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La PGR buscará “aclarar” la sentencia del caso Ayotzinapa, dice Navarrete Prida

El gobierno federal buscará la manera de aclarar la sentencia emitida por un tribunal federal sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, indicó el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
El funcionario fue cuestionado sobre la posibilidad de impugnar el fallo que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
“Existen mecanismos jurídicos para, sobre todo, clarificarla (la sentencia)”, respondió.
“A qué se refieren los magistrados con una resolución que, cuyo contenido, no existe esas figuras en el orden constitucional mexicano y generan muchas dificultades”, agregó en referencia a la Comisión de la Verdad que los jueces ordenaron instalar.
Según la sentencia esta Comisión de la Verdad estaría integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, pero sólo los primeros podrían indicar las líneas de investigación a seguir y tendrían autorización para ingresar a zonas militares para buscar a los desaparecidos.
“No existe en nuestro sistema jurídico una figura de Comisión de la Verdad, para eso existen poderes judiciales y poderes judiciales sólidos y fuertes”, dijo Navarrete Prida.
“En este marco se tendrá que dar respuesta y satisfacción con un solo y único interés, es encontrar la verdad y hacer justicia”.
El funcionario evitó responder si el tribunal se extralimitó y sólo dijo que respetaba la sentencia.
“Corresponde en el marco de la ley a las instituciones encargadas de hacerla valer (la PGR), responder ante cualquier circunstancia que se da donde son parte procesal”, agregó. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Revisará la Suprema Corte el amparo de Pineda Villa contra el auto de formal prisión por cohecho

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) revisará el amparo de la ex primera dama de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, contra la formal prisión que se le dictó en 2015 por cohecho, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En la sentencia que revisará la Primera Sala en fecha aún por definir, el magistrado de circuito Sabás Pérez García resolvió que Pineda tiene derecho a ser procesada por jueces federales de Morelos, donde está recluida, y no por los tribunales de Tamaulipas donde se concentran los casos contra los involucrados en el caso.
El amparo de Pineda Villa, esposa del ex Alcalde de Iguala José Luis Abarca, era uno de los cinco acusados por el caso Ayotzinapa que en 2017 llegaron al mismo tiempo al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en Ciudad Reynosa.
El 1 de febrero los magistrados acordaron enviar ese amparo a la Corte para que resuelva un tema de Constitucionalidad planteado por Pineda Villa, que no fue incluido en las demandas de los otros acusados. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Es “de locos” la sentencia por el caso Ayotzinapa, dice Miranda de Wallace y anuncia amparos

La activista Isabel Miranda de Wallace calificó como “de locos” la resolución de un tribunal que concluye que la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, y ordena crear una Comisión de la Verdad.
Anunció que la organización Alto al Secuestro que preside interpondrá amparos contra de la sentencia,“ no estamos de acuerdo en que cada vez se le reste más potencia al Estado, es decir que el Estado pierda facultades para poder investigar”.
En un hecho inédito el 4 de junio un tribunal colegiado ordenó crear -en 10 días- una Comisión de la Verdad integrada por representantes de las víctimas, de la CNDH y del MP de la federación, a fin de investigar la desaparición de los 43 normalistas.
En conferencia ayer Miranda de Wallace sostuvo que contrario a la Constitución y a la ley, la resolución del tribunal convierte al Ministerio Público en un mero observador y permite a quienes no tienen facultades realizar las investigaciones.
Consideró que el grupo criminal Guerreros Unidos, que según las investigaciones está detrás de la desaparición de los jóvenes, “metió las manos por medio de mucha gente” para tratar de liberar a sus líderes detenidos y procesados. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Intentan desalojo de colonos para instalar un cuartel en Teloloapan; irrumpen militares en casas de Tlapehuala

 

