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Recibió el gobierno un estado “con necesidad apremiante de gobernabilidad”: Ludwig

Recibió el actual gobierno “un estado con necesidad apremiante de gobernabilidad”, dice Reynoso Núñez

Durante su comparecencia ante el Congreso local como parte de la glosa del informe de gobierno de Evelyn Salgado Pineda, refiere el secretario de Gobierno que por ello la política interior en el primer año se basó en restablecer la gobernabilidad y la confianza ciudadana con “diálogo oportuno y responsable”. Reprocha la priista Alicia Zamora Villalva que si el diagnóstico era restablecer la gobernabilidad, se debió a convocar a un diálogo a los partidos políticos

 

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, durante su comparecencia de este lunes ante el pleno del Poder Legislativo Foto: Jessica Torres Barrera

En la comparecencia por el primer año del gobierno estatal ante el pleno del Congreso local, al secretario general de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez le plantearon preguntas en torno a la atención a las demandas sociales, protestas y manifestaciones, la gobernabilidad, la atención a temas de género y el ambiente. Las preguntas fueron tersas, sin sorpresas, ya que los cuestionamientos se habían realizado previamente por escrito.
En su mensaje ante 35 diputadas y diputados asistentes, el funcionario estatal señaló que la actual administración recibió “un estado con necesidad apremiante en materia de gobernabilidad”, por lo que la política interior en el primer año se basó en restablecer la gobernabilidad y la confianza ciudadana con “diálogo oportuno y responsable”.
Tras la primera intervención del secretario, antes de las preguntas de diputados, funcionarios del gobierno estatal que lo acompañaron aplaudieron al funcionario, lo que generó que la diputada priista Alicia Zamora Villalva pidió a la presidenta de la Mesa Directiva que realizara una moción de orden para pedir a los presentes que no aplaudieran en respeto al recinto. Estos aplausos, incluso gritos se han permitido en comparecencias de funcionarios en gobiernos anteriores.
En las rondas de preguntas y respuestas, por el PRI, la diputada Gabriela Bernal Reséndiz le preguntó a Ludwig Marcial Reynoso, como presidente del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, si existe un mecanismo transversal de las dependencias para atender la alerta por violencia de género y a cuanto haciende el presupuesto ejercido por cada secretaría, además de los 500 mil pesos destinados a este tema y que ejerce su Secretaría, y cuáles fueron los resultados y sobre el trabajo para la gobernabilidad.
En respuesta, el secretario dijo que en ocasiones el proceso de diálogo se dificulta por multitud de protestas, pero que a pesar de la atención “las estructuras monolíticas de sindicatos, de organizaciones se han empezado a dispersar, antes había un solo canal de comunicación y ahora hay múltiples canales de comunicación”, y aseguró que “hemos privilegiado el diálogo al uso de la fuerza” y que así se continuará.
También advirtió que muchos de los temas que atiende la secretaría no son “solo de voluntad política, se requiere de presupuesto, temas legales”, pero planteó que la gobernabilidad se construye con la participación de los poderes, las organizaciones, de los partidos políticos.
De las alertas por violencia, dijo que se reinstalaron los sistemas municipales para atender Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en 76 municipios y que solo faltan Heliodoro Castillo, Canuto Neri, Pedro Ascencio de Alquisiras y San Miguel Totolapan.
Reynoso Núñez reconoció las reformas en materia de despenalización de la interrupción del embarazo porque eso generó que se pudiera iniciar la atención de las otras medidas establecidas en la alerta en materia de salud; mientras que los 500 mil pesos, dijo que se destinaron a un programa de información en el transporte público.
La priista también le preguntó cuáles son las dependencias en las que hay denuncias de trabajadores por violencia laboral y acoso sexual y si hay protocolos para la atención y los procedimientos sancionadores, el funcionario estatal informó que tienen 13 expedientes administrativos contra servidores públicos, 7 de la secretaría de Salud, 5 de Seguridad Pública y uno de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande; y que los protocolos en contra de la violencia laboral y sexual los maneja la Secretaría de la Mujer.

Las movilizaciones sociales, propias del estado

El perredista Carlos Reyes Torres preguntó también sobre los trabajos para la gobernabilidad y la atención a los movimientos sociales. Ludwig Marcial Reynoso recordó que al término de la administración pasada “se tenían múltiples conflictos, generados muchos en la falta de un presupuesto”, y justificó que por la pandemia los ingresos se vieron afectados y “se fueron acumulando multitud de compromisos que al final se reflejaron en compromisos no cumplidos, no quiero decir que de manera intencional”, y que esto generó “un gran descontento social” incluso con trabajadores del estado, por lo que planteó que “el que volvieran a creer en la autoridad no es un proceso fácil”, y que lo mismo ocurre con los sindicatos, maestros, organizaciones.
Incluso el secretario justificó que la movilización social es “característica, es muy propia del estado, hay organizaciones como la CETEG que su método es movilización, negociación, movilización” sin embargo dijo que eso lo entienden en el marco de libertades de los mexicanos a la manifestación; en el tema educativo, precisó que en la mayoría de los casos se requiere la coordinación con el gobierno federal para poder dar solución.
Carlos Reyes, como Yoloczin Domínguez, y Gabriela Bernal que lo antecedieron, ya no realizaron preguntas en su última oportunidad para intervenir. En su lugar agradecieron las respuestas, reconocieron el trabajo del gobierno en los temas que plantearon y hablaron de su disposición de abonar a la gobernabilidad. En su oportunidad el funcionario estatal regresó los cumplidos agradeciendo “a ustedes el gesto que tienen de solidaridad con esta administración porque efectivamente la gobernabilidad es un proceso en el que estamos todos incluidos”.
El diputado del PVEM Manuel Quiñonez Cortés preguntó también sobre las protestas sociales, dijo que han tratado de atender las demandas sociales, pero reconoció que esta supera la capacidad de respuesta del gobierno estatal y que hay demandas “muy añejas” principalmente en el tema magisterial, “los no FONE que tienen muchos años que no están en la nómina educativa; hay miles de horas adeudo a maestros”.
Consideró que es natural que con la llegada de un nuevo gobierno se genere la expectativa de que se solucionen sus demandas acumuladas durante varios años y que esto genera diferentes movilizaciones.
Además de las protestas y movilizaciones por temas educativos, comentó que en muchos casos son también por desapariciones, y que estos también son atendidos y canalizados a la fiscalía y a la SSP y a la Comisión Estatal de Búsqueda, y destacó “hoy sí se hace búsqueda (antes) no se hacía” y que esto ha generado también la expectativa de las víctimas a que con la movilización se iniciará la búsqueda.
Aprovechó para decir que “la acción de gobierno es apegada a derecho no tiene favoritismo, no tiene color partidista, no tiene influencia política en la toma de decisiones”. Mientras que Manuel Quiñonez dijo que este partido no descalificará la actuación “de nadie” y que se necesita la suma de voluntades para impulsar el desarrollo social y económico, y reiteró que seguirán impulsando una agenda común con el Ejecutivo “dejando de lado las políticas oportunistas”.
También, Marcial Reynoso afirmó que el actual gobierno “no persigue por ideas, ni por el hecho de que alguien manifieste su derecho de pensar”, esto en respuesta a una pregunta del morenista Joaquín Badillo Escamilla que la mayor parte de su participación la dedicó a realizar reconocimientos al gobierno estatal.

