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Desconoce el Sindicato Minero los acuerdos y pagos a Real de Limón que dio a conocer Media Luna

 

El delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), Indalecio Pérez Morones desconoció los acuerdos y pagos anunciados por la minera media Luna a ejidatarios de Real de Limón, en Cocula.
En consulta telefónica sobre los acuerdos económicos dados a conocer por la empresa canadiense en desplegados en la prensa el martes y miércoles de esta semana, el líder sindical aseguró que Torex Gold modificó “tramposamente” el convenio que validaron los ejidatarios en 2017, sin conocer su contenido.
Ratificó que entre las demandas que sostienen el movimiento de ejidatarios que a la fecha mantiene presencia dentro de la mina, en el tajo de Real de Limón, es que haya una renegociación del convenio de arrendamiento, y que se reconozca al Sindicato Minero como representante de los trabajadores, de manera directa, sin recuento de por medio.
Añadió que desde que se declaró el paro de trabajadores de Media Luna el 3 de noviembre pasado, a la que siguió el movimiento de los ejidatarios de Real de Limón y de Atzcala, la minera no ha podido explotar el tajo de tierra donde se encuentran la mayor veta de minerales.
Recordó que el lunes 12 de marzo, en un intento de recuperar el tajo, le empresa envió maquinaria pesada a Real de Limón, con policías estatales para desalojar a los manifestantes, y lesionaron a cuatro mujeres y a ocho hombres.
Aclaró que los policías no contaban con que los pobladores llegarían a apoyar a unos 30 inconformes que se encontraban de guardia, y salieron huyendo del lugar. Aseguró que el comandante de la Policía Estatal, Jesús Hernández, golpeó personalmente a las vecinas Luisa Sotelo y Cleotilde Terán.
El martes en un comunicado, Torex Gold Resuorces, propietaria de la mina Media Luna, indicó que firmó 100 convenios por 603 hectáreas de tierras de uso común del ejido de Real de Limón, por las que convino un pago anual por 61 millones de pesos, de los cuales 43 millones corresponden al pago neto de los ejidatarios, y 17.8 son absorbidos por la empresa para el pago de sus impuestos, de acuerdo con los preceptos de la Ley Minera y la Ley Agraria.
Destacó que durante los primeros dos años, cuando la empresa no tuvo producción, dotó de casas a 169 familias de Real de Limón, y ahora “un grupo minoritario y unos pocos ejidatarios impiden el acceso a los trabajadores desde el 21 de febrero. Hace un mes”.
Insisten en que el bloqueo a las actividades de la mina es un delito, y la empresa llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar el Estado de derecho y los convenios firmados con las comunidades.
En un segundo desplegado, la empresa señala que 90 por ciento de las parcelas ocupadas por la mina fueron pagadas conforme a los contratos de ocupación de tierra temporal, de marzo de 2018 a marzo de 2019, que incluye a todos los ejidatarios de Real de Limón. Asegura que el pago se hizo ante notario público, pese a que un grupo “realiza actos hostiles”, e impide el acceso de los trabajadores a las instalaciones.
Al respecto, Pérez Morones, quien aseguró que también es trabajador ejidatario, insistió en que la empresa miente. Confirmó que el dinero del pago de arrendamiento de tierras fue depositado, pero no fue cobrado porque los ejidatarios en asamblea general decidieron “no tomar ni un centavo, porque la empresa ha violado los derechos de los pueblos”.
Insistió en que se violentaron los acuerdos del convenio, pero más allá de eso, la empresa abusó de los ejidatarios, aprovechándose de que no tienen experiencia ni conocimiento de la actividad minera.
Explicó que en 2017 la empresa modificó el convenio a su favor, sin tomar en cuenta a los ejidatarios, “lo hizo a través de abogados, sólo llevaron los documentos para que los ejidatarios los firmaran, sin darles conocimiento de su contenido, fue una trampa, una burla, un abuso de confianza”.
Aclaró que los inconformes no son un grupo minoritario, sino 135 ejidatarios del núcleo agrario, que cada uno representa a una familia, y que también son trabajadores.
Aclaró que ahora los ejidatarios tienen el control de las tierras donde está el tajo principal pese al intento de desalojo de la semana pasada.
Insistió en que se revisen los convenios de arrendamientos con los ejidatarios, que ya cuentan con asesores, y que se reconozca al Sindicato Minero como representante de los trabajadores de Media Luna, “sin recuento”.
Del proceso sindical, aclaró que el miércoles hubo una audiencia que duró 12 horas, de las 10 de la mañana a las 10 de la noche, y que continuará hoy, para definir los términos del recuento. Sin embargo, señaló que la minera reportó 800 trabajadores sindicalizados para que voten al sindicato que quieren que los represente.
Aclaró que la empresa tenía alrededor de 500 empleados sindicalizados, como máximo, y la Junta local de Conciliación y Arbitraje, en la Ciudad de México aceptó un padrón inflado; y adelantó que no van a aceptar el recuento en estas condiciones.

