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Dos desaparecidos en Apango están entre los 34 cuerpos hallados en fosas clandestinas de Zitlala

 

Tayde Antonio Hernández Astudillo, hijo del luchador social fallecido Lino Hernández López y el agente de tránsito estatal Guillermo Linares, desaparecidos el 16 de septiembre junto a Cristian Fernando Salinas en Apango, fueron identificados entre los 34 cuerpos hallados en fosas clandestinas en el cerro de Tenanchitla, municipio de Zitlala el 22 de noviembre, confirmaron este lunes sus familiares.
Con ellos suman seis los cadáveres que han sido identificados y reclamados ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los otros cuatro son el policía estatal Darío Sixtos Abarca desaparecido el 20 de octubre del año pasado en Chilapa, Karina Gutiérrez Rodríguez una joven estilista de 20 años que desapareció el 19 de octubre, Raúl Moreno Alcocer trabajador de la tortillería Juquilita de Chilapa, también desaparecido en octubre pasado, y Lázaro Nava Navarrete quien llevaba 2 años desaparecido pero su cuerpo fue hallado con señas de muerte reciente entre los 34 cadáveres.
El representante del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro informó este lunes vía telefónica, que el proceso de identificación es lento.
También aprovechó para anunciar que a raíz de la visita en diciembre pasado del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (ONU-DH) Jan Jarab, ahora visitará Guerrero el 19 de enero el relator especial de las Naciones Unidas para defensores de derechos humanos Michel Forst.
De la identificación de los cadáveres que fueron hallados el 22 de noviembre en el cerro de Tenanchitla, municipio de Zitlala, ayer familiares de Tayde Antonio Hernández y Guillermo Linares, quienes estaban desaparecidos junto con Cristian Fernando Salinas Astudillo desde el 16 de septiembre en Apango, confirmaron que fueron identificados en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) entre los 34 cuerpos. Ambos fueron sepultados el jueves de la semana pasada.
Mientras tanto, familiares de Cristian Fernando están en espera de los resultados de la confronta del ADN para reclamarlo.
Los tres fueron vistos por última vez después del mediodía del 16 de septiembre en Apango, desde cuando sus familiares venían exigiendo a las autoridades estatales que se investigara su paradero.
Tayde Antonio era hijo del fallecido dirigente social Lino Hernández López y junto con su primo Cristian Fernando tocaban en un grupo musical.
Mientras que Guillermo, el otro joven que ya fue identificado y sepultado en Apango, era agente de Tránsito Estatal.
Un día después de que desaparecieron, sus familiares y vecinos de Apango integraron brigadas y los buscaron en comunidades cercanas como Almolonga, Hueyitlalpan, Zotoltitlán y La Esperanza. Desde los primeros días vecinos de esas comunidades les informaron que vieron pasar un Neón Blanco (propiedad de Tayde Antonio) en el que al parecer se los llevaron rumbo a Zitlala.
Por separado el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz, informó que otros cuatro de los 34 cuerpos encontrados en esas fosas clandestinas han sido identificados y reclamados por sus familiares.
Una de ellas es la joven estilista Karina Gutiérrez quien desapareció el 9 de octubre en Chilapa.
La joven trabajaba en una estética en Chilpancingo y al llegar a la base de las combis de la ruta Chilapa-Chilpancingo desapareció.
Otro de los cuerpos identificados es el de Raúl Moreno Alcocer, trabajador de la tortillería Juquilita de Chilapa y de quien sus familiares no han proporcionado mayores datos, aunque Díaz Navarro confirmó que su cadáver fue identificado y reclamado ante las autoridades.
Otro identificado es Lázaro Nava Navarrete, también de Chilapa y quien estaba desaparecido desde hace 2 años, sin embargo su cuerpo fue encontrado entre los 34 cadáveres con señales de muerte reciente.
“Eso quiere decir que (sus victimarios) los trajeron dos años trabajando o en condiciones que no se sabe, pues apareció muerto 2 años después”, dijo el presidente del colectivo Siempre Vivos, quien explicó que su cabeza apareció en las fosas halladas en Zitlala pero su cuerpo cerca de Tixtla.
Informó que Lázaro Nava estaba desaparecido desde el 21 de noviembre del 2014.
“Esto nos da dos mensajes, uno, que muchos de nuestros compañeros que buscamos pueden estar vivos y los pueden tener trabajando en algún sembradío de droga o los traen como sicarios, pero pueden estar vivos”, dijo Díaz Navarro.
También fue identificado el cuerpo del policía estatal, Darío Sixto Abarca quien estaba desaparecido desde el 20 de octubre, después de que llegó de su día de descanso a Chilapa.
El 20 de octubre Sixto Abarca fue levantado cuando regresaba de Chilpancingo, sin embargo su desaparición fue dada a conocer hasta una semana después.
Sus familiares informaron que el policía fue visto por última vez a las 7:30 de la noche de ese 20 de octubre en la capilla de Cristo Rey en el Zoyatal, antes de que hombres armados se lo llevaran.
El lugar en donde fueron halladas las fosas clandestinas es una zona que se disputan los grupos criminales Los Ardillos y Los Rojos.

