Debe integrarse la investigación de los vuelos de la muerte al expediente de la FGR: Octaviano Gervasio

El 19 de febrero de 2020, Octaviano Gervacio Serrano hijo del desaparecido Octaviano Gervacio Benítez, integrante del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaprecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del Municipio de Atoyac, entregó un documento en la 35 Zona Militar, dirigido al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, en el que familiares piden que se den a conocer archivos del Ejército del periodo de la guerra sucia Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Ramón Gracida Gómez

El presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano declaró que la investigación militar de hace más de 20 años y que dio a conocer recientemente el reportaje sobre los vuelos de la muerte, no está integrada en las averiguaciones previas que lleva la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los desaparecidos de la guerra sucia.
El también asesor jurídico acusó que los casos de los desaparecidos no avanzan porque las instituciones no se coordinan, los agentes del Ministerio Público que llevan las averiguaciones fueron despedidos y reducidos a cuatro, y los abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sólo se presentan y no piden información para continuar la investigación.
Octaviano Gervasio, hijo de un desaparecido en 1974 posiblemente llevado a la Base Aérea de Pie de la Cuesta consideró que es “complejo” buscar a las víctimas lanzadas al mar y aún más si no hay voluntad del gobierno federal, pero la investigación debe continuar con el acceso a los archivos militares y la comparecencia de los perpetradores.
El trabajo de Fábrica de Periodismo y publicado por El Sur se basa en gran parte de las declaraciones del militar y mecánico de aviación, Margarito Monroy Candia, que participó como testigo en el juicio contra los generales Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quirós Hermosillo, y el mayor Francisco Javier Barquín Alonso, que se llevó a cabo entre el 2000 y 2002.
Con la lectura del reportaje, contó el presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, con un tono de voz entrecortado, diferente al del resto de la llamada telefónica de 30 minutos, “todos nos pusimos muy mal la verdad como hijos de los desaparecidos; coraje, mucha maldita rabia”.
Octaviano Gervasio es hijo de Octaviano Gervasio Benítez, que fue detenido-desaparecido de manera forzada el 26 de julio de 1974, en el centro de Atoyac, sobre la calle Juan N. Álvarez, y luego trasladado al cuartel militar, que hoy es la Casa del Pueblo, sede del Ayuntamiento.
El hijo del desaparecido expuso que hay indicios de que su padre fue trasladado al Campo Militar No.1 y luego fue regresado a Guerrero, a la Base Aérea de Pie de la Cuesta, entonces existe una “alta probabilidad de que, mediante estos vuelos de la muerte, fue lanzado al mar, por eso para nosotros es una línea de investigación fundamental”.
El Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia aglutina a 120 víctimas directas de la guerra sucia, 40 de ellas son por desaparición forzada. De esta última cifra, comentó su presidente, el 80 por ciento tendría el mismo circuito de desaparición que incluye Pie de la Cuesta.
“Da también mucha rabia que este gobierno del Estado mexicano siga con la maldita simulación y vamos a ir con todo hasta conocer la verdad, no nos importa si en un momento nos convertimos en enemigos del Estado mexicano y suframos represiones porque hoy en día exigir justicia es convertirse en enemigo del Estado mexicano”, agregó.
Octaviano Gervasio consideró que las declaraciones de Margarito Monroy son “muy importantes para el esclarecimiento de los hechos y éstos tienen que ser incorporados a las averiguaciones previas que están vigentes de cada uno de los desaparecidos, que está en la Fiscalía General de la República”.
El asesor jurídico señaló que la declaración del militar citado en el reportaje de los Vuelos de la muerte no la ha visto en ningún expediente de los casos de desaparecidos que lleva, por lo que exigió que debe ser integrada.
Comentó que no han podido hablar con el fiscal Alejandro Gertz Manero, “no ha dado la cara”, y que han sido despedidos los ministerios públicos encargados de las averiguaciones previas de los desaparecidos de la guerra sucia, algunas de éstas integradas de manera individual y otras colectivas, “y hoy son atendidos por tres o cuatro ministerios públicos federales. Eso es terrible, ¿no?”
Acusó que no hay coordinación entre las FGR, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico (Coveh) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que ocasiona que no avanzan las averiguaciones previas y “está todo parado”.
Expuso que intentaron involucrar a los asesores jurídicos de la CEAV, pero “nos dimos cuenta que solamente nomás iban a las comparecencias, entregaban su cédula y se daban de presente y no hacían ningún uso de la voz en las comparecencias, no solicitaban ningún dato de investigación que llevara al acceso a la verdad”.
El presidente del Colectivo de Esposas e Hijos contó que algunos asesores jurídicos de la CEAV les confesaron que si realizaban tal acción los iban a despedir, y de hecho han despedido “constantemente”.
Sin embargo, “hemos logrado que se realicen algunas diligencias de investigación básicas que no se habían realizado, como por ejemplo, pues la criminalística de campo, inspección del lugar de los hechos, que algunos testigos comparezcan a declarar”, destacó.
Octaviano Gervasio consideró que la investigación de los vuelos de la muerte es “compleja, más aún cuando no existe la voluntad del Estado mexicano”, pero se debe seguir con la investigación de los archivos y citar a comparecer a los probables responsables.
“Yo considero que es complejo por lo menos encontrar los restos, o sea, eso se ve y lo reconocemos que se ve complejo, pero lo que sí se puede lograr, es decir, sí efectivamente fueron lanzados al mar y fulano de tal fue llevado de aquí para allá y para allá y para allá, y fue ejecutado por este elemento militar”, indicó.
Resaltó que el reportaje indica que los militares les tomaron fotos a las víctimas antes de ser lanzadas al mar, “o sea, ellos tienen esos archivos; lamentablemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo único que ha hecho en esta administración federal, él se ha dedicado a defender a ciegas a elementos criminales del Ejército”.
Acotó: “todos los familiares directos de los desaparecidos, casi por naturaleza no pertenecemos y nunca hemos limitado en ese partido del PRI porque precisamente bajo esos regímenes priistas se cometieron estos terribles hechos. El 100 por ciento pertenecemos a la izquierda”.
Consideró los crímenes de la guerra sucia equiparables a los actos de Adolfo Hitler en Alemania y en Europa, “sí, aunque parezca increíble, insólito, es la verdad en el municipio de Atoyac de Álvarez, y sus comunidades, y Tecpan de Galeana”.
Sin embargo, insistió, “ha habido una simulación por parte del Estado mexicano, simulan que están haciendo el trabajo para darle el acceso a la justicia las víctimas de estos terribles hechos, pero es una simulación aberrante. Nosotros nos hemos tenido que ir abriendo pasos en un camino lleno de espinas”.
Dijo que el Colectivo de Esposas e Hijos quiere que se conozca la verdad de los hechos y que se castigue a los responsables “porque hay muchísimos” y puso de ejemplo a Margarito Monroy si es que aún viviera. Sin embargo, reprochó, la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico (Coveh), no les ha informado que haya citado a un solo militar hasta el momento.
Aun así, se ha avanzado en la identificación de las siete víctimas encontradas, con la participación del colectivo de Esposas e Hijos, en fosas clandestinas en la sierra de Ajuchitlán del Progreso en septiembre pasado.
Octaviano Gervasio adelantó que “prácticamente en días” se realizará la entrega digna de los restos a los familiares. Y las carpetas de investigación que se encuentran en la Fiscalía General del Estado (FGE) serían atraídas por la FGR para que se puedan judicializar.

 

Se deben tener más pruebas de los vuelos de la muerte y seguir buscando a desaparecidos en otros sitios: Tita Radilla

La vicepresidenta de la Afadem, Tita Radilla,< en el foro Desaparición e impunidad en México, el 28 de enero de 2019 Foto: Jessica Torres Barrera

