Toman padres y maestros de una secundaria el edificio Álvarez; piden docentes y reconstrucción

Padres de familia y maestros de la secundaria Galo Soberón y Parra tomaron el edificio Juan N. Álvarez, en la capital, para exigir que las autoridades repongan docentes jubilados, servicios públicos y la reparación de los daños que causaron los sismos de septiembre pasado.
A las 8:30 de la mañana, los inconformes llegaron al edificio Juan N. Álvarez, donde se encuentran oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración, el Registro Civil y otras dependencias, donde comenzaron a manifestarse de manera pacífica.
Portaban una lona en la que se leyó: “Señor gobernador, los padres de familia de la secundaria general Galo Soberón y Parra exigimos el cumplimiento de las siguientes demandas: 1. reconstrucción de los edificios dañados por los sismos del 7 y 19 de septiembre; 2. reposición de personal docente jubilado y pago de adeudo de horas a docentes; 3. habilitación de toma de agua potable y rehabilitación de la calle de acceso a la escuela”.
La secundaria se encuentra en la avenida Circunvalación, de la colonia Infonavit al sur de la capital, a unos metros de la Secretaría de Salud y las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), cuenta con 720 estudiantes en el turno matutino y 230 en el vespertino.
El director de ambos turnos, Mario Regalado Ríos, informó que hace falta un subdirector, los maestros de historia, inglés, geografía y otras materias, quienes se jubilaron, por lo que hay entre 156 y 180 horas de clases frente a grupo libres, que cubren de manera provisional los docentes de la secundaria. Además, denunció que la barda no está completa y por ello desconocidos han robado materiales, el acceso a la entrada de la escuela es un camino de terracería y no hay alumbrado público. También escasea el abastecimiento de agua.
Dijo que uno de los edificios de la escuela fue dañado por los sismos de septiembre pasado y por ello fue necesario alternar salones de clases, para unos 80 estudiantes. Según Regalado Ríos, las autoridades conocen cada una de las demandas pero no las atendieron y por ello los padres decidieron protestar.
A las 9:45 de la mañana, los padres desalojaron el edificio Juan N. Álvarez y cerraron el acceso; el director general de Gobernación, Arcenio Hernández Estrada, acudió a dialogar con los inconformes y convocó a representantes de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y el gobierno municipal, a una mesa de trabajo con una comisión.
En la reunión, las autoridades se comprometieron a resolver las demandas de la secundaria, mientras que el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) proporcionará salones provisionales y gestionará recursos, para reparar los daños de las instalaciones.

 

Mantendrán el paro en la primaria rural de Buena Vista en Zihuatanejo, anuncian padres

 

Padres de familia de la primaria rural Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la comunidad Buena Vista, municipio de Zihuatanejo, mantendrán cerrado el plantel hasta que llegue ahí el maestro que atenderá al grupo de cuarto grado, pese a que las autoridades educativas les informaron que ya hay un nombramiento y que a más tardar el miércoles 7 de marzo, el profesor estará en la escuela.
El viernes de la semana pasada, los padres de familia del cuarto grado, apoyados por el resto de los familiares, tomaron la decisión de cerrar la escuela porque desde el ciclo escolar pasado se jubiló un maestro y no ha sido repuesto, por lo que en el actual ciclo escolar, los 27 alumnos del cuarto grado no han tenido clases, pese a que el jefe de los Servicios Educativos de las escuelas rurales en Costa Grande, Gilberto Abarca Flores, conoce la situación.
Este lunes por la mañana, la escuela permanecía cerrada y los papás manifestaron que ninguna autoridad educativa los había atendido, por lo que aseveraron que no abrirían la escuela hasta que les dieran una solución.
Uno de los padres de familia, José Alonso Sánchez García, manifestó que además, en este ciclo escolar se jubilará otro maestro y que en el ciclo escolar pasado se retiró el profesor de educación física, y ya no regresó, “por lo que no sólo nos falta un maestro, nos faltan tres. Queremos que nos hagan caso, no que sólo nos vienen a ver cuando quieren nuestro voto, ahorita es cuando queremos que nos den soluciones”.
Agregó que además de la falta de maestros, la escuela tiene muchas carencias, principalmente en la cancha de usos múltiples, “todas las escuelas tienen su cancha techada, menos la nuestra. Hemos pedido a las autoridades del gobierno del estado que nos apoyen, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna contestación a los oficios que la directora ha ido a entregar personalmente hasta Chilpancingo. También tenemos salones que ya no se pueden ocupar, el comedor está en malas condiciones; tenemos una escuela muy abandonada por el gobierno”.
Otra de las madres de familia reprochó que la reforma educativa “nos la vendieron como algo que iba a ser muy bueno para nuestros hijos, que iban a tener educación de calidad y no vemos eso. Según, esta escuela es de Tiempo Completo, pero no hay maestros, la escuela se está cayendo y no vemos que el gobierno le invierta en la reconstrucción”.
Horas más tarde, los padres de familia informaron que el jefe de los Servicios Educativos de las escuelas rurales en Costa Grande, Gilberto Abarca Flores, se comunicó con ellos vía telefónica para darles a conocer que ya hay un nombramiento para que llegue ahí un maestro y que a más tardar estará mañana miércoles, por lo que les propuso que permitan a los demás maestros entrar a la escuela y regresen a dar clases, pero la postura general de los padres fue que no se abrirá el plantel “hasta que veamos al maestro en la puerta de la escuela, listo para entrar a atender a los niños de cuarto grado”.