Pobladores de la colonia La Mohonera, de la cabecera municipal de Teloloapan, denunciaron ayer que unos 200 policías antimotines, policías ministeriales y soldados armados, así como funcionarios del gobierno estatal intentaron desalojar a más de 80 familias de este asentamiento sin una orden judicial, ya que en la zona se construyen las instalaciones del cuartel del 41 Batallón de Infantería.
Por separado, vecinos de la comunidad de San Juan Mina, municipio de Tlapehuala, denunciaron que la madrugada de ayer, gendarmes y soldados del Ejército ingresaron por la fuerza a catear sus casas y robaron dinero y diversos artículos.
Un vecino de La Mohonera, Cristino Bahena Salgado denunció, vía telefónica, que ellos tienen constancias de propiedad de esos predios, que son usados como parcelas de cultivo de maíz hace más de 17 años, y que durante el gobierno perredista de Ignacio de Jesús Valladares Salgado y Ángel Aguirre Rivero, se falsificaron las escrituras para ceder los terrenos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En un video que los afectados compartieron con el reportero, se ve a los antimotines con los escudos de la policía del estado y toletes, también se ve a otros policías, al parecer ministeriales, cubiertos del rostro, y a soldados del Ejército armados.
En la grabación de uno de los vecinos se alcanza a escuchar cómo los pobladores, entre ellos mujeres, reclaman a los policías y soldados que, “así deberán de actuar en contra de los delincuentes que agredieron a los estudiantes de Ayotzinapa, allá sí se necesitan armas para pelear con los delincuentes y los asesinos de los estudiantes de Ayotzinapa y encontrar a los culpables, no con la gente humilde, los campesinos, vienen a hacer sus ‘panchos’, allá vallan a hacerlos y busquen a aquellas personas”.
Cristino Bahena denunció que, la mañana de ayer llegaron unos 200 antimotines y después de las 3 de la tarde empezaron a avanzar hacia ellos de una forma intimidatoria.
Señaló que el gobierno municipal le cedió parte de esos terrenos a la Sedena para la construcción del cuartel, que el gobierno sacó una escritura “falsa” de la propiedad de ese predio en 2012, pese a que ellos tienen constancias de propiedad desde hace 17 años. Precisó que esas tierras son ejidales y las utilizan para la siembra de maíz, y que de hecho empezaron a preparar las tierras para este ciclo agrícola.
Puntualizó que ellos no están en contra de que se construya el Batallón en esa zona, “sino al contrario, pero que respeten nuestro trabajo y nuestras tierras”.
Comentó que en ese asentamiento viven 140 familias, pero las afectadas directamente son unas 80. El predio donde se construye el cuartel militar está en la carretera Teloloapan-Apaxtla, a unos 5 kilómetros de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, y en el área en disputa se construye una barda.
Dijo que en el gobierno de Ignacio Valladares se compraron casi 14 hectáreas del terreno que después se donaron a la Sedena, pero que ahora pretenden invadir otras 15 hectáreas del predio y los pretenden desalojar sin una orden judicial y con el uso de la fuerza pública.
Señaló que las autoridades han ofrecido reubicar a las familias, pero en un terreno “más feo” y pedregoso, que no les conviene, y declaró que ayer por la tarde se dialogó sin que se diera ninguna confrontación, y después se retiraron del lugar los antimotines.
Advirtió que ellos defenderán sus tierras hasta las últimas consecuencias, y responsabilizó a las autoridades estatales y militares de lo que llegue a suceder; dijo que, de ser necesario convocarán a vecinos de otras colonias de Teloloapan para defender sus terrenos, y que el ofrecimiento de reubicación que les dan es en un predio de tres hectáreas, lo que rechazan, y exigen la presencia del ex alcalde, Ignacio de Jesús Valladares, para que aclare la situación.
En el video se alcanza a ver al Subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno estatal, Fernando Jaimes Ferrel.
En hechos separados, vecinos de la comunidad de San Juan Mina, municipio de Tlapehuala, denunciaron que la madrugada de este miércoles gendarmes y soldados del Ejército irrumpieron en sus casas para hacer cateos y terminaron robándose dinero en efectivo y diversos artículos que encontraron.
Frente al centro de salud de San Juan Mina, vecinos reportaron que en dos viviendas se metió la gendarmería reclamando que tenían reportes de que ahí había mariguana escondida, y exigiendo a los dueños que la entregaran.
En una de las viviendas estaba una pareja con una niña de unos nueve años de edad, a quienes amenazaron y apuntaron con rifles y pidiendo que entregaran la droga.
La familia reportó que los gendarmes encontraron sobre la mesa una bolsa llena de hojas secas y semilla de hierbabuena, que la señora siembra, y que mostró en el patio el lugar donde tiene sembrada la planta, pero que los gendarmes insistieron en que era mariguana.
Tiraron muebles, ropa, camas, y en el cateo se llevaron el dinero en efectivo que ahí había.
“Eran sólo mil pesos que tenía para la semana. Mi esposo es albañil y eso tenía guardado”, dijo la mujer entre lágrimas. “Tenemos miedo de presentar denuncia, nos amenazaron y tenemos miedo de que vayan a volver. Si nosotros anduviéramos en cosas malas, no tendríamos así la casa, de humilde”, dijo la mujer.
Al fondo, la vivienda se conecta con otra casa. En donde rompieron una cama en la búsqueda de diversos artículos. Ahí reportan el robo de un celular y unas bocinas. El dueño dice que se dedica a la venta de agua, y que a la hora del cateo no estaba en su casa.
La localidad de San Juan Mina está muy pegada a Tlapehuala, y en la ruta que conduce a pueblos del río Balsas que pertenecen al municipio de Ajuchitlán.
En San Jerónimo, municipio de Ajuchitlán, ubicado a 5 kilómetros de San Juan Mina, también reportaron la incursión de la Gendarmería, pero también reportaron la presencia de una patrulla del ejército. Ahí señalaron que, alrededor de las 11 de la noche llegaron buscando a hombres armados en un rancho abandonado.
Amenazaron a los vecinos de un rancho abandonado, para exigirles que les dijeran dónde estaban los hombres.
“Nos apuntaron a toda la familia, somos cuatro, tenemos una niña en casa y así con el rifle se metieron a la casa. Se llevaron como 12 mil pesos que teníamos, se llevaron unos cartuchos de un rifle 22, tenemos una escopeta y se la querían llevar, pero está muy vieja y la dejaron. Luego escuchamos disparos y se fueron”, indicaron.
“Sólo pedimos al gobierno que no venga a robar, si vienen contra alguien, vayan contra ellos, pero por qué se meten a las casas a robar, eso no está bien”, expresó uno de los inconformes.
En el rancho se observó una camioneta estacionada; de acuerdo con los vecinos, el dueño desapareció hace varios años y el lugar está solo. A la camioneta le rompieron los vidrios y había un cartucho percutido a un costado. Luego se fueron del lugar.

