En Iguala participaron unos 40 funcionarios del Ejército y policías que pueden ser identificados: Anabel Hernández

 

La periodista Anabel Hernández presentó en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzianapa su libro La verdadera noche de Iguala, donde destaca la participación del Ejército, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Ministerial, en los ataques a los normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes.
En este crimen participaron unos 40 funcionarios del gobierno que pueden ser claramente identificados y sometidos a procesos, incluso pocas horas después de los hechos, ante los dictámenes periciales de balística, videos, bitácoras del C-4 y testimonios de los sobrevinientes y de ciudadanos que presenciaron los hechos.
De esto dijo que se trata de autoridades de la 35 Zona Militar, del 27 Batallón de Infantería, la PGR, la SSP y la Policía Ministerial del estado, así como policías municipales de Iguala.
La periodista dijo que, durante los dos años que investigó para este libro no encontró ningún indicio de que los estudiantes estuvieran involucrados con el crimen organizado, como quiso mostrar el gobierno.
Anabel Hernández contó que a finales de 2014 inició su investigación, luego de que la PGR integró una averiguación manipulada, porque la intención de la autoridad desde un principio fue esconder la verdad, ocultar las pruebas periciales, forenses, las pruebas de balística que eran fundamentales, para encontrar incluso que soldados del 27 Batallón de Infantería del Ejército dispararon a los autobuses donde se transportaban los normalistas.
Comentó que el ejemplo de amor de los padres que emprendieron esta lucha fue el que la hizo desde el exilio involuntario en el que se encontraba, y al que la obligó el gobierno de México, regresar al país a investigar lo que realmente pasó la noche de ese 26 de septiembre.
Resaltó que durante este tiempo, el mismo gobierno ha querido dividir a la sociedad mexicana, y que entre algunos sectores lo ha logrado, y aunque localizar a los 43 normalistas es asunto de verdad y justicia, lo hace parecer solamente como un asunto ideológico y político.
“Para mí, que he hecho esta investigación durante más de dos años, y que llevo más de 23 siendo periodista de investigación –que he hecho muchas, muchas investigaciones muy complejas–, he dedicado los últimos 11 años de mi vida a investigar el crimen organizado en este país, cómo funciona, cuáles son los botones que lo detonan; les puedo decir que veo con absoluta claridad que el tema de los 43 estudiantes desaparecidos no es sólo un tema de 43 personas o de sus padres o de sus compañeros, es un tema que condena, que sintetiza lo que hoy es México, y nos involucra a todos”, dijo Anabel Hernández.
La periodista les leyó a los padres de los normalistas una reflexión que preparó para ellos, donde expuso que lo único que los normalistas buscaban era la transformación del país a través de la cultura y la democracia, y que, sin embargo, el Estado mexicano intentó criminalizar la protesta y dividió a la sociedad, haciendo ver las exigencias de los estudiantes como un tema de lucha ideológica y no de justicia social.
“Pareciera que el sistema político mexicano prefiere jóvenes sin educación, sin empleo, ni futuro, que engrosen las filas de la miseria y del crimen organizado, a que haya jóvenes educados como ustedes, que luchen por sus derechos y transformen a este país en una verdadera democracia”, leyó.
Agregó que “para comprender lo que pasó en Iguala y la impunidad de los crímenes había que entender que para el gobierno de México los estudiantes de esta escuela eran más peligrosos que los propios carteles de la droga, quizá porque con los carteles de la droga, el Estado mexicano siempre ha encontrado la maneras de convivir y encontrar intereses en común”.
Explicó que los hechos antes, durante y después de esa noche representan dos crímenes deleznables que pusieron a prueba al sistema político y de justicia de México.
El primero, dijo, fue el de los ataques perpetrados en la noche del 26 y 27 de septiembre, del que resultaron muertos seis civiles, entre ellos tres estudiante, 16 normalistas lesionados de armas de fuego y 43 desaparecidos.
El segundo crimen fue el que comenzó en el instante que inició la investigación de las autoridades para encontrar a los 43 y castigar a los responsables.
En este crimen y en su encubrimiento, las instituciones responsables de procurar justicia fabricaron culpables mediante torturas, manipulación y desaparición de pruebas, ejemplificó. Indicó que participaron funcionarios del más alto nivel en México, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Gobernación, la PGR, el Cisen e incluso la Presidencia de la República.
“A todos, periodistas, organizaciones sociales de derechos humanos y a la sociedad en general, nos corresponde que esta tragedia en México no sea una más, que los responsables de los hechos de esa noche y que quienes los han encubierto durante dos años y tres meses sean sometidos a juicio, no sólo por un derecho de los familiares de quienes fueron asesinados, desaparecidos, sino de toda la sociedad mexicana”, subrayó la periodista.
Añadió que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto debería ser el primero en estar presente y honrar a los jóvenes de Ayotzinapa, haciendo que las instituciones encuentren y provean justicia, pero que no ha estado y ni estará.
Anabel Hernández subrayó que, “si el jefe del Ejecutivo no encuentra las condiciones para hallar a los estudiantes desaparecidos, dar verdad y justicia a la sociedad mexicana en este caso, debemos ayudarle y solicitar que se conforme un tribunal internacional especial en este caso que sancione a todos los responsables”.
Ahondó que, como periodista de investigación ha tratado de hacer su contribución, la búsqueda de verdad y justicia. Y que pudo separar la mentira histórica fabricada por el Estado de los hechos reales y que dio visibilidad a las víctimas y a los victimarios en esta historia.
“Hoy, entrego a ustedes el resultado de esta modesta colaboración, esperando sea útil y dé un poco de luz a los hechos que el gobierno de México pretendía ocultar en la obscuridad de la fabricación de la llamada verdad histórica”, dijo.