Entregarán información al relator de la ONU

Díaz Navarro informó que a raíz de la visita del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Jarab, ahora visitará Guerrero el relator especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst.
El representante de la ONU estará en visita oficial en México del 16 al 24 de enero, aunque llegará con antelación para participar el 13 en una actividad organizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en donde se revisarán las condiciones en que trabajan los defensores y representantes de organismos civiles de derechos humanos.
Díaz Navarro adelantó que en su visita a Guerrero le entregarán información sobre la grave situación en que trabajan las personas defensoras de derechos humanos en la entidad.
Michel Forst también estará en los estados de México, Chihuahua y Oaxaca. Igual que en Guerrero también se reunirá con autoridades gubernamentales y agrupaciones de la sociedad civil, según la agenda que fue dada a conocer ayer por el presidente del colectivo Siempre Vivos.

 

En 2016 hubo cinco secuestros múltiples en Tierra Caliente y toda una familia desaparecida en Zitlala

De enero a diciembre de 2016 en Guerrero ocurrieron cinco secuestros y una desaparición masivas, según un recuento de la información publicada en El Sur. La región donde ocurrieron más crímenes de este tipo fue Tierra Caliente.
La desaparición múltiple fue la de seis integrantes de una familia de la que no se sabe su paradero desde el 18 de octubre, cuando iban de Zitlala a la cabecera municipal de Chilapa.
El 7 de enero hombres armados irrumpieron a las 6 de la mañana en la comunidad de Quetzalcoatlán de Las Palmas del municipio de Zitlala, ahí ejecutaron a seis personas, entre ellas a un adolescente de 14 años y dejaron a tres heridos, según informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.
Ante la disputa del territorio entre los dos grupos de la delincuencia organizada Los Rojos y Los Ardillos han ocurrido hechos de violencia en los municipios de Chilapa y Zitlala, en la parte baja de la región de la Montaña.
Después de los hechos se informó que más de la tercera parte del pueblo se desplazó de su comunidad y se refugió en la cabecera municipal, en el recuento se mencionaron 74 personas entre autoridades comunitarias y 18 niños en edad escolar.
En marzo, a dos meses de que fueron desplazados por el ataque de hombres armados, 12 familias nahuas de Quetzalcoatlán regresaron voluntariamente a sus casas, informó entonces la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).

