El vocero del Frente Amplio Feminista, Enrique Solano López, denunció que las Unidades de Género de las dependencias del gobierno estatal no cuentan con presupuesto para emprender acciones para prevenir la violencia de género en sus mismas oficinas.
En conferencia de prensa en un restaurante del Zócalo de Acapulco, también señaló que en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no hay registros de feminicidios en la entidad, lo cuál sostuvo “es mentira” porque sí hay casos de feminicidios en la entidad: “estamos pensando y creyendo que están omitiendo información y eso es un delito”.
Críticó que la violencia contra las mujeres no se acaba con pintar un vehículo de color morado o con colocar una lona y ese tipo de acciones lo que reflejan es que falta un diagnóstico integral, interinstitucional que incluya metas e indicadores.
El Frente Amplio Feminista se integró hace dos años por unas 35 personas en todo el estado.
Informó que mediante solicitudes de información a 12 dependencias del gobierno del estado sobre el trabajo de las unidades de género encontraron que éstas no tienen presupuesto. De las 12 la única que sí funciona es la de la Secretaría de Salud, pero otras como Educación cumple a medias, pero en Turismo no hay nada, lo que se convierte en violencia institucional.
La Secretaría de Salud es la única que tiene documentados 22 casos de violencia contra mujeres trabajadoras de esa dependencia. En las otras dependencias no hay registros porque no cuentan ni con plan de trabajo.
Un detalle que informaron las dependencias es que su meta para este año es impactar al 30 por ciento de su personal con capacitaciones sobre perspectiva de género, lo que consideró es un dato que evidencia el desinterés en los asuntos de género.
Añadió que el Congreso también está siendo omiso pues la legislación también va rezagada, las leyes de Acceso a una Vida Libre de Violencia tiene 12 años de atraso y la de igualdad entre hombres y mujeres tiene 11 años de atraso.
El candidato a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Marcelo Gatica Lorenzo, denunció que el rector José Alfredo Romero Olea y el secretario general, Armando Guzmán Zavala, “lo bloquean” al no entregarle los documentos para participar en el próximo proceso electoral.
En conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Presa (SNRP), en Chilpancingo, manifestó que el proceso electoral para ser rector “se está llenando de vicios”.
Externó que el Consejo universitario publicó la convocatoria para la renovación del rector, quien tomará protesta el próximo 27 de septiembre de este año, pero que en un proceso electoral no se puede ser “juez y parte”.
El candidato dijo que Romero Olea y el secretario general, Armando Guzmán, “están bloqueándome por no entregarme los documentos que se van a necesitar para el registro”.
Explicó que entre esos documentos pidió la constancia de honorabilidad, que es uno de los requisitos con los que se demuestra que quienes aspiren son personas que no han hecho daño a la institución y que son honorables.
Marcelo Gatica informó que este viernes acudió a la Rectoría, para volver a insistir con la entrega del documento, pero no se lo otorgaron, “no han tenido el tiempo ni el espacio para hacerlo”.
Externó que tanto el rector de la UAG, José Alfredo Romero, como también Armando Guzmán, andan haciendo “proselitismo en esta universidad, por eso creo que no me han extendido mi constancia”.
Denunció que autoridades universitarias entregan equipos de cómputo con el eslogan: “Lo mejor está por venir”, por lo que con ello, “se intuye que están favoreciendo una actividad política” en alusión al candidato que ellos respaldan, Javier Saldaña Almazán, “a lo mejor puede ser que esté haciendo campaña por sí mismo, no sabemos. En esta universidad como son juez y parte, tal parece que pueden ser próximos candidatos”.
El aspirante solicitó la intervención de las autoridades universitarias, para que vigilen el proceso de elección a la Rectoría; además, evitar favorecer a unos y que se respete la legislación universitaria.
