Familiares de Irene Gallardo Luna, de 66 años de edad, amigos y vecinos de la comunidad de Buenavista, municipio de Tecoanapa, de donde es originario, bloquearon durante más de cuatro horas la tarde de este martes, la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, para exigir a las autoridades su localización.
El campesino desapareció el domingo pasado, después de que salió de su casa en su automóvil Nissan Tsuru color verde, informaron sus familiares durante la protesta, que difundieron mediante videos que subieron a Facebook.
El bloqueo lo instalaron a la salida de Buenavista, en donde exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que agilice las acciones de su búsqueda.
En una cuerda, que atravesaron de lado a lado de la carretera, colocaron pancartas con exigencias, además, exigieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la presidenta municipal Carmen Iliana Castillo Ávila su intervención para la localización de su familiar.
Se dijeron molestos, porque a tres días de su desaparición no saben nada de él y las autoridades no han investigado su paradero.
Uno de los hijos del desaparecido explicó que decidieron bloquear la carretera, “porque nuestra desesperación es muy grande, ya son 48 horas sin saber nada de él”. Pidió disculpas a los afectados por elbloqueo.
Demandó la presencia de alguna autoridad estatal o municipal, para que asuman el compromiso de intensificar la búsqueda de su padre.
Asimismo, mediante publicaciones en Facebook, ofrecieron una gratificación a quien les dé informes del paradero de Irene Gallardo, quien cuando salió de su casa el domingo vestía una playera gris con rayas rojas y pantalón de mezclilla claro.
“Se gratificará a quien dé razón de su paradero (inbox), su nombre: Irene Gallardo Luna, originario de Buenavista de Allende, municipio de Tecoanapa. Maneja un Tsuru color verde”, publicaron sus familiares.
El bloqueo inició a las 3 de la tarde y se retiró a las 7 de la noche, pero advirtieron que este miércoles van a volver a bloquear si aún no intervienen las autoridades para localizarlo.
El caso del aseinato del preiodista Nelson Matus Peña fue tocado en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE), ya abrió una carpeta de investigación y dijo que “se agotarán” todos los móviles posibles.
“Tenemos en este periodo el homicidio de un periodista, Nelson Matus Peña, sucedió el día 15 de junio. Él fue fundador del portal de noticias digital Lo Real de Guerrero. Fue agredido con arma de fuego por dos personas en un estacionamiento, en una tienda en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Acapulco, Guerrero. Ya la Fiscalía del estado inició la carpeta y las investigaciones referentes a este caso”, dijo Rodríguez Bucio.
Como parte del informe Cero Impunidad, del presidente López Obrador, en su exposición el subsecretario informó que la FGE catalogó al delito como homicidio calificado con arma de fuego.
“La FGE Guerrero inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado con arma de fuego y agotará todas las líneas de investigación correspondientes”, dijo Rodríguez Bucio.
Desde el pasado 15 de julio, la FGE informó que inició la investigación por el homicidio de Nelson Matus, ocurrido ese mismo día, tras recibir disparos por parte de dos personas en el estacionamiento de la tienda Coppel en una plaza comercial de colonia Zapata.
“Agentes de la Policía Investigadora Ministerial y personal de los servicios periciales, acudieron al lugar de los hechos, para realizar los actos de investigación que permitan esclarecer los hechos”, puntualizó la Fiscalía. (Juan Luis Altamirano Uruñuela).
Después de seis años del feminicidio de Isabel Roque Cortés, el 7 de marzo de 2017 en la comunidad me’phaa La Taberna, anexo de Tlacotepec municipio de Malinaltepec, el agresor fue sentenciado a 50 años de prisión, a pagar una multa de 750 UMA, equivalente a 56 mil 617 pesos, y una indemnización de 381 mil 979 pesos por el daño.
En un boletín la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que un juez de Enjuiciamiento Penal declaró la responsabilidad penal del acusado Joviniano “N”, cometido en agravio de Isabel Roque por los hechos ocurridos en el municipio de Malinaltepec.
