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Contra el crimen, “un combate frontal”; Evelyn tras evaluar hechos de El Pescado

Autoridades de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz señalaron que no se va a intimidar a ninguna institución en el combate a los generadores de violencia y la corrupción, de acuerdo con un boletín de prensa sobre la revisión de acciones en las comunidades de la Sierra en la sesión de este martes.
Sin detallar, informaron que la Fiscalía General del Estado presentó en la Mesa de seguridad el seguimiento al enfrentamiento en la comunidad de El Pescado, en la Sierra del municipio de Coyuca de Catalán en la región Tierra Caliente, además de las acciones y resultados logrados durante este fin de semana largo en el estado.
Con el escrito, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ratificó que “en Guerrero no se pacta ni se negocia con ningún grupo fuera de la ley y se trabaja por la seguridad y tranquilidad de los guerrerenses, principalmente en la Tierra Caliente y La Sierra”.
Dijo que la gente, “hoy como nunca antes desde hace muchos años” reconoce que el Estado está haciendo frente a todos los grupos que estaban lastimando a la gente más pobre de la Tierra Caliente, de la Sierra y sus comunidades.
“Esta Mesa de Coordinación y todos los que la conformamos no vamos a permitir que la violencia continúe. Nuestro compromiso está más firme que nunca, el de la gobernadora, el de las fuerzas militares y las fuerzas civiles”, declaró.
Puntualiza que, “con los grupos criminales no se va a dialogar ni conciliar, pues hay un combate frontal”.
Reconoció el apoyo de la Sedena y de todas las instituciones que participan en la seguridad de las comunidades de la Sierra, y con las demás instancias de la Mesa, afirmaron que “no se va a intimidar a ninguna institución y se combatirá con más fuerza a los generadores de violencia y la corrupción con el compromiso de proteger a la población”. (Redacción).

 

En Guerrero no se van a permitir más ni persecución política ni represión, promete Evelyn

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó vehículos y equipo de cómputo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
En su mensaje, la gobernadora sostuvo que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se va a permitir la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas.
Añadió que los vehículos y equipos de cómputo permitirán expandir y fortalecer las acciones de la Comisión, para brindar “puntual y esmerada atención”.
Afirmó que “la Cuarta transformación no tiene colores y más allá de los partidos políticos, se trata de romper con los estereotipos y paradigmas para avanzar en sociedad”.
En redes sociales se dio cuenta de la visita de la gobernadora, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Velázquez, y la presidenta de la mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, entre otros funcionarios.
En un boletín la Codehum informa que la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, recibió a la gobernadora en las instalaciones. Los vehículos y equipos de cómputo tienen un costo de 1.6 millones de pesos. Dijo que la gobernadora también participó en la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
La presidenta de la Codehum destacó el apoyo y compromiso de la mandataria con el respeto a los derechos humanos. “La gobernadora es, sin duda alguna, una gran aliada en la labor que el constituyente permanente, al reformar el artículo primero de la carta Constitucional, encargó a todas y todos los servidores públicos de la Nación, que es velar por los valores elementales de las personas… estamos convencidas de que la vigencia de los derechos humanos solo es posible con personas comprometidas, como la maestra Evelyn Salgado Pineda”.
Estuvieron también en esta entrega la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el secretario Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, e integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo.

 

Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército

Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército

De acuerdo con documentos confidenciales obtenidos por el grupo Guacamaya, la Sedena mantiene desplegados “pelotones de información”, que vigilan movimientos sociales y políticos, y a defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos. Militares reportaron actividades de Abel Barrera, Vidulfo Rosales, Melitón Ortega… El propósito es trasmitir al alto mando “información relevante” para darla al “mando supremo” en las “reuniones diarias de Palacio Nacional”

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena

Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.

Los reportes de la vigilancia

Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.

En Guerrero no se van a permitir más ni persecución
política ni represión, promete Evelyn

Va la gobernadora a la Codehum y entrega vehículos y computadoras

 

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó vehículos y equipo de cómputo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
En su mensaje, la gobernadora sostuvo que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se va a permitir la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas.
Añadió que los vehículos y equipos de cómputo permitirán expandir y fortalecer las acciones de la Comisión, para brindar “puntual y esmerada atención”.
Afirmó que “la Cuarta transformación no tiene colores y más allá de los partidos políticos, se trata de romper con los estereotipos y paradigmas para avanzar en sociedad”.
En redes sociales se dio cuenta de la visita de la gobernadora, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Velázquez, y la presidenta de la mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, entre otros funcionarios.
En un boletín la Codehum informa que la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, recibió a la gobernadora en las instalaciones. Los vehículos y equipos de cómputo tienen un costo de 1.6 millones de pesos. Dijo que la gobernadora también participó en la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
La presidenta de la Codehum destacó el apoyo y compromiso de la mandataria con el respeto a los derechos humanos. “La gobernadora es, sin duda alguna, una gran aliada en la labor que el constituyente permanente, al reformar el artículo primero de la carta Constitucional, encargó a todas y todos los servidores públicos de la Nación, que es velar por los valores elementales de las personas… estamos convencidas de que la vigencia de los derechos humanos solo es posible con personas comprometidas, como la maestra Evelyn Salgado Pineda”.
Estuvieron también en esta entrega la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el secretario Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, e integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo.