Los integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción A.C. el ex presidente estatal Alfredo Felipe Avilés; el presidente nacional Rafael Fentanes y el presidente estatal Daniel Álvarez en confe-rencia de prensa en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), alertaron a las autoridades en Guerrero que un grupo de personas han cometido irregularidades que configuran conductas penales, ostentando las siglas de esta organización pese a que fueron expulsados de la misma.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, el presidente nacional de la AMIC, Rafael Fentanes Hernández, aseguró que actuando con alevosía y ventaja, el anterior presidente de la asociación, Ricardo García de León, obtuvo sólo con un documento notariado la firma FIEL en el SAT de la AMIC, para socavar a la organización.
“Todo su proyecto se basa en una asamblea espuria que fue declarada como no instalada por nuestro presidente nacional en ese momento, Ricardo García de León. Yo acudí a esa asamblea porque llevaba los estatutos que se iban a aprobar ese día, en los que trabajé durante año y medio, con el autodenominado presidente, que traiciona esos estatutos con la intención de arrebatar la AMIC”, señaló.
Informó que la AMIC se integró hace 17 años con constructores separados de la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC), porque mientras la mayoría de los socios no tenían trabajo ni para comer, supieron que otros, acusados de incumplimiento de contratos, recibieron 3 mil millones de pesos en obras del gobierno federal.
Así formaron una asociación civil local en Nuevo León para no ser parte de la corrupción. Desde hace siete años son la segunda asociación de constructores más importante del país.
Destacó el trabajo en los estados de personas como el presidente de la AMIC en Guerrero, Daniel Álvarez Añorve, y el ex presidente, Alfredo Felipe Avilez, presentes en la reunión de socios en la capital del estado, donde luego ofrecieron la conferencia de prensa.
“Cuando la asociación de constructores se volvió un botín comenzaron los corsarios que se dedican al pillaje, a atacar, que quieren acabar con la AMIC”, denunció.
Hace unas semanas, Ricardo de León, quien también se ostenta como presidente de la asociación, viajó de Nuevo León a Guerrero para llamar al gobierno estatal a recibir a los representantes legales de la AMIC.
Fentanes Hernández informó que la otra representación está demandada por el uso de la marca. Abundó que hay demandas civiles y penales de ambas partes, porque cada acto de piratería que se realice constituye un delito.
“Aquí estamos los buenos, los legales, los firmes y los fuertes, y vamos de nuevo a reconstituirnos y a llegar a hacer de la AMIC la primera fuerza de la industria de la construcción en Guerrero, con obras de calidad, y lo vamos a lograr en poco tiempo, van a ver”.
Reconoció al gobierno del estado y ayuntamientos por la atención con la AMIC, que los han considerado sus aliados, amigos, colaboradores y compañeros, para coadyuvar al crecimiento de Guerrero.
Una madre de familia denunció que en la secundaria Raymundo Abarca Alarcón, del turno de la tarde, su hija fue agredida físicamente por estudiantes de esa escuela y que los directivos minimizaron esta acción.
La madre de la afectada, Abigail Márquez, informó que su hija de 13 años de edad cursa el primer grado de secundaria, quien el martes acudió a la escuela y fue agredida por unas cinco alumnas de tercer grado.
Relató que a su hija la tomaron por la espalda y una empezó a golpearla, “todo esto frente a maestros y prefectos”; agregó que la agresión fue dentro de la secundaria. Denunció que ninguna autoridad de la escuela le comunicó sobre el ataque.
Abigail Márquez dijo que su otra hija, que cursa el tercer grado, fue quien la llamó por teléfono para informarle sobre lo que había pasado. Por ello, indicó que acudió inmediatamente a la escuela y se dirigió con el director Miguel Ángel Fuentes Memije, pero éste le informó que ni siquiera estaba enterado de lo sucedido.
Después, el director llamó al prefecto de los grupos de tercer año, quien le dijo que “estaba haciendo demasiado drama por algo que no era trascendente”.
La madre manifestó que el director le dijo que lo único que podía hacer era un acuerdo de mutuo respeto y nada más, que “ellos estaban atados de manos para hacer algo más”.
Informó que no es la primera vez que su hija sufre agresiones, que incluso, una de las alumnas que la golpeó el martes le ha mandado mensajes amenazándola.
