donde se adscriba la o el candidato.
También que ni el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ni la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEDEPIA) o alguna otra institución, tienen la facultad para expedir constancias de auto adscripción o vínculo comunitario, por lo que estas constancias no pueden ser utilizadas para el registro de candidatos.
Las constancias emitidas por las autoridades comunitarias deberán tener la validación o aprobación de la asamblea, “para evitar que pueda darse una constancia a quienes no cumplan con los requisitos internos de la comunidad: haber prestado servicio comunitario, ocupado cargos civiles, agrarios o tradicionales, trabajo colectivo en beneficio de la comunidad o participar en diversos comités y comisiones que existen en las comunidades indígenas y afromexicanas”.
Y que preferentemente la candidata o candidato que se postule como indígena, hable la lengua de su comunidad, además del español; que el IEPC revise las documentales o pruebas que se presenten para acreditación del vínculo comunitario o, en su caso, se realice alguna verificación de la expedición de la constancia por la autoridad que suscribe.
En el caso de las mujeres, priorizar los cargos tradicionales u otros en los que participen en sus comunidades de origen, debido a que la mayoría no realiza servicios comunitarios o de ser el caso, “se cuenta al hombre como cabeza de familia”.
También debe solicitar acta de nacimiento, constancia expedida por autoridades comunitarias y avalada por la asamblea, para que se acredite la pertenencia de la candidata o candidato a la comunidad indígena o afro, asimismo, que la persona viva en una comunidad de ese origen.
Integrantes de colectivos Lésbicos, Gay, Bisexual, Transexual, Intersexual, protestan durante la sesión del pleno del Congreso local en demanda de un parlamento de este sector Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El pleno del Congreso local aprobó con 33 votos a favor, ninguno en contra ni abstenciones, la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio público a quienes hayan cometido abuso sexual, ejercido violencia contra mujeres, o sean deudores alimentarios. En la Ley 3 de 3, con Guerrero suman 18 estados que avalaron esas modificaciones.
Al pleno se presentó el dictamen emitido por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos en el que se señala que la intención es evitar el empoderamiento de las personas que ejercen violencia en contra de otras, y se recordó que la violencia contra las mujeres está presente en todos los ámbitos sociales, económicos y políticos, por lo que se debe evitar que los agresores se constituyan en servidores públicos y autoridades con responsabilidades políticas y legales.
Por el grupo parlamentario del PRD, la diputada Patricia Doroteo Calderón fundamentó el voto a favor de los diputados perredistas. Dijo que estas reformas no son una ocurrencia ni una determinación a ultranza, al fijar en tribuna la postura perredista.
Al razonar el voto a favor de su grupo, expuso que la violencia de género, “incluyendo los asesinatos, secuestros, desapariciones y las situaciones de violencia doméstica e intrafamiliar no son “casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades”.
Pidió no anteponer intereses partidistas ante la defensa de los derechos y que a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), “se convoque a todas las fuerzas políticas que integramos esta legislatura para que se realicen las reformas que sean necesarias a nuestro marco legal y electoral, cumpliendo los plazos que nos permitan hacer las modificaciones y reformas”.
En el dictamen se plantea que “se trata de que los servidores públicos, en razón de las funciones que llevan a cabo, sean ejemplo para la sociedad y comprueben la idoneidad para desempeñar su labor, ya que el servicio público implica ofrecer un trato digno y respetuoso a todos los usuarios y tiene una connotación profundamente humana, pero también ética”.
Y que toda persona que se postule o acceda a un cargo, empleo o comisión pública cuente con un perfil orientado a respetar la vida, la salud, libertad, seguridad y el normal desarrollo sexual de las personas, los derechos político-electorales de las mujeres, y el derecho a los alimentos de los menores.
Reforma a Ley de Acuicultura y pesca
El Pleno del Congreso también aprobó por unanimidad un dictamen de reforma a la Ley de Acuicultura y Pesca Sustentable del Estado de Guerrero para impulsar esta actividad productiva de forma responsable con el medio ambiente, dirigiendo mayores recursos a pescadores y asegurando la inclusión de las mujeres y los grupos vulnerables.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón dijo que la iniciativa tiene la motivación de hacer que cientos de pescadores accedan a una mejor calidad de vida y, asegurar la autosuficiencia alimentaria del estado.
Se aprobó un exhorto al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que indemnicen o, en su caso, tomen acciones en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo del 7 de septiembre de 2021 en la unidad habitacional Pedregal de Cantaluna de Acapulco.
También una reforma a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado para incorporar la Unidad de Evaluación y Control (UEC), como un órgano de apoyo técnico especializado de la comisión legislativa de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, cuya encomienda será vigilar el estricto cumplimiento de las funciones de los servidores públicos de la institución fiscalizadora.
Es decir que la Comisión legislativa tendrá un órgano de apoyo técnico que vigilará el trabajo de la Auditoría Superior del Estado (ASE) el cual es precisamente el órgano técnico fiscalizador del Poder Legislativo.
Legislar gobiernos de coalición
En la sesión el diputado Ricardo Astudillo Calvo (PRI) presentó iniciativas de adición a la Constitución Política del Estado y a la Ley del Gobierno de Coalición del Estado para que se contemple la figura de los gobiernos de coalición, como un mecanismo que genere mayor gobernabilidad en la entidad.
La petista presidenta de la Comisión de Derechos Humanos presentó iniciativa de reforma a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado para incluir el principio de paridad y el lenguaje incluyente y no sexista en la redacción de este ordenamiento, que permita integrar a mujeres y hombres como sujetos de derechos y visibilizar a unos y otros en igualdad de circunstancias.
