Jubilados y pensionados de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal volvieron a bloquear ayer la entrada principal del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado y la lateral norte a sur del encauzamiento del río Huacapa para exigir el pago de sus pensiones que les adeudan desde octubre.
Peritos, Ministerios Públicos, agentes ministeriales de la FGE, así como custodios y policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal protestaron el jueves de la semana pasada y en una reunión con funcionarios de la Secretaría de Finanzas les prometieron que la tarde de ese día o en el transcurso del viernes recibirían el pago de la pensión, sin embargo les mintieron.
Ayer, una de las trabajadoras de la FGE, Osevelyn García denunció que estuvieron esperando hasta la tarde del viernes pero que no se hizo el depósito a la Caja de Previsión Social, a través de la cual les “dispersan” los recursos.
Debido a ello desde las 11 de la mañana de ayer unos 70 jubilados y pensionados volvieron a cerrar la entrada principal del Recinto del Ejecutivo y la lateral de norte a sur del encauzamiento del río Huacapa.
Osevelyn informó que a unos 700 u 800 de los más de dos mil 500 jubilados y pensionados de la FGE y de la Secretaría de Seguridad Pública no les han pagado la pensión de octubre “y ya está terminando noviembre y aún no nos dicen cuándo nos van a pagar”.
Consideró que es injusto porque las pensiones que reciben son de 3 a 5 mil pesos mensuales “y no les alcanza para salir el mes, mucho menos ahora que ya va para dos meses”.
Informó que el retraso en el pago de sus pensiones comenzó a partir de la actual administración estatal.
La protesta se levantó después de las dos de la tarde cuando nuevamente les dijeron que entre ayer y hoy miércoles les harían el depósito, pero advirtieron que este miércoles volverán a protestar si los vuelven a engañar.
Jubilados y pensionados de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado bloquearon el acceso principal del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo y la lateral del encauzamiento del río Huacapa de norte a sur, para exigir el pago de sus pensiones Foto: Jessica Torres Barrera
Jubilados y pensionados de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado bloquearon este jueves durante dos horas el acceso principal del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo y la lateral del encauzamiento del río Huacapa de norte a sur, en demanda del pago de pensiones.
Denunciaron que de unos 2 mil 500 jubilados y pensionados, entre ellos peritos, agentes del Ministerio Público, custodios y policías de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a unos 700 no les han pagado el mes de octubre.
Una de las jubiladas, dijo que a través de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado envían el dinero a la Caja de Previsión Social y es la que les paga.
Añadió que les han dicho que del gobierno del estado no les han transferido los recursos y que no hay para pagarles sus pensiones.
Ayer, a las 11 de la mañana llegaron unos 50 jubilados y pensionados que no han recibido el pago y bloquearon la entrada principal del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, media hora después entró una comisión a dialogar con funcionarios de la Sefina; sin embargo, como no fueron recibidos de inmediato los que se quedaron afuera bloquearon a las 11:50 de la mañana la lateral del río Huacapa.
La protesta terminó a la una de la tarde cuando funcionarios de la Sefina informaron a los integrantes de la comisión encabezada por Anastasio Hernández Nava, que entre ayer por la tarde y este viernes por la mañana recibirían sus pensiones.(Zacarías Cervantes / Chilpancingo)
Empleados de la CFE trabajando en la calle Almirante Peary, en Costa Azul, donde un árbol tumbó la barda de una casa Foto: El Sur
Juan Altamirano Uruñuela
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó que hay 361 planteles educativos se encuentran con daños tras el impacto del huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez.
Como parte del informe del día 18, para la recuperación y atención a la población afectada por Otis, la secretaría indica que ya visitaron 232 planteles educativos y en 155 ya se realizó la verificación, mismos que están en proceso de apoyo.