 

Cierran padres una primaria en La Poza, Acapulco; exigen más dinero para reconstruirla

Padres de familia de la primaria Ignacio Zaragoza, del poblado La Poza, en Acapulco, cerraron la escuela para exigir que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) otorgue más recursos para su reconstrucción, luego de que fue dañada por el sismo del 19 de septiembre pasado.
Los inconformes señalaron que los 75 mil pesos que la dependencia estatal asignó son insuficientes para reconstruir un edificio que data de hace 60 años y que tiene daño estructural, según dictamen de Protección Civil.
Unos cien padres de familia, acompañados por sus hijos, señalaron que algunas columnas presentan fisuras y la barda está ladeada.
Por fuera se observó que las columnas están cuarteadas y gran parte de una barda resquebrajada.
Los padres colocaron una cadena en el portón de la entrada y pegaron carteles en los que se leía: “Queremos escuela nueva”, “Secretaría de Educación, danos una solución”, “exigimos solución, secretario José Luis González de la Vega Otero”.
La presidenta del comité de padres, Zuany Castro Vázquez, dijo que desde la emisión del dictamen de Protección Civil de inhabitabilidad del inmueble, las autoridades de educación sólo aprobaron 75 mil pesos. “Si algo les pasa a nuestros hijos, nadie de ellos se va a hacer responsable. Que el secretario atienda nuestra petición, porque el recurso que nos aprobaron es mínimo para lo que la escuela necesita”, reclamó.
Explicó que las dos partes que conforman la escuela son inhabitables, además que la barda también fue dañada con el sismo.
“Queremos que nos ayuden, porque esta escuela tiene más de 60 años y nos aprobaron 75 mil pesos para maquillarlo”, dijo.
Agregó que en esa primaria hay 350 alumnos en el turno matutino, y 150 en el vespertino.

Demandan alumnos del módulo del IIEPA en Atoyac que no trasladen los cursos en Acapulco

Alumnos del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), demandaron al rector Javier Saldaña Almazán que el módulo ubicado en Atoyac continúe, como ha sido desde hace nueve años.
Aseguraron que la pretensión de llevárselo del director Raúl Fernández Gómez es por venganza política, al ver disminuida su fuerza política, luego de las elecciones de consejeros en junio pasado.
En una visita a la Redacción de El Sur, una comisión de alumnos advirtió que dan 48 horas de plazo a las autoridades universitarias, para dar una solución o llevarán a cabo otras acciones.
El alumno Misael Mendoza Hernández dijo que no han tenido clases y la obra de construcción del edificio que les están construyendo por parte del Ayuntamiento se detuvo, pues se ha dicho que no harán algo para tenerlo como elefante blanco.
Mendoza Hernández manifestó que ya han agotado todo el diálogo para que el módulo de Atoyac del IIEPA no se cierre y el director lo traiga a Acapulco, pues ellos quieren que continúe en ese municipio, porque ya tiene nueve años y no cuentan con suficientes recursos para trasladarse al puerto para tomar clases.
Señaló que la intención del cierre es por cuestiones políticas del director Raúl Fernández, debido a la disminución política del grupo al que pertenece.
Afirmó que ya han hablado con el rector Javier Saldaña, con el secretario general, Alfredo Olea; con el coordinador de la Zona Sur, Efrén Arellano Cisneros, y no han visto una solución al problema; que ellos lo que piden al rector es que las clases se sigan impartiendo en Atoyac, como desde hace nueve años y no porque políticamente ya no le sirve al director, se lleve el módulo de Atoyac.
Agregó: “Podemos creer que se está cobrando una factura, porque siente que es un grupo que ya no tienen controlado y por eso prefiere traérselo a Acapulco”. El estudiante Misael Mendoza indicó que este miércoles se reunieron con el coordinador de la Zona Sur, Efrén Arellano, quien les comentó que “va a trasladar este problema al Consejo Universitario, a través del rector, para ver si de esta manera se le puede dar una salida”.
Añadió que los 45 alumnos de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública están desesperados, porque están perdiendo el semestre debido a que los maestros no van a darles clases y “nosotros no podemos acceder a cumplirle el capricho que tiene el director, de traernos nada más así, porque no le convenimos a sus intereses”.
Añadió Misael Mendoza que hasta la reunión con Arellano Cisneros se agotó el diálogo y exigen una salida urgente, “damos 48 horas para que resuelvan de manera favorable nuestras peticiones, y si no se da esa situación favorable, nos vamos a ir a tomar otras acciones más radicales, como los bloqueos. Casi tenemos el plan B”.
Indicó que han ido tres veces a Rectoría, donde en una de esas ocasiones los atendió el rector Javier Saldaña, pero “no nos dio una salida favorable, que les dijo que iba a negociar con el otro grupo, para ver qué salía y nos iba dar una respuesta en cinco días. Ha pasado un mes y no hay respuesta favorable”.
Lamentó que el rector esté dejando en el mando de la situación al director, “cuando él, como cabeza principal no ha puesto fin a está problemática y deja que decida el director Raúl Fernández”.
Señaló el alumno que hay preocupación por parte de los estudiantes porque la obra de lo que sería su nuevo edificio se encuentra parada, por lo que actualmente toman clases en las instalaciones de la preparatoria.