De Morena el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos para incentivar el aprovechamiento de residuos producidos por la industria, implementando la cultura del reciclaje, que mitigue las afectaciones al medio ambiente.
La diputada perredista Jennyfer García Lucena (PRD) propuso un punto de acuerdo para crear el Parlamento Incluyente de Personas de la Diversidad Sexual del Estado de Guerrero, que organizará el Congreso del Estado a través de la Comisión de Participación Ciudadana, en coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral, la Comisión de los Derechos Humanos y las secretarías de Educación y de la Juventud y la Niñez, propuesta que fue turnada a la Junta de Coordinación Política.
Mientras la diputada presentaba la propuesta, integrantes de colectivos Lésbicos, Gay, Bisexual, Transexual, Intersexual y más (LGBTI+) protestaron durante la sesión del pleno del Congreso local en demanda de un parlamento de este sector.
Los activistas estuvieron en el salón de plenos, en el área de galerías con pancartas en las que demandan que se realice el parlamento, tal como se realiza uno infantil, el juvenil, el de mujeres y de pueblos originarios organizados todos por el Poder Legislativo una vez al año.
Festejan cumpleaños a morenista
La sesión se interrumpió por casi una hora porque la mayoría de los diputados principalmente de Morena acudieron a la sala de los próceres José Francisco Ruiz Massieu a festejar el cumpleaños de la diputada de ese partido Jessica Alejo Rayo. La presidenta de la Mesa Directiva sólo informó al pleno que se declaraba un receso de media hora que finalmente fue de unos 50 minutos.
Después la sesión continuó, pero al final ya en el último punto del orden del día que era una intervención del perredista Ociel García Trujillo, este pidió que se realizará un pase de lista para confirmar que existiera quórum, pero solo estuvieron presentes 16 de los 46 diputados locales por lo que la presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez informó que la sesión “se declara concluida”.
Las diputadas de Morena Gloria Citlali Calixto; del PRI Gabriela Bernal y del PRD Patricia Doroteo con la titular de la Unidad para la Igualdad de Género del Congreso, Mayra Morales en conferencia de prensa sobre el Parlamento de Mujeres Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El Congreso local aprobó reformas y adiciones en las leyes de Hacienda del Estado de Guerrero y a la de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios, ambas para regular y cobrar un impuesto del 4 por ciento a quienes ofrecen el servicio de alojamiento turístico eventual de manera directa o a través de intermediarios, promotores, facilitadores o de plataformas digitales.
La sesión ordinaria de este jueves del pleno del Congreso local inició hasta minutos antes de las 3 de la tarde, porque esperaban a que sesionara la Comisión de Hacienda para aprobar la iniciativa preferente de la gobernadora para regular el servicio de alojamiento eventual, la llamada oferta extrahotelera, una añeja demanda de los empresarios de ese sector.
La Comisión de Hacienda sesionó con la presencia del presidente Bernardo Ortega Jiménez. También estuvieron Alicia Zamora Villalva, Beatriz Mojica Morga y José Efrén López Cortés, que son vocales, pero faltó el secretario Alfredo Sánchez Esquivel.
Finalmente, la sesión se realizó cuando ya se tenía el dictamen de esta comisión, y se pudo aprobar por unanimidad a pesar de la ausencia de la mayoría de los diputados del PRD. En el pleno solo estuvieron Bernardo Ortega, Carlos Reyes Torres, Susana Paola Juárez Gómez y Raymundo García Gutiérrez.
Mientras que del PRI se observó por más tiempo en el pleno a Olaguer Hernández Flores, Alicia Zamora Villalva y Jesús Parra García, porque la mayoría se fueron al festejo de cumpleaños de su coordinador, Héctor Apreza Patrón.
A la ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero se adicionaron dos párrafos al artículo 57 que se refiere al cobro de impuesto sobre hospedaje.
En el primer párrafo se apunta que se exceptúa del impuesto al hospedaje de casas, departamentos, residencias, villas, condominios “y todo tipo de instalaciones no hoteleras considerado Alojamiento Turístico Eventual”.
Y en un segundo párrafo se precisa que el alojamiento turístico eventual “será aquel por el que se concede el servicio de alojamiento, ya sea de forma parcial o total en el uso de inmuebles no hoteleros, cuando sea provisto de manera directa o a través de intermediarios, promotores, facilitadores o a través de plataformas digitales”.
Y en el artículo 60 se precisa que cuando se trate de alojamiento turístico eventual “se calculará aplicando a la base gravable, la tasa del cuatro por ciento”.
Se apunta también en este artículo: “Quedan excluidos del pago contemplado en este artículo los sujetos pasivos que contribuyan en términos de las obligaciones tributarias que se contemplan en el artículo 77 de esta Ley”.
Mientras que en el tercer artículo transitorio se precisa que el reglamento que regule al alojamiento turístico eventual prestado a través de plataformas digitales deberá ser expedido en un plazo que no exceda de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto, es decir después de que se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Posteriormente en un cuarto artículo transitorio se señala que los “ingresos que se obtengan con motivo de la presente reforma y que se refieren al servicio de alojamiento turístico eventual, se consideran como ingresos excedentes de la Ley número 421 de Ingresos del Estado de Guerrero y serán considerados en los informes semestrales y en la cuenta pública del Gobierno del Estado de Guerrero”.
También por unanimidad, el pleno aprobó el dictamen por el que se reforma la Ley de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios para regular esta prestación de los servicios de alojamiento eventual para regular este tipo de servicio.
Y así garantizar que los que los particulares que utilicen las plataformas digitales para brindar el servicio de hospedaje cumplan con un mínimo de requisitos que permitan garantizar lo ofertado, así como el precio, calidad y, sobre todo, la seguridad e integridad de quien lo utilice.
