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Exigen prepas populares de la UAG reparto de 5 millones del presupuesto según la matrícula

Integrantes del Frente Estatal de Preparatorias Populares, incorporadas a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), denunciaron que desde enero el gobierno estatal retiene 5 millones de pesos que corresponden al incremento del presupuesto anual de las escuelas y exigieron que se entreguen los recursos de acuerdo con la matrícula.
El frente aglutina a 800 maestros de 57 escuelas, que atienden a 6 mil 512 estudiantes.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) los integrantes de la organización, Milagros Lezama Ramírez, Flavio Rodríguez Rodríguez, Raymundo Paulo Vázquez y Blanca Estela Martínez Ocampo, acompañados de otros directivos, informaron que en diciembre pasado el gobernador Héctor Astudillo Flores; el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Arturo Salgado Urióstegui, y el asesor César Flores Maldonado, se comprometieron a entregar el incremento presupuestal de acuerdo con la matrícula de las escuelas y éste debió pagarse en enero de este año, pero a la fecha los recursos no se han liberado.
Las 94 preparatorias populares están dividas en el Frente Estatal y el Comité Ejecutivo General, y según los directivos, de los 5 millones de pesos de incremento presupuestal, el 56 por ciento le corresponde a la primera organización y 44 por ciento a la segunda, pero las autoridades informaron que hace falta llegar a un acuerdo interno para que se liberen los recursos, según Lezama Ramírez.
Paulo Vázquez especuló que las autoridades tienen un acuerdo con Emiliano Carreto Moreno, dirigente del comité, y pretenden repartir los 5 millones de pesos en partes iguales, lo que significa que no respetarán las necesidades de las escuelas con mayor número de estudiantes.
Martínez Ocampo señaló que es necesario que las autoridades liberen los recursos antes de octubre de este año, para que se puedan beneficiar los maestros, los estudiantes y los padres de familia, ya que estos pagan una cooperación mensual, que varía según la región del estado donde se ubique la escuela.
Precisaron que el presupuesto anual de las preparatorias era de 30 millones de pesos, a los que se sumaron los 5 millones autorizados por las autoridades en diciembre pasado, por lo que exigieron su pronta liberación.
Rodríguez Rodríguez informó que este jueves los integrantes del frente protestarán en la capital, como hizo el comité el 6 de junio pasado, para que las autoridades cumplan con el pago correspondiente y aseguró que de ninguna manera aceptarán que el incremento se divida a la mitad, pues su organización cuenta con mayor número de matrícula y por ello velará por los intereses de los estudiantes, maestros y padres de familia. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

Se reúnen normalistas con el fiscal; que se desechen las averiguaciones por la toma de oficinas, piden

Miembros del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), tuvieron un encuentro privado con el fiscal del Estado, Jorge Zuriel de los Santos, para continuar las negociaciones y que la dependencia se desista de las averiguaciones previas por las tomas de oficinas públicas.
Ayer una comisión de 10 estudiantes asistió al encuentro en la Secretaría Particular del Gobernador, en el Palacio de Gobierno, para también abordar el tema de las becas.
Al salir detallaron que este encuentro privado se realizó en el edificio del gobierno del estado porque fueron citados por el propio fiscal, a quien le expusieron que continúa el hostigamiento por parte de los funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en contra de los líderes estudiantiles.
“La averiguación que teníamos habían dicho que iba a ser federal ahora, y ya no estatal, así que eso andamos viendo y también lo de la detención de un compañero por la misma razón”, agregó.
Comentó que al principio se estaban organizando para realizar una movilización, como medida de presión para que se agilizara el encuentro y la atención a la solicitud presentada desde la semana pasada.
Dijo que el fiscal los atendió, en dicho edificio del gobierno del estado, en donde les propuso que cualquier cosa que les llegara a suceder, como que los detuvieran, le llamaran directamente. “La carpeta ya se iba a eliminar, para que no hubiera problema con nosotros y no pasara a mayores”, agregó.
Sobre su compañero detenido, dijo que fue liberado el domingo por la tarde en Acapulco. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

 

Desconocen trabajadores de Ayotzinapa al director; lo acusan de poner en riesgo a la institución