Ramón Gracida Gómez

La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, consideró que es importante tener más pruebas sobre los vuelos de la muerte, pero no hay suficientes agentes del Ministerio Público para todos los casos de la guerra sucia y tampoco ha continuado la búsqueda en otros posibles sitios de entierros clandestinos.
La hija de Rosendo Radilla Pacheco, emblema de las desapariciones de la contrainsurgencia de los años 70, contó que, de la investigación militar de los primeros años del siglo XXI, Afadem conoció una lista de más de 100 nombres de víctimas tiradas al mar, entre ellas su papá, pero no hay pruebas que respalden esta información y además constató que 8 personas seguían vivas.
Dijo que la investigación en contra de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, fue “a medias” porque se les quiso responsabilizar de todo, pero el ocultamiento de la verdad persiste y la razón, señaló, es por la protección del “prestigio” del Ejército.
El Sur publicó el 27 y 28 de noviembre un extenso reportaje en dos partes sobre los vuelos de la muerte, firmado por los periodistas José Reveles y Jacinto Murguía para el medio digital Fábrica de Periodismo, que dio a conocer detalles sobre la investigación militar a principios del siglo XXI, en el gobierno de Vicente Fox, en contra de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, y el mayor Francisco Javier Barquín Alonso.
Consultada al respecto, la dirigente de la Afadem Tita Radilla opinó vía telefónica: “nosotros sabemos desde hace mucho tiempo de que eso ocurrió, de los vuelos de la muerte, aunque no teníamos una explicación tan detallada como ahorita lo mencionan esos reportajes”.
La hija de Rosendo Radilla, desaparecido por el Ejército el 25 de agosto de 1974 reveló que 11 personas de la Afadem fueron citadas a declarar en la Procuraduría Militar por la investigación, pero no acudieron al llamado porque “nuestros familiares no eran militares y tampoco tenemos nada que ver con la justicia militar, sino que ahí los mencionamos porque es su responsabilidad, ellos lo hicieron, ellos se los llevaron”.
De esta investigación militar, la organización de víctimas de la guerra sucia conoció una lista de más de 100 presuntas víctimas de los vuelos de la muerte. “Pero nosotros pudimos ver que había ocho personas que estaban anotadas ahí, pero que estaban vivas. En la lista estaba la maestra Alejandra Cárdenas, su esposo, Juan Vargas Pérez, Zacarías Barrientos Peralta”, entre otros, compartió Tita Radilla.
La activista consideró que es importante conocer más de los vuelos de la muerte y tener pruebas porque en esta lista también estaba el nombre de su papá Rosendo Radilla, pero faltan pruebas que digan “que él fue arrojado al mar”.
“Se habla de la foto del recuerdo, de que les iban a tomar la foto del recuerdo y pues seguramente se les tomaba la fotografía y debe de haber, pero los archivos están cerrados, el acceso a los archivos militares han estado cerrados desde siempre para nosotros”, enfatizó.
–¿En qué punto estamos de la investigación sobre la guerra sucia y qué valoración tiene usted de la Comisión actual y de la investigación que pudiera estar corriendo actualmente?
–Es difícil la pregunta porque la Fiscalía la verdad que no ha participado con esa Comisión de la Verdad. Nosotros estuvimos en el Campo Militar número uno y no estaba la Fiscalía, entonces lo que se ha hecho es tratar con la Comisión Nacional de Búsqueda.
“No hay ministerios públicos, no hay autoridad judicial que pueda ver lo de las evidencias, porque si se encuentra una evidencia y no hay un Ministerio Público que tome eso”, dijo Tita Radilla.
Expuso: “Entonces ésa ha sido una de las limitantes que ha tenido esta Comisión de la Verdad, el no tener a la Fiscalía actuando porque eso es más importante para nosotros como familias, saber qué pasó con ellos (los desaparecidos), dónde están, qué les hicieron, entonces es muy complicado no tener una Fiscalía”.
Señaló que el proyecto de la Comisión de la Verdad incluía la propuesta de una Fiscalía, pero aún no se ha creado y consideró que la información de los vuelos de la muerte está oculta en los archivos militares.
Recordó que los propios comisionados han denunciado el ocultamiento de la información, “yo creo que no solamente es eso de los vuelos de la muerte, sino que hay sitios, hay lugares donde los tuvieron, donde probablemente pueda haber fosas, enterramientos clandestinos en lugares, entonces eso tendría que verse”.
Mencionó que se han realizado seis diligencias de excavación en el campo de tiro del ex cuartel militar de Atoyac, que ahora es la Ciudad de los Servicios, la última entre abril y mayo de 2019, pero se realizó la mitad de lo programado por la falta de recursos económicos, materiales y humanos suficientes.
Desde entonces no se ha realizado otra excavación y no se tiene planeada otra próximamente, “nada, nada, nada, nosotros hemos insistido muchísimo con el Ministerio Público que lleva varios casos de los que nosotros tenemos”, reclamó Tita Radilla.
Dijo que la pandemia del Covid-19 “les vino como anillo al dedo porque de ahí se agarraron y ya no realizaron ninguna diligencia, no ha habido ninguna investigación” y la oficina de la Fiscalía General de la República (FGR) que lleva los casos de la guerra sucia tuvo una reducción de personal de 12 o 14 ministerios públicos a dos solamente.
El reportaje escrito por los periodistas Jacinto R. Munguía y José Reveles señala que la investigación del Ejército sobre los vuelos de la muerte fue un suceso insólito y Tita Radilla consideró lo mismo, pero agregó que la investigación se realizó “a medias, pues quizás sólo quisieron fincar responsabilidad en contra de esos dos generales como para echarles la culpa de todo y salir como que ellos fueron directamente”.
Quirós Hermosillo murió de cáncer en la prisión en 2006 y Acosta Chaparro salió de la cárcel por falta de pruebas en 2007 y fue asesinado en abril de 2012. A pesar de la muerte de los dos generales, el ocultamiento de la verdad persiste.
Tita Radilla consideró que “es por la protección al prestigio de la institución como tal, no son las personas; porque finalmente, Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo, trataron de fincar responsabilidad a ellos, pero yo siento que solamente era para hacer como que están haciendo y finalmente no importa una o dos personas, sino el prestigio de la institución como tal”.
Porque no fue una persona, agregó la activista, “sino que el mismo presidente de la República, Luis Echeverría, y otros, son parte de ese genocidio que ocurrió en ese tiempo, entonces yo creo que el prestigio es lo que más se protege”.
El reportaje da cuenta de 350 personas tiradas al mar en 54 vuelos realizados desde Pie de la Cuesta entre los años 1974 y 1979. En cuanto a la cifra de víctimas, Tita Radilla dijo: “yo creo que es demasiado porque siento que quizás lo hicieron con la intención de que se diga que todas las personas se arrojaron al mar”.
“De que se atrevieron a hacer eso, lo hicieron, pero yo supongo que no en una cantidad así como la mencionan tan fuerte, tan grande, no creo que hayan sido tantas personas arrojadas al mar”, reiteró.
La Afadem tiene registradas más de 600 personas desaparecidas de Guerrero durante la guerra sucia, de las cuales casi 400 son de Atoyac. Tita Radilla indicó que la cifra ha aumentado porque más personas han denunciado desapariciones con la actual Comisión de la Verdad.

Debería haber un acto de contrición del Ejército por lo que hizo en el pasado: Carlos Pérez Vázquez

Ilustración: Rocío Urtecho

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

El caso de los vuelos de la muerte es un eslabón más de la larga cadena de abusos de parte de las fuerzas armadas, la cuales tuvieron un punto muy relevante –en términos históricos– durante la guerra sucia, considera Carlos Pérez Vázquez, experto en temas de justicia y derechos humanos.
En un lapso de cinco años, de 1974 a 1979, el Ejército mexicano “realizó al menos 54 vuelos nocturnos de la muerte, una operación mediante la cual cientos de mujeres y hombres que habían sido ejecutados momentos antes con un disparo en la nuca fueron lanzados al océano Pacífico, aun cuando algunas todavía vivían”, como consta en el reportaje de Fábrica de Periodismo publicado por El Sur el 27 de noviembre pasado.
“Con base en documentos de una investigación militar celosamente guardada durante más de 20 años, que incluye testimonios directos de los militares que participaron en ese tipo de vuelos, es posible acercarse por primera vez al número real de guerrilleros y disidentes políticos ejecutados extrajudicialmente por el Estado mexicano durante esos años de la guerra sucia”, reveló el texto titulado “Toda la verdad sobre los vuelos de la muerte”.
Ante la evidencia oficial que confirma esos hechos, la indignación siempre es la primera impresión, enfatiza Pérez Vázquez. “Es imposible no sentirse indignado. Los vuelos de la muerte son un fenómeno del que se ha hablado ya, uno sabía que existían, de alguna manera era un poco el conocimiento clandestino, de boca en boca. Pero ya viéndolo reflejado en un reportaje tan bien armado, respaldado y documentado, pues lo primero que causa es indignación.
“Luego, uno esperaría que generara sorpresa, pero no genera porque uno sabe perfectamente que esto es solamente un episodio más, un eslabón más de la larga cadena de abusos por parte de las fuerzas armadas, en particular el Ejército, que sí, que tuvieron un punto muy relevante, históricamente hablando, durante la guerra sucia”.
El ex integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, insiste: “En el funcionamiento permanente de las fuerzas armadas hay innumerables episodios de abuso, arbitrariedad, que involucran homicidios, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desde después de la Revolución mexicana hasta la fecha.
“La democracia que creíamos nosotros era un sistema electoral simulado, todo lo que llamó (Mario) Vargas Llosa la dictadura perfecta. Sí, al igual que una dictadura militar como pasaba en Argentina o Chile o Brasil, en México los militares pueden hacer esto con total impunidad como lo hicieron.
“Entonces, no genera indignación, no genera sorpresa, pero al mismo tiempo, dentro de todo, hay un atisbo de esperanza a partir del texto, porque permite entrever rutas hacia el futuro para tratar de seguir desenredando la maraña”.
Una narrativa nacional
para un futuro diferente

El Ejército mexicano está empoderado, cada vez con más facultades; tiene las armas, el dinero y los intereses que representa, advierte el también abogado.
“Uno podría esperar una postura del Ejército ante este reportaje, ante este tipo de información, que ya es sólida, es incuestionable, y hasta el día de hoy, digo, acaba de salir pero no ha habido un desmentido oficial” del lado de los militares, “lo cual habla de que deberán estar calculando qué hacen, si lo dejan pasar o si dicen algo”.
–¿El Ejército debería de perdir una disculpa? –se le pregunta a Pérez Vázquez.
–El reportaje, el documento, es lo suficientemente fuerte como para hacernos pensar en que lo mínimo que debería seguir hacia el futuro es un acto de contrición por parte de las fuerzas armadas respecto a lo que hicieron en el pasado y que explica en buena medida el lugar en el que hoy se encuentran. Un acto en el hagan un reconocimiento público de lo que hicieron. Al menos que se disculpen por las muertes que ocasionaron, que lo reconozcan, pues, ese papel deleznable que han tenido, porque mientras eso no ocurra la injusticia aumenta.
Cada día que pasa sin que el Ejército reconozca lo que ha hecho, subraya el especialista, “la injusticia no solamente permanece, sino que va creciendo. No, no está congelada la injusticia. Está viva. Entonces, lo menos que uno podría esperar es que ante estas evidencias se haga algo. Lo que sí es que sufren un daño reputacional. Y al Ejército le importa mucho tener una buena reputación, gasta mucho dinero para tenerla.
–Las revelaciones en “Toda la verdad sobre los vuelos de la muerte” se basan en documentos oficiales.
–El artículo no dice que esté cerrada la investigación y esto demuestra lo valiosos que son esos documentos que tienen las autoridades para efectos de conocer qué pasó, conocer la verdad y establecer claramente quiénes fueron los responsables y obviamente construir una teoría de qué pasó en estos años, por qué hicieron lo que hicieron, cuáles fueron los antecedentes y cuáles fueron las consecuencias.

La FGR también debe
decir qué está haciendo

Los que se ha dado a conocer “es información oficial” y eso, destaca Pérez Vázquez, “es muy relevante, porque le da toda la solidez al artículo. Los documentos contienen información valiosísima para entender la historia del país y para pensar las cosas y para construir una narrativa nacional que permita un futuro diferente”.
–Información de este tipo en otros países implicaría que se iniciara un proceso judicial, pero no pasa en México.
–Esa percepción es correcta. No solamente el Ejército tendría que haber dicho algo sobre la investigación que se publicó esta semana, sino también la Fiscalía General de la República debió decir algo respecto a qué hizo con esa investigación, en qué estado se encuentra, por qué no avanza, si ya murieron los involucrados. No lo sabemos. Eso sólo lo sabe la fiscalía.
El abogado se detiene en el valor que tiene la difusión de este tipo de documentos oficiales, que prueban la verdad sobre acontecimientos del pasado aún no resueltos por la justicia.
“Cuando yo tenía 30, 25 años, no podías tú encontrar esa información en ningún lado. Había referencias de alguien que había hablado con alguien, que había visto la averiguación previa, pero ahora la información está viralizada. Se publica, se viraliza. La pregunta elemental es: ¿qué pasa con la judicialización?
“En cualquier otro país habría gente en la cárcel o condenados. Simplemente reflexionar sobre esa pregunta ya permite un proceso de reflexión más amplio y quizá más incisivo. Hay responsabilidades acumuladas de quienes han estado ahí metidos en la Fiscalía General de la República.
“Quizás los perpetradores de los vuelos de la muerte del 74 ya no están vivos, pero quienes obstaculizaron las investigaciones desde el año 2003 a la fecha, muchos de esos están vivos, incluso algunos llegaron a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es una la responsabilidad, no se extingue, no desaparece”, recalca Pérez Vázquez.