Por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), se mantiene un registro de 48 personas que perdieron la vida y 30 que se encuentran como no localizadas. El gobierno estatal, en coordinación con el gobierno municipal de Acapulco, informaron de la reapertura de 11 tiendas de autoservicio de las cadenas Soriana, Grupo Walmart y Chedraui, así como 11 sucursales bancarias, con todos los servicios y 21 cajeros automáticos.
De igual forma, indican que 72.61 kilómetros se encuentran limpios, además de la recolección de 17 mil 919 toneladas de residuos por parte del estado y 24 mil 226 por el municipio.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantiene 10 mil elementos desplegados, en tanto que la Guardia Nacional cuenta con 6 mil 500 para distintas tareas, como la repartición de víveres y el apoyo en labores de seguridad y patrullajes.
Han entregado 335 mil 558 despensas, un millón 952 mil 415 litros de agua, 17 mil 272 canastas básicas y 3 mil 568 enseres domésticos. En el centro de acopio de Mundo Imperial hay 23 mil 349 despensas, 111 mil 254 litros de agua y 2 mil 948 enseres listos para su distribución.
Mediante cinco cocinas y 13 comedores comunitarios se han servido 522 mil 341 raciones de comida y entregado 89 mil 998 kilogramos por medio de ocho máquinas tortilladoras, además de 18 millones 421 mil litros de agua repartidos.
Y realizó 7 mil 285 consultas médicas, 15 evacuaciones por aire y nueve por tierra, así como 4 mil 184 personas evacuadas por aerolíneas comerciales.
Sedena tiene en operación 11 plantas de energía eléctrica, 21 unidades de maquinaria pesada para remoción de lodo y escombro, 141 motosierras y 128 operaciones aéreas.
La Secretaría de Marina cuenta con 8 mil 377 elementos desplegados y 21 comandos dedicados a la entrega de despensas y canastas básicas. Recuperaron 71 embarcaciones y 297 ya localizadas, además de tener en operación dos buques multipropósito, dos patrullas oceánicas, dos dragas, cuatro embarcaciones defender, tres embarcaciones menores, cuatro motos acuáticas y un remolcador.
La dependencia indica que ya repartió un total 129 mil 724 despensas, 669 mil 12 litros de agua y 19 mil 152 canastas básicas, entregadas en 37 colonias y 63 poblados, y con siete cocinas móviles han brindado 53 mil 821 raciones de comida.
En total han generado 3 mil 12 atenciones médicas, 3 mil 926 curaciones y procedimientos menores, 42 cirugías, 68 hospitalizaciones, 253 de hemodiálisis y 25 traslados terrestres.
Los buques de la Marina brindaron a vehículos oficiales y a la población 468 mil 185 litros de diésel, 35 mil 600 litros de turbosina y 80 mil 230 litros de gasolina. Han realizado 334 vuelos para transporte de despensas, 27 vuelos de ambulancia, 88 vuelos logísticos y 51 vuelos para mover brigadas de sanidad.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) indica que más de 3 mil trabajadores atienden los servicios casa por casa, con 171 colonias visitadas de 507. Tienen el registro de 15 mil 324 servicios para revisar y realizar conexiones de acometidas.
Se tienen 94 plantas de emergencia para servicios de conservación de alimentos, antenas de comunicación y otras tareas. En cuestión del alumbrado, censaron 12 mil 242 luminarias y la rehabilitación 2 mil 705.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) mantienen labores de limpieza en 27 colonias, cuentan con un cargador frontal, tres retroexcavadoras, seis camiones de volteo, pick ups y seis motosierras, además de trabajos de desazolve.
Destacan que las señales de Televisa y TV Azteca operan al 100 por ciento, con la recuperación del servicio de comunicaciones móviles de 74 por ciento en Telcel, 45 en AT&T y Altán al 90 por ciento.
