Soldados del Ejército, ayer en un recorrido en los carriles centrales de la Autopista del Sol en Chilpancingo Foto: Jesu?s Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El vocero y coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Raúl de Jesús Cabrera declaró que el Ejército siempre ha vigilado a la institución comunitaria, y que esa práctica sigue en el actual gobierno de la 4T, que monitorea sus asambleas e interviene sus teléfonos celulares, derivado de ello, añadió, los han acusado de muchas cosas.
En declaraciones por teléfono respecto a los reportes hackeados por el grupo Guacamaya, que señalan que el Ejército los vigila desde el 2015, el vocero de la institución comunitaria informó que sabían eso, pero rechazó que la Policía Comunitaria de la CRAC realice detenciones arbitrarias como dicen esos reportes, y aseguró que se realizan conforme al reglamento de la agrupación y en contra de quienes tienen órdenes de aprehensión porque cometieron delitos.
Según los documentos hackeados por el grupo Guacamaya, la CRAC ha sido vigilada por el Ejército desde el 2015, pero según el vocero de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, son monitoreados desde que surgió la institución comunitaria en 1995.
De Jesús cabrera rechazó que las divisiones internas que se han dado en la CRAC sean por la disputa del recurso que les daba el gobierno, como refieren esos reportes.
Aseguró que desde la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero que terminó en el 2014, después de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa, ya no reciben dinero del gobierno.
Denunció que la vigilancia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha servido para acusarlos de muchas cosas, “nos han acusado de tener vínculos con la guerrilla, de proteger a la delincuencia organizada, de recibir dinero del gobierno, entre otros señalamientos”.
Informó que saben que actualmente hay personal de inteligencia militar destacamentado en territorio comunitario, “como siempre han monitoreado constantemente nuestro movimiento”, denunció.
Agregó que recientemente los comenzaron a vigilar por el conflicto que hay entre los gobiernos federal y estatal con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), “les interesa ver cuál es nuestra reacción o postura ante ese conflicto, aunque saben que nosotros nada tenemos que ver con esa agrupación ni nos preocupa ese sistema, nosotros ya tenemos un sistema establecido y lo estamos echando a trabajar”.
Agregó que en cuestiones de seguridad, vigilancia y monitoreo de las actividades de las organizaciones sociales, el actual gobierno federal no ha cambiado la infraestructura que tenía el anterior, “incluso (ahora) hay cuestiones más complicadas porque durante las manifestaciones y reuniones nos intervienen nuestros teléfonos”, denunció.
El coordinador de la CRAC dijo que los reportes “falsos” que han emitido como las “detenciones arbitrarias” son para “hacer quedar mal a la institución comunitaria”.
Aseguró que el gobierno sabe que todos los detenidos por la Policía Comunitaria son personas que portan armas o que han cometido algún delito y que tienen orden de aprehensión de la CRAC, por lo que los detenidos son sometidos a reeducación, de acuerdo con el reglamento de la organización.
Del señalamiento de que los conflictos internos son por la disputa de los recursos que les entrega el gobierno (un millón de pesos según los documentos hackeados), el coordinador de la CRAC aseguró que desde el gobierno de Aguirre Rivero dejaron de recibir ese recurso.
Mencionó que la CRAC comenzó recibiendo 500 mil pesos mensuales del gobernador Ángel Aguirre, mismos que se distribuían en las cuatro casas de justicia que había (actualmente son cinco).
Agregó que Aguirre aumentó el apoyo a un millón de pesos e igual se distribuía entre las cuatro casas, pero informó que cuando dejó el gobierno estatal derivado del caso Ayotzinapa, la institución comunitaria dejó de recibir ese apoyo.
Expuso que los constantes conflictos internos que ha tenido la CRAC, más que por el recurso hna sido por el control de la Policía Comunitaria.
Añadió que en la historia de la CRAC el conflicto más fuerte es el que hubo en el 2013 con el ahora dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, debido a que éste quería imponer a los coordinadores para tener el control, pero lograron “hacerlo a un lado”.