PT: llegó la “Cuarta Transformación”

La petista Leticia Mosso Hernández no escatimó elogios al gobierno estatal y celebró el primer año de gobierno de Evelyn Salgado “donde la Cuarta Transformación ha llegado a nuestro estado, las expectativas son altas y los problemas no son menores”, incluso aludió al gobierno anterior “las malas prácticas no pueden ser borradas de un plumazo”.
Y continuó con los reconocimientos: “los cambios han sido ordenados, pero profundos y radicales, y se han concretado en políticas públicas para reducir la pobreza y la extrema desigualdad económica de las y los guerrerenses, ha sido un arduo trabajo pero hemos sido testigos de su capacidad para conducir junto con la gobernadora la política interna de nuestro estado, siempre a través del diálogo como lo ha reiterado y la negociación ante los conflictos sociales que se han presentado manteniendo así la estabilidad política la paz social y sobre todo la gobernabilidad”.
La petista preguntó sobre la atención a las manifestaciones, el secretario dijo que no están de acuerdo en que se mantengan bloqueos que afecte a terceros cuando ya está en marcha “el diálogo”, y señaló que “en los casos necesarios en los que se ha hecho uso de la fuerza pública” se ha hecho “en absoluta necesidad”. Destacó que solo se utilizan los escudos y toletes, y no gases u otros medios para liberar las vías de comunicación, y que para estos casos han solicitado la presencia de Derechos Humanos.
El priista Jesús Parra García también destacó el trabajo del gobierno estatal y que se enfrentan los problemas socioeconómicos “y no de ahorita porque tampoco venga tengamos aquí a decir que traemos la varita mágica para poder cambiar las cosas del pasado que podría ser criticado”, y preguntó sobre las movilizaciones y protestas. El secretario le respondió que en el año del que se informa hubo mil 819 movilizaciones de las cuales 822 fueron en temas educativos, 477 por demandas sociales, 409 por temas laborales, y las restantes por temas de transporte, medios de comunicación y temas agrarios y turísticos; de las cuales mil 353 del ámbito estatal.
Dijo que muchas de las protestas materia educativa son por demandas relacionadas a infraestructura. Al respecto dijo que el 60 por ciento de los 300 millones que autorizó el Congreso no se pueden ejecutar porque “se van directamente a

pagar un fideicomiso que se estableció en años anteriores y que prácticamente nos deja con un tercio de los recursos para atender la gran demanda de espacios o de remodelación o reconstrucción”, y apuntó que la gobernadora gestionó 100 millones de pesos ante el gobierno federal para atender estas necesidades educativas.

Notarías caras

El priista también preguntó sobre la falta de un tabulador para establecer cuotas a las que se deben de apegar las notarías públicas el estado. Ludwig Marcial Reynoso reconoció que cada notaría cobra de acuerdo a un porcentaje que calculan en razón de la operación que realiza, por lo que consideró que se debe trabajar en una propuesta de reforma a la Ley del Notariado, para que actualice la función notarial y con ello, hacerla un tema más social. Sin embargo, ya en la pasada legislatura se presentó una iniciativa al respecto que quedó en la congenadora pues nunca se dictaminó.
“En muchos momentos llegó a verse como una clase privilegiada, llegabas a tener una notaría y pues prácticamente resolvías tu vida, pero creo que hay que trascender, hay que formular una nueva propuesta que permita que esta función notarial se acerque a la ciudadanía” y que estas cumplan con su función sin los altos costos que actualmente representan.
Dio a conocer que durante el primer año de la actual administración se realizaron 22 visitas a 44 notarías públicas del Estado, dónde se encontró que en 5 no se tenían protocolos, apéndices encuadernados y empastados de los distritos de Bravo; Alarcón, Álvarez y la Montaña; y anticipó que se implementará la creación de un archivo digital que contenga todos los documentos que albergan las Notarías Públicas, para generar una mayor transparencia y certeza jurídica a la ciudadanía, aunque la labor destacó llevará mucho tiempo, por lo que podría comenzar a operar en 2023.

La gobernabilidad se construye con diálogo: Alicia Zamora

La única que cuestionó a Ludwig Marcial Reynoso fue la priista Alicia Zamora Villalva, y reprochó el primer señalamiento del funcionario fue que recibió un “estado con necesidad apremiante de gobernabilidad” que orilló a que las estrategias de la política interior se basarán en restablecer la estabilidad política y la confianza ciudadana en las instituciones. Señaló que es incorrecto que no se haya convocado a los partidos políticos a reunirse con él como el responsable de la política interna en el estado. La priista también enlistó los desalojos, entre ellos a indígenas de Chilapa y los presuntos asaltos a la Autopista del Sol.
“Usted dijo que recibió un estado con necesidad urgente de gobernabilidad, quisiera invitarlo a reflexionar sobre qué es la gobernabilidad y cómo se construye y si efectivamente las cosas han cambiado después de año, porque la gobernabilidad no es proceso teórico, es un proceso que se construye todos los días”, señaló la priista.
El funcionario reconoció que hay reuniones pendientes. “Como gobierno advertimos una necesidad de que el ejercicio político a través de los partidos ayude al estado, no al gobierno, al estado”. Señaló también que la demanda social “supera en mucho” la capacidad de respuesta del estado sobre todo en materia económica, porque hay demandas muy añejas.
Después de su respuesta, Zamora Villalva le dijo que reconoce la coincidencia respecto a que “Guerrero no nace ni muere cada seis años”, y que “no es un buen tiempo para quienes simulan realidades”.

