El relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst se reunió ayer por separado en Chilpancingo con autoridades estatales y representantes de organismos civiles de derechos humanos, los últimos denunciaron impunidad, denegación de justicia y una situación difícil y riesgosa para desempeñar su trabajo debido a la violencia e inseguridad.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montana, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández dijo que expuso ante el relator de la ONU que en Guerrero existe un patrón sistemático de agresiones a los defensores por las autoridades, pero ahora también por el crimen organizado, lo cual hace mucho más peligrosa su participación en la defensa de los derechos humanos.
Todas las reuniones de Forst fueron en privado y no dio declaraciones.
El personal que lo acompaña informó que el 24 de enero cuando termine su visita oficial en el país, ofrecerá una conferencia de prensa en la ciudad de México, en la que dará a conocer su diagnóstico de las quejas y denuncias que recibió.
En la mañana se reunió con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, con el fiscal Xavier Olea y con el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, quienes le entregaron un informe de la protección a personas defensoras de derechos humanos en el estado, se informó en un boletín.
Después de la 1 de la tarde se reunió casi media hora con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno.
Al terminar el ombudsman informó que le planteó que el trabajo del organismo es “difícil” debido a la inseguridad que se vive en la entidad, y por la escasez de recursos.
Agregó que precisó que en este organismo “no hemos sido agredidos de manera directa, pero que sí las condiciones en que trabajamos son adversas”.
Dijo que otra de las causas por las que trabajan en condiciones adversas es la falta de recursos económicos, “no tenemos los recursos suficientes para atender la totalidad de los problemas que surgen en el estado. Lo hacemos con muchas dificultades, no obstante hemos tenido resultados importantes”.
Se reunió por separado y en privado unos minutos con el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, así como con representantes de organismos civiles de derechos humanos, colectivos de familiares de víctimas de desaparecidos, asesinados y de violación a sus derechos humanos.
Asistieron el director de Tlachinollan Abel Barrera Hernández, el representante del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa Alejandro Ramos Gallegos, el secretario técnico de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Manuel Olivares Hernández, y el presidente del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada.
También representantes de colectivos de familiares de desaparecidos de Iguala, Chilpancingo y Acapulco, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, hija del líder campesino desaparecido en 1974 en Atoyac, Rosendo Radilla Pacheco.
Se reunieron con el relator de la ONU los directivos del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) que encabeza Javier Monroy, las familias desplazadas de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, encabezados por Catalina Pérez, una comisión de habitantes de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, encabezados por Quintín Salgado y el dirigente del sindicato de mineros de Taxco que están en huelga, Roberto Hernández Mojica.
Además se reunieron con Michel Forst la esposa del dirigente de Unidad Popular (UP) de Iguala asesinado en 2013, Arturo Hernández Cardona, Sofía Lorena Martínez, la hermana de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Rocío Mesino, Norma Mesino y el abogado de Gonzalo Molina González, Hegel Mariano.
A la llegada del relator a la casa Diocesana, conmovió a los asistentes que la nahua de la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, María Guadalupe Tepetitlán abrazó al enviado de la ONU y en su idioma (no habla español) le pidió ayuda entre sollozos para encontrar a su esposo Guillermo Limpa Torres y a su hijo José Lauro Limpa Tolentino, ambos desaparecidos el 25 de febrero de 2015 en Chilapa. Ese día con ellos desapareció el indígena de Acahuehuetlán, municipio de Chilapa, Juan Campos Regino, denunció la esposa de éste, Paula Ahuejote Gutiérrez.
Las dos mujeres llegaron con el colectivo de familiares de desaparecidos de Chilapa, Siempre Vivos, que preside José Díaz Navarro, quien minutos después entregó al relator un álbum con los 100 casos de desaparecidos que tiene documentados ese grupo solamente de los municipios de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo.
Díaz Navarro denunció que la violencia sigue en Chilapa y que sólo en la última semana se cometieron siete homicidios.
Reprochó al gobierno del estado “que su estrategia que está implementando es un fracaso” y le exigió que la cambie porque se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, “porque no hay peor cosa que nos quiten la vida”.