Dijo que después vino el conflicto con el coordinador Eliseo Villar Castillo (actualmente preso en un penal de Oaxaca), quien quiso controlar todo el sistema comunitario y se extendió en casi toda la Costa Chica ingresando al sistema comunitario a comunidades que ni siquiera estaban respetando el reglamento interno, “lo hizo como si fuera una campaña porque quería el control, su idea era mantenerse utilizando a la CRAC”, pero añadió que igual lograron su destitución.
Indicó que afortunadamente ambos conflictos fuertes pudieron superarlos e insistió en que no han sido por el dinero, sino por el control de la agrupación.
Policías comunitarios de Tlacotepec en la entrada a Apaxtla, en donde ayer incursionaron en contra del grupo que impone una cuota a los productos de la canasta básica, según dijeron Foto: El Sur
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
El perfil de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC); de las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), fueron analizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el año crítico de 2015, después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando hubo un levantamiento social que obligó a la salida del cargo del gobernador, Ángel Aguirre Rivero.
En los recientes correos hackeados por el grupo Guacamaya aparece un texto confidencial donde la Sedena hace un cuadro comparativo de la estructura de los tres grupos, sus diferencias internas, el número de sus integrantes y el tipo de armamento que ocupan en los diferentes municipios de la Montaña, Costa Chica y la Región Centro donde tienen su mayor presencia.
La Policía Comunitaria de la CRAC nació en 1995 en Santa Cruz del Rincón municipio de San Luis Acatlán, donde los indígenas de la Montaña Alta tomaron las armas para defenderse de los asaltos, violaciones y homicidios que se daban en sus caminos.
Desde el inicio, la organización indígena fue acosada por el Ejército y las autoridades, que la señalaron como brazo armado del apenas saliente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En el informe de la Sedena fechado en 2015, señalan que uno de los objetivos de la CRAC es “preservar la seguridad de sus comunidades, proteger su territorio y oponerse al despojo y desplazamiento de la población que se vea afectada por la privatización del ejido”.
El texto en Power Point describe a la CRAC como una policía comunitaria que realiza recorridos a inmediaciones “de las comunidades donde mantienen presencia, establecen puestos de revisión en diferentes puntos y cometen detenciones arbitrarias en contra de la población en general, los cuales son
recluidos en las Casas de Justicia para que sean reeducados conforme a usos
y costumbres; asimismo, realizan reuniones para la resolución de problemas internos, impartición de justicia y para la planeación y ejecución de operativos
especiales de seguridad”.
Inteligencia militar menciona que la Policía Comunitaria tiene presencia en Acatepec, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, San Luis Acatlán, Ayutla de los Libres, Metlatónoc, Malinaltepec, Marquelia, Copanatoyac, Cochoapa, Iliatenco, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Tlacoapa, Tecoanapa, Copala, Tixtla, Olinalá, Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Cualac, Huamuxtitlán, Chilapa y
Juchitán.
Los datos del informe revelan que en el 2015 la CRAC controlaba 120 comunidades, con mil 400 hombres armados y que recibían del gobierno del estado mensualmente un millón 100 mil pesos.
Según el texto la vulnerabilidad del grupo era una pelea interna entre los seguidores de Abad García García, excoordinador y promotor de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán contra los seguidores de Eliseo Villar Castillo (preso en el Cereso de Chilpancingo), coordinador de la “Casa de Justicia Horcasitas, por el control de los recursos económicos que otorga el Gobierno del Estado para sus actividades”.
UPOEG
En el mismo texto se trata la división dentro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) por cuestiones económicas y la creación de la UPOEG el 28 de enero del 2011.
“Se presentó un conflicto al interior de la CRAC-PC, lo cual originó que Bruno Plácido Valerio se separara y creara la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), con el objeto de ganar adeptos, esta organización tomó como bandera de lucha las altas tarifas de luz que pagaban las comunidades indígenas, abogando por una tarifa preferencial por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.
