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Alerta la SEG de deserción de alumnos en las escuelas cerradas por la violencia

Exige la SEG garantías de seguridad en la Montaña Baja para que los maestros regresen a laborar

El delegado en la región alerta sobre una reducción en la matrícula de las escuela de la región, pues algunos padres de familia están dando de baja a sus hijos para llevarlos a estudiar fuera

Luis Daniel Nava

Chilapa

El delegado de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en la Montaña baja, Jerónimo Maurilio Morales, exigió garantías para poder laborar en las escuelas que llevan 43 días cerradas y alertó que durante esta suspensión, padres de familia están dando de baja a sus hijos para llevarlos a estudiar fuera de la región.
Aseguró que de manera paulatina han empezado a laborar 17 escuelas en la zona rural del municipio de Chilapa, así como planteles ubicados en Ahuacuotzingo, Acatepec, Atlixtac y Zapotitlán Tablas.
Precisó que la región educativa Montaña baja cuenta con 680 escuelas de nivel básico, con 62 mil 84 alumnos atendidos, por 3 mil 967 maestros y personal de apoyo.
La autoridad regional informó que por esta suspensión de facto no habrá sanciones contra  docentes y personal de apoyo, porque las causas que la han originado son ajenas al sector educativo.
Este miércoles, el delegado de servicios educativos de la Montaña baja fue consultado en una oficina alterna que improvisó en un centro universitario, para despachar en el centro de la ciudad.
Informó que después del último comunicado-prórroga para la suspensión temporal de clases de la SEG, para concluir la revisión de la infraestructura de las escuelas por posibles daños del sismo del 19 de septiembre, en esta semana se están reactivando de manera paulatina las labores en algunas escuelas, en otras los maestros han estado en contacto con alumnos y padres de familia para avanzar en las actividades académicas.
Detalló que en parte del municipio de Chilapa son 17 escuelas de las comunidades las que ya reanudaron labores, así como “algunas escuelas de Ahuacuotzingo, Acatepec, Atlixtac y la parte más alta ubicada en la Montaña: Zapotitlán Tablas”.
Acerca de las medidas de seguridad que se le están dando a los trabajadores de las escuelas que han reanudado, la autoridad educativa respondió:
“No nos metemos en ese tema, hay instancias que se encargan de esta situación. Nos preocupa el tema educativo, en ese estamos abocados, buscando estrategias para ir avanzando en con los niños, no al cien”.
Admitió que no hay fecha para que se regularice el sector educativo, pero insistió en que se han estado abriendo las escuelas de manera paulatina.
“Hoy reanudaron dos escuelas más, se van sumando con apoyo de los padres de familia, con acuerdos de autoridades locales, directores y maestros”.
Sobre la petición de maestros y líderes sindicales, de que reanudarán actividades hasta que una autoridad se haga responsable de lo que pudiera ocurrirles, el delegado de la SEG deslizó:
“Estamos pidiendo a las instancias que existan las garantías de seguridad, para poder desarrollar las actividades académicas en todas las escuelas. No podemos sepultar el futuro de nuestros niños, de los jóvenes. Si dejamos esta situación, dejaríamos en el abandonado el sector educativo”.
Agrego: “Pedimos las garantías para nuestros compañeros (maestros), (para) nosotros mismos aquí en la ciudad (de Chilapa), pedimos seguridad, garantías para poder desarrollar nuestros trabajo”.
El funcionario respondió que no habrá sanciones contra los trabajadores durante esta suspensión de labores generalizada en la región:
“No hay ninguna sanción, como autoridades estamos buscando la forma de contribuir donde podamos, no va a haber sanción a ninguno de los maestros. Lo que estamos buscando, más que sancionar, es solucionar, pues no es culpa del magisterio. No es culpa del maestro que no esté llegando a sus escuelas, son circunstancias ajenas al sector educativo”, dijo.
Precisó que en la región existen 680 escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria, en todas sus modalidades y sistemas, con 62 mil 84 alumnos.
Jerónimo Maurilio también alertó sobre una baja en la matrícula, pues padres de familia están dando de baja a sus hijos por la suspensión de labores.
“Hay padres de familia que están dando de baja a sus niños para llevarlos a otras escuelas (en municipios fuera de la región Montaña baja)”.
No obstante, indicó, no tener cuantificadas las bajas. “Necesitamos cuantificarlo una vez que tengamos los datos en el sistema de manera oficial. Ha habido casos”.
Dijo que la obligación de los maestros de diferentes instituciones y la delegación, es buscar las formas para ir conduciendo la cuestión académica en estas circunstancias.
Maurilio Morales informó que no tiene una fecha exacta en que inició la suspensión de labores y que ha habido escuelas que en un inicio estuvieron trabajando de manera normal, pero después se incorporaron y otras escuelas, que de manera esporádica, se han presentado a dejar trabajos a los alumnos y a revisarlos.