Los alojadores turísticos eventuales deberán inscribirse en el Padrón Estatal de Alojamiento Turístico Eventual, donde se establecen los requisitos que deberán cumplir y la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil.
También en la materia, el pleno aprobó un dictamen por el que se reforma la Ley de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios, para integrar como miembro permanente al municipio de Coyuca de Benítez en la Comisión Intersecretarial de Turismo.
El pleno aprobó un punto de acuerdo presentado por el morenista Masedonio Mendoza Basurto por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal para implementar las medidas necesarias para el rescate y protección de las zonas arqueológicas de Contlalco y Cerro Quemado La Coquera, en Tlapa de Comonfort.
El morenista Antonio Helguera Jiménez presentó una iniciativa de adición a la Ley de Participación Ciudadana del Estado para que cualquier particular pueda realizar una denuncia a través del concepto de “participación ciudadana”, en caso de conocimiento de presuntas irregularidades administrativas cometidas por entes gubernamentales y sus funcionarios.
Aprueba el Congreso un 4% de impuesto al servicio de alojamiento turístico eventual
Se aplicaría de manera directa o a intermediarios, promotores, facilitadores o de plataformas digitales que promuevan ese tipo de hospedaje. Gravar la oferta extrahotelera es una añeja demanda de los empresarios de ese sector
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El Congreso local aprobó reformas y adiciones en las leyes de Hacienda del Estado de Guerrero y a la de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios, ambas para regular y cobrar un impuesto del 4 por ciento a quienes ofrecen el servicio de alojamiento turístico eventual de manera directa o a través de intermediarios, promotores, facilitadores o de plataformas digitales.
La sesión ordinaria de este jueves del pleno del Congreso local inició hasta minutos antes de las 3 de la tarde, porque esperaban a que sesionara la Comisión de Hacienda para aprobar la iniciativa preferente de la gobernadora para regular el servicio de alojamiento eventual, la llamada oferta extrahotelera, una añeja demanda de los empresarios de ese sector.
La Comisión de Hacienda sesionó con la presencia del presidente Bernardo Ortega Jiménez. También estuvieron Alicia Zamora Villalva, Beatriz Mojica Morga y José Efrén López Cortés, que son vocales, pero faltó el secretario Alfredo Sánchez Esquivel.
Finalmente, la sesión se realizó cuando ya se tenía el dictamen de esta comisión, y se pudo aprobar por unanimidad a pesar de la ausencia de la mayoría de los diputados del PRD. En el pleno solo estuvieron Bernardo Ortega, Carlos Reyes Torres, Susana Paola Juárez Gómez y Raymundo García Gutiérrez.
Mientras que del PRI se observó por más tiempo en el pleno a Olaguer Hernández Flores, Alicia Zamora Villalva y Jesús Parra García, porque la mayoría se fueron al festejo de cumpleaños de su coordinador, Héctor Apreza Patrón.
A la ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero se adicionaron dos párrafos al artículo 57 que se refiere al cobro de impuesto sobre hospedaje.
En el primer párrafo se apunta que se exceptúa del impuesto al hospedaje de casas, departamentos, residencias, villas, condominios “y todo tipo de instalaciones no hoteleras considerado Alojamiento Turístico Eventual”.
Y en un segundo párrafo se precisa que el alojamiento turístico eventual “será aquel por el que se concede el servicio de alojamiento, ya sea de forma parcial o total en el uso de inmuebles no hoteleros, cuando sea provisto de manera directa o a través de intermediarios, promotores, facilitadores o a través de plataformas digitales”.
Y en el artículo 60 se precisa que cuando se trate de alojamiento turístico eventual “se calculará aplicando a la base gravable, la tasa del cuatro por ciento”.
Se apunta también en este artículo: “Quedan excluidos del pago contemplado en este artículo los sujetos pasivos que contribuyan en términos de las obligaciones tributarias que se contemplan en el artículo 77 de esta Ley”.
Mientras que en el tercer artículo transitorio se precisa que el reglamento que regule al alojamiento turístico eventual prestado a través de plataformas digitales deberá ser expedido en un plazo que no exceda de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto, es decir después de que se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Posteriormente en un cuarto artículo transitorio se señala que los “ingresos que se obtengan con motivo de la presente reforma y que se refieren al servicio de alojamiento turístico eventual, se consideran como ingresos excedentes de la Ley número 421 de Ingresos del Estado de Guerrero y serán considerados en los informes semestrales y en la cuenta pública del Gobierno del Estado de Guerrero”.
También por unanimidad, el pleno aprobó el dictamen por el que se reforma la Ley de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios para regular esta prestación de los servicios de alojamiento eventual para regular este tipo de servicio.
Y así garantizar que los que los particulares que utilicen las plataformas digitales para brindar el servicio de hospedaje cumplan con un mínimo de requisitos que permitan garantizar lo ofertado, así como el precio, calidad y, sobre todo, la seguridad e integridad de quien lo utilice.
Los alojadores turísticos eventuales deberán inscribirse en el Padrón Estatal de Alojamiento Turístico Eventual, donde se establecen los requisitos que deberán cumplir y la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil.
También en la materia, el pleno aprobó un dictamen por el que se reforma la Ley de Fomento y Desarrollo Turístico del Estado y los Municipios, para integrar como miembro permanente al municipio de Coyuca de Benítez en la Comisión Intersecretarial de Turismo.
El pleno aprobó un punto de acuerdo presentado por el morenista Masedonio Mendoza Basurto por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal para implementar las medidas necesarias para el rescate y protección de las zonas arqueológicas de Contlalco y Cerro Quemado La Coquera, en Tlapa de Comonfort.