Región Tierra Caliente

Sólo en la región Tierra Caliente ocurrieron cinco secuestros múltiples, entre las víctimas de la violencia están mineros, maestros y grupos de ciudadanos que transitaban en las calles.
El 10 de enero como se informó en este periódico, sicarios asesinaron a dos taxistas y a dos vecinos de Arcelia, entre ellos José Eutimio Tinoco, El Rey de la Tortilla, y secuestraron a 21 hombres, hirieron a otro e incendiaron dos taxis, cuando el numeroso grupo de familias completas se dirigía a una boda que se celebraba en la comunidad El Salitre, del mismo municipio de Arcelia, en la región Tierra Caliente.
Al día siguiente, el lunes 11 de enero unos 30 hombres con armas largas irrumpieron en las instalaciones de la secundaria técnica 114 de la comunidad de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, y secuestraron a cinco maestros, entre ellos al director.
Al comenzar el viernes 15 de enero los 21 secuestrados en la boda fueron liberados por sus captores y encontrados por policías ministeriales cerca de la comunidad de La Gavia, que es el bastión del grupo criminal Los Tequileros del vecino municipio de San Miguel Totolapan. Hubo una amplia operación de búsqueda desplegada por soldados del Ejército y corporaciones federales y estatales.
Según reportes oficiales, a la 1 de la madrugada los policías ministeriales ubicaron a los 21 hombres en el cerro Las Antenas, cerca de la comunidad La Gavia, y los trasladaron a la agencia del Ministerio Público de Arcelia.
El mismo viernes en la tarde aparecieron en la comunidad de San Francisco, municipio de San Miguel Totolapan, cuatro de los cinco profesores secuestrados en su escuela en Santana del Águila, y se dijo que el director de la secundaria 114, Joaquín Real Toledo fue asesinado a golpes el primer día del secuestro debido a que no pudo caminar porque tenía complicaciones de su salud.
La versión oficial indicó que fueron liberados mediante una acción policiaca en la que no hubo disparos ni detenidos.
El 16 de enero el cuerpo del director fue hallado por militares cerca del cerro del Águila. El cuerpo fue ubicado a las 11 de la mañana, luego de una búsqueda de varias corporaciones. El Ejército siguió el rastro del primer reporte que recibieron de los testigos acerca de la ruta de escape que usaron los secuestradores. El lugar donde fue localizado el profesor se ubica a unos 2 kilómetros de la secundaria.
En septiembre ocho mineros fueron secuestrados en un camino de terracería cuando se dirigían a la mina en una camioneta de la empresa Beneficiadora de Materiales de Temixco, procedentes de la cabecera municipal, Arcelia.
Los mineros lograron escapar de su cautiverio, cuatro huyeron a través de un cerro y regresaron a sus casas, y cuatro cruzaron el río Balsas, uno murió al tratar de pasar.
Ese mes la contadora de la empresa Beneficiadora de Materiales de Temixco, su esposo y de su hijo fueron secuestrados cuando se dirigían a la mina, los criminales liberaron a la pareja y se quedaron con el adolescente de 16 años y un millón de pesos que llevaba la mujer para el pago de la nómina. Ese día hombres armados irrumpieron en las instalaciones de la mina y se llevaron a un ingeniero.
El 17 de septiembre fueron liberados el adolescente hijo de la contadora y el ingeniero. Familiares dijeron a El Sur que fueron dejados libres tras el pago de un rescate cuya cantidad no dieron a conocer.
Debido a la violencia, desapariciones y secuestros, los gobiernos federal y estatal anunciaron nuevas estrategias de seguridad.
En la región de Tierra Caliente se relanzó el “Operativo Tierra Caliente”. El 5 de diciembre de 2015 acudieron el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el entonces comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos a Ciudad Altamirano.
La actividad fue después de que la dirigencia nacional del PRD denunció los intentos de extorsión de la delincuencia organizada contra el alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, quien fue ejecutado el 23 de julio de este año.
La estrategia en Tierra Caliente arrancó formalmente en diciembre de 2014, en el contexto de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, cuando ya era gobernador Rogelio Ortega Martínez, abarcaba 17 municipios de la zona Norte y de la Tierra Caliente. Para el relanzamiento con Astudillo se incrementó la presencia federal con 200 policías que después abandonaron la zona.
En noviembre cerca de 200 vecinos de la comunidad San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán del Progreso, se levantaron en armas para crear su autodefensa ante el ingreso de hombres armados del grupo criminal Los Tequileros, debido a que el jueves 17 de noviembre hombres armados ingresaron a la comunidad a pie por dos rutas distintas, se llevaron una unidad del transporte público donde subieron a 10 personas, soltaron a tres y por las siete que faltaban pedían 4 millones de pesos.
El 29 de noviembre los otros cautivos fueron liberados. El vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia informó que a las 8 de la noche cerca del cerro de La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, se encontraron a las personas que manifestaron que estaban en poder de la banda Los Tequileros.
En declaraciones telefónicas indicó que los hombres contaron que luego que fueron liberados caminaron por cañadas y cerros hasta que llegaron cerca de La Gavia, donde encontraron a policías ministeriales que los buscaban y que los trasladaron a sus casas.

Desaparecen seis integrantes de una familia en Zitlala

Desde el 18 de octubre una familia completa se encuentra desaparecida, se desplazaba de Zitlala a la cabecera municipal de Chilapa.
Las víctimas fueron identificadas como Florencia Capistrán Tecolapa de 80 años, Mario García Capistrán de 58, María Feliciano Diego de 48, Félix García Feliciano de 25, Santa García Feliciano de 23 y Marco Antonio García Feliciano de 18. Todos originarios del poblado nahua de Ixcatla, municipio de Zitlala.
En un comunicado el comité de familiares de personas desaparecidas Siempre Vivos de Chilapa explicó que el martes 18 de octubre las víctimas viajaban en una camioneta roja de la marca Nissan, tipo pick up, sobre el camino que conduce a Chilapa, pero nunca llegaron a su destino y el resto de sus familiares comenzó a buscarlos sin encontrarlos.
A 12 días de la desaparición de los seis integrantes de la familia García Feliciano en Zitlala, la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó de manera oficial las investigaciones del caso.
También participó personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) así como de la Codehum y personal del Ejército mexicano.
El presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro informó que la Policía Ministerial del Estado acudió a la comunidad de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, para recabar las declaraciones de las personas que vieron a los integrantes de la familia desaparecida.
El 31 de octubre, policías, militares y el grupo Paz y Justicia de Tlaltempanapa señalado de vínculos con el grupo criminal Los Ardillos, buscaron a la familia desaparecida. El 2 de noviembre familiares de los seis desaparecidos informaron que continuarían la búsqueda con sus propios medios, debido a que no les permitieron participar con el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos en la operación policiaca y militar que se integró para las investigaciones.
A dos meses de la desaparición de seis miembros de la familia García Feliciano de Ixcatla, Zitlala, la Fiscalía mantiene suspendidas las investigaciones y no ha informado los resultados de la búsqueda a los familiares ni al colectivo, informó su presidente José Díaz Navarro.