Del 26 de octubre al 5 de noviembre se trasladaron a 26 mil 814 personas por tierra a Chilpancingo, Cuernavaca y Ciudad de México, además de 76 operaciones aéreas de Ciudad de México a Acapulco, y viceversa.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reporta que han suministrado 4 millones 385 mil litros de agua potable a hospitales, centros de salud y unidades médicas; un millón 985 mil litros a colonias, 975 mil litros a plantas potabilizadoras, 200 mil litros en refugios temporales, con un total de 8 millones 307 mil 100 litros de agua repartidos.
“Se concluyen los trabajos de desazolve en la cabecera municipal de Coyuca de Benítez, acumulando mil 880 metros lineales de red de drenaje desazolvada, en cinco colonias, limpiando 42 pozos y retirando 64 metros cúbicos de azolve”, agregaron.
Por parte del Sistema Nacional de Salud, hay mil 276 profesionales de la salud dando atención médica y con la reactivación de 94 por ciento de las unidades de salud de primer nivel de atención, y hay 66 unidades médicas móviles.
Se han dado 35 mil 155 atenciones de salud, en el primer nivel de atención, junto con 48 mil 839 acciones de enfermería y con el Instituto Estatal de Cancerología, trabajando exclusivamente para radioterapias.
Hay 130 pacientes hospitalizados y se dio alimentación y hospedaje a 491 familiares de pacientes que fueron trasladados a hospitales de otros estados; además de 651 atenciones de urgencias y especialidades y que cuenta con 200 camas disponibles para hospitalización.
La Secretaría del Bienestar tiene a 2 mil 840 servidores de la nación participando en el censo, con un total de 268 mil 626 registros de comercios y viviendas. Han visitado 816 colonias y comunidades y cuentan con 257 brigadas.
Petróleos Mexicanos (Pemex) reporta 63 gasolinerías en funcionamiento, que corresponden al 83 por ciento del suministro total.
La búsqueda de los integrantes de la familia que fue arrastrada por un deslave provocado por el huracán Otis, en la colonia Nueva Era Foto. Carlos Carbajal
Ramón Gracida Gómez
Unos 40 elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Marina (Semar), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de de Guerrero (Codehum) buscaron este jueves, sin éxito, a los tres integrantes de la familia de la colonia Nueva Era, cuya casa fue arrastrada por un arroyo.
A las 2:30 de la tarde, se observó que varios integrantes de estas instituciones escarbaban en un punto específico, del lodo acumulado antes del túnel, en el que corre el agua, atraviesa la avenida Pie de la Cuesta y desemboca en el mar.
Son ya tres metros de profundidad de tierra y piedras amontonadas, que removieron para buscar los cadáveres.
En la edición de El Sur del 3 de noviembre se informó que el cuerpo de Fany, amiga de la desaparecida Yanet Ortega González, fue hallado en la playa Icacos.
Cándido Trinidad de Jesús, el padre de familia que sobrevivió al siniestro, especificó este jueves que la mujer hallada se llama Estefanía Baez. La otra víctima que ya fue encontrada es Areli, nuera de Cándido, el jueves 26 de octubre, dos días después del huracán. La joven de 16 años sí fue hallada donde buscan a las otras víctimas.
Cándido sigue recuperándose de su herida en el patio de sus familiares. Son tres viviendas endebles, madera y láminas, dos de ellas que quedaron totalmente destruidas.
El sobreviviente del deslave en el que murió su familia, destacó que desde hace tres días empezó la búsqueda intensa de su esposa Yanet, su hija Camila de Jesús Trinidad Ortega, de 13 años, y su hijo Ángel Trinidad, de 16 años.
Platicó recostado en una silla de mimbre, a unos 100 metros más arriba donde los funcionarios y los marinos buscaban con palas los tres cadáveres. Una unidad canina de la FGE también husmeaba en la zona e integrantes de la Cepb enterraban sus varillas, como lo hacen durante la búsqueda de los desaparecidos de la narcoviolencia.
Lo que queda de la casa de las víctimas sólo son tabiques dispersos sobre la tierra, y láminas y madera tiradas. Un pequeño altar de una mesa con sopas Maruchan, naranjas, vasos de agua y flores, recuerda a los cinco fallecidos del deslave del arroyo.