El morenista Antonio Helguera Jiménez presentó una iniciativa de adición a la Ley de Participación Ciudadana del Estado para que cualquier particular pueda realizar una denuncia a través del concepto de “participación ciudadana”, en caso de conocimiento de presuntas irregularidades administrativas cometidas por entes gubernamentales y sus funcionarios.
El secretario de Seguridad Pública del estado, Evelio Méndez Gómez, durante su intervención en la Reunión de Trabajo de Seguridad Pública con integrantes de Concaingro. Lo flanquean César González Arcos, presidente del Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción, y Julián Uriostegui Carbajal, presidente del organismo empresarial anfitrión Foto: Carlos Carbajal
La extorsión, el delito que más preocupa al sector privado, señalan empresarios al titular de Seguridad
El secretario Evelio Méndez se reúne con el Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero donde su presidente Julián Carbajal agrega que la extorsión estaba focalizada a las pequeñas y medianas empresas pero ahora afecta también a las grandes e incluso a las transnacionales
Jacob Morales Antonio
“La instrucción es o pagas o te mato, o te incendio o acabo con tus bienes. Nosotros somos un gremio, aquí tengo compañeros y entiendo su dolor porque están pasando por algo muy fuerte y no sabemos a quien recurrir”, reclamó la presidenta de la Aso-ciación de Materialistas de Gue-rrero, Elodia Vargas Lima al secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez.
Este jueves, el funcionario estuvo en una reunión de trabajo con los integrantes del Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero (Concaingro), donde el representante de la agrupación, Julián Urióstegui Carbajal, destacó una baja en el secuestro en el estado, “pero el delito que más preocupa al sector privado es la extorsión en toda sus modalidades”, dijo que la extorsión estaba muy focalizada a las pequeñas y medianas empresas pero ahora afecta también a las grandes e incluso a las transnacionales.
El encuentro, realizado en un salón del hotel Holiday Inn, expresó que la extorsión es bajo la consigna de protección, está monopolizando los sectores comerciales como pasó con el gas, la gasolina y el transporte en la Costa Grande, el pollo en Chilpancingo, y “la desesperada situación que tienen los comerciantes en la Tierra Caliente”.
“Lo peor que le puede pasar a nuestro estado, a nuestra sociedad es que estemos con miedo, sobre todo que el crimen organizado nos quiere imponer una nueva realidad. El sector privado reconoce el esfuerzo en materia de seguridad pública que en estos primeros meses de gobierno ha hecho la gobernadora Evelyn Salgado Pineda”, dijo.
Afirmó que el sector privado del estado asume su responsabilidad referente a la seguridad pública, y pidió mayor coordinación entre empresarios y las instancias de seguridad pública, para que las organizaciones criminales se den cuenta qué hay coordinación, y que la articulación con el municipio y estado sea a través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En su participación, la representante de 300 empresarios materialistas dijo que ha ido a solicitar a los diputados federales para que el delito de extorsión se tipifique como grave, que el delincuente no salga libre “¿porque cuál es nuestro temor?, que lo agarran, que tenga una denuncia, pero si la carpeta no está bien, como debe de ser, el delincuente es una puerta giratoria y este es nuestro temor”.
“Tengo problemas con compañeros de Taxco ya está controlado por el crimen organizado, le llaman crimen organizado, a veces son bandas delincuenciales que ya saben como conseguir dinero de esa manera, que es lo que nos hace a nosotros, el miedo, te mato a alguien, presento restos, o incendio algo, ¿qué hacemos?, nos sentimos indefensos”.
Vargas Lima agregó que los empresarios del sector pagan impuestos, y trabajan bajo las normas y reglamentos desde el municipio, el estado y la federación “pero no tenemos lo que realmente necesitamos, la seguridad y la confianza”.
Dijo que la sociedad ha perdido la confianza hacia las autoridades conforme ha pasado el tiempo por la corrupción que no se ha acabado, “porque no sabemos en quién confiar”. Indicó que ella donó una cámara para que se vigile una calle donde han ocurrido incidencias delictivas.
Piden que se tenga confianza en las autoridades
La representante dijo que en su caso ha presentado una denuncia y que hay resultados de las autoridades, y pidió a la ciudadanía tener confianza en las autoridades, “tenemos que aprender un poquito que confiar”.
Luego agregó “pedirle que tenga sororidad con los empresarios, porque tenemos miedo pero no queremos tener miedo. Yo prefiero morir a tener miedo y confiamos en usted, en la gobernadora que sí le está poniendo empeño, porque si se está saliendo de control el gobierno en el estado, tenemos problemas en Taxco, que controla todo, en Zihuatanejo, ya está llegando a Acapulco y no queremos eso, y estamos todo aquí de la mano porque a todos nos afecta”.
En declaraciones posteriores, Vargas Lima insistió que no hay confianza hacia las autoridades por experiencias propias de sus compañeros “y tienen verdaderamente miedo, y ¿qué hace?, terminan pagando. Las autoridades no les han dado confianza para hacer las pertinentes denuncias. Solo están esperando que si cambian las cosas con el tiempo, las administraciones cambian, pero en este momento está muy crítico”.
Dijo que también en Zihuatanejo el sector tuvo que llegar a un “arreglo” con el grupo criminal, “porque al final de cuenta tenemos que trabajar y a veces nos tenemos que amoldar a las necesidades de estas personas, que al final, el cliente ultimo es el que paga las consecuencias”, con los costos de los productos.
La dirigente señaló que los grupos criminales le indican a quién comprar los materiales, en caso de no acceder llegan a los negocios a dispararles para atemorizarlos. La dirigente no quiso decir cuántos de los agremiados pagan extorsión, pero señaló que “los compañeros se han acostumbrado a pagar cuota, porque quieren trabajar, porque al final de cuenta dejamos a la gente sin trabajo y nosotros vivimos de eso, y tenemos que trabajar, nos vamos adecuando pero llega un momento que es demasiado”.