De los vuelos de la muerte a
las ejecuciones extrajudiciales desde el calderonato para acá

–¿Cuál sería la situación idónea o lo que tendría que suceder? Existe reticencia a que se conozca la verdad.
–Hoy hay una masa crítica mucho más amplia que la que había hace 25 años. Creo que estamos en una etapa diferente a la de años anteriores, en la cual tenemos un consenso más amplio, más generalizado, de que la violencia del Estado no es la guerra sucia solamente, sino que es un continuo que va de la mano con la formación, en paralelo, del Estado mexicano post revolucionario.
Explica Pérez Vázquez: “Estamos hablando de un proceso de abuso y de arbitrariedad de más de 100 años. La Revolución representa el inicio de un período de 100 años de abuso y autoritarismo en México, que vivimos el día de hoy. Desde fines de los cincuenta hasta donde sigue involucrado el Estado y sus agentes con el crimen organizado.
“Sí, yo creo que es posible hoy en día construir ese discurso, porque contamos con elementos de información que no teníamos antes, como este reportaje, y si le sumas testimonios, explicaciones teóricas, publicaciones de memorias presenciales sobre el 68, vas formando un cuerpo documental, un acervo documental muy potente, muy poderoso.
“Lo que empezamos ahora a vislumbrar, es el papel de las instituciones de procuración de justicia, es que la Fiscalía General de la República ha sido cómplice. Es un eslabón más, pero entonces forma eso parte de una explicación contextual mucho más amplia, que se puede dar porque el asunto está vivo y sigue habiendo interesados… y cada vez hay más interesados. Los vuelos de la muerte no están tan lejos de las ejecuciones extrajudiciales desde el calderonato para acá”.
El experto se hace esta pregunta: “¿En qué medida los vuelos de la muerte y la intensificación de la violencia brutal descarnada del Estado a través del Ejército y de la Dirección Federal de Seguridad en el sexenio de (Luis) Echeverría fueron una reacción a lo que pasó en 68 y 71?”.

Que se hable del tema en
las campañas electorales

–¿Qué sigue ahora? –se le plantea a Pérez Vázquez.
–Lo que seguiría es exigir, por ejemplo, a la Fiscalía (General de la República). Que ya nos diga qué va a pasar con estas averiguaciones previas, es decir, si tú ya no puedes seguir con ellas o crees que ya no hay manera de llegar a una conclusión, pues ciérralas, hazlas del conocimiento público. ¿Cuáles fueron los hechos? Si ya no hay ningún involucrado vivo, si ya se murieron los perpetradores. Son documentos valiosísimos porque contienen testimonios, investigaciones, información.
“Yo esperaría que durante estos seis meses de campaña, que vienen intensos, el tema se retome por las candidatas presidenciales, o el candidato, porque ya son tres. Aunque no veo que ninguno de ellos se vaya a querer pelear con el Ejército frontalmente, pero el sistema se abre porque lo que quieren son votos.
“Creo que lo lo deberían hacer porque son, además, quienes cuentan con más legitimidad para hacerlo, además de las víctimas sobrevivientes del 68, del 71, de la guerra sucia, por supuesto, pero las víctimas recientes también tienen mucho que decir, las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales de militares o del crimen organizado.
–¿Ves a las candidatas tocando el tema?
—Sí creo, por ejemplo, que en la mente de Claudia Sheinbaum pueda haber una intención. Ella viene de la lucha social de la izquierda. Sería una presidenta más cercana a las causas de la izquierda en la que se involucra desde que era estudiante; la reivindicación de las historias, los derechos y los reclamos de justicia de la gente que peleó contra el régimen. En cambio, pienso que Samuel García en este tema no tiene ni la menor idea. Ni la sensibilidad.

La verdad documentada: cinco años de vuelos de la muerte y 350 personas lanzadas al mar

Ilustración: Rocío Urtecho

José Reveles y Jacinto R. Munguía / Especial de Fábrica de Periodismo*

Ciudad de México

Las bitácoras completas de los aviones Aravá a los que ha tenido acceso Fábrica de Periodismo no dejan lugar a la imaginación: en cinco años (1974 y 1979) el Ejército mexicano realizó al menos 54 vuelos nocturnos de la muerte, una operación mediante la cual cientos de mujeres y hombres que habían sido ejecutados momentos antes con un disparo en la nuca fueron lanzados al océano Pacífico, aun cuando algunas todavía vivían.
Con base en documentos de una investigación militar celosamente guardada durante más de 20 años, que incluye testimonios directos de los militares que participaron en ese tipo de vuelos, es posible acercarse por primera vez al número real de guerrilleros y disidentes políticos ejecutados extrajudicialmente por el Estado mexicano durante esos años de la Guerra Sucia.
Los testimonios y los registros de los vuelos dan cuenta de que al menos 350 personas fueron arrojadas al mar, a unas 50 millas al norte de la Base Aérea Militar no. 7 de Pie de la Cuesta, en Guerrero. Personas a las que sus familias y seres queridos nunca más pudieron abrazar, de las que no conocieron su destino final.

Costales de los que salía sangre

Es miércoles 27 de junio de 2001. Los peritos del Ejército mexicano arriban poco después del mediodía al hangar que ocupa el Escuadrón 301 en la Base Aérea Militar de Santa Lucía. Ahí se localizan cuatro aviones Aravá de fabricación israelí.
Los han comisionado para que traten de obtener vestigios hemáticos en el piso del avión marcado con la matrícula 3005. La prueba podría resultar infructuosa, dado que la aeronave ha sido pintada por dentro y por fuera en fecha reciente y la sangre cuya presencia se busca entre láminas y tornillos habría sido derramada allí al menos 25 años antes, cuando cientos de mujeres y hombres fueron lanzados al mar desde ese avión en vuelo.
El grupo de agentes del Ministerio Público Militar que revisa el Aravá ordena una recreación lo más precisa posible de ciertos hechos en presencia del mecánico retirado Margarito Monroy Candia, testigo y partícipe de aquellos vuelos de la muerte.
Soldados de estatura mediana reciben la orden de acomodarse en el piso. Lo hacen y se confirma que, en efecto, una vez abatidos los asientos hacia las paredes del pequeño avión, en el espacio resultante caben ocho cuerpos en forma transversal, tal y como se colocaban los cadáveres todavía sangrantes de personas que momentos antes habían sido liquidadas con un tiro en la nuca.
Cuatro días antes de que los peritos busquen alguna huella de la sangre derramada en el interior del Aravá, el teniente coronel piloto aviador Apolinar Ceballos Espinoza, declara ante el capitán de justicia militar Ángel Rosas Gómez que desde la primera noche del 15 de febrero de 1979 en que fue comisionado a la base aérea de Pie de la Cuesta, luego de hospedarse en el hotel Villa España, en Acapulco, se le ordenó hacer un primer vuelo a las tres de la madrugada.
Y una vez que hacía los preparativos para alistar el viaje, se le indicó que subiera por la puerta ubicada al lado del copiloto, por lo que no vio la parte trasera del avión, pero sintió que había gente caminando y diciendo “este paquete está pesadito” o “éste está ligero”.
Recibió entonces las instrucciones de vuelo: navegar hacia el norte, despegar con luces encendidas, pero luego apagarlas. En viajes posteriores saldrían desde un principio con las luces apagadas.
El avión recorrió unas 50 millas hasta que alguna de las personas que venían atrás dijo “que ahí estaba bien” y se le ordenó bajar primero la altitud a unos 500 pies (160 a 170 metros) y luego la velocidad a 115 o 120 nudos.
Apolinar Ceballos recuerda bien que se escuchaba que atrás arrastraban bultos y después de un ratito, alguien gritó “listo”, por lo que la tripulación enfiló de regreso a la base aérea. Al bajar, Apolinar vio una lona azul o verde semidoblada y manchada de sangre en el avión.
Las tripulaciones del Aravá tenían su base en Santa Lucía, Estado de México, y por lo general viajaban de ahí a Ciudad de México y luego a Pie de la Cuesta, aunque a veces se hacía directamente de base aérea a base aérea.
Una vez en Guerrero, aguardaban a que llegara la madrugada y entonces se repetía el modus operandi: a eso de las tres o cuatro de la mañana se alistaba el avión, los detenidos eran sacados del bungalow, los sentaban frente al mar y los ejecutaban por la espalda de un disparo en la nuca; luego, subían al Aravá los cuerpos de quienes habían sido asesinados minutos antes en la playa.

Del Campo Militar no. 1
a Pie de la Cuesta

En ocasiones, desde el Campo Militar no. 1 se trasladaban civiles detenidos a Guerrero. Ese fue el caso del segundo vuelo de Apolinar como copiloto, apenas dos días después del primero. Iban los policías militares, pero ahora llevaban a una mujer y a un hombre vendados y esposados.
Nuevamente a las tres de la madrugada saldrían al mar, pero al entrar por la puerta de carga del avión, esta vez Apolinar vio “cinco o seis costales con algo dentro y de los que salía sangre”, se manchaba la lona y despedía un olor medio raro.
Apolinar iba muy nervioso y tenso por lo que había observado. Por eso seguía “como un robot” las órdenes que le daban, le dice al agente del Ministerio Público Militar.
Ya en vuelo, ejecutó el mismo procedimiento que la ocasión anterior: una vez que les decían que “ahí estaba bien”, debía volar a baja altura, reducir la velocidad, esperar a que los policías militares arrojaran los bultos al mar y, entonces, regresar.
Al acabar el vuelo, Apolinar no se contuvo y habló con su jefe de vuelo, el capitán Jorge Violante Fonseca, a quien le pidió que le dijera la verdad, “que si lo que yo había visto era lo que suponía, cadáveres”.
El piloto se lo confirmó y le dijo que era una misión “muy delicada, que alguien tenía que hacer el trabajo, que alguien tenía que volar el avión y que nos había tocado a nosotros, que no quería que esto afectara mi desempeño y terminó felicitándome por haber hecho bien el vuelo y aterrizaje a pesar de lo nervioso que me encontraba”.
Violante le hizo, además, una advertencia: “Que ya no preguntara, que no era bronca de nosotros, que nosotros no lo hacíamos (asesinar a las personas), pues sólo volábamos el avión”.
Según recuerda, en seis o siete ocasiones se le pidió tripular el Aravá con el fin de lanzar los cadáveres al océano, aunque un par de veces abortó el operativo y se regresaron a Santa Lucía.