La mañana de este sábado un hombre torturado y asesinado fue hallado en Chilapa.

Fuentes de seguridad pública informaron que a las 10 de la mañana recibieron el reporte de que entre las colonias La Ciénega y El Polvorín, a un costado del río Ajolote, se encontraba un vehículo abandonado del cual emanaban olores fétidos.
El primer reporte dice que se trababa de dos víctimas pero al lugar acudieron policías estatales y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), que confirmaron que se encontraba un vehículo Chevrolet tipo Aveo gris con placas HCM-65-59 de Guerrero, serie 3G1TA51F9EL167485, con reporte de robo, en el que se encontró el cuerpo de un hombre que no fue identificado.

 

Matan a dos hombres y hieren a otro y a una mujer en distintos hechos en Chilapa

Dos hombres ejecutados a balazos y el ataque a un negocio de venta de ropa que dejó un hombre y una mujer heridos de bala fue el saldo de un día violento en el municipio de Chilapa. A pesar que hay vigilancia de la policía Federal continúan los hechos de violencia en este municipio.
Según fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, a las 6 de la tarde recibieron un reporte que en el camino que conduce a la comunidad de Tepehuizco en la Cañada de Palo Verde estaban dos hombres asesinados a balazos.
Cerca de está comunidad acudieron policías federales, estatales y ministeriales quienes hallaron los cuerpos de dos hombres.
Una de las víctimas vestía una playera blanca, pantalón de mezclilla azul y el segundo portaba una playera azul y pantalón de mezclilla azul, tenían la cara cubierta con tela blanca. A lado de las víctimas había una hoja de cuaderno que se leía, “Vuelvan a intentarlo je ju je”.
Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias correspondientes y los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) en Chilpancingo para la necropsia de ley.
En otro hecho, a las 2:10 de la tarde hombres armados irrumpieron en un negocio de ropa en la avenida Constitución en el centro de la cabecera municipal y atacaron a un hombre y una mujer quienes resultaron heridos.
Los lesionados fueron trasladados al hospital general de Chilapa para recibir atención médica, mientras que peritos de la FGE elaboraron las investigaciones correspondientes.

Los datos de los cadáveres que llevan al Cementerio Forense en la capital deben digitalizarse, pide la CEAV

El presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en el estado, José Luis Gallegos Peralta explicó ayer que lo que piden los colectivos de familiares de desaparecidos de Iguala, Chilpancingo y Acapulco es que los datos de los cadáveres que son llevados al Cementerio Forense Estatal se digitalicen, y se abra una página web para que puedan consultarlos fácilmente vía Internet.
Gallegos Peralta informó que ha tenido contacto con los representantes de los colectivos de esas tres ciudades y que lo que están solicitando es que las fichas técnicas que contiene cada cuerpo, con datos como el ADN, El lugar donde fue encontrado el cuerpo, el tipo de ropa y las circunstancias en que fue encontrado se digitalicen.
Estuvo de acuerdo en la viabilidad de las peticiones, porque dijo que esos detalles para los buscadores o buscadoras son importantes, y es necesario que estén digitalizados en un archivo al que se pueda tener acceso.
“Si van a hacer un panteón ministerial en donde van a colocar los cadáveres no identificados, está bien, pero no pueden colocarlos sin antes tener esos datos”, expresó vía telefónica José Luis Gallegos quien aclaró que él sólo ha recibido la inquietud de parte de los familiares de las víctimas.
Explicó que le han dicho que además esos datos deben estar accesibles a ellos, de lo contrario tampoco tendría mucha congruencia que existan esas fichas técnicas, “porque al final de cuentas los datos se van a quedar allí porque nadie tiene acceso”.
Añadió que por eso están pidiendo que se digitalicen y que se abra una página web a la que todo tenga acceso a ese tipo de información con la finalidad de que, cuando sea necesario los puedan relacionar con sus familiares, no solamente con la confronta del ADN, “sino con toda la información que se tenga de los cuerpos para poder ubicar a las personas que buscan”.
“Entonces yo creo que es correcto que se digitalice toda la información de los 460 cuerpos que van a ser depositados en el panteón ministerial, pero ellos también quieren que haya un sitio web para que esos datos puedan ser fácilmente consultados desde cualquier lugar”, declaró.
Sin embargo reconoció que, al parecer, no les han hecho caso, “y me parece que su petición es relevante y que se debe apoyar a los familiares, a quienes hay que dar todos los medios y facilidades para que si lo desean, dentro de sus estrategias de búsqueda, cuenten con el respaldo institucional y tecnológico, y puedan lograr sus objetivos”.
Gallegos Peralta dijo que lo que no es correcto es seguir en la polémica con respecto a si es correcto o no llevar los cuerpos al panteón ministerial, o si es legal o no, porque en el fondo se está olvidando el objetivo de los buscadores, que es tener la información disponible y localizables los cuerpos.
Advirtió que si al final de cuentas los cadáveres se van a la fosa común nadie los va a reclamar, “pero si tienen las fichas técnicas que contengan el ADN, ropa, circunstancia y los datos específicos para que se puedan compartir con estas gentes, a través de un sitio web me parecería lo correcto”.
El presidente de CEAV explicó que un problema al que se enfrentan los familiares es a la secrecía de la información, pues no les permiten ser coadyuvantes en el reconocimiento de los cuerpos, cuando dijo que la secrecía debe ser sólo cuando se corre el riesgo de que el presunto delincuente pueda sustraerse de la acción de la justicia, “pero aquí no aplica ese término, al contrario, de lo que se trata es de identificar los cuerpos, situación que no ha logrado el Ministerio Público hasta este momento”.