 

Que se indague la tortura en el caso Ayotzinapa, pide el Parlamento Europeo

El subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo exigió al gobierno de México indagar “de manera exhaustiva” los señalamientos de tortura y otras violaciones de derechos humanos, denunciadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en su informe sobre el caso Ayotzinapa.
“Pido a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva e imparcial sobre las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de los derechos humanos”, indicó el presidente del subcomité, Pier Antonio Panzeri.
El legislador cuestionó la capacidad del gobierno mexicano para hacer una investigación imparcial sobre la desaparición de los 43 normalistas, y consideró inaceptable que se haya sometido a los detenidos a tratos inhumanos.
“Desde 2014 las autoridades mexicanas no han sido capaces de llevar a cabo una investigación imparcial sobre el caso Ayotzinapa que respete plenamente los derechos a la defensa, la presunción de inocencia y la ley general contra la tortura, en particular durante la fase de instrucción”, señaló.
Para el socialista italiano, las autoridades que están a cargo de las investigaciones deben respetar la Ley General contra la Tortura y las normas y estándares internacionales.

Quien sea que sustituya a Peña, tiene que seguir la búsqueda de justicia, exigen padres de los 43

El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Felipe de la Cruz Sandoval dijo que el presidente Enrique Peña Nieto les ofreció justicia pero no cumplió, demandó que no se cierre el caso y quien lo sustituya siga las investigaciones para encontrar la verdad, ya que esta administración busca cerrar el caso con la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Exigió al gobierno federal que retome las cuatro líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y que no pretenda cerrar el caso con la versión del basurero, construida a partir de la tortura de los detenidos.
Ayer en conferencia de prensa en el estacionamiento de Comercial Mexicana de la colonia Emiliano Zapata en Acapulco, acompañado de Maximino Hernández, papá del normalista Carlos Lorenzo Hernández Cruz, dijo que la detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, es una estrategia para cerrar el caso y fortalecer la versión de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, lo que el gobierno llamó “la verdad histórica”.
De la Cruz y Maximino Hernández dijeron que la petición al gobierno es que se retomen las cuatro líneas de los expertos del GIEI, que son investigar al Ejército, la telefonía celular de los desaparecidos, el trasiego de droga de Iguala a Chicago y la participación del Ejército y de policías federales y municipales de Huitzuco.
“Vemos que con la detención de Erick el gobierno de México y la PGR quieren cerrar el caso, lo anuncian con bombo y platillo diciendo que es una gran detención, cuando sabemos que la ‘verdad histórica’ no existe y lo reafirmamos con el informe de la ONU que ratifica que hubo tortura a los detenidos, 34 de los detenidos fueron torturados”, señaló el vocero.
De las declaraciones del gobernador Héctor Astudillo Flores de que las autoridades correspondientes tendrán que atender los señalamientos que hizo la ONU-DH en su informe que indica que 34 de los detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados, Felipe de la Cruz dijo que “dentro de los políticos y el gobierno sigue la insistencia de seguir protegiendo a los responsables, debería de preocuparle al gobernador la falta de resultados”.
Aseguró que las autoridades no han cerrado el caso por la insistencia de los padres y los organismos internacionales, “pero la intención es cerrar el caso con el tema de aprehensión de La Rana, pero por lógica para nosotros eso no es verdad y siguen mintiendo en la cuestión de la verdad histórica, y hoy sabemos que está basada en la tortura”.
“La exigencia de los padres es la verdad, justicia, castigo a los responsables y la presentación de los jóvenes” dijo el vocero.
Se le mencionó que falta poco para que termine el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y se le preguntó qué le pedirán a los candidatos, y respondió, “primeramente deben saber que un crimen como éste de lesa humanidad no tiene término y el gobernante que quede, quien sea que quede, tiene la responsabilidad de continuar la búsqueda de justicia y verdad”.
“Si Peña Nieto se va no lo exime de su responsabilidad y tampoco de formar parte de ese crimen, porque a los primeros meses que sucedió nos reunimos con él como máxima autoridad en el país y se comprometió a dar con los responsables, topara con quien topara, y hoy va a salir y como topó con un pez grande, la política no puede decir quién es, no nos preocupa que se vaya porque donde quiera que esté la justicia va a llegar y él forma parte de ese crimen”, advirtió.
Precisó que el informe de la ONU-DH es una opción para seguir exigiendo a las autoridades, porque confirman que los 43 normalistas “no fueron asesinados como pretenden imponer esa verdad histórica, a nosotros como víctimas y a los mexicanos”.
Mencionó que el grupo de expertos independientes ya ha declarado que los estudiantes no fueron asesinados como dice el gobierno mexicano, que había tortura en los detenidos, la ONU lo confirma pero la PGR desestima la información, “para los familiares es relevante porque en base a tortura quieren dar un resultado y cerrar el caso”.
Maximino Hernández dijo, “lo que nosotros pedimos es que se sigan las cuatro líneas de investigación que dejaron los expertos, que hasta hoy se van a cumplir 42 meses y no han tocado esas cuatro líneas de investigación, la primera es que se investigue a los policías federales de Cocula que participaron, la segunda el trasiego de droga, según esa fue la causa de desaparición de nuestros hijos, la tercera de los celulares, que dice (el ex procurador Jesús) Murillo Karam que nuestros hijos fueron calcinados con todas sus pertenencias y estuvieron activos los celulares”.
“La cuarta línea es que se invstigue a los militares que se dieron cuenta de lo que pasó en Iguala y no hicieron nada”, dijo el papá de uno de los normalistas.
Aclaró que no defienden a nadie de los detenidos, pero criticó que hayan sido torturados para “decir esa verdad histórica del gobierno”.

