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Someterán a 20 años de reeducación a dos violadores y a un comandante de la CRAC

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En la comunidad de Colombia de Guadalupe, municipio de Malinaltepec, la casa de justicia de Espino Blanco de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) determinó someter a 20 años de reeducación a dos hombres por violación de una joven que comandantes regionales sacaron de la institución a tomar cervezas, donde estaba detenida por “falta de disciplina a sus padres”.
De acuerdos con fuentes de la comunidad, también fue sancionado con 10 años de reeducación un comandante, que en ese momento estaba a cargo de la comandancia de Espino Blanco, como cómplice de los agravios a la víctima.
De acuerdo con los primeros datos conocidos del acta informativa de fecha 25 de mayo, la joven fue violada por dos comandantes, pero ayer una fuente de la comunidad precisó que el ataque sexual fue perpetrado por un taxista de nombre Marino, y luego por otro hombre llamado Damián, que aseguraron que habían pagado por servicios.
Mientras que los comandantes regionales se encontraban en completo estado de ebriedad en una tienda a donde llevaron a la joven a tomar cervezas.
Desde el 26 de mayo, comisarios y delegados del núcleo agrario de Colombia de Guadalupe determinaron detener  a Marino y Damián por presunta violación, y el 16 de junio iban a determinar su sanción.
Además se informó que los dos comandantes regionales, uno de nombre Timoteo, quedaron detenidos en la Comisaría de Colombia de Guadalupe.
Ayer la Casa de Justicia de Espino Blanco no había fijado una postura sobre lo denunciado por integrantes de la comunidad, que dieron cuenta de los hechos, para que autoridades estatales y organismos de derechos humanos hagan las observaciones conducentes y atiendan a la víctima.
Por ciudadanos se tuvo conocimiento de las sanciones que se aplicaron este fin de semana.
La Casa de Justicia de San Luis Acatlán deslindó al sistema comunitario de los hechos publicados por El Sur. Una fuente de la casa matriz consultada vía telefónica, confirmó que hubo una reunión regional la tarde del sábado en Colombia de Guadalupe, pero los comandantes y coordinadores de Espino Blanco no mencionaron nada de lo que se presentó en los medios.
Tampoco rechazó lo sucedido, que consideró que pudo ser resuelto de manera interna por las autoridades comunitarias de la Casa de Justicia.

Se deslinda la CRAC de Huamuxtitlán de la retención de comunitarios de Rincón de Chautla

El miembro del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Huamuxtitlán, Manuel Alejandro Gutiérrez se deslindó de los hechos de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, donde el sábado pasado retuvieron a 14 policías comunitarios de una fracción opuesta que luego fueron liberados, el 16 de junio.
Manuel Alejandro Gutiérrez solicitó, vía telefónica, que se precisara la información luego de que en diversos medios, incluido El Sur, se publicó que en la operación del 18 de junio participaran policías comunitarios de Cualac, Huamuxtitlán y Temalacatzingo, del municipio de Olinalá.
“Los que integramos la Policía Comunitaria de La Cañada, de Alpoyeca, Huamuxtitlán y Xochihuehuetlán no tuvimos conocimiento de nada”, dijo.
Descartó la participación de la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo y de la que hay en Huamuxtitlán, así como la de Cualac, “porque nadie nos dijo, y no se vale que digan que estuvimos cuando no fue cierto”.
Añadió que en la subregión Cañada tienen sus ocupaciones, y que para participar en alguna acción u operativo se convoca y no se hace a la ligera.
Agregó que la precisión es porque se continúa hablando de su participación, pero “para que nosotros pudiéramos estar nos debieron convocar a una reunión, y eso no ocurrió”, insistió.
El comité de comentó que tampoco cree que participaran en la operación los policías comunitarios de Cualac ni integrantes de la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo, de Olinalá y sus comunidades.
El 11 de junio, policías comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco acudieron a la comunidad de San Jerónimo Palantla, Chilapa, donde, luego de anunciar la conformación de su organización, retuvieron a 14 policías comunitarios pertenecientes a la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores de Rincón de Chautla.
Las 14 comunitarios fueron liberados el 16 de junio, tras una asamblea, donde se acordó la disolución de ambos grupos comunitarios; el comisario municipal se coordinará con la Policía Estatal para la seguridad, acordaron.