La amenaza en una secundaria de Zitlala

El delegado regional confirmó que este lunes, personal de la secundaria técnica Raúl Isidro Burgos, ubicada en la cabecera de Zitlala, encontró una amenaza anónima sobre una cartulina, lo que provocó que se suspendieran labores en todas las escuelas de nivel básico en ese municipio, “hasta nuevo aviso”.
“Es lamentable lo que pasó en esa escuela, así como en otras escuelas, pero no es un problema que tengamos que resolver nosotros. Pedimos garantías para que el maestro pueda llegar a su escuela y pueda trabajar de manera armónica con los alumnos y padres de familia”.
Dijo que ha estado en contacto con jefes de sector, supervisores y directores todos los días, para atender lo que corresponda al ámbito educativo y administrar casos eventuales.
“No quisiera comentarlo a la sociedad, lo que pedimos son garantías para desarrollar nuestro trabajo”.

Exige la SEG garantías de seguridad en la Montaña Baja para que los maestros regresen a laborar


El delegado de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en la Montaña baja, Jerónimo Maurilio Morales, exigió garantías para poder laborar en las escuelas que llevan 43 días cerradas y alertó que durante esta suspensión, padres de familia están dando de baja a sus hijos para llevarlos a estudiar fuera de la región.
Aseguró que de manera paulatina han empezado a laborar 17 escuelas en la zona rural del municipio de Chilapa, así como planteles ubicados en Ahuacuotzingo, Acatepec, Atlixtac y Zapotitlán Tablas.
Precisó que la región educativa Montaña baja cuenta con 680 escuelas de nivel básico, con 62 mil 84 alumnos atendidos, por 3 mil 967 maestros y personal de apoyo.
La autoridad regional informó que por esta suspensión de facto no habrá sanciones contra  docentes y personal de apoyo, porque las causas que la han originado son ajenas al sector educativo.
Este miércoles, el delegado de servicios educativos de la Montaña baja fue consultado en una oficina alterna que improvisó en un centro universitario, para despachar en el centro de la ciudad.
Informó que después del último comunicado-prórroga para la suspensión temporal de clases de la SEG, para concluir la revisión de la infraestructura de las escuelas por posibles daños del sismo del 19 de septiembre, en esta semana se están reactivando de manera paulatina las labores en algunas escuelas, en otras los maestros han estado en contacto con alumnos y padres de familia para avanzar en las actividades académicas.
Detalló que en parte del municipio de Chilapa son 17 escuelas de las comunidades las que ya reanudaron labores, así como “algunas escuelas de Ahuacuotzingo, Acatepec, Atlixtac y la parte más alta ubicada en la Montaña: Zapotitlán Tablas”.
Acerca de las medidas de seguridad que se le están dando a los trabajadores de las escuelas que han reanudado, la autoridad educativa respondió:
“No nos metemos en ese tema, hay instancias que se encargan de esta situación. Nos preocupa el tema educativo, en ese estamos abocados, buscando estrategias para ir avanzando en con los niños, no al cien”.
Admitió que no hay fecha para que se regularice el sector educativo, pero insistió en que se han estado abriendo las escuelas de manera paulatina.
“Hoy reanudaron dos escuelas más, se van sumando con apoyo de los padres de familia, con acuerdos de autoridades locales, directores y maestros”.
Sobre la petición de maestros y líderes sindicales, de que reanudarán actividades hasta que una autoridad se haga responsable de lo que pudiera ocurrirles, el delegado de la SEG deslizó:
“Estamos pidiendo a las instancias que existan las garantías de seguridad, para poder desarrollar las actividades académicas en todas las escuelas. No podemos sepultar el futuro de nuestros niños, de los jóvenes. Si dejamos esta situación, dejaríamos en el abandonado el sector educativo”.
Agrego: “Pedimos las garantías para nuestros compañeros (maestros), (para) nosotros mismos aquí en la ciudad (de Chilapa), pedimos seguridad, garantías para poder desarrollar nuestros trabajo”.
El funcionario respondió que no habrá sanciones contra los trabajadores durante esta suspensión de labores generalizada en la región:
“No hay ninguna sanción, como autoridades estamos buscando la forma de contribuir donde podamos, no va a haber sanción a ninguno de los maestros. Lo que estamos buscando, más que sancionar, es solucionar, pues no es culpa del magisterio. No es culpa del maestro que no esté llegando a sus escuelas, son circunstancias ajenas al sector educativo”, dijo.
Precisó que en la región existen 680 escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria, en todas sus modalidades y sistemas, con 62 mil 84 alumnos.
Jerónimo Maurilio también alertó sobre una baja en la matrícula, pues padres de familia están dando de baja a sus hijos por la suspensión de labores.
“Hay padres de familia que están dando de baja a sus niños para llevarlos a otras escuelas (en municipios fuera de la región Montaña baja)”.
No obstante, indicó, no tener cuantificadas las bajas. “Necesitamos cuantificarlo una vez que tengamos los datos en el sistema de manera oficial. Ha habido casos”.
Dijo que la obligación de los maestros de diferentes instituciones y la delegación, es buscar las formas para ir conduciendo la cuestión académica en estas circunstancias.
Maurilio Morales informó que no tiene una fecha exacta en que inició la suspensión de labores y que ha habido escuelas que en un inicio estuvieron trabajando de manera normal, pero después se incorporaron y otras escuelas, que de manera esporádica, se han presentado a dejar trabajos a los alumnos y a revisarlos.