A las 3 de la tarde, el convoy de varias camionetas de las dependencias federales y estatales se retiraron de este punto de la colonia Nueva Era, frente al supermercado Soriana. A orilla de la carretera, vecinos mostraban una manta para pedir medicamentos, comida y agua.
Un vecino, cuyo patio con piso de cemento está justo sobre el túnel que atraviesa la vía que conduce a Costa Grande, dijo que la búsqueda de este jueves empezó un poco después de las 12 de la tarde y llegaron primero a buscar del lado de los riscos a orilla del mar.
El indígena nahua, José Santos Nava, quien vivía en la colonia Frente de Defensa Popular (FDP) de Chilapa, desapareció el martes pasado y fue hallado muerto el jueves sin que la Fiscalía General del Estado (FGE) le haya informado a su familia dónde ni las circunstancias de su muerte, denunció ayer el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
El organismo informó que el indígena es integrante del Colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas, y responsabilizó a los tres órdenes de gobierno de su asesinato, así como de la integridad física de las personas defensoras de derechos humanos periodistas y luchadores sociales que están siendo asesinadas en Guerrero.
De acuerdo con el Centro Morelos, Santos Nava desapareció cuando salió al centro de Chilapa a realizar unas compras, y ya no regreso a su vivienda, y el jueves la Fiscalía le avisó a su familia que fue encontrado su cuerpo sin vida, “sin que le dijeran dónde lo encontraron”.
La víctima y su esposa María Alejandra Valle González pertenecían al Colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas porque el 18 de agosto del 2015 desapareció, también en Chilapa su hijo Benjamín Santos Valle, de 14 años de edad, del cual hasta la fecha se desconoce su paradero.
La familia del asesinado era originaria de la comunidad nahua de Ahuixtla, municipio de Chilapa, y desde el 2015 llegaron a vivir a la colonia Frente de Defensa Popular de la cabecera municipal.
El Centro Morelos informó que por la pobreza, José instaló un pequeño puesto de abarrotes en las cercanías del mercado agroindustrial, pero en el 2017 personal del Ayuntamiento lo acosó exigiéndole que desocupara el lugar.
“Incluso en una noche sufrió el robo de su mercancía, y con el apoyo del Centro Morelos logró que lo dejaran en paz un tiempo, pero en los últimos meses reinició el acoso, por lo que no se descarta que esa sea la causa de su desaparición y posterior asesinato, ya que don José era un hombre de 71 años de edad, muy humilde y pacífico”, informó el organismo.
Agregó que “este indignante crimen” se suma a toda la cadena de homicidios dolosos y atentados que vienen ocurriendo día con día en el estado de Guerrero, donde líderes, funcionarios o exfuncionarios y personas comunes de cualquier sexo y edad son víctimas de la violencia e inseguridad generada desde las esferas gubernamentales, que manejan o encubren a los grupos narco paramilitares y delincuenciales”.
Recordó que apenas el 16 de octubre fueron entregados los restos de Pablo Zeferino Ángel a su esposa Kenya Adilene Baltazar Acho, después de haber sido desaparecido el 8 de marzo de 2017 y localizado desmembrado y calcinado en un taxi en Chilapa el 17 de marzo del mismo año, “o sea que cerca de seis años permaneció desaparecido en el Semefo”.
Se informó que Kenya también pertenece al Colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas.
“Es mentira que el estado esté rebasado por la delincuencia o la inseguridad, está muy rebasada su falta de voluntad y honestidad para atender el flagelo de la inseguridad”, escribió en su comunicado el organismo.
“Pese a todo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, todos los días dice que ya hay menos homicidios, que ya hay más seguridad y que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero está dando buenos resultados, y hasta felicita a las instituciones que son parte de dicha mesa y cada vez que anuncia que se van a fortalecer los operativos de seguridad, aumenta el número de homicidios dolosos, desapariciones, desplazamientos y enfrentamientos”, denunció.