 

Piden paristas de la mina Media Luna el respaldo de organizaciones en la Convención Nacional Popular

Trabajadores en paro de la mina Media Luna, subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold Resources, demandaron el respaldo a su movimiento de organizaciones sociales, tanto con presencia física como en víveres, para subsistir ante la cerrazón y las amenazas de desalojo de la minera y los gobiernos federal y estatal.
El secretario general de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), Roberto Hernández Mojica informó que, por lo pronto los paristas ya recibieron el respaldo de las organizaciones que participaron en la sexta Convención Nacional Popular, organizada por los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que tuvo lugar el sábado y el domingo pasados en la Ciudad de México.
Policías estatales y trabajadores afines a la minera intentaron desalojar el lunes de la semana pasada a los trabajadores en paro y a los ejidatarios de Real de Limón, quienes resistieron en dos ocasiones, pero a partir de entonces han recibido amenazas de que serán desalojados con la intervención de la Policía Federal y la Gendarmería. Asimismo, algunos dirigentes han recibido amenazas de muerte, denunció entonces el delegado en Guerrero del SNTMMSSRM, Indalecio Pérez Morones.
Por su parte el secretario general de la sección 17 de ese sindicato, con sede en Taxco, Roberto Hernández Mojica informó este lunes vía telefónica que durante la Sexta Convención Nacional Popular, organizada por los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en la ciudad de México, el sábado y el domingo pasados, los paristas de la minera Media Luna solicitaron el respaldo a su movimiento a las organizaciones asistentes.
A esa convención asistió una comisión de cinco mujeres y cinco hombres de paristas de Media Luna, quienes solicitaron el apoyo de las organizaciones de los 14 estados de la República que asistieron.
La convención se llevó a cabo en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la Ciudad de México, donde los paristas mineros de Media Luna denunciaron la cerrazón con que ha respondido la empresa a su demandas de libertad de asociación sindical, asimismo denunciaron las amenazas de desalojo del plantón y de muerte a algunos dirigentes.
“Solicitaron el apoyo moral de las organizaciones asistentes y pidieron que los visiten en su plantón, pero también demandaron apoyo en especie para que puedan resistir su paro laboral”, dijo Hernández Mojica.
Asimismo, en ese encuentro pidieron a las organizaciones que se manifiesten por la solución de sus demandas del paro que comenzó el 3 de noviembre pasado.
“Muchas organizaciones se comprometieron a apoyarlos y a visitar a los trabajadores en su plantón que mantienen en las instalaciones de la minera Media Luna”, afirmó Hernández Mojica.

 

Es necesaria la verdad para reparar el daño a familiares de los 43, dice el informe de Fundar

Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa es el informe elaborado por cuatro psicólogas, una antropóloga y médicos coordinado por Fundar Centro de Análisis e Investigación, que recopila decenas de testimonios de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y otras víctimas, además de sobrevivientes de los ataques a estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
A más de 41 meses de los ataques contra los estudiantes el documento fue presentado este miércoles en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco (CCUT), donde la directora de Fundar, Haydeé Pérez indicó que el gobierno federal se negó a reconocerlo, a pesar de que fue hecho como una respuesta a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En la presentación del texto las madres representantes de las familias de los 43 y organizaciones civiles denunciaron que la autoridad “administra políticamente” el dolor de los deudos, que buscan a los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
“Este informe es más que un recuento de agravios y el pasado 2 de marzo el Estado mexicano tuvo la oportunidad de asumir un compromiso real con la dignificación de las víctimas, al comprometerse a tomar como base los hallazgos y recomendaciones de este informe para llevar a cabo planes de atención y, en su caso, de reparación, pero el gobierno ha desdeñado esta nueva oportunidad al negarse a firmar una declaración de intención de cumplimiento de este diagnóstico”, denunció Pérez.
“El Estado evidencia nuevamente su falta de voluntad política para cumplir las recomendaciones del GIEI y confirma que su única intención sigue siendo la de administrar políticamente las demandas de verdad y justicia de las madres y padres de Ayotzinapa”, señaló.
El director del CCUT, Ricardo Raphael de la Madrid invitó a no olvidar el caso: “este texto pone contra la pared a aquellos que quieren que el asunto se deje de lado. Eso significaría matar la semilla que México se merece”.

Todos estamos afectados, dice integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU

En su intervención Hilda Hernández, madre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, indicó que las madres y padres de los estudiantes lloraron, gritaron e imaginaron lo peor cuando escucharon por primera vez la versión del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que dice que los jóvenes fueron incinerados y luego fue desacreditada científicamente por expertos internacionales.
“Mucha gente nos juzga y dice que lo único que queremos es no trabajar. Nosotros ya no tenemos una vida, morimos poco a poco porque parece que fue ayer cuando se llevaron a nuestros hijos. Seguimos más firmes que nunca porque amamos a nuestros hijos”, expuso.
La coordinadora del informe, Ximena Antillón detalló que una de las conclusiones es que no puede haber una reparación monetaria si primero no se informa la verdad, y luego se hace justicia, “se dice a los padres que deben enfrentar el duelo, pero ellos no pueden hacer eso porque no tienen certeza de lo que ocurrió a sus hijos”.
Por su parte el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Mario Patrón quien representa legalmente a los familiares de las víctimas, resumió en cuatro diferentes momentos los casi tres años y medio que han transcurrido desde el 26 de septiembre de 2014.
Un primer momento, indicó, fue el de la “verdad histórica”, en la cual el gobierno pretendía “salir del embrollo político más que llegar a la verdad de los hechos”. Después llegó el “momento de la supervisión internacional”, cuando el GIEI comprobó que no había sustento científico para la teoría del basurero de Cocula.
El tercer momento, continuó Patrón, consistió en proteger a los funcionarios que crearon la versión de que los estudiantes fueron incinerados, y el “último momento está marcado por lo que llamamos la etapa de la administración políticamente correcta, donde se dice que se investiga al Ejército, Policía Federal, al Estado, a otras instituciones de seguridad municipal. En esta etapa de alguna manera se van cayendo algunos argumentos de la teoría del caso inicial, pero no se termina de dar el paso comprometido frente a la verdad”.
El integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rainer Huhle se dijo sorprendido sobre cómo el informe “toma el núcleo de los padres de los desaparecidos para terminar demostrando que el caso Ayotzinapa impactó en muchas personas más. De alguna manera todos estamos afectados”, señaló.

