Etiqueta: Ejército

Decomisa el Ejército un narcolaboratorio de goma de amapola en Coyuca de Catalán

 

Militares del 34 Batallón de Infantería informaron que decomisaron un narcolaboratorio donde trabajaban goma de amapola, en la comunidad de Mesas de Pineda, en el municipio de Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente.
Se dio a conocer que los militares pusieron a disposición del Ministerio Público federal herramientas de cocina, bidones y la goma de amapola, que dijeron eran utilizados para la elaboración de heroína y sus derivados.
No se informó de ninguna detención, dijeron que el lugar se ubica en las afueras de la comunidad pero no detallaron más información, y fue localizada tras una denuncia anónima.
En lo que va del año, el Ejército ha reportado en esa misma localidad dos enfrentamientos, el decomiso de armas y vehículos.
Para llegar a Mesas de Pineda, se toma una una desviación de dos kilómetros, ubicada en el kilómetro 65 de la carretera federal Coyuca de Catalán-Zihuatanejo, en el pueblo hay varias rutas hacia la sierra, además se enlaza con varios pueblos de la parte alta con la carretera federal, y que colindan con estados del centro y costa del país.
En el 2005, el 40 Batallón de Infantería hizo uno de los decomisos más grandes de la región, 3 toneladas de mariguana que fueron incineradas en el lugar.
En el 2012, el mismo Batallón halló en Mesas de Pineda un laboratorio de drogas sintéticas, había más de 3 mil litros de heroína, entre otros líquidos y goma de amapola.

No puede haber ínsulas de no aplicación de la ley, dice Leyva Mena de la salida del Ejército

El alcalde de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena declaró que no puede haber ínsulas de no aplicación de la ley, “de no tránsito de la autoridad, porque eso se convertiría en impunidad”, en referencia a las exigencias de vecinos de Petaquillas para que salga el Ejército de su comunidad.
El alcalde aseguró que se ha mantenido atento al asunto, y ayer se reuniría con el comisario de Petaquillas, Mario Flores Castrejón, a quien le plantearía la posibilidad de permitir el libre tránsito de las corporaciones policíacas.
Este miércoles vecinos de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, transportistas y policías rurales se reunieron con el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Guerrero, Ramiro Ávila Morales, y con el subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, José Martín Maldonado, con quienes acordaron que la seguridad estaría en manos de la Policía Rural.
Esta reunión se dio tras las seis horas de bloqueo el martes, en la carretera federal México-Acapulco, al sur de Chilpancingo, como medida de presión de los manifestantes para exigir la salida de un campamento militar instalado frente a la entrada de petaquillas tras la irrupción de sicarios a la comunidad de Chacotla.
Consultado al concluir su participación en la entrega de reconocimientos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), en Palacio de Gobierno, el priista Leyva Mena señaló que tiene la misma información que el gobernador Héctor Astudillo Flores, “sobre de que de alguna manera esos grupos extraños están interesados en que no entre el Ejército”.
Agregó que la intervención del gobierno del estado en el conflicto es la reacción de una autoridad prudente y sensata, ya que, “si estiras mucho la liga, eso hubiera terminado obviamente en términos de enfrentamientos armados que no le convienen a nadie”.
Dijo que la acción de los gobernantes en este tipo de situaciones debe ser muy cuidadosa y ponderada en beneficio de la vida de sus habitantes.
Sobre la situación de inseguridad, reiteró que no es un problema nuevo y reafirmó que merece toda la atención de los tres órdenes de gobierno. “Por tratarse de estos grupos, le corresponde a la federación, para entrar en una ruta de estabilidad y buen gobierno”, señaló.
A pesar de que el alcalde no ha participado en la mesas de negociaciones con los habitantes de Petaquillas y el gobierno del estado, dijo que se avanza en un ruta de diálogo y razonamiento. “Yo entiendo que hay una población alarmada ante esta situación, y estamos en este momento coordinándonos con las autoridades para que no suceda un enfrentamiento”, comentó.
Aseguró que, a pesar de los hechos registrados en la comunidad, hay un riesgo controlado, ya que mientras haya diálogo, todo estará tranquilo para avanzar en la ruta de una solución a la petición de los pobladores.