Exige la CRAC de Chautla justicia por el asesinato de uno de sus miembros y la libertad de 14 detenidos

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de los Pueblos Fundadores de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, exigió ayer justicia ante el asesinato de su comandante suplente de la Policía Comunitaria de Xochitempa, Florencio Morales Salgado –ocurrido el sábado–, y la libertad de sus compañeros detenidos en San Jerónimo Palantla y en Xochitempa.
En conferencia de prensa ayer en Chilpancingo, integrantes de la CRAC de los Pueblo Fundadores confirmaron que son 14 los detenidos en la Casa de Justicia de Espino Blanco, y no 13 como informaron el domingo el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro, y el dirigente de la CRAC, Cirino Plácido Valerio. De ellos, 12 son de San Jerónimo Palantla y dos de Xochitempa.
Los consejeros de justicia, Lorenzo Ramírez Rodríguez y Marcial Ramírez Rodríguez, así como los coordinadores Daniel Luna Martínez y Escolástica Luna Gaspar, informaron que se integró una comisión de autoridades de la CRAC de los Pueblos Fundadores que se trasladará a Espino Blanco para exigir un careo con quienes acusan a los detenidos de cometer delitos.
Informaron que también van a iniciar una campaña de denuncia en las comunidades que pertenecen a la CRAC de la Casa de Justicia de Espino Blanco, por las irregularidades que cometieron policías comunitarios de esa casa al irrumpir en territorio comunitario de la CRAC de los Pueblos Fundadores, en donde asesinaron “a sangre fría” al comandante suplente, Florencio Morales Salgado.