 

Es un mensaje de impunidad el del Adán Augusto en el Congreso local: Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El aval de los congresos locales a la continuidad del Ejército en labores de seguridad pública hasta 2028 envía un mensaje de impunidad a los perpetradores de los crímenes, del pasado y el presente, sobre todo, preocupa que en esta coyuntura diputados ignoren a las víctimas para congraciarse con el presidente, denunció el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
“Se da un discurso falaz aquí (en Guerrero) de que el Ejército es diferente, cuando sabemos que hay mandos que cometieron graves violaciones a derechos humanos, que han sido condecorados y que siguen encubiertos, como ahora sucede con Ayotzinapa”, señaló Barrera.
Como referencia, señaló la cancelación por la Fiscalía General de la República (FGR) de 21 órdenes de aprehensión relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural, de las cuales 16 son contra militares.
Entrevistado vía telefónica, sobre la defensa del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a la reforma del Senado al artículo quinto transitorio constitucional, en materia de Guardia Nacional, en la tribuna del Congreso local y las posturas de las fracciones políticas, Barrera Hernández señaló que nadie puso en primer plano a las víctimas de desaparición forzada, de los crímenes del pasado, como de hechos más recientes.
Recordó el “papel lamentable” del Ejército en graves violaciones a los derechos humanos y que ahora las autoridades, a tabula rasa, hablan de un Ejército moderno, que no viola los derechos humanos, “como si fuera otra institución”.
Aclaró que la milicia no rinde cuentas a las autoridades civiles y tiene vetos en cuanto a los agentes de Ministerio Público, que no se atreven, regularmente, a investigar a militares, “es una estela de impunidad que persiste en Guerrero, desde los años cruentos de guerra sucia, y los años trágicos de la desaparición de los 43 normalistas”.
Asimismo, refirió las ejecuciones arbitrarias de 11 indígenas y actos de tortura en la comunidad mixteca de El Charco, hace dos décadas, “causó terror en las comunidades y no se investigó ni se encarceló a nadie. Las viudas siguen cargando con el estigma de que sus esposos eran guerrilleros, de que ellos estaban cometiendo delitos”.
Del acto político en el Congreso, enfatizó que nadie recordó los hechos atroces cometidos por militares, en un recinto donde los representantes populares deben proteger los derechos de la población más vulnerable.
“Los posicionamientos dejaron fuera a las víctimas. No hubo cuestionamiento sobre el proceder el Ejército en Guerrero, tampoco retomaron las recomendaciones de mecanismo de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en materia de seguridad pública). Más bien, el Congreso está flaco de conocimientos en jurisprudencia, que le den sustento a su quehacer como legisladores y legisladoras”.
Añadió: “Están carentes de una visión de Estado. Responden a intereses facciosos políticos para congraciarse con el poder, para mantenerse dentro del presupuesto, para aplaudir a quien en este momento tiene en sus manos el control de la seguridad interior (el presidente Andrés Manuel López Obrador)”.
Consideró que no están a la altura de los sentimientos de la nación, que proclamó José María Morelos. “Es en verdad lamentable esta comparecencia, porque pisoteó, se ignoró los sentimientos de las víctimas. Subieron a un pedestal a los militares, con una afirmación letal, para madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: que han quedado atrás noches oscuras, como la de Iguala”.
Además, lanza una bofetada a madres y padres, usurpó la función del juez que debe pronunciarse en el caso y de la misma Comisión para la Verdad y la Justicia (Covaj) para el caso Ayotzinapa, denunció.

 

Exhorta el Congreso al fiscal a que haya justicia en los casos de los universitarios asesinados