La Sedena señala que la UPOEG en el 2013 con “Bruno Plácido Valerio crea el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), con estructura similar a la de la Policía Comunitaria (PC)”.
En esos años la agrupación salió a combatir al grupo de la delincuencia organizada de Los Rojos que controlaba parte de la Costa Chica y zona Centro del estado, donde en sus primeros operativos detuvieron al menos 54 integrantes del crimen organizado que fueron entregados a las autoridades del gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Según el cuadro comparativo de la Sedena la UPOEG tenía como objetivo “brindar seguridad a sus comunidades, la liberación de presos políticos, presentación de los 43 normalistas desaparecidos, exigiendo la apertura de los cuarteles para su búsqueda”.
En el 2014 la agrupación fue obligada por pobladores de Ayutla y Tecoanapa para entrar a la ciudad de Iguala y buscar al menos a 13 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro de Ayotzinapa, que eran originarios de esos municipios y que fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre.
Los operativos eran encabezados por el promotor de la UPOEG, Miguel Ángel Blanco, que fue el primero en encontrar decenas de fosas clandestinas y quien ubicó el punto conocido como Barranca La Carnicería –a un costado del basurero de Cocula– donde se encontró un resto óseo del normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Miguel Ángel Blanco fue asesinado en el poblado de Xaltianguis en agosto del 2015 y hasta la fecha su asesinato nunca fue esclarecido.
El informe señala que la UPOEG tiene 2 mil 200 elementos, 750 armas largas y 150 cortas, con presencia en los municipios de Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Acapulco, Juan R. Escudero, San Marcos, Tecoanapa, Ayutla de los Libres, Cruz Grande, Copala, Cuautepec, San Luis Acatlán, Marquelia, Azoyú, Igualapa, Ometepec, Cuajinicuilapa y Tlapa de Comonfort.
Según la Sedena la vulnerabilidad del grupo era que su líder “Bruno Plácido Valerio ha adoptado una postura mesurada buscando el acercamiento con autoridades de los tres niveles de gobierno con la posible intención de postularse como diputado local”.
FUSDEG
El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) es una escisión de la UPOEG y la inteligencia militar señala que “su conformación contó con la asesoría y respaldo de Bertoldo Martínez Cruz, líder del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), vinculado al ERPI” (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente).
El grupo nació el 23 enero de 2015, en la comunidad de Mohoneras, municipio de Chilpancingo, bajo el liderazgo de Salvador Alanís Trujillo que posteriormente fue desplazado de la zona y fundó la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo.
Durante el levantamiento armado del Valle del Ocotito y posteriormente la creación del FUSDEG, la organización participó en el apoyo de las organizaciones sociales que exigían la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El 6 de febrero de 2015 los integrantes del FUSDEG y pobladores del Valle retuvieron al comandante de la Policía Federal, José Luis Solís López, más conocido como Espartaco.
La retención se dio luego de que un grupo de al menos 300 policías federales se dirigía a los pueblos de Mazatlán y Petaquillas para desalojar a los pobladores que tenían retenidos a militares y exigían su salida.
En el informe de la Sedena mencionan que en el 2015 el FUSDEG tenía al menos mil hombres armados que controlaban Chilpancingo (Palo Blanco, Dos Caminos, Mazatlán, Acahuizotla, El Ocotito, Petaquillas, Mohoneras y Los Cajeles); Juan R. Escudero (Tierra Colorada) y Acapulco (Xaltianguis, Cacahuatepec, Limoncito, Huamuchito, Xolapa, Barrio Nuevo de los Muertos, Huajintepec, Amatepec, El Playón, Pablo Galeana, Las Tortolitas, San José, Las Marías y La Calera.
La vulnerabilidad del grupo era que carecían “de una estructura solida debido a su conformación y presenta dificultad para definir su dirección en las localidades y
municipios donde tiene presencia, principalmente en Chilpancingo”.