La delegación de la sección 14, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que aglutina a trabajadores administrativos y maestros, desconoció al director Víctor Gerardo Díaz porque considera que sus acciones ponen en riesgo el equilibrio de la institución.
Los integrantes de la delegación sindical se reunieron en la Normal Rural de Ayotzinapa y en declaraciones el secretario general, José García Mora, dijo que la situación de la institución es complicada y no abundó en las acciones de Gerardo Díaz, sólo dijo que el director “está oficializando muchas anomalías” como faltas de respeto y prepotencia, “nosotros no queremos ser partícipes de estas situaciones, de malos manejos de recursos”.
Informó que el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón reconoce a Gerardo Díaz y “si los muchachos están en ese tono, adelante, lo respetamos no vamos a entrar en conflicto con los jóvenes. Aquí una persona está llevando a cabo todo eso, los jóvenes por naturaleza son inquietos, rebeldes, pero sí quisiéramos que la dirección cuide el equilibrio entre la situación académica y laboral, el compañero (el director) no lo está haciendo” y por eso la delegación sindical notificó a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) su decisión de desconocerlo.
Añadió que la delegación sindical también informaría de manera formal de su postura al Comité Estudiantil, así como un acta que se levantó con las firmas de unos 120 trabajadores administrativos y maestros de la institución, que estuvieron de acuerdo en desconocer a Gerardo Díaz, misma que se presentó ante el gobierno estatal.
Recalcó que con esto no están en contra de los estudiantes, por el contrario, los llamó a que “se incorporen a la cuestión académica”, debido a que según los últimos resultados de la evaluación de Ingreso al Servicio Profesional Docente, la Normal Rural de Ayotzinapa está en último lugar, cuando hace 12 años estaba en primer lugar.
Por último, García Mora dijo que la delegación sindical respeta la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas desparecidos, pero es necesario que se refuerce la vida académica en la institución y dijo que la próxima semana el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero, recibirá a una comisión para resolver sus demandas. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

Tienen denuncias penales 11 normalistas por toma de oficina; piden que intervenga el gobernador

Estudiantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) y maestros idóneos de Educación Física, pidieron la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores, ante la apertura de 11 averiguaciones previas por denuncias presentadas contra el mismo número de normalistas.
En conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), los estudiantes responsabilizaron al director general de Operaciones de Servicios de Educación Media Superior y Superior, Edwin Morales, de las denuncias.
La estudiante Virginia Salinas recordó que en diciembre las oficinas del funcionario fueron tomadas de manera pacífica, luego de que quiso imponer a un director en la Escuela Normal Centenaria del Estado.
Mientras, Francisco Javier Cabrera narró que se enteraron de las denuncias hace dos semanas, cuando fueron a la Fiscalía Regional en Acapulco, a tramitar cartas de antecedentes no penales, y por ello les negaron el documento.
El normalista Emanuel Zamora Ferrer indicó que los denunciados pertenecen a los comités de las normales Viguri Viguri, Rafael Ramírez, la Centenaria del Estado y la Escuela Superior de Educación Física, sin embargo, algunos de los inculpados no participaron en las actividades de protesta.
El dirigente de los estudiantes idóneos de Educación Física, Isaí Torres, dijo que estas denuncias les afectan porque al no contar con la carta de antecedentes penales no pueden pedir o participar en algún concurso para obtener un trabajo.
Los normalistas solicitaron la intervención del gobernador y lamentaron que en un estado lleno de violencia se intente criminalizar a los estudiantes, que consideraron como un acto de autodestrucción social. (Jacob Morales / Chilpancingo).

 

Hay 500 menores desamparados por la violencia en la región de Chilapa, calcula el coordinador de Siempre Vivos