“Vuelos locales”

Apolinar concluye su declaración. El agente del Ministerio Público Militar procede entonces a hacerle preguntas.
–Que diga el compareciente si había alguna clave para denominar o asentar en la bitácora del avión los vuelos que se hacían para el lanzamiento de cadáveres.
–Hasta donde yo sé, sólo se decía que eran vuelos, que se asentaba en la bitácora, así como el tiempo, la hora de puesta en marcha del avión, la ruta, la hora de apagado de motores, el destino. Cuando hacíamos los vuelos al mar para lanzar los cadáveres, se asentaba como “vuelo local” –responde Apolinar Ceballos.
–Que diga quién hacía las anotaciones.
–El comandante de la nave, aunque en ocasiones yo las hacía.
–Que diga el compareciente si se daba parte de esos “vuelos locales”.
–Sí se daba parte, mediante radiograma a la Fuerza Aérea, con copia al escuadrón, al de la base aérea de Pie de la Cuesta y otros, en donde se decía la operación de la aeronave, pero no se decía lo que se hacía.
–Que diga el lugar en el que por lo general se lanzaban al mar los cadáveres.
–Era al norte de Pie de la Cuesta, a unas 50 millas de distancia, dependiendo de si había o no luces abajo, ya que podría tratarse de un barco.
Tres días después, le corresponde al general de ala Bernardo Huicochea Alonso rendir declaración ante las autoridades sobre lo ocurrido 25 años antes, por formar parte de las tripulaciones que piloteaban el Aravá de 1975 a 1978.
Es el 25 de junio de 2001 y Huicochea es muy parco en su declaración. Dice que desde que llegó a la base de Pie de la Cuesta trató de no inmiscuirse mucho, ya que “por rumores que corrían en el escuadrón, se sabía que el avión Aravá era utilizado para arrojar gente al mar”.
Cuenta que a veces se trasladaban detenidos de Ciudad de México a Pie de la Cuesta, que no recuerda cuántos fueron, quizá unos cuatro o cinco, sin darse cuenta de a qué lugar de la base aérea fueron conducidos.
–Que diga si los vuelos nocturnos que se hacían al mar eran anotados en la bitácora del avión Aravá.
–Que sí, pero se anotaban como “vuelos locales” y se especificaba el tiempo de vuelo, ignorando dónde pueda encontrarse la bitácora.

Se llevaban de cinco a
ocho cuerpos cada vez

Es junio de 2001 y el mecánico de aviación Margarito Monroy Candia, originario de Ciudad de México, proporciona a los agentes pormenores de los “traslados”. Su declaración ocupa 14 hojas oficio a renglón seguido.
Dice que durante el primer vuelo, los generales Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo iban platicando entre ellos en voz baja, y en algún momento se dirigieron al piloto para indicarle que “ahí estaba bien”, por lo que “el capitán David disminuyó la velocidad y bajó un poco la altura a la que viajábamos”.

Los tres elementos de la policía militar que iban a bordo entraron en acción. “Uno empezó a jalarlos (a los cuerpos) y acercarlos al espacio de la puerta que se había quitado, mientras los otros los tomaban, uno por las manos y otro por los pies, los balanceaban y los empezaban a tirar”.
Unos 20 días después del primer vuelo, Margarito recibió la instrucción del capitán David González de que se preparara para salir otra vez, por lo que a las tres de la mañana revisó el avión. Y se dio cuenta de nuevo de que se llevaba a cabo el mismo procedimiento: “La persona era sacada del cuartito, a unos 20 o 30 metros de donde los ejecutaban, vendada de los ojos y la sentaba en el banquito. Una persona se le acercaba por detrás y le daba un balazo en la nuca”.
La mayoría de las veces el disparo era letal, pero no siempre, así que el escenario se volvía aún más inhumano. “En ocasiones me di cuenta de que el personal que supuestamente estaba muerto, todavía iba vivo, agonizante, así eran subidos al avión y después los tiraban al mar”.
El fiscal le pregunta entonces si existe algún otro registro de lo que ocurría en los vuelos, Margarito Monroy primero divaga un poco y entonces proporciona un dato directo: dice que en una ocasión subió al avión una persona para grabar video del momento en que tiraban los cuerpos al mar. Hubo un contratiempo: la toma se tuvo que repetir porque los filmó “al natural, sin cubrirnos los rostros; se volvió a tomar, pero ya con pasamontañas”.
En esta parte del interrogatorio, el agente de la justicia militar se detiene y le pregunta sobre un aspecto fundamental, sobre el cual se conocen apenas unos cuantos jirones de una verdad deslavada:
–Que diga el compareciente el número aproximado de cadáveres que se tiraron al mar durante su comisión en Pie de la Cuesta.
–Yo calculo –responde Margarito con una estimación apresurada– que entre unos 120 y 150, aunque –aquí se muestra un poco más cauto– para mayor seguridad es necesario checar en las bitácoras y los partes el número de vuelos que se hacían, tomando en cuenta que en ocasiones se llevaban de a ocho muertos, pero a veces eran cinco, seis o siete.

La verdad está en
las bitácoras

Las bitácoras, les había contado ya Margarito Monroy a los agentes, debían elaborarse obligatoriamente porque son parte de la vida del avión, indispensables para conocer su estado mecánico y programar su mantenimiento.
“Los pilotos daban parte a la superioridad, al comandante de la base, y yo veía que se elaboraba ese parte, la bitácora, y debían haberse remitido a la Fuerza Aérea o a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero en algún lugar deben estar”, detalló Monroy Candia.
Pocos días después de escuchar sobre los acontecimientos y la relevancia de las bitácoras, el Ministerio Público Militar giró un oficio al comandante de la Base Aérea Militar no. 1 para que le remitiera los originales de los siete tomos de bitácoras de vuelo del Aravá matrícula 3005.
La respuesta fue inmediata. En poco más de tres horas, ya las habían entregado. Y Margarito Monroy fue citado para la mañana siguiente, la del 28 de junio de 2001, con el propósito de que identificara y validara que esas eran las bitácoras que contenían el registro preciso de esos vuelos, quizá la última huella de vida de quienes eran forzados a ser pasajeros.
Los peritos hacen en el expediente una descripción técnica de la nomenclatura y la organización en columnas del contenido de las bitácoras: el grado de la tripulación, el tipo de comisión y las condiciones del vuelo.
En las columnas aparecen anotadas además las fechas de vuelo, destino, procedencia, número de aterrizajes, horarios y tiempo de duración.

54 vuelos de la muerte

Con las bitácoras originales en su poder, y luego de una revisión detallada, los fiscales militares localizan los vuelos en los que participó Margarito Monroy Candia y presentan un reporte minucioso, organizado por número de vuelo, tripulación, fecha, misión, ruta y horarios.
El reporte exclusivamente de esos vuelos ocupa 10 páginas y contiene detalles precisos de las misiones ocurridas a lo largo de casi cinco años, de septiembre de 1974 a enero de 1980.
El listado incluye 217 vuelos en los que estuvo presente Margarito, varios de ellos de la Ciudad de México a Acapulco, algunos a Chilpancingo, de Acapulco a Pie de la Cuesta, o viceversa; al medio día, por la mañana o media tarde, con duraciones muy largas o muy cortas para que encuadren en la operación de los vuelos de la muerte.
Pero muchos sí corresponden a los múltiples testimonios incluidos en la investigación: son nocturnos o poco antes del amanecer, con una duración de 50 a 90 minutos, todos etiquetados como “vuelos locales”.
Esos son los que responden al patrón de los vuelos de la muerte. Y son al menos 54 vuelos de ese tipo, despegando entre las tres de la madrugada y minutos antes de las seis de la mañana, con una duración que se ajusta al recorrido de unas 50 millas náuticas, saliendo de y regresando a la plataforma de la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta.
Más de medio centenar de vuelos con personas ya fallecidas o agonizantes de las cuales nunca más se supo, cuyas familias y seres queridos esperaban un regreso a casa que nunca ocurrió.
El mayor número de vuelos en un mes se produjo exactamente cuando empezaron. Septiembre y octubre de 1974 fueron atroces: 16 vuelos de la muerte confirmados en total. Eso significa alrededor de 100 personas lanzadas al mar en un par de meses.
Las rachas de vuelos se presentaron en septiembre de 1974 (días 16, 17, 18 y 20), o en julio de 1976 (1, 2, 10 y 13), o en enero de 1979 (días 6 y 7), por ejemplo.
El concentrado de las bitácoras en 10 hojas es la aproximación más cercana a la verdad sobre uno de los métodos más crueles que utilizó el Ejército mexicano para desaparecer a cientos de mujeres y hombres.
A partir de esas hojas, de los dictámenes y de los testimonios de testigos, y lejos de rumores y verdades “matizadas” sin respaldo documental, es posible sostener hoy que el número de personas que fueron arrojadas al mar desde el avión Aravá se ubica al menos en 350, el punto medio resultante del cupo mínimo y máximo de esos vuelos.
Las versiones semioficiales previas son parciales y difíciles de sostener.

Posdata: los crímenes
siguen impunes

Hasta donde existe información pública, la ambiciosa investigación no logró ubicar un libro con pastas negras en donde se habrían apuntado los nombres de las víctimas ni los videos que se habrían filmado en el avión para documentar, al menos en una ocasión, cómo los cadáveres eran lanzados al mar en pleno vuelo.
La investigación completa tampoco condujo a nada. Ni a los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro ni al mayor Francisco Barquín se les juzgó por el homicidio y la desaparición forzada de cientos de mujeres y hombres lanzados al Pacífico.
Sí fueron recluidos en la prisión del Campo Militar Número Uno, pero sólo por delitos contra la salud, acusados de proteger a Amado Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez. A Quirós Hermosillo se le condenó además por cohecho.
Con un amparo en la mano, Acosta Chaparro salió libre en junio de 2007 y se fue a Los Pinos a servir como asesor del presidente Felipe Calderón Hinojosa en la guerra contra el narco. Se le restituyeron sus grados militares, se le ascendió en el escalafón castrense y se le reintegraron millones de pesos por salarios caídos.
Acosta Chaparro fue asesinado a balazos en abril de 2012, en la colonia Anáhuac de la Ciudad de México, por uno de los dos jóvenes que lo siguieron en una motocicleta cuando iba a recoger su vehículo Mercedes Benz al taller mecánico. Falleció ese mismo día cuando era atendido en la Cruz Roja.
Quirós Hermosillo murió de cáncer en noviembre de 2006. Se encontraba en prisión y no alcanzó a cumplir su condena de 16 años de cárcel. El mayor Francisco Barquín Alonso también murió en prisión, en 2005, a causa de un cáncer.
Aún no se conoce la identidad de las víctimas que fueron asesinadas y lanzadas a las profundidades del mar.