“Una vez más hacemos responsables a los gobiernos gobierno federal, estatal y municipal de la seguridad e integridad física de las personas Defensoras de Derechos Humanos Periodistas y Luchadores Sociales y le exigimos garantías para realizar nuestro trabajo”, acusa.
El Centro Morelos exigió la reparación integral del daño a las familias que han recibido los restos de sus familiares desaparecidos.
“Exigimos a los diputados de todas las fracciones parlamentarias y comisiones del Congreso estatal que inmediatamente aprueben la Ley en Materia de Desaparición de Personas del estado de Guerrero, su reglamentación y presupuesto emergente suficiente que permita hacerla operativa”.
Concluyó: “que quede claro, no somos conservadores ni militantes de algún partido político o religioso y menos de algún grupo narco-paramilitar o delincuencial, tampoco somos resentidos como lo ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, somos defensores de derechos humanos que no nos vendemos ni claudicamos”.
La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino reveló que la Fiscalía General del Estado (FGE) está interesada en revisar el caso del asesinato de su hermana Rocío, perpetrado el 19 de octubre de 2013.
Pidió que si el gobierno de Evelyn Salgado y la fiscal Sandra Luz Valdovinos tienen voluntad de investigar, tienen que crear una fiscalía especial para los casos de activistas sociales asesinados “extrajudicialmente”.
También reveló que Orlando Ávila Mesino, integrante de la organización y preso desde 2012, será liberado en una o dos semanas, y dijo que espera que Antonio Barragán Carrasco obtenga el indulto antes de que concluya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La líder social fue entrevistada en Chilapa el sábado después de la conmemoración del sexto aniversario del asesinato de Ranferi Hernández, su esposa, suegra y ahijado.
A propósito de los 10 años que cumplirá el homicidio de su hermana Rocío Mesino, informó:
“El 19 de octubre se cumplen 10 años de impunidad del asesinato extrajudicial de Rocío Mesino y está vigente la demanda de justicia como un derecho irrenunciable”.
Adelantó que el 18 de octubre en el Zócalo de la cabecera de Atoyac se presentará el documental Rocío de la Esperanza, que retrata su lucha y obra en la organización. También habrá bailes, poesía, canto y una exposición fotográfica.
El 19, agregó, se realizará una ofrenda floral, un acto político y la develación de un mural realizado por Oscar Montalvo, El Tecuán, en la comunidad de Mexcaltepec donde fue privada de la vida mientras atendía un comedor comunitario.
En la entrevista, Norma Mesino reveló que hace dos semanas un comandante de la FGE se acercó a la organización para decirles que el gobierno del estado está interesado en revisar el caso de Rocío.
“Se acercó a nosotros para decir que el gobierno del estado está interesado en investigar el caso de Rocío Mesino, y que le presentáramos todas las pruebas para que ellos pudieran investigar”.
“Le decíamos que todas las pruebas y evidencias fueron destruidas por las instancias de procuración de justicia, violaron el derecho de los familiares cuando fueron a dar su testimonio, fueron hostigados, presionados”.
“Hubo un retrato hablado (del asesino), hasta la fecha nunca se ha visto un avance de eso. Todos los videos de los lugares públicos nunca fueron solicitados por la Fiscalía”.
“Ellos querían darle seguimiento al caso, pero se habían borrado muchas evidencias en el 2013”, dijo.
Detalló que en ese tiempo no fueron protegidos los lugares donde los asesinos dejaron sus huellas y que la moto en la que viajaban fue hallada por la Policía Municipal, que la entregó a su dueño.
“La Policía Municipal no fue investigada, no la puso a disposición y el Ministerio Público no la solicitó. La cadena de custodia no fue protegida, resguardada”.
En ese año, recordó, era alcalde Eric Tabares Cisneros, gobernador Ángel Aguirre Rivero y procurador Iñaki Blanco Cabrera.