 

En visita a El Durazno, se compromete Evelyn a que la sierra ya “no va a estar en el olvido”

La gobernadora Evelyn Salgado a su llegada a El Durazno flanqueada por la comisaria municipal, Azucena Rosas García; la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos, y el presidente del comisariado ejidal, Ignacio Chávez Arreola. Atrás, el comandante de la Novena Región Militar, general Ricardo Flores González, el delegado federal Iván Hernández y el secretario de Gobierno Ludwig Reynoso Foto: Comunicación Social

Brenda Escobar

Zihuatanejo

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda visitó la comunidad El Du-razno, Coyuca de Catalán, donde refrendó su compromiso “absoluto” con la sierra, cuyos habitantes ya “no van a estar en el olvido, no van a estar marginados”.
En su mensaje de bienvenida, el presidente del comisariado ejidal, Ignacio Chávez Arreola, rechazó el estigma impuesto a los pobladores de delincuentes “por el hecho de ser de la parte alta de la sierra”.
La visita ocurre a casi tres meses de que presuntos integrantes del grupo delincuencial La Familia Michoacana, asesinaron a siete campesinos, seis de ellos en la escuela primaria donde estuvo la gobernadora ayer.
El 10 de diciembre de 2022 por la tarde, los hombres armados entraron a esa comunidad, llamaron a seis de los vecinos a la escuela primaria para “una reunión” y ahí los asesinaron, entre ellos a un menor de edad.
A su salida del pueblo, dispararon contra viviendas y el templo católico, así como también hirieron a un joven. En la calle principal, se encontraron con otro campesino a quien mataron e incendiaron su cuerpo junto con su cuatrimoto. Desde ese día, un adulto mayor se encuentra desaparecido.
Después de este hecho violento, en los días siguientes, los habitantes de El Durazno recibieron amenazas constantes del citado grupo criminal para que abandonaran la comunidad. Incluso les dieron de plazo hasta el 3 de enero para que lo hicieran, por lo que el gobierno envió militares y policías ministeriales.
El 19 de diciembre, durante su última visita a Zihuatanejo, cuando vino a dar el arranque oficial del operativo de seguridad por las vacaciones decembrinas, la gobernadora declaró que iría a visitar a los habitantes de esa comunidad y les envió el mensaje de que “no están solos”.
El 10 de enero, policías estatales ingresaron al poblado El Parotal, en Petatlán, acompañados de tres civiles que fueron identificados como presuntos integrantes de La Familia Michoacana. Los tres hombres, un policía y el director de la Unidad de Fuerzas Especiales, Jaime Téllez Ruiz, fueron asesinados.
A consecuencia de ese hecho, los pobladores del corredor Santa Rosa de Lima-El Durazno, que comprende comunidades de Peta-tlán, Tecpan de Galeana, Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso, se vieron envueltos en una oleada de violencia, que provocó desplazamiento de familias de varias localidades. El más notorio es el de la comunidad Los Bayados cuyos 246 habitantes dejaron el lugar y desde hace casi un mes permanecen en el municipio de Tecpan de Galeana.

“50 años de olvido en la Sierra”

