Etiqueta: Desaparecidos

Sufren de ansiedad, déficit de atención y hay casos de drogadicción en familiares de desaparecidos

Ansiedad, déficit de atención y en algunos casos involucramiento con grupos de drogadictos para tratar de indagar sobre el paradero de su familiar desaparecido, son algunas de las secuelas de niños del Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el estado de Guerrero y el País.
Ayer los familiares hicieron una posada para los menores de edad en una salón, y una joven de 17 años compartió su experiencia a cinco años de la desaparición de su papá, José Vázquez Colebrina de 34 años, empleado del Ayuntamiento.
Mencionó que el ultimo día que habló con él fue como a las 9 de la mañana y le dijo por teléfono que tenía hambre, que le dijera a su mamá que preparara la comida. Cuando regresó de la secundaria su madre la recibió en casa y le dijo que tenía que ser muy fuerte, “porque mi papá había desaparecido”.
Aclaró que pidieron ayuda a las autoridades para encontrarlo sin respuesta ni resultados.
Una de las madres de familia aclaró que la información en los expedientes judiciales sólo hay datos proporcionados por los familiares, y la Policía Ministerial les dice abiertamente que les digan lo que sepan o escuchen sobre los desaparecidos.
La hija de José Vázquez, la mayor de cuatro hermanos de 17, 12, 9 y seis años dijo que, “siempre fui muy unida a mi papá, fue algo traumático, incluso traté de conocer amistades malas para saber algo de mi papá, por eso también estuve en peligro y tuve que irme. Un tiempo caí en depresión, probé las drogas y decidí salir adelante para ayudar a mis hermanos”.
La joven abandonó sus estudios de preparatoria y su mamá la envió con familiares al Estado de México porque puso su vida en peligro. Indicó que su mamá también intentó buscar información de su esposo hasta que recibió una llamada de amenaza, y sus hermanos “el más pequeño (ahora de 12 años) estuvo en el hospital, tuvo depresión y dejó de comer de tristeza, mi hermana (de 9) lloraba por las noches decía que los extrañaba, y el más pequeño piensa que está trabajando fuera. No le hemos podido decir”.
Agregó que el Ayuntamiento estuvo liberando el salario de su papá para su familia hasta el año pasado, y ahora la mamá debe trabajar de tiempo completo, “me hice cargo de mis hermanos, los ayudo a hacer tareas, les doy de comer”.
Otro menor de 13 años habló de la desaparición de su tío de 29, capitán de meseros del restaurante El Tecuán, hace seis años, hasta donde llegaron unas personas y se lo llevaron.
Mencionó que veían juntos la lucha libre en televisión y una de las consecuencias de esta desgracia familiar fue la separación de sus papás, “y de mis primas que se pusieron más tristes”.
La presidenta del colectivo, Guadalupe Rodríguez dijo que a pesar de las circunstancias esperan que los niños se olviden un momento de los problemas, que traten que de tener una vida normal.
Señaló que los adultos como los niños son víctimas de la desaparición forzada de sus familiares, no rinden en la escuela, comienzan a tener lento aprendizaje, sufren ansiedad y necesitan atención constante. Los padres o abuelos evitan llorar frente a ellos, “tenemos que mostrarles que la vida sigue, hay que sacar fuerzas de Dios para salir adelante, y luchar para que ellos sepan que hay una esperanza”.
Estimó que el colectivo en Chilpancingo tiene alrededor de 80 niños, hijos y familiares cercanos de personas desparecidas, la cifra se incrementó respecto al año pasado porque las familias se siguen integrando a la organización, para exigir verdad y justicia a las autoridades.
Exigió que el gobierno estatal “deje de aparentar que en Guerrero no pasa nada, cuando a diario hay muertos, muchachas desapareciendo y la autoridad no hace nada por abatir este problema tan grave que tenemos”.

Anuncian padres de los 43 posadas en Cdmx para exigir su presentación y conocer la verdad

Con la petición a la población de que en esta temporada decembrina se una al reclamo de justicia y por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres y madres de los estudiantes harán cuatro posadas en la Ciudad de México, a partir del jueves, para exigir la verdad de los ataques ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
En esta jornada de lucha a tres años tres meses de la desaparición de los 43 normalistas, habrá posadas con organizaciones sociales, poetas, artistas y activistas. El jueves el movimiento por la presentación de los 43 se reunirá con la Organización Nacional del Poder Popular, el 22 con la Asamblea Los Pedregales, San Pedro Mártir y Observatorio.
Participarán en esta jornada La Caracola, Richi Paax, Janel y Richie Ozmond, Laura Ordaz y Dano Delgadillo, Andah, Nay Stanfield, Vero Ruiz y Andrea Orea, Alán Rubio, y se proyectarán los videos Por los 43 que no aparecen y Grito de Guerra, Pastorela SME, se lee en el cartel difundido.
Vía telefónica el representante de los padres, Melitón Ortega dijo que “para nosotros no hay Navidad, Año Nuevo, hemos repetido que no descansaremos hasta encontrar a nuestros hijos. La última reunión que tuvimos con las autoridades el 28 de noviembre no dio frutos, no hay avance en las investigaciones, merecemos saber la verdad”.
Dijo que siguen pendientes detenciones de policías municipales de Huizuco y Cocula, así como de agentes federales, y el informe de la actividad de los teléfones celulares de estudiantes desaparecidos y asesinados de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, y que emitieron señales tiempo después de los hechos de Iguala.
También la investigación propuesta por el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió que se analizara la posible ruta de trasiego de droga de Iguala a Chicago, Estados Unidos.
“Nosotros no hemos tenido avances en las investigaciones, hemos dicho que no descansaremos hasta tener la verdad, que la PGR haga su trabajo, los padres y madres merecemos que nos digan dónde están nuestros hijos”, agregó. (Vania Pigeonutt / El Sur, Ciudad de México).

Toman normalistas de Ayotzinapa la caseta del libramiento a Tixtla

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos tomaron por más de tres horas la caseta de cobro del nuevo libramiento a Tixtla y pidieron cooperación voluntaria a los automovilistas para continuar las movilizaciones para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes.
Los normalistas llegaron a la caseta a las 11 de la mañana y colocaron lonas que decían, “Vivos los llevaron, vivos los queremos, nos faltan 43. Ayotzinapa”.
Minutos después de las 2:30 de la tarde los estudiantes se retiraron en un autobús con dirección a la normal en Tixtla.