Decomisan tres motocicletas y un auto robado en Iguala que tal vez se usaron en crímenes

Soldados del Ejército, agentes de la Policía Federal (PF), estatal y municipal decomisaron tres motocicletas y un carro con reportes de robo en distintos hechos, los cuales se cree que pueden estar relacionados con los recientes hechos de violencia ocurridos en la ciudad de Iguala.
Ayer al mediodía tras un reporte anónimo al número de emergencias 911, agentes de la Policía Municipal y estatal localizaron y confiscaron una motocicleta con reporte de robo afuera de las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 56 en la avenida del Estudiante, al oriente de la ciudad.
La motocicleta que antes era roja fue pintada de morado. Posteriormente y tras dar a conocer la información al director de la escuela, la motocicleta fue decomisada por los policías que la subieron a una patrulla de la Policía Estatal para posteriormente ponerla a disposición del Ministerio Público (MP). A pesar de la búsqueda de los policías no se ubicó al propietario de la motocicleta.
Se dio a conocer que según con las características de la motocicleta, ésta podría estar relacionada con los recientes hechos de violencia registrados en la ciudad.
Por separado, se dio a conocer que en operaciones entre el Ejército y la PF y tras una ola de robos de motocicletas a mano armada que se dio en las primeras semanas de enero, se logró la recuperación de otras dos motocicletas entre el lunes y martes.
En la calle Juan Escutia de la colonia El Capire, al sur de la ciudad, decomisaron una motocicleta Italika roja con negro modelo 2014 que fue robada con violencia el 2 de febrero y en esa misma colonia en la calle Javier Altamirano fue confiscada una motocicleta Italika blanca con negro modelo 2015 sin placas que fue robada el 13 de diciembre.
Y en otro hecho, soldados y policías estatales confiscaron en la comunidad de Tejocotes municipio de Pedro Ascencio de Alquisiras (Ixcapuzalco)  un Seat Ibiza amarillo modelo 2015 con placas de Guerrero, el cual estaba abandonado en una brecha.

En enero de 2017 hubo ocho asesinatos y ningún secuestro en Tierra Caliente, informa la Fiscalía

 

En el primer mes de 2017, en la región de Tierra Caliente ocurrieron ocho asesinatos en los municipios de Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán y Pungabarato, y en lo que va del año no se ha reportado secuestros, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
A la Fiscalía del Estado se le solicitó el número de casos de asesinatos en la región, y de acuerdo a su estadística en Tierra Caliente han ocurrido ocho asesinatos en enero de este año.
De las ocho víctimas, tres fueron asesinados cuando transitaban en un camino rural en la comunidad de las Mesas de Pineda, en la sierra del municipio de Coyuca de Catalán.
De acuerdo con los vecinos de la comunidad de Paso de Arena también en Coyuca de Catalán, la semana pasada fue sepultada otra persona que murió en el hospital de la localidad, luego de que fue herido en un enfrentamiento a balazos. La víctima es originaria de la comunidad de Arroyo Grande, pero no hay registro de este caso en la fiscalía.
En Ciudad Altamirano, cabecera municipal de Pungarabato, ocurrieron tres homicidios, uno de ellos cerca de las instalaciones del 34 Batallón de Infantería. Los otros dos asesinatos ocurrieron la semana pasada en la colonia Lomas del Valle, con seis horas de diferencia entre un hecho y otro, en la misma zona.
El 6 de enero, dos jóvenes vecinos de Ciudad Altamirano fueron hallados ejecutados en la comunidad de Riva Palacio, municipio de San Lucas del estado de Michoacán, a pesar de que fueron levantados en la cabecera municipal de Pungarabato, la fiscalía de Guerrero no los tiene registrados.
El sábado 21 de enero fue asesinado a balazos un hombre en la comunidad de Santa María Santa Fe, en la sierra de Ajuchitlán. Y el 7 de enero, fue hallado un hombre ejecutado a balazos en la comunidad de La Tinaja, municipio de San Miguel Totolapan.
En tanto, durante el mes de enero de 2017, no se ha reportado ningún secuestro en la región de Tierra Caliente de acuerdo con la FGE.
Informó que en la zona entre los municipios de Arcelia y San Miguel Totolapan en enero de 2016 registaron 29 secuestros y 3 asesinatos.
Los secuestros del año pasado son atribuidos al grupo delictivo de Los Tequileros, y en enero de 2017 no hay registro oficial de algún secuestro cometido por este grupo delincuencial.
En la región de Tierra Caliente no hay presencia de la Policía Federal desde el 5 de enero, pues fueron enviados a otras partes de la República, para contener protestas sociales debido al incremento en los precios de las gasolinas. Los policías estatales tienen que atender los nueve municipios de la región, que no alcanzan a dar seguridad por las largas distancias entre los municipios. Además grupos del Ejército sólo realizan recorridos esporádicos en toda la región, porque operan en zonas estratégicas.