Las regiones afectadas
Las zonas más afectadas son la región Norte, Tierra Caliente, Zihuatanejo, y en Acapulco en su zona rural y la zona suburbana “ya llegó” y donde están pagando “cuotas”. Agregó qué hay rumores de sus propios compañeros de que en la zona diamante se les está indicando a quien comprarle los materiales.
“Y se lo dicen directamente al empresario, al constructor, ‘si no, no te vamos a dejar pasar o no te vamos a dejar construir, y atente a las consecuencias’. Y si lo dejamos pues puede crecer y se trata de reunir como empresarios y como hablamos con el secretario de seguridad, de unirnos con cámaras, lo que queremos es que Acapulco sea un lugar seguro para todos”.
Vargas Lima advirtió que teme que esta situación se extienda a los desarrollos que pronto comenzarán a edificarse en la Costa Chica del estado “no queremos que se extienda”.
En su participación en la reunión, el presidente de Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Alejandro Domínguez Aveleyra, recordó al secretario que el 90 por ciento de los visitantes que llegan al puerto lo hacen por la Autopista del Sol, donde han sido asaltados por delincuentes, y demandó mayor seguridad sobre todo de Cuernavaca a Chilpancingo.
Dijo que le preocupa la situación de seguridad en las playas de Acapulco donde los visitantes han sido víctimas, incluso cerca de hoteles, y que han atentado contra los huéspedes y que no tienen nada que ver con la delincuencia y que por eso muchos tienen temor de salir a las playas.
La presidenta de la Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes de la Costera, Sofía del Ángel Mata Corona reclamó el actuar de los elementos policiales que han irrumpido en la discoteca La Langosta Feliz y en el Club Hannah Sun, respondiendo el secretario que fue personal de la fiscalía del estado, y que fue para detener a un sujeto generador de violencia en el puerto y objetivo prioritario, sin abundar más.
El integrante del cluster de la Construcción, Luis Enrique Ramos Duarte, pidió a la autoridad considerar proyectos que se han presentado desde la ciudadanía para la planeacion urbana de la ciudad, para recuperar los espacios públicos de mano de la delincuencia y reclamó que la secretaria de Obras del gobierno del estado, Irene Jiménez Montiel, “está cerrada a propuestas que sean diferentes a lo que están haciendo”.
Al encuentro acudió el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, César Gonzalez Arcos, quien propuso la creación de una unidad financiera patrimonial, a la par de la Unidad Financiera federal, para que se tenga un contraste de lo que los funcionarios públicos y otros sectores tienen y perciben.
Reclama el secretario falta de coordinación con la Fiscalía
En su participación el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, dijo que hubo una “rachita” de asaltos por una banda local de Guerrero en el tramo de la Autopista del Sol de paso Morelos a Chilpancingo, pero que ahora ya hay seguridad en la zona.
Luego expresó que no sabe si es por “celos profesionales” o qué otro motivo porque se requiere una mejor coordinación con la Fiscalía General del Estado, porque una vez que la unidad de análisis y de investigación del C5 o C4 se hace de algún hecho delictivo y se localizan datos, incluso el nombre del victimario, se mandan a la Fiscalía.
Pero que “la parte donde no hay comunión, es que la Fiscalía una vez que empieza la investigación, hay veces, no sé si sea el celo profesional o como dicen ‘violar el debido proceso’, hay veces que ya no tenemos la parte retroalimentación y hay veces si frustra, porque dicen “oye si ya tenemos todo y la fiscalía era para que ya procediera y no procedió, pero todo esto lo estamos subsanando”.
El secretario reconoció que la fiscal Sandra Luz Valdovinos ha ido limpiando poco a poco la dependencia de las malas prácticas y que se están quitando “entonces vamos avanzando, sí cuesta trabajo porque a veces las costumbres se vuelven leyes y cuesta trabajo erradicar malas prácticas que tienen nuestros elementos”.
Méndez Gomez llamó a los empresarios y a la ciudadanía a seguir denunciando la extorsión y dijo que la mayoría de los números telefónicos con los que se realizan las llamadas provienen de las cárceles del estado y algunos pocos de las cárceles federales. Dijo que cuando se habla rápido al 911, se ayuda de forma rápida a los que han querido ser extorsionados.
Recordó que el año pasado se lograron inhibir 200 extorsiones con la unidad de policía cibernética, que habían pedido de 100 mil a 250 mil pesos.
En su participación señaló que cuando llegó la nueva administración, de 900 cámaras que hay en el C5 solo 18 funcionaban, y que ahora hay entre 830 y 850 cámaras, “pero actuamos y estamos”, y solicitó a los empresarios enlazar sus cámaras al C5 para poder dar seguimiento a los hechos de violencia.
Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó los resultados de la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para incorporar representaciones de las poblaciones mixteca, tlapaneca, náhuatl y amuzga, o afromexicana en nueve Consejos Distritales Electorales (CDE); en el órgano general habrá solo un representante de pueblos originarios y uno afrodescendiente.
Esta consulta y finalmente el acuerdo aprobado ayer son para dar cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-274/2020 y acumulado, por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En el Consejo General del IEPC se integrará para el próximo proceso electoral una fórmula indígena y una formula afromexicana y en nueve Consejos Distritales Electorales (CDE) una o hasta tres representaciones de dichas poblaciones.
En la sesión, el consejero Edmar León García destacó que la consulta para la incorporación de representación de pueblos indígenas y afromexicanos los CDE es la más grande que el órgano ha realizado en el estado, porque se realizó en 43 municipios, y que se trató de una consulta “constructiva” porque no se trató del cambio de modelo de elección sino “fue una construcción de acuerdos alcanzando los más altos consensos posibles de los pueblos”.