Pide el Centro Morelos a la ONU y a la CNDH que ayuden a sobrevivir a familias de desaparecidos

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa manifestó que los familiares de desaparecidos esperan que el representante en México de las Naciones Unidas, Jan Jarab, y el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez cumplan su promesa de intervenir para que los familiares de las víctimas de desapariciones reciban apoyos para su sobrevivencia.
En un boletín el organismo informó que los familiares de las víctimas que se reunieron con el representante de las Naciones Unidas y el visitador de la CNDH el martes y miércoles en Chilpancingo y Chilapa, pidieron proyectos productivos, becas para estudiantes, atención médica y psicológica, “sin restar importancia a las sugerencias y recomendaciones precisas que el gobierno del estado tiene que seguir para llegar a la verdad y justicia para las víctimas, y poder tener un estado con mayor equidad y libre”.
Reprochó que siendo Guerrero un lugar donde los altos índices de desaparición forzada, los homicidios y el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas son temas cotidianos, haya una Fiscalía General del Estado (FGE) y una Dirección General de Servicios Periciales sin la capacidad para enfrentar el problema.
En cuanto al primer asunto el Centro Morelos consideró que la visita conjunta del representante del Alto Comisionado y del visitador de la CNDH, “no se habría dado si la situación de violencia que vivimos los guerrerenses fuera atendida adecuadamente por nuestras autoridades”.
Reclamó que por el contrario las cifras de asesinatos, de personas desaparecidas, desplazados, secuestros, y extorsiones van a la alza.
“Además la saturación de cuerpos y restos en el Servicio Médico Forense, en contraste con el número de familias organizadas que buscan a sus seres queridos, habla de la incapacidad de nuestras autoridades de hacer las identificaciones correspondientes”, cuestionó el organismo.
El Centro Morelos informó que los colectivos que se reunieron con el representante del Alto Comisionado de la ONU y el primer Visitador de la CNDH, no son las únicas víctimas en el estado, pues no existe un número exacto de personas desaparecidas o desplazadas.
“Tan sólo en esta semana fueron desplazados por la delincuencia organizada aproximadamente 150 personas de la comunidad de Tlaltempanapa, el 4 de diciembre fue hallado el líder de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG) Juan Mendoza Tapia y su esposa, Francisca Santos Delgado, desaparecidos el 24 de noviembre. Un día después se dio la privación de libertad del coordinador del Comité de Enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), el Profesor Irineo Salmerón Dircio en manos de un comando de hombres armados”, denunció.
En este contexto exhortó a la ONU-DH y a la CNDH a que cumplan los compromisos que hicieron con las víctimas, “entre estos el compromiso de Ismael Eslava de hacer gestiones para que familiares de desaparecidos reciban proyectos productivos, becas para estudiantes, atención médica y psicológica, sin restar importancia, a las sugerencias y recomendaciones precisas que el Gobierno del Estado tiene que seguir para llegar a la verdad y justicia, para las víctimas y poder tener un estado con mayor equidad y libre”, reclama el organismo mediante su comunicado.
Por otra parte el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón denunció que los hechos de desaparición involuntaria de personas han puesto en evidencia, que tanto la FGE como su Dirección de Servicios Periciales carecen de equipo material y humano para ofrecer un trabajo confiable a la población.
En este contexto el organismo denunció que los familiares además de salir a buscar a sus desaparecidos se ven en la necesidad de solicitar peritajes independientes, por la falta de confianza hacia las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.