En sesión de la Comisión permanente del Congreso local, los diputados aprobaron un exhorto al fiscal general del Estado, Javier Olea Peláez, para que investigue y detenga a los responsables de los asesinatos de universitarios, y al gobierno federal para que se realicen recorridos afuera de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
La propuesta fue de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) y la leyó su coordinador, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, quien dijo que la responsabilidad por la inseguridad la tienen las malas políticas públicas.
El diputado criticó que el gobierno federal no tome en cuenta los reiterados llamados de los ciudadanos, para que se cambie la estrategia para combatir la delincuencia organizada, en particular el narcotráfico.
Además, dijo que las veces que han cambiado la manera de combatir al narcotráfico, los resultados son en perjuicio de la sociedad, “pero en Guerrero todos los sectores han sido vulnerados, sean transportistas, campesinos, universitarios y los grupos vulnerables cada día son más vulnerables frente a la delincuencia”.
Afirmó que la UAG es una de las instituciones más violentada, porque los universitarios han sido atacados “cobardemente, una y otra vez, y las autoridades siempre dicen que es la delincuencia organizada. No creemos en esa línea de investigación, más que una línea de investigación pareciera ser una línea de impunidad”.
El coordinador de los diputados de MC realizó un recuento de los universitarios asesinados, como Francisco Javier Ramírez García, auxiliar administrativo de la Facultad de Psicología; Jeany Rosado Peña, integrante de la Comisión Mixta Paritaria de Becas, del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG).
También Aidé Fuentes Nava, estudiante de la escuela de Ciencias de la Educación; Manuel Juárez Flores, estudiante de la Preparatoria 33; Juan Carbajal Merino, subdirector de la Preparatoria 5; Ángel Mendoza Ocampo, estudiante de la Facultad de Medicina; Suzy Nava Cruz, estudiante de la Preparatoria 26, y mencionó cinco más.
Sin embargo, dijo que decenas de universitarios más han sido asesinados, secuestrados, desaparecidos y lamentó que “todavía este círculo de impunidad sigue girando” en la UAG.
Mejía Berdeja insistió en que se necesita reforzar con mayor presupuesto en seguridad y que el Estado asuma “su plena responsabilidad al proteger a la vida de los ciudadanos de esta tierra llena de esperanzas y anhelos de tener una vida mejor, se indemnice a los policías que no pasaron los exámenes de control y confianza y que se aplique la ley a quien la viole”.
El punto de acuerdo se presentó como de urgente y obvia resolución, por el que el Congreso local condenó “enérgicamente los homicidios de universitarios” y hace un exhorto a Olea Peláez “para que la institución a su cargo investigue, detenga y sancione a los autores materiales e intelectuales de los arteros crímenes de universitarios”.
El exhorto aprobado plantea también un atento exhorto al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; al general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, y al Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina Armada de México, “para que de forma coordinada, continua y permanente, personal a su cargo realicen operativos a fuera de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero, para que brinde seguridad a los universitarios, así como conforme a sus competencias se detengan a los delincuentes que amenazan a los universitarios”.
En la sesión, los diputados enviaron a la Junta de Coordinación Política un acuerdo para requerir la comparecencia ante el pleno del fiscal general, Javier Olea, “para que informe sobre las políticas públicas, acciones y estrategias que ha implementado al frente de la institución y los resultados de éstas”.
La propuesta fue de la fracción del PRD y de los diputados que eran del PT, ahora independientes, donde señalaron que a casi dos años de su nombramiento, el fiscal “no ha dado muestras de avance y han aumentado los índices delictivos en la entidad”.
La propuesta la leyó el diputado independiente Jesús Martínez Martínez, quien en tribuna afirmó que el poder legislativo no tiene información para conocer, “ni mucho menos analizar en qué medida las políticas facilitan el acceso a la justicia de víctimas, testigos y acusados y aquellas que tiendan a fomentar la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia penal”.
Calificó como “urgente y necesario” que se llame a comparecer ante el Pleno a Olea Peláez e informe sobre la situación de la institución; así como en relación con el video difundido en el noticiero En Punto de Televisa en el que aparece afirmando que el diputado priista con licencia Saúl Beltrán Orozco es “El Tequilero número uno”; también los avances en las investigaciones de los homicidios en contra de reporteros, ex diputados, presidentes municipales, líderes políticos y “ciudadanos en general”.
Se precisó que si el acuerdo es aprobado por la Junta de Coordinación Política, se citaría a comparecer al fiscal el próximo jueves 15 de junio, a las 10 horas, en el Salón de Plenos.
La diputada Erika Alcaraz Sosa planteó un exhorto al poder ejecutivo estatal, al director de la Comisión Federal de Electricidad y a los municipios, para que junto con el Congreso se instale una mesa de trabajo para la regularización y optimación de la relación comercial y administrativa de la CFE, en los conceptos de pago del suministro de energía el servicio de alumbrado público, recaudación y entrega a favor de los municipios.
La diputada Rossana Agraz Ulloa intervino para hablar de Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el 5 de junio.
También se turnó a la Comisión de Justicia el oficio signado por el magistrado del Tribunal Electoral del Estado, René Patrón Muñoz, donde remite una iniciativa de adiciones a la ley Orgánica del Tribunal Electoral.

Se aprobará la solicitud para que el fiscal comparezca en el Congreso: Flor Añorve

 

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Flor Añorve Ocampo, afirmó que el fiscal Javier Olea Peláez continúa evadiendo su responsabilidad al no detener a Saúl Beltrán y anunció que la próxima semana aprobarán la solicitud de su comparecencia ante el Poder Legislativo.
Respecto a las actuaciones y dichos del fiscal, que se han conocido a través de videos, la presidenta del Congreso recordó que sólo el gobernador puede destituir de su cargo al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Sin embargo. dijo que “en alguno de los casos el fiscal lamentablemente ha hecho comentarios impropios”, criticó que no fue “cuidadoso, dadas la circunstancia que está viviendo Guerrero”.
La priista dijo que del problema de violencia que hay en Guerrero “él es el responsable de muchas de estas situaciones” y que ese es un tema prioritario para el Poder Legislativo. Esto en referencia al señalamiento del fiscal ante pobladores de San Miguel Totolapan, en el sentido de que Saúl Beltrán Orozco es el tequilero número uno, pero que no lo puede detener porque tiene fuero, porque el Congreso no le quitó la inmunidad constitucional.
También aseguró que pretende inculpar al Poder Legislativo porque según dijo, los diputados están “muy al pendiente de hacer lo que nos corresponde”, esto a pesar de que el Congreso no concluyó el juicio de procedencia para desaforar a Saúl Beltrán y que lo suspendieron cuando el priista pidió licencia.
“Más bien, está evadiendo su responsabilidad”, dijo la priista presidenta del Congreso, al no detener a Saúl Beltrán, “porque aquí se llevó a cabo la autorización de la licencia del diputado y a él (Javier Olea) le corresponde lo siguiente”, porque de acuerdo a la legislación local, cuando un legislador pide licencia quedan suspendidos también sus derechos, entre ellos la inmunidad constitucional.
Derechos que puede recuperar si solicita regresar a su cargo, porque tampoco no hay ningún impedimento para eso, informó también que el Congreso aún no es notificado de que se le concedió un amparo al diputado priista.
De la comparecencia del fiscal, Flor Añorve explicó que debe ser la Junta de Coordinación Política del Congreso la que ponga las reglas y convocar la comparecencia, además de que dijo que tendrían que estar las comisiones presentes, en referencia a la de Seguridad Pública y Justicia además de la de gobierno.
Este miércoles concluyó el periodo permanente de sesiones y el martes iniciará el ordinario, en el que sesionará el pleno de la legislatura, en la que dijo aprobarán la comparecencia del fiscal.

“Es una situación bastante fuerte en el estado”, dice de la violencia

Consultada al respecto, Añorve Ocampo lamentó los hechos de extrema violencia que han ocurrido en municipios de la región Centro, principalmente de Chilpancingo y dijo que, “es una situación bastante fuerte en el estado”.
Exhortó a “los diferentes mandos, a que hagan el mayor de sus esfuerzos, no podemos estar viviendo en esta inseguridad”.
A la priista se le recordó el caso de los 176 policías despedidos tras participar en un paro de labores en el que exigían el pago de un bono de riesgo y respeto a su jornada laboral, y reconoció que repercute en la seguridad “pero más afectaría si policías que no están certificados continuaran haciendo un trabajo para el cual no tienen acreditación”.