Añadió que la Unidad de Investigación Especializada en el delito de Feminicidio aportó los datos de prueba necesarios para obtener la sentencia 50 años de prisión, así como el pago de una multa y el correspondiente a la reparación del daño, con la cual refrenda su compromiso para el acceso a la justicia y el combate a la impunidad.
El 17 de marzo de 2017, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolla, denunció el asesinato de Isabel Roque Cortés, madre de familia de 35 años de edad, asesinada por su pareja, Juviniano Galindo. (Redacción / Chilpancingo)
La Comisión Política del PRD en Guerrero, integrada por las dirigencias del partido y de las corrientes internas, coincidió en que las investigaciones contra alcaldes y una diputada son una estrategia para distraer de la difusión del video en el que se exhibió a la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández Martínez, por lo que demandó que la Fiscalía General del Estado (FGE) concluya la investigación e informe de los resultados.
En declaraciones telefónicas, al presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE), Alberto Catalán Bastida, se le preguntó por la reunión de la Comisión Política realizada el miércoles, y señaló que en este encuentro coincidieron en que “el tema de la seguridad ha vulnerado la esfera política en el estado y esto se da a raíz de los videos que se filtraron de la presidenta municipal” y la amenaza filtrada de investigación que recibieron los alcaldes y diputados de la Tierra Caliente y Norte.
En este último caso, dijo que a pesar de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se reunió con ellos, y conoce su situación, “hasta el momento no hay algún avance en la posición en la que ellos se encuentran, y lo que se nos hizo muy raro fue este documento que llegó al Congreso del Estado”.
Insistió en que se trata de “una estrategia mediática, de desviar el tema que se ha generado en torno a la presidenta municipal de Chilpancingo”, y pidió que se realice una “investigación seria”.
En ese mismo sentido, Catalán Bastida señaló que en la reunión plantearon que “el PRD no mete las manos al fuego por nadie. Creo que es importante poder diferenciar las esferas de competencia que tenemos nosotros, como dirigentes de partidos, y lo que hacen los presidentes municipales, diputadas y diputados”. Apuntó que sus representantes populares están a favor de ser investigados.
En la reunión también se planteó que conforme se acerca el inicio del proceso electoral, “estas situaciones se empezarán a intensificar. Se empiezan a calentar los ánimos en varios aspectos”.
Recordaron que no cuentan con “un esquema” o mapa de riesgo de seguridad para el proceso electoral venidero.
En declaraciones telefónicas, el secretario de Agendas de Derechos Humanos y de Diversidad Sexual de la dirigencia nacional perredista, Ricardo Ríos Barrientos, confirmó que en este encuentro hablaron de la inseguridad en el estado y la capital, así como de las investigaciones que realiza la fiscalía contra alcaldes y una diputada de este partido.
“Estamos en la espera de que la fiscalía avance en esos temas. Lo único que planteamos es que tiene que ser un tema de responsabilidad institucional, creo que tenemos que pensar todos en el tema de la paz en Guerrero y aportar como perredistas”.
Sin embargo, recordó que la responsabilidad es de los gobiernos estatal y los municipales “es sumamente importante, más allá del partido político”. Dijo que no pretenden “incrementar el fuego, sino tratar de ir mitigando, pero sí en la exigencia de la responsabilidad de las autoridades estatales y federales”.
Ricardo Ríos comentó que en esta reunión se planteó que la investigación no debe ser cargada en “asuntos políticos electorales, pues ya esos pronunciamientos se han hecho en la cámara, por parte de diputados de Morena. Pues no se vuelvan hacer, cuando no haya pruebas suficientes para señalar y denostar a nuestros compañeros”.
Reiteró que se vive una “situación difícil en el estado” y que los pronunciamientos de representantes de partidos y funcionarios “deben ser con mayor responsabilidad”.
Un juez vinculó a proceso al agresor del perro callejero Stich, que murió luego de ser golpeado en la colonia Lomas del Poniente en Chilpancingo, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Mediante un comunicado la dependencia indicó que ligó a proceso judicial a Francisco “N” por el delito de maltrato animal por los hechos ocurridos a principios de mayo dentro de la panadería Don Pancho.
La audiencia se celebró ayer, donde se presentaron “datos y elementos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, los cuales fueron analizados por el juez, quien declaró el auto de vinculación a proceso, decretando al imputado la medida cautelar de presentación cada 15 días y la prohibición de salir del país”.