El dolor más grande

Haydeé Pérez detalló a El Sur que el Centro Prodh invitó a Fundar a elaborar el informe en seguimiento a la recomendación del GIEI.
“En su segundo informe sugieren conformar un equipo multidisciplinario, independiente, capaz y que cuente con la confianza de los familiares para llevar a cabo un estudio psicosocial”, expuso.
Aparte, el padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, Mario César González Contreras indicó que el informe contiene testimonios de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos.
“Es muy fuerte el dolor, el más grande. Te acabas, te mueres, revives, ya no sabes quién eres. Para los 43 padres de familia la reparación del daño es el paradero de los muchachos, castigo a los culpables y saber qué pasó ese 26 de septiembre. Nada más”.
“Mi mujer y yo no tuvimos hijos para venderlos. Es impresionante el dolor que se siente ahora al ver a tu esposa pedir la localización de tu hijo cuando lo único que él quería era trabajar. Son sentimientos muy encontrados y ojalá la gente de Guerrero tuviera consciencia un poco más de lo que hemos sufrido los 43 padres”.

El duelo imposible

Entre las conclusiones del informe de 523 cuartillas se indica que para los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, “los ataques en Iguala resultaron traumáticos por su carácter violento, inesperado, abrupto y sin sentido”, que sobreviven “con la sensación de que el tiempo se ha detenido”, y viven “un intenso sufrimiento emocional con la necesidad de justicia como posibilidad de dar sentido a los hechos”.
El estudio sobre las secuelas en salud, físicas y psicológicas que dejó la noche de Iguala habla de cómo concuerdan los sobrevivientes y familiares de las víctimas en “la imposibilidad de darle sentido” a los hechos, en la “ruptura de la confianza en las autoridades” y en “la situación de impunidad que obstaculiza conocer la verdad, como soporte del proceso de elaboración psíquica”.
Uno de los hallazgos relevantes es que, al estar involucrados agentes del Estado en los ataques a los normalistas y la desaparición forzada de éstos, los familiares y víctimas “cuestionan la función protectora que hasta entonces le atribuían”, y eso genera “sentimientos de indefensión, desamparo y vulnerabilidad”.
Los investigadores identificaron que la vivencia del tiempo detenido “condensa los impactos traumáticos de la desaparición forzada y la desesperación de que, a pesar de la movilización y búsqueda permanente, los familiares no logran saber de sus hijos”, y por eso “el duelo no tiene lugar, porque no saben si sus hijos están vivos o muertos”.
El informe indica que “la difusión de una versión oficial sin mayor sustento científico sobre los hechos, y los posteriores momentos en que el Estado reitera esa versión pese a los argumentos científicos que la ponen en duda, han generado impactos retraumatizantes en los familiares y ha acentuado la desconfianza en el Estado”.
El estudio elaborado entre noviembre de 2015 y abril de 2016, está basado en 64 entrevistas en más de 40 horas de grabación, así como expedientes médicos de 55 familiares de las víctimas.
De los estudiantes sobrevivientes, dice el documento, “son las víctimas no reconocidas en medio de una tragedia de enormes dimensiones” y presentan “daños graves a nivel psicosocial”.

 

Fue encarcelado en Durango el presunto integrante de Guerreros Unidos, La Rana

La Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) internó en la cárcel federal de Gómez Palacio, Durango, a Erick Sandoval Rodríguez, La Rana, acusado de estar implicado en el plagio y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Según fuentes federales, la noche del lunes, el mismo día en que fue detenido en Cocula, la PGR lo trasladó de la Ciudad de México a Durango, en cumplimiento a una orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro.
Según fuentes allegadas al caso, el presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos rendirá su declaración preparatoria vía exhorto ante un juez federal en Gómez Palacio.
El mandato de captura librado contra La Rana corresponde a los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el pliego de consignación original, el juez Primero de Distrito en Procesos Penales de Tamaulipas giró las órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro, pero las negó por desaparición forzada.
Un testimonio recabado por la PGR, el de Jonathan Osorio, El Jona, ubica a Sandoval Rodríguez en el basurero de Cocula en el momento de la supuesta incineración de los cuerpos de los estudiantes.
Por su captura la PGR ofrecía una recompensa de 1 millón 500 mil pesos.
Para los padres de los normalistas esta detención sólo demuestra que la Procuraduría está interesada en consolidar su versión que señala que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.