Reportan decomiso de droga y un vehículo en Tlapehuala

La Gendarmería puso a disposición del Ministerio Público federal, con sede en Altamirano, una camioneta con reporte de robo, 5 kilos de mariguana y una moto, decomisados en el municipio de Tlapehuala.
Informes policíacos señalan que aproximadamente a las 10 de la mañana, la Gendarmería puso a disposición una camioneta en la que señalan que llevaban un cargamento de 5 kilos de mariguana en una bolsa.
También pusieron a disposición una moto con reporte de robo, tipo Itálica. No se reportaron detenidos, ni se pusieron a disposición dinero, armas o teléfonos.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Tlapehuala, donde reportaron la presencia de la Gendarmería y el Ejército desde las 10 de la noche en la localidad de San Juan Mina y en San Jerónimo, municipio de Ajuchitlán.

 

Investigar al Ejército y los videos de Iguala, ordenó también el tribunal

Huicochea: espera el PRI que la Comisión de la Verdad permita resolver el caso Ayotzinapa

“Lo que nos interesa es que se haga justicia” en un problema de “controversia mundial”, dice. Los padres “merecen respuestas y sobre todo una investigación que lleve a buen término lo que ellos están exigiendo, que es ver a sus hijos”, subraya el candidato al Senado Manuel Añorve

Karina Contreras

El presidente del PRI estatal, Heriberto Huicochea Vázquez, aceptó la creación de la Comisión de la verdad para el caso de Ayotzinapa, pues dijo que “si hay eslabones que haya que conectar adelante; lo que queremos precisamente es que queden satisfechos, sobre todos los padres de los estudiantes, y si eso abona a que se resuelva esta controversia mundial”.
Al concluir un acto del PRI en Acapulco, a Huicochea Vázquez se le preguntó sobre la resolución de un tribunal federal que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial. Respondió que es un tema en la esfera del tribunal y es la que está retomando toda esta parte y “yo creo que tendrá que resolverse en esas instancias”.
“De proceder y ser necesario lo que nos interesa es que se haga justicia, si hay eslabones que haya que conectar adelante, lo que queremos es que precisamente queden satisfechos, sobre todos los padres de los estudiantes”.
En breves declaraciones sobre el tema, el dirigente priista descartó que esa resolución empañe el proceso electoral.
Indicó que es un proceso, es una ruta, “yo creo que los culpables ya están en la cárcel, detenidos y que finalmente ojala lo que más esperamos es que estén con vida los 43 (normalistas) es por lo que decimos adelante, pero pudiera haber un buen indicio en ese tipo, (pero) fuera de ahí tiene que cursar la parte legal”.
Mientras que en el mismo tema, el candidato al Senador de la coalición PRI-PVEM, Manuel Añore Baños indicó que es bienvenido todo lo que abone para resolver el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero particularmente todo lo que se dé para que los padres “tengan la tranquilidad y puedan volver a ver a sus hijos”.
Insistió que todo es bienvenido para resolver el grave problema que afecto al estado y a los padres de los jóvenes porque “merecen respuestas y sobre todo una investigación que lleve a buen término lo que ellos están exigiendo, que es ver a sus hijos”.