Otro dato que destacó es que se invitaron a participar a 2 mil 344 comunidades indígenas, principalmente a través de sus autoridades comunitarias “que son la voz de las comunidades” y la participación en los diálogos informativos fue del 40.78 por ciento, y en el caso de la fase deliberativa o consultiva fue del 30.83 por ciento del total de poblaciones o autoridades convocadas.
León García señaló que lo que con los resultados de la consulta “están modificando en esencia el sistema electoral de nuestra entidad, es algo muy relevante para el instituto, para la democracia en el estado porque se trata de incluir a grupos históricamente vulnerados y discriminados, dentro de la voz y donde se organizan las elecciones”.
Guerrero será el primer estado que tenga en la integración de los CDE a representaciones de los pueblos indígenas y afromexicanos.
La representación de estos pueblos ante los CDE quedará así: en el distrito 14 con cabecera en Ayutla habrá representación de los pueblos originarios mixteco, tlapaneco y nahua; en el distrito 15 de Florencio Villarreal habrá una representación del pueblo afromexicano; en el distrito 16 con cabecera en Ometepec habrá representación de los pueblos amuzgo, mixteco y afromexicano.
En el distrito 23 con cabecera en Huitzuco de los Figueroa habrá una representación del pueblo nahua; en el 24 de Tixtla de Guerrero las representaciones serán de los pueblos originarios náhuatl y tlapaneco; en el distrito 25 con cabecera en Chilapa solo tendrá representación nahua; en el distrito 26 con cabecera en Oli-nalá habrá nahuas, mixtecos y tlapanecos; en el distrito 27 de Tlapa de Comonfort las representaciones serán de los pueblos mixteco, tlapaneco y náhuatl; mientras que en el distrito 28 con cabecera en San Luis Acatlán las representaciones serán de los pueblos mixtecos y tlapaneco.
En lo aprobado se precisó que para la designación de estos espacios se debe considerar la paridad, por lo que se deben incorporar en los CDE nueve mujeres y ocho hombres indígenas; una mujer y un hombre afromexicano, y que posteriormente se emitirá la reglamentación que especificará la manera de selección de estas representaciones y qué distritos electorales deberán reservarse la elección de mujeres.
En el caso de Eduardo Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Cuetzala del Progreso, y Tecoanapa que debido a la nueva redistritación quedaron integrados en distritos que no se consideran indígenas o afromexicanos, se propone como acción afirmativa complementaria que podrán elegir -observando la paridad de género- una formula de representación indígena y afromexicana para que se incorpore en los CDE.
En el acuerdo aprobado y sus anexos, se justifica que en el Consejo General solo haya una representación de pueblos indígenas y otro del pueblo afromexicano porque con eso se garantiza el derecho que la Sala Regional ordenó, y se señala que “los propios pueblos proponen, pudiera garantizarse un acceso rotativo de dicha representación, por períodos, a cada uno de los pueblos: nahua, mixteco, tlapaneco, amuzgo, y con ello se tenga interlocución permanente desde el CG con la comunidad indígena y la comunidad afromexicana”.
Las dos fórmulas una de pueblos originarios y otra del pueblo afrodescendiente que se integrarán al Consejo General del IEPC durarán tres años en el cargo.
Por su parte la consejera Vicenta Molina Revuelta consideró que la incorporación de representantes de estos pueblos que históricamente han “sido vulnerados y marginados” sienta un “precedente vanguardista y garantista”.
La consejera reconoció que la participación de comunidades y autoridades comunitarias no fue la que esperaban, sin embargo, dijo que la participación de las 729 autoridades “no es menor”.
La consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes explicó cómo se realizó el proceso de consulta desde el estudio de la resolución del mandato del Trife.
Los representantes del PT y Morena Isaías Rojas Ramírez y Esther Araceli Gómez Ramírez plantearon por separado la necesidad de continuar avanzando en las acciones afirmativas y no esperar a que los órganos jurisdiccionales mandaten el reconocimiento de derechos a partir de procesos que los grupos vulnerables inician.
Y la consejera Azucena Caye-tano Solano consideró que es necesario que en el Consejo General haya representaciones de cada uno de los cuatro pueblos originarios y una más del afromexicano.
Reforman Manual de Remunera-ciones de los Servidores Públicos
En esta sesión, se aprobaron también reformas y adiciones a disposiciones del Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del IEPC, así como el Acuerdo mediante el cual “se autorizó la transferencia de recursos financieros de la cuenta bancaria del ejercicio fiscal 2022 a las cuentas bancarias para el ejercicio fiscal 2023, que permitirán garantizar la operatividad del IEPC Guerrero, además dará cobertura al pago complementario del financiamiento público ordinario a los partidos políticos acreditados que corresponde al mes de enero 2023; a las actividades del Programa Anual de Trabajo de las Comisiones Permanentes y Especiales y la ratificación de la excepción al procedimiento de licitación pública nacional para el arrendamiento de inmuebles que son utilizados como oficinas y bodegas”, del cual no se compartió en documento para conocer detalles del tema.
También se informó de la presentación de los informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos de las organizaciones ciudadanas que pretenden obtener registro como partido político local, correspondientes a noviembre del 2022. Además de los reportes bimensual y anual del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación impresos y de radio y televisión del periodo ordinario y 2022.
La coordinadora parlamentaria de los diputados locales de Morena, Yoloczin Domínguez Serna, platica con el coordinador parlamentario de la fracción de los diputados del PRI, Héctor Apreza Patrón, durante la sesión de ayer del pleno del Congrso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
En dos sesiones ordinarias, el pleno del Congreso local aprobó este jueves la Ley de Ingresos para los municipios y para el gobierno estatal, así como el proyecto de Código Fiscal y reformas a las leyes del Sistema de Coordinación Hacendaria y de Hacienda.