Según versiones de los vecinos de la colonia Lomas del Poniente, Stitch era un perro en situación de calle, que el pasado 5 de mayo ingresó a la panadería en busca de alimento y se comió un pan.
La reacción de los dueños fue encerrarlo en su domicilio donde le propinaron una golpiza que causó su muerte.
Luego de la agresión al canino, algunos capitalinos realizaron manifestaciones en las calles y a través de las redes sociales para exigir justicia por el asesinato de Stitch. (Lenin Ocampo Torres / Chilpancingo).
La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, informó que este lunes, el órgano electoral recibió un requerimiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la entrega de constancias de mayoría de autoridades electas, pero se negó a proporcional más datos o nombres que involucren la petición.
Consultada durante la presentación de la convocatoria para los Encuentros Regionales de Participación Ciudadana de la Juventud Guerrerense, que serán en formato virtual, de donde saldrán 46 participantes del Parlamento Juvenil 2023, en el Congreso local, confirmó que el organismo es el responsable de emitir copias certificadas de las constancias de mayoría de las candidaturas electas.
Cuando se le recordó que esta solicitud fue presentada antes al Congreso del Estado, pero no fue atendida y habría sido redireccionada al IEPC, confirmó que llegó a través de la Secretaría Técnica.
Desde el 7 de julio, la FGE solicitó al Congreso local copias certificadas de las actas y documentales que acrediten, como servidores públicos, a siete alcaldes, un síndico y una diputada local, de diferentes partidos, implicados en dos investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Graves.
Detalló que en el documento se detalla que en una investigación está implicada la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández y Andrei Marmolejo.
En otro caso, los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea, y de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, en la Tierra Caliente; así como la diputada Elzy Camacho Pineda, electa por el del distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán.
Reporteros le preguntaron si los aspirantes a candidaturas, ahora autoridades electas, no presentaron constancias de no antecedentes penales, y Matildes Gama aclaró que el órgano electoral no tiene las atribuciones para exigir este requisito.
Sobre el presupuesto complementario, de 70 millones de pesos que solicitó el IEPC para el arranque del proceso electoral, el 8 septiembre, dijo que hay avances con el gobierno estatal; sin embargo, aún no tienen los recursos.
Adelantó que el Consejo General aprobará un acuerdo para aplazar lo más que puedan la instalación de los consejos distritales, y evitar el pago de rentas de inmuebles y nóminas, mientras reciben el financiamiento extraordinario.
Sobre la operación del Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP), que hará el propio IEPC, aseguró que esta vez no va a fallar. Agregó que ella también se va a incorporar a la comisión especial de organización del programa.
Dijo que con ahorros en mobiliario y el software que utilizaron en la elección pasada, el PREP tendrá un costo de alrededor de 17 millones de pesos.
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, definieron como una estrategia mediática las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de alcaldes de esos partidos en las regiones Tierra Caliente y Norte.
Bravo Abarca dijo que “es una gran coincidencia” que al tiempo que muchas voces solicitan la licencia de la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, meses después del bloqueo en Tierra Caliente aparecen esas carpetas de investigación, “en verdad, se me hace una coincidencia insólita”.
Pero aclaró que hay una gran diferencia con la alcaldesa de Chil-pancingo, porque aquí sí hay señalamientos directos en videos, fotografías y cartulinas, y eso sí obliga a una investigación.
“Tenemos la claridad de que son asuntos totalmente diferentes. Entendemos, sin conocer el sentido de las carpetas, que las investigaciones a los alcaldes derivan de la protesta que hicieron para demandar más infraestructura en la Tierra Caliente, inversión en materia de salud y de educación, ya que en el presupuesto de este año, la región Tierra Caliente es la que tiene menor inversión”, dijo.
Bravo Abarca, declaró que, en cambio, en el caso de la alcaldesa de Chilpancingo son muchas las voces que han pedido que pida licencia, en lo que se define y concluye la investigación, derivado de “todos los acontecimientos que se viven en el municipio”.