“Temo por la seguridad de mi hija, que está sufriendo de bullying y nadie de la secundaria está haciendo algo para evitarlo. No sólo mi hija, pues ahí los alumnos golpean a sus compañeros y los maestros no hacen nada, ni siquiera evitan las peleas dentro de la escuela”, resaltó Abigail Márquez.
La madre cuestionó que para los maestros y directivos de esa escuela, “¿qué tiene que ser trascendente para que actúen? Tiene que pasar algo como la niña que murió en Teotihuacán”.
Además, informó que ya procedió penalmente ante la Fiscalía General Estado (FGE). Dijo que a su hija le hicieron un examen médico, el cual indica que tiene inflamadas las vértebras que están cerca del cuello y la parte derecha del cerebro.
Detalló que su hija estuvo hospitalizada un día y medio, debido a que las patadas que recibió en el estómago le ocasionaron vómito, pero “la doctora me explicó que esa reacción de vomitar era porque tenía inflamado el cerebro”.
La madre hizo un llamado al titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, para que intervenga y que las agresiones dentro de la escuela no sigan ocurriendo.
La entrada de la Preparatoria 29 Emiliano Zapata de la UAG ubicada en Tixtla, de donde fueran borradas las pintas de alumnas para denunciar que se instalaron cámaras en los baños Foto: Jesús Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
En la preparatoria 29 Emiliano Zapata, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en Tixtla, fueron borradas las pintas que realizaron las alumnas, quienes hace días denunciaron que localizaron mini cámaras que las grababan en los baños.
Durante un recorrido por la escuela, ubicada en la cabecera municipal, se observó que la fachada y el portón fueron repintados de los colores oficiales de la universidad, que son el rojo, azul y blanco.
Las alumnas manifestaron que, a pesar de que aún no se les da una respuesta a su denuncia, fueron borradas las pintas que realizaron el pasado 7 de marzo, contra el director José Francisco Calvo Hernández.
Entre las pintas que realizaron en aquella ocasión se leía: “Justicia”, “fuera Calvo”, “es mi cuerpo, yo decido”, “UAG acosador”, “castigo”, “fuera culpables” y “corrupción”.
Recordaron que en los baños de la preparatoria fueron localizadas mini cámaras, de alrededor de 15 centímetros, las cuales tenían contenidos grabados de las partes íntimas de maestras y alumnas.
Las cámaras las descubrieron el pasado 23 de febrero y desde esa fecha no ha habido avances en las investigaciones, por parte de la universidad que encabeza José Alfredo Romero Olea.
Además, en la puerta de la escuela estaba pegada una circular que envió la UAG, en la que se informa que la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, con apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, inició procedimiento de forma oficiosa, para investigar los hechos que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las estudiantes.
Las jóvenes, quienes pidieron omitir su nombre por temor a represalias, detallaron que los padres de familia fueron citados este miércoles por el director, para darles a conocer “de los avances” en las investigaciones.
Indicaron que las clases no se han suspendido, porque fue uno de los acuerdos, como “muestra de voluntad”, porque las alumnas quieren que haya justicia y que se castigue a los culpables.
También informaron que por seguridad, y porque son menores de edad, el caso lo llevarán sus padres.
Trabajadores del Departamento de Cultura Física y Recreación, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), pararon labores para denunciar irregularidades y exigieron mejoras laborales.
Los agremiados en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG) cerraron la entrada principal de las canchas de la universidad, donde están sus oficinas, minutos después de las 8 de la mañana.
El delegado sindical de la zona Centro, Edgardo Valle Bello, informó que piden una reunión con el rector José Alfredo Romero, para solicitarle que se mejore la infraestructura de sus instalaciones.
Indicó que piden la destitución de la jefa del Departamento de Cultura Física y Recreación, Dulce María Díaz Leyva, porque no ha atendido sus demandas, así como el rescate de becas deportivas.
“Queremos que nos volteen a ver, para tener las mejoras correspondientes en las instalaciones”, destacó Valle Bello. Dijo que además piden una auditoría de los ingresos del departamento.
Manifestó que desde antes de la pandemia, la encargada del departamento presentó su renuncia por las “presiones” que venían haciendo, porque no les solucionaba, pero continúa en el cargo.