Desaparecen dos alumnos de la UAG, compañeros de la asesinada en la Alta Progreso, informa el rector

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, dijo que hay dos estudiantes desaparecidos de la escuela de Contaduría y Administración, en Acapulco, compañeros de la estudiante asesinada a balazos el martes pasado en la unidad habitacional Infonavit Alta Progreso.
Ante esta situación, adelantó que solicitará vigilancia militar en las unidades académicas de Acapulco, tras el asesinato de dos universitarias en menos de una semana.
En declaraciones a reporteros después de la toma de protesta del nuevo comandante de la 27 zona militar, Eufemio Alberto Ibarra Flores, que se llevó a cabo en Pie de la Cuesta, el rector aseveró que el caso de la estudiante asesinada a balazos y sus dos compañeros desaparecidos es un “asunto complejo” y “muy delicado”; aunque dijo que hay avances significativos “no quisiera ampliar, por secrecía a la investigación”.
Informó que la víctima del martes era originaria de la región de la Montaña y pertenecía al programa de inclusión de la universidad destinado para los indígenas, “nosotros sentimos muchos esta parte”. Indicó que ya pidió al fiscal Javier Olea Peláez que profundice en la investigación del caso de los universitarios asesinados, sin embargo expresó: “Ya no queremos avances, queremos que no haya, que no pasen estas cosas, porque lastima mucho a la comunidad universitaria”.
Saldaña Almazán dijo que los hechos violentos contra los universitarios alertan a la comunidad estudiantil, “los estudiantes desparecidos son del mismo grupo y el mismo horario”, de la muchacha asesinada el martes. Mencionó que él ya platicó con el director, cuerpo de directivos de Contaduría y Administración para poner atención en el asunto, “queremos evitar situaciones,  por eso estoy presente en esta ceremonia, para trabajar en la persecución del delito”.
Pidió a las autoridades policiacas trabajar en la seguridad, pues la universidad trabaja en prevención, aunque dijo que no es suficiente, puntualizó.
Recordó que en las unidades académicas aledañas a la escuela de Contaduría ha habido cartulinas y extremidades humanas, sin embargo, recalcó que “vamos a tener, si es necesario la presencia militar, la vamos a pedir”.
El martes pasado, una estudiante de Contaduría y Administración fue asesinada a balazos, en el conjunto habitacional Infonavit Alta Progreso.
El sábado pasado, una estudiante de Enfermería 2, dependiente de la UAG, fue hallada decapitada y envuelta en una lona cerca del contenedor de basura de la colonia Carabalí.
Después del evento, el rector Javier Saldaña estuvo en la facultad de Medicina, donde entregó un simulador de parto con un costo de 800 mil pesos y en Enfermería 2 equipamiento por un millón de pesos, los cuales dijo son recursos obtenidos con proyectos, a través de la dirección de Planeación, que presidente Arely Almazán.
Ahí, Saldaña Almazán reconoció que por la inseguridad ya maestros le han informado que analizan adelantar las vacaciones, sobre todo en escuelas de Acapulco y Chilpancingo.
También reiteró que hay dos jóvenes desaparecidos y que son compañeros de la estudiante asesinada, añadió que era un caso “muy complejo, porque de su grupo tengo entendido han desaparecido tres personas (una de ellas la joven asesinada)”.
Dijo que cuando suceden casos como el mencionado se hace un registro de cada escuela, y “detectamos que en su grupo académico hay otros desaparecidos y nos preocupa”.
Reconoció el rector que se están valorando algunas situaciones específicas en escuelas, pues le han comunicado profesores que han estado recibiendo llamadas de “algunos vivos (extorsionadores)”, sobre todo en caso de Acapulco y Chilpancingo.

Demanda real atención a víctimas de la violencia la hija de la ecologista desaparecida Eva Alarcón


Hoy se cumplen seis años de la desaparición de dos dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle.
Ayer, en entrevista, la hija de Eva, Coral Rojas Alarcón demandó que se atienda a las víctimas de la violencia, “los gobiernos federal y estatal tienen que definir un protocolo de atención a familiares de víctimas, y de búsqueda de un desaparecido”.
Dijo que, a pesar de las constantes desapariciones en el estado, no hay un protocolo para revisar los casos, ni para apoyar a los familiares de las víctimas, e informó que la investigación del caso de los ecologistas, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) no tiene ningún avance, “no hay nada, sigue como desde el principio”.
En la desaparición de su madre está documentado que participaron soldados del Ejército, policías ministeriales y municipales, lo que, advierte, es preocupante y una muestra de la impunidad que impera en el sistema de justicia.

Es inoperante comisión de atención a víctimas, sin presupuesto

La abogada, hija de la principal impulsora del estudio del jaguar en la sierra de Petatlán, se quejó de que se formó la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) sin presupuesto, “sólo para que cobre el comisionado, porque las víctimas no tienen apoyo, ni económico ni jurídico”.
Consideró grave la falta de apoyo del gobierno a las víctimas de la violencia, porque, “cada día hay más desaparecidos, todos tenemos un familiar desaparecido o conocemos a alguien con un desaparecido”.
Eva Alarcón y Marcial Bautista son dos dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra, que fueron desaparecidos con la intervención, documentada, de soldados del Ejército y policías ministeriales.
Coral Rojas reprochó que se creó una comisión de atención a víctimas de la violencia, pero sin presupuesto, “se hizo sólo para que gane un salario el comisionado, pero las víctimas andan buscando ayuda para los pasajes, para la atención jurídica. No tienen cómo hacer los trámites y cuando piden ayuda (al gobierno del estado) les responden que no hay presupuesto, que sólo gana el comisionado”.
“No hay atención sicológica, económica, jurídica, o sea que la Comisión de Atención a Víctimas no funciona, el Estado está rebasado por la violencia”, advirtió.
Dijo que “quizás la violencia no se puede parar, pero se puede amortiguar mediante la atención física, sicológica y económica de las familias de las víctimas”.
Informó que cuando hay apoyo a las víctimas de la violencia, sus representantes legales son pagados por el gobierno del estado, “y eso no funciona porque no se pelean con su jefe”, ante lo que demandó abogados independientes.