Reconoce Cirino Plácido infiltración del crimen organizado en la CRAC

Por su parte, el dirigente Cirino Plácido Valerio reconoció que el crimen organizado ya infiltró a la CRAC y a su Policía Comunitaria y que es la causa que ahora se instalen CRAC en Guerrero, “como oxxos en Chilpancingo”, y denunció que los gobiernos federal y estatal están utilizando a la delincuencia organizada para dividir y enfrentar a la CRAC, a su Policía Comunitaria y a los pueblos indígenas.
Antes, el consejero Ramírez Rodríguez narró lo sucedido el sábado.
Dijo que a las 6 de la mañana llegaron a San Jerónimo Palantla “hombres armados” en seis camionetas y saquearon muchas casas sin presentar ninguna identificación, “no dijeron quiénes eran y no presentaron orden de aprehensión alguna, allanaron casas y tiraron las cosas que había adentro y agarraron a 12 ciudadanos de dicha comunidad, entre ellos el comisario suplente, un comandante regional de la Policía Comunitaria nueve policías comunitarios y un ciudadano”.
Agregó que después se trasladaron a Xochitempa, una comunidad vecina, “donde Evodio Calvario Merino, Facundo Bolaños Reyes, Miguel Ángel Orgín Zizinteco y David Tolentino Tlalmanco, originarios de San Jerónimo Palantla asesinaron a sangre fría a Florencio Morales Salgado de 22 años, comandante suplente de la Policía Comunitaria”.
Declaró que, según testimonio de su viuda, eran las 7 de la mañana cuando llegaron a la casa del comandante suplemente llamándolo para que saliera, y que cuando “él iba abriendo la puerta de su casa para salir, inmediatamente se acercaron y Evodio Calvario Merino le dijo: ‘¡te lo dije!’. En seguida le dio un balazo con una arma corta”.
De la misma comunidad de Xochitempa, se llevaron detenidos, junto con sus armas, a otros dos policías comunitarios.
Dijo que fue hasta después de que habían detenido a los 14 integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores, y asesinado a Florencio Morales Salgado, cuando “los hombres armados” se identificaron como policías comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco, Cualac y San Luis Acatlán, y que todos ellos iban encapuchados.
“De estos hechos, los responsables son Efraín Torres Fierros y Clemencia Guevara Tejedor (dirigentes del FDP), así como Evodio Calvario Merino, Facundo Bolaños Reyes, Miguel Ángel Orgin Zizinteco y David Tolentino Tlalmanco, porque ellos son los que planearon esta acción”, denunciaron en un escrito que entregaron a los medios de comunicación.
La comisión de la CRAC de los Pueblos Fundadores también hizo responsables a los coordinadores regionales de Espino Blanco, “por abuso de autoridad y por atravesar el territorio de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla sin avisar, violando el reglamento interno de la Policía Comunitaria”.
Exigieron respeto a las casas de justicia de Cualac y San Luis Acatlán, “y a los supuestos policías comunitarios que participaron en estos hechos, quienes venían encapuchados, cuando sabemos bien que la policía que trabaja legalmente nunca se cubre la cara, porque es del pueblo, sólo los delincuentes se cubren la cara cuando actúan”, dijo el consejero Lorenzo Ramírez Rodríguez.
A raíz de este conflicto, los integrantes de la comisión demandaron a las autoridades comunitarias de las casas de justicia de Espino Blanco; San Luis Acatlán; Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc; El Paraíso, municipio de Ayutla, y San Nicolás, municipio de Cuajinicuilapa, una mesa de diálogo para analizar la problemática que existe en las casas de justicia, “ya que no es justo que como pueblos originarios somos explotados por el mismo gobierno, y todavía entre nosotros tengamos pleitos, cuando la Policía Comunitaria es para apoyar y cuidar a nuestra gente”.
En su escrito, los integrantes de la comisión recordaron a los gobiernos municipal, estatal y federal que la actuación de la Policía Comunitaria, “es legal y legítima”, y que la ley reconoce su función como actos de autoridad.
“Somos autoridades comunitarias, trabajamos con los pueblos y para los pueblos, siempre con la consigna de mandar obedeciendo, y donde el pueblo manda la autoridad obedece, por lo que exigimos respeto, y no aceptamos que autoridad alguna nos acuse irresponsablemente de ser grupos armados ilegales”.
Al respecto, el dirigente de la CRAC reconoció que el sistema comunitario perdió el rumbo desde que el crimen organizado infiltró a la Policía Comunitaria.
Acusó a los gobiernos federal y estatal de utilizar al crimen organizado para dividir a la CRAC, como pasó en la casa matriz de San Luís Acatlán en 2013, y ahora pretende confrontar a la de Espino Blanco con la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores de Rincón de Chautla.
Plácido Valerio insistió en que el grupo que asesinó el sábado a Florencio Morales Salgado y detuvo a los 14 policías comunitarios, pertenece al grupo criminal de Los Rojo, y que se dedica a la siembra de amapola en la región.

Efectivos del Ejército se negaron a detener a los responsables del asesinato

Por su parte, la coordinadora, Escolástica Luna Gaspar denunció que los soldados del Ejército se negaron a detener a los responsables del asesinato de Morales Salgado. Aseguró que llegaron cuando el cuerpo estaba todavía tendido en el suelo y que quienes lo mataron aún se encontraban en el lugar, “les señalamos quiénes eran y les pedimos que los detuvieran, y no hicieron nada”, se quejó.
Denunció que el cuerpo todavía ayer no se sepultaba porque quienes ahora se dicen policías comunitarios aún se encontraban a orillas de Xochitempa y que mantenían amenazados a sus familiares para que no participaran en el sepelio los integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC de los Pueblos Fundadores, sino sólo familiares y vecinos.
Declaró que la situación aún era tensa a pesar de que en la comunidad hay soldados del Ejército mexicano, que no hacen nada.
Los integrantes de la CRAC de Rincón de Chautla, exigieron justicia ante el asesinato del comandante suplente de la Policía Comunitaria de Xochitempa, Florencio Morales Salgado, y la libertad de sus 14 compañeros de San Jerónimo Palantla que se encuentran detenidos en la casa de justicia de Espino Blanco.
Informaron que el domingo se integró una comisión de autoridades que ayer mismo se trasladaría a Espino Blanco para exigir la libertad de los 14 detenidos. Aunque a las seis de la tarde, los integrantes de la Comisión todavía se encontraban en Chilapa esperando que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) les proporcionara vehículos para su traslado.
Plácido Valerio dijo que el objetivo es pedir un careo con las autoridades comunitarias que acusan a los detenidos de cometer delitos.
Anunció una campaña de denuncia en las comunidades que pertenecen a la Casa de Justicia de Espino Blanco, tras las irregularidades y violaciones al reglamento de la CRAC en que incurrieron autoridades y policías comunitarios al invadir territorio ajeno y asesinar a Florencio Morales.