Si Badillo tiene pruebas que el PRI dio billetes falsos, que las presente

En otro tema a Heriberto Huicochea Vázquez se le preguntó sobre los señalamientos del candidato del Frente por Guerrero, Joaquín Badillo Escamilla, de que el PRI está comprando votos con billetes falsos,.
Dijo que no iba entrar en confrontaciones, pues quienes están haciendo ese tipo de señalamientos debe hacer sus denuncias concretas antes las autoridades correspondientes. “Nosotros estamos trabajando y preparados para la competencia porque sabemos que va ser fuerte y por eso nos ejercitamos”.
Indicó que quien acusa tiene que probar legalmente sus hechos y “vamos a dejarlo en esa esfera”, porque ellos se están preparando para la competencia, “estamos en la pista preparados, nosotros nos ejercitamos para está carrera y tenemos una “estructura poderosa en todos los niveles, estamos en todos los rincones del estado, en todas las secciones y “vamos a ganar la elección porque nosotros tomamos con seriedad y responsabilidad el proceso electoral 2018”.
Reconoció que no se llevarán carro completo, “eso no va ser posible ya en ninguna parte”.
Indicó Huicochea que están preparados para todo, pero que tampoco están provocando problemas para seguir con la gobernabilidad, que lo que quieren es que haya participación libre de los ciudadanos porque se trata de abonar y “no agitamos al mal tiempo para lo que va venir”.
Añadió que hacía un llamado al partido para que se actúe con seriedad y mesura, que cada quién haga lo que le corresponda, pero que ellos tienen estructura, buenos candidatos y “seguro vamos a alzarnos con el triunfo en la mayoría de nuestras candidaturas”.

La PGR puede incurrir en responsabilidad penal si no atiende la sentencia sobre Ayotzinapa: Vidulfo

Resuelve varios amparos promovidos por acusados de participar en la desaparición forzada de los 43 estudiantes, y establece lineamientos para el acceso a la justicia en todos los casos de desapariciones, considera el abogado de los padres de los 43