El texto de Power Point de 14 diapositivas al que tuvo acceso El Sur y que era de carácter confidencial, considera que los tres grupos enfrentan una crisis estructural derivada de los “protagonismo de sus dirigentes, por mantener sus privilegios e intermediación con las autoridades; pugnas por el control de los recursos económicos; recurrentes abusos y transgresión de los derechos de la población; control de territorios y rutas que les facilite el desarrollo de sus actividades”.
“La pérdida de legitimidad y de liderazgo en las organizaciones CRAC-PC, UPOEG y FUSDEG, mantendrá limitada su pretensión por expandir sus áreas de influencia, lo que contribuye al divisionismo y el consecuente debilitamiento de
sus estructuras internas, lo que debidamente encauzado, permitirá a las autoridades estatales mantener su control”.
El análisis finaliza que “el activismo de estas organizaciones estará orientado a dar continuidad a proyectos de autonomía donde ejerzan el control de los municipios donde tienen presencia, limitando la presencia gubernamental, seguir obteniendo recursos argumentando su contribución a la seguridad local y ampliar sus áreas de influencia”.
Actualmente de los tres grupos, la CRAC-PC es la única que se ha mantenido por la forma de organización que tienen de elegir su sistema comunitario por asambleas de los pueblos.
La UPOEG en el sexenio de Evelyn Salgado Pineda ha sido prácticamente desmantelada de su zona de control de la Costa Chica, donde han detenido o asesinado a sus principales comandantes que fundaron la organización y han sido señalados constantemente por las autoridades federales de operar para el grupo delictivo Los Rusos.
El Fusdeg sólo controla algunas comunidades de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) y actualmente se encuentra dividido y peleando el control de su zona con los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que no sigue instrucciones del Ejército que le ordenó cerrar la queja interpuesta por el Comité de Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por actos violatorios de derechos humanos cometidos por militares.
Ayer en un comunicado, la CNDH respondió a la nota publicada por la revista Proceso, firmada por la reportera Gloria Leticia Díaz, y titulada “La Sedena se dio el lujo de girar instrucciones a la CNDH”.
Proceso informó que en un escrito fechado el 28 de julio de 2022 –que pertenece a los millones de archivos filtrados por el colectivo de hackers Guacamaya– el director general de Derechos Humanos de la Sedena, general de brigada diplomado de estado mayor Ángel Primitivo Flores González, instruyó al responsable de la Segunda Visitaduría de la CNDH, Jair Omar Pasaran Nieto, que “se determine la conclusión de la presente queja” CNDH/2/2022/505/Q, interpuesta por los padres y madres de los 43 por actos presuntamente violatorios a derechos humanos cometidos en su agravio y la de sus hijos atribuibles a personal perteneciente” a la Sedena.
La CNDH indicó en su comunicado que “está al servicio del pueblo de México, sólo a éste se debe, y sus acciones se basan únicamente en las atribuciones y facultades conferidas por el marco jurídico vigente”, aunque no negó la existencia del documento con la instrucción del militar.
Sostuvo que “gracias a la autonomía” que le otorga la Constitución federal y “por instrucción muy enfática de nuestra presidenta, Rosario Piedra Ibarra, en la integración, investigación y documentación de los expedientes de queja no se reciben, ni mucho menos se acatan órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad nacional, estatal, municipal o internacional”.
Aseveró que lo expuesto en la nota periodística de que el general instruyó al responsable de la Segunda Visitaduría, exhibe “ausencia de información básica de la naturaleza jurídico-política de la CNDH”, y por ello, “falta contundentemente a la verdad”.
Afirmó que en la práctica cotidiana, sustentada en la sistemática procedimental establecida por ley, “el resultado de las investigaciones realizadas por la CNDH se basa única y exclusivamente en evidencias, y en ningún caso se determinan los expedientes por la estridencia emanada de los medios de comunicación ni de las redes sociales, y mucho menos por la solicitud simple y llana de ningún particular ni autoridad alguna sin excepción”.