*Esta es una versión resumida de la segunda parte de “Toda la verdad sobre los vuelos de la muerte”, difundido en Guerrero en alianza exclusiva con El Sur. Entra a suracapulco.mx si quieres leer el reportaje completo. Para acceder a esta y otras investigaciones, visita FábricadePeriodismo.com

Exigen familiares de víctimas de la guerra sucia que declaren 300 militares

Integrantes la Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia en conferencia de prensa ayer en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Integrantes de la Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia exigieron ayer que el gobierno federal obligue a declarar a 300 militares que participaron en la desaparición, tortura y asesinato en esa época, y que han sido identificados por la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.
También insistieron en la inmediata exhumación de ocho cuerpos de víctimas ubicados en fosas clandestinas en Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan, porque la Fiscalía General del Estado y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, les dijeron que se haría después de la temporada de lluvias y de cosecha, porque fueron localizadas en campos de maíz.
Ayer al mediodía en conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Nacional de Reporteros de la Prensa (SNRP) en Chilpancingo, 20 integrantes de las organizaciones que conforman la Unión de Colectivos de Familiares y Víctimas de la Guerra Sucia exigieron a los tres órdenes de gobierno la inmediata exhumación de ocho víctimas ya identificadas en fosas clandestinas.
La dirigente de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades de Violaciones a los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, Estela Arroyo Castro, dijo que los ocho hombres fueron torturados y asesinados en gobiernos priistas de 1967 a 1974, que están en fosas clandestinas ya ubicadas, por ello, a este gobierno de Morena le exigen que los exhume.
Las hijas e hijos de cinco víctimas narraron que el 20 de diciembre de 1967 en la comunidad Los Espadines, municipio de Ajuchitlán del Progreso, los militares asesinaron a Francisco Rojas Nazario y a su hijo de 14 años, Pablo Rojas Terán; a Gervasio Bernardino Durán, Eduviges Ovillada Ortiz y Bartolo Rojas Nazario, quienes fueron enterrados en una fosa clandestina.
Una de las familiares, Antolina Rojas Bernardino narró que cuando tenía 10 años su padre Bartolo Rojas Nazario fue asesinado, al igual que su primo y tío, Francisco Rojas y Pablo Rojas.
“Yo sin saber iba corriendo con él, y las balas pasaban por mis pies, en una casa se refugió, y me dijo, hija ve por tu mamá, que venga con las mujeres para que nos ayuden a salir. Estaba hirviendo de puros soldados verdes y mi papá me dijo que en la casa de Francisco quedó un arma para que nos podamos defender, y yo fui, pero los soldados me amenazaron que me iban a matar y yo le dije a mi papá que no vi nada”, contó.
Su padre también fue asesinado, y aseguró que en Los Espadines las propias mujeres, niñas y niños los sepultaron, “yo me acuerdo porque yo también ayudé a cavar tierra… los soldados nos obligaron a cavar y enterrarlos en una fosa clandestina porque si no nos iban a matar”.
Fidencio Bernardino Hernández, hijo de Gervasio Bernardino Durán relató que su padre fue masacrado en Los Espadines, pero ya fue localizada la fosa clandestina el pasado 16 de junio, durante una búsqueda junto a representantes de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
También Bartolo Hernández Rojas contó que su padre Apolonio Hernández Bernandino fue masacrado, golpeado, mancillado y torturado por el Ejército en la sierra de Guerrero en 1971 junto a su tío, José Isabel Rojas Bernardino, ambos fueron enterrados en una fosa clandestina en el Cerro de las Desdichas, en el municipio de Ajuchitlán el Progreso.
Carlos González Márquez contó que otra víctima fue José Santos González Rojas, detenido el 19 de noviembre de 1974, torturado y asesinado por los militares en la comunidad Las Juntas, pero su cuerpo fue enterrado en una fosa clandestina en el Cerrito del Águila, en el municipio de San Miguel Totolapan.
El asesor jurídico y representante del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano comentó que el 16 de junio se realizó el recorrido de inspección y reconocimiento en el lugar de los hechos por parte de la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Lamentó que las autoridades respondieron a los familiares de las víctimas que las exhumaciones se van a realizar probablemente después de la temporada de lluvias, pero como es una zona de plantíos de maíz, también les comentaron que será después de que se coseche, y parece que “nunca lo piensan hacer”.
Comentó que la mayoría de los familiares son testigos presenciales de los terribles hechos cometidos por el Ejército y después de tantos años que se animaron a denunciar, con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, continúa el pacto de impunidad entre el actual gobierno federal y el Ejército.
Sostuvo que la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia creada por este gobierno, no ha hecho nada significativo, pero que recientemente les informaron que hay 300 nombres de militares que aún viven, y “que fueron criminales de ese periodo de la guerra sucia”.
Expuso que esos soldados tienen que ser citados a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), y en su caso, ante las tres carpetas de investigación que están abiertas en la Fiscalía General del Estado (FGE), referente a los hechos de las ocho víctimas, si esos militares coincidieron en ese tiempo y en ese lugar “automáticamente son probables responsables y se les tiene que citar a declarar”.
Insistió en que hay una simulación de investigación que con lleva a la impunidad, que no permitirán los familiares de las víctimas, también llamó a los integrantes de la Comisión a que salgan de sus oficinas y acompañen a las víctimas a exigir justicia.
Manifestó que mediante Micaela Cabañas, hija del maestro insurgente Lucio Cabañas, quien está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), solicitaron una reunión urgente con la presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, para pedir que la exhumación se realice lo más pronto posible.
Como representante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y como víctima de tortura por el Ejército, Arturo Miranda Ramírez comentó que a un año y medio de que concluya su periodo de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, “la paciencia se impacienta”, porque ya no se puede esperar más tiempo para tener justicia luego de que están muriendo muchos de los sobrevivientes de aquella época.
Afirmó que además, se dificultará más la búsqueda de los desaparecidos, por ello urgió que el gobierno actual no se convierta en una farsa al no llegar al fondo de la demanda de justicia, “nuestro temor es que mucha gente valiente que se ha atrevido a denunciar los casos de sus familiares y que nada más quede en promesas, nunca más tendrán confianza en ningún otro gobierno”.
Dijo que mientras no se esclarezcan los delitos cometidos en la guerra sucia, la honorabilidad del Ejército seguirá en entredicho, “quizá se vuelva a tener confianza”, y será en el momento en que contribuyan a llevar a juicio a esos responsables de todos los agravios.

La hija de un desaparecido entrega una carta; dice que estaba en el Campo Militar Número 1

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Durante de la presentación del Informe Final de Actividades de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad), María Antonia Morales Serafín, hija de Abelardo Morales, víctima de desaparición forzada, dio a conocer lo que vivieron, ella y su familia, tras agresiones del Ejército.
Señaló que en el periodo conocido como la guerra sucia, su padre fue detenido en Guerrero por solados del Ejército mexicano, y ella y su madre tuvieron que refugiarse para evitar ser asesinadas.
“Yo les quisiera contar cómo se vive en la adversidad, pero el tiempo es corto, irles narrando todo lo que pasó, cómo se vive en el miedo. Cómo mi mamá y yo tuvimos que treparnos en un árbol y abrazarnos para que nos mataran, y ella decía ‘no llores hija, cállate y no nos van a matar’, cómo una terminal de autobuses, sirve para estar a salvo y comer de las sobras de la comida, porque es lo único que teníamos y con hambre eso sabía delicioso”, dijo Morales.
Presentó una carta, misma que fue entregada al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, que fue escrita por Abelardo Morales y que señalaba que se encontraba detenido en el Campo Militar Número 1.
Detalló que con la presentación del informe se tiene la responsabilidad de relatar lo sucedido, además de apoyar a aquellas personas que se encuentran desaparecidas y a los familiares de las mismas víctimas.
“La oportunidad que tenemos es que estamos vivos y que podemos contar esos horrores que nos hicieron pasar y ser las voces de esas personas que todavía están desaparecidas y que nosotros somos la realidad de que hoy en día, hay tantas víctimas como yo”, declaró.
De igual forma, externó que su padre tiene 49 años de desaparecido y le prometió a su abuela que daría con el paradero de su papá, con el único objetivo de poder brindar un entierro al señor Abelardo Morales.
“Te lo aseguró mami, que vamos a encontrar a mi papá y le vamos a dar santa sepultura. Porque para mí, encontrar a mi papá es todo y dar justicia a las demás personas es una petición, pero no nada más de mi, de todas las víctimas, que se haga justicia, que sepamos quienes son los culpables”, manifestó María.
De igual forma, la ex comisionada de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, Hilda Navarrete Gorjón, indicó que de manera directa, sufrió la persecución de su hermano.
Aclaró, que no considera al periodo de la guerra sucia como una guerra, debido a que no existió una confrontación entre dos bandos, sino que se trató de una represión por parte del estado.
“Nos tocó ser testigos de la represión de los años 70, a mí no me gusta llamarle guerra sucia porque no fue una guerra, no fue un ejército contra otro ejército. Fue la represión del estado en contra de campesinos, estudiantes, amas de casa, fue una represión muy cruel del Estado”, dijo Navarrete.
Precisó que en el estado de Guerrero se realizó una persecución a luchadores sociales por parte del gobierno federal, y calificó al Estado como un ente “cruel”.
“Era tan cruel el Estado de Guerrero, el Estado mexicano y en Guerrero en particular, en la persecución a quien se movía, que nos mantuvimos muchos, la gran mayoría, en silencio durante muchos años”, manifestó Navarrete Gorjón.
Aseguró que tras las elecciones federales de 1988 se dio una “válvula de escape”, con los resultados obtenidos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y consideró que existe una deuda por parte de la nación con el estado de Guerrero.
“En Guerrero el PRI perdió ocho a uno, a Guerrero le debe mucho el Estado mexicano y le sigue debiendo, entonces fue que nos empezamos a organizar viendo que el estado mexicano repetía el patrón de represión de los años 70, nos organizamos en comisiones de derechos humanos y así llegamos a esta batalla de los derechos humanos”, comentó.
En el Informe, se entregó un anexo, donde se indican las Personas Participantes en Desapariciones Forzadas. Hilda Navarrete Gorjón manifestó que espera que se pueda interrogar a quienes se mantienen vivos, con el objetivo de conseguir información del paradero de los desaparecidos.
“En este anexo, de los depredadores de ese periodo, quizá haya gente viva, quizá haya gente a la que se le pueda interrogar para conocer el paradero final de las víctimas. Existen militares, yo confío en que los militares siempre llevan bitácoras de lo que hacen y quisiera que se les preguntara a los que están vivos, sin ánimos de venganza, solamente con el ánimo de conocer la verdad y de conocer la justicia”.