 

Regresaron los sicarios a Chacotla, Mochitlán; vecinos piden ayuda para huir de la comunidad

En medio del temor que sufren debido a las amenazas que siguen de sicarios que la noche del lunes irrumpieron y se llevaron a siete personas (cinco hombres y dos mujeres, los primeros asesinados la mañana del miércoles), vecinos de Chacotla, municipio de Mochitlán, denunciaron que la noche del jueves los agresores regresaron y se llevaron a Esteban y Enedino Chino, padre y hermano de Álvaro, uno de los cinco asesinados.
Después de las 3 de la tarde de ayer familiares de Esteban y Enedino informaron que regresaron a la comunidad, pero no quisieron precisar si efectivamente fueron levantados o huyeron al notar la presencia de los delincuentes.
Ante el temor por el riesgo en el que se encuentran, familiares de las dos mujeres que fueron levantadas y liberadas minutos antes de que fueran asesinados los cinco jóvenes la mañana del miércoles, demandaron mediante los medios de comunicación la presencia de policías y del Ejército para que puedan abandonar la comunidad.
Las víctimas que fueron levantadas la noche del lunes y asesinadas la mañana del miércoles son los hermanos Gabriel e Ismael González Cabrera, Isaías y Juan Cabrera Peña (también hermanos) y Álvaro Chino Romero.
Vía telefónica los pobladores informaron que al mediodía del viernes la mayoría de los habitantes se mantenía encerrado en sus casas, luego de que la noche del jueves volvieron algunos de los hombres armados que irrumpieron el lunes y esta vez volvieron a entrar a algunas casas que nuevamente saquearon.
La mañana de este viernes los pobladores notaron la ausencia de Esteban Chino y de su hijo Enedino, el primero padre y el segundo hermano de Álvaro, uno de los jóvenes que fue asesinado el miércoles.
Denunciaron que levantados por los hombres armados pero después de las 3 de la tarde los familiares de los desaparecidos informaron que habían regresado y declararon que no se sabía si se los habían llevado o se escondieron en los cerros.
Mientras el terror se apodera de los habitantes de Chacotla, ayer no había llegado ninguna corporación policiaca ni el Ejército, que están pidiendo desde la noche del lunes cuando se llevaron a los cinco jóvenes y a las dos mujeres. Así como a otro más que pasaron a levantar a Mazatlán.
Uno de los vecinos mencionó que agentes de la Policía Estatal estuvieron en cinco patrullas algunas horas la tarde del miércoles después de que llegaron los cinco cuerpos, pero algunos se retiraron esa misma noche y el resto la mañana del jueves.
Los cinco cadáveres fueron sepultados sin presencia policiaca en el transcurso del jueves, a pesar de que los familiares denunciaron que seguían recibiendo amenazas vía teléfono celular.
La noche del jueves llegaron al pueblo unas ocho patrullas de la Policía Federal pero apenas estuvieron unas 3 horas y se retiraron. Después de su salida volvieron los sicarios y se metieron a algunas casas.
Algunos vecinos, sobre todo los familiares de las víctimas demandaron que los gobiernos federal y estatal les envíen policías y militares para que puedan abandonar su pueblo sin riesgo porque temen que regrese el grupo de sicarios a atacarlos.
Por su parte el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio volvió a rechazar que hayan participado policías ciudadanos del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la UPOEG, como insistieron los familiares de las víctimas en los funerales.
Informó que ha tenido reuniones con los comandantes de la Policía Ciudadana y que le han asegurado que ninguno de sus elementos participó.
Ante la insistencia de los familiares de los jóvenes levantados la noche del lunes y que fueron encontrados ejecutados la mañana del miércoles, pidió que presenten la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), “porque nosotros no vamos a solapar ni a tolerar a nadie, no es nuestro papel levantar ni asesinar gente, nuestro objetivo es brindarles seguridad”.