Dijo que hay homicidios prácticamente a diario, como los del mando policiaco estatal, ex funcionarios municipales y transportistas, a causa de la “ingobernabilidad que se está viviendo en Chilpancingo”.
Dijo que el propio secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, invitó a la alcaldesa a que reflexione para tomar la decisión de pedir licencia al cargo, lo mismo que el dirigente de su partido, Morena.
El líder priista informó que los diputados de su partido discuten internamente el asunto de proponer al Congreso local un juicio de procedencia en contra de la alcaldesa y, en cuanto tomen una decisión, lo harán saber a los medios de comunicación.
Por su parte, el dirigente del PRD, Catalán Bastida, declaró que ve esa investigación en contra de los alcaldes del PRD y del PRI como una estrategia para despresurizar el tema que se está viviendo con el video de la presidente municipal Norma Otilia Hernández.
“Que los investiguen, nosotros no podemos emitir una opinión más allá de la política, porque es un tema que les compete a las instancias investigadoras, en este caso, las fiscalías del estado y de la República”.
Dijo que no sabe en qué sentido está la solicitud al Congreso del Estado, “porque creo que no era la instancia correspondiente, no sé si se trate de una estrategia, pero no era necesario. Con que hubiera salido la fiscal a decirlo y no enviando un documento en esos términos, porque no es de su competencia”.
Agregó que entiende que ya hay una respuesta “muy explícita” por parte de la diputada Yoloczin Domínguez, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
“Por nuestra parte, estamos de acuerdo con que se agoten las líneas de investigación y que sea la FGR y la del estado las que determinen la situación en que se encuentran estas personas que están investigando”.
Con respecto a la negativa de la alcaldesa de Chilpancingo a solicitar licencia al cargo, el dirigente perredista opinó que es conveniente que la pida, para evitar que siga utilizando los recursos públicos en una campaña para limpiar su imagen y comprar consciencias.
“Más allá de la investigación que ya realiza, lo ideal sería que solicite licencia al cargo”. Recordó que el secretario de Gobierno y el dirigente de Morena, se lo han recomendado y “la presidente tendría que valorar la separación”.
Declaró que en su partido están valorando si presentan una denuncia formal contra la alcaldesa, para que se le inicie un juicio de procedencia, luego de que ya la FGE solicitó información al Congreso local.
Informó que este miércoles tendrán una reunión con la Comisión Política, en donde están los diputados locales, el coordinador y el vicecoordinador de la bancada, “podremos platicar respecto a si se puede abrir un procesamiento, en el cual las y los diputados también pudieran estar solicitando el juicio político”.
Declaró que la postura que ha fijado la presidente municipal, respecto a su negativa a solicitar licencia, no es lo mejor para Chilpancingo.
Añadió que el gobierno estatal también tendría que pensar en hacer algunos cambios en el gabinete de seguridad, “toda vez que no tenemos ninguna estrategia para contener la violencia, ni avances en las investigaciones”.
Recordó que recientemente, en Acapulco fue asesinado un periodista y han estado sucediendo hechos de violencia en las regiones Norte y Tierra Caliente, “no pasa un día en que no sepamos de acciones de violencia que cobren la vida de personas”.
“Esto habla de la descomposición social que estamos viviendo en Guerrero y el problema de la violencia ha ido en aumento”.
Hay tranquilidad en Guerrero, dice Ludwig; insiste en que Norma Otilia solicite licencia
Es importante que la FGE esté investigando cómo se están desempeñando algunos presidentes municipales de Tierra Caliente, afirma el secretario general de Gobierno
Jacob Morales Antonio
El secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, responde a preguntas de reporteros ayer en el parque de La Reina Foto: El Sur
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que “hay tranquilidad y la tranquilidad genera gobernabilidad” en Chilpancingo y Guerrero, e insistió en que la alcaldesa de la capital debe analizar si solicita licencia.
En declaraciones al término del banderazo del programa de seguridad para las vacaciones de verano, dijo que es importante que la Fiscalía General del Estado (FGE) esté realizando una investigación general de cómo se están desempeñando algunos presidentes municipales de Tierra Caliente.