Matan a balazos a un hombre de 60 años en Tepehuixco, Chilapa

Un hombre de 60 años fue asesinado a balazos cerca del cerro Ladera en la comunidad de Tepehuixco en el municipio de Chilapa.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que a las 8:30 de la mañana de ayer recibieron el reporte de que cerca de esta comunidad había un hombre asesinado a balazos.
El hombre fue identificado por sus familiares y vecinos quienes impidieron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) en Chilpancingo para la necropsia de ley.
En el municipio siguen las ejecuciones. Hace 14 días el cuerpo del coordinador del comité de enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Irineo Salmerón Dircio y de otro hombre envueltos con bolsas negras y cinta café fueron hallados en el camino que conduce a la comunidad Lodo Grande y la colonia Claveles en Chilapa a unos 500 metros del retén de militares.

Observan ONG limitaciones institucionales y colusión de autoridades con el crimen en casos de desaparecidos

El señalamiento del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab en el sentido de que es “dramática” la situación de los desaparecidos en Guerrero y “preocupante” la “debilidad institucional” para atender los casos, debe servir para que el gobierno incluya en su agenda el grave problema, coincidieron representantes de organismos civiles de derechos humanos.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández declaró que la opinión del enviado de la ONU “coloca el tema en el centro de la agenda pública”, y que ahora lo principal es que el gobierno determine cómo garantizar una atención digna a los familiares de quienes están siendo víctimas de desapariciones.
Mientras tanto el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández expresó que la percepción que se lleva Jan Jarab sobre el problema de los desaparecidos en Guerrero, es a raíz de los testimonios de los familiares de las víctimas que recibió el martes en Chilpancingo y el miércoles en Chilapa.
Barrera Hernández agregó que la declaración del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas viene a reafirmar lo que han venido denunciado los familiares de los desaparecidos mediante diferentes formas para que se atiendan sus reclamos, y se garantice la búsqueda, pero que no les han hecho caso las autoridades estatales.
Dijo que los reclamos que oyeron de familiares y colectivos durante la visita del Alto Comisionado y del visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez, es una expresión del drama al que se enfrentan a diario, pero que lamentablemente las autoridades no han tenido sensibilidad para atenderlos.
“Hace falta oficio político desde la perspectiva de los derechos humanos, y la visita fue con el fin de alertar al gobierno de que aquí hay una grave violación de derechos humanos, y no se ve una estrategia clara para revertir esta situación de descomposición”, declaró.
Añadió: “qué bueno que levantó la voz en nombre de las víctimas, y fue significativo que haya venido una representación de la CNDH porque tiene el objetivo de darle seguimiento a las investigaciones por esa vía, y darle cauce a este clamor y llame la atención a las autoridades”.
El director de Tlachinollan añadió que con las expresiones del representante del Alto Comisionado el gobierno tiene que cambiar su agenda y mirar desde dentro el problema de los desaparecidos.
En cuanto al reconocimiento del fiscal Xavier Olea Peláez en el sentido de que no cuenta con presupuesto para investigar los casos de desaparecidos, Barrera Hernández dijo que no sólo hay carencia de recursos económicos, sino también limitaciones profesionales e institucionales.
“También hay un déficit de confianza y de credibilidad a las actuaciones de la Fiscalía. No ha sido capaz de brindar confianza, de trabajar en coordinación con los familiares de las víctimas, no ha sido transparente en sus actuaciones y no ha aprovechado la precaria capacidad instalada para dar los mejores frutos y para que sus agentes investigadores tengan más sensibilidad y formación en derechos humanos”, expresó.
Agregó que ese es en realidad el boquete que hay en la Fiscalía, al margen de las limitaciones económicas.
Dijo que sin embargo las limitaciones económicas no pueden ser pretexto para que haya una cercanía y trato digno y veraz hacia los familiares de las víctimas.

El enviado de la ONU tuvo contacto directo con los familiares de las víctimas, como no lo han hecho las autoridades

El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares, explicó que el representante del Alto Comisionado palpó el grave problema de los desaparecidos en la entidad porque tuvo contacto directo con los familiares de las víctimas, como no lo han hecho las autoridades federales y estatales y por eso desconocen a fondo el problema.
Añadió que ojalá la opinión que dio antes de irse el comisionado sea tomada en cuenta por el gobierno estatal y comience a ver el problema en su justa dimensión.
Olivares consideró que la escasez económica de la Fiscalía que argumenta el fiscal no es justificación y tampoco problema de los familiares de las víctimas, quienes tienen derecho a ser atendidas y a que se resuelvan los casos que han denunciado.
“El gobierno tiene que buscar los mecanismos para atender el grave problema de desaparición de personas. Tiene que poner atención y buscar los recursos necesarios para poder dar esa atención”, insistió.
Explicó que gran parte de la inoperancia y de lo obsoleto que ha resultado la Fiscalía en el caso de los desaparecidos, tiene que ver con la colusión que hay de las autoridades y los órganos jurisdiccionales con los grupos de la delincuencia organizada.
“Tiene que ver con la corrupción que hay y da como resultado la impunidad en este tipo de casos”, denunció Olivares Hernández.