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra advirtió que la Procuraduría General de la República (PGR) puede incurrir en responsabilidad penal y administrativa si no atiende la sentencia del Tercer Tribunal Unitario del Décimonoveno Circuito, que ordenó reponer el procedimiento de la investigación, y crear una Comisión para la Justicia y la Verdad para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, con la participación de las víctimas.
En consulta telefónica reconoció que la sentencia tomó por sorpresa a los padres de los 43 desaparecidos, “no la teníamos en el radar, no lo esperábamos en esta coyuntura ni en los alcances extremos que maneja”.
De acuerdo con la sentencia la Comisión para la Justicia y la Verdad deberá quedar conformada en un plazo no mayor a 10 días naturales a partir que la notificación a las partes, y deberá ser comunicado al Tercer Tribunal Unitario del Décimonoveno Circuito.
Rosales Sierra confirmó que la sentencia que resuelve varios amparos promovidos por acusados de participar en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es un precedente y establece lineamientos para el acceso a la justicia no sólo para las víctimas de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, sino en todos los casos de desapariciones y de graves violaciones a los derechos humanos en el país.
Lamentó la respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) al fallo del tribunal que rechazó y descalificó de la sentencia, cuando acusó a los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez de desconocer la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
Aclaró que igual que la presidencia de la República, la PGR desconoce todo lo que cuestiona las irregularidades en la investigación o las observaciones para corregir las deficiencias, que ha negado el acceso a la justicia a los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Como ejemplo señaló los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el informe de la Oficina de la ONU en México para los Derechos Humanos sobre Ayotzinapa, de los relatores internacionales de derechos humanos, y ahora el fallo del tribunal colegiado de Tamaulipas.
Advirtió que si la PGR no atiende la sentencia vinculante a las dependencias de gobierno y a los poderes de la Unión, puede incurrir en responsabilidad penal y administrativa.
La sentencia incluye una exhortación al presidente Enrique Peña Nieto para que “gire instrucciones a todas las secretarías y dependencias que integran su gabinete para que en el marco de sus respectivas atribuciones se sirvan prestar el apoyo y las demás necesidades que requiera la referida comisión”.
El abogado subrayó que el tribunal “hizo trizas” la tesis oficial de la PGR, de que los 43 normalistas habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, y obliga a crear un camino donde el protagonista fundamental de la investigación sean las víctimas.
De acuerdo con la sentencia la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia debe de estar conformada por el Ministerio Público federal, las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y deja abierta la posibilidad de que se integren “otras organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas, entre otras, lo cual será decisión de los representantes de las víctimas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
Destacó que el fallo servirá como referente para otros casos de graves violaciones a los derechos que se sostienen en actos de tortura y declaraciones de autoincriminación, y que avalan los jueces.
Insistió en que por esa razón no avanza la justicia en el país, porque el método de investigación que priva es el de detenciones ilegales, uso de tortura, maltratos, demora en puestas a disposición de personas detenidas, privilegia el testimonio directo y soslayar la investigación científica para llegar a la verdad.
“Deja un precedente para el acceso a la justicia de todas las víctimas en el país, pone el dedo en el renglón en irregularidades que privan en el Ministerio Público y la policía en el país y que nos tiene estancado, son cientos de víctimas que no pueden acceder a la justicia, porque hay métodos irregulares. Hoy en día es más fácil obtener una confesión que lleve a la teoría del caso, que una investigación científica y exhaustiva”.
Como ejemplo de lo fácil que es justificar una demora en la puesta a disposición señaló el caso de tres actores de la demanda de amparo que fueron puestos a disposición después de 11 horas y media de la detención, y los argumentos de los aprehensores (policías federales y soldados de la Marina) para explicar el retraso fue la “ponchadura” de una llanta, que a los vehículos oficiales se les empezó a calentar el motor y que había marchas en la Ciudad de México”.
Añade que en el parte informativo tampoco se narran situaciones de violencia que señalaron los declarantes, ni las lesiones que presentaron desde el primer dictamen médico que se les practicó apenas momentos posteriores a su puesta a disposición.
Se concluye “que los agentes aprehensores en lugar de poner inmediatamente a los detenidos a disposición del Ministerio Público, se trasladaron hacia un lugar a efectuar labores investigativas, sin que estuviera presente ni existiera instrucción del fiscal para ello”.
Rosales indicó que el tribunal colegiado puso el dedo en el renglón y pide un alto a esta situación, y opinó que los movimientos de derechos humanos “debemos acuerparnos y apoyar la resolución del tribunal colegiado para sentar precedente en el acceso a la justicia que incluye el derecho a la salud a las víctimas del delito, es esperanzador que el poder Judicial asuma un papel de contrapeso al poder Ejecutivo en México, se vislumbra una luz al final del túnel, de ponerse como protector de los derechos humanos”.

La Comisión de la Verdad podrá entrar a los cuarteles a buscar a los 43, dice la sentencia

La PGR no investigó las líneas que involucran a elementos del Ejército y de la Policía Federal, plantea. Es un indicio de la parcialidad y falta de independencia en la indagatoria, señala

Agencia Reforma

Ciudad de México

La Comisión de la Verdad del caso Iguala tendrá vía libre para ingresar a los cuarteles militares con el propósito de indagar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según la sentencia judicial que ordenó la creación de dicho organismo.
De acuerdo con el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, la Procuraduría General de la República (PGR) no rastreó las líneas de investigación que involucraban a elementos del Ejército y la Policía Federal en los hechos del caso Iguala.
“Los miembros de ésta (Comisión de la Verdad) tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”, dice el fallo.
Entrevistar a militares del 27 Batallón de Infantería para recabar testimonios sobre la desaparición de los normalistas fue una de las principales peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, el cual colaboró en la investigación. No obstante, acusó trabas del gobierno federal.
En la resolución sobre cuatro amparos de presuntos miembros de Guerreros Unidos, el tribunal establece que la omisión de las pesquisas sobre el personal castrense, es un indicio de la parcialidad y falta de independencia en la indagatoria.
“Como se vio en autos, no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México.
“Lo que deja en claro que la investigación tampoco ha resultado independiente ni imparcial”, establece la sentencia de los Magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.
Según el fallo del colegiado, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron secuestrados los normalistas de Ayotzinapa, existió presencia de corporaciones policiales de los tres órdenes del gobierno y del Ejército.
Sin embargo, agrega, la Procuraduría omitió durante meses interrogar a los militares del Batallón adscrito a dicho municipio guerrerense.
“Si desde que se recabaron los testimonios de los estudiantes sobrevivientes, así como a partir de los reportes del C-4, se tuvo conocimiento de la participación del Ejército en las calles de Iguala, los días 26 y 27 de septiembre de 2014; entonces, la lógica de cualquier investigador, conllevaría que las declaraciones de los elementos del Vigésimo Séptimo Batallón, tendrían que haberse recabado desde los primeros momentos, y no dos meses después, como aparece que sucedió”, cuestiona.