La amenaza en una secundaria de Zitlala

El delegado regional confirmó que este lunes, personal de la secundaria técnica Raúl Isidro Burgos, ubicada en la cabecera de Zitlala, encontró una amenaza anónima sobre una cartulina, lo que provocó que se suspendieran labores en todas las escuelas de nivel básico en ese municipio, “hasta nuevo aviso”.
“Es lamentable lo que pasó en esa escuela, así como en otras escuelas, pero no es un problema que tengamos que resolver nosotros. Pedimos garantías para que el maestro pueda llegar a su escuela y pueda trabajar de manera armónica con los alumnos y padres de familia”.
Dijo que ha estado en contacto con jefes de sector, supervisores y directores todos los días, para atender lo que corresponda al ámbito educativo y administrar casos eventuales.
“No quisiera comentarlo a la sociedad, lo que pedimos son garantías para desarrollar nuestro trabajo”.

No avalan comunidades los foros para adecuar la Constitución a la justicia indígena, señalan

Al margen de los principios que deben regir las consultas a los pueblos y comunidades indígenas, el gobierno del estado, el Congreso local, la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y el ayuntamiento de Olinalá, realizarán este martes los foros de consulta con miras a reformar el artículo 14 de la Constitución local que habla de la coordinación entre el Sistema Estatal de Seguridad Pública y el sistema de seguridad de los pueblos y comunidades indígenas.
El ex diputado federal, ex titular de la Secretaría de Asuntos Indí-genas (SAI) y asesor en la Cámara de Diputados en la materia, Marcos Matías Alonso, advirtió que los resultados de los foros convocados para cumplir una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), serán ilegítimos y adelantó que no participarán la Coordinadora Regional de Auto-ridades Comunitarias (CRAC), la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Frente de Organizaciones Indígenas y Afromestizas.
Advirtió además que no se vaya a caer en la tentación de ampliar las opiniones de estos foros a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, porque en la recomendación 9/2016 no se menciona a la Ley 701, “pero es probable que en esta consulta traten de extenderse a otros artículos”, alertó.
“La recomendación de la CNDH deslinda claramente todo lo que es el tema de la ley 701 y separa el artículo 14 de la Constitución”, insistió Matías Alonso.
Los foros de consulta están previstos para realizarse a partir de las 10 de la mañana de hoy en la Unidad de Estudios de Postgrado e Investigación de la UAG en Acapulco; en la Preparatoria 5 en Ometepec; en la Escuela Superior de Turismo de Zihuatanejo; en el auditorio de Rectoría en Chilpan-cingo; en la Preparatoria 11 en Tlapa, y en la Escuela de Ciencias Agronómicas y Ambientales de la UAG en Iguala.
Matías Alonso denunció que la convocatoria para estos foros apenas se conoció el domingo pasado cuando menos en los pueblos y comunidades indígenas a quienes va dirigidos, por lo subrayó que los organizadores no están cumpliendo con un principio fundamental en materia de consulta que es el consentimiento y la información previa.
Con estos foros, los convocantes buscan cumplir la recomendación 9/2016 de la CNDH que emitió el 29 de febrero del 2016, sobre la situación de la Policía Comunitaria de Olinalá, la detención de diversos integrantes de la Policía Comuni-taria y de la CRAC en el 2013, así como por la detención de personas por parte de la Policía Comunitaria.
En el punto 2 de la recomendación enviada al gobernador Héctor Astudillo, al Congreso, a la FGE y al ayuntamiento de Olinalá, la CNDH pide “analizar la pertinencia de presentar las iniciativas de reforma al artículo 14 de la Constitución estatal, a través de un ejercicio de derecho a la consulta, para garantizar el principio de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas que componen el Sistema Comu-nitario de Justicia y que sea compatible con el sistema internacional de derechos humanos”.
El fin es asegurar un “pleno respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, que definan como mínimo: a) una adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública e impartición de justicia y b) el establecimiento de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal”.
Sin embargo, Matías Alonso dijo que la mayoría de los indígenas no conocen la recomendación 9/2016 y tampoco el contenido del artículo 14 de la Constitución local que son la base sobre la que se realizará la consulta.
“Entonces cómo van a opinar sobre una recomendación que no conocen” y añadió que esto es responsabilidad de los organizadores quienes debieron haber distribuido la información a tiempo. Añadió que cuando menos debieron haberla distribuido a los ayuntamientos y a las organizaciones.
Matías Alonso adelantó que en esas condiciones hay muchos pueblos y comunidades indígenas, así como organizaciones como la CRAC, la UPOEG y el Frente de Organizaciones indígenas y afromestizas, que representa el ex diputado local Carlos de Jesús Alejandro, que no van a participar en estos foros “porque no se cubrió el principio de informar con anterioridad a los pueblos indígenas, además de qué va a opinar la gente si no está enterada”.
Adelantó que no se pueden obtener buenos resultados cuando los organizadores no distribuyeron a tiempo la recomendación de la CNDH, “incluso debieron haber preparado un resumen ejecutivo en las cuatro lenguas parea que la gente que fuera a opinar tuviera elementos de lo que van a hablar”.
Advirtió que en estas circunstancias los resultados serán ilegítimos y no tendrán ninguna validez.
Dijo que la misma convocatoria para estos foros se dio a conocer, cuando menos al sector indígena, hasta el domingo pasado. También expresó que es raro que la UAG también se haya involucrado y se preste a un “simulacro de consulta”.
Matías añadió que en la misma recomendación la CNDH le recuerda al gobernador que no ha dado respuesta al informe especial sobre seguridad pública y los grupos de autodefensa que el organismo emitió el 17 de diciembre del 2013.