La defensa del bosque

La defensa de los bosques y de lucha contra grupos caciquiles y paramilitares en la zona de la sierra de Petatlán está documentada en El Sur desde el 19 de febrero de 1998, cuando campesinos de 15 localidades de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán pararon la salida de la madera en la ruta Santa Rosa-El Durazno, bloqueando el paso de los camiones cargados con troncos.
La explotación de los bosques estaba a cargo de los ejidos de esta región, organizados en la Unión de Ejidos Rubén Figueroa Figueroa, y su principal compradora era la empresa estadunidense Boise Cascade.
Marcial Bautista y Eva Alarcón fueron desaparecidos la madrugada del 7 de diciembre del 2011 cerca del poblado de Rodesia, entre los pueblos de Petatlán y Tecpan de Galeana, en la Costa Grande, por  hombres armados que contaron con la protección de soldados del Ejército y de la Policía Ministerial.
Según testimonios, los hombres armados se desplazaban en una camioneta que detuvo el autobús de pasajeros de la línea Futura que viajaba con destino a la ciudad de México, pero que haría escala en Chilpancingo. Tras interrogar a los pasajeros obligaron a descender a Eva Alarcón y a Marcial Bautista. Desde entonces no se sabe de ellos.
De acuerdo con los pasajeros del autobús que salió de Petatlán rumbo a la Ciudad de México, en el trayecto se toparon con un retén del Ejército donde un militar subió para preguntar si entre los pasajeros se encontraba Marcial Bautista, nadie  respondió y ante el silencio de los viajeros el militar bajó del autobús.
Los testigos comentaron que, kilómetros más adelante, cruzando un puente vieron una camioneta atravesada que impidió el paso del autobús. Al detenerse se dieron cuenta de que en la orilla de la carretera había otras camionetas entre las que había civiles fuertemente armados acompañados de agentes de la Policía Ministerial, entre ellos el comandante Espinoza Palma.
Cuando el autobús se detuvo, inmediatamente subieron varias personas armadas que identificaron a Marcial, obligándolo a bajarse. En ese instante Eva Alarcón, quien iba en uno de los últimos asientos reaccionó y gritó a quienes se llevaban a Marcial que ella lo acompañaría, y también se bajó del autobús en un intento de evitar que se lo llevaran.
Varios años antes, los dirigentes de la Organización se habían dedicado a la gestión y al cuidado, conservación y manejo sustentable de los bosques, por lo que habían recibido amenazas de integrantes del crimen organizado.
La defensa de sus bosques los llevó a denunciar los atropellos cometidos por el Ejército y los trabajos ilícitos en que se encuentran involucrados elementos de las corporaciones policiacas.
Incluso, ante las amenazas en su contra, el l4 de agosto de 2011 la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) solicitó a las autoridades estatales otorgar medidas de protección para Eva Alarcón. El 5 de diciembre, dos días antes de la privación de su libertad, la coordinadora de la Organización había reiterado su solicitud.
Desde la desaparición de los dos dirigentes ecologistas, sus hijas, Coral Rojas y Victoria Bautista iniciaron una intensa búsqueda. Demandaron de todas las formas a las autoridades estatales que agilizaran la investigación de los defensores del medio ambiente.
Más por el trabajo de las jóvenes que por la participación del gobierno, el 27 de diciembre del 2012 fue detenido el comandante de la Policía Ministerial, adscrito a Tecpan, Cesáreo Espinoza Palma El Ganso, acusado de presunta participación en la desaparición de los ecologistas.
Ese día, la Procuraduría de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado, informó mediante un comunicado de prensa que el jefe policiaco y uno de sus acompañantes, José Jhony López Galván El Güero, fueron entregados a la Procuraduría General de la República (PGR) para que rindan su declaración ministerial sobre esos hechos.
Cesáreo Espinoza era buscado luego de que diversos testimonios lo señalaron de ser uno de los que estaban en el retén la madrugada en que los delincuentes se llevaron a los dos ecologistas.
El 14 de diciembre de 2011 fueron detenidos 28 policías municipales de Tecpan para que declararan sobre los hechos, pero sólo fueron retenidos 48 horas, y el 16 de diciembre fueron puestos en libertad. Los agentes municipales declararon ante un Ministerio Público federal en torno a su función, lo que hacían en ese momento, dónde estaban, qué hicieron el 7 de diciembre, pues testigos declararon que había policías municipales en el lugar de donde fueron levantados los dos ecologistas.
En cuanto al señalamiento en contra de soldados del Ejército, el 12 de diciembre de 2012 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado en el que aseguró que ninguno de sus agentes participó en el rapto de Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle.
Pese a los testimonios y la detención de dos de los presuntos implicados, el caso de la desaparición de los dos ecologistas no ha sido esclarecido ni ellos han sido localizados.

Seguirá un año más el Mecanismo de la CIDH para el caso Ayotzinapa

Seguirá el Mecanismo de la CIDH para el caso Ayotzinapa un año más, acepta el gobierno

No hay avances sustanciales en las cuatro exigencias de los padres y madres, informan sus abogados. Los familiares se reunieron con el encargado de despacho de la PGR, Elías Beltrán, quien es el cuarto responsable de esa institución en este sexenio. Ni siquiera el cronograma que el gobierno se fijó tiene resultados, informa Vidulfo Rosales