Al cierre de la jornada legislativa, después de las 8 de la noche se instaló la tercera sesión en la que el único punto del orden del día registrado era la primera lectura del proyecto de decreto de Ley de Egresos del estado para el ejercicio fiscal 2023.
Tras la aprobación del orden del día por los 33 diputados presentes, la primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, la morenista Leticia Castro Ortiz declaró un receso sin mencionar de cuánto tiempo o a razón de qué. Sólo hizo alusión al artículo 53 de la ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado, en el que se establece que el Congreso debe aprobar el presupuesto de egresos “a más tardar el 15 de diciembre de cada año”.
Esta práctica en el argot legislativo se conoce como el “poner en pausa el reloj legislativo”, por lo que, al cumplirse ayer el plazo establecido en la ley, se instaló la sesión que se espera continúe hoy.
El secretario de la Comisión de Hacienda Alfredo Sánchez Esquivel, dijo que el ordenamiento dota a municipales de herramientas legales vinculadas con sus atribuciones fiscales y recaudatorias. Explicó que será aplicable para aquellos que no cumplieron con el requisito y las formalidades técnicas y normativas vigentes en la presentación de sus iniciativas de Ley de Ingresos.
Mientras que el vocal de la Comisión de Hacienda José Efrén López Cortés, dijo que el Código Fiscal tiene como objetivos principales el simplificar el sistema recaudatorio, “fomentar la cultura de cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales entre los contribuyentes, y terminar con la corrupción tributaria”.
Mientras que de la Ley de Ingresos del gobierno del estado, destacó que esta contribuirá a lograr mayor eficiencia y transparencia en la integración de los ingresos del estado por el cobro de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos y que esto podría elevará el grado de cumplimiento de los contribuyentes.
En esta ley plantea un incremento en ingresos de gestión del 11 por ciento en comparación con el 2022: en los conceptos de impuestos el incremento es del 12 por ciento; en derechos el 10.4 por ciento; en productos 5 por ciento; aprovechamientos 8.6 por ciento; en las participaciones federales un incremento del 18.2 por ciento; en aportaciones federales del ramo 33 un 10.9 por ciento, y por convenios un 5.6 por ciento.
La morenista Beatriz Mojica Morga fundamentó el dictamen de reformas a la Ley del Sistema de Coordinación Hacendaria, y que con esas modificaciones se atiende la observación derivada de la auditoría 942 emitida por la Auditoría Superior de la Federación sobre la deficiencia en la redacción de la fórmula de distribución del Fondo de Fomento Municipal, en la cual no precisaba las partes de cómo se divide el Fondo, y se clarifica la forma en cómo se distribuye el excedente del 30 por ciento que establece la Ley de Coordinación Fiscal.
Y es aplicable exclusivamente en beneficio de los municipios que hayan suscrito con el estado el Convenio de Recaudación.
El Congreso local aprobó la homologación de la Ley del Sistema Anticorrupción que envió el gobierno federal. Fue avalada sin la inclusión de la eliminación del fuero, como lo plantearon el Movimiento Ciudadano (MC) y el PRD.
El dictamen de la Comisión de Estudios Constitucionales que preside el priista Cuauhtémoc Salgado Romero fue aprobado ayer con 34 votos a favor. Además de los votos de los diputados del PRI y PVEM, se sumó el del panista Iván Pachuca Domínguez y el de ocho de los 14 perredistas, encabezados por su coordinadora Erika Alcaraz Sosa; Carlos y Crescencio Reyes Torres, Isidro Duarte Cabrera, Raymundo García Gutiérrez, Eloísa Hernández Valle, Ernesto González Pérez y Rosa Coral Mendoza Falcón.
El dictamen fue incluido en el orden del día después de que en dos ocasiones fue retirado porque el PRI y el PVEM no lograron obtener los 31 votos necesarios para realizar reformas constitucionales, que requieren de una mayoría calificada, después de que MC y PRD anunciaran que votarían a favor sólo si se incluía la eliminación del fuero.
Pero el PRI consiguió que ocho diputados del PRD votaran a favor la iniciativa de reformas que envió el gobierno federal.
El diputado Silvano Blanco subió a tribuna y recordó que en las reuniones con los promotores de las reformas -que dijo fue el gobierno del estado-, les advirtieron que si no iba acompañada con las propuestas que realizaron diputados del PRD y MC en julio y octubre de 2016 votarían en contra.
Molesto, desde su curul el priista Héctor Vicario Castrejón reclamó que Silvano Blanco hablara del Sistema Estatal Anticorrupción, cuando lo que se discutía era la homologación constitucional a partir de la creación de la Ley anticorrupción federal.
Pero el diputado de MC insistió en que era posible que al votarse las reformas constitucionales también se incluyera la desaparición del fuero, y les recordó a los diputados que es facultad del poder Legislativo el poder realizar modificaciones que considere pertinente a las iniciativas, en este caso a la enviada por el gobernador.
E insistió en que para que la eliminación de juicio de procedencia (el fuero) se aprobara ayer, solo faltó “voluntad política”.
Blanco Deaquino reprochó que la insistencia para aprobar las reformas, del PRI como fracción mayoritaria y el PVEM como aliados, es porque fue una iniciativa del gobernador.
Recordó que en dos ocasiones, el dictamen fue regresado a comisiones porque el PRI no completaba los votos de las dos terceras partes de los diputados que conforman la legislatura (46), ya que necesitaban por lo menos 31.