El delegado informó que este miércoles tenían programada una mesa con representantes de la Rectoría, pero que los sindicalizados acordaron que pararían labores. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
El secretario general del sindicato Sentimientos de la Nación, Fernando Martínez Román, informó que la administración del Congreso local, que encabeza la diputada Yoloczin Domínguez Serna, no ha cumplido con ninguno de los acuerdos que lograron con el senador Félix Salgado Macedonio, quien se comprometió a la reinstalación de los trabajadores despedidos y a reiniciar la mesa de negociación.
Por el contrario, denunció que se agudizó el hostigamiento en contra de los integrantes del sindicato y que los funcionarios de Yoloczin Domínguez los presionan para que firmen el desconocimiento del comité, además de que se ratificó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la toma de la sede del Congreso local.
En declaraciones telefónicas, Fernando Martínez comentó que no habían querido dar declaraciones o hacer la denuncia. porque estaban esperando a que se generarán los espacios para dialogar con la administración del Congreso del Estado y a que se concretaran los acuerdos “que de buena fe” el senador realizó con los trabajadores para ayudarlos, interviniendo ante Yoloczin Domínguez.
Sin embargo, dijo que ya es “insostenible” lo que ocurre en el poder Legislativo, porque desde las diferentes áreas en el Congreso local, como Servicios Parlamentarios, Servicios Financieros y Administrativos; Recursos Humanos, Recursos Materiales, Contraloría, Jurídico, Almacén y Comunicación Social, los funcionarios presionan directamente o a través de sus subordinados a los integrantes del sindicato.
A los agremiados al sindicato Sentimientos de la Nación “los presionan” para que firmen el desconocimiento del comité de esta organización, a quienes incluso les han dicho que ya lograron concretar con la diputada Yoloczin Domínguez “algunas bases”.
Para obtener estas bases, dijo, los condicionan a la firma de este documento, por el que se busca el desconocimiento de este comité del sindicato, en ese sentido, Fernando Martínez no descartó que la intención sea finalmente desaparecer esta organización.
Desde el pasado viernes 3 de marzo, el sindicato se reunió con el senador Félix Salgado, quien se comprometió a intervenir para solucionar el conflicto laboral y uno de los principales compromisos fue el reinstalar a los tres trabajadores despedidos.
Los trabajadores despedidos fueron Alondra Reza Arzola, que estaba en Relaciones Públicas, como edecán, quien de acuerdo con lo hablado con el senador, sería adscrita en la oficina del diputado Jacinto González Varona; Ramón Núñez Campos, quien chofer del vehículo que ofrece el servicio de transporte a los trabajadores, y el secretario general del sindicato Fernando Martínez, con el diputado Joaquín Badillo Escamilla.
Sin embargo, a pesar de que desde el lunes 6 de marzo se presentaron a laborar en sus nuevas áreas, la administración del Congreso se ha negado a reinstalarlos. En el caso de los trabajadores adscritos con Joaquín Badillo, el diputado morenista informó por oficio a la subdirectora de Recursos Humanos, Juanita Aviléz Rodríguez, sobre que ambos trabajadores estarían en su oficina como nueva área de adscripción, la funcionaria se negó a realizar el cambio.
“Me permito informarle que los compañeros fueron rescindidos de su relación laboral con este Congreso del Estado, con fecha 24 de febrero en el caso de Ramón Núñez Campos y con fecha 28 de febrero en el caso de Fernando Martínez Román. Derivado de la situación, al no ser trabajadores del Congreso, no es posible atender su solicitud”, le respondió Juanita Avilés.
A pesar de que los tres trabajadores se están presentado a trabajar en las oficinas de Jacinto González y Joaquin Badillo, no se les han pagado dos quincenas.
Fernando Martínez informó también que se ratificó la denuncia ante la FGE, por la toma de la sede del Congreso, en su contra y de otros dos trabajadores Fredy Solache Álvarez y Salustio García Dorantes.