Agencia Proceso

Ciudad de México

Abogados de los padres y madres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en Iguala en 2014, informaron que con la PGR se acordó la permanencia por un año más del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los abogados Santiago Aguirre Espinosa y Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacaron que el compromiso del Estado mexicano por continuar con el mecanismo fue ratificado ante la comisionada para el caso Esmeralda Arosemena y el secretario ejecutivo, Pablo Abrao, presentes en la reunión. Es el último encuentro con autoridades que tendrá el instrumento de la CIDH este año.
Consultados por separado al término del encuentro que duró 3 horas en instalaciones alternas de la Procuraduría General de la República (PGR), los abogados lamentaron que no haya avances sustanciales en las cuatro exigencias de los padres y madres, que se refieren a la profundización de la investigación de la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes, la detención de policías federales y de Huitzuco plenamente identificados, la línea de investigación sobre el tráfico de estupefacientes de Iguala a Chicago en transportes foráneos, así como concluir el análisis de la telefonía celular.
El subdirector del Centro Prodh, Aguirre Espinosa destacó que la de hoy es la primera reunión con el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, el cuarto responsable de esa institución con quien se reúnen los padres y madres de familia, “sin tener resultados de acceso a la justicia y a la verdad, por lo que exigieron compromisos claros para que no ocurra lo que los predecesores de que se vaya sin resolver el caso”.
Para el abogado la reunión tuvo el momento más tenso, “que generó debate y discusión” en la ratificación del convenio de colaboración técnica para la continuidad del mecanismo.
“Los representantes del Estado no tenían una posición clara, argumentaban que cómo era posible, que la pertinencia de la continuidad debía revisarse cada año, ellos proponían que se hiciera en febrero o marzo, pero los padres y madres (de los normalistas) fueron enfáticos en decir que como no se ha avanzado en la investigación ni en el cronograma el mecanismo debería continuar”, contó el representante del Centro Prodh.
Para el abogado el punto más destacable de la reunión de este martes en la que también participaron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, es que “ante la comisionada y del secretario ejecutivo de la CIDH el Estado dijo que sí se comprometía a que seguiría el mecanismo por lo menos hasta 2018, lo que incluye garantías de financiamiento”.
En cuanto a la evolución del caso Ayotzinapa, Aguirre reconoció “avances en la atención médica a la que tienen derecho los lesionados sobrevivientes, hay acciones en las búsquedas con tecnología LIDAR, se han analizado 5 mil números, hay más certeza en la participación de corporaciones en los hechos, pero mientras todo ello no se traduzca en detenciones y acusaciones formales todo queda en avances parciales”.
Rosales Sierra destacó que la molestia de los padres y madres de los 43 desaparecidos radica en que “ni siquiera el cronograma que la propia oficina especial del caso Ayotzinapa se fijó para cumplir entre los meses de junio a octubre tiene resultados concretos”.
El abogado de Tlachinollan abundó que la defensa de los padres y madres habla de “cuatro líneas grandes, la PGR las desglosa en 11 puntos e incluso puso una fecha para subsanarlos”.
Según el cronograma semanal, “el tema de la investigación de la Policía de Huitzuco estaba programada para julio, el del Ejército para septiembre, el esclarecimiento de la participación de autoridades estatales en agosto, lo de la telefonía celular entre septiembre y octubre y lo del trasiego de drogas, para agosto. Pero hasta ahora ninguna línea ha sido agotada”.
El abogado destaca que desde julio pasado así como en las audiencias de la CIDH en Perú y en Uruguay, la oficina del caso Ayotzinapa ha presentado como avances “la consignación de un policía de Huitzuco. Sin embargo, la detención está atorada porque dos jueces se declararon competentes”.
También se habla de los análisis de telefonía, “pero no se han hecho los cruces (informativos) ni se ha esclarecido cómo es que algunos teléfonos llegaron a manos de policías. En cuanto al trasiego de droga el gobierno de Estados Unidos confirmó que Guerreros Unidos trafica droga, pero habla de otras líneas de autobuses que no son las que tomaron los muchachos”.
Dijo que aunque los padres y madres están “muy preocupados por la falta de resultados, se mantiene la esperanza de que el caso camine bajo la supervisión del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, que muy probablemente tendrá su siguiente reunión de monitoreó el próximo mes de febrero”.
En la reunión también estuvieron la subprocuradora de Derechos Humanos Sara Irene Herrerías, y el responsable de la oficina para el caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal.

Exponen ONG al secretario de Gobierno la gravedad de las desapariciones y asesinatos en el estado

Representantes de Amnistía Internacional, la Red TDT, Serapaz, Tlachinollan, el Centro Morelos y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad informaron que en la entidad hay más de 20 defensores asesinados en este sexenio. Acuerdan una reunión con el gobernador