 

Es necesaria la verdad para reparar el daño a familiares de los 43, advierten

Es necesaria la verdad para reparar el daño a familiares de los 43, dice el informe de Fundar

Presentan Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, que concluye que los parientes sobreviven “con la sensación de que el tiempo se ha detenido”, y en “un intenso sufrimiento emocional”. El gobierno federal se negó a reconocer el documento a pesar de que lo recomendaron el GIEI y la CNDH, informa la directora del organismo, Haydeé Pérez. Se “administra políticamente” su dolor, señalan los padres

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa es el informe elaborado por cuatro psicólogas, una antropóloga y médicos coordinado por Fundar Centro de Análisis e Investigación, que recopila decenas de testimonios de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y otras víctimas, además de sobrevivientes de los ataques a estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
A más de 41 meses de los ataques contra los estudiantes el documento fue presentado este miércoles en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco (CCUT), donde la directora de Fundar, Haydeé Pérez indicó que el gobierno federal se negó a reconocerlo, a pesar de que fue hecho como una respuesta a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En la presentación del texto las madres representantes de las familias de los 43 y organizaciones civiles denunciaron que la autoridad “administra políticamente” el dolor de los deudos, que buscan a los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
“Este informe es más que un recuento de agravios y el pasado 2 de marzo el Estado mexicano tuvo la oportunidad de asumir un compromiso real con la dignificación de las víctimas, al comprometerse a tomar como base los hallazgos y recomendaciones de este informe para llevar a cabo planes de atención y, en su caso, de reparación, pero el gobierno ha desdeñado esta nueva oportunidad al negarse a firmar una declaración de intención de cumplimiento de este diagnóstico”, denunció Pérez.
“El Estado evidencia nuevamente su falta de voluntad política para cumplir las recomendaciones del GIEI y confirma que su única intención sigue siendo la de administrar políticamente las demandas de verdad y justicia de las madres y padres de Ayotzinapa”, señaló.
El director del CCUT, Ricardo Raphael de la Madrid invitó a no olvidar el caso: “este texto pone contra la pared a aquellos que quieren que el asunto se deje de lado. Eso significaría matar la semilla que México se merece”.

Todos estamos afectados, dice integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU

En su intervención Hilda Hernández, madre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, indicó que las madres y padres de los estudiantes lloraron, gritaron e imaginaron lo peor cuando escucharon por primera vez la versión del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que dice que los jóvenes fueron incinerados y luego fue desacreditada científicamente por expertos internacionales.
“Mucha gente nos juzga y dice que lo único que queremos es no trabajar. Nosotros ya no tenemos una vida, morimos poco a poco porque parece que fue ayer cuando se llevaron a nuestros hijos. Seguimos más firmes que nunca porque amamos a nuestros hijos”, expuso.
La coordinadora del informe, Ximena Antillón detalló que una de las conclusiones es que no puede haber una reparación monetaria si primero no se informa la verdad, y luego se hace justicia, “se dice a los padres que deben enfrentar el duelo, pero ellos no pueden hacer eso porque no tienen certeza de lo que ocurrió a sus hijos”.
Por su parte el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Mario Patrón quien representa legalmente a los familiares de las víctimas, resumió en cuatro diferentes momentos los casi tres años y medio que han transcurrido desde el 26 de septiembre de 2014.
Un primer momento, indicó, fue el de la “verdad histórica”, en la cual el gobierno pretendía “salir del embrollo político más que llegar a la verdad de los hechos”. Después llegó el “momento de la supervisión internacional”, cuando el GIEI comprobó que no había sustento científico para la teoría del basurero de Cocula.
El tercer momento, continuó Patrón, consistió en proteger a los funcionarios que crearon la versión de que los estudiantes fueron incinerados, y el “último momento está marcado por lo que llamamos la etapa de la administración políticamente correcta, donde se dice que se investiga al Ejército, Policía Federal, al Estado, a otras instituciones de seguridad municipal. En esta etapa de alguna manera se van cayendo algunos argumentos de la teoría del caso inicial, pero no se termina de dar el paso comprometido frente a la verdad”.
El integrante del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rainer Huhle se dijo sorprendido sobre cómo el informe “toma el núcleo de los padres de los desaparecidos para terminar demostrando que el caso Ayotzinapa impactó en muchas personas más. De alguna manera todos estamos afectados”, señaló.

El dolor más grande

Haydeé Pérez detalló a El Sur que el Centro Prodh invitó a Fundar a elaborar el informe en seguimiento a la recomendación del GIEI.
“En su segundo informe sugieren conformar un equipo multidisciplinario, independiente, capaz y que cuente con la confianza de los familiares para llevar a cabo un estudio psicosocial”, expuso.
Aparte, el padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, Mario César González Contreras indicó que el informe contiene testimonios de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos.
“Es muy fuerte el dolor, el más grande. Te acabas, te mueres, revives, ya no sabes quién eres. Para los 43 padres de familia la reparación del daño es el paradero de los muchachos, castigo a los culpables y saber qué pasó ese 26 de septiembre. Nada más”.
“Mi mujer y yo no tuvimos hijos para venderlos. Es impresionante el dolor que se siente ahora al ver a tu esposa pedir la localización de tu hijo cuando lo único que él quería era trabajar. Son sentimientos muy encontrados y ojalá la gente de Guerrero tuviera consciencia un poco más de lo que hemos sufrido los 43 padres”.