“Ha habido señalamientos en algún otro momento, sobre algunos presidentes municipales, y me parece importante que la Fiscalía pueda ahondar en este tema”, dijo en alusión a la solicitud que hizo la FGE al Congreso de información sobre los ediles de Chilpancingo, Acapetla-huaya, Cutzamala, Coyuca de Catalán, Tlalchapa, Tlapehuala y Ajuchitlán, así como de la diputada del PRD, Elzy Camacho Pineda..
El funcionario dijo que no sabía de la investigación, porque la FGE es un órgano autónomo y afirmó que no se trata de una represalia del gobierno estatal contra los alcaldes, que encabezaron bloqueos en Tierra Caliente, para pedir la salida de la Policía Ministerial.
“No sabemos qué delito específico están investigando”, dijo y agregó que los alcaldes señaladosno se han comunicado con él.
Hay tranquilidad y gobernabilidad
En este mismo contexto, el secretario dijo que la última vez que dialogó con la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, fue hace 10 días.
Y sobre si debe separarse del cargo respondió: “Yo lo he dicho, es un tema que ella tiene que reflexionar”, no es una sugerencia ni un exhorto, pero “las autoridades debemos de generar certidumbre en la sociedad. Sobre todo en temas relacionados en la seguridad, que son los que más duelen a la gente”.
Reynoso Núñez indicó que ha escuchado las declaraciones que ha dado la edil a los reporteros, “creo que tiene el derecho también ella, de explicar lo que sucedió, y obviamente tiene el derecho a defenderse. Hay que recordar que hay una presunción de inocencia, siempre, en el sistema jurídico mexicano”.
–¿Hay gobernabilidad? –preguntó un reportero.
–Hay tranquilidad, y la tranquilidad genera gobernabilidad. Yo creo que en la gobernabilidad participamos todos, la ciudadanía, los partidos, el gobierno, todos las construimos. En eso estamos trabajando.
Un reportero refirió que el periódico El País señaló que el grupo delictivo obligó a las autoridades a dialogar al entrar en Chilpancingo, pero el secretario general afirmó: “Hay que ser muy claros, nosotros hemos propuesto un diálogo con las comunidades, con los comisarios, y se hizo en esos términos, y lo vamos a seguir haciendo. Es nuestro deber atender a todos los ciudadanos”.
Recordó que a los comisarios se les dijo en el encuentro que hubo excesos en la manifestación. “El gobierno, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no tiene ni pactos ni acuerdos, ni va a haber negociaciones con grupos criminales”, recalcó.
Respecto al porqué el gobierno federal no actúa contra estos grupos, a pesar de que ya los tiene identificados, dijo que eso corresponde a la federación atenderlo, aunque aceptó que “todo el tema de seguridad es un esfuerzo conjunto, donde participa federación, estados, municipios, cada quien en su ámbito de responsabilidad. No es un tema sencillo, no es un tema de ir por alguien en algún momento. Tiene que hacerse de manera muy minuciosa de manera muy cuidada, para evitar que haya daños colaterales o que pudieran surgir conflictos de otra naturaleza”.
Luego, otro reportero preguntó si las instituciones han perdido el respeto de la delincuencia, “no yo creo que ha habido, en algún otro momento, algún tipo de convivencia. Pero nosotros hemos separado muy bien con mucha claridad el ejercicio del gobierno de cualquier expresión delictiva”.
Se ha dado de baja a policías que consumen drogas
El secretario dijo que la FGE realiza una investigación por la desaparición y los policías estatales que han sido asesinados en Chilpancingo, como el jefe del Grupo Jaguar, Jonathan Zambrano, el sábado.
Afirmó que la Secretaría de Seguridad Pública ha sido muy cuidadosa respecto a los señalamientos que hizo el policía desaparecido, Óscar César Bautista Flores, en un video donde evidenció la venta y consumo de drogas en la corporación, señalando que se han hecho exámenes sorpresivos a los agentes.
Dijo que “ha habido policías separados también de sus funciones” por consumo de drogas, pero no supo precisar el número, aunque dijo que cada tres o seis meses se aplican los exámenes antidoping.