En buenas condiciones, un 45% de los chalecos que tiene la SSP para policías

Un 45 por ciento de los 2 mil 831 chalecos que tiene la Secretaría de Seguridad Pública está en buenas condiciones, informó el director de Control Patrimonial del Ayuntamiento, Alirio José Rojas.
Ayer sesionaron las comisiones unidas de Hacienda y Gobernación y Seguridad Pública para atender la comparecencia del secretario de Seguridad Pública municipal, Max Lorenzo Sedano Romano, y del director de Control Patrimonial del Ayuntamiento, para seguir con el proceso de dar de baja 435 chalecos y 137 placas.
Desde la semana pasada, las comisiones unidas de Hacienda y Gobernación y Seguridad Pública están en sesión permanente para decidir sobre la baja de chalecos y placas.
En su turno, Alirio José Rojas indicó que en la revisión a los 572 bienes que se propone dar de baja del patrimonio del municipio, se encontró que hay 167 chalecos sin código y no 156, como se había reportado al inicio de la revisión; 23 están duplicados y cinco ya están en trámite administrativo para darse de baja desde 2008.
Lo que significa que quedan 377 bienes, entre chalecos y placas antibalas para ser dados de baja.
Explicó que en el caso de los 167 chalecos sin código y sin factura de compra, la Secretaría de Seguridad Pública debe hacer la solicitud a la Contraloría municipal, acompañada de una justificación,¡ que explique las condiciones por las que se dan de baja los bienes y la Contraloría deberá emitir un dictamen sobre la petición.
El síndico Ilich Lozano indicó que el Cabildo no puede avalar la destrucción de los 167 chalecos que no tienen código porque sería un acto irregular.
El director de Control Patrimonial del municipio informó a los regidores que la Auditoría General del Estado (AGE) está enterada que de los 2 mil 831 chalecos que tiene el municipio, mil 92 requieren baja y sólo están en buenas condiciones mil 273 chalecos que corresponden al 45 por ciento.
Después de escuchar los argumentos del director de Control Patrimonial, el síndico Ilich Lozano dio instrucciones para que se modifique el dictamen propuesto con las consideraciones expuestas, y que se incluya un apartado para informar a la Dirección de Sistemas que los bienes serán dados de baja.
Lozano Herrera adelantó que seguirá la revisión de los bienes de la Secretaría de Seguridad Pública para dar de baja los vehículos y ver la forma de venderlo como fierro viejo.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública indicó que son unos 700 automóviles de entre 10 y 15 años que no están en servicio y hay “muchos desaparecidos”, pero siguen en el registro del municipio.

Descentralizar el Control Patrimonial

Por su parte, Alirio José Rojas solicitó a los regidores de las comisiones de Hacienda y Gobernación y Seguridad Pública descentralizar la Dirección de Control Patrimonial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Dirección de Control Patrimonial del municipio.
Explicó que una de las razones es por seguridad, por el tipo de bienes que se manejan y porque cada vez que se hace revisión se debe solicitar ayuda a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Otra de las razones, agregó, es porque la Secretaría de Seguridad Pública concentra la mayor cantidad de bienes muebles del municipio, el 37 por ciento del total y el 53 por ciento del parque vehicular.
En la sesión de ayer estuvieron también la síndica Teófila Plateros Avilés; los regidores del PRI, Emma Reyes Hernández y Karina Ríos Radilla; del PRD, Porfirio Daza Rodríguez, Julián Enrique Granados Morga y María de Jesús Antonio Reynoso; del PT, Alma Juárez Altamirano, y de Movimiento Ciudadano, María Antonieta Guzmán Visairo.

Comparecieron ante la Comisión de Honor 10 de los 20 policías viales acusados de corrupción, dice Ilich

 

El síndico Ilich Lozano Herrera, informó que hasta el jueves de la semana pasada, 10 policías viales ya habían comparecido ante el Consejo de Honor y Justicia, “la gran mayoría” acompañados por abogados.
En declaraciones, el presidente del Consejo de Honor y Justicia, Lozano Herrera, indicó que los resultados del proceso administrativo no se conocerán esta semana porque faltan que 10 policías comparezcan.
El pasado 19 de mayo, en conferencia de prensa en la sala de Cabildo, el gobierno municipal informó que 20 policías viales estaban sometidos a proceso administrativo y suspendidos de sus actividades, porque el Ejército entregó 100 videos en los que se les observa cometiendo actos de corrupción.
El material videográfico fue entregado al gobierno municipal el 26 de abril, y casi un mes después se informó del procedimiento iniciado contra los agentes.
El pasado miércoles, el alcalde Evodio Velázquez Aguirre indicó que posiblemente esta semana se conocerían los resultados del Consejo de Honor y Justica, pero al consultar al síndico sobre la fecha reiteró que habían establecido un mes de plazo pero sólo han comparecido la mitad de los agentes acusados, por lo que esta semana no estará el dictamen.
Indicó que en las comparecencias los agentes viales han estado “acompañados” y “asesorados” por abogados, que se les se muestran los videos captados por las cámaras de videovigilancia y “algunos aportan pruebas”, pero se negó a abundar del caso por no violentar el derecho de defensa de los efectivos.
“Yo creo que va caminando bien, una vez que terminemos de escucharlos, de comparecer y ellos de defenderse, ya daremos paso a la sanción o a la no sanción de acuerdo sea el caso”, agregó.
A la pregunta de si los agentes acusados han presentado pruebas que acrediten lo contrario a lo que se muestra en los videos, Lozano Herrera insistió en que no podía hablar del contenido de la comparecencia, que cuando el Consejo de Honor y Justicia presente el dictamen se informará qué fue lo que presentaron los policías viales para argumentar en su defensa.
El Consejo de Honor y Justicia es un órgano de impartición de justicia que se encarga de conocer y resolver las quejas que se presentan contra los agentes de los cuerpos de seguridad pública del municipio.
Está integrado por el síndico procurador Ilich Lozano, como presidente; como secretario técnico, el secretario de Seguridad Pública municipal, Max Lorenzo Sedano Romano, y como vocales, la regidora del PRI, Linda Karina Ríos Radilla; el director general de Asuntos Jurídicos, César Gustavo Ramos Castro y el encargado de despacho de la Contraloría General, Francisco Javier Jiménez Olmos.
Los 20 policías viales identificados en videos en actos de corrupción están suspendidos y no reciben salario de parte del gobierno municipal.