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de organismos que integran la Misión Civil de Observación se reunieron este martes con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y expusieron el grave problema de violencia que se expresa en asesinatos, desaparición de personas, violación a los derechos humanos, la situación de riesgo en que se desempeñan defensores y periodistas y los desplazamientos forzados.
En la reunión a puerta cerrada en una sala de la Secretaría de Gobierno estuvieron también el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estatal, Luis Camacho Mancilla, y representantes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De la misión civil estuvieron Raquel Aguilera de Amnistía Internacional (AI), Fernando Ríos de la Red Todos los Derechos para todos y Todas (Red TDT), Alister Guerrero de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Abel Barrera de Tlachinollan, Manuel Olivares del Centro Morelos y Reymundo Díaz del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.
Los integrantes de la Misión Civil de Observación acudieron a Chilapa el 19 de septiembre para revisar la situación de violencia en ese municipio, y al día siguiente tendrían una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores pero se suspendió por la emergencia que provocó el sismo del día anterior.
La reunión finalmente se celebró ayer con el secretario, y fue para dar seguimiento a los trabajos que iniciaron en esa misión de observación.
Al final del encuentro los representantes de los organismos civiles ofrecieron una conferencia de prensa en la parte baja del Palacio de Gobierno.
Raquel Aguilera de AI dijo que “para nosotros desde el movimiento internacional es fundamental que las autoridades escuchen y reconozcan las graves violaciones de derechos humanos que existen en la región, y creemos que este espacio (la reunión con el secretario) nos ha permitido empezar a plantearlas”, dijo.
Aclaró que aún tienen pendiente una reunión con el gobernador Astudillo Flores, que es la que estaba programada para el 20 de septiembre, y que lo plantearon al secretario “y quedó como un compromiso del secretario agendar esa reunión”, agregó que esperan que sea antes del 15 de diciembre.
Insistió en que la situación en Guerrero es complicada, y que los organismos nacionales estarán acompañando a los defensores de derechos humanos locales que documentan la situación de violencia en la entidad.
Fernando Ríos de la Red TDT informó que en el encuentro expusieron su preocupación por la desaparición constante de personas que no ha disminuido y los asesinatos “atroces”.
Dijo que Salazar Adame reconoció que Guerrero es la segunda entidad más peligrosa del país, aunque el defensor de derechos humanos dijo que Guerrero ocupa los primeros lugares de violencia “y para las personas defensoras de derechos humanos es una situación sumamente grave”.
Informó que en la entidad hay registradas más de 20 personas defensoras asesinadas en lo que va del actual sexenio, que el caso más reciente es el de Ranferi Hernández Acevedo, “estos hechos nos duelen, sentimos el dolor constante de las víctimas que se ven frente a la incapacidad del propio Estado”.
Añadió que le dijeron al secretario, “que vemos una incapacidad y que no se muestran resultados, o que estos resultados todavía no se ven reflejados en la sociedad, además, que es importante que muestren cuáles son los retos, que así como el actual gobierno argumenta que hay una deuda presupuestal del gobierno anterior, también observamos que del actual gobierno tiene una deuda histórica de dolor, de graves violaciones a los derechos humanos y que tiene que hacerse responsable de esto”.
El director de la Red TDT informó que le dijeron al secretario que “no bastan las inercias de buena voluntad, sino que se necesitan estrategias capaces para responder a la situación que estamos viviendo, que como ciudadanos estamos cansados de esta situación que vivimos”.
Contó que en la reunión los representantes de organismos civiles enumeraron cinco puntos que les preocupan: la inseguridad, la situación de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos, la desaparición constante de personas por el crimen organizado y en connivencia con autoridades, el desplazamiento de personas y la situación de violencia de Chilapa, “que tiene múltiples aristas”.
Al final convinieron con el funcionario que se van a reunir con el gobernador para expresarle de manera directa sus puntos de vista, sus preocupaciones y señalarle la incapacidad de los funcionarios.
Por su parte, Aliester Guerrero de Serapaz aclaró que los organismos que integran la misión van a estar muy atentos principalmente en dos puntos: la reunión con el gobernador Astudillo Flores y la debida implementación de la Ley General de Desaparición Forzada que se acaba de aprobar.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera destacó que la presencia de los representantes de los organismos nacionales e internacionales en Guerrero obedece a las graves violaciones a los derechos humanos que están a la alza, y que eso también se lo expresaron al secretario de gobierno.
“Hay una preocupación muy honda por la situación de desapariciones y desplazamientos forzados que se están multiplicando en el estado cada mes que pasa, y vemos que no hay una estrategia que pueda contener esta avalancha delincuencial, y sobre todo por la incapacidad institucional”, agregó.
Informó que los funcionarios argumentaron que hay problemas presupuestales pero que los organismos ven, también, que hace falta eficacia en la implementación de las acciones de las autoridades, “consideramos que el tema de la impunidad, la falta de resultados en las investigaciones y la falta de una atención adecuada y con perspectiva de derechos humanos no se ha podido implementar en nuestro estado”.
Barrera Hernández dijo que los funcionarios, sustentándose en información oficial, aseguraron que las cosas van caminando, pero que los organismos ven que hay una brecha entre la realidad que viven las víctimas con los datos oficiales, “y ese es el Guerrero que nos separa, el Guerrero de las víctimas, el del horror, el de las personas que están sufriendo diariamente las agresiones de parte de la delincuencia organizada, y una autoridad rebasada por el crimen y por las organizaciones criminales”, denunció.
Añadió que en Chilapa se necesita una intervención de alto nivel para poder parar las acciones que están atentando contra la vida. “lo que pasa allí es muy preocupante, la suspensión de clases por la inseguridad, la militarización, las desapariciones, los feminicidios y los desplazamientos es algo grave que preocupa. Este es un tema que se tiene que atender no sólo con la intervención de la federación, sino con toda la voluntad que tiene que haber en el estado”, demandó.
Añadió que otra situación preocupante es el riesgo constante al que se enfrentan los defensores, defensoras y periodistas, “en verdad no vemos que hay condiciones ni garantías para que puedan realizar su trabajo con seguridad, porque existe un patrón de criminalidad, pero también un ambiente de impunidad y de permisibilidad que pone en riesgo su trabajo”.
Anunció que los representantes de los organismos van a entregar un diagnóstico el día que se reúnan con el gobernador, y que en esa medida van a pedir acciones concretas, “primero que las autoridades reconozcan la situación grave de violaciones a derechos humanos, y al mismo tiempo que reconozcan y respeten el trabajo de las víctimas, de las organizaciones civiles, de los periodistas y sobre todo que cualquier acción que se haga sea en coordinación con quienes han sido afectados en sus derechos”, adelantó.

Etiquetas: México, Guerrero, Chilapa, Chilpancingo, Misión Civil de Observación, secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame, violencia, asesinatos, desaparición de personas, violación a los derechos humanos, riesgo, defensores, periodistas, desplazamientos forzados

Seguirá el Mecanismo de la CIDH para el caso Ayotzinapa un año más, acepta el gobierno