Casos de Matus y Ulises Nava
El secretario general dijo que en la mesa de seguridad se informó que hay varias líneas de investigación por el asesinato del director del portal Lo Real de Guerrero, Nelson Matus, ocurridos el sábado en la colonia Zapata, de Acapulco, pero que la Fiscalía deberá de informar.
“Nosotros deseamos que ya no haya más muertes de periodistas. Creemos que son atentados contra la libertad de expresión, nosotros la respetamos y la seguiremos respetando”, expresó.
Además, lamentó el asesinato del jefe del Departamento de Diversidad Sexual de la Universidad Autónoma de Guerrero, Ulises Nava, ocurrido el sábado, y afirmó que la violencia nunca se va a justificar en cualquiera de sus formas.
Dijo que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha estado atenta al tema, “vamos a solicitar a las autoridades de Aguascalientes que nos informen sobre los avances de esta investigación”.
Una estrategia mediática, la investigación de la FGE sobre alcaldes, afirman PRI y PRD
“Se me hace una coincidencia insólita” que cuando muchas voces piden la licencia de la alcaldesa de Chilpancingo, aparecen esas carpetas de investigación, dice el dirigente estatal priista, Alejandro Bravo
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, definieron como una estrategia mediática las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de alcaldes de esos partidos en las regiones Tierra Caliente y Norte.
Bravo Abarca dijo que “es una gran coincidencia” que al tiempo que muchas voces solicitan la licencia de la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, meses después del bloqueo en Tierra Caliente aparecen esas carpetas de investigación, “en verdad, se me hace una coincidencia insólita”.
Pero aclaró que hay una gran diferencia con la alcaldesa de Chil-pancingo, porque aquí sí hay señalamientos directos en videos, fotografías y cartulinas, y eso sí obliga a una investigación.
“Tenemos la claridad de que son asuntos totalmente diferentes. Entendemos, sin conocer el sentido de las carpetas, que las investigaciones a los alcaldes derivan de la protesta que hicieron para demandar más infraestructura en la Tierra Caliente, inversión en materia de salud y de educación, ya que en el presupuesto de este año, la región Tierra Caliente es la que tiene menor inversión”, dijo.
Bravo Abarca, declaró que, en cambio, en el caso de la alcaldesa de Chilpancingo son muchas las voces que han pedido que pida licencia, en lo que se define y concluye la investigación, derivado de “todos los acontecimientos que se viven en el municipio”.
Dijo que hay homicidios prácticamente a diario, como los del mando policiaco estatal, ex funcionarios municipales y transportistas, a causa de la “ingobernabilidad que se está viviendo en Chilpancingo”.
Dijo que el propio secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, invitó a la alcaldesa a que reflexione para tomar la decisión de pedir licencia al cargo, lo mismo que el dirigente de su partido, Morena.
El líder priista informó que los diputados de su partido discuten internamente el asunto de proponer al Congreso local un juicio de procedencia en contra de la alcaldesa y, en cuanto tomen una decisión, lo harán saber a los medios de comunicación.
Por su parte, el dirigente del PRD, Catalán Bastida, declaró que ve esa investigación en contra de los alcaldes del PRD y del PRI como una estrategia para despresurizar el tema que se está viviendo con el video de la presidente municipal Norma Otilia Hernández.
“Que los investiguen, nosotros no podemos emitir una opinión más allá de la política, porque es un tema que les compete a las instancias investigadoras, en este caso, las fiscalías del estado y de la República”.
Dijo que no sabe en qué sentido está la solicitud al Congreso del Estado, “porque creo que no era la instancia correspondiente, no sé si se trate de una estrategia, pero no era necesario. Con que hubiera salido la fiscal a decirlo y no enviando un documento en esos términos, porque no es de su competencia”.
Agregó que entiende que ya hay una respuesta “muy explícita” por parte de la diputada Yoloczin Domínguez, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
“Por nuestra parte, estamos de acuerdo con que se agoten las líneas de investigación y que sea la FGR y la del estado las que determinen la situación en que se encuentran estas personas que están investigando”.
Con respecto a la negativa de la alcaldesa de Chilpancingo a solicitar licencia al cargo, el dirigente perredista opinó que es conveniente que la pida, para evitar que siga utilizando los recursos públicos en una campaña para limpiar su imagen y comprar consciencias.