El dirigente del sindicato cuestionó si la presidenta de la Mesa Directiva, la perredista Yanelly Hernández Martínez, como representante legal del poder Legislativo, autorizó al secretario de Servicios Financieros y Administrativos, Andrés Rosendo Orozco Pintos, para presentar y ratificar la denuncia contra los trabajadores.
En ese sentido, reprochó que a pesar de que los trabajadores tuvieron que tomar medidas, como la toma del Congreso por la falta de diálogo y el despido de tres trabajadores, ahora enfrentan también una denuncia penal, por lo que pidió que las fracciones parlamentarias se pronuncien al respecto.
Las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Tierra Caliente, fundada en 2014 Foto: Israel Flores
Israel Flores
Ciudad Altamirano
Un grupo de maestros de la Universidad Tecnológica de Tierra Caliente denunció que la rectora Zaira Gama asumió el control total de las finanzas de la escuela, pasando por encima de los protocolos y manejos oficiales que debe haber.
Aseguraron que ella decide sobre el uso de los recursos haciendo a un lado al personal financiero y sin ninguna revisión, además de que ya se presentaron denuncias por la falsificación de firmas; sin embargo, señalaron que cuenta con el apoyo del senador Félix Salgado Macedonio.
No es la primera denuncia que se presenta en contra de la rectora, quien a una semana de que asumió el cargo, en 2021, fue reportada porque se subió el sueldo en más de 20,000 pesos.
La Universidad Tecnológica se ubica en la comunidad Los Limones, en el municipio de Pungarabato, a unos 10 minutos de Ciudad Altamirano.
Las denuncias en la Universidad Tecnológica van desde obras inconclusas, el cambio de personal y despidos; la contratación de familiares, cuyos casos han sido documentados por el personal y presentados ante las autoridades de la misma universidad, en las oficinas centrales en Chilpancingo, sin que haya consecuencias.
Las reuniones de profesores han sido públicas y se han juntado en la misma universidad, para platicar el problema.
Maestros del tecnológico revelaron documentos que ya fueron entregados a la Secretaría de Educación Pública y dirigidos al comisario público de la Universidad Tecnológica de Tierra Caliente, Iván Díaz Rumbo, con fecha del 12 de enero, en donde la directora administrativa y de finanzas, Blanca Elizabeth Gaitán Mora, informó que “ya no tengo acceso a las cuentas de la Universidad Tecnológica de Tierra Caliente, ya que ha sido cancelado el toquen móvil que yo utilizo, por lo tanto me deslindo de toda responsabilidad de los movimientos, como compras, traspasos o pagos a proveedores que se realicen a partir del día 12 de enero de 2023, ya que no se me ha notificado a través de ningún medio que se haría dicho movimiento de desactivación y cancelación del toquen móvil, con el que accedo a la banca electrónica de la institución”.
Los maestros se reunieron para informar de nuevo, acerca de los problemas administrativos que tiene la escuela.
También se confirmó que la directora administrativa presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, con fecha del 2 de marzo, para solicitar una investigación sobre una falsificación de firmas de la que fue objeto en la misma universidad.
La denuncia señala directamente a la rectora Yael Zaira Gama Palacios, e incluyen a Efraín Cisneros Toledo, Jonathan Ciprián Rela y Manuel David Leon.
También solicita una investigación, al señalar que le fue falsificada la firma, para algunos manejos económicos del presupuesto de la misma universidad.
Por tal motivo, están solicitando la intervención por parte de las autoridades de la SEG, para resolver este problema.
Tiene el respaldo de Félix Salgado
A pesar de qué las denuncias se han hecho por escrito, los trabajadores temen que no tengan respuesta por parte de los superiores, al considerar que la rectora cuenta con el respaldo del senador Félix Salgado, quien la recomendó para el puesto.
De acuerdo con documentos presentados el año pasado y dirigidos al senador Salgado Macedonio, ya le habían reportado los problemas que han ocurrido en la universidad y fueron hacia la misma dirección tecnológica.
Incluso, los maestros consideran que este respaldo pudiera tener implicaciones económicas. “El senador acaba de anunciar que para la marcha los trabajadores van a dar un mes de su salario. Y ¿tú crees que van a venir despidiendo a alguno de los trabajadores que acepte dar un mes de su salario? Creo que por el contrario, van a recibir el respaldo hagan lo que hagan”, aseguró uno de los maestros inconformes.