En Chilapa nadie está exento de sufrir una desgracia, porque hay una total impunidad, afirmó el coordinador del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro.
Calculó que en la región hay mínimo 500 niños desamparados, desde primaria a nivel medio superior, como consecuencia de los homicidios o desapariciones de sus padres.
José Díaz acudió a Chilapa este lunes y martes, bajo resguardo de cuatro patrullas de la Policía Federal. Durante su estancia, organizó junto con integrantes del colectivo las actividades para recordar la desaparición de 14 personas, la mayoría jóvenes, del 9 al 14 de mayo de 2015.
Consultado el lunes por la mañana, informó que los próximos días 8 y 9 de mayo se realizará un foro nacional, donde está confirmada la participación del primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez.
Se prepara, dijo, una ponencia sobre la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.
Del 10 al 14 de mayo organizarán una búsqueda de campo, en lugares donde tienen indicios de que existen fosas clandestinas.
También se dará a conocer un diagnóstico general, a tres años de la creación del colectivo.
A pregunta sobre la situación de los niños desamparados por la violencia, respondió que hace más de un año tenían un registro de 110, pero que no se le ha dado seguimiento por la movilidad de los familiares de las víctimas.
En la actualidad, calculó, habrá en Chilapa, Zitlala y municipios colindantes, unos 500 menores desamparados, la mayoría estudiando desde la primaria a nivel medio superior.
Consultado sobre el homicidio de dos policías municipales, cuyos cuerpos fueron hallados este lunes por la tarde, el profesor José Díaz lamentó que en un mes hayan ocurrido cuatro casos de asesinatos contra preventivos y lo achacó a la impunidad.
“Nadie está exento de lo que le pueda pasar porque no hay investigación, sanción ni justicia. Hay una total impunidad”.
Dijo que desde la creación de Siempre Vivos han buscado la justicia, conocer la verdad de los distintos casos y la reparación del daño, sin lograrlo.

 

Toman padres y estudiantes de Ayotzinapa la caseta en Huitzuco por la presentación de los 43

Unos 70 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa y padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace tres años y medio en Iguala, tomaron ayer más de 3 horas la caseta de peaje de Paso Morelos de la Autopista del Sol, en el municipio de Huitzuco, para exigir la presentación con vida de los jóvenes.
Fuentes de la Policía Federal informaron que a las 10:45 de la mañana de ayer padres de los desaparecidos y normalistas, algunos de ellos cubiertos de la cara con playeras, tomaron el control de la caseta, levantaron las plumas de metal y permitieron el paso a los automovilistas a quienes les pedían una cooperación y les repartían volantes informativos.
En la protesta encabezada por el representante, el vocero de los padres, Melitón Ortega y Felipe de la Cruz y algunas de las madres se mostraron carteles con las fotografías de sus hijos desaparecidos en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
En el volante entregado a los automovilistas titulado “La verdad histórica sacada a punta de tortura”, se menciona el informe de la ONU-DH que señala las violaciones a los derechos humanos en las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Se indica que de las 129 personas detenidas por este caso, la ONU-DH obtuvo información de 63 de los cuales sólo en 12 no hay evidencia de tortura, en 51 hay elementos de convicción sobre la existencia de tortura y en 34 personas hay “fuertes elementos” de convicción sobre la existencia de tortura.
El documento señala que “es el método ordinario que utilizan todas las corporaciones policiacas, militares y de la Marina para investigar y auto inculpar a las personas que tienen ilegalmente retenidas en las comandancias o lugares clandestinos”.
Según las fuentes consultadas la protesta de los padres y normalistas, que demandan la presentación con vida de los 43 desaparecidos y la investigación a las cuatro líneas de investigación sugeridas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), estuvieron poco más de 3 horas, y cerca de las 2:15 de la tarde se retiraron del lugar a bordo de un autobús de la línea Ada y una camioneta Pick Up con dirección a Chilpancingo, sin ningún incidente con los policías federales que se mantuvieron en el lugar.

 

Marchan padres de los 43 en la Cdmx a 42 meses de los ataques en Iguala para exigir su presentación