Hay documentos en los que se considera a los normalistas un problema de seguridad nacional, dice

Anabel Hernández contó que, en esta investigación tuvo acceso a un documento secreto del gobierno mexicano en el que considera a los normalista de Ayotzinapa un problema de seguridad nacional.
De los documentos a los que accedió y que dijo que han incomodado al gobierno, detalló que son investigaciones internas que hizo la Visitaduría General de la PGR. Una focalizada en el antiguo jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR Tomás Zerón de Lucio, en la que indica que con dolo sembró pruebas de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados, y sus restos tirados al río San Juan.
El otro documento es de una auditoría que se hizo a los cientos de tomos que conforman la averiguación previa de lo que pasó en Iguala, un documento de más de mil páginas.
Dijo que uno de los documentos, de 177 fojas, ya está disponible en la página de internet www.laverdaderanochedeiguala.com, y que hará público el segundo documento en enero.

Los ataques pudieron ser para recuperar los autobuses que llevaban droga, indica

Durante la ronda de preguntas de los asistentes, el padre de uno de los normalistas preguntó si los dos autobuses de la Estrella de Oro que fueron atacados realmente llevaban heroína.
Anabel Hernández respondió que, de acuerdo con documentos que consultó en la investigación, entre ellos la denuncia penal que hizo la empresa tras la toma de los dos autobuses, está la hipótesis que el 22 de septiembre, cuando los normalistas tomaron al azar estos autobuses no se percataron del contenido, y se los llevaron a Iguala el 26 de septiembre; en el trayecto fueron monitoreados por el C-4, y sucede el ataque de soldados y policías para, supuestamente, recuperar los camiones.
Los padres agradecieron a la periodista su investigación y aportación en la búsqueda de la verdad y para poder dar con el paradero de sus hijos.
La editorial Grijalbo donó 43 libros para cada uno de los padres, que fueron dedicados por la periodista, que se comprometió a regresar si los padres se lo piden, después de leer el libro, para seguirle planteando sus dudas.