Pronto se decidirá el futuro del edificio inteligente, pero no será para el TSJ, anuncia el gobernador

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores visitó ayer las instalaciones del Centro de Atención Ciudadana, el edificio inteligente que se construye en Acapulco desde 2011, y dijo que está en análisis el uso final que se le dará al inmueble.
Informó que se encuentra en 96 por ciento de su construcción y se espera que en dos meses sea entregado a su gobierno.
El pasado 23 de diciembre, mediante su cuenta de Facebook, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, informó que el edificio inteligente de Acapulco se destinaría a las salas del nuevo sistema penal, pero ayer el gobernador señaló que ha escuchado opiniones sobre la “inoperatividad, inviabilidad e inadecuado” que sería llevar a esa zona el nuevo sistema de justicia penal, por lo que la decisión del uso final del inmueble no se ha definido.
“Hay una orientación de una decisión de que se reciba a las oficinas del nuevo sistema penal acusatorio, pero hemos recibido una serie de comentarios de buena fe, bien intencionados, de un grupo de profesionistas organizados en el Consejo de Desarrollo Urbano de Acapulco de la inoperatividad, inviabilidad o lo inadecuado que sería colocar en ese lugar, lo estamos valorando, vamos a tomar las decisiones en las próximas horas a efecto de hacer lo conducente; voy a conocer el edificio, no lo conozco y voy a tomar las decisiones de manera inmediata respecto de que vamos a hacer”, dijo el gobernador a reporteros después de la ceremonia de inauguración de la exhibición y reunión internacional de negocios de la industria ferroviaria.
Agregó que también está en análisis la conveniencia para el gobierno del estado del ahorro que significaría el dejar de pagar rentas, pues “se están pagando casi 20 millones de pesos de rentas en Acapulco, si nosotros ocupamos el edificio para lo que originalmente fue destinado nos vamos a ahorrar 20 millones de pesos en rentas, lo voy a valorar, estamos en eso”.
Astudillo Flores reiteró que no es todólogo y en su formación política siempre ha sabido escuchar para tomar las decisiones adecuadas.
Después de la visita el gobernador dijo que no tenía idea de las dimensiones del edificio, pues cuenta con espacios amplios, “es necesario encontrarle una utilidad pronto”.
Indicó que lo que le hace falta al edificio es definir su uso para acondicionar los espacios de acuerdo al fin que se le vaya a dar al inmueble.
Adelantó que revisará el convenio que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero firmó con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), mediante el cual se ofrecía un espacio del edificio inteligente para la instalación de un centro de estudios continuos.
En el recorrido acompañaron al gobernador el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Rafael Navarrete; el supervisor general de la obra, Jorge Madrigal García y Fernando Donoso Pérez, su asesor, y colaborador estrecho de Zeferino Torreblanca cuando fue gobernador y que dejó inconclusa la obra precisamente del edificio inteligente.
Al gobernador le explicaron que las ventanas del edificio cuentan con parasoles y doble vidrio para evitar que los rayos del sol incrementen el uso de energía eléctrica con aires acondicionados.
Lo que está pendiente es poner una reja en el perímetro del inmueble para delimitar el espacio, según le explicaron.
Mediante un video de 13 minutos se detallaron las especificaciones técnicas del edificio, llamado Centro de Atención Ciudadana; está construido en una superficie de 15 mil 500 metros cuadrados y tiene 4 niveles de 31 metros de altura; cuenta con 157 aisladores sísmicos que reducen la intensidad de un temblor en un 70 por ciento, cuenta con una cisterna para almacenar 7 mil metros cúbicos de agua, y dispone de 13 mil metros cuadrados de celdas solares para generar su propia electricidad.
Cuenta con 900 cajones de estacionamiento, plaza pública, auditorio, cafetería y módulos de atención.
En el video se planteó que se alberguen en el inmueble las oficinas de 37 dependencias del gobierno del estado.
En la breve visita de ayer se observó a una veintena de trabajadores realizando maniobras en el inmueble, guardias de seguridad privada, jardines deteriorados, en algunas zonas el césped está prácticamente seco, hay mangueras colgantes para suministrar agua a las partes altas del inmueble, hay una cisterna, hay cintas de plástico con letreros de precaución, y las baldosas en los pisos están cuarteadas y sucias.
El supervisor general de la obra, Jorge Madrigal, indicó que al edificio sólo le falta una subestación de electricidad y conectar todos los sistemas que tiene el inmueble para probarlos; además de colocar las divisiones entre las oficinas que deberán ser de aluminio, “no pueden ser de otra cosa”, y el mobiliario de las oficinas.
Estimó que será en dos meses cuando se podrá entregar la obra al gobierno del estado, y dijo que “está hecho para los ciudadanos acapulqueños”.