El duelo imposible

Entre las conclusiones del informe de 523 cuartillas se indica que para los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, “los ataques en Iguala resultaron traumáticos por su carácter violento, inesperado, abrupto y sin sentido”, que sobreviven “con la sensación de que el tiempo se ha detenido”, y viven “un intenso sufrimiento emocional con la necesidad de justicia como posibilidad de dar sentido a los hechos”.
El estudio sobre las secuelas en salud, físicas y psicológicas que dejó la noche de Iguala habla de cómo concuerdan los sobrevivientes y familiares de las víctimas en “la imposibilidad de darle sentido” a los hechos, en la “ruptura de la confianza en las autoridades” y en “la situación de impunidad que obstaculiza conocer la verdad, como soporte del proceso de elaboración psíquica”.
Uno de los hallazgos relevantes es que, al estar involucrados agentes del Estado en los ataques a los normalistas y la desaparición forzada de éstos, los familiares y víctimas “cuestionan la función protectora que hasta entonces le atribuían”, y eso genera “sentimientos de indefensión, desamparo y vulnerabilidad”.
Los investigadores identificaron que la vivencia del tiempo detenido “condensa los impactos traumáticos de la desaparición forzada y la desesperación de que, a pesar de la movilización y búsqueda permanente, los familiares no logran saber de sus hijos”, y por eso “el duelo no tiene lugar, porque no saben si sus hijos están vivos o muertos”.
El informe indica que “la difusión de una versión oficial sin mayor sustento científico sobre los hechos, y los posteriores momentos en que el Estado reitera esa versión pese a los argumentos científicos que la ponen en duda, han generado impactos retraumatizantes en los familiares y ha acentuado la desconfianza en el Estado”.
El estudio elaborado entre noviembre de 2015 y abril de 2016, está basado en 64 entrevistas en más de 40 horas de grabación, así como expedientes médicos de 55 familiares de las víctimas.
De los estudiantes sobrevivientes, dice el documento, “son las víctimas no reconocidas en medio de una tragedia de enormes dimensiones” y presentan “daños graves a nivel psicosocial”.

Acude Guillermo del Toro a presentación del  documental sobre la desaparición de los 43

Al finalizar la proyección en el Festival de Cine de Guadalajara los asistentes contaron en voz alta cada número hasta llegar al de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala

Abril Valadez y Jonathan Hernández / Agencia Reforma

Guadalajara

Guillermo del Toro lanzó su nueva producción, el documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga, en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).
Antes de la proyección, realizada ayer en la Sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas, el director de La Forma del Agua subió al escenario junto con la productora Bertha Navarro y parte del equipo de realizadores del largometraje, sin emitir algún discurso.
Al iniciar la muestra, el director pasó a tomar lugar entre el público.
La película dirigida por Enrique García Meza, que fue vista por algunas personalidades como los actores Ofelia Medina y Damián Alcázar, presenta el caso Ayotzinapa con testimonios de familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en esta población guerrerense en 2014, y expone el proceso de justicia que enfrentan hasta hoy y el sufrimiento por la pérdida e incertidumbre.
Al culminar la proyección, mientras Del Toro salía de la sala, los asistentes se dedicaron a contar en voz alta hasta el 43.

Creará con Karla Castañeda película en stop motion

La realizadora de animación tapatía Karla Castañeda será producida por Guillermo Del Toro.
La historia, abundó la cineasta, será escrita por ambos y aún carece de un nombre definitivo, aunque confirma, será en español.
“Me dijo: ‘Siéntate. Te voy a contar algo, tu corto es un largo’. Abrimos el cuaderno y empezamos a hacer la estructura tal cual, los tres actos, a soltar cosas”, recuerda Castañeda sobre la reunión que sostuvo el sábado pasado con el cineasta ganador del Oscar.
“Él tenía un guión que se parecía mucho y empezamos a tener muchas cosas en común. Me dijo: ‘¿Qué te parece si coescribimos’”.
La temática del largometraje que crearán en la técnica stop motion tendrá como ejes la muerte, los ciclos de la vida, combinados con la influencia del realismo mágico y un poco de terror.
“Siempre tengo algo con la muerte, no sé por qué… mi tercer corto (que ahora será el largometraje que producirá al lado de Guillermo) era mi trilogía de la muerte, las coincidencias con Jacinta y La Noria es que la temática es la pérdida y el género fantástico.
“La primera frase que me dijo fue: ‘El nivel máximo de la amistad es perdonar el éxito’”, cuenta.
Con este tipo de acciones, Del Toro pone de manifiesto lo que expresó en las tres charlas que ofreció en esta ciudad, apoyar a la nueva generación de creadores, apostar por otro tipo de proyectos y géneros, así como descentralizar la producción de filmes en el país.
“Para mí es como un regalo infinito y de una gran humildad”, puntualiza Castañeda.

Matan a balazos a dos hombres en Coyuca de Benítez y Zitlala; uno era maestro

Un profesor de 50 años fue levantado por hombres armados la mañana de ayer cuando salía de su casa del poblado de El Papayo, municipio de Coyuca de Benítez, su cuerpo fue hallado con balazos en la cabeza debajo de un puente de la comunidad de El Zapote, y en hechos distintos otro hombre fue ejecutado a balazos cerca de la comunidad de Topiltepec, municipio de Zitlala.
Del primer hecho, fuentes policiacas indicaron que el crimen fue reportado a las 8:30 de la mañana en el puente de El Zapote.
La versión oficial indicó que el maestro fue levantado por hombres armados a las 7 de la mañana cuando salía de su casa en el poblado de El Papayo, iba rumbo a su escuela donde trabajaba.
Sin embargo los familiares informaron que el cadáver fue hallado a las 9:30 de la mañana.
Posteriormente el cuerpo fue trasladado a su casa y luego las autoridades ministeriales y peritos acudieron para las diligencias correspondientes.
El maestro Juan de 50 años tenía disparos en la cabeza y vivía en El Papayo, en Coyuca de Benítez, trabajaba en la escuela de la comunidad de Vicente Guerrero, en el municipio de Atoyac de Álvarez, según los familiares.