Anuncia Astudillo una inversión de 71 millones en comunidades de la sierra de Chichihualco

En la segunda visita del gobernador Héctor Astudillo Flores en menos de un mes a la sierra, durante su gira de trabajo en Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), la Unión de Comisarios de la Sierra solicitó el apoyo de cien policías estatales más para reforzar la seguridad.
En la gira de trabajo, el gobernador anunció una inversión de más de 71 millones de pesos para el municipio serrano aplicados a través de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro), de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), así como del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (Igife) y de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg).
El pasado 16 de julio realizó Héctor Astudillo Flores su primera visita a la sierra y estuvo en Tlacotepec, municipio de Heliodoro Castillo, uno de los lugares más conflictivos por la presencia del crimen organizado y la demanda de los comisarios para la legalización de la siembra de amapola con fines medicinales.
Ocultos entre los árboles de encino, policías estatales cumplieron con un estricto operativo de seguridad, mientras el comandante de la policía estatal encargado de los desalojos contra maestros, Tomás Benítez, realizaba recorridos en motocicleta por la carretera Xochopala-Tlacotepec minutos antes de la llegada del gobernador.
Como parte de su visita a Filo de Caballos, y fuera de la agenda pública de sus actividades, el gobernador Héctor Astudillo desayunó en la casa identificada por los pobladores como del cacique Matías Gómez, ubicada al pie de la desviación para Tlacotepec.
En la misma casa pero antes de la llegada del gobernador, desayunaron el jefe de la oficina del gobierno, Alejandro Bravo Abarca, y el director del Cicaeg, Ricardo Taja Ramírez, y los secretarios Carlos de la Peña Pintos y Juan José Castro Justo.
La visita del gobernador coincidió con la llegada del obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, monseñor Salvador Rangel Mendoza, quien fue recibido con cohetes y collares de flores a un costado de la casa donde desayunaría el gobernador, pero en ningún momento se juntaron.
Incluso uno de los feligreses llamó a uno de los pobladores que esperaba al gobernador para que saludara a Rangel Mendoza.
“Este es más pesado e importante que el mismo gobernador”, comentó.