A tres días de que se cumplan tres meses del asesinato de los siete campesinos en El Durazno, las familias que todavía viven en esa comunidad fueron visitadas por Salgado Pineda, quien se hizo acompañar por elementos del Ejército, la Marina y Guardia Nacional, y el delegado federal de programas sociales, Iván Hernández Díaz.
De igual forma, los secretarios de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, de Bienestar, Maricarmen Cabrera y de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña; así como la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos. También, el comandante de la Novena Región Militar, el general Ricardo Flores González. También la acompañó la comisaría municipal, Azucena Rosas García,
En su intervención de casi 12 minutos que fue difundida por su equipo de Comunicación Social, Salgado Pineda señaló que “hoy como gobernadora vengo también a refrendarles mi compromiso absoluto con la sierra… quiero decirles que no van a estar en el olvido, que no van a estar marginados, ustedes valen exactamente lo mismo que cualquier hombre o mujer guerrerense, no debe de haber desigualdad entre una región u otra región”.
Dijo que lamenta mucho “que existan más de 50 años de rezago, de olvido para nuestra sierra, pero hoy esta administración está muy comprometida, yo estoy muy comprometida con toda la gente que conforma esta región, el comisario lo dijo muy bien, ‘somos gente de trabajo, somos gente buena, aquí no hay gente que esté haciendo el mal’, y venimos a refrendar lo que ya hemos dicho, que la presencia de las fuerzas armadas, de las compañeras y los compañeros que integran Sedena, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía y por supuesto, el gobierno del estado, no los vamos a dejar solos”.
Le comentó a los pobladores que “vamos a estar muy pendientes con todos los programas, tanto federales, estatales y todos los apoyos que se puedan dar, yo sé que los apoyos sociales a lo mejor no van a quitar ese dolor que se sufrió en estos últimos meses, pero hoy estamos aquí para decirles que no vamos a permitir que sucedan nuevamente ese tipo de sucesos, que nosotros vamos a estar al pendiente”.
“Que ya hay una presencia permanente de parte de todos los que integran tanto las fuerzas militares como civiles y no van a estar en el abandono, tenemos muchos programas, hay que detonar todo lo que tiene la sierra y por eso es que estamos aquí”.
Evelyn Salgado les informó que personalmente ha hecho las gestiones para que la gente de la sierra tenga caminos, “porque no puede haber progreso, no puede haber de-sarrollo si no tienen caminos dignos, si no hay conectividad entre una comunidad y otra”.
Más adelante, dijo que “la parte social es importante, pero la seguridad aún es más importante, entonces, vengo a refrendar el compromiso de que vamos a estar presentes todas las fuerzas y que no exista temor, aquí este lugar tiene que ser de pacificación, de tranquilidad”.
“Este trabajo de pacificación de nuestras regiones tiene que ser de la mano de nuestras comisarias, de nuestros comisarios y también de ustedes, del pueblo, por eso tenemos que ir caminando de la mano con los gobiernos municipales también, con el gobierno federal que nos está apoyando y que esta tarea de la pacificación no es apagar el fuego con más fuego, se trata, como dice nuestro presidente, de atacar las causas que han originado la violencia en nuestro, en las diferentes regiones y por eso estamos aquí”.
“Precisamente atendiendo las causas que originan esa violencia y que aquí no falten maestros y que no falten medicamentos y que no falte el doctor para atenderlos también a todos, que no falten los programas sociales, que no falte el programa Sembrando Vida y que no falte la seguridad, que es lo más importante”.

Confían en que no hayan ido sólo a estrecharles la mano

En su mensaje de bienvenida, el presidente del comisariado ejidal de El Durazno, Ignacio Chávez Arreola, rechazó que el estigma en que se tiene a los pobladores de la parte alta de la Sierra, “con el hecho de ser la parte alta de la sierra, somos un sinónimo de delincuentes, no”.
También dijo, “no queremos, ciudadana gobernadora y representantes, que nuestros hijos por la incapacidad, por causa de no estar preparados se vayan a las filas de la delincuencia. Si alguien de nuestro hijos tiene la oportunidad de traer un arma, que sea al servicio del estado, al servicio de la nación”.
“Esperábamos y anhelábamos que se nos hiciera caso y que se vinieran, sabiendo que nosotros con el hecho de ser la parte alta de la sierra, somos un sinónimo de delincuentes, no. El Durazno es el único pueblo del estado de Guerrero, el único ejido que está completamente en orden, donde todas las casas tienen un título de propiedad, donde las parcelas, mil 350 parcelas asignadas por el Registro Agrario Nacional, es un honor de que hayan venido”.
El conocido productor de ganado, aseveró que El Durazno, es el único poblado que a pesar de que está en la Sierra, sus habitantes han luchado “muchísimo” para que en la localidad haya escuelas de educación básica y un telebachillerato.
Hubo acuerdos importantes, celebra el comisario de El Durazno