Protestan víctimas de la guerra sucia afuera del acto por el Día del Ejército; exigen justicia

 

Familiares de desaparecidos en la guerra sucia marcharon al Sexto Batallón de Ingenieros en Chilpancingo, donde autoridades festejaban el aniversario del Ejército Foto: Jessica Torres Barrera

 

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Integrantes de la Unión de Colectivos de Familiares de Desapariciones Forzadas, Torturas y Ejecuciones Sumarias cometidas en el periodo de exterminio conocido como guerra sucia protestaron ayer afuera del Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, frente a la 35 Zona Militar, mientras adentro se festejaba el aniversario del Ejército con un desayuno encabezado por los mandos militares y los tres poderes del estado.
Los manifestantes exigieron justicia, así como una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
También exigieron la renuncia del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, “por incompetente y omiso” y porque obstaculiza el acceso a los archivos para las investigaciones; señalaron que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, “no permite el avance de las investigaciones y protege a los militares criminales que aún viven”.
Además, afirmaron que la Comisión para el Acceso a la verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, Cometidas de 1965 a 1990, sólo simula y es omisa porque no ha tenido ningún avance para esclarecer los hechos y dar con el paradero final de nuestros familiares desaparecidos forzadamente.
La mañana de ayer unos cien familiares y sobrevivientes de la época llamada guerra sucia, marcharon del monumento a Las Banderas en la colonia Temixco, hacia el Sexto Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército, ubicado en la colonia del PRI.
Los manifestantes se formaron en cuatro columnas, y con pancartas en mano, caminaron por la avenida Lázaro Cárdenas, bajaron por la calle Trébol y se incorporaron hacia el bulevar Vicente Guerrero, para marchar en la Autopista del Sol hasta llegar a las instalaciones del Sexto Batallón frente a la 35 Zona Militar.
Los hombres y mujeres, en su mayoría adultos, portaron en las cartulinas los nombres de sus familiares desaparecidos, algunos son: Julio Mesino, Bartolo Rojas Nazareo, Isaías Castro Velázquez, Antonio Zamacona Radilla, Silverio Flores Silio, Gorgonio Santiago Alvarado, Gaudencio Martínez Barrientos, Francisco Arguello Villegas, Alejandro Urióstegui Velázquez Eusebio Fierro Nava, Fidel Serrano Barrientos, Roberto Castillo de Jesús, Eloy Morales Gervasio y Raúl Cabañas Tabares.
Antes de iniciar la marcha, la dirigente de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades, y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, Estela Arroyo Castro, sostuvo que el Ejército nunca agarró a ninguno de sus familiares desaparecidos en el monte sino los sacaron de sus casas.
Resaltó que fueron militares los que desaparecieron a sus familiares, “tenemos nombres y apellidos, qué esperan para llevarlos a juicio o son intocables ellos, que nada más a los civiles nos llevan cuando cometemos un delito y a ellos no los quieren tocar, por eso le decimos al mandatario Andrés Manuel López Obrador, que queremos justicia, en este periodo que é está gobernando, queremos llevarlos a juicio (a los militares) que viven, queremos que se lleven a juicio por tanta crueldad que hicieron”.
“Primero los torturaron y después los aventaron al mar, eso es algo que no se le permite, por qué lo hicieron, de dónde tenían el permiso para hacerle esa injusticia a nuestros familiares, no sabemos cuántos de ellos fueron a dar al mar, queremos los nombres y exigimos que los dé porque el Ejército los tiene”, aseguró.
Reprochó que el Ejército mexicano entregó bitácoras de los vuelos, pero sin nombres, y sólo tenían números para que no encuentren a sus familiares desaparecidos, “no es posible que este gobierno esté actuando de la misma manera que los gobiernos pasados, los priistas, los que hicieron todo esto, los que nos masacraron, nos desaparecieron y torturaron a nuestro familiares y sobrevivientes”.
El presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, también antes de la marcha dijo que la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 “no está funcionando”, porque no se coordina con la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Expuso que ayer se manifestaron para expresar su descontento en el Día del Ejército, porque no hay nada que felicitarles, porque argumentaron que fueron militares mediante los vuelos de la muerte quienes arrojaron al mar a sus familiares, “hay declaraciones de algunos pilotos y esos pilotos tienen que ser citados a comparecer para que se esclarezcan los hechos de esta barbarie, de este exterminio terrible que sucedió puntualmente en nuestro municipio de Atoyac”, agregó.
Dijo que hoy en México y en Guerrero se vive una situación de inseguridad terrible, donde se puede desaparecer forzadamente a cualquier persona y nadie investiga nada, porque la impunidad se viene arrastrando desde este periodo de terrorismo de Estado o de la guerra sucia”.
Los manifestantes corearon consignas durante su trayecto como: “¡porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y
¡gobierno asesino que matas campesinos, gobierno farsante que matas estudiantes!”. Una vez que llegaron al Sexto Batallón, los manifestantes pegaron en el portón de las instalaciones militares sus pancartas y arrojaron al aire cohetes artesanales para expresar su repudio al Ejército.
Los manifestantes afuera de las instalaciones reclamaron a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, que estuviera adentro del Sexto Batallón celebrando con los mandos militares el 110 aniversario del Ejército. Consideraron que es una traición que les festejara cuando fueron los militares quienes los reprimieron.

Sedena y FGR obstaculizan investigaciones

Octaviano Gervasio fue el encargado de leer un posicionamiento en el que las tres asociaciones de familiares de desaparecidos que se manifestaron ayer exigieron acceso pleno a la justicia, sin simulación e impunidad, mediante una investigación ministerial pronta y expedita, para esclarecer los hechos; que también se identifique, capture y castigue a los militares y pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana responsables de la desaparición forzada de sus familiares.
En el texto leído denunciaron que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, “no permite el avance de las investigaciones y protege a los militares criminales que aún viven”.
Señalaron que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, redujo de ocho a dos ministerios públicos que atienden los casos de más de 600 desaparecidos, y exigieron su renuncia “por incompetente y omiso”, pidieron que en su lugar se designe a un profesionista del derecho que trabaje en pro de la justicia y erradique la impunidad sistemática de sus casos.
Señalaron que la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, cometidas de 1965 a 1990, es una simulación y es omisa, porque argumentaron que no ha registrado ningún avance para esclarecer los hechos y dar con el paradero final de sus familiares desaparecidos, además de que conozcan los nombres de los militares responsables y se castigue a los que aún viven.
Manifestaron que recientemente la Comisión les informó que en la revisión de archivos del Ejército “no han encontrado indicios relevantes” y que la Sedena “no coadyuva para esclarecer los hechos”, por lo que advirtieron que hay coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de la investigación.
Exigieron en el posicionamiento que los diferentes mecanismos de la Comisión trabaje adecuada y coordinadamente, porque no aceptarán “una falsa memoria construida por la mentira y la simulación, queremos justicia y una reparación integral del daño conforme a los terribles hechos vicitmizantes”.
Aseguraron que a pesar del cambio democrático “aún persiste una estrategia sistemática del Estado mexicano de solapar a elementos del Ejército que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el periodo de terrorismo de Estado identificado como guerra sucia”, lo que dijeron, no permitirán.
Denunciaron que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) “no ha dado con el paradero de ninguno de nuestros familiares desparecidos, debido a que de manera descarada sólo simula buscar”, por lo que solicitaron urgentemente una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobierno y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas Rodríguez, para que “emita los lineamientos para su funcionamiento y que por parte de la comisión cese el mal trato y discriminación hacia los familiares de las víctimas de Guerrero”.
De igual manera pidieron que se “otorgue el reconocimiento de la calidad de víctimas directas e indirectas”, a las víctimas que recientemente han acudido ante la comisión a cargo de Encinas Rodríguez “a denunciar por primera vez las violaciones graves a derechos humanos y aún no cuentan con su Registro de Víctimas y así puedan acceder a los diferentes tipos de medidas de ayuda y reparación integral que ordena la Ley General de Víctimas”.
Exigieron además que se instale una oficina de la Comisión en Atoyac, que atienda un profesionistas en víctimas de violaciones graves de derechos humanos, con afinidad a las víctimas para que las investigaciones y la atención avancen de manera estratégica, porque en su mayoría las víctimas son este municipio, y expresaron han recibido malos tratos de algunos servidores públicos.
“Solicitamos que se sustituya a la comisionada Aleida García Aguirre, quien recientemente renunció a la Comisión debido a que no le pareció cómo se está trabajando”, agregó.
Asimismo solicitaron una reunión urgente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para solicitar la creación de una Fiscalía Especial y la entrega de los archivos secretos de la represión del Ejército a la FGR y a la Comisión de la Verdad; así como un encuentro Evelyn Salgado, de quien aseguró, desde el año pasado solicitaron audiencia con ella y aún no los ha recibido.
Los familiares exigieron públicamente la reparación integral del daño bajo los estándares nacionales e internacionales, y que los gobiernos federal y estatal no los persiga políticamente por su legítima derecho de exigir justicia, sostuvieron que en caso de que las instituciones involucradas en las investigaciones no los atiendan conforme a derecho, se movilizarán en el zócalo de la Ciudad de México.
Las peticiones fueron firmadas por integrantes del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac, la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades, y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, y la Asociación Nacional Cívica Revolucionaria.
Minutos después de las 12 del día, luego de que militares y funcionarios de la Secretaría General de Gobierno estatal recibieron los documentos con sus solicitudes de reunión a las distintas autoridades, los manifestantes se retiraron de las inmediaciones del Sexto Batallón militar.

 

Exigen justicia para los desaparecidos de la guerra sucia en mesa de la Comisión para la Verdad

Familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y desaparecidos, ayer en el Diálogo por la Verdad Guerrero en el auditorio del CREA en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidos de 1965 a 1990 (Comisión para la Verdad), instaló ayer la mesa Diálogos por la Verdad, para recibir testimonios de las víctimas de la violencia durante la llamada guerra sucia.
El encuentro que continuará este sábado, se realiza en el auditorio de la Unidad Deportiva, (antes CREA) de Chilpancingo, con la participación de unos 15 colectivos y más de 200 víctimas o familiares de estas.
Al presentar sus testimonios, los ex integrantes de la guerrilla de Genaro Vázquez, Arturo Miranda Ramírez y de Lucio Cabañas, Nicomedes Fuentes García, exigieron justicia para las víctimas, la presentación de los desaparecidos vivos o muertos, reivindicación de las víctimas como hombres y mujeres honestas y no como criminales; que aparezcan en memoriales, en plazas públicas u obeliscos, así como la reparación integral del daño.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan) e integrante de la Comisión para la Verdad, Abel Barrera expuso que este es el primer diálogo por la verdad.
“Para nosotros son ustedes la fuerza del trabajo de la Comisión de la Verdad, no tiene sentido sin su presencia, sin sus testimonios y sin su lucha”, les dijo a las víctimas que llenaron el auditorio.
Agregó que los integrantes de la Comisión, (que integran también David Fernández, Eugenia Allier y Carlos Pérez Ricart, quienes estuvieron presentes), quieren reconstruir la historia de la represión de esa época con los rostros, testimonios, demandas, exigencias y los sueños de una sociedad justa.
Agregó que por ello trabajarán “mano con mano”, con los colectivos, familiares de las víctimas y sobrevivientes.
Algunos de los sobrevivientes y familiares de víctimas que presentaron sus testimonios fueron Pablo Cabañas, hermano del guerrillero Lucio Cabañas, así como Guillermina Cabañas Alvarado y Erasmo Cabañas Tavares, primos del guerrillero.
También el ex integrante de la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas, Arturo Miranda Ramírez y el ex integrante de la guerrilla de Lucio Cabañas, Nicomedes Fuentes García, ex integrante de la Converdad.
También asistió una comisión de vecinos de Tlaxcalixtlahuaca, municipio de San Luis Acatlán, encabezada por el presidente del comisariado ejidal Onésimo Sánchez Rentería. Esa localidad de la Costa Chica fue víctima de la represión en 1970, después de que alojó al guerrillero Genaro Vázquez Rojas.
Otros que presentaron sus historias fueron Humberto Galeana, hermano de Eleno Galeana Vásquez, desaparecido por el Ejército en 1974, Margarita Serafín Reyes, hermana de Marcelino Serafín, desaparecido el 2 de febrero de 1971, y Donaciano Mesino Lezma, hermano de Ernesto Mesino Lezma desaparecido el 20 de marzo de 1974.
Estuvieron, además, María Hernández Pérez, sobrina de la desaparecida Victoria Hernández Brito, y Anita Estrada Ramírez, hermana de los universitarios desaparecidos en la década de los setentas Domingo y Teresa Estrada Ramírez.
“Queremos decirles –les dijo Barrera Hernández- que esta política de exterminio no puede repodrirse en el presente, sabemos que con sus manos y su sabiduría, su fuerza y su coraje, están exigiendo que no se olvide este capítulo lleno de agravios, sangre y lágrimas”.

Que se les reconozca como luchadores sociales: Arturo Miranda

Arturo Miranda después de que narró las masacres que se vivieron en Guerrero desde la década de 1960, dijo que éstas incitaron a Lucio y a Genaro a participar en la guerrilla, “no fue porque ellos no tuvieran otra cosa que hacer”, sino porque estaban convencidos que ante tanta violencia no quedaba otro recurso que la fuerza revolucionaria.
“Por esa razón, consideramos que es de justicia que a todos nuestros desaparecidos los presenten vivos o muertos, pero que los familiares sepamos dónde quedaron o qué fue de ellos”.
Agregó que las torturas, asesinatos, la violación de los derechos constitucionales, los crímenes de lesa humanidad y los juicos sumarios no fueron cometidos por quienes participaron en el movimiento, sino por los criminales que los perseguían entonces.
Dijo que por eso no están de acuerdo que los militares que cayeron en las emboscadas, les den el mismo trato que a los muertos “nuestros”, (como lo propone el secretario de la Sedena Cresencio Sandoval) “porque (los militares) andaban en defensa de una oligarquía gobernante, parásita y criminal y nosotros defendíamos a nuestro pueblo porque queríamos una patria nueva, como decían Genaro y Lucio”.
Agregó que la lucha de éstos era justa y legal, “por lo tanto, si hay que recordar a nuestros compañeros obliguemos a las actuales autoridades para que se les reconozca como verdaderos luchadores sociales, merecen todo nuestro respeto y que en la memoria social y en la histórica, aparezcan en los libros de texto como hombres honestos y no como los criminales como nos llamaron y nos trataban”.
Miranda Ramírez propuso que las víctimas de esta etapa de Guerrero aparezcan “con respeto y honor” en memoriales, en plazas públicas o en obeliscos, “si no, van a quedar en el olvido todos nuestros familiares y compañeros con ese estigma de que eran criminales y que por eso murieron y por eso los desaparecieron, y no puede ser así”.
El ahora académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), agregó que su propuesta es para que cuando las nuevas generaciones pasen por esos memoriales sepan que esos jóvenes, esos desaparecidos o asesinados, dieron la vida para que estas nuevas generaciones no vuelvan a sufrir las masacres, la represión y la violación sistemática de los derechos humanos.
El también integrante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) que fundó Genaro Vázquez, dijo que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas tienen derecho a la paz, a la justicia, a la verdad, a la reparación del daño.
Sin embargo, aclaró que “no estamos pidiendo compasión o consideración para que se diga: pobrecitos, los mataron, pobrecitos los desaparecieron, estamos luchando por justicia y verdad. Estamos luchando porque se generen leyes que pongan un alto a esta clase de gobiernos criminales que tuvimos, estamos exigiendo que se castigue a los responsables de estos crímenes”.

Critica que no se avanza en el proceso de verdad y justicia

Criticó que no es posible que en África, al sur Asia, o en América Latina, donde también sufrieron la contrainsurgencia imperialista norteamericana, en muchos países ya hicieron su proceso de verdad y justicia y llevaron a muchos militares a las cárceles, “y en este país que supuestamente es muy democrático todavía no se avanza”.
Miranda Ramírez denunció que aquí estamos retrasados con más de 30 años en comparación con otros países que ya llevaron a juico a los militares criminales.
Aclaró que no buscan venganza, “aunque el dolor que nos causaron sería para la venganza también, pero tenemos que ser diferentes a los criminales y actuar con justicia y legalidad”.
Por su parte Nicomedes Fuentes García ex integrante de la guerrilla de Lucio Cabañas y ex integrante de la Comisión de la Verdad (Converdad), dijo que se espera que este (el trabajo de la Comisión para la Verdad) sea el jalón o el espacio “donde podamos terminar con la impunidad y que finalmente haya justicia, verdad, que haya reparación integral del daño y medidas de no repetición”.
También, que sirva para el rescate de la memoria histórica “que es necesario para que las nuevas generaciones tengan presente que esto fue parte de su historia y que deben luchar para que memorias de esta naturaleza no se repitan”.

“Se necesita una nueva narrativa”, considera Abel Barrera

En declaraciones en un receso de la jornada, el director de Tlachinollan dijo que los testimonios de las victimas servirán para elaborar un informe que dé cuenta de los hechos que ocurrieron de 1975 a 1990, que se denomina como parte de la guerra sucia.
Explicó que este será un informe cuyo compromiso sea esclarecer los hechos; “sabemos que ya hay muchas investigaciones que se han dado a nivel académico y regional, como lo que hizo la Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos del Pasado (Femosp), la CNDH y la Converdad, pero ahora se busca que se tome en cuenta todo ese trabajo, y además recuperar historias regionales o casos que no han sido contemplados.
“Uno de los objetivos es que haya audiencias públicas para escuchar a las víctimas”, argumentó.
Explicó que una tarea de la Comisión, aparte de hacer la de investigación de las graves violaciones a los derechos humanos, es generar espacios de diálogo; escuchar, generar intercambio de testimonios y registro de sus historias, para que no se corra el riesgo de elaborar un informe demasiado académico o rigoroso en términos de una investigación, y sin que esté avalado y nutrido de los testimonios de las víctimas.
De lo que se trata según Abel Barrera, es poner en el centro a las víctimas, reivindicar su palabra y su lucha, “porque sabemos que está estigmatizada la lucha del guerrillero, se les ha tratado como forajidos, como secuestradores, como robavacas y todavía hay un imaginario colectivo de que son parte de los maleantes”.
Entonces lo que se busca, explicó el defensor de derechos humanos, es reivindicarles y darles un lugar dentro de la sociedad “y dignificar la trayectoria de estos héroes; Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, que no sean estigmatizados, sino que sean reconocidos como lo es ahora Vicente Guerrero”.
El director de Tlachinollan declaró que se necesita una nueva narrativa de lo que fueron los hechos que se suscitaron en esta época en Guerrero “porque queda más la versión del gobierno y no queda la versión de las familias, saber por qué se fueron al cerro, no se fueron porque no tenían que hacer, se fueron por la represión, hay un origen, una causa; la persecución, la represión, la pobreza, el cacicazgo, el despojo y por el hecho de que no hubiera espacios para establecer una relación con las autoridades”, planteó.

 

Guillermina Cabañas vio cuando se llevaron a su sobrino; aprendió a disparar y se unió a la guerrilla

Guillermina Cabañas Alvarado, prima del líder guerrillero Lucio Cabañas platica su testimonio de la represión de la guerra sucia, ayer en Chilpancingo Foto: Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Guillermina Cabañas Alvarado afinó su puntería disparándole primero a las calabazas, y cuando estuvo preparada entró a la guerrilla de su primo Lucio Cabañas obligada por la represión que en la década de 1970 sufría la familia del líder guerrillero.
El testimonio de Guillermina fue uno de los que recibió ayer la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 (Comisión para la Verdad), durante el Dialogo por la Verdad.
Ahora de 74 años, la ex guerrillera originaria de San Juan de las Flores, municipio de Atoyac, contó que en ese pueblo la represión más fuerte se vivió entre 1970 y 1972 cuando fue ocupado por los militares.
Entonces había señalamientos contra los familiares del guerrillero Cabañas Barrientos y los militares llegaban a los pueblos y sacaban a la gente a la cancha de básquetbol, y quienes no se apellidaban Cabañas los ponían a un lado y los que sí en otro.
Muy jovencita entonces, Guillermina vio cuando militares se llevaron a su sobrino Antolín Cabañas Fierro, después a Joaquín Cabañas.
“Se sentía mucha impotencia, mucho coraje, no podíamos hacer nada ante las fuerzas armadas”, contó Guillermina, para entonces ya tenía desaparecido a su hermano Humberto y era ella quien lo buscaba.
Dijo que la mayoría de su familia, incluidos sus padres, salieron desplazados para Acapulco y ella se quedó al frente de los trabajos que le correspondían a su papá, pero también, por eso, fue hostigada por la misma gente del pueblo y empezaron a amenazarla.
De eso se enteró Lucio, quien le mandó una carta en la que le decía que se preparara para salir, antes le mandó a unas personas para que le enseñaran a usar armas.
“Yo le tenía miedo a las pistolas, sentía que me iban a explotar en la cara, pero de tanto y tanto me pusieron a prueba con una calabaza a 100 metros y hasta que le pegué me sentí segura”, contó.
Entonces le mandó avisar a sus padres que se iba a la guerrilla porque se estaban llevando a la familia Cabañas, “y no podemos hacer nada”.
Recordó que sus padres lloraron: “No te puedes ir, allá hay puros hombres, te van a tener de cocinera y no sabemos que más vaya a pasar”, le objetaron.
Pero Guillermina insistió, les dijo que prefería irse a que la agarraran con las manos cruzadas, “me tengo que defender, además yo coincido con las ideas de Lucio”, les insistió y se fue.