BREVES

Hallan el cadáver de un joven a la orilla del río Jale en Tlapa; se desconocen las causas de su muerte

Alrededor de las 7:30 de la mañana de ayer fue hallado el cuerpo de un vecino la colonia Santa Anita, Juan Erasmo Velázquez López de unos 25 años, a un costado del centro de Salud de la colonia Cuba, en los márgenes del río Jale, en Tlapa.
Las autoridades dijeron desconocer la causa de la muerte, porque no le encontraron lesiones visibles, y agentes del Ministerio Público lo trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para practicarle la necropsia.
El joven vestía playera con rayas negras y blancas, pantalón de mezclilla azul y tenis rojos.

Muere un albañil atropellado por un taxista que luego escapa en la colonia 5 de Mayo, en Tlapa

Alrededor de las 6 de la tarde del viernes el chofer del taxi número 57 del sitio Astudillo, arrolló al albañil Jorge Solano Carbajal de 40 años, quien viajaba en una motoneta en la colonia 5 de Mayo, en la carretera Tlapa Marquelia.
Horas más tarde, el albañil murió en el lugar ante la falta de atención médica.
El chofer iba acompañado de un copiloto, y tras el accidente ambos salieron huyendo del lugar, abandonando el carro en un terreno baldío.

Ejecutan a un na savi en la carretera cerca de Llano de Tepehuaje

En otros hechos, el miércoles fue asesinado el indígena na savi Rufino Galicia Castillo de 58 años, en la carretera Metlatónoc-Xochistlahuaca, cerca de la comunidad de Llano de Tepehuaje de donde era originario.
Su cuerpo fue hallado por sus familiares y llevado a su hogar, con heridas de arma de fuego en la cabeza. (Carmen González Benicio / Tlapa).

Hiere un joven de dos balazos al dueño de una juguería en Taxco

Un hombre atacó a balazos la mañana de ayer al propietario de una juguería ubicada cerca del tianguis de la plata, en la carretera federal México-Acapulco, en la avenida de los Plateros de la cabecera municipal de Taxco, al que lesiono de dos impactos en el tórax.
El ataque ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana de ayer, y comerciantes del lugar reportaron las detonaciones al número de emergencia 911, de acuerdo con la información que dieron a conocer fuentes policiacas de Seguridad Pública del estado.
Minutos después se confirmó que, adentro de la juguería Maricarmen estaba un hombre lesionado de dos balazos en el tórax, quien en el lugar fue identificado por un familiar como Mario Alejandro Bahena de 29 años, quien es propietario del establecimiento.
El comerciante fue trasladado en una ambulancia al Hospital General Adolfo Prieto, de la cabecera municipal de Taxco, donde hasta la tarde de ayer permanecía estable y en observación, según se dio a conocer.
Testigos informaron a las autoridades que hasta ese lugar llegó un joven de unos 25 años, de tez blanca, quien vestía un pantalón de mezclilla, una playera blanca y un chaleco negro, que ingresó al lugar como si fuera un cliente, pero repentinamente sacó una pistola y le disparó en dos ocasiones al propietario, a corta distancia, luego huyó sin que nadie intentara detenerlo.