Recorrido por el Hospital Comunitario

El hospital Comunitario de Filo de Caballos, inaugurado en 1998 para atender a una población de 24 mil habitantes del municipio de Leonardo Bravo y comunidades circunvecinas, se mantuvo durante nueve meses de la nueva administración laborando con guardias a raíz de la inseguridad.
Durante un recorrido encabezado por Astudillo Flores y el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, se reconoció que además de la falta de mantenimiento en las instalaciones el problema de seguridad lo mantiene sin funcionar adecuadamente.
Consultado al finalizar el recorrido, donde recibió peticiones de las enfermeras, quienes le solicitaron un aumento a su salario ya que permanecen 24 horas en el hospital que consideran dentro de una zona de “alto riesgo”, Astudillo Flores puntualizó que el hospital está “casi cerrado”, pero se reactivará con la inversión anunciada de 1.5 millones de pesos para la compra de quipo de rayos X y para la esterilización del material para cirugía.
En la misma visita se le preguntó al secretario de Salud cómo se atiende el problema que ha provocado la falta de medicamentos en el nosocomio por la inseguridad, a lo que respondió que la misma gente del pueblo se encarga de la seguridad de los trabajadores.
Como nuevo proyecto emprendido por en nuevo gobierno priista se anunció la gestión para la construcción de una casa de atención a la mujer embarazada, que requiere de una inversión de 3 millones de pesos, en la que se pretende alojar a mujeres que requieran de atención médica.

“Queremos que nos vean como serreños en paz”

Durante la entrega de apoyos, el presidente de la Unión de Comisarios de la Sierra, Ismael Cástulo, quien participó en el bloqueo de la Autopista del Sol el 28 de abril, solicitó al gobierno del estado apoyo para que se abran plazas para cien nuevos policías estatales rurales.
“Queremos que ya nos vean como unos serreños en paz, que vivamos bien, siempre y cuando los apoyos lleguen a la sierra, hay que ver por los niños”, agregó.
Solicitó que Seguridad Pública apoye con 100 policías estatales rurales, con el objetivo de tener “vigilantes”.
Durante su intervención enfatizó que esperan el apoyo con más patrullas y una antena de telefonía celular para mantener comunicada a la sierra con la capital.
Recordó que el gobernador entregó a los comisarios una camioneta, así como el proyecto para iniciar la construcción de una oficina como comisaría.
Por su parte el gobernador Astudillo Flores pidió a los secretarios asistentes que detallaran los montos a invertir en el municipio de manera rápida “para no cansar a la gente”, por lo que sólo comentó que todo es en beneficio del desarrollo de las comunidades del municipio de Leonardo Bravo.
Al concluir el acto se detalló por cada dependencia que la suma total de la inversión para el municipio serrano será de poco más de 159 millones de pesos.
Se informó de la entrega de 4 mil 600 paquetes de útiles escolares, notificaciones del programa Concurrencia, de láminas para la comunidad de Chicahuales.
También se anunciaron obras para el abasto de agua potable, y la construcción de caminos entre Puerto del Gallo-Cruz de Ocote-Filo de Caballos.
Al acto protocolario de entrega de apoyos asistió el alcalde de Leonardo Bravo, Alfredo Alarcón Rodríguez, y los comisarios de las comunidades.

Cuestionan que el INE pretenda ejecutar la redistritación sin ir a las comunidades indígenas