Abogados de los padres y madres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en Iguala en 2014, informaron que con la PGR se acordó la permanencia por un año más del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los abogados Santiago Aguirre Espinosa y Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacaron que el compromiso del Estado mexicano por continuar con el mecanismo fue ratificado ante la comisionada para el caso Esmeralda Arosemena y el secretario ejecutivo, Pablo Abrao, presentes en la reunión. Es el último encuentro con autoridades que tendrá el instrumento de la CIDH este año.
Consultados por separado al término del encuentro que duró 3 horas en instalaciones alternas de la Procuraduría General de la República (PGR), los abogados lamentaron que no haya avances sustanciales en las cuatro exigencias de los padres y madres, que se refieren a la profundización de la investigación de la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes, la detención de policías federales y de Huitzuco plenamente identificados, la línea de investigación sobre el tráfico de estupefacientes de Iguala a Chicago en transportes foráneos, así como concluir el análisis de la telefonía celular.
El subdirector del Centro Prodh, Aguirre Espinosa destacó que la de hoy es la primera reunión con el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, el cuarto responsable de esa institución con quien se reúnen los padres y madres de familia, “sin tener resultados de acceso a la justicia y a la verdad, por lo que exigieron compromisos claros para que no ocurra lo que los predecesores de que se vaya sin resolver el caso”.
Para el abogado la reunión tuvo el momento más tenso, “que generó debate y discusión” en la ratificación del convenio de colaboración técnica para la continuidad del mecanismo.
“Los representantes del Estado no tenían una posición clara, argumentaban que cómo era posible, que la pertinencia de la continuidad debía revisarse cada año, ellos proponían que se hiciera en febrero o marzo, pero los padres y madres (de los normalistas) fueron enfáticos en decir que como no se ha avanzado en la investigación ni en el cronograma el mecanismo debería continuar”, contó el representante del Centro Prodh.
Para el abogado el punto más destacable de la reunión de este martes en la que también participaron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, es que “ante la comisionada y del secretario ejecutivo de la CIDH el Estado dijo que sí se comprometía a que seguiría el mecanismo por lo menos hasta 2018, lo que incluye garantías de financiamiento”.
En cuanto a la evolución del caso Ayotzinapa, Aguirre reconoció “avances en la atención médica a la que tienen derecho los lesionados sobrevivientes, hay acciones en las búsquedas con tecnología LIDAR, se han analizado 5 mil números, hay más certeza en la participación de corporaciones en los hechos, pero mientras todo ello no se traduzca en detenciones y acusaciones formales todo queda en avances parciales”.
Rosales Sierra destacó que la molestia de los padres y madres de los 43 desaparecidos radica en que “ni siquiera el cronograma que la propia oficina especial del caso Ayotzinapa se fijó para cumplir entre los meses de junio a octubre tiene resultados concretos”.
El abogado de Tlachinollan abundó que la defensa de los padres y madres habla de “cuatro líneas grandes, la PGR las desglosa en 11 puntos e incluso puso una fecha para subsanarlos”.
Según el cronograma semanal, “el tema de la investigación de la Policía de Huitzuco estaba programada para julio, el del Ejército para septiembre, el esclarecimiento de la participación de autoridades estatales en agosto, lo de la telefonía celular entre septiembre y octubre y lo del trasiego de drogas, para agosto. Pero hasta ahora ninguna línea ha sido agotada”.
El abogado destaca que desde julio pasado así como en las audiencias de la CIDH en Perú y en Uruguay, la oficina del caso Ayotzinapa ha presentado como avances “la consignación de un policía de Huitzuco. Sin embargo, la detención está atorada porque dos jueces se declararon competentes”.
También se habla de los análisis de telefonía, “pero no se han hecho los cruces (informativos) ni se ha esclarecido cómo es que algunos teléfonos llegaron a manos de policías. En cuanto al trasiego de droga el gobierno de Estados Unidos confirmó que Guerreros Unidos trafica droga, pero habla de otras líneas de autobuses que no son las que tomaron los muchachos”.
Dijo que aunque los padres y madres están “muy preocupados por la falta de resultados, se mantiene la esperanza de que el caso camine bajo la supervisión del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, que muy probablemente tendrá su siguiente reunión de monitoreó el próximo mes de febrero”.
En la reunión también estuvieron la subprocuradora de Derechos Humanos Sara Irene Herrerías, y el responsable de la oficina para el caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal.

La corrupción de las autoridades impide la detención de Los Ardillos, señala Siempre Vivos de Chilapa

El coordinador del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro denunció que la corrupción, la impunidad y la omisión de las autoridades impiden la detención de los miembros de la organización criminal Los Ardillos, que levantó, secuestró y asesinó a dos de sus hermanos, a un primo y a dos empresarios en Chilapa el 26 de noviembre de 2014.
Díaz Navarro se reunió este lunes con familiares de víctimas de desaparición y asesinato en Chilapa, con motivo del tercer aniversario de la desaparición y posterior ejecución de sus hermanos Hugo y Alejandrino, su primo Vicente Apreza García y los empresarios Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer.
En la reunión dio a conocer la estructura con nombres y rostros y explicó cómo funciona la organización criminal que secuestró y asesinó a sus familiares hace tres años y a la que atribuyó más de 300 asesinatos en tres años en Chilapa.
Insistió en lo que ha dicho en otras ocasiones, que fueron integrantes del grupo de Los Ardillos que operan impunemente en Quechultenango, Mochitlán, Tixtla y Chilapa, los que se llevaron a dos de sus hermanos, a su primo y a los dos empresarios.
También los responsabilizó de los 30 desaparecidos durante la irrupción de comisarios de las comunidades de la parte baja de Chilapa, que ahora se hacen llamar Comunitarios por la Paz y la Justicia.
Dijo que según declaraciones en expedientes, se los llevaron a Quechultenango y en el río Azul “les hicieron como a los 43 de Ayotzinapa: los asesinaron, los desmembraron, los incineraron y lo que quedó de ellos lo echaron al río”.
En la reunión dijo que con la información que tiene está muy cerca de la verdad pero muy lejos de la justicia, en referencia a que ya sabe qué fue lo que pasó con sus familiares, quiénes son los responsables del múltiple homicidio, pero que no ha sido posible su detención por la “corrupción, impunidad, omisión, negligencia, ineptitud y complicidad” de las autoridades.
Díaz Navarro se encuentra en la lista de los amenazados de muerte por el crimen organizado en Chilapa, y en al menos una ocasión se ha salvado de un atentado, dijo que como no sabe cuándo será la última vez que hable con los familiares de las víctimas de desapariciones y asesinatos, creyó importante darles a conocer la información que ha logrado obtener en los últimos tres años, con respecto a quiénes son y cómo opera el grupo delictivo Los Ardillos, responsable de más de 300 asesinatos en este municipio.
Después en declaración a los medios de comunicación, dijo que para él es muy difícil dar a conocer esta información por el riesgo al que se enfrenta, “pero definitivamente tengo que aprovechar cada momento, cada oportunidad para dar a conocer la situación que se vive en Chilapa, en donde los culpables tienen nombre, tienen apellidos, tienen rostros, son personas que son ahora fáciles de identificar, solamente hace falta que las autoridades hagan su trabajo y hagan valer el estado de Derecho”.
Los integrantes del colectivo Siempre Vivos de Chilapa se reunieron en el local de un jardín de niños en el centro de la ciudad. Los juegos infantiles sirvieron de mamparas para colocar fotografías con los nombres de varios de los desaparecidos. Los nombres son muchos como Roberto Zapoteco Chinito, Epifanio Sánchez Jerón, Cándido Díaz Sánchez, Celso García Cerón, Gemino Neri Agustín, Vicente Morales Naranjo, entre otros más.
Díaz Navarro se quejó de la falta de apoyo de las autoridades, incluidas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estatal y nacional, que no respondieron a su solicitud para que apoyaran para el transporte y comida a las familias que han sido desplazadas de este municipio y que asistirían a esta reunión.