Precisó que contrario a lo que sugiere la nota, el expediente CNDH/2/2022/505/Q/VG se encuentra en trámite y en ningún momento ha sido “cerrado”, y al efecto se cuenta con los acuerdos de 18 de octubre de 2021 y 3 de febrero de 2022, mediante los cuales, la presidente Rosario Piedra Ibarra atendió la petición de las madres, padres y familiares de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada, y también atendió las recomendaciones y comunicaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Los acuerdos a los que se refriere la CNDH como indicativo de que se está atendiendo la petición sobre Ayotzinapa son anteriores al documento del 28 de julio de 2022 que Proceso reveló en su nota periodística, es decir, la orden del general del Ejército dirigida al responsable de la Segunda Visitaduría para concluir la queja de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
También dice que se han atendido “los nuevos hechos y elementos del caso (Ayotzinapa) en los que seguimos abundando con toda seriedad y responsabilidad”, y que continuará con la investigación del expediente citado, el cual sólo se podrá concluir por alguna de las causas señaladas en las nueve fracciones del artículo 125 del Reglamento Interno.
Las nueve causas para concluir un expediente son: por no ser competencia de la Comisión Nacional para conocer de la queja planteada; por no tratarse de violaciones a derechos humanos, en cuyo caso se dará orientación jurídica al quejoso; por haberse dictado la recomendación correspondiente; por haberse enviado a la autoridad o servidor público señalado como responsable un documento de no responsabilidad; por desistimiento del quejoso; por falta de interés del quejoso en la continuación del procedimiento; por acuerdo de acumulación de expedientes; por no existir materia para seguir conociendo del expediente de queja; y por haberse solucionado el expediente de queja mediante los procedimientos de conciliación o durante el trámite respectivo.
La CNDH manifestó que está siempre en comunicación con los familiares, con quienes tienen pendiente una reunión y cuya fecha las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos “habrán de establecer”, precisamente para el seguimiento de la queja.
Subrayó que en lo que respecta a la desaparición de los 43 normalistas, no solamente tiene el deber de observar la ley sino de mantener un compromiso con los padres y madres de las víctimas, al que no habrán de faltar, de acompañarlos en su búsqueda de verdad y justicia, y por lo mismo rechazó “cualquier insinuación” que la coloque en contradicción con ese compromiso que aseguró “va más allá de la ley, es de ética y de elemental solidaridad con su causa, que es de todo el pueblo de México”.
La revista Proceso dio a conocer también el comunicado de la CNDH en su plataforma digital, y resaltó que el organismo no desmintió la existencia del documento que se obtuvo por la filtración de Guacamaya donde el militar instruyó concluir la queja de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que el expediente se encuentra en trámite y que siguen las investigaciones y las actuaciones.
De acuerdo con Proceso, como lo reconoció el GIEI en su reciente conferencia, los documentos filtrados por los hackers demuestran “un intento de exculpación de un militar detenido, el capitán José Martínez Crespo”, adscrito al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, cuando desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y detenido desde noviembre de 2020.
Las instalaciones del 27 Batallón en Iguala con vallas de seguridad en previsión de protestas del movimiento de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Foto: Alejandro Guerrero / archivo
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
El 27 Batallón de Infantería implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es uno de los cinco Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (Cerfi) que existen en el país y se dedica al espionaje en los estados de Guerrero, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Tlaxcala e Hidalgo, según correos electrónicos filtrados por los hackers Guacamaya.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha negado constantemente que en su gobierno existan labores de espionaje, los documentos filtrados en los correos revelan otros datos.
Un escrito fechado en agosto de 2022 y enviado por el Cerfi “Centro” (Iguala, Guerrero) al comandante de la IX Región Militar (Ricardo Flores González) que muestra la negativa para que el personal Cerfi se integre al Grupo de Respuesta Interinstitucional (GRI), deja al descubierto su forma de operación para el seguimiento de inteligencia del 27 Batallón de infantería (BI).
El documento revela las capacidades tecnológicas con las que cuentan, que van desde el monitoreo técnico de audios, intercepción de llamadas (CDR), geolocalizaciones, plataforma integral de inteligencia, análisis de vínculos, reconocimiento facial, acceso a redes sociales, reconocimientos de placas automotrices y recuperación de datos (forensia digital).