Integrantes de agrupaciones y organizaciones indígenas reprocharon a los representantes del Instituto Nacional Electoral (INE) que con una mesa de diálogo y no yendo a las comunidades se pretenda hacer una consulta a los pueblos indígenas para la nueva distritación tanto local como estatal.
Los participantes exigieron que se busquen los recursos para ir a las comunidades a consultar a los pueblos o por lo menos a los municipios donde están las comunidades, para que se haga una verdadera consulta y no una simulación.
Los representantes del INE convocaron ayer a presidentes municipales de 17 municipios de la Montaña y Costa Chica, representantes de organizaciones indígenas, a los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), y a representantes de partidos políticos y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al salón Cabaret del Gran Hotel de Acapulco.
Por la mañana se realizó un foro sobre la distritación electoral en Guerrero, que fue la segunda fase de la consulta a pueblos y comunidades indígenas.
Según se explicó por la tarde, la consulta consta de seis fases; después del foro se tiene programada una fase de socialización que es difundir la propuesta para la distribución de los distritos electorales y después una de ejecución.
En el foro, los exponentes, todos integrantes del Comité Técnico para Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación, explicaron con qué parametros se hará la división, la cual concidieron se da por un exceso de la población y con la finalidad de que cada representante electo, diputado federal o local, represente al mismo número de habitantes.
Por la tarde se realizó una mesa de trabajo, en la cual el antropólogo Arnulfo Embriz Osorio, asesor del Registro Federal de Electores, explicó cómo se realizará la consulta.
Dijo que en la fase informativa se darían a conocer los objetivos, y que la información está traducida a diferentes lenguas, que se respetarán los usos y costumbres y que es un proceso de buena fe.
Después de la exposición, los representantes de las diferentes organizaciones y asociaciones que asistieron con gastos pagados por el INE, reprocharon que no podían dar su opinión de algo que no conocen, porque les hablaron del proyecto de distritación pero no se los presentaron porque no está terminado, aunque se pretende que esté autorizado para noviembre de este año.
“Ustedes deciden y a los de abajo nos ocupan para legitimar”, reprochó el abogado de la Unión de Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Manuel Vázquez.
Del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos, Abel Bruno Arriaga expuso que no los podían a ellos considerar como representantes de los pueblos y comunidades indígenas, que los ahí presentes eran integrantes de organizaciones, y que no se convocó ni a comisarios, comisariados ni delegados, que son los “representantes del pueblo”.
Agregó que antes no se hacían reuniones en distritos como Tlapa con el argumento de que no había condiciones, sin embargo consideró que ya se puede ir a hacer una consulta a los pueblos indígenas.
“No podemos venir a una mesa y decir que es una consulta”, manifestó Hermelindo Candia, de la Coordinadora de Autoridades Civiles y Agrarias, quien pidió respeto al derecho ganado por los pueblos y comunidades indígenas para ser consultados.
“Si ha habido dinero para derramar sangre con los maestros en Oaxaca, por qué no va a haber para ir a los pueblos para tomarlos en cuenta”, cuestionó María de Jesús Tránsito, de la Organización de Mujeres sin Nombre, de Copalillo.
De la Unión de Comunidades Náhualt de Alzacoaloya, Roque Nave Calvario, propuso que se disminuya el presupuesto a los partidos políticos para hacer las consultas a los pueblos yendo a las comunidades. “No digan que no hay dinero”.
Del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Marcelino Díaz de Jesús expuso que lo que estaban haciendo los representantes del INE era una “acción ociosa”, una “falacia” de lo que tenía que hacerse en una consulta, y convocó a los asistentes a no aceptar lo que les propuso el instituto con consentimiento de los partidos políticos.
Propuso que se retome la idea de crear una sexta circunscripción plurinominal, donde haya una representación de diputados por etnia, electo por usos y costumbres por las comunidades.
El ex diputado federal Marcos Matías Alonso pidió que no se haga la distritación solamente considerando el censo del 2010, sino que se tome en cuenta la encuesta intercensal del 2015, para que se tenga un parámetro más cercano del número de indígenas en cada comunidad.
El director ejecutivo del Registro Federal de Electores, que encabezó el foro y la mesa, René Miranda Jaimes, dijo a los asistentes que no pretenden corregir los problemas históricos de los pueblos indígenas, y se comprometió a tomar en cuenta las opiniones y analizar las peticiones de ir a las comunidades. Sin embargo, enfatizó que no hay recursos económicos ni el tiempo para poder autorizar la distritación en el periodo establecido.
Añadió que no querían que validaran la distritación, sino que opinaran respecto al proyecto que apenas se está elaborando.
La nueva distritación para Guerrero se pretende que esté lista para noviembre.
También estuvo presente en la reunión el vocal presidente de la Junta Local del INE, David Alejandro Delgado Arroyo, y la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Maricela Reyes.

Obras, luminarias y servicios para sus comunidades, piden comisarios al Ayuntamiento

Comisarios de comunidades como Puerto Marqués, Tres Palos, La Poza, Amatillo, Órganos de San Agustín y El Bejuco, se reunieron con funcionarios municipales para solicitarles obras, reparación de luminarias, apertura de caminos sacacosechas y servicios públicos.
La reunión se realizó en la sala de Cabildo Juan R. Escudero y asistieron unos 20 comisarios, encabezados por el presidente del Consejo Consultivo de Comisarios, Sebastián Jijón Vázquez, y por parte del municipio estuvieron el subsecretario de Asuntos Políticos Sociales y Religiosos, Felipe de Jesús Kuri Sánchez; el director de Gobernación, Juan San Román y funcionarios.
“Estamos solicitando obras, alumbrado público, saneamiento básico y áreas verdes; en Puerto Marqués alumbrado público en una área oscura y en El Quemado, donde diario tiran muertos porque está muy oscuro”, indicó el presidente.
Después de la reunión, que fue privada, Jijón Vázquez declaró que en el caso de la obra pública en las comunidades se revisa la documentación que se entregó para que cuando los regidores ya aprueben el presupuesto de Egresos “se le dé seguimiento pronto, estamos en eso y vamos a esperar a que se hagan, porque nos dicen que cambiaron las reglas de operación”.
Dijo que habrá mesas de trabajo con otro grupo de comisarios para que las gestiones que hacen en nombre de los habitantes de las comunidades se atiendan.
Explicó que el caso del alumbrado el compromiso es que se atendería hoy y en el caso de la apertura de caminos se iba a calendarizar.