Hay más indicios de que la PGR encubre a los responsables del caso Ayotzinapa: Centro Morelos

 

A 28 meses de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), denunció que cada vez hay más indicios de que la Procuraduría General de la República (PGR) oculta información para encubrir la corrupción del sistema y a los responsables de los homicidios de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes, ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Menciona la información que se publicó recientemente sobre una investigación del trasiego de droga en México, anterior a los ataques, que revela los niveles de corrupción de corporaciones policiacas y militares.
Insiste en que el Estado es responsable de la desaparición de los normalistas y que el caso de Iguala es de los más paradigmáticos, porque “el Estado no va a castigarse así mismo”.
Destaca la importancia de que el trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no sea obstaculizado como lo fue el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó en dos periodos de seis meses en las investigaciones con la PGR.
De los padres de los estudiantes advierte que, “la impunidad no ha dejado de cobijar a los responsables intelectuales y materiales, mientras que el paso de 28 meses y la incertidumbre de no conocer su paradero les ha ido dejando estragos en su salud”.
Aunado a los intentos criminalización de los estudiantes desaparecidos tratando de vincularlos con un grupo de la delincuencia organizada, la criminalización al movimiento de los padres con engaños, intentos de corromperlos y dividirlos, y amenazas telefónicas de muerte.
El organismo demanda el cumplimiento cabal a las recomendaciones del GIEI, que se investigue a los militares y se detenga el hostigamiento a los padres de familia.

La violencia en la capital es porque está sitiada por comunitarios y delincuentes, dice el alcalde

Ayer otra narcomanta fue hallada en esta ciudad, ahora en un puente peatonal frente al mercado central, antes de que el alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena hiciera un recorrido en el que dijo grupos de la delincuencia organizada y policías comunitarios tienen sitiado a Chilpancingo, lo que aseguró que es el motivo de la violencia en la capital.
Este jueves a las 7:30 de la mañana el alcalde convocó a un recorrido a los comerciantes fijos y ambulantes, quienes bloquearon el lunes la avenida Insurgentes para exigir la destitución del administrador de esta central de abasto, Daniel Bautista González.
El alcalde llegó a las 8 de la mañana, en ese momento policías municipales vieron la narcomanta en el puente del mercado, debajo de un anuncio del primer año de gobierno del priista Leyva Mena y ordenaron que la quitaran.
El texto era el mismo de que que apareció en miércoles en el paso a desnivel en el centro de la ciudad: “Ya no mates inocentes puto Isaac Navarrete Celis roba tráiler aquí estamos esta Plaza no te pertenece se los se los va a cargar (…) junto con Juan Guevara Rodríguez alias El jaliaco Rafael Medina Hurtado alias el gordo y también chóforo también tu perro, charro, Tita, conejo, chillón, pechan los tenemos ubicados putos mata niños topense con nosotros estamos por todos lados Att. los jefes”, se leía en la manta blanca con letras negras y rojas.
Antes de iniciar el recorrido se consultó a Leyva Mena, “yo no soy de la política de esconder lo que sucede en Chilpancingo, hay un repunte de la violencia muy fuerte, este tipo de grupos delincuenciales tiene un lineamiento de carácter federal y estatal, al municipio le corresponde trabajar en la prevención del delito”, expuso.
Se le preguntó si la manta era algún tipo de advertencia o amenaza a él y respondió que no sabe cuál sea la intención, que implicaría “desentrañar” la estrategia de la delincuencia organizada.
De la narcomanta Leyva Mena dijo que es un buen momento para preguntar a la Procuraduría General de la República (PGR), los avances en las investigaciones de la denuncia que interpuso debido a las amenazas que recibió de la delincuencia organizada.
Manifestó que el repunte de la violencia se debe a las batallas de los grupos delincuenciales, que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe de responder con operaciones con el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Ministerial y la Municipal.
“Hay que recordar que Chilpancingo está rodeado de un asunto de este tipo de organizaciones criminales, por el lado de Mochitlán hay un grupo muy conocido, por el lado de Tlacotepec (en la sierra) hay otro grupo conocido, por el lado de Leonardo Bravo (Chichihualco) otro grupo conocido, y luego por si fuera poco las policías comunitarias que también están. No es un asunto fácil de resolver”, afirmó el alcalde.
Aseguró que el municipio no ha sido rebasado porque los criminales usan el factor sorpresa. Consideró que este tipo de amenazas están latentes hacia la autoridad que deberá de responder con la debida aplicación de la ley.