Horas más tarde, vía telefónica, el presidente del comisariado ejidal, comentó que los habitantes de El Durazno estuvieron contentos con la visita de la gobernadora, que hicieron acuerdos “muy importantes” en materia de seguridad para pacificartoda esa región, empezando por la construcción de las oficinas de la Fiscalía del Estado en esa localidad.
Dijo que aprovechó la presencia de los funcionarios federales y estatales en materia de seguridad para hacerles la petición de que se acondicionen instalaciones dignas para los militares, marinos y policías ministeriales que están resguardando a la comunidad.
A pregunta, don Ignacio Chávez dijo que con la visita de la gobernadora, ya tienen maestros para el nivel básico y que el secretario de Educación se comprometió a enviar “lo más pronto posible a un maestro que atienda el telebachillerato y que haya continuidad en la educación”.
Indicó que está pendiente por llegar un doctor para el centro de salud, “por lo pronto tenemos atención médica por parte de un doctor de la Fiscalía General del Estado y se trató que va a canalizarse un médico para El Durazno y para todas las comunidades que tengan un centro de salud, nos vamos a coordinar, tenemos una reunión en los próximos días para eso”.
Luego, adelantó que en cuestión de caminos, le dijeron que habrá inversión estatal, “en próximos días, no tenemos fecha porque tiene que verse con la CICAEG, con el recurso que tienen en el estado, pero sí se habló de caminos, se habló de los puentes que son la base fundamental, pues si un río crece y no hay el puente pues no podemos pasar y ante una emergencia se requiere de la infraestructura y de la comunicación”.
Agregó que los funcionarios fueron quienes hicieron el comentario en el sentido de que si la región Montaña tiene caminos artesanales y con ello se ha mejorado bastante su nivel de vida y la facilidad para trasladarse, “por qué la Sierra no”.
“También se habló del regreso de las familias que se han tenido que salir de la Sierra, que tiene hacerse paulatinamente, después de salir de la sicosis, tiene que hacerse”.
–¿Se quedan ustedes satisfechos con todo lo que les dijo la gobernadora?
–Yo confío en que los grandes saludos, la estrechadura de manos sean futuros y sean prominentes para nuestro Durazno, para el estado de Guerrero y que sea el parteaguas de la pacificación en la Sierra, en toda esta región. Nosotros en principio decíamos “la pacificación en la parte alta de la Sierra”, no, ahora queremos abarcar un poco más, que El Durazno sea el promotor de la pacificación a nivel estatal y quizás seamos el ejemplo para una pacificación nacional”.

Cumple 33 años la acción policiaca contra la toma de palacios municipales en 1990