“Actualmente cuenta con un efectivo de 14 analistas, cuya tarea fundamental es el monitoreo técnico derivado de intervención de Comunicaciones Privadas (ICP), conectados a una plataforma tecnológica que permite acceder a los registros de llamadas, geolocalizaciones y de esta forma integrar paquetes de inteligencia operables”.
Según el documento, el Cerfi Centro actualmente “tiene 179 líneas en seguimiento bajo su responsabilidad”.
“La fortaleza de los Cerfi se encuentra en sus propias instalaciones, lugar donde se recibe, analiza, valora y en su caso se comparte para explotación, la información que se genere”.
Otro documento en diapositivas de Power Point revela la ubicación de los cinco Cerfis en el país y la forma de operación que tienen con otras corporaciones de seguridad.
El Cerfi en Guerrero según el documento tiene su centro de operatividad en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, en Iguala de la Independencia.
Después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, los padres y madres de los normalistas; las organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos; los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el mismo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, han señalado el seguimiento a los alumnos de Ayotzinapa y la participación del 27 Batallón la noche del 26 de septiembre del 2014.
El pasado 18 de agosto, Encinas Rodríguez reveló durante el informe del Caso Ayotzinapa, que uno de los 43 estudiantes desaparecidos, Julio César López Patolzin, era integrante del Ejército y estaba bajo el mando del teniente de Infantería, Marcos Macías Barbosa, del 27BI.
En noviembre del año pasado fue detenido el capitán José Martínez Crespo, por delincuencia organizada y presuntamente por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes.
El capitán también pertenece al 27 Batallón y fue acusado por algunos normalistas sobrevivientes de intimidarlos y amenazarlos cuando ellos se encontraban refugiados en el Hospital Cristina de Iguala.
El pasado 27 de septiembre, en el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, reporteros denunciaron que las transmisiones en vivo que realizaron del discurso de los padres y del vocero, Vidulfo Rosales Sierra, fueron bajados u ocultados de sus redes sociales.
Una semana después, al menos cinco líneas telefónicas de celulares de corresponsales de medios estatales y nacionales que estuvieron en las protestas en la ciudad de Iguala fueron hackeadas.
La información filtrada en los correos por Guacamaya y a la cual tuvo acceso El Sur, deja al descubierto que el Cerfi del 27 Batallón de Infantería tiene la capacidad de intervención de comunicaciones y el acceso a las redes sociales por la plataforma tecnológica con la que cuentan.
Capacidades Tecnológicas de los Cerfi
Dentro de sus capacidades tecnológicas, los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (Cerfi), cuentan con siete aeronaves no tripuladas que pueden recorrer distancias de mil kilómetros y con capacidad infrarroja que identifica blancos por sus características térmicas.
Además, tiene sistemas de comunicación celular, SkyEye (cámara de fotos georreferenciadas) y 16 cámaras de alta definición en tiempo real.
El documento de Power Point de 10 diapositivas, menciona que los objetivos principales de estas aeronaves son los grupos de la delincuencia, los grupos armados (en referencia a las guerrillas y autodefensas), el monitoreo del Popocatépetl y vigilancia a ductos de Pemex.
Cuentan con una plataforma integral de inteligencia que procesa miles de millones de datos con la ayuda de un módulo Osint (Open Source INTelligence), traducido como Inteligencia de Fuentes Abiertas, que se encarga de recolectar información y datos de las diferentes plataformas de redes sociales.
También tienen la capacidad de comparar fotos de rostro de los principales blancos de interés y el reconocimiento de placas vehiculares para su geolocalización.
Los otros cuatro Cerfis son: Noroeste, en la III Región Militar de Mazatlán, Sinaloa; Noreste, Séptima Zona Militar de Apodaca Nuevo León; Occidente, VI Región Naval de Manzanillo Colima y Sureste, Tercera Zona Naval de Coatzacoalcos, Veracruz.