Aprueba el Congreso la comparecencia de Pedro Almazán, Daniel Pano y Xavier Olea

El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto por el que cita a comparecer el próximo 2 de agosto, ante comisiones, al titular al secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado, Pedro Almazán Cervantes; al secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Daniel Pano Cruz, y al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, para que informen de las acciones emprendidas por esas instituciones para atender el problema de violencia en la entidad.
El dictamen aprobado no contempló al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, a pesar de que es la cabeza del gabinete de seguridad del gobierno del estado.
También se aprobó un exhorto al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia; al secretario de Seguridad, Pedro Almazán Cervantes, y al alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, a que de manera coordinada refuercen acciones en materia de seguridad y prevención del delito para la protección de la población porteña.
Ambos puntos fueron aprobados luego de una larga discusión, en la que la fracción parlamentaria del PRD criticó y cuestionó la postura de Florencio Salazar, quien arremetió contra el presidente de Acapulco, a quien acusó de incumplir sus obligaciones en materia de seguridad, y responsabilizó a las administraciones perredistas de la violencia que vive el estado.
Al respecto, el diputado Sebastián de la Rosa Peláez exigió al secretario general que “cerrara la boca” y mejor atendiera los problemas que enfrenta el estado, además pidió a la fracción del PRI aclarar con qué recursos se movilizaron todos los diputados de ese grupo parlamentario a Acapulco, para dar una conferencia en la que exigieron la renuncia de Evodio Velázquez, y criticó que impidieran que Florencio Salazar compareciera ante el Legislativo.
Por su cuenta, la fracción del PRI defendió la postura del secretario de Gobierno, de quien dijeron tiene el derecho a manifestar su opinión, acusó al alcalde de Acapulco de haber actuado como un dirigente partidista yendo a la Ciudad de México, para cuestionar el actuar del gobierno del estado y dejando a un lado sus responsabilidades como presidente, y reiteraron lo dicho por Florencio Salazar, en el sentido de que la crisis de violencia que enfrenta Guerrero es producto de los gobiernos del PRD.
La diputada Pilar Vadillo Ruiz pidió a los perredistas que en lugar de defender a Evodio Velázquez, hablaran con él, lo orientaran y enseñaran a defenderse solo, “déjenlos que vayan solitos al frente, a que se defiendan, déjenlos que se hagan hombrecitos, porque Acapulco y Guerrero necesitan mujeres con los ovarios donde Dios se los puso y caballeros con los cojones en su lugar”.
Este jueves se celebraron las últimas dos sesiones del tercer periodo ordinario de sesiones, y tomaron protesta los diputados que integrarán la Mesa Directiva, que dirigirá y coordinará los trabajos legislativos del segundo año de ejercicio constitucional de la actual legislatura.
En la primera sesión, que comenzó a las 4 de la tarde y concluyó poco antes de las 10 de la noche, se aprobó el dictamen por el que se exhorta a Miguel Ángel Osorio Chong y al comisionado de Seguridad, Renato Sales, a que se coordinen con el secretario de Seguridad, Pedro Almazán, y con el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, para que de manera conjunta refuercen las acciones de seguridad y prevención en ese municipio para la protección de sus pobladores.
El dictamen corresponde a la propuesta que presentó el 12 de abril la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC).
Previo a la votación del dictamen, el coordinador de la fracción parlamentaria de MC, Ricardo Mejía Berdeja, aclaró que su propuesta fue presentada en abril, a manera de deslinde del intercambio de acusaciones que existe actualmente entre el secretario general de gobierno y el PRD.
En su intervención manifestó que “no se vale” que ninguna autoridad, federal, estatal o municipal se deslinde de sus responsabilidades en materia de seguridad, pues dijo que se trata de una responsabilidad compartida.
“Hemos señalado que lo que ha faltado en Acapulco es una policía eficaz, si no se depura la policía, seguirá habiendo problemas y no habrá estrategia de seguridad suficiente mientras se mantenga el estatus inalterable (de la policía)”.
Subió a tribuna el diputado Sebastián de la Rosa Peláez, quien dijo que no porque el exhorto incluyera al alcalde de Acapulco, que es perredista, ese grupo parlamentario se opondría a su aprobación.
Dijo que para los perredistas es importante el tema de seguridad pública, pero cuestionó que el exhorto sólo incluyera a Acapulco, a pesar de que según estadísticas del Inegi, los municipios de Chilpancingo, Chilapa, Iguala y Zihuatanejo, también enfrentan problemas serios de violencia, los tres primeros gobernados por el PRI, y arremetió en contra de Florencio Salazar.
“Les hemos dicho aquí que partidizar el tema nos lleva a la aberración y torpeza política del secretario de gobierno, Florencio Salazar. Ahora parece que el secretario de este estado no es sólo defensor de su patrón (Héctor Astudillo), que es legítimo, sino también defensor de su partido (el PRI)”.
Criticó también que los diputados del PRI “corrieron” a Acapulco para dar una conferencia de prensa en la que exigieron la renuncia de Evodio Velázquez, “porque les tocaron la piel”, y defendió que el alcalde de Acapulco se haya trasladado a la Ciudad de México para hablar a nombre de los presidentes municipales.
Los acusó de actuar en mancuerna con Florencio Salazar, a quien acusó de estar actuando como un líder partidista y no como funcionario de gobierno, pues dijo que estuvo en varias radiodifusoras denostando el gobierno municipal de Acapulco.
“Supongo que conocen Proceso, que conocen Reforma y el Universal, que informaron de los últimos detenidos, ahí están los malos, en clara alusión a la secretaria general de la Red de Jóvenes por México del PRI, y media hermana de la secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal, Ximena Bernal, detenida junto al presunto narcotraficante Carlos Alberto, El Ruso, y otras cinco personas el viernes”.
Criticó también que la fracción parlamentaria del PRI haya evitado la comparecencia de Florencio Salazar, a quien pidió “cerrara la boca” y en lugar de hacer esas declaraciones en medios de comunicación, mejor compareciera ante el Congreso con las pruebas en mano de lo que dice.
“Ojalá cerrara la boca el secretario y se pusiera a trabajar por los guerrerenses o que venga a esta tribuna, desde abril pedí su comparecencia ¿por qué no viene aquí a decir lo que no se cansa de decir en los medios o en la radio? Yo estoy pidiendo que venga. ¿Por qué se resiste a decirlo aquí o por qué la fracción del PRI le niega esa oportunidad?”.
Las críticas de Sebastián de la Rosa motivaron un largo debate entre las fracción del PRD y del PRI, sin embargo, la más crítica fue la diputada Pilar Vadillo, quien dijo que cuando gobernaba el PRD, éste no escuchó críticas de sus diputados ante “lo que estaba resultando una atrocidad y el peor gobierno de Guerrero”.
Dijo que si bien Iguala enfrenta situaciones complicadas, es producto de un gobierno emanado del PRD que detonó el mayor conflicto social que ha enfrentado el estado, con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
También defendió al gobierno del estado tras la detención de la media hermana de una funcionaria del gabinete, “deberían reconocer que este gobierno no está metiendo la mano para salvar a quien cometa errores, tenga o no militancia, está permitiendo que las autoridades actúen”.
Pilar Vadillo dijo que si no se cuestionaba a otro municipio perredista, era porque solamente el de Acapulco estaba haciendo funciones de un dirigente de partido, en referencia a la conferencia que dio en Ciudad de México el pasado martes, y pidió al resto de los perredistas lo dejen defenderse solo.
“Déjenlos que vayan solitos al frente a que se defiendan, déjenlos que se hagan hombrecitos, porque Acapulco y Guerrero necesitan mujeres con los ovarios donde Dios se los puso y caballeros con los cojones en su lugar”.
En la segunda sesión, que comenzó a las 10 de la noche y continuaba hasta las 11:30, se aprobó en lo general y por unanimidad el exhorto por el que cita a comparecer el próximo 2 de agosto ante comisiones al secretario de Seguridad, Pedro Almazán; al secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Daniel Pano, y al fiscal Xavier Olea, para que informen de las acciones emprendidas por esas instituciones para atender el problema de violencia en la entidad.
A las 11:40 de la noche, Sebastián de la Rosa presentaba ante el pleno una reserva a la Mesa Directiva, para que compareciera también Florencio Salazar, por ser la cabeza del gabinete de seguridad, y no así Daniel Pano Cruz.