Luis Daniel Nava

Chilapa

La Operación Relámpago, del 6 de marzo de 1990, puesta en marcha por el gobernador priista José Francisco Ruiz Massieu, para reprimir y terminar con el conflicto poselectoral en 24 municipios, fue documentada por el académico y activista Abel López Rosas.
A 33 años de distancia, el investigador plantea en entrevista, al ahora senador Félix Salgado Macedonio, protagonista de esa época, y a su hija la gobernadora Evelyn Salgado Pineda: “¿Cuál es su compromiso con el esclarecimiento y la aplicación de la justicia de esos actos de represión, de los que el entonces diputado federal fue testigo?”.
Se trata de la investigación titulada Ahora es el pueblo el que tiene el poder: los ayuntamientos populares de Guerrero 1988-1990, con la que Abel López obtuvo el grado de maestro en Historia y Etnohistoria, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en 2022.
López Rosas es parte de la Organización Campesina Vicente Guerrero, creada por el finado líder social Ranferi Hernández.
López Rosas es licenciado en Historia por la UNAM. En 2020 presentó la tesis Cuando la lucha es el deber. Esbozo biográfico político de Ranferi Hernández Acevedo (1953-2017), para graduarse como maestro en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
En la investigación acerca de los ayuntamientos populares, el investigador contextualiza el conflicto derivado de los resultados de las votaciones locales de diciembre de 1989, desde la lucha cívica y electoral de 1960, la creación del Frente Democrático Nacional y las elecciones presidenciales de 1988.
Algunos protagonistas de esta etapa política y de represión en Guerrero aún hacen vida política, a 33 años de distancia, como el caso del senador por Morena, Félix Salgado, y el priista Rubén Figueroa Alcocer.
También Eloy Cisneros Guillén, en aquella época presidente municipal popular en Ometepec; Saúl López Sollano, ex coordinador regional del PRD, o Adela Román Ocampo, jueza penal y ex alcaldesa de Acapulco.
Del mismo modo aparecen Ranferi Hernández, ese ese tiempo nombrado presidente popular de Ahuacuotzingo, y Guillermo Sánchez Nava, quien era diputado del PRD.
El primero fue hallado asesinado el 14 de octubre de 2017, en Chilapa, junto a su esposa, suegra y ahijado. El segundo se encuentra en estado vegetativo, a causa de una salvaje agresión por parte de brigadistas del PRI y trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo, el 11 de enero de 2011.
De noviembre de 1989 a marzo de 1990, el maestro en Historia documentó 21 militantes perredistas asesinados, cuatro personas desaparecidas y una cantidad importante de personas golpeadas, torturadas y encarceladas.
Ante los cuestionados triunfos de los candidatos del PRI y su toma de protesta en enero por el Consejo Estatal Electoral (CEE), los pobladores que estaban en protesta permanente contra lo que consideraron fraude, decidieron conformar ayuntamientos paralelos, llamados constitucionales populares.
Esta figura contaba con el respaldo de la dirigencia estatal del PRD, encabezada por Rosalío Wences Reza; de la nacional de Heberto Castillo, así como de la entonces poderosa figura nacional de oposición: Cuauhtémoc Cárdenas.
El primero se constituyó y ratificó en Coyuca de Benítez, en diciembre de 1989, y enero de 1990. El presidente popular fue Roberto Salinas Herrera.
Para los militantes perredistas la legitimidad estaba fincada en el apoyo del pueblo, en esa asamblea y no en los resultados de la CEE. Contaba con la aprobación de los comités municipales del Frente Cardenista para la Reconstrucción Nacional (FCRN), Partido Popular Socialista (PPS) y Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), indica el texto.
Sin ser reconocido por el gobierno estatal, el Ayuntamiento popular se sostuvo con el apoyo de la población. Se celebraron audiencias públicas, se rehabilitó el mercado con el cobro de impuestos y empleó a la población para levantar obras.
En el mismo enero, los ayuntamientos paralelos se instalaron también en Ometepec, Florencio Villarreal, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca e Igualapa, en la región de la Costa Chica; Tixtla, Mártir de Cuilapan, Juan R Escudero y Leonardo Bravo, en la región Centro; Coyuca de Benítez, Atoyac, La Unión y Coahuayutla, en la Costa Grande; Tlalchapa, Arcelia, Pungarabato y Tlapehuala, en la Tierra Caliente; Ahuacuotzingo, Metlatónoc, Xalpatláhuac y Malinaltepec, en la región Montaña; Teloloapan, Cuetzala y Cocula, en la región Norte.
Ya en marzo, luego de una serie de infructuosas negociaciones, falsas promesas y marchas de perredistas por los asesinatos de sus compañeros y manifestaciones en apoyo al gobierno estatal de sus organizaciones, se preparó en el discurso una justificación a la acción represiva por venir.
Hubo dos avisos. La primera por parte del líder estatal del PRI, Rubén Figueroa, quien declaró tres días antes, en una marcha de huestes priistas, que el 6 de marzo “posiblemente” habría una solución en 10 municipios tomados por militantes perredistas y de otros partidos de oposición.
La segunda del líder del Congreso, Israel Soberanis, quien aseguró recibir una carta del Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas, donde exigía liberar a perredistas detenidos.
Así narra Abel López la operación Relámpago del 6 de marzo de 1990: “El gobernador Francisco Ruiz Massieu dio luz verde para reprimir a los pobladores que sostenían los ayuntamientos populares y desalojarlos de los palacios municipales. Como si se tratara de un enfrentamiento con un grupo armado”.
“El gobierno estatatl llamó Relámpago a la acción policiaca, por medio de la cual la policía antimotines y la policía judicial recuperaron por la fuerza ocho de los 24 ayuntamientos tomados por los militantes perredistas”.
“El operativo fue efectuado entre las 3 y las 6 de la mañana. Participaron 800 elementos coordinados por Valentín González Bonora, director de Seguridad Pública de Guerrero, y por Juventino Sánchez Gaytán, director de la Policía Judicial”.
Los ayuntamientos populares desalojados fueron Ometepec, Ahuacuotzingo, Florencio Villarreal, Tixtla, Arcelia, Pungarabato, Tlalchapa y Juan R Escudero. Las acciones más cruentas fueron en Ometepec y Florencio Villarreal, indica el texto.
“Eloy Cisneros, presidente popular en Ometepec, declaró que fue torturado por dos días en un penal de Acapulco. La juez tercero penal, Adela Román Ocampo, le informó que se le acusaba de usurpación de funciones y uso indebido de documentos, que cometió al proclamarse presidente popular; fijó una fianza de 50 millones para que pudiera llevar el proceso en libertad”, agrega la investigación.
El mismo día, el gobernador Francisco Ruiz Massieu manifestó: “El estado vuelve a la normalidad: todo está en paz, no hay mítines, no hay plantones y no hay movilizaciones”.
El secretario general de gobierno, Jesús Ramírez Guerrero machacó en un comunicado: “Los operativos realizados por las fuerzas de seguridad pública para desalojar varios palacios municipales dan por terminadas las acciones ilícitas, como ayuntamientos ‘paralelos’, supuestas policías ‘populares’, cobros indebidos de impuestos, abusos contra la ciudadanía, así como arrestos administrativos sin justificación”.

El acto de represión política sentó las condiciones para la disolución de los 14 ayuntamientos populares restantes, en algunos, con la entrega de sindicaturas y puestos administrativos a perredistas.
El investigador de la ENAH explica en entrevista, que detrás de la decisión de iniciar la operación también estuvieron los siguientes funcionarios priistas: José Rubén Robles Catalán, procurador de justicia; Ángel Aguirre Rivero, coordinador de campaña de los candidatos del PRI en Costa Chica; Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, y el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
En ese contexto, Félix Salgado era diputado federal, cargo al que llegó en las elecciones de 1988. Participó en las movilizaciones para exigir el reconocimiento del triunfo de los candidatos del PRD en las elecciones locales de 1989 y estuvo presente en algunos de los ayuntamientos populares.
El académico Abel López se cuestiona, a 33 años, cuál es el compromiso del ahora senador Félix Salgado y de su hija Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, con el esclarecimiento y aplicación de justicia de los actos de represión de los que el propio senador fue testigo.
En el ámbito federal, añade, hay una investigación del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, un instrumento de la Comisión de la Verdad, decretada en 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo de 1965 a 1990.
“El gobierno federal también tiene la responsabilidad de esclarecer estos hechos represivos, ubicar a los responsables y reparar el daño cometido contra las personas afectadas”, finaliza el investigador en movimientos sociales y armados en México.
El trabajo completo se puede encontrar en la siguiente liga: https://enah.academia.edu/AbelLópez