Comparecen ante un juez de Tlapa comunitarios de la Casa de Espino Blanco acusados de privación de la libertad

 

Policías comunitarios de Tototepec, Tlapa, y de la Casa de Justicia de Espino Blanco, con sede en Malinaltepec, pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) comparecieron ante el Juzgado Primero de Tlapa ante una demanda de privación ilegal de la libertad, informó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan.
En consulta telefónica, informó que el agente del Registro Civil de Tototepec, Fidel Villegas, sometido a reeducación en el Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia a principios de agosto, se amparó y presentó una demanda por secuestro, pero el juez del fuero común reclasificó el delito y liberó órdenes de aprehensión a 18 comunitarios.
En el proceso penal, dijo Rosales Sierra, los policías comunitarios también se ampararon para decir ante la justicia federal que tienen facultades de seguridad y justicia respaldada por distintas leyes y tratados. Asimismo, este martes y miércoles ofrecieron pruebas documentales ante el juzgado penal en Tlapa para confirmar que la Policía Comunitaria es legal y está facultada para hacer tareas de seguridad y justicia, por lo que no pueden ser acusados de privación ilegal de la libertad.
En consulta telefónica, confió que el lunes, cuando se vence el plazo para definir la situación legal de los implicados, el juez dicte el auto de libertad.
El abogado de Tlachinollan explicó que la Casa de Justicia de Espino Blanco ha tenido un periodo inestable, en dos meses ha retirado a cuatro coordinadores, y en este contexto la comunidad de Tototepec, con una historia larga de división intracomunitaria, llevó a juicio a Fidel Villegas.
Del conflicto en la comunidad, añadió que hay dos grupos contrarios, uno en el que participa Villegas y otro que es parte de la Policía Comunitaria de Tototepec.
Debido a que los hijos del funcionario comenzaron a cometer agravios contra vecinos con la venia de su papá, los comunitarios retuvieron a Villegas y lo trasladaron a la Casa de Justicia de Espino Blanco.
Rosales Sierra destacó que con dos amparos en proceso, el juez se enfrenta a una controversia y debe definir la legalidad de la institución comunitaria este lunes, cuando termina el plazo para definir su situación legal.
Recordó que los juzgados y ministerios públicos locales han evadido analizar los caso de la CRAC que llegan al sistema judicial, aunque existe el precedente de sentencias federales que reconocen a la institución de los pueblos como parte del cuerpo de seguridad pública del Estado, que se establece en la Ley 701.
Por ejemplo, señaló que en la apelación a favor de los integrantes de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco, Nestora Salgado García y Arturo Campos Herrero, entre otros acusados y presos por delitos del fuero común, un Juez de Distrito determinó que no podrían ser acusados de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro, porque sus acciones se enmarcan en sus funciones como policías comunitarios.
Indicó que el juez, dijo que actos de la CRAC deben ser asemejados a actos de autoridad, porque están reconocidos. Incluso, dijo que hay sentencias por la portación de armas de fuego, donde establece que pueden usar armas que no sean del uso exclusivo del Ejército. Añadió que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, tramitó un permiso en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para el uso de armas de bajo calibre.
No obstante, todos los jueces locales y el Ministerio Público han sido renuentes, “sí han sido cerrados para aceptar un criterio más garantista, analítico donde digan si la Policía Comunitaria es legal o no”, explicó.