Marchan en Iguala padres de los 43 e instalan urnas para recibir información de los estudiantes

En su tercer día de actividades de la primera jornada de búsqueda y de información, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos en esta ciudad el 26 y 27 de septiembre de 2014, instalaron ayer dos módulos con seis urnas en la explanada y el mercado municipal para solicitar información anónima a la población, de los ataques a los estudiantes.
Ayer, las 20 brigadas integradas por poco más de 300 participantes, entre padres de los 43 desaparecidos, alumnos de la normal y organizaciones que los acompañan, recorrieron el segundo sector de la búsqueda, que comprendió 20 colonias al norte de la ciudad, entre la calle Juan Álvarez y periférico norte, donde fueron los ataques y la detención de los normalistas hace más de 17 meses.
El vocero de los padres, Melitón Ortega informó tras la reunión de evaluación de los coordinadores de brigada, que los resultados fueron “positivos en términos generales” y dio a conocer que hubo vecinos de la calle Juan Álvarez que les informaron que sí vieron a militares patrullar las calles, escucharon los balazos y los gritos de los normalistas la noche del 26 de septiembre, cuando le decían a los policías que no les dispararan porque eran estudiantes.

Reciben en seis urnas informes anónimos

A partir de las 9:30 de la mañana de ayer fueron instalados dos módulos con seis urnas para la recepción anónima de información relacionada con los ataques y la desaparición de los 43 normalistas. Con ellas, fueron dejados volantes con información sobre los ataques y la desaparición de los normalistas, hojas en blanco y lapiceros para que los probables testigos pudieran informar por escrita, además de que había en cada urna un número de teléfono y un correo en los que la gente podía enviar información anónima.
En la explanada de las Tres Garantías, junto a la carpa que mantienen las organizaciones en apoyo al movimiento, fueron colocadas cuatro urnas; hasta antes del mediodía se vio escasa participación de la gente, sólo algunos transeúntes que se acercaban a leer los volantes.
Otras dos urnas fueron colocadas en el módulo del estacionamiento del mercado municipal Adrián Castrejón, entre las calles Galeana y Altamirano, frente a la central de autobuses Estrella Blanca, que fue donde la tarde del 26 de septiembre de 2014 los normalistas tomaron los autobuses y dio inicio la persecución de policías municipales que más tarde atacaron a balazos a los estudiantes.
En información a reporteros, el vocero de los padres, Melitón Ortega confirmó una baja participación en estos módulos, y dio a conocer que las cuatro urnas instaladas en la explanada permanecerán otros 15 días, en espera de obtener información que se hará llegar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Unidad especial para el caso Ayotzinapa, para su revisión y, en su caso, integración a las investigaciones.