Congrega a priistas libro del ex gobernador Cervantes; fue “la decencia política”: Astudillo

El ex gobernador Héctor Astudillo Flores en la presentación del libro sobre Alejandro Cervantes Delgado, En la gimagen César Julián Bernal, Antonio Cervantes e Isaías Alanís Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En la presentación del libro Alejandro Cervantes Delgado, congruencia entre discurso y hechos, el ex gobernador Héctor Astudillo Flores destacó que el ejemplo de su antecesor “prevalece porque está sostenido en una vida de decencia política”, y quienes comentaron la obra coincidieron en que consolidó la gobernabilidad en la entidad después de la convulsión social de las décadas de los sesentas y setentas.
Alejandro Cervantes Delgado (Chilpancingo, 1926-2000), fue gobernador en el periodo de 1981 a 1987 y recibió la administración de Rubén Figueroa Figueroa.
A la presentación de la obra en el salón Cuicalli de Chilpancingo asistieron más de 300 personas, la mayoría priistas, ex colaboradores del finado ex gobernador y Astudillo Flores fue uno de los comentaristas.
Además, presentaron la obra los coordinadores de la edición: el sobrino del ex mandatario fallecido, Alejandro Cervantes Núñez, el priista César Julián Bernal, y el escritor Isaías Alanís.
La obra es una compilación de los discursos del ex gobernador durante su gestión.
Astudillo Flores resaltó que Cervantes Delgado “fue un militante político comprometido con el cambio social, un militante de un partido al que criticó y levantó la voz, y fue coherente con lo que pensaba, con lo que vivía y con lo que decía”.
Recordó que su administración se caracterizó por políticas públicas que empoderaron a diversos sectores de la población, entre éstas los programas Crédito a la Palabra y Dando y Dando.
“Fue un gobernador en constantes giras por las regiones y municipios del estado; gobernó cercano a la gente, ofreciendo soluciones a sus problemas, calmando las aguas para fortalecer la vida institucional”, expresó.
Añadió que Cervantes Delgado hizo de su gobierno fuente de certidumbre para la vida democrática, “teniendo como resultado paz social a la que aspira cualquier gobernante de Guerrero”.
Destacó que “sin soberbias en el poder y sin sectarismos en el destino de la obra pública, don Alejandro Cervantes Delgado se yergue como uno de los gobernantes más queridos y respetados de Guerrero”.
Añadió que al concluir su periodo de gobierno entregó a su sucesor (José Francisco Ruíz Massieu) un estado en paz.
Incluso añadió que Ruíz Massieu, al terminar su mandato en 1993 envió una carta al ex gobernador Cervantes Delgado en la que le escribió: “respetado Alejandro Cervantes Delgado, hace seis años concluyó su gobierno y se inició el que ha estado a mi cargo, le reitero mi convicción plenamente fundada de que fue usted un excelente gobernador de nuestra tierra por su rectitud, ideología y por su acertados saldos en los distintos campos”.
Dijo que en esa carta le reitero, también, que “ha sido usted un excelente ex gobernador por su cordialidad, por su disposición y actitud de cooperación en todo hacia mi gobierno”.
Astudillo remachó por su parte que “el ejemplo de Alejandro Cervantes Delgado prevalece porque está sostenido en una vida de decencia política”.
A su vez, César Bernal, destacó que los discursos de Cervantes Delgado que contiene el libro, son “un análisis del planteamiento claro y preciso de lo que conocemos como el discurso político; ese discurso que en nuestros tiempos se está perdiendo y que es digno de volver a analizar cada uno de ellos”.
También destacó la transformación que el finado ex gobernador dio a Chilpancingo como capital del estado, pues recordó que en su administración reconstruyó la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, construyó el paso a desnivel y el antiguo edificio del Palacio Municipal, hoy Palacio de la Cultura.
Isaías Alanís, dijo por su parte que del fallecido gobernador recuerda que le preocupaba mucho la ética del político; “eso era lo que le quitaba el sueño, se pasaba horas y horas hablando de eso, y que se quejaba de que le dejaron un guerrero bronco y que era muy complicado el estado cuando tomó el poder, y le preocupaba cual debería ser el camino que debería seguir el estado a partir de que él tomó la gubernatura”.
Recordó que fue Cervantes Delgado quien creó el Instituto Guerrerense de la Cultura, el primero a nivel nacional y que aspiraba a institucionalizar el Fandango Guerrerense, similar a la Guelaguetza de Oaxaca, pero añadió que “se lo fusiló” un grupo de veracruzanos que vinieron a Guerrero.
Entre los 300 asistentes estuvieron el ex alcalde de Acapulco y ex senador Luis Walton; el secretario de Gobierno de Astudillo , Florencio Salazar Adame, así como los ex colaboradores de Cervantes Delgado; Jorge León Robledo, Juan Larequi Radilla, Jesús Ramírez y Ernesto Sandoval Cervantes.
Asimismo el presidente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, los diputados Héctor Apreza, Gabriela Bernal, Olaguer Hernán-dez, Esteban Albarrán, Ricardo Astudillo; el alcalde de Iguala, David Gama, y la ex senadora y ex dirigente estatal del PRI, Guadalupe Gómez Maganda.