Mencionó que recientemente las autoridades dijeron que el responsable del homicidio había sido el crimen organizado, pero se retractaron, y a 10 años no hay ningún responsable, culpable o procesado.
Norma Mesino hizo un llamado a que si la gobernadora o la fiscal realmente tienen voluntad de investigar, “tienen que buscar una fiscalía especial que se encargue de investigar los casos de activistas sociales que fueron asesinados”.
La liberación de Orlando
También informó que Orlando Ávila Mesino, acusado de un asesinato por un sujeto que no lo conocía bajo tortura, cumplió 12 años preso y que está por salir por una reducción de condena.
“Orlando debió ponerse en libertad, pero el poder Judicial jamás va aceptar que estuvo preso durante 12 años de manera injusta, no lo va a reconocer. Era la libertad o la sentencia mínima, se fueron por la sentencia”.
“Cuando salga vamos a desenmascarar al poder Judicial”, dijo.
Se refirió al caso de Antonio Barragán Carrasco, otro integrante de la organización detenido en 2001 sin orden de aprehensión, torturado y acusado de secuestro.
Se está solicitando el indulto y esperan que se dé antes de que termine el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Desde su fundación en 1994, la OCSS tiene un recuento de 35 asesinados, cuatro desaparecidos, más de 100 familias desplazadas y decenas de encarcelados por delitos fabricados.
Sus demandas han sido servicios, salud y educación, el alto a la represión policiaca y a la tala inmoderada encabezada por caciques de la región. Además, la presentación y justicia por los desaparecidos de la guerra sucia, muchos de ellos parientes de los integrantes de la organización.
Un joven de 32 años de edad que fue visto por última vez en Cocula fue reportado desaparecido por sus familiares este lunes, y pidieron la colaboración de la ciudadanía.
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía General del Estado (FGE) en Guerrero, activaron la fichas de localización de Ferssen Alli Ramírez Carreto.
De acuerdo a los datos de la ficha con fotografía, Ferssen Alli tiene 32 años, mide un metro con 80 centímetros, es de tez morena clara, de ojos medianos café claros y tiene cabello negro, corto.
Sus señas particulares son que tiene tatuado un felino en su brazo derecho, y en su antebrazo tiene un tatuaje con el nombre de Vicko haciendo alusión al nombre de su hija.
Para cualquier información que lleve a su localización se proporcionaron los siguientes números: 7471398846, 7471160103 y 7471256873. (Redacción).
Carmen González Benicio/ Antonia Ramírez / Redacción
Tlapa / Iguala
Familiares de Yesenia Romualdo Herrera, la joven desaparecida el pasado 15 de septiembre en el crucero de Oztocingo, municipio de Copanatoyac pidieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) con sede en Tlapa que agilice la búsqueda.
Por separado, la Fiscalía activó dos alertas, una para localizar a la adolescente Yukary Anzurez Torres, desaparecida el miércoles 4 de octubre en la cabecera municipal de Tlapa, y la otra por la desaparición de Filadelfia Peralta Gómez de 51 años de edad, el martes 3 en Iguala
De Yesenia Romualdo, dijeron los familiares que las autoridades tienen la información que aportaron para esclarecer la desaparición de la ama de casa que fue vista por última vez en el crucero de la comunidad nahua de Oztocingo, por lo que consideran que ahí deben buscar.
Indicaron que han pasado 22 días y, desde que presentaron la denuncia, el 22 de septiembre, ninguna autoridad ha hecho algo para buscarla y sólo les dicen que esperen, se quejaron.
La joven ama de casa de origen na savi, tiene 23 años, es de complexión delgada, de estatura 1.60, con una cicatriz en la frente del lado derecho, arriba del parpado; con cabello negro lacio.
Por su desaparición la Fiscalía General del estado activó el Protocolo Alba, en el reporte número PAGRO/058/2023.