Participan más de 300 activistas en la búsqueda

Minutos antes de las 10 de la mañana, las 20 brigadas de más de 300 participantes, formadas por padres de los desaparecidos, normalistas e integrantes del Bloque Democrático de Organizaciones fueron distribuidas en 20 colonias asentadas al norte de Iguala, donde fue el ataque a los estudiantes, la desaparición de 43 y el asesinato de dos de ellos, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo.
Casa por casa, y en los negocios, los integrantes de las brigadas repartieron volantes, pegaron carteles y pidieron información a los vecinos.
La brigada seis recorrió la calle Juan Álvarez, donde hubo casas donde no les abrieron, y en otras quienes abrían afirmaban que no vivían ahí, o que la noche de los ataques no estaban en sus casas. Les dejaban los volantes con los números de teléfonos y los correos para recibir información anónima.
Se vio a vecinos llevando agua, comida y galletas a los normalistas, como muestra de solidaridad con su movimiento.
Se pegaron carteles en negocios, señalizaciones, anuncios y en el estacionamiento de la tienda Aurrera de la calle Juan Álvarez, frente a donde quedaron varados los tres autobuses la noche de los ataques.
Afuera de la clínica privada Cristina, que fue donde se les negó la atención a normalistas que llevaban a un compañero herido, se colocó una brigada con un carro de sonido, y también se repartieron volantes.
También se repartieron volantes y se pagaron carteles junto a las estelas en memoria de Julio César Ramírez y Daniel Solís, donde se ubicó otro carro de sonido a través del cual los padres de los normalistas pedían información de la desaparición de sus hijos a los vecinos.
Entre las colonias recorridas están la Juan Álvarez, Perpetuo Socorro, Educación, Fraccionamiento 3, Libertadores, Tamarindos, Plan de Ayala, Cirianes, María del Carmen, Benito Juárez, 28 de abril, 23 de marzo, Tres Marías, Esmeralda, Solidaridad, Leonardo Bravo, Rubén Jaramillo, Ricardo Flores Magón, Patria Nueva y Fraccionamiento Tres; en algunas de ellas se han registrado ejecuciones en los últimos meses.
Minutos después de la 1 de la tarde, las brigadas se empezaron a reunir cerca del lugar del ataque a los estudiantes, de donde se trasladaron a la explanada municipal, donde tuvieron una reunión de valoración y concentración de información de los coordinadores de brigada.
Al término de la reunión de los coordinadores de brigada, en declaraciones a reporteros, el vocero de los padres, Melitón Ortega valoró como “positiva en términos generales” la actividad de búsqueda de información en su segundo día.
Informó que, de acuerdo con los responsables de brigada, hubo vecinos que les confirmaron que la noche de los ataques escucharon los disparos y gritos de los normalistas que les decían a los policías municipales, “no nos disparen, somos estudiantes, no venimos armados”.
Informó que la gente confirmó haber visto patrullas de soldados del Ejército la noche del ataque a los normalistas.
Dijo nuevamente que han notado un cambio de actitud de los vecinos de Iguala, que antes cerraban las puertas a su paso, y ahora salen a escucharlos, dan muestras de solidaridad, les reciben los volantes, les dan alguna información de los hechos y hasta apoyos económicos, agua, refresco o galletas.
Mencionó que los vecinos les sugirieron hacer una segunda visita de solicitud de información y que extiendan su búsqueda hacia Pueblo Viejo, el poniente de la ciudad, y a los municipios de Cocula y Taxco.
Dio a conocer, sin dar detalles, que un vecino les dijo que para qué siguen buscando a los estudiantes, si estos ya han sido quemados en el basurero de Cocula, y otro que les pidió que ya pararan sus actividades.
Reconoció que sigue habiendo miedo entre los habitantes de darles información, y que en su momento pudrían ser reprimidos por la delincuencia.
Indicó, a pregunta hecha, que están exigiendo que se investigue a todas las autoridades que estuvieron presentes en el C-4, monitoreando las cámaras de seguridad la noche de los ataques.
Adelantó que el 9 de marzo se reunirán con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles, que les entregará la información de los videos del Palacio de Justicia y los expedientes.
Agregó que exigirán que la ex titular del poder Judicial, Lambertina Galeana, explique qué fue lo que pasó con esos videos que grabaron el ataque al quinto autobús.

Agradecen a vecinos y reiteran los teléfonos y correos electrónicos para hacer denuncias anónimas

A las 6 de la tarde inició una marcha en la esquina de la calle Juan Álvarez y periférico norte, encabezada por los padres, y seguida por los estudiantes, el Bloque Democrático y una comisión representativa de Los Otros Desaparecidos.
La marcha de más de 300 inconformes recorrió las calles Juan Álvarez, Rayón, Josefa Ortiz y Bandera Nacional, hasta la explanada de las Tres Garantías, donde hubo un mitin.
Antes de iniciar la marcha, el vocero de los padres, Melitón Ortega dijo a los habitantes de Iguala que siguen esperando apoyo de cada uno de ellos para que les den la información que tengan sobre los ataques, y dijo a las autoridades estatales y federales, que van a seguir dando la batalla hasta que en el caso Ayotzinapa haya justicia y no quede en el olvido.
En la marcha, agradecieron a los vecinos su apoyo y apertura para escuchar su demanda, y les reiteraron su invitación para dar información anónima a través de los módulos, teléfono o correo electrónico.
En el trayecto gritaron consignas contra el gobierno federal y el Ejército, y algunas brigadas fueron repartiendo volantes a los vecinos de esas calles que salían de sus casas.
En la marcha y en el mitin, exigieron justicia y presentación con vida de los 43 desaparecidos, castigo a los culpables materiales e intelectuales, que se entreviste a los militares y, a la gente, sensibilidad ante el dolor de los padres.
La marcha culminó en la explanada con un mitin para exigir justicia y la presentación con vida de los estudiantes; concluyó casi a las 8:30 de la noche, y los padres emprendieron su regreso hacia la Normal Rural de Ayotzinapa en los seis autobuses en los que viajaron.