Trabajadores de la Subsecretaría de Planeación Educativa, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), bloquearon un sentido del encauzamiento del río Huacapa frente al Reciento de la Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, para denunciar acoso laboral.
Los manifestantes exigieron la destitución del subsecretario de Planeación Educativa, Benjamín Adame Pereyra, por acoso laboral, trato prepotente y abuso de poder.
Una de las trabajadoras, que pidió omitir su nombre, relató que dos jefas de áreas de la subsecretaría, Mayte Piza Rodríguez y Roxana Elizabeth Abraján Delgado, así como Ana Xóchilt Parra Ríos, son prepotentes con los trabajadores.
Aseguró que estos funcionarios anteriormente fueron destituidos de otras dependencias, por no saber tratar al personal, “los trabajadores nada más nos opusimos al cambio del edificio, y a raíz de eso, comenzó el hostigamiento”.
En total, dijo que son unos 10 trabajadores que han sido afectados. Indicó que luego de reclamar que estaban contra el cambio del edificio, lograron que las autoridades educativas se desistieran.
El bloqueo inició a las 11:30 de la mañana, en el carril norte-sur de la vialidad y media hora después los manifestantes se retiraron, luego de que una comisión fue atendida. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
La regidora de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Tepecoacuilco, Anel González Flores, denunció que en el municipio se les impide a las mujeres participar en la elección de Comisarías y al presidente municipal panista Félix López Olivares por usar palabras ofensivas hacia las mujeres a las que se refiere como “pinches viejas” Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La regidora panista de Tepecoacuilco de Trujano, Anel González Flores, denunció durante la conferencia Avances, Obstáculos y Desafíos de la Participación Política de las Mujeres en Guerrero, que el alcalde Félix López Olivares se ha resistido a que las mujeres indígenas de Ahuehuepan ejerzan su derecho de votar y ser votadas en las elecciones de comisarios, además de que la limitan en sus funciones.
La conferencia se realizó en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado (TEE), en la que participó la regidora, y aprovechó para denunciar las resistencias en su municipio para que las mujeres ejerzan sus derechos políticos, y preguntó si son impugnables las elecciones porque sólo han votado los hombres en dicha comunidad.
En su intervención la regidora explicó que para mantener o cambiar un mecanismo de elección por usos y costumbres debe ser aprobado por el cabildo, pero a ella no la han dejado presentar su propuesta para modificar el hecho de que solo los hombres pueden votar.
En ese sentido dijo que el alcalde panista es machista e incluso en sesiones de cabildo se refiere a las mujeres como “pinches viejas”.
Y denunció que se ha encontrado con obstáculos para ejercer su cargo: “he nadado contra corriente a pesar de que somos del mismo partido político (PAN), pero se me ha impedido hacer labor a favor de las mujeres indígenas”.
En respuesta, el fiscal especial en Delitos Electorales, Miguel Guizado Jaimes, recordó que hay un antecedente directo y reciente, el caso de Ocotequila, donde por primera vez las mujeres indígenas de esa población accedieron a su derecho al voto.
La magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, recordó que el Congreso local aprobó la Ley de Elecciones para La Comisarías Municipales, en la que se garantizan derechos humanos o derechos fundamentales de las mujeres, entre estos la integración con paridad de género de las planillas, disposición legal que se emitió a raíz de una resolución de este Tribunal Electoral por una impugnación en el municipio de Huitzuco de los Figueroa.
También le dijo a la regidora que no es necesario que las ediles tengan que proponer un acuerdo de cabildo para que las mujeres sean tomadas en cuenta, porque esto ya es una obligación de los ayuntamientos que en los municipios, en las elecciones de comisarías, las mujeres tengan el derecho de votar, y ser incluidas en las planillas, sin importar si se rigen por usos y costumbres.
Eugenio Alcaraz apuntó que el artículo segundo de la Constitución federal establece que los usos y costumbres prevalecen y se garantizan, “pero jamás serán violatorios de los derechos humanos, y los derechos políticos de las mujeres, son derechos humanos”.