Oyeron disparos el lunes en la noche

La mañana de ayer un hombre fue ejecutado a balazos cerca de la comunidad de Topiltepec del municipio de Zitlala.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que a las 10:20 de la mañana recibieron un reporte que avisó que había una persona asesinada a balazos cerca de esta comunidad.
Según vecinos la noche del lunes escucharon disparos cerca de este poblado.
La mañana de ayer policías estatales y soldados acudieron pero los familiares de la víctima no permitieron que los peritos de la Fiscalía hicieran las diligencias, el cuerpo fue recogido para después ser sepultado. No se dieron más detalles.

Detiene la Policía Federal a dos asaltantes en Zumpango

En otro hecho, agentes de la Policía Federal (PF) de Caminos detuvieron a dos hombres acusados de robar una camioneta de la empresa La Costeña en la comunidad de Mezcala en el municipio de Eduardo Neri (Zumpango).
Fuentes de la PF informaron que a la una de la tarde los agentes federales pasaron por el bulevar Vicente Guerrero en la colonia Progreso en Chilpancingo y un trabajador de la empresa La Costeña les pidió auxilio.
El trabajador les contó a los federales que dos asaltantes le robaron la camioneta en este asentamiento.
Después los policías hicieron un operativo en la carretera federal Chilpancingo – Iguala y la Autopista del Sol con dirección hacia Cuernavaca.
Los federales detuvieron a los dos asaltantes a bordo de la camioneta cerca de Mezcala.
Los detenidos y la camioneta fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP) de Chilpancingo para las investigaciones y deslindar responsabilidades.

Se incendia un automóvil en la Autopista del Sol en Huitzuco

Un automóvil fue localizado incendiado la madrugada de ayer en la Autopista del Sol en el puente Solidaridad en Huitzuco.
Fuentes de la PF informaron que  las 2:30 de la madrugada de ayer se reportó al 911 que en la autopista se estaba incendiando un auto, minutos después se confirmó el hallazgo de una camioneta Dodge Grand Caravan la cual se había calcinado completamente, sólo se alcanzaban a leer los números MUR-1507 de la placa.
En el lugar no fueron halladas personas lesionadas, se cree que los tripulantes abandonaron el vehículo.
La camioneta fue decomisada y trasladada al MP de Iguala para hacer la investigación correspondiente.

Era campesino de 20 años el ejecutado el sábado en Iguala

Fuentes ministeriales informaron que ayer fue identificado el cuerpo del campesino José de 20 años quien fue hallado ejecutado con un balazo en la cabeza, vendado de los ojos y atado de las manos durante la tarde del sábado en un predio de la comunidad de Joya de Pantla, municipio de Iguala.
Fuentes ministeriales informaron que el joven era vecino de la comunidad de Tomás Gómez, municipio de Cocula.
Sus familiares informaron a las autoridades que la última vez que lo vieron fue la mañana del viernes, un día antes de su muerte, pues había salido de su casa con dirección a la comunidad de Tonalapa del Río, municipio de Teloloapan, donde iría a pedir trabajo como peón, sin embargo ya no regresó a casa y su cuerpo fue hallado con el tiro de gracia en la cabeza, los ojos vendados y las manos atadas hacia la espalda en un predio a orilla de la carretera de terracería de la comunidad de Joya de Pantla, municipio de Iguala.

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Intentan dos veces desalojar a paristas de la mina Media Luna policías y empleados afines, denuncian

Unos 60 policías estatales y 20 trabajadores afines a la minera Media Luna, filial de la empresa canadiense Torex Gold Resources, intentaron en dos ocasiones desalojar la mañana de este lunes a trabajadores paristas y ejidatarios del núcleo agrario de Real de Limón, que se mantienen en plantón dentro de la mina.
Los trabajadores de la minera están en paro laboral desde el 3 de noviembre pasado, en demanda de la cancelación del Contrato Colectivo de Trabajo con el sindicato de la CTM, y demandan el reconocimiento de la relación laboral con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM).
Mientras tanto, los ejidatarios del núcleo agrario de Real de Limón exigen la cancelación del contrato de arrendamiento que firmaron con la empresa minera, debido a que ésta no ha cumplido los acuerdos establecidos en el contrato.
El delegado del SNTMMSRM en Guerrero, Indalecio Pérez Morones denunció que la mañana de ayer unos 60 policías acompañados de unos 20 trabajadores afines a la minera entraron por la puerta tres con la intención de desalojarlos.
Denunció que los policías que portaban armas largas golpearon y lesionaron con las culatas de sus armas a los inconformes, y que lesionaron a cuatro mujeres y al menos a ocho hombres.
Añadió que, tras la irrupción de los policías estatales y de los empleados de la minera, la mayoría administrativos, los paristas pidieron el apoyo de los trabajadores y de pobladores de Real de Limón y de La Fundición, que llegaron unos minutos después.
Los policías y trabajadores afines a la minera se retiraron, y alrededor de una hora después regresaron y volvieron a intentar desalojarlos, pero esta vez se encontraron con unos 400 trabajadores y habitantes de los pueblos cercanos, quienes rechazaron a policías y a empleados.
Pérez Morones denunció que, en el primer intento de desalojo resultaron al menos 12 lesionados, cuatro mujeres y unos ocho hombres.
Denunció, asimismo, que los policías estatales les quitaron sus celulares a los trabajadores y a los ejidatarios para que no tomaran fotografías ni videos. Dijo que los policías destruyeron algunos teléfonos y se llevaron otros.
En declaraciones telefónicas, Pérez Morones, acusó que los policías estatales y los trabajadores afines de la minera aprovecharon, a las 9 de la mañana, cuando intentaron el primer desalojo, que sólo había unos 20 ejidatarios y trabajadores paristas.
Dijo que, sin embargo, estos encontraron resistencia y que los policías con las culatas de sus armas largas golpearon a los trabajadores y ejidatarios. Aseguró que, en esta primera acción cuatro mujeres resultaron golpeadas, así como al menos ocho hombres.
Relató que minutos después comenzaron a llegar más trabajadores y ejidatarios, y que cuando los policías estatales y ejidatarios intentaron un segundo desalojo, ya había unos 400 ejidatarios y trabajadores que rechazaron a los policías y trabajadores afines a la minera.
Pérez Morones denunció que los policías y trabajadores afines a la minera arrebataron los teléfonos celulares a los paristas para evitar que tomaran imágenes de la agresión.
Los trabajadores de la minera Media Luna están en paro laboral desde el 3 de noviembre, mientras que los ejidatarios de Real de Limón entraron a ocupar sus tierras ejidales el 23 de febrero pasado, en demanda de la cancelación del contrato de arrendamiento con la minera por el incumplimiento de los acuerdos por parte de la minera.