Faltan damnificados de La Lucerna, Malinaltepec, a una reunión con autoridades sobre servicios básicos

Los vecinos de la comunidad me’phaa de La Lucerna del municipio de Malinaltepec siguen en conflicto porque están en desacuerdo en el uso de los edificios públicos, y este viernes no llegó una de las partes a una reunión programada.
La reunión fue en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) en Tlapa, y estuvieron el alcalde de Malinaltepec del Partido del Trabajo (PT), Sebastián Ramírez Hernández, el comisario municipal de la parte alta de los reubicados de La Lucerna, Rafael García Anastasio pero no llegaron los vecinos inconformes de la misma comunidad de la parte baja, quienes solicitan la apertura del centro de salud, la comisaría y escuelas que se mantienen cerradas desde 2013 tras la contingencia de la tormenta tropical Manuel.
Los edificios públicos de la comunidad se cerraron el 28 de agosto de 2015, luego de que los vecinos se refugiaron en campamentos debido a los hundimientos y derrumbes tras las lluvias de la tormenta.
La reubicación de los afectados no fue total y meses después ante la tardanza de los gobiernos un grupo de vecinos regresó a vivir en la comunidad La Lucerna.
A los reubicados de la parte alta les asignaron médicos, escuelas y otros servicios, por eso los damnificados que se encuentran en la parte baja reclamaron “lo que les corresponde”, porque dicen que son “el poblado original” y ahí se encuentran los edificios públicos, por eso solicitan que los profesores den clases en la parte baja, que el médico atienda afuera de la clínica y no se queden en la parte alta, ya que muchos niños no pueden subir por la distancia y necesitan clases y servicios de salud.
Por estos servicios se empezó a generar tensión entre los vecinos, los afectados de la parte baja exigen servicios y la apertura de los edificios públicos mientras que los reubicados de la parte alta se niegan.
Los pobladores de la parte baja argumentaron que los reubicados ya tenían todos los servicios, y como nunca hubo un dictamen de las autoridades para reubicar a toda la comunidad sólo algunas familias recibían apoyos.
Por eso cerraron todos los edificios públicos el 28 de agosto de 2015 y el 21 de enero los vecinos de La Lucerna parte baja abrieron las escuelas, el centro de salud y la comisaría, esto generó inconformidad con los reubicados en el campamento e intentaron desalojarlos.
El 22 de enero se reunieron funcionarios del Ayuntamiento, Gobernación regional, Protección Civil, la Secretaría de Salud y vecinos de la parte baja para pedirles que, “reconsideraran y lo más sano era clausurar”, pero la síndica Lidia Martínez Martínez dijo que los vecinos no lo permitieron y fue amenazada de muerte por un ciudadano.

Demandan comisarios de Petatlán al secretario de Salud personal médico y medicamentos