Y le planteó tres vías para denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género, la primera es a través de un Juicio Electoral Ciudadano (JEC), el cual tiene como fin restituir derechos político-electorales, y se presenta ante el TEE; la segunda vía es el Procedimiento Especial Sancionador (PES), que tiene como finalidad sancionar a quien comete la violencia política, y la denuncia se presenta ante el IEPC.
El órgano electoral será el encargado de sustanciar e investigar, y una vez hecho, integra el expediente y lo remite al TEE para que sea este órgano jurisdiccional el que resuelva si hay violencia política o no.
Ambos procedimientos se establecen medidas cautelares y medidas de protección, por lo que no es necesario finalizar los procedimientos para que la mujer víctima de violencia esté protegida desde el inicio de la presentación tanto de la demanda de JEC o de la denuncia del PES, por lo que dijo es importante denunciar, para que tengan el acompañamiento con medidas de protección.
Finalmente dijo que la tercera vía, sería una denuncia penal, ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, donde se sanciona al victimario con prisión y una medida de reparación.
Después en declaraciones, la regidora explicó que ha intentado que en esta comunidad se pueda votar y ser votada en las elecciones de comisarios, pero el alcalde no quiso.
Anel González comentó que en esta comunidad indígena del Alto Balsas las mujeres tienen la intención de participar en los procesos de elección de las autoridades, pero no se les ha permitido y el alcalde no las respalda.
La regidora panista llamó a las autoridades en la materia que acudan a esta población e investiguen preguntando a las mujeres de esta comunidad, por su parte dijo que ella denunciará para que inicien los procedimientos.
Tiene Evelyn agenda feminista, dice consultora
La ponente, la consultora e envestigadora sobre la desigualdades y liderazgo político con perspectiva de género, Mónica Patricia Zárate Martínez, cuando habló de las mujeres guerrerenses que han logrado ganar espacios importantes o emblematicos por su contexto, finalizó con el caso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de quien destacó que sí tiene “una agenda feminista”, a pesar de las resistencias “que seguramente debe tener al interior del gobierno, trae también los estigmas”.
Reiteró que a la gobernadora la deben de acuerpar las organizaciones de mujeres “porque trae el estigma de su proceso de elección, y lo que ustedes quieran, pero demosle chance ¿no? Acuerpémosla, acompañémosla para que pueda hacer su trabajo”.
En su ponencia también dijo que la participación de las mujeres sobre todo en el ámbito político en los espacios que se toman las decisiones “es triplemente difícil”, y eso ha generado muchas denuncias por violencia política.
Destacó que en Guerrero, hay “una capacidad organizativa muy impresionante”, pero consideró importante que las organizaciones locales se vinculen con las nacionales y regionales.
Zárate Martínez valdría la pena “releer algunos puntos que tiene la reforma, el Plan B donde nos están diciendo entre líneas ‘ustedes no pueden estar ahí’ en los cargos públicos”, y afirmó que está en riesgo la equidad en la política.
Destacó también que la estructura organizacional de los partidos políticos en el país no es favorable para las mujeres a quienes mantienen relegadas que no han dejado otro camino o método de garantizar sus derechos que con acciones afirmativas, “por eso es importante tener estos mecanismos temporales que nos ayuden a subir”.
En el país, dijo, los partidos tienen estructuras organizacionales de las “más burocráticas, muy jerárquicas, muy anquilosadas, con modelos de gestión muy anacrónicos… con un liderazgo tipo clan, donde tú tienes que pertenecer a un grupo político, a una tribu, como ustedes le quieran llamar dónde ese liderazgo lo tienen los hombres entonces para que una mujer transite en es en esa estructura organizacional le va a costar muchísimo más trabajo que a los hombre por eso no es que no haya mujeres capaces no es que no haya mujeres es que esa estructura organizacional no es favorable”.
Sumado a que el presupuesto que le llega a los partidos políticos etiquetado exclusivamente para el fortalecimiento y capacitación de las mujeres es utilizado para otros fines y “siguen haciendo simulación”.