Yesenia tiene su domicilio en una colonia de Tlapa y la comunidad donde se le vio por última vez está a unos 40 minutos de Tlapa y a unos 20 de la cabecera municipal de Copanatoyac.
En un hecho distinto, la Fiscalía y La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) emitieron la alerta Amber para localizar a Yukary Anzurez Torres de 16 años de edad desaparecida el pasado miércoles en la cabecera municipal de Tlapa.
La ficha indica que Yukary Anzures es de tez morena, de complexión rolliza, boca mediana; cabello largo, lacio y nariz recta base chica. Desapareció el 4 de octubre en Tlapa y los familiares pusieron la denuncia formal el 5.
La Fiscalía publicó en su página de Facebook la alerta igual que la Comisión de Búsqueda y piden a la población comunicarse a los números 7471398846, 7471160103y 7471256873 en caso de que tengan alguna información que los lleve a localizar a Yukary Anzures.
El jueves por la noche la Escuela Secundaria Juan N. Álvarez de Tlapa difundió en su página oficial de Facebook una fotografía de la adolescente y pidió a la ciudadanía que se solidarice brindando información para localizarla, pero para este viernes ya no estaba disponible.
Otra alerta de la Fiscalía fue para localizar a Filadelfia Peralta Gómez de 51 años desaparecido el 3 de octubre en Iguala.
Según la ficha fotográfica, Filadelfia Peralta mide 1.50 metros, es morena, ojos pequeños, negros; cabello negro, corto. La denuncia fue presentada el 5 a la FGE pide a la población que si tienen alguna información para localizarlo se comuniquen al 8008327692.
La Fiscalía General del Estado informó que se abrieron mil 818 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso en el año 2022 y hasta el 5 de septiembre del 2023, de las cuales 18 fueron judicializadas con detenidos, y sólo dos tienen una sentencia condenatoria, es decir, sólo el 0.11 por ciento.
La información es en respuesta a una solicitud de información marcada como FGE/OIC/UTA/1071/2023, emitida por el Órgano Interno de Control Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El oficio FGE/VFINV/6450/2023 de la Vicefiscalía de Investigación informa, “el número de carpetas de investigación que se abrieron por el delito de homicidio doloso en el año 2022 y en lo que va del 2023 hasta que se conteste la solicitud. Respuesta mil 818”.
Respecto a cuántas de las carpetas abiertas fueron judicializadas con detenidos, responde que son 18, y de la en que se ha logrado una sentencia condenatoria, contesta que sólo 2.
El documento está firmado por la titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Fabiola Ramírez Benítez.
Las críticas de la falta de eficiencia de la Fiscalía, a cargo de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, se da en un contexto de aumento de la violencia en el país y en Guerrero.
Apenas el jueves se publicó en estas páginas que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador reconoció que en dos días aumentaron mucho los homicidios en el país.
En la conferencia mañanera del 25 de agosto se informó que Guerrero ocupa el noveno lugar nacional en homicidios dolosos, y para el 19 de septiembre se dio a conocer en el mismo espacio que la entidad ya es séptimo lugar en la materia con mil 116 casos en los primeros ocho meses de este año.
Este jueves el comandante de la 27 Zona Militar ubicada en Pie de la Cuesta, en Acapulco, dijo que los homicidios son por la disputa de las plazas, que los grupos delictivos buscan tener presencia en más áreas y rutas para ampliar el mercado de las drogas.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta en su página 151 homicidios dolosos en enero, 121 en febrero, 133 en marzo, 128 en abril, 140 en mayo, 127 en junio y 158 en julio y agosto.
Más allá de las cifras, también incrementó la percepción de inseguridad entre los guerrerenses, según datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe) 2023 revela que el 76.7 por ciento de la población mayor de 18 años de la entidad considera inseguro al estado, y el año pasado la cifra era de 73.9 por ciento.