 

Es dramática la situación de las desapariciones y preocupante la debilidad institucional: ONU

Los 2 mil 428 homicidios dolosos en un año y las 409 desapariciones en sólo tres municipios cometidos en condiciones de inseguridad, violencia e impunidad son un problema muy dramático y preocupante en Guerrero, concluyeron la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al término de su gira de trabajo en la ciudad de Chilapa, donde se reunieron con unos 50 familiares de desaparecidos, el representante de la ONU-DH, Jab Jarab y el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, informaron que la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) no cuenta con los recursos humanos y materiales para enfrentar la preocupante situación en materia de violación a los derechos humanos en la entidad.
Los organismos documentaron que las familias de las víctimas no tienen acceso a la justicia, que hay desplazamientos forzados en zonas controladas por el crimen organizado y que prevalecen reiteradas amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos.
Ofrecieron al gobierno del estado ayuda técnica en materia de derechos humanos y en el área forense para la identificación de cuerpos, además de acompañamiento a las familias de las víctimas y a las organizaciones de defensa de derechos humanos que las asisten.
Ayer casi al mediodía los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH y de la CNDH escucharon durante 2 horas los testimonios, quejas de la falta de resultados en las investigaciones y en la identificación de cuerpos encontrados en fosas clandestinas, así como la crisis económica de los familiares de personas desaparecidas en Chilapa del Colectivo Siempre Vivos.
Estuvieron el representante de la agrupación José Díaz Navarro y el personal del Centro Morelos encabezados por Manuel Olivares Hernández.

El diagnóstico

En conferencia de prensa al concluir la reunión en lo que llamaron “misión conjunta” de la CNDH y la ONU-DH México al estado de Guerrero, los representantes de estas instituciones dieron su diagnóstico.
Jab Jarab calificó sus dos días de labores en la entidad como de comunicaciones intensas con el gobierno del estado, organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas de desaparición en Iguala, Acapulco, Chilpancingo y Chilapa.
Dijo que las desapariciones y los obstáculos en las instancias de justicia que encuentran las familias no deberían de existir.
“Nuestra oficina siempre hace hincapié en la búsqueda con vida (de las víctimas de desaparición) y estamos convencidos de que las autoridades estatales y federales deben de hacer mucho más esfuerzo para dar con el paradero de los desaparecidos en Chilapa y el estado”, agregó.
Reveló que en la reunión del martes con el secretario general del Gobierno, Florencio Salazar Adame y con el fiscal general Xavier Olea Peláez, le entregaron un informe que indica que de enero de 2013 a la fecha se han registrado 409 casos de desaparición en los municipios de Acapulco, Iguala y en Chilapa.
Detalló que tan sólo en Chilapa hay 150 desapariciones, “hay 150 desaparecidos en tres años en un solo municipio, sí es un problema dramático”.
Indicó que aunque el gobierno del estado reconoce la gravedad del problema necesita dar una respuesta adecuada.
Cuestionó que la FGE cuente con sólo cinco agencias de Ministerio Público en todo el estado para atender unos 2 mil 500 homicidios en un año, y más de 400 desapariciones en tres, sin añadir los casos de años anteriores que han quedado en la impunidad.
En otra parte de la conferencia complementó que la información del gobierno del estado es muy preocupante: entre octubre de 2015 y noviembre de 2016 ha registrado 2 mil 428 homicidios dolosos.
“Esto me deja sin comentarios, si esa es una situación bajo control (como dice el gobierno del estado) es una situación preocupante, más de 400 casos sólo de desapariciones y en muchos casos no hay denuncias por miedo a que el crimen organizado les haga perder a otros familiares si van a denunciar”, advirtió.
“Hay un problema muy dramático, vamos a hacer todo para que se multipliquen los esfuerzos auténticos para resolver y dar certidumbre a las familias, es una de las cosas más tristes escuchar que las personas quieren saber si su familiar está muerto y dónde se encuentra su cuerpo”.
Añadió que la obligación de los gobiernos del estado y federal es garantizar que se resuelva esta situación, que se reparen los daños y que se garantice la no repetición de los hechos.
A pregunta expresa respondió que la ONU-DH no tiene el tiene mandato para declarar zonas de emergencia humanitaria, que son los gobiernos los que las declaran.
Advirtió que no quieren regresar al estado en seis meses o en un año y encontrar una respuesta de las autoridades de que es muy difícil, o que no hay recursos suficientes para investigar.
“(Queremos) que haya logros, que haya casos resueltos y que los perpetradores estén debidamente procesados. Es un derecho saber lo que ocurrió con sus familiares, es posible que estén vivos porque el crimen organizado se los llevó, hay que investigar, buscarlos”, llamó.
De la misma reunión Jan Jarab agregó que le expresaron al secretario general y al fiscal su preocupación con la situación de impunidad e inseguridad, “nos preocupa la debilidad institucional”.
Mencionó que en la reunión con familiares de víctimas de Chilapa encontraron la falta de asistencia flexible a la situación de falta de recursos económicos, porque los familiares se quedan con los hijos de sus esposos desaparecidos.
“Son consecuencias socioeconómicas muy duras para las familias y se necesita ayuda”.
Otro fenómeno, dijo, son las víctimas de desplazamiento forzado interno que le revelaron los colectivos, ya que en algunos casos las personas no quieren ser esclavos del crimen y abandonan sus hogares. “Esas personas también necesitan el apoyo del Estado”, dijo Jan Jarab.