“Más allá de la investigación que ya realiza, lo ideal sería que solicite licencia al cargo”. Recordó que el secretario de Gobierno y el dirigente de Morena, se lo han recomendado y “la presidente tendría que valorar la separación”.
Declaró que en su partido están valorando si presentan una denuncia formal contra la alcaldesa, para que se le inicie un juicio de procedencia, luego de que ya la FGE solicitó información al Congreso local.
Informó que este miércoles tendrán una reunión con la Comisión Política, en donde están los diputados locales, el coordinador y el vicecoordinador de la bancada, “podremos platicar respecto a si se puede abrir un procesamiento, en el cual las y los diputados también pudieran estar solicitando el juicio político”.
Declaró que la postura que ha fijado la presidente municipal, respecto a su negativa a solicitar licencia, no es lo mejor para Chilpancingo.
Añadió que el gobierno estatal también tendría que pensar en hacer algunos cambios en el gabinete de seguridad, “toda vez que no tenemos ninguna estrategia para contener la violencia, ni avances en las investigaciones”.
Recordó que recientemente, en Acapulco fue asesinado un periodista y han estado sucediendo hechos de violencia en las regiones Norte y Tierra Caliente, “no pasa un día en que no sepamos de acciones de violencia que cobren la vida de personas”.
“Esto habla de la descomposición social que estamos viviendo en Guerrero y el problema de la violencia ha ido en aumento”.
El diputado del PRI, Héctor Apreza Patrón, informó que el Congreso del Estado ya respondió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la presidente de la Mesa Directiva, Yanelly Hernández Martínez, a las solicitudes de información sobre las actas de protesta o, en su caso, las constancias que acrediten como servidores públicos, por un lado, a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, y por otro, a siete alcaldes y una diputada local.
La respuesta de la presidente de la mesa, como representante del poder Legislativo, fue que el Congreso local no es la instancia responsable de emitir copia certificada de estos documentos, como los requirió la dependencia estatal.
En consulta telefónica, indicó que el martes de la semana pasada supieron, en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que un representante de la FGE, el fiscal especializado en la Investigación de Delitos Graves, Germán Reyes Reyes, solicitó el 7 de julio, a la representante legal del Congreso local, copias certificadas de las constancias de mayoría de la alcaldesa y síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle.
Con otro oficio, de la misma fecha, pidió copias certificadas de las constancias de mayoría de los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Alvarez; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea, y de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, en la Tierra Caliente; así como de la diputada Elzy Camacho Pineda, electa por el del distrito 17, con cabecera en Coyuca de Catalán.
En esa reunión, indicó que la presidente de la mesa les informó que la respuesta que dio a la FGE fue que el Congreso no es la instancia responsable de emitir o salvaguardar las constancias de mayoría, ni las actas de toma protesta, que son un asunto de cada Ayuntamiento.
Es decir, la FGE solicitó información que el Congreso local no es responsable de emitir, que la instancia responsable es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), precisó.
Sobre las causas penales en que están implicadas autoridades municipales y una diputada local, respondió que es respetuoso de las atribuciones legales de la FGE, y no va a opinar ahora, porque no tiene información acerca del tipo de investigación que se realiza, más que el oficio que se conoció este lunes en los medios.
Consideró que le toca a la FGE explicar qué hay detrás de cada procedimiento. Al insistirle sobre algún trasfondo político, aclaró que no niega ni afirma nada, porque “nosotros estamos ante la nada jurídica. No sabemos más”.
El Congreso debe entregar información a la FGE
Consultado por separado, el coordinador de la bancada del PRD, Raymundo García Gutiérrez, coincidió en que la FGE está cumpliendo su papel al requerir información de autoridades que fueron electas, aunque la constancia de mayoría y de representación popular las emite el IEPC cuando concluye el proceso electoral, la cual es pública.
“Ya después de que emite la constancia de mayoría, es cuando el Congreso local aprueba permisos o licencias a las autoridades electas”, aclaró.
Sin embargo, recordó que ya después, el IEPC remite al Congreso del Estado la información sobre quiénes son las personas electas y que tienen su constancia de mayoría. “Hay un comunicado al respecto, y en ese sentido, tienen seguimiento los permisos que autoriza”.