 

Anuncia Beatriz Mojica la adhesión del ex dirigente de PVEM en Ometepec

Durante una reunión con militantes y simpatizantes del PRD, MC y PAN, Beatriz Mojica Morga anunció la adhesión del ex dirigente del PVEM en Ometepec, Gonzalo Gallardo García, quien junto con su estructura se suman al proyecto de la perredista para llegar al Senado de la República.
Por otra parte, se comprometió a impulsar desde el Senado “un nuevo modelo de seguridad, que le ponga atención a las partes productivas, que las poblaciones con altos indicadores de inseguridad sean apoyadas, para que se puedan fortalecer las economías” locales.
La candidata a senadora de la coalición Por México al Frente recorrió el mercado de Ometepec, donde saludó a locatarios y después se reunió con dirigentes de la coalición en ese municipio, donde agradeció el apoyo de Gallardo García, así como de la secretaria de Igualdad de Género del PRD, Rogelia González Luis; la coordinadora de las campañas federales en Ometepec, Coral Mendoza; el presidente del PRD municipal, Alfonso Santiago Corona; la presidenta de Movimiento Ciudadano, Yadira Valverde, y el dirigente municipal de Acción Nacional, Jesús Montes.
“Quienes nos hemos salido del Partido Verde Ecologista de México para venir a acompañar este proyecto que encabeza Beatriz Mojica Morga, lo hacemos plenamente convencidos de que estamos haciendo lo mejor para Guerrero y para México”, afirmó el ex alcalde de Copala, Gallardo García.
Al hacer un balance de su recorrido por las siete regiones, la candidata explicó que encontró en la población “mucha desesperanza e inquietud, ante un gobierno federal y estatal que no han sabido responderle a la gente” que ha denunciado la desaparición de los programas sociales, como el apoyo a madres solteras, discapacitados y de uniformes escolares.
La ex secretaria general del PRD calificó como grave que se hayan cancelado los recursos para la prevención del delito y anunció que impulsará la iniciativa Cero Impunidad, para que los funcionarios públicos que estén vinculados con la delincuencia sean castigados.
Reiteró que se deben ampliar las redes de comunicación, en carreteras y espacios públicos, así como explicó que es un compromiso que llegue el Ingreso Básico Universal a cada integrante de las familias guerrerenses.
“El Ingreso Básico Universal es un programa que realmente va a ayudar a las familias a salir de la pobreza y no, como lo hace ahora Prospera, mantenerlas en ella”.

 

Protestan padres y maestros de la Montaña en Palacio de Gobierno; exigen 22 docentes faltantes

Padres de familia y maestros de la Montaña alta se manifestaron en el Palacio de Gobierno, para exigir la reposición de 22 profesores de nivel preescolar indígena que faltan en 21 comunidades.
Desde las 11:40 de la mañana, cerca de 30 manifestantes exigieron al gobernador Héctor Astudillo Flores y al secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, el envío de docentes que faltan en la mayoría de las comunidades de la región.
Explicaron que entre los casos está una escuela de la comunidad Santa Catarina, del municipio de Metlatónoc, donde desde hace tres años los maestros se han ido por jubilación o abandonan el plantel por la inseguridad, y muchos de los alumnos no tienen clases.
El delegado de Filo de Acatepec, del municipio de Malinaltepec, Iborio Ramírez Guzmán, dijo que acudieron a Palacio de Gobierno para exigir la reposición de los 22 maestros que hacen falta en 21 comunidades indígenas de la Montaña alta.
Precisó que hay preescolares que desde hace tres años no tienen maestros, pese a que los padres y docentes han solicitado la intervención de las autoridades estatales educativas, pero no les han dado solución.
Un padre de familia Margarito Paulino Ruiz manifestó que en la comunidad Filo de Acatepec, en el preescolar Pípila, hace un año y medio sus hijos no tienen clases debido a que la maestra se jubiló, y desde esa fecha las autoridades de educación no la repusieron.
Precisó que el preescolar cubre los tres grados de estudio y es por eso que están preocupados, porque desde que se jubiló la maestra 18 niños no tienen clases.
Los padres exigieron que se reponga la maestra y que las autoridades educativas ya no los engañen, porque los niños son los perjudicados.
La maestra del preescolar Ignacio Ramírez, del municipio de Alcozauca, Yadira de Jesús Hermenegildo, informó que en la escuela Ignacio Ramírez hay 120 alumnos y hacen falta tres docentes.
Por el exceso de niños la maestra dijo que “somos como el payaso, sólo para entretenerlos, porque no damos una educación de calidad”. Desde hace dos años hacen falta los docentes y por eso pidió una solución al gobernador.
Los manifestantes fueron atendidos por autoridades de Palacio de Gobierno, quienes solicitaron que integraran una comisión para entablar una mesa de negociación.
En la tarde, los padres y maestros informaron que se reunieron el secretario técnico de la SEG, Jorge Sotomayor Landeta, con quien se firmó una minuta de acuerdos en los que se compromete a enviar los 22 docentes en el transcurso del mes.