“Yo esperaría que hoy tampoco los tengan pero puede ser que ya los hayan amarrado”, soltó a los perredistas.
Silvano Blanco lamentó que en su discurso los diputados y el gobernador afirmen que están a favor de la eliminación del fuero pero en los hechos no se concrete.
Dijo que la sociedad tiene razón al decir que “hay complicidades y que pretendemos protegernos entre la clase política”.
La propuesta del diputado fue que la iniciativa se regresara a la Comisión de Estudios Constitucionales para que se agregue la desaparición del fuero, pero el pleno lo votó en contra. El PRI, PVEM, PAN y el respaldo de parte de la fracción perredista encabezados por su coordinadora Erika Alcaraz Sosa.
Por su parte el coordinador de los diputados de MC, Ricardo Mejía Berdeja dijo que la impunidad es el común denominador entre los delincuentes “que arrebatan propiedades, sueños y vidas hasta el político criminal protegido por el fuero”.
Y lamentó que sentirse intocables, protegidos desde el poder, arropados por un sistema corrupto. Es el aliciente “para que los malhechores y truhánes sigan haciendo de las suyas, sembrando pánico y desesperanza en la población”.
La ciudadanía tiene una gran indignación frente a esta cínica impunidad, “frente estos crímenes sin castigo”, lo que dijo es el colapso del estado de derecho.
Lamentó que el gobernador no haya dado una señal de voluntad política para demostrar que no hay intocables ni patentes de impunidad
Reprochó que la propuesta de eliminación del fuero fue bloqueada sistemáticamente por la bancada del PRI, lo que se traduce como la falta de un compromiso del combate a la corrupción y la violencia.
“Debe haber libertad para legislar y no libertad para delinquir”, porque la corrupción es “hermana gemela la impunidad”, dijo Mejía Berdeja, y advirtió que mientras se mantengan “las charolas de impunidad, al amparo del fuero, quienes se han acostumbrado a los privilegios de la clase política, seguirán delinquiendo, gozando de esta protección indebida”.
Y reiteró que un sistema anticorrupción que no prevea eliminar el fuero, en realidad será un sistema estatal de simulación.
Ricardo Mejía recordó que legislaciones de Jalisco, Campeche, Querétaro, Guanajuato y de la Ciudad de México, eliminaron el fuero, pero dijo que en Guerrero hay temor que le impide a la fracción mayoritaria para hacerlo en Guerrero.
En su intervención el presidente de la comisión dictaminadora, Cuauhtémoc Salgado Romero, aseguró que el tema se trató de encausar de una manera distinta por algunos actores políticos, en referencia a Mejía Berdeja y al perredista Sebastián de la Rosa.
Votan por línea del gobernador: De la Rosa
El diputado perredista Sebastián de la Rosa consideró irresponsable que haya diputados que voten sin saber qué es lo que se discute. “aquí se han dicho verdades y mentiras a medias de que se está homologando”.
Y lamentó que las propuestas del PRD que se integraron a la armonización sean insuficientes.
El perredista reclamó que los diputados que votaron a favor pretenden mentir a los guerrerenses porque apuntó que lo que “lo que nuestra Carta Magna prohíbe no lo puede garantizar una ley”.
Después de que el diputado priista Cuauhtémoc Salgado Romero apuntó que el gobernador no tiene miedo a que el Congreso apruebe las reformas con la aprobación de dos terceras partes, De la Rosa Peláez dijo: “qué irresponsables son. Somos un poder distinto, ¿qué tiene que ver que el gobernador tenga o no tenga miedo de que un poder asuma sus facultades?”.
Entonces el perredista les reclamó que voten por mandato del gobernador y no por ejercer la facultad del Congreso.
No se combate la corrupción: Morena
La diputada de Morena María de Jesús Cisneros Martínez dijo que la reforma es solo una “talladita a la Constitución”.
Criticó que las reformas como el cambiar de nombre a la Auditoria General del Estado para nombrarla Auditoria Superior “no es más que un asunto de caché”, pero que de nada sirve, lo mismo que cambiar de nombre al Tribunal Administrativo o a la Contraloría Interna del Instituto Electoral.
Apuntó que lo único que contiene la reforma son nuevos recovecos y trámites engorrosos pero que no combaten “el cáncer institucional de México que es la corrupción”.
Afirmó que para combatir la corrupción “necesitamos que de las instituciones salgan los corruptos, que se acaben los políticos fantoches y ladrones”.
María de Jesús Cisneros afirmó que ninguna de las reformas que se realizaron ayer establece mecanismos “para abolir la impunidad y por el contrario tan sólo se disfrazan palabras que van a mantener un manto protector al saqueo de las arcas del estado”.
Desechan exhorto para declarar la alerta de género
La fracción de MC presentó un punto de acuerdo como asunto de urgente y obvia resolución que argumentó el diputado Ricardo Mejía por el que el Congreso realice un exhorto al secretario General de Gobierno Florencio Salazar Adame, para que reconozca y acepte la emisión de la Declaratoria de Alerta de Género.
Esto, para que la alerta se pueda aplicar en Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla, con el fin de contrarrestar los altos índices de violencia contra las mujeres en el estado, pero esta también fue desechada por los diputados, ya que solo votaron a favor dos diputados del PRD, los tres de MC, uno del PT y la de Morena.
En la sesión, la fracción del PRI presentó una iniciativa de decreto para adicionar un artículo al Código Civil, para que el orden de los apellidos de los hijos sean acordados por los padres y sólo en caso de desacuerdo entre ellos “el orden se determinará bajo la regla general”.
Y cuando en algún trámite se requiera específicamente el apellido paterno y el materno, se deberán considerar como primero y segundo apellido el orden en que los padres hayan optado colocarlos. La propuesta fue enviada a comisiones.