Evitar la apertura de gaseras si no cumplen los requisitos, piden en Cabildo al alcalde

Regidores solicitaron al alcalde Evodio Velázquez Aguirre que no permita la proliferación de gaseras si no cumplen con los requisitos, y que comparezca el director de la CAPAMA, Javier Chona Gutiérrez.
Ayer se llevó a cabo la sesión de Cabildo de participación ciudadana, a la que asistieron 18 regidores de 20 y los dos síndicos.
El alcalde, ante la solicitud de los ediles, aseguró que los secretarios han comparecido en las comisiones referentes a lo que ha determinado, e insistió que “han estado al escrutinio de los órganos deliberativos, legislativos, que son las comisiones”.
De la gasera, Velázquez Aguirre dijo que revisará si hay un acto irregular y “porqué se están dando permisos, si se dio con antelación en una administración anterior como ha venido pasando en algunos temas” y para no aventurar pedirá que se haga una revisión.
En asuntos generales, el regidor priista Luis Miguel Terrazas Irra pidió a nombre de vecinos de la unidad habitacional El Coloso que se revise la situación de una gasera porque “hay una proliferación en Acapulco y eso está convirtiendo en una bomba de tiempo”, y citó el caso de una gasera en Infonavit Alta Progreso y en Costa Azul, las que a pesar de estar clausuradas siguen en función.
“Hoy se pretende instalar en la avenida de los Europeos una gasera, es una unidad habitacional muy grande, entiendo, y he pedido información que hay un organismo nacional que les autoriza, hay temas del municipio como cambio de uso de suelo, licencias de funcionamiento, y pediría que instruyas que se revise y no se permita que se haga sino se cumple con los requisitos de ley”, dijo.
En tanto la panista Gloria Sierra López habló de las comparecencias “pendientes de atender”, entre ellas la del director de la CAPAMA, Javier Chona Gutiérrez, así como la de los secretarios de la Sedesol, Obras Públicas y Finanzas.
La regidora de Movimiento Ciudadano, María Antonieta Guzmán Vizairo, pidió la conformación de la Comisión de Protección Civil, porque dijo que está próxima la temporada de lluvias y “no sabemos cómo quedará”.
En ese sentido el alcalde dijo que en su gobierno “no queremos que los exhortos, los puntos de acuerdo que aprueben en este Cabildo queden en una campanada, tenemos que darle seguimiento” para que haya respuesta.
Mientras la regidora priista Linda Karina Ríos Radilla solicitó apoyo para unos jóvenes que acudirán a Bélgica a presentar su proyecto Chilatina, porque requieren de 90 mil pesos. El alcalde se comprometió apoyar con 25 mil pesos, el regidor Rodolfo Escobar con 10 mil, la regidora Emma Reyes 5 mil, Luis Miguel Terrazas 2 mil y Ríos Radilla 5 mil.
De las participaciones ciudadanas, el profesor Juan Gallegos González pidió el apoyo para que se le pague el salario a siete maestros de 10, pues ya ha hecho gestión en el estado pero no ha tenido respuesta. Explicó que son una bachillerato de cooperación, que a los estudiantes se les reconocen sus estudios pero no hay salarios para los maestros.
En respuesta, Evodio Velázquez se comprometió a apoyar con 28 mil pesos y en la gestión a los maestros del Colegio de Bachilleres del poblado de Los Huajes.
Otra petición fue la que hizo la directora de la biblioteca pública Antonia Mendoza Arizmendi para que el Ayuntamiento, con recursos económicos, ayude a las bibliotecas.
El orden del día constó de nueve puntos, de los cuales tres fueron primeras lecturas que se turnaron a comisiones para su discusión. Se aprobó por unanimidad el punto de acuerdo que presentó el regidor priista Rodolfo Escobar para hacer un exhorto al titular de la Lotería Nacional, Pedro Pablo Trevillo, para que emita un billete con la imagen de Acapulco.