Opinó que el Congreso local sí podría informar de estas documentales a la Fiscalía.
De las investigaciones que involucran a autoridades municipales del PRI, PRD y Morena, señaló que en Guerrero existe una situación crítica, que no es la primera vez que las investigaciones involucran a autoridades. “Ha sido una constante. Los ciudadanos ya no queremos que se repitan acciones, que finalmente representan un retroceso” y llamó a todas las autoridades a “establecer el orden”.
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena, Jacinto González Varona, aseguró que la filtración de las solicitudes que hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) al Congreso local, sobre las constancias y documentales que acrediten como servidores públicos a siete alcaldes y una diputada local, implicados en investigaciones sobre delitos graves, pusieron en riesgo el debido proceso y a los involucrados.
En consulta telefónica, el también diputado local opinó que los procedimientos penales deben “ir bien”, porque la dependencia no avisa de lo que hace hasta la ejecución de las acciones. Sin embargo, la filtración pudo poner en alerta a los actores, por la difusión de los nombres.
Consideró que debe haber una investigación interna, para determinar cómo trascendieron los datos y con qué fin.
“Para el esclarecimiento de hechos en la investigación”, la fiscalía solicitó copias certificadas de las constancias o documentales que acrediten que son servidores públicos los alcaldes de Acapetlahuaya, César Ortiz Torres; de Cutzamala, Mayté Torres Berrum; de Coyuca de
Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Guicochea; de Ajuchitlán, Víctor Hugo Vega Hernández, y la diputada Elzy Camacho Pineda. En otro oficio, se piden los documentos que acrediten como servidores públicos a la alcaldesa y el síndico de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez y Andrei Marmolejo Valle, respectivamente.
González Varona señaló: “La Fiscalía está haciendo su trabajo, sólo que en el Congreso debieron cuidar mucho la secrecía de la información, pues se viola el debido proceso. La Mesa directiva, incluso, debe investigar quién filtró ese documento. No es ético, pone en riesgo los resultados y a los propios que están investigando”.
Consideró que las autoridades competentes tendrán que “buscar proteger todo el proceso, para que no se venga abajo, y el Congreso debería fincar responsabilidades a quien haya hecho la filtración”.
El PAN pide a la FGE que investigue sin simulación
Por separado, el presidente del CDE del PAN, Eloy Salmerón Díaz, exigió a la FGE que aplique la ley en los hechos investigados, que involucran a autoridades municipales.
Añadió que los gobiernos de Morena, desde la federación, se caracterizan por la simulación, pasando por alto incluso la Constitución.
Por ello, insistió en pedir a la FGE que esclarezca todos los actos que se presumen como delitos, que les den puntual seguimiento y se aclaren los hechos.
“Especialmente en la capital del estado, que hacen referencia a la alcaldesa y síndico, que no sea una simulación de este gobierno”, dijo y enfatizó sobre la mención a la autoridades en una cartulina dejada junto a siete cuerpos.
Sobre las dos averiguaciones previas en curso contra autoridades municipales y una diputada, reconoció que la dependencia está apegada al procedimiento de desafuero, pero el camino más fácil para la alcaldesa de Chilpancingo es que pida licencia, para que no haya trabas en la investigación.
“Ella dice que lo ha planteado (separarse del cargo) ante la Fiscalía General de la República y la del estado. Si tiene la voluntad de ser sometida a la investigación, sin trabas en el procedimiento, que lo haga”, insistió.
Con duda, añadió que deben esperar los resultados de las investigaciones para determinar hasta donde está decidida a llegar la Fiscalía para averiguar el involucramiento de autoridades con grupos de la delincuencia.
“Exigimos que se investigue de manera puntual, que se esclarezcan los hechos. No pueden enviar ese mensaje, de que lo que acontece en Chilpancingo es la normalidad. En los cargos de elección, debe haber ciudadanía responsable, honesta, comprometida con la comunidad y una conducta transparente”.
Si son vistos con gente coludida con la delincuencia, no pueden darle cuentas a la sociedad, enfatizó.