Dificultades en la sierra

Contó que el primer mes la acompañó su hermano Silvestre para constatar que ahí (en la guerrilla) había respeto.
“Tuve que estar aprendiendo las reglas, los trabajos se hacían parejo por hombres y mujeres. Los hombres tenían que aprender a hacer tortillas, lavar su ropa e igual las mujeres tenían que arrimar leña y los alimentos que se llevaban de otros pueblos”.
En los primeros días Guillermina se dio cuenta de que la vida en la sierra no era como la había imaginado, en el tiempo de lluvias dormían con la ropa mojada y con las botas puestas.
“A veces no podíamos ni prender la lumbre para preparar café o hacer la comida”, y dijo que lo peor fue cuando los militares los bloquearon y no los dejaban pasar alimentos ni pastillas para los enfermos.
Vio a compañeros que les llegaron a picar alacranes o animales ponzoñosos y no tenían antibióticos, ni pastillas para curarse.
Recordó una anécdota: Un día se le prendió una garrapata de las conocidas como del tigre en la entrepierna y le tuvieron que sacar la cabecita con un cuchillo, y la herida se infectó porque no había antibióticos, sólo se lavaba con jabón o con hojas de yerbas que creía eran curativas.
Además por el bloqueo del Ejército cuando no tenían suficiente comida comían raíces, una de ellas la oreja de burro que hervían para ablandarla.
En una ocasión cuando estaban en Los Piloncillos, no tenian alimentos y comieron cola de león que crece cerca de los arroyos. Contó que hervían el camote y en las noches no aguantaban los dolores de estómago por el frío, o porque lo que comían no era suficiente.
“Pasábamos hambre, frio, dolores, calores, diarreas.
Añadió que por esos días subieron unos médicos a apoyarlos y ella aprovechó para acompañarlos a las comunidades para dar consultas y aprendió a inyectar, poner suero, entablillar y a curar las heridas.
Después, cuando algún compañero se enfermaba ella estaba al pendiente de ellos.
Cuando los médicos se fueron le dejaron a su esposo el directorio para saber cómo se aplicaban las medicinas y los antibióticos, y mientras él daba las consultas ella era la enfermera, así apoyaban a las comunidades y los pobladores, a cambio, les daban huevos, frijol, maíz, a veces pollo que se repartían de a pedacitos.
Recordó que a finales de 1973 salió embarazada y se preocupó porque le daba hambre y no había qué comer, a tal grado que cuando le daba vómito lo que arrojaba era espuma.
Recordó que un compañero cercano a Lucio era “muy bondadoso” con ella y cuando salía de comisión pedía en las comunidades comida para llevarle.
Un día llegó y le dijo: “me da pena Hortensia (así la conocían en el grupo) te traje un pan pero viene bien mojado en mi morral, nos llovió y no sé si te lo quieras comer así. Vio que el pan lo llevaba envuelto en hojas verdes; “el hambre es canija, dámelo”, le respondió.
En otra ocasión se enfermó de gripa, tos y temperatura, mero cuando les avisaron que tenían que irse porque se acercaban los soldados.
Para salir tenían que cruzar un río y su esposo tuvo que cargarla para que no se mojara, pero a medio arroyo resbaló y cayeron los dos quedando totalmente empapada. Ambos tuvieron que seguir mojados porque no llevaban más ropa debido a que habían dejado sus mochilas para avanzar más rápido.
La empapada le agravó el dolor de cabeza, la temperatura y hasta quedó sorda.
Sonriente y divertida, contó que se hizo unos calzones de manta con las bolsas de arroz y a su esposo unos calzoncillos, y a éstos le quedaron el letrero de: “suprema” (la marca del arroz).
Dijo que en broma le pidió a su esposo: “no los vayas a tirar, guárdalos, porque ese calzoncillo va a ir a dar al Castillo de Chapultepec cuando termine esto (la guerrilla), pero en el primer arroyo los tiró y ella se enojó; “porque tenía historia ese calzón”, dijo ayer sonriente, contagiando al público.
El 14 de agosto de 1974, cuando tenía cinco meses de embarazo, Lucio le dijo que tenía que salir de la sierra porque ya era peligroso que enduviera en el monte.
De camino a Acapulco por el monte, una noche se cayó de la hamaca y rodó unos dos metros y su embarazo se le complicó, la tuvieron que sacar rápido, pues ya no podía aguantar más.
Explico que esa vez desbarató una bolsa de manta y se hizo una venda larga con la que se envolvió para avanzar más rápido porque ya para entonces los caminos estaban llenos de militares.
Otras parejas aprovecharon para salir con ellos y hubo lugares que atravesaban “como Tarzán, porque no podíamos ir por el camino, teníamos que ir rompiendo el monte para llegar donde pudiéramos dormir y al otro día seguir rumbo a Acapulco”.
Al final pudieron llegar “con muchos trabajos” a Acapulco, “desafiando los retenes y dando muchas vueltas”.
Explicó que en Acapulco ya tenian un lugar convenido donde se iban a reunir todos los que habían salido.
Informó que llegaron todos, y se abrazaron, rieron, lloraron y se despidieron, cada quien le dio por su rumbo, pero días después se iban enterando “que a fulano lo agarraron, y al otro también”.
Una de las que detuvo el Ejército días después fue Migue, a quien Guillermina dijo que quiso mucho; “siempre anduve pegada a ella, nos queríamos mucho”, contó y dijo que, incluso, a una de sus hijas le puso Migue, en recuerdo a ella que sigue desparecida.

Reconocen sobrevivientes de la guerra sucia lugares donde estuvieron en el Campo Militar

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

Las dos primeras jornadas en el Campo Militar Número 1-A en las que participan sobrevivientes de la guerra sucia, familiares de víctimas e integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de Violaciones Graves a Derechos Humanos de 1965 a 1990, han sido “intensas, enriquecedoras y alentadoras”, de acuerdo con Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y comisionado del Mecanismo para la Verdad y Esclarecimiento Histórico.
Los participantes –61 personas, entre sobrevientes, familias y funcionarios, precisó la Secretaría de Gobernación– recorren desde el martes pasado las instalaciones de la zona militar para reconocer los lugares donde se cometieron torturas, detenciones ilegales e incluso desapariciones de disidentes políticos y líderes sociales.
El propósito es recabar información que ayude a esclarecer los crímenes cometidos en el periodo de 25 años conocido como guerra sucia.
“Se ha generado un ambiente muy favorable para poder ingresar”, comentó Barrera a El Sur. “Ha sido muy representativa la presencia tanto de familiares como de sobrevivientes de distintos estados”. En el caso de Guerrero, añadió, el primer día asistieron las activistas Micaela Cabañas y Tita Radilla, además de Arturo Miranda.
“Son grandes luchadoras que han exigido justicia”. Micaela Cabañas, hija del guerrillero Lucio Cabañas, estuvo presa en el Campo Militar no. 1, junto con su mamá Isabel Ayala, cuando apenas era una niña.
“Hemos tenido la presencia de grandes hombres y mujeres, con un corazón de acero por lo que han logrado”, dijo el director de Tlachinollan. “Creo que son muy trascendentes estos días para ellos y ellas porque se logra un objetivo: acceder a las instalaciones militares, que en otras circunstancias históricas y coyunturas políticas se veía muy difícil”.
–Se ha calificado a estas visitas como “hecho histórico”.
–Tiene toda esta fuerza que le imprimió el movimiento de sobrevivientes y familiares. Es algo que les ha significado muchas batallas. Por otro lado, con el decreto presidencial del año pasado, algunos de los compromisos fueron que se accediera a las instalaciones militares, lo que se ha ido materializando. Desde mediados de este año se logró establecer un acuerdo con personal del Ejército para poder ingresar a las instalaciones.

“Que el Ejército facilite, se valora”

Abel Barrera enfatizó la fortaleza de los colectivos y sobrevivientes. “Su entereza y deseo de ingresar. Ellos tienen historias muy claras y precisas sobre cómo fueron detenidos e ingresados al Campo Militar”.
Asimismo, destacó la disposición de los mandos militares a facilitar el acceso. Las reuniones en que se definió el protocolo sobre cómo se entraría comenzaron en junio, dijo.
La selección de los espacios que se están inspeccionado –según se indica en un comunicado de la Segob difundido ayer– “se basó en documentación militar, así como en testimonios de sobrevivientes y personas que han formado parte del servicio público”.
Al Campo Militar Número 1-A, localizado en los límites del Estado de México y Ciudad de México, fueron trasladadas entre las décadas de los sesenta y noventa del siglo XX personas detenidas de forma arbitraria y sometidas a interrogatorios, torturas, prisión clandestina o cuyo destino final, en muchos casos, aún se desconoce. Se habla de al menos 500 personas que fueron llevadas ahí, entre políticos opositores y dirigentes de distintos ámbitos sociales.
“Este lugar ha sido muy señalado por decenas de familiares como lúgubre, un lugar de la infamia. Que facilite (el ingreso) el mismo Ejército, es algo que se valora”, reconoció Barrera.
La Comverdad de la guerra sucia está conformada por cinco mecanismos integrados por civiles y servidores públicos. El primer día de recorrido estuvieron presentes elementos de tres de esos mecanismos, los involucrados con las búsquedas y el esclarecimiento histórico, y cuya presencia en los espacios castrenses es importante.
Ese martes, acompañó a familiares y sobrevivientes personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, dependencia donde fue creada la Comverdad. También hubo representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En opinión del director de Tlachinollan, es importante la presencia los funcionarios “para que sea más efectiva la cobertura de los recorridos, la ubicación de los lugares”.
Una comisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del área de Derechos Humanos ha sido la encargada de recibir y guiar los recorridos.
Barrera mencionó que los participantes acordaron no hablar con detalle, por ahora, de las visitas al Campo Militar. Este jueves o el viernes se difundirá un comunicado conjunto de todos los involucrados “para informar de manera objetiva sobre las actividades realizadas”.
Sobre el primer día, abundó, estuvieron en dos sitios “donde las mismas familias han dado testimonio de que fueron donde los ingresaron. En general, fue “un reconocimiento que seguirá más a detalle en estos días”.
–¿Se cumplió la expectativa?
–Fue un ambiente favorable para facilitar el recorrido, (hubo) buena comunicación para implementar el protocolo. Las personas estaban expectantes, interesadas en entrar, en recorrer, ubicar, hacer reflexiones y preguntar. Las unía el interés de ubicar los lugares. Impacta a uno como comisionado.
–¿Cuál ha sido el protocolo para los tres días?
–Hay un plan al que se le ha dado seguimiento, un programa que se acordó con las autoridades militares. Tiene que ver con el recorrido de las instalaciones. Iniciar temprano y terminar después de las seis de la tarde.
Barrera insistió en que ha habido “un gran ánimo entre quienes participan. Se ha mantenido ese ambiente de entendimiento y respeto para esta labor”.