Las agresiones del gobierno y del crimen
Otro de los problemas que se denunció al relator es el caso de la denegación de la justicia en los casos de asesinatos de dirigentes, como el líder de la UP de Iguala, Arturo Hernández Cardona y de Rocío Mesino, ambos asesinados en 2013.
Norma Mesino denunció que en el caso de su hermana desde el 18 de septiembre del 2014 solicitó a la Procuraduría de Justicia del estado (hoy Fiscalía General del Estado) copia del expediente, mismo que le fue negado con el argumento de la secrecía en la investigación.
Sin embargo denunció que en diciembre pasado la Fiscalía emitió un boletín del caso en donde se dan a conocer las supuestas actuaciones que hace, cuando en realidad no se está investigando y no hay avances.
Norma Mesino y Sofía Lorena expusieron el caso de los asesinatos de Rocío Mesino y Arturo Hernández. Denunciaron que la FGE no los ha esclarecido y que como consecuencia el gobierno estatal les ha negado la justicia.
El abogado Hegel Mariano también expuso el caso del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, quien está preso debido a la falta de voluntad del gobierno para liberarlo.
A su vez las familias desplazadas de La Laguna denunciaron el abandono y la inseguridad jurídica en que viven en los lugares donde se encuentran refugiadas después de que abandonaron su comunidad asolada la delincuencia organizada.
El director de Tlachinollan declaró entrevistado al final de las reuniones con los distintos grupos, que el diagnóstico que fue presentado al relator es que existe un patrón sistemático de agresión a defensores y defensoras de derechos humanos en Guerrero, como consecuencia de que no hay un reconocimiento público a su trabajo en cuanto a su labor en favor de las víctimas, y para subsanar las fallas estructurales que hay en el sistema de justicia y de seguridad.
“Más bien hay una estigmatización al trabajo de los defensores”, reprochó Barrera Hernández quien agregó que en muchos de los casos “se usa el derecho para castigar a los defensores”.
Se quejó de que en este ambiente, actualmente los defensores sufren agresiones de las autoridades pero también por agentes no estatales, como el crimen organizado, “y ahora el peligro es mayor para los defensores porque se ha perdido la línea divisoria entre los agentes del Estado y los no estatales”.
Antes de que llegara Michel Forst el obispo Rangel Mendoza platicó con los representantes de los distintos grupos. Les dijo que “se pone la camisa de los padres de los desaparecidos” y les manifestó que él ha propuesto un diálogo “con la gente que provoca el mal” pero que no ha sido atendida esa petición.
El relator de la ONU quería informarse si existen casos de hostigamiento o tortura, informa el gobierno estatal
La reunión de Michel Forst con las autoridades fue en la mañana en la Secretaría de Gobierno, y se dio a conocer en un boletín de prensa.
Se informó que estuvieron el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez, el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes y el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, David Augusto Sotelo Rosas.
“El interés de Michel Forst por reunirse con las autoridades del Estado es por la preocupación que tiene sobre la protección de personas defensoras de los derechos humanos, para informarse sobre si existen casos de hostigamiento o tortura”, se informó en la misiva.
Agrega que el relator pidió a las autoridades reconocer la labor públicamente de los defensores y defensoras y a su vez tener voluntad para resolver los casos que pudieran presentarse.
Afirma que el secretario general de Gobierno le explicó al enviado de la ONU que el gobernador le instruyó que “expresara con claridad y transparencia la situación que guarda el cumplimiento de medidas cautelares y de protección a las personas defensoras de los derechos humanos en el Estado, ya que ésta es una política prioritaria para esta administración”.
Se informó que en la presentación se señaló que desde el 2011 a la fecha existen 21 medidas solicitadas y que la administración de Astudillo Flores sólo ha recibido una solicitud de medidas cautelares, solicitada por la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Se destacó que se envió al Congreso del Estado una iniciativa para la creación de un mecanismo de protección eficaz, garantizando los derechos fundamentales y de libertad de expresión. Dentro del mismo informe se detallaron por nombre, organismos solicitantes las medidas cautelares y el nombre de quien tiene la calidad de personas Defensoras de Derechos Humanos en el estado”, agrega.
En el boletín se informa que las autoridades presentaron un informe de la protección a personas Defensoras de Derechos Humanos .