 

Regresarán a clases los docentes de La Frontera si hay seguridad: SUSPEG

El secretario de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespiere Moreno Benicio, dijo que el regreso de los maestros de la secundaria Vicente Suárez, de La Frontera, está condicionado a que las autoridades respeten los acuerdos de apoyo psicológico, vigilancia y la construcción de la barda.
Después de una asamblea en la primaria Manuel Ávila Camacho, en la avenida Costera, frente a la playa Dominguillo, Moreno Benicio dijo que la sección 14 la conforman mil 400 maestros y todos van a estar al pendiente de la vigilancia policial en esa zona, “lo que vamos a monitorear nosotros”.
Se le preguntó si regresan a clases mañana, y el secretario de la sección declaró: “Sí, pero está condicionado, hay una minuta de acuerdos que establece el apoyo psicológico, que será paulatino. Quienes estuvieron en La Frontera se dieron cuenta de que las niñas siguen temerosas” y agregó que las autoridades saben que lo valoraríamos, “estamos dando a conocer cómo estamos en este momento, las mesas de trabajo que se ha avanzado no son cheques en blanco a la autoridad, reconocemos su trabajo, pero no termina aquí”.
“Está condicionado y tenemos un enlace permanente con los maestros de estas cuatro escuelas, éstos nos dan el apoyo de nuestra sección, sin embargo hemos visto disposición gracias ustedes. Ellos lo quisieron negar y se demostró que fue cierto, los sucesos, y agradecer a los medios por decir la verdad de los acontecimientos”.
Recordó que al salir al periodo vacacional “nosotros decíamos que no nos incorporábamos a las labores sino veíamos voluntad de las autoridades, ayer (lunes) el gobernador (Héctor Astudillo) estuvo en La Frontera, de manera directa establece los mecanismos y en estos momentos se está revisando el área perimetral, para construir la barda”.
Además, dijo que se comprometió a atender la parte de apoyo psicológico a las alumnas y las maestras afectadas, por ello “se está presentando la nueva plantilla, ahí cambian de manera total los docentes”. Y aunque dijo que se tenía previsto entregar los nombramientos a los nuevos maestros, el bloqueo en el bulevar Vicente Guerrero lo impidió y lo retomarán en las mesas de trabajo.
Advirtió que se valorará de manera permanente el tema de la seguridad, porque dijo que hay otras escuelas. Citó el caso de un jardín de niños de la colonia Los Lirios, donde los menores toman clases fuera de los salones porque su escuela fue afectada por los sismos, además de que por la inseguridad “no pueden estar ahí, sino viendo otras alternativas”.
Moreno Benicio dijo que las escuelas “nos piden seguridad, y dónde se sienten seguros, hay escuelas sobre todo en el área rural, donde la CRAC nos apoya” con policías de la comunidad y dijo que “mañana (hoy) se incorporan las escuelas que de manera solidaria cerraron filas con los compañeros de La Frontera”.
El lunes, el gobernador Héctor Astudillo estuvo en la telesecundaria Vicente Suárez, donde delincuentes entraron y cortaron el cabello a 20 alumnas y dos maestras, y les ofreció seguridad con militares, pavimentar calles y construir la barda de la escuela.
Moreno Benicio dijo que van a dar continuidad a los compromisos que hizo el gobernador y de manera constante “los padres de familia lo comentaron de manera directa, que van a valorar. Tienen que llevarse a cabo las medidas de seguridad y todos los días vamos estar viendo”, de lo contrario advierten con suspender clases.
En la asamblea se ratificaron los nombramiento de maestros que solicitaron permiso y que estarán en el comité, entre ellos Alberto Rodríguez Rendón, y entregaron 70 estímulos a maestros.