Es definitivo el cese de la Policía Comunitaria en Tototepec, Tlapa, dice el comisario afín al PRI

 

El comisario municipal afín al PRI, de la comunidad de Tototepec, municipio de Tlapa, Laurencio Gálvez Alarcón y su comitiva informaron que el acuerdo de suspender las funciones de la Policía Comunitaria en el poblado es definitivo por la violación a los derechos humanos y porque la han usado como instrumento para “ajustar cuentas políticas”.
En una entrevista en Tlapa, lamentó los señalamientos contra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de que hubo dinero de por medio para la liberación de Fidel Villegas, “con eso sólo afectan a la policía, de la que forman parte y promueven”.
Como vecinos aceptamos el trabajo de la CRAC-PC y sus lineamientos internos apegados a los derechos humanos, expuso y agregó, “los coordinadores actuaron bien y eso lo reconoce la familia Villegas, a quien le dejaron ver a su familiar y recibieron todas las pruebas que permitieron su liberación”.
Desmintió que en los Bienes Comunales de Tototepec hubiera una asamblea para designar al presidente del comisariado y al Consejo de Vigilancia, “por ese motivo se desconoce a Honorio Bonilla Morales como presidente, porque no han emitido la convocatoria ni se realizó una asamblea para que se reunieran los mil 606 comuneros o el 50 (por ciento) más uno para hacerla”.
Aunque dijeron tener información de que las actas habían sido enviadas al Registro Agrario Nacional (RAN).
Los vecinos dijeron que desde la elección del comisario en enero de 2015 se agudizaron los conflictos en el poblado y desde entonces hay dos comisarios municipales.
El 10 de abril se acordó no hacer uso del inmueble hasta el 2016, después de elegir a un comisario y se estableció que la Policía Comunitaria estaría al margen.
Los detenidos serían entregados a cada comisario, según su grupo, para que determinaran qué hacer con ellos, “pero no sucedió así y detuvieron a Fidel Villegas”.
Dijeron que Fidel Villegas fue detenido el 4 de agosto por policías comunitarios de Tototepec, por lo que iniciaron algunas pláticas con los coordinadores de la Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, para pedir su liberación ya que las acusaciones no tenían sustento.
Los vecinos abundaron que Fidel Villegas fue señalado de cometer despojo, tentativa de homicidio y usurpación de funciones, pero estos delitos no se encuentran dentro del reglamento de la CRAC y no eran de su competencia.
De la tentativa de homicidio, los vecinos dijeron que fue un “incidente con sus sobrinos, nietos y pobladores que resultaron atropellados y lo acusaron de autor intelectual, cuando él no había participado y el coche no era suyo”.
Agregaron que por eso se acercaron a la Casa de Justicia de Espino Blanco para hablar con los coordinadores, César Ramírez Bello, Jesús Reyes Basurto, Jesús Cesáreo Sánchez y Valerio Basurto Sánchez, después de tres meses de diálogo y varias sesiones, el 14 de noviembre, después de deliberar más de 12 horas en una asamblea pública, se liberó a Fidel Villegas, pese a la oposición del grupo de la Policía Comunitaria de Tototepec.
Dijeron que los vecinos que denunciaron y parte de la CRAC encabezados por Fernando Montalvo no acudían a las reuniones en Espino Blanco, y concluyeron que “la usaban para desquitarse de manera política y ahora como se actuó con responsabilidad, insultan a los coordinadores diciendo que agarraron dinero”.
Dijeron que en las reuniones de la CRAC-PC en Espino Blanco se habló de liberar a Fidel Villegas y del cese de sus labores en Tototepec, lo que se acordó el 13 de diciembre con una votación de 27 a favor y tres en contra.
Agregó que será el comisario del poblado el que desarme a los comunitarios y dé de baja las armas registradas en Espino Blanco.
En Tototepec hay dos comisarios y se espera que la primera quincena de enero se designe a uno y se ocupe de nuevo el inmueble de la Comisaría.
Dijo que la familia Villegas no pretendía desacreditar al Sistema de Justicia Comunitario cuando denunciaron ante los medios de comunicación que les pedían dinero para su liberación, “el señalamiento era para la PC de Tototepec, porque en la Casa de Justicia los coordinadores actuaron imparciales, recibieron todas las pruebas y argumentos, y concluyeron que no había motivo para la reeducación”.
Remarcaron que no sobornaron a nadie y la decisión fue porque algunos delitos no estaban dentro del reglamento, faltaron pruebas, las imputaciones eran indirectas y se podían resolver dentro de la comunidad sin la intervención de la CRAC.
Además dijeron que la Policía Comunitaria estaba en manos de un grupo que viola los derechos humanos, con quienes no estaban de acuerdo y no participaron en acciones como la balacera el 5 de abril contra pobladores, que derivó en el cierre de la Comisaría.