Es urgente una estrategia para regular las gaseras, dicen regidores a Sabás de la Rosa

Regidores solicitaron al coordinador de Protección Civil y Bomberos, Sabás de la Rosa Camacho, una estrategia para regular a las gaseras, ante las quejas de ciudadanos de que se construyen cerca de escuelas.
Ayer compareció Sabás de la Rosa Camacho ante regidores de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, quienes le plantearon llevar a cabo acciones para fomentar la cultura de protección civil en los ciudadanos y que en temporada de lluvias no haya pérdidas humanas.
Con la asistencia de cinco de ocho regidores de esa comisión, el coordinador de Protección Civil explicó las acciones que se tienen planeadas, entre ellas la compra de una ambulancia para los bomberos, la instalación de pluviómetros, el censo de zonas de riesgo y operaciones preventivas.
El regidor priista Luis Miguel Terrazas Irra dijo que “la instalación de pluviómetros es una idea muy buena para evitar inundaciones, pero de nada servirán las inversiones si no hay participación social”, y pidió saber cuántas gaseras hay en la ciudad porque, dijo, son muchas.
“Si los permisos los otorga la Dirección Nacional de Gases de la Secretaría de Energía, como municipio hay que buscar un mecanismo para que podamos hacer algo”, y por ello pidió que entregue el censo de las gaseras para analizarlo en las comisiones.
La secundó la regidora priista Linda Karina Ríos Radilla, que dijo que se debe hacer algo y es que luego esos negocios se abren cerca de escuelas.
El síndico Ilich Lozano Herrera indicó que “me preocupa el tema, parece que no hemos aprendido y seguimos repitiendo vicios y la gente sigue viviendo en zonas de riesgo, las gaseras que no tengan uso de suelo, cambio de suelo o el permiso nacional que emite la dirección de gases tiene que procederse a clausurarlas. Que el municipio haga algo”.
De la Rosa Camacho respondió que hay gaseras que “el uso de suelo lo permite”, y después aceptó que no ha revisado la gasolinería que se construye en la Condesa “porque no es un trabajo completo, no tengo nada que me diga que ya está la obra terminada, voy a pedir una auditoría ambiental”.
De la denuncia de una gasera en El Coloso, explicó que cuenta con los permisos.
Abundó que no tenía una cantidad exacta, pero que se tienen 65 gaseras aproximadamente, que pueden ser más pero cuentan con permisos de la Secretaría de Energía, “la normal es para carga de vehículos, no de tanques y otras no tienen permisos”, pero que es un trabajo que se deben de hacer los tres órdenes de gobierno.
De la Rosa Camacho dijo a los integrantes de la comisión que hay recursos federales que se pueden gestionar para adquirir una ambulancia, en caso que no se considere en el presupuesto de Egresos.

Pide el Cabildo a Gobernación que explique a comisarios el cambio en obras prioritarias

El director de Gobernación municipal, Juan San Román Ortiz, y el director de Vía Pública, Jaime Soria Villa, comparecieron ante regidores de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
El primero dijo que hay preocupación de comisarios y delegados por la obra prioritaria en sus comunidades, mientras el segundo informó a los ediles las acciones para el reordenamiento vial y el programa de descacharrización en el municipio.
El síndico Ilich Lozano Herrera pidió al director de Gobernación regular los comités ciudadanos para conocer cuántos existen y que se les haga saber a los comisarios y a los delegados los cambios en la obra prioritaria.
El regidor priista Luis Miguel Terrazas Irra solicitó a San Román que se informe a los comisarios los cambios que se han hecho de las obras prioritarias para evitar que haya quejas e inconformidad.
La obra prioritaria es la obra principal que proponen comisarios y delegados al Ayuntamiento. Los cambios que se hacen en el actual gobierno consisten en que dejaron de serlo, como pavimentación de calles y techado de canchas, pues ahora lo son la instalación de redes de agua y drenaje, o construcción de aulas.
San Román aseguró en la sesión que “hemos destrabado problemas que se originan por lentitudes. Son 120 comunidades, 67 comisarios y 53 delegados, a todos se les atiende”, ya que precisó que se busca “mantener la gobernabilidad en el municipio atendiendo la protesta ciudadana”.
Explicó que comisarios que están por concluir su periodo han solicitado que se atienda la obra prioritaria y aumente el apoyo económico para las ferias regionales. También que se gestione un aumento al apoyo mensual y el aguinaldo. Por ello pidió a los regidores que en el presupuesto consideren esas demandas.
Además informó que otro de los problemas que no se ha podido solucionar es el de los vecinos de Cumbres de Llano Largo, que solicitan que se les autorice el panteón. En el predio que están arreglando ya sepultaron a una persona.
Otro de los conflictos pendientes es en la oficialía de Registro Civil del poblado de La Máquina está “acéfala” y solicitó el apoyo de los regidores para que se ponga en funcionamiento y se dé atención a los ciudadanos de esa colonia.
Informó que este año se elegirán nuevos comisarios.
El director de Vía Pública, Jaime Soria Villa, dijo que la dependencia a su cargo lleva a cabo el programa de descacharrización, el retiro de casetas telefónicas que obstruyen la vía pública, además de muebles o sillas para apartar lugares en la vialidad.
Explicó que hay hecho 235 notificaciones a vehículos, de los cuales 69 fueron retirados con grúas.
Asimismo, unos 141 vehículos han sido movidos por sus propietarios. Detalló que en el caso de las acciones hay un “40 por ciento de su efectividad” y de los objetos que se aseguran las personas pagan multa y se les regresa, pero si reinciden no se les devuelve.