Este lunes se cumplieron 42 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y alrededor de mil activistas acompañaron a los familiares en una marcha en esta ciudad. Además, en la mañana de ayer un contingente de padres tomó las casetas de la autopista México-Cuernavaca, desde las 10 hasta las 2 de la tarde y permitieron el libre paso de los automovilistas en ambos sentidos del camino. El contingente partió 15 minutos antes de las 5 de la tarde del Ángel de la Independencia y cruzó el Paseo de la Reforma, se vio a alumnos de Ayotzinapa, estudiantes de la Normal Femenil de Amilcingo, Morelos, integrantes de la sección 10 y 11 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la capital del país, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Frente Popular Francisco Villa (FPFV) y ciudadanos sin organización. Al llegar al antimonumento que es un número 43 en la esquina de Reforma y Bucareli, Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega Valerio, invitó a los familiares a que se colocaran al frente del antimonumento para el pase de lista de sus hijos ausentes y exigir su presentación con vida. Pasadas la 6 de la tarde se reanudó la marcha hacia el Hemiciclo a Benito Juárez. En el camino estudiantes de Ayotzinapa tomaron el micrófono para demandar, una vez más, que la Procuraduría General de la República (PGR) retome las cuatro líneas de investigación que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que incluyen la indagación y detención de policías federales y municipales de Huitzuco, la investigación de las líneas de teléfonos celulares de los jóvenes, la participación de soldados del 27 Batallón de Infantería y el posible trasiego de drogas de Iguala hacia Chicago, Estados Unidos. En el Hemiciclo Melitón Ortega mencionó que estas son fechas vacacionales, donde las familias se reúnen, “muchos esperan la visita de sus seres queridos, nosotros no perdemos la esperanza de volver a ver a nuestros hijos”. Mencionó a Minerva Bello, madre del estudiante Everardo Rodríguez Bello, quien falleció en febrero de este año a consecuencia del cáncer. “Ella murió sin saber qué pasó con su hijo. Nosotros no descansaremos hasta saber la verdad de lo que ocurrió esa noche”. Hilda Hernández, madre de César Manuel González Hernández apenas podía contener las lágrimas. Sosteniendo una fotografía de su hijo impresa sobre una lona habló sobre el reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), donde se reporta que 34 detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados para obtener sus declaraciones. “No sabemos si ellos son culpables o no pero fueron torturados para obtener declaraciones que sostuvieran la mentira histórica que la Procuraduría se empecina en defender”, dijo. Hilda Hernández externó su preocupación de que con la cercanía del proceso electoral se pretenda dar carpetazo a la investigación: “les importan más las elecciones, les importa más la porquería que va a llegar a gobernarnos”. Solidaridad con desaparecidos en Jalisco En el transcurso de la marcha, madres, padres y demás asistentes al mitin repudiaron la desaparición en Jalisco de los estudiantes de cine Javier Salomón, Daniel Díaz y Marcos Ávalos, así como la desaparición y posterior confirmación de la muerte del estudiante de medicina César Ulises Arellano Camacho. “Condenamos los hechos en Jalisco, así como condenamos la violación de los derechos humanos de la juventud”, declaró Melitón Ortega.

Reportan vecinos a alumnos de la Prepa 33 bebiendo whisky afuera de la escuela

Estudiantes de la Preparatoria 33, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), ubicada en el barrio de San Mateo, fueron sorprendidos por vecinos ingiriendo bebidas alcohólicas afuera de las instalaciones de la escuela.
Este hecho fue reportado a los elementos de seguridad y al lugar llegaron policías del estado. De acuerdo con el subdirector administrativo, Horacio Hernández de Jesús, en total hubo seis estudiantes que eran acompañados por otros dos jóvenes, que no eran de la escuela, quienes bebían en la calle Cerrada de Septiembre.
El subdirector administrativo, así como otro maestro, acudieron a ver qué estaba pasando en la calle, luego de ser alertados de que los estudiantes estaban rodeados por policías.
Una vez que platicaron con los maestros y ante la presencia de reporteros, los policías accedieron a que los estudiantes ingresaran a la escuela. En declaraciones, Hernández de Jesús informó que los seis estudiantes, hombres y mujeres, son de primer año y que ya se había informado del caso a sus papás.
En el lugar donde estaban bebiendo alcohol los estudiantes, quedaron tiradas botellas de whisky y vasos, al parecer con agua de horchata, mezclada con el alcohol. Cuando los estudiantes se retiraron del lugar, recriminaron la presencia de los reporteros con mentadas de madre.
El maestro indicó que el caso sería expuesto en la sesión del Consejo Universitario este día, pero que también el departamento psicopedagógico de la escuela tomaría acciones. Durante la cobertura, los policías del estado impidieron el libre trabajo periodístico. (Jacob Morales Antonio / Chilpancingo).