Desplazamiento forzado interno

El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava informó que junto a la ONU-DH atenderán a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, especialmente a las familias de desaparecidos y en casos de homicidios que no han sido esclarecidos.
Dijo que documentaron legítimas demandas e inconformidades en los casos de desaparición que se encuentran en las instancias de procuración  de justicia.
“Hay dilación en la investigación y como consecuencia la falta de esclarecimiento de los casos, sin soslayar varios casos de homicidios no esclarecidos”.
Dijo que a las autoridades estatales les hicieron patente la preocupación por las condiciones de inseguridad, violencia e impunidad derivado de las falta de esclarecimiento de los casos en varias regiones del estado.
Dijo que el gobierno del estado reconoció que existe un problema de desplazamiento forzado interno.
Otro punto de la visita, dijo el primer visitador, fue expresar de una manera sincera solidaridad y respaldo a los familiares de las víctimas.
Durante la estancia en Chilapa de los representantes de la ONU-DH México y la CNDH, se reportó la presencia en dos módulos de seguridad, ubicados en el crucero a la comunidad de Ayahualulco y el que conduce a la comunidad de Atzacoaloya sobre la carretera Chilpancingo-Tlapa, de integrantes del grupo Paz y Justicia sin que se conociera el motivo de su apostamiento donde hasta hace una semana había retenes de soldados del Ejército.

Paran trabajadores del hospital de Chilapa; no hay material básico ni medicinas, denuncian

Todos los trabajadores de base y de contrato del hospital general de Chilapa se manifestaron afuera del nosocomio para denunciar falta de equipo como batas para los pacientes y material básico para trabajar, además de que se está creando un foco de infección por la acumulación de placentas.
Ayer por la mañana de manera inédita los más de 100 trabajadores entre médicos, enfermeras, enfermeros y administrativos pararon simbólicamente labores para denunciar las condiciones infrahumanas en las que laboran así como para exigir solución a sus demandas a la Secretaría de Salud (Ssa) estatal.
Médicos y enfermeras consultados informaron que no cuentan con batas para los pacientes, que la lavadora no funciona, además de que no cuentan con material básico como jeringas y gasas.
Señalaron que desde hace un año el hospital no tiene placas de rayos X y que el medicamento para atender a pacientes tiene que ser comprado por los familiares.
También exigieron la recolección inmediata de residuos biológicos ya que aseguraron llevan más de tres semanas acumulándose en refrigeradores saturados por lo que trabajdores y pacientes se encuentran en un riesgo de infección sanitaria.
Pidieron la destitución del administrador, Emilio Morales Venegas, por “incompetente” y porque señalaron que es responsable de la situación del hospital.
A la protesta se sumaron 30 enfermeras y enfermeros por contrato que el jueves de la semana pasada denunciaron que la Ssa estatal les adeudaba tres meses de salario y quienes fueron los primeros en dar a conocer públicamente la falta de insumos y medicinas.
Sobre este caso, informaron que las oficinas centrales les pagaron sólo el mes de septiembre y que entre este lunes y martes les estarían pagando el mes de octubre y noviembre, sin embargo denunciaron hasta la tarde de ayer aún no recibían sus pagos.
La médica general, Mireya Roque Oms, quien es representante sindical de los trabajadores informó que después de una reunión con el director del nosocomio, Luis Gutiérrez Almeida, éste se comprometió en que se recolectarían en tiempo y forma.
Agregó que la Ssa estatal envió una camioneta con insumos pero que sólo servirán para una semana de trabajo ya que diariamente atienden a unos 150 pacientes internados, embarazadas, en cirugía y en el área de urgencias.
La representante sindical advirtió que la protesta continuará hasta que se cuente con equipo, insumos y medicamentos necesarios para laborar.