Empresa del crimen

Tres años después del secuestro y ejecución de sus familiares, Díaz Navarro ha hecho sus propias investigaciones y ayer dijo que confirmó que quienes dieron la orden fueron del grupo criminal Los Ardillos, fundado hace tres décadas por Celso Ortega Rojas y ahora en manos de sus hijos, Celso, Iván, Antonio y Bernardo Ortega Jiménez, de éste último dijo que es el “operador político”, perredista que fue presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado.
Aseguró que con los recursos del poderoso grupo criminal ha logrado ser dirigente del PRD, diputado y presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local. Añadió que ahora busca ser nuevamente dirigente de ese partido, o en su defecto diputado federal, o cuando menos nuevamente presidente municipal de Quechultenango.
Contó que más abajo de esta estructura están sus sobrinos Deivi Astudillo Jiménez, El Deivi, y Eugenio Rodríguez Jiménez.
Dijo que según declaraciones de uno de los detenidos que participaron en la detención de sus hermanos, fue Celso quien ordenó que se los llevaran a una casa de seguridad de Quechultenango, en donde los torturaron y les cortaron sus dedos.
Añadió que 36 horas después sus tres familiares y los dos profesionistas fueron regresados a Chilapa en donde fueron asesinados, después los decapitaron y tres años después aún no se han encontrado las cabezas.
Informó que los primeros días de octubre pasado fue detenido cerca de El Naranjo, en la carretera Iguala-Taxco, Julio César quien participó directamente en la privación de la libertad de sus dos hermanos, su primo y los dos profesionistas. En su declaración, que se encuentra en el expediente, confesó que fueron Los Ardillos los que ordenaron levantarlos y narró cómo operaron, y la ruta que siguieron para llevarlos a Quechultenango.
Otro de los que participó fue Arístides también detenido y quien participó en el asesinato del candidato del PRI a la presidencia municipal de Chilapa en la elección pasada, Ulises Fabián Quiroz, y a tres agentes de la Policía Federal en el mercado de esta cabecera municipal el año pasado.
Expuso que fungía como policía del grupo de civiles armados Paz y Justicia, de los que irrumpieron del 9 al 14 de mayo del 2015 en Chilapa. Agregó que otro de sus cómplices es Antonio García Chino, El Chino, quien sigue libre.
El coordinador de Siempre Vivos dijo que la estructura se ha convertido en una “empresa del crimen”, porque mediante la violencia están incursionado en negocios formales. Denunció que han asesinado a distribuidores de pollos que van de Chilapa a Quechultenango o a las comunidades vecinas, para evitar la competencia al negocio que tiene la familia Ortega.
Agregó que lo mismo han hecho con los dueños de empresas materialistas y transportistas para quedarse con el negocio en toda la zona. En el caso de las Urvan aseguró que se llevan las unidades a Quechultenango en donde las remarcan y las pintan y después las ponen a trabajar desde Ayahualulco hasta Chilpancingo.

Marchan estudiantes y organizaciones en Iguala para exigir justicia y la presentación de los 43

Unos 80 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa e integrantes del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala protestaron ayer en esta ciudad, para reiterar su exigencia de presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, exigir justicia y castigo para todos los implicados en ese crimen ocurrido hace 38 meses.
Antes de las 10 de la mañana los trabajadores y visitantes que se encontraban en el Palacio de Justicia fueron desalojados del edificio, y las actividades se suspendieron ante la versión de que los normalistas y papás de los 43 desaparecidos protestarían en ese lugar, pero no sucedió.
De la misma forma funcionarios de diferentes áreas del gobierno estatal y mandos del Ejército y la Policía Federal fueron movidos de la sede del 27 Batallón de Infantería, donde se daba el curso de capacitación de prevención social, violencia de género y cultura de la no violencia, ante el temor de protestas en el cuartel militar, y fue cambiado a un salón del hotel Best Wester en el centro de la ciudad.
A las 5:30 de la tarde llegaron estudiantes y miembros del Bloque Democrático que los acompañan a la estela en memoria del normalistas torturado, desollado del rostro y asesinado, Julio César Mondragón Fontes, en la Zona Industrial, donde colocaron una ofrenda floral y tuvieron un mitin con la principal exigencia de que haya justicia, castigo a los culpables y la presentación con vida de sus 43 compañeros.
Ahí un alumno del comité estudiantil y miembro del Federación de Estudiantes Campesinos Socialista de México (FECSM) advirtió que, “no nos vamos a rendir ni vamos a claudicar en esta lucha para buscar a nuestros 43 compañeros”.
Llamó a la población de Iguala y a los miembros de las organizaciones, “porque no pararemos en nuestra lucha y si damos un paso hacia atrás será sólo para tomar impulso y seguir con más fuerza”.
Pidió que no haya luchas aisladas, “nos debemos aglutinar como sociedad porque de lo contrario nos irán matando poco a poco”.
Minutos después el contingente salió en marcha sobre el periférico Norte gritando consignas de apoyo a la Normal Rural, llegó a la esquina con la calle Juan Álvarez donde también hubo un mitin y colocaron una ofrenda floral a sus compañeros asesinados la madrugada del 27 de septiembre de 2014, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo.
En el recorrido de los normalistas que llevaban fotografías de sus 43 compañeros desaparecidos, automovilistas del transporte público como particular circularon por una vía alterna de terracería a un costado de la carretera, lo que levantó una nube de polvo durante la protesta.
En el segundo mitin llamaron a la población de Iguala a que se haga sensible y se solidarice con los papás de los 43 desaparecidos.
Uno de los coordinadores del Bloque Democrático de Organizaciones advirtió que a pesar “de la mano negra y obscura que ha tratado de desvirtuar esta lucha, decimos que vamos a seguir apoyando para exigir la presentación con vida de los desaparecidos y castigo para los culpables de la desaparición y el asesinado de tres de ellos”.
“Exigimos que esto ya tenga un fin, pero un fin claro, donde ese espurio y la criminalidad nos digan en dónde tienen a los 43 muchachos”, dijo en referencia al presidente Enrique Peña Nieto.
Reitero también la exigencia que se dé cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El mitin concluyó a las 6:25 de la tarde y enseguida los estudiantes y miembros de la organización se retiraron hacia la Normal Rural de Tixtla.