 

Informa la ONU-DH que 34 detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados

 

El Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos en la Investigación del caso Ayotzinapa de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), registra que de los 129 imputados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al menos 34 fueron torturados.
Para este informe se examinaron 63 de los 129 expedientes judiciales de los acusados y lo que se encontró fue que en 51 de los casos había malos tratos y en 34 hubo pruebas de tortura, informó ayer en conferencia de prensa el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab.
Entre los elementos de convicción, Jarab enunció los exámenes médicos de la Procuraduría General de la República (PGR) a los procesados, en los cuales se certifica la compatibilidad de las lesiones que presentaban los detenidos con actos de tortura. También la declaración de los procesados ante jueces o ministerios públicos, donde se detallan golpes, asfixia con bolsas, toques eléctricos, ahogamiento con agua, amenazas de muerte en contra de sus familiares y violencia sexual.
Estas acciones fueron efectuadas por agentes de la PGR, la Policía Federal y en algunos casos de la Secretaría de Marina.
El informe incluye el caso de Manuel Alejandro Blas Patiño, detenido el 24 de octubre de 2014 quien falleció a causa de la tortura infligida por soldados de la Marina.
Se menciona que cuando Tomás Zerón de Lucio fue titular de la Agencia de Investigación Criminal, el 28 de octubre de 2014 hubo una diligencia que no fue documentada, en la que uno de los inculpados del caso, Agustín García Reyes, El Chéjere, fue sustraído sin la presencia de su defensor y sin que existiera un registro de este hecho, para ser trasladado al río San Juan en Cocula. Ante este hecho, el alto comisionado estableció que cuenta con elementos de convicción para considerar que fue detenido y torturado antes de la diligencia.
Además Zerón de Lucio aseguró que personal del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y de la ONU-DH estuvieron en el lugar, pero eso fue desmentido por ambas organizaciones.
En este análisis también se tomaron en cuenta los partes informativos sobre las demoras de hasta 17 horas que se presentaron entre la detención y la puesta a disposición en el Ministerio Público del imputado.
Asimismo, se documentaron las heridas que presentaban los detenidos. Para justificar ambas situaciones las autoridades dieron explicaciones “no plausibles”.
De las demoras se argumentó que hubo fallas de vehículos de transporte o manifestaciones en las calles. En cuanto a las heridas se dijo que eran consecuencia de riñas anteriores a la detención.
Se revisaron las declaraciones ministeriales de 19 detenidos en las que se confiesan culpables de crímenes como asociación ilícita y delitos contra la salud. En estos casos personal de la ONU-DH pudo confirmar que no tuvieron una defensa adecuada y conocían de manera vaga los delitos de los que se les acusaba.
Jarab reconoció que si bien hubo un esfuerzo de la Visitaduría General de la PGR para investigar la responsabilidad legal de algunos funcionarios en actos de tortura durante la gestión de César Chávez, esta labor se vio truncada cuando fue reemplazado en 2016.
Agregó que en ninguno de los casos de tortura se le imputó responsabilidad alguna a agentes de los ministerios públicos ni a policías, por lo cual permanecen impunes.

La tortura, pilar de una doble injusticia

Jan Jarab insistió en la necesidad de invalidar las pruebas periciales obtenidas bajo tortura y denunció que representan una doble injusticia: la violación del debido proceso, por un lado, y la falta de garantías para el acceso a la verdad.
La exclusión de este tipo de pruebas, puntualizó, no significa un riesgo de que los procesados salgan libres, siempre y cuando se cuente con más elementos de prueba.
“No se resuelve una grave violación a los derechos humanos con otra violación”, afirmó.
Este informe no contribuye a que los procesados sean liberados, insistó Jarab, sino que apela a la búsqueda de la verdad y la justicia, el rechazo a cualquier tipo de tortura y a impulsar la transición de la PGR hacia una fiscalía que verdaderamente cumpla con su deber de manera independiente y transparente, expuso.
“La decisión de liberar a los procesados no es nuestra. Apelamos a que el poder Judicial evalúe esta información. Nosotros instamos a que se respete el proceso penal y el Estado de derecho”.
El informe incluye 15 recomendaciones para el Estado mexicano, la PGR, el poder Judicial y el Legislativo. Además de no usar pruebas obtenidas mediante tortura, el alto comisionado se pronunció porque los legisladores garanticen la existencia de una fiscalía independiente y que se impulse un programa nacional para la prevención y sanción de la tortura.