Ordenan investigar y sancionar a responsables de la destrucción de videos de la noche de Iguala

Las grabaciones hechas por las cámaras del Palacio de Justicia fueron enviadas a la Presidencia del Tribunal, donde se presume que las destruyeron

La justicia federal ordenó investigar y sancionar a los responsables de la supuesta destrucción de los videos del Palacio de Justicia en Iguala, grabados la noche en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según el fallo del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, al mismo tiempo que será creada una Comisión de la Verdad por el Caso Iguala, las autoridades deben investigar a quienes hicieron desaparecer estas evidencias.
“Deberá investigarse y sancionarse a todos y cada uno de los responsables de la destrucción de uno o más videos capturados por las cámaras del Palacio de Justicia”, dice la sentencia.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció desde 2015 que se tuvo conocimiento de la existencia de al menos un video grabado por una de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Las grabaciones luego fueron enviadas a la presidencia del Tribunal pero es allí donde se supone que fueron destruidos.
Investigaciones que llevó a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) refieren que la noche en que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron plagiados por sicarios de Guerreros Unidos, funcionaban al menos 4 de las 25 cámaras del mencionado Palacio de Justicia.
El Centro de Comunicaciones Cómputo y Comando (C4) de Iguala, que aquella noche estuvo a cargo de un funcionario municipal y un militar, tenía acceso a las imágenes de esas cámaras.
“Particular preocupación genera la circunstancia destacada en el Informe de Investigación y Primeras Conclusiones del GIEI, tocante a la existencia de un video capturado por las cámaras del Palacio de Justicia, el cual habría sido remitido al Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, y finalmente, fue destruido”.
“Tal situación desde luego que resulta alarmante, tomando en cuenta que se trata de un caso de graves violaciones de derechos humanos, como lo es la desaparición forzada de personas, por lo que la evidencia fílmica existente, con independencia de su calidad o contenido, tenía que haberse resguardado y entregado oportunamente a la autoridad ministerial”, señala el tribunal.

Retención ilegal

El Tribunal también ordenó investigar a funcionarios federales por la presunta retención ilegal de Miguel Ángel Landa Bahena, uno de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos acusado de la desaparición de los 43 normalistas.
De acuerdo con el fallo judicial, la Policía Federal detuvo el 10 de abril de 2015 a Landa en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México y rindió una declaración ministerial, sin embargo, en las actas del proceso se hizo constar que lo aprehendieron al día siguiente.
De hecho, el colegiado refiere que en esos días la PGR llevó a cabo dos diligencias con el supuesto sicario, pues no sólo lo sometió a interrogatorio sino que también participó en la reconstrucción de la “ruta de desaparición” de algunos estudiantes. (Abel Barajas / Agencia Reforma).

Analiza la CNDH los argumentos del tribunal para crear una comisión de la verdad, informa

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que desconoce los argumentos con los que un tribunal federal ordenó crear una Comisión de la Verdad para el caso Iguala, y analiza la sentencia.
“Al no haber sido parte en los juicios de amparo señalados, ni en el recurso promovido, la CNDH manifiesta no estar al tanto de los términos en los que fueron planteados dichos juicios de amparo”, expuso el organismo.
“Por tanto, para estar en aptitud de emitir su opinión sobre el pronunciamiento judicial, ha procedido a conocer los elementos de convicción valorados y los argumentos esgrimidos por los magistrados para llegar a dicha determinación”.
Ayer el Poder Judicial hizo pública una sentencia histórica del Primer Tribunal Colegiado con sede Reynosa, Tamaulipas, en la que ordenó rehacer la investigación de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, porque la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue objetiva.
En la Comisión de la Verdad que instruyó crear, el Tribunal otorga a la CNDH y a los representantes de las víctimas la facultad de decidir las líneas de investigación a seguir.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos continuará realizando las labores de investigación que, de manera comprometida, sostenida y profesional, ha desarrollado para la determinación de violaciones graves a derechos humanos, mismas que le permitirán emitir la Recomendación correspondiente y que en derecho proceda”, expuso la CNDH en un comunicado.
“Este Organismo Nacional refrenda su compromiso con el Estado de Derecho y señala que, en el marco de su competencia y atribuciones establecidas en el artículo 102, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero sobre todo en el pleno ejercicio de su autonomía constitucional, actuará con estricto apego a la Ley”.(Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