Reclamos de comerciantes en el recorrido

Antes de iniciar el recorrido Marco Antonio Leyva Mena se tomó un café en la nave 4 del mercado, rodeado de sus guardaespaldas, se dirigió a los baños, ahí una comerciante le reclamó que los baños están en malas condiciones, que hace falta agua y casi siempre están sucios.
En el estacionamiento donde se encuentra el basurero había mucha basura y malos olores, y es ahí donde se hacen las cargas y descargas de alimentos.
El presidente municipal dijo que, “estoy sorprendido”, que se deben de colocar contenedores de basura para que no esté tirada en el suelo, mientras se busca un lugar más cercano para tirar los desechos.
No recorrió todo el mercado y acudió porque comerciantes del mercado que bloquearon la avenida le pidieron que acudiera al mercado para que conociera los problemas de la central de abasto. El recorrido fue programado el miércoles pero el presidente municipal los suspendió y se hizo ayer.

El relator de la ONU confirmó que las violaciones a los derechos no son aisladas, afirma el Centro Morelos

Las recomendaciones del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, confirman que esas violaciones en Guerrero no son casos aislados, y que el Ejército en las calles no es sinónimo de seguridad, denunció el Centro regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En un comunicado recriminó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se empeñe en decir que los delitos van a la baja, y que las operaciones militares serán la solución del problema.
Estimó que la visita del relator será de suma importancia porque refleja la violencia en cuanto a desapariciones forzadas y por particulares, homicidios dolosos, tortura e impunidad, porque llamó a la protección urgente de los defensores de derechos humanos.
Incluso, llamó “defensores emergentes” a quienes defienden los derechos humanos, incluidos periodistas, porque tienen una actividad de alto riesgo.
Ayer el Centro Morelos demandó que las recomendaciones del relator se tomen en cuenta, particularmente, a la hora de elaborar leyes, porque las que están sólo han servido para la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos.
Afirma que desde 2014 en Guerrero existe una crisis de seguridad reflejada en las “cifras alarmantes de desaparición forzada y por particulares, un sinfín de homicidios dolosos, torturas, impunidad y hallazgo de cientos de fosas clandestinas”.
Coincidió con el relator en que el mecanismo de seguridad para defensores debe ser accesible para las personas que corren mayor peligro, pero “no es aceptable que además de la criminalización y estigmatización, los defensores y defensoras tengan que ser hostigados, vigilados, recibir amenazas telefónicas, ser privados de la libertad, torturados e incluso asesinados”.
El organismo respalda las recomendaciones del relator especial de la ONU, dirigidas a “disminuir el riesgo al que todos los defensores del mundo se han enfrentado y que en muchos de los casos han terminado en una muerte impune”.
Concluye que este informe preliminar, confirma que las violaciones de derechos humanos en Guerrero no son un asunto aislado, “y no es un contexto de violencia de baja magnitud como lo ha manifestado en múltiples ocasiones el gobernador Héctor Astudillo, que la presencia del Ejército en las calles no es sinónimo de seguridad y que la Ley de Seguridad Interior no es la solución para acabar con la violencia”.

El uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad “levanta ciertas preocupaciones en materia de gobernanza democrática”, dijo el relator

En el informe de su visita del 16 al 24 de enero en México el relator Forst, se refirió a las discusiones en las cámaras de diputados y senadores sobre el cambio al artículo 29 de la Constitución y el proyecto de Ley de Seguridad Interna, por el que miembros del Congreso y organizaciones expresaron preocupación, incluyendo esa ley que normalizaría el uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.
En el informe difundido en Internet, reconoció los retos que implica la geografía del país, las ejecuciones, la tortura y las desapariciones forzadas, la compleja dinámica de los cárteles de la droga y la delincuencia organizada, pero añadió que el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad “levanta ciertas preocupaciones en materia de gobernanza democrática”.
Asimismo recomendó que las leyes y políticas cuya ambigüedad se ha utilizado para criminalizar a defensores de derechos humanos, sean revisadas en su objetivo y su implementación.
Consultado por el diario Reforma, Michel Forst opinó que el gobierno mexicano debe cambiar su narrativa sobre los defensores de derechos humanos, para contrarrestar el vilipendio y las campañas de difamación. Aclaró que los defensores no deben verse como enemigos del Estado, sino como agentes de cambio.
En la visita recorrió cinco estados de la República, entre ellos Guerrero, donde escuchó testimonios sobre la situación que viven los defensores, a familiares de personas desaparecidas en la entidad organizadas en colectivos, y a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.

Confirma la Profepa que la Conanp se fue de Guerrero; no hay quien aplique los programas

La delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Marisela Ruiz Massieu confirmó que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) desmanteló sus oficinas en Guerrero, por lo que no hay quien aplique los programas destinados a la conservación de dos Áreas Naturales Protegidas (ANP), un parque y un santuario.
Dijo que el Ejército mantendrá vigilancia en el Parque Nacional El Veladero de Acapulco, hasta que la Conanp restituya a los encargados de vigilar esa ANP, pues carece de un encargado desde el 2 de enero pasado, cuando el encargado y guarda del parque, Jorge Flores y Walfre Gaytán, fueron enviados a la regional en Cuernavaca.
“Estoy hablando con el comisionado nacional para explicarle la necesidad de que haya gente en El Veladero, pero que no retire al personal de la Conanp en el estado”, declaró a reporteros brevemente, al concluir la presentación de resultados de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), ayer en el salón Dolores Olmedo del Centro de Convenciones Acapulco.
Indicó que la Conanp se mantiene sólo en la Costa Chica, desde San Marcos hasta Chiapas, no obstante que “falta mucho por hacer. Estamos tratando de hacer cosas con la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional)”.
Se le preguntó si la Policía Ecológica de Guerrero tenía alguna participación en la vigilancia y respondió que, “son pocos en el estado. Hay un grupo Misión Ambiental de la Gendarmería; se ha capacitado a 147 y se debe capacitar a 500; sin embargo, no es suficiente para las necesidades en materia ambiental, sobre todo para los delitos más recurrentes”.
Del exhorto de la Profepa a los gobiernos de Acapulco y de Guerrero para el rescate y saneamiento de la laguna Negra de Puerto Marqués hace dos años, que tiene en custodia el gobierno estatal desde 1988, comentó que, “íbamos a tener una reunión, pero por la agenda de la secretaria (del Medio Ambiente de Guerrero, Semaren, Karen Castrejón Trujillo), se pospuso y espero que sea esta semana”.