 

No han rescindido ejidatarios el contrato de arrendamiento de las tierras, dice Torex Gold

La minera Torex Gold Resources, que explota la mina El Limón Guajes en el municipio de Cocula, declaró que es “errónea” la información proporcionada por el delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), respecto a que el ejido Real de Limón ha rescindido el contrato de arrendamiento con esa empresa.
En un boletín de prensa enviado a El Sur este martes, Torex Gold afirma que la compañía tiene un acuerdo de arrendamiento de tierras “válido, generoso y vinculante” por 30 años con ese ejido.
La semana pasada, el delegado del SNTMMSRM, Indalecio Pérez Morones declaró que los ejidatarios de Real de Limón están pidiendo la cancelación definitiva del contrato de arrendamiento, como se publicó en El Sur, y no que se ha rescindido el contrato, como menciona la empresa.
El representante del SNTMMSRM en Guerrero argumentó que los ejidatarios piden la cancelación del contrato en protesta porque la minera no ha dialogado con los trabajadores en paro que piden la cancelación del Contrato Colectivo de Trabajo con el sindicato de la CTM y que reconozca la relación laboral con el STMMSRM. Además el líder sindical aseguró que los campesinos están inconformes porque la minera no ha cumplido con el contrato de arrendamiento de sus tierras.
“Esto no es cierto. La Compañía cumple con los términos del Contrato de Arrendamiento y está en regla. Esto podría haberse confirmado fácilmente si el medio de comunicación se hubiera puesto en contacto con Torex para hacer comentarios en lugar de permitirse ser manipulado y utilizado como una herramienta de propaganda”, dice la empresa en su escrito.
Sin embargo, “lo que es cierto es que un pequeño grupo de familias en el ejido, con el aparente apoyo del sindicato de los mineros, está tratando de extorsionar a la compañía”, y añade que su extorsión es el intento de interrumpir la explotación del pozo El Limón.
“Estas personas se han infiltrado en la tierra y han establecido un campamento cerca de la instalación de trituración El Limón. La compañía no estaba programada para trabajar en El Limón la semana pasada, por lo que no había trabajadores presentes”, asegura la empresa en referencia a la declaración también de Pérez Morones de que el jueves un grupo de ejidatarios y trabajadores en paro entraron a las instalaciones de la mina para tomar las tierras del ejido Real de Limón, que están arrendadas a la minera.
“Estos intrusos parecen creer que si pueden interrumpir la minería, pueden obligar a la compañía a reabrir el contrato de arrendamiento y pagar más para acceder a la tierra. La compañía quiere ser clara al decir que esto no sucederá”, advirtió Torex Gold Resources.
En el mismo comunicado, en declaraciones que se le atribuyen al presidente de la minera,
Fred Stanford, se establece que, “Entendemos que el acuerdo de arrendamiento vigente es el segundo acuerdo de tierras más generoso para la minería en el país. El hecho es que este pequeño grupo de familias no tiene la autoridad legal para hablar por el ejido, y no cuentan con el apoyo del ejido para impugnar el contrato de arrendamiento ni para llevar a cabo estas actividades ilegales”.
Asimismo Torex Gold indica que no tiene ninguna intención de ser extorsionada para cambiar lo que ya es un contrato “justo y lucrativo”. Agrega que, “Este comportamiento ilegal y grosero por parte de unas pocas familias y un sindicato externo es un intento descarado de intimidar y extorsionar a la compañía”.
En seguida advierte que, “Quiero ser claro al decir que cuando Torex esté programado para regresar a la minería en El Limón Pit, los empleados de la compañía lo harán y no se dejarán intimidar”.
Aclara que si el ejido alguna vez fuera autorizado a impugnar el contrato de arrendamiento por el voto de los miembros en una asamblea debidamente convocada, el ejido tendría que llevar el asunto ante el Tribunal Unitario Agrario, y el Tribunal evaluaría si el contrato de arrendamiento era justo y si había sido negociado de buena fe.
Asimismo, en su comunicado, el presidente de la empresa pide al gobierno que ponga fin a esta “actividad ilegal continúa” y que haga cumplir la ley.
Dice: “Las acciones de matón de unos pocos están desacreditando el carácter de la gran cantidad de gente maravillosa en la región. Estos grupos rebeldes también están dañando la reputación de México, y de Guerrero en particular, como un lugar para invertir”.