Una obra de cinco años y acusaciones de corrupción

El edificio se encuentra entre la Costera frente a la playa Hornos, y ocupa toda la cuadra que forma con la calle lateral de la Vía Rápida (Diego Hurtado de Mendoza) y Vasco Núñez de Balboa.
Actualmente en el edificio opera el Centro de Control, Comando y Cómputo (C-4).
El edificio inteligente de Acapulco fue anunciado el 31 de marzo de 2010 por el entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y fue presentado como un centro de gobierno que reuniría a las diferentes dependencias estatales que están dispersas en Acapulco en un solo lugar, porque el objetivo era mejorar la atención a la población y la integración de los servicios.
La obra fue anunciada con la promesa de que a su conclusión y puesta en operación generaría “un gran ahorro” para la administración estatal, porque las oficinas de gobierno dejarían de pagar renta y disminuirían drásticamente los costos por el consumo de agua y energía eléctrica.
Al concluir el gobierno de Zeferino Torreblanca en marzo de 2011, la obra quedó inconclusa y estuvo abandonada durante un año por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero (2011-2014); fue en 2012 cuando se continuaron los trabajos luego de que el inmueble fue señalado como “ejemplo de corrupción”, porque el predio donde fue edificado fue adquirido a un valor superior a su valor comercial; en la transacción participaron funcionarios zeferinistas.
La Contraloría General del estado inició una investigación de la que nunca se conocieron los resultados contra cinco ex funcionarios zeferinistas, el ex secretario de finanzas, Ricardo Cabrera Morín; el ex subsecretario de Finanzas y Administración, José Antonio Bajos Valverde; la ex directora general de Administración y Servicios Generales, Patricia Margarita Díaz Hernández; el ex director de Personal, Enrique Félix Narciso Pasta, y la ex coordinadora regional de Acapulco, Sandra Luz Flores Jiménez, porque se encontraron irregularidades financieras y físicas por un monto de mil 038 millones 674 mil 837 pesos.
El 8 de septiembre de 2012 el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero firmó un convenio general de colaboración con el IPN e informó que dos pisos del inmueble serían destinados a un centro de estudios continuos.
En diciembre 2013, el presidente municipal de Acapulco, Luis Walton Aburto, solicitó al entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero que cediera al ayuntamiento un piso del edificio inteligente para instalar las oficinas municipales que actualmente se encuentran en el inmueble de la ex zona militar, en la calle Hornitos.
El 27 de julio de 2015 el entonces gobernador Rogelio Ortega Martínez (2014-2015) anunció que el 15 de septiembre de ese año concluirían las obras del edificio inteligente; dijo que la obra tenía el 95 por ciento de avance y reiteró la idea de que se concentrarían en el inmueble las oficinas de gobierno que operan en Acapulco.