Comisarios municipales de los pueblos de la zona rural del municipio de Petatlán demandaron al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, médicos, enfermeras y medicamentos durante la segunda sesión de Cabildo abierto convocada por el alcalde perredista Arturo Gómez Pérez y se entregó un predio de 2 hectáreas para la construcción del nuevo hospital. El terreno fue donado al municipio por ganaderos.
Durante la sesión de Cabildo cuatro comisarios municipales tomaron la palabra y le exigieron al secretario de Salud más doctores y medicinas.
El comisario municipal de Coyuquilla Norte, Raúl Pérez Moreno dijo que su comunidad tiene muchas necesidades, y ve con agrado el apoyo del alcalde de una unidad dental para el centro de salud, “pero para esa unidad dental se necesita un dentista, de lo contrario no tendría ninguna función”.
Además necesitan una enfermera de tiempo completo porque el médico encargado está solo y atiende a los vecinos de Coyuquilla Norte, Coyuquilla Sur, Arroyo Seco y parte de la sierra oriente de Petatlán de vecinos que llevan a sus enfermos a esa comunidad.
El comisario municipal de San Jeronimito, Gustavo Guido Romero dijo que le preocupa que no esté rehabilitado el centro de salud, pese a que es la segunda comunidad más poblada del municipio, y carecen de un lugar digno para atender a los enfermos.
Dijo que a ese centro de salud acuden pacientes de las comunidades Chaveta, Potrerillos y Barra de Potosí, y es insuficiente la atención médica.
Solicitó al secretario de Salud que sea intermediario para que se rehabilite el lugar, “en realidad es preocupante nuestra situación, si Dios no lo quiera un día ocurre una contingencia no sabemos dónde nos van a atender porque no tenemos camas de hospital, no tenemos un doctor, no hay medicinas, le ruego doctor de la Peña que nos ayude a gestionar recursos”.
“Een San Jeronimito no nos podemos enfermar porque no hay dónde nos curen y no nos podemos morir porque no hay dónde nos entierren, pero como usted es nomás de Salud, lo otro lo canalizaremos a otra dependencia”, expuso.
Después participó Arizbeth Viveros Casas en representación del comisario municipal del pueblo de Murga, Alejo González, para agradecer la construcción del centro de salud en su localidad que beneficia a más de mil vecinos de la sierra poniente de Petatlán, “esperamos que el secretario se comprometa con el equipamiento de manera inmediata, y con el abastecimiento completo de medicamentos”.
Agregó que les hace falta suero antialacrán y un doctor, “porque de nada nos sirve el centro sin personal médico”.
El comisario municipal de El Zapotillal, Crescencio Arroyo Pano dijo que en la comunidad El Parazal desde hace más de un año no hay doctor, “porque tuvo un percance y ya no regresó”.
Agregó que necesitan servicios de salud “porque es la prioridad de todos y como mexicanos tenemos derecho, quisiera que no le dé más largas y se solucione”.
Dijo que necesitan un doctor en el centro de salud de la comunidad de El Parazal, además de medicamentos como el antídoto antialacrán y para víboras, “le pido que cuando menos mande una poquita de medicina”.
El secretario de Salud se comprometió a atender a la brevedad las demandas de los cuatro comisarios municipales, además invitó a los presentes a combatir el mosco transmisor del dengue, chikungunya y el virus zika, el último que no se ha presentado ningún caso en Guerrero, aseguró.

Se confrontan vecinos por la apertura de una calle en tierras en conflicto en Alpoyeca

Comuneros del municipio de Alpoyeca se confrontaron por la apertura de una calle en tierras en conflicto, y el presidente de los Bienes Comunales dijo que en una asamblea general se definirá cómo solucionar el conflicto.
La mañana de este miércoles el presidente de Bienes Comunales de Alpoyeca, Rigoberto Almazo González, acudió a la colonia Niño Doctor para abrir una calle, pero la actividad fue impedida por un grupo de comuneros encabezados por el vecino Francisco Arroyo.
Según versiones recabadas, el presidente de Bienes Comunales y sus acompañantes no siguieron los trabajos, después de que unos veinte campesinos les cerraron el paso y dijeron que el conflicto se resolvería de acuerdo a la Ley Agraria.
En esta localidad hay 150 hectáreas en conflicto y los comuneros señalan como responsable al vecino Francisco Arroyo, quien sin tener un aval de la asamblea general reparte terrenos, algunos fueron vendidos a indígenas jornaleros de otros municipios que llegaron en busca de trabajo.
Por ese motivo la mayoría de los comuneros se inconformaron y denunciaron el despojo de tierras y se acordó que será en una asamblea general en donde se decidirá qué harán, para solucionar el conflicto y evitar que las diferencias lleguen a enfrentamientos.

Incomunicadas, dos comunidades y reportan daños en 10 casas por las lluvias en Atoyac

Dos comunidades quedaron incomunicadas por un deslave de tierra la semana pasada, y este miércoles las fuertes lluvias dañaron los techos de 10 viviendas en la sierra de El Paraíso, municipio de Atoyac de Álvarez.
Las comunidades de El Molote y Nueva Delhi ubicadas en la sierra quedaron incomunicadas la semana pasada, y este miércoles las fuertes lluvias ocasionaron daños menores a los techos de 10 casas.
Socorristas de Protección Civil municipal y los rescatistas Topos Paraíso llegaron a las comunidades para auxiliar a los vecinos.
El subdirector de Protección Civil, Miguel Ángel Castillo Zepeda dijo que socorristas de Protección Civil municipal y rescatistas del grupo Topos Paraíso se trasladaron a la sierra para despejar el camino y supervisar los daños que el presidente del Comisariado Ejidal reportó.
Informó que hubo un deslave de tierra en la carretera de terracería la semana pasada que dejó incomunicadas a las comunidades, y al menos diez casas de El Molote tienen daños menores.
Socorristas y personal de Obras Públicas del municipio acudieron con maquinaria pesada para despejar el camino, porque tres viviendas estaban en riesgo en la comunidad de Nueva Delhi.