 

Un hombre ejecutado en Zihuatanejo, dos más en Malinaltepec, otro en Tlapa y un desmembrado en Taxco

Anoche un carnicero fue ejecutado a balazos afuera de su negocio en el mercado Montes de Oca en el centro de Zihuatanejo, el cuerpo desmembrado de un joven fue encontrado en Taxco, y uno más en la carretera en Chiepetepec, municipio de Tlapa.
En Tlapa el cuerpo estaba semi devorado por animales y no fue identificado, pero corresponde a un hombre de unos 50 años, tenía huellas de golpes en el cuerpo y la cara, no vestía camisa, llevaba pantalón, cinturón y tenis negros.
Los hechos fueron informados por la mañana y el levantamiento del cadáver fue a las 4 de la tarde, en que lo trasladaron a la agencia del Ministerio Público para que sea identificado o será trasladado a la morgue de Chilpancingo.
Además el domingo dos cadáveres más fueron hallados en bolsas una barranca en la carretera en Malinaltepec.
En Taxco la madrugada de ayer fue localizado desmembrado el cuerpo de un joven de 19 años estudiante de bachillerato, en la entrada a la comunidad de Cerro Gordo, unas 5 horas después de que fue levantado por hombres armados en el barrio de Pedro Martín de Taxco.
En hechos distintos un trabajador de la minera Media Luna asentada en Cocula, fue abandonado con vida semidesnudo, atado de pies y manos y con huellas de tortura en la colonia Adrián Castrejón al poniente de Iguala, después de ser asaltado y privado de su libertad al salir de un banco Banamex en el centro de la ciudad.
En lo que va del año en Taxco suman 26 ejecutados en hechos en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, según un recuento de notas publicadas en El Sur.
Reportes policiacos indican que a las 3:40 de la madrugada de ayer una mujer denunció al 911 que a las 10:40 de la noche dos hombres armados levantaron a un joven de 19 años, de nombre Juan, al que retuvieron en el barrio de Pedro Martín en la carretera federal en la entrada a Taxco, frente a la base de taxis colectivos que van hacia Iguala.
Según la denuncia los dos sicarios se llevaron por la fuerza al joven a bordo de un taxi tipo Sedan (vocho) con número 235 del sitio Trabajadores Independientes con placas de Guerrero, y según este reporte también se llevaron por la fuerza al chofer del taxi con dirección hacia Iguala.
Se dio a conocer que horas después, a las 4:30 de la madrugada, fue hallado abandonado el taxi 235 con las puertas abiertas en la entrada a la comunidad de Cerro Gordo, y a unos 20 metros fue hallado entre una sábana el cuerpo decapitado y desmembrado del joven.
El cuerpo al cual le fueron cortadas las extremidades superiores e inferiores, fue identificado por los familiares como el del joven Juan, estudiante de Bachillerato.
A las 6 de la mañana llegaron los peritos de la Fiscalía regional para hacerse cargo de las diligencias, levantaron los seis trozos en los que fue dejado el cuerpo del joven y una hora después fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala.
Se informó también que el vehículo fue puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público de Iguala.
La tarde de ayer no se había dado a conocer información con relación al chofer del taxi.

El empleado de Media Luna

La tarde de ayer fue localizado con vida un trabajador de la empresa minera Media Luna asentada en el municipio de Cocula, el cual fue abandonado semidesnudo, atado de pies y manos y con huellas de tortura en la colonia Adrián Castrejón al poniente de Iguala, después de ser asaltado al salir de la sucursal del banco Banamex del Zócalo de la ciudad.
Según fuentes policiacas cerca de las 12:30 de la tarde vecinos reportaron el hallazgo del joven que sólo tenía ropa interior, estaba atado con cinta de los pies y manos, tenía huellas de tortura en distintas partes del cuerpo principalmente en el estómago, costillas y espalda.
El joven fue auxiliado por vecinos, quienes lo desataron y le dieron un short, después llegaron policías municipales y paramédicos de la Cruz Roja quienes lo trasladaron en una ambulancia al hospital general.
Se dio a conocer que el joven estaba en shock y no dio información de lo que le había pasado ni su identidad.
Más tarde se identificó como Néstor de 24 años, dijo ser trabajador de Media Luna y vecino de la comunidad de Mezcala.
Informó que al salir dela sucursal del banco Banamex ubicado frente al kiosco de Iguala fue abordado por personas desconocidas, quienes se lo llevaron privado de la libertad, lo asaltaron y lo torturaron para después dejarlo abandonado semidesnudo en la calle Tauro de la colonia Adrián Castrejón.