 

Funcionarios estatales y municipales se reúnen en privado en el C-4 de Iguala

Sólo se supo que trataron el tema del farmacéutico asesinado

 Oracio Lagunas Iguala Funcionarios del gobierno estatal y municipal se reunieron a puerta cerrada en las instalaciones del Centro de Control y Comando en Comunicaciones (C-4), para analizar la inseguridad en esta parte de la entidad.

A diferencia de otras juntas, los asistentes ingresaron a las instalaciones del C-4 en sus vehículos, y rechazaron la presencia de representantes de medios de información.

Este reportero logró ingresar hasta la sala de reuniones, pero a los dos minutos el director del C-4 pidió la salida, “porque lo que aquí se va a tratar son asuntos privados”.

Incluso lo envió a ir a cubrir un acto al auditorio municipal, donde supuestamente se encontraban Lima Gómez y Ramírez Guerrero impartiendo un curso de capacitación a policías preventivos y agentes de Tránsito municipal.

Pero en ese momento llegó al lugar Ramírez Guerrero, a bordo de su camioneta Lyberty blanca, acompañado por su escolta integrada por tres agentes judiciales; la camioneta del titular de SSPyPC, el comandante regional de la PJ, Cortés Salado, mientras Estrada Salmerón y Chávez Carmona lo hicieron a pie.

Entre los puntos abordados en la reunión –según una fuente– estuvo el caso de la ejecución del empresario farmacéutico, Domingo Mendoza Guzmán.

Al concluir la reunión, pasadas las 3:30 de la tarde, y por viajar en sus autos, ninguno de los funcionarios aceptó una entrevista.

En la reunión estuvieron el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Arturo Lima Gómez; el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero; el director general de Reclusorios, Joaquín Estrada Salmerón; el presidente municipal Lázaro Mazón Alonso y el director de la Policía Preventiva, Víctor Manuel Miranda Taboada.

Así como el director del penal, Fredi Chávez Carmona; el comandante regional de la Policía Judicial, Fredy Cortés Salado, y representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía Federal Preventiva (PFP).

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 Oracio Lagunas Iguala

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A diferencia de otras juntas, los asistentes ingresaron a las instalaciones del C-4 en sus vehículos, y rechazaron la presencia de representantes de medios de información.

Este reportero logró ingresar hasta la sala de reuniones, pero a los dos minutos el director del C-4 pidió la salida, “porque lo que aquí se va a tratar son asuntos privados”.

Incluso lo envió a ir a cubrir un acto al auditorio municipal, donde supuestamente se encontraban Lima Gómez y Ramírez Guerrero impartiendo un curso de capacitación a policías preventivos y agentes de Tránsito municipal.

Pero en ese momento llegó al lugar Ramírez Guerrero, a bordo de su camioneta Lyberty blanca, acompañado por su escolta integrada por tres agentes judiciales; la camioneta del titular de SSPyPC, el comandante regional de la PJ, Cortés Salado, mientras Estrada Salmerón y Chávez Carmona lo hicieron a pie.

Entre los puntos abordados en la reunión –según una fuente– estuvo el caso de la ejecución del empresario farmacéutico, Domingo Mendoza Guzmán.

Al concluir la reunión, pasadas las 3:30 de la tarde, y por viajar en sus autos, ninguno de los funcionarios aceptó una entrevista.

En la reunión estuvieron el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Arturo Lima Gómez; el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero; el director general de Reclusorios, Joaquín Estrada Salmerón; el presidente municipal Lázaro Mazón Alonso y el director de la Policía Preventiva, Víctor Manuel Miranda Taboada.

Así como el director del penal, Fredi Chávez Carmona; el comandante regional de la Policía Judicial, Fredy Cortés Salado, y representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía Federal Preventiva (PFP).