Rememoran familiares tres años del secuestro y homicidio de cinco empresarios en Chilapa


A tres años de la desaparición y homicidio de cinco empresarios y profesionistas en Chilapa, familiares y colectivos de desaparecidos exigieron justicia y alto a la masacre.
El coordinador del colectivo Siempre Vivos, José Díaz Navarro, hermano de dos de las víctimas, adelantó que ya tienen algunas respuestas del caso: “Se va aclarando la ruta de la información, quiénes fueron, dónde, porqué y cuándo”.
En tanto, los colectivos de Chilpancingo y Acapulco señalaron que las autoridades están demostrando que están coludidas con el crimen organizado, al no querer hacer su trabajo, y demandaron la reparación del daño para las familias de las víctimas.
La familia Díaz Navarro y el colectivo de familiares de desaparecidos en municipios de la Montaña baja, Siempre Vivos, conmemoraron los tres años del rapto y el homicidio de los empresarios Hugo y Alejandrino Díaz Navarro; el dueño de una constructora de Olinalá, Vicente Apreza García, y los arquitectos Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer, de Cuautla, Morelos.
Al mediodía acudieron a una misa en la catedral y luego se trasladaron al lugar donde fueron encontrados los cuerpos, en el crucero que conduce a la comunidad de Tecoyutla en la carretera Chilapa-Acatlán, donde colocaron flores, realizaron una pequeña oración e hicieron pronunciamientos.
Se sumaron los colectivos de familiares de desaparecidos y asesinados de Chilpancingo y Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos.
En ese lugar, José Díaz Navarro, coordinador de Siempre Vivos, colectivo creado a partir del múltiple crimen de sus familiares, narró la desaparición y el último contacto por medio de una llamada telefónica con sus hermanos, el mediodía del 26 de noviembre de 2014.
Además de la denuncia que interpusieron dando información a las autoridades y el reporte del hallazgo tres días después, el sábado 29 de noviembre de 2014, después de las 8 de la noche; así como su posterior identificación por muestras de ADN, pues los cuerpos aparecieron desmembrados y calcinados.
A tres años, dijo que poco a poco, van teniendo información de lo que pasó. “Estamos llegando a tener respuestas, hoy se va aclarando la ruta de esta información, que nos está llevando a tener la certeza de mi familia de quiénes fueron, dónde, porqué y cuándo. Esas incógnitas que teníamos se van aclarando”.
“Hay datos muy fidedignos y confiables que esa camioneta (donde aparecieron los cuerpos) pertenecía a Celso Ortega Jiménez, estaba en posesión de él, porque mis hermanos estuvieron precisamente en las casas de seguridad que tiene esta familia de Celso Ortega”.
“Tenemos que seguir, queremos llegar a la verdad, ojalá un día lleguemos a la justicia y a la reparación del daño”. Dijo que después del hecho, muchas familias de Chilapa y sus alrededores empezaron a vivir situaciones similares.
También denunció que los familiares de los desaparecidos tuvieron que costear sus gastos de traslado, hospedaje y alimentación, debido a que la Comisión de Atención a Víctimas en el estado y federación, no dieron respuesta a la petición.
Lamberto Castillo de la Cruz, del colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo, reclamó justicia y exigió un alto a la masacre en Chilapa, así como en todo Guerrero.
“Necesitamos seguir en este esfuerzo, luchar mano a mano y alzar una sola voz, para que las autoridades se pongan a trabajar”.
La titular del mismo colectivo, María Guadalupe Rodríguez Narciso, cuyo hijo Josué Molina desapareció hace cuatro años y del que no hay información hasta ahora, dijo que acudió en solidaridad porque el dolor lo están viviendo todos.
Sobre el caso de su hijo, dijo que no se ha hecho justicia ni investigación porque las autoridades no quieren hacer su trabajo, “porque nos están demostrando que están coludidos con el crimen organizado, por eso no se pueden investigar a ellos mismos”.
Pidió atención a las familias de las víctimas porque, dijo, hay muchos niños sin comer, muchas madres que están enfermas y necesitan atención especializada.

Toman normalistas la caseta de Paso Morelos y ocupan cuatro autobuses para la protesta de hoy

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa tomaron más de una hora la caseta de cobro Paso Morelos de la Autopista del Sol, para pedir cooperación voluntaria a los automovilistas y apoyar la lucha por la presentación de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala.
A las 11:40 de la mañana de este sábado en tres autobuses de la línea Estrella Blanca llegaron a la caseta de cobro ubicada en el municipio de Huitzuco para la colecta.
Mediante la cuenta de Twitter de Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos (Capufe), se informó de la toma de la caseta, no se afectó la circulación, sólo se levantaron las plumas de las casetas.
En una ficha informativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se detalla que unos 70 estudiantes normalistas con el rostro cubierto se dispersaron por los seis casetas de cobro, para abrirlas y dejar el paso libre.
El propósito de la movilización fue recabar fondos y continuar la lucha por la presentación de los 43 normalistas, a un día de que se cumplan 38 meses de su desaparición en Iguala.
Al lugar acudieron policías federales para dialogar con los manifestantes y los normalistas se retiraron a la 1 de la tarde, con dirección a Chilpancingo.
En una segunda ficha se advierte que durante la acción fueron retenidos dos camiones de Estrella Blanca con los números 2783 y 2714, y fueron llevados a la escuela Normal ubicada en Tixtla.
Al concluir esa movilización otro grupo de estudiantes llegó a la terminal de autobuses en el centro de Chilpancingo, para llevarse dos autobuses más que serán utilizados para la movilización de este domingo en la Ciudad de México.