Además, ocurre recientemente un fenómeno que no se veía: el ataque y asesinato de funcionarios del gobierno, como el ocurrido en contra del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Fernando García Fernández, asesinado el 12 de septiembre a las 8:30 de la mañana en una zona residencial.
Otro caso ha sido el ataque ocurrido en contra del vicefiscal de investigación Gabriel Alejandro Hernández Mendoza y al director de Investigación, Rafael Sosa Lagunes en el estacionamiento de la Fiscalía del estado cuando salían de trabajar, el 14 de septiembre.
El 9 de septiembre el fiscal regional en Tierra Caliente, el coronel Víctor Manuel Salas Cuadras, fue asesinado en Coyuca de Catalán.
Al respecto, la fiscal Sandra Luz Valdovinos que se mueve con resguardo de una guardia de agentes militares vestidos de civil, consideró que se ataca a los funcionarios de la Fiscalía General del Estado debido a que ya no está al servicio de grupos delictivos.
La lista de crímenes sigue, apenas este medio documentó 16 asesinatos ocurridos el fin de semana pasado, de los cuales no se cuenta con información oficial.
Dos hombres de 33 y 43 años de edad, fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Taxco de Alarcón de la región Norte, mientras que en la Montaña familiares denunciaron la desaparición de un joven en Tlapa el sábado.
De acuerdo a las alertas emitidas por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y la Fiscalía General del Estado en Guerrero, las denuncias de los desaparecidos en Taxco fueron presentadas el sábado 23 de septiembre.
Alfonso Ortega Mundo de 43 años de edad, fue visto por última vez el 19 de septiembre en el municipio de Taxco de Alarcón, es de tez moreno claro, ojos medianos, cafés oscuros, cabello castaño oscuro, largo medio, ondulado y mide 1.68 metros, indican en la ficha de búsqueda.
Precisan que como señas particulares tiene un piercing en la nariz del lado derecho, aretes en ambas orejas, tatuaje en el antebrazo izquierdo de mariposa de colores, tatuaje a la altura de la muñeca izquierda con el nombre de Sabas, tatuaje con figura de un infinito a base de acuarela con el nombre de Alfonso, cicatriz arriba de la ceja izquierda y una cicatriz quirúrgica de apéndice.
En tanto que, de Edgar Eduardo Rodríguez García de 33 años de edad, señalan que desapareció el 22 de septiembre y es de tez moreno claro, ojos grandes y café claros, cabello negro, corto y mide 1.80 metros.
De acuerdo a la ficha de búsqueda, Edgar Eduardo tiene un tatuaje de calavera en el dorso de la mano derecha de 5 centímetros, otro tatuaje en el antebrazo derecho cara externa de letras Lexany de 15 centímetros, y en el antebrazo derecho cara interna el nombre de Alexa con flores de color rosa de 15 centímetros, un tatuaje en el tríceps brazo derecho con un cincho tribal de grecas de cuatro centímetros de ancho y la frase: only god can judge me; estrellas de diferentes tamaños con los nombres de José y Benito en pectoral lado izquierdo RIP y en lado derecho Andrea en color negro, en pantorrilla derecha una cruz católica de 15 centímetros.
Por separado, la CEBP también emitió una alerta para localizar a Tomás Aranda Paz, quien fue reportado como desaparecido el pasado sábado en Tlapa.
De acuerdo al boletín de búsqueda Tomás Aranda tiene 27 años, es de tez moreno, ojos medianos negros, cabello negro, corto y lacio, y mide 1.60 metros.
Se agrega en la alerta que como señas particulares tiene una cicatriz en la mejilla izquierda y una cicatriz quirúrgica en el estómago.
La Comisión señala que la denuncia por la desaparición de Tomás Aranda fue presentada por sus familiares ayer domingo 24 de septiembre
Para los tres casos, la CEBP pide a la ciudadanía comunicarse a los teléfonos 7471398846 y 7471160103 y 7471256873 si es que tienen noticias de ellos.