En Malinaltepec

En una barranca entre los poblados de Tres Marías y Espino Blanco del municipio de Malinaltepec fueron encontrados dos cuerpos maniatados, y dentro bolsas de plástico negras, se desconoce su identidad.
El reporte fue hecho por campesinos que informaron a las autoridades que entre los poblados de Tres Marías y Espino Blanco que se ubican sobre la carretera Tlapa- Marquelia, en un barranco de una profundidad de 300 metros estaban dos cuerpos de hombres, cerca de la comunidad de San Miguel el Progreso.
Fue la tarde del domingo cuando fue reportado el hallazgo.
Los cuerpos estaban amarrados de las manos, envueltos en bolsas negras, fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público en Tlapa y luego al Semefo en Chilpancingo donde no han sido identificados.

Suman 69 ejecutados en Zihuatanejo

En lo que va del año en Zihuatanejo suman 69 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, según un recuento de las notas publicadas en El Sur.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que minutos después de las 8 de la noche recibieron un reporte de que había un hombre asesinado a balazos en el mercado.
Según testigos, hombres armados entraron al mercado y atacaron a balazos a un carnicero afuera de su negocio.
Llegaron paramédicos de la Cruz Roja quienes atendieron a la víctima pero ya no tenía signos vitales.
Después acudieron policías estatales, soldados y ministeriales quienes acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes.

Reportan balacera en Chilpancingo

La noche de ayer, ocurrió una balacera que dejó dos vehículos con impactos de bala en la colonia Obrera ubicada al poniente de la capital.
Fuentes policiacas informaron que minutos después de las 8 de la noche recibieron un reporte del tiroteo.
Además la Policía Federal detuvo a un hombre que trasportaba 44 paquetes de mariguana con un peso de 45 kilógramos, en la comunidad de Bajos del Ejido, Coyuca de Benítez.
En un boletín de prensa la corporación dijo que la detención y aseguramiento de la droga fue por medio de trabajos de seguridad.
Informó que la Comisión Nacional de Seguridad por medio de la Policía Federal ubicó un automóvil blanco Volkswagen que transportaba 44 paquetes de mariguana ocultos en una bocina dentro de la cajuela.
Detalló que el decomiso fue cerca de la comunidad de Bajos del Ejido donde los agentes revisaron un automóvil totalmente polarizado. Marcaron el alto al conductor para verificar la documentación del automóvil e informarle de su falta al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.
Indicó que durante la elaboración de la multa, los policías federales se percataron de un fuerte olor a yerba que provenía de la cajuela, por lo que se le pidió al conductor la abriera para una inspección.
Adentro de la bocina había 44 paquetes de mariguana con peso aproximado de 45 kilógramos. El conductor quedó detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público de la federación.

Hombres armados roban un vehículo en Zumpango

La tarde del martes hombre armados robaron una camioneta de venta de aceites y grasas lubricantes, y aditivos para vehículos de motor en la carretera Chilpancingo-Tlacotepec en la comunidad El Miraval, municipio de Eduardo Neri (Zumpango).
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que la tarde de ayer recibieron un reporte del robo de una camioneta cerca de esta localidad.
La corporación informó que tres hombres armados a bordo de un vehículo marca Ford blanco interceptaron a los tripulantes que iban a bordo de un Nissan Tipo NP300 blanco, cerca de la comunidad El Miraval.
Los presuntos delincuentes se llevaron el vehículo.

 

No ha entregado el gobierno del estado su parte del fertilizante para Teloloapan, denuncian

El director de Desarrollo Rural del municipio de Teloloapan, Salvador Sotelo Segura denunció ayer que el gobierno del estado ha incumplido la entrega de más de mil 200 toneladas de fertilizante para unos 2 mil agricultores de esa región que se dedican al cultivo de maíz y frijol para autoconsumo.
En declaraciones la tarde de ayer en una llamada telefónica, el funcionario municipal dijo que desde hace tres semanas han estado insistiendo para que el estado cumpla con la parte que les corresponde, que es el 30 por ciento del total, es decir, unos 17 millones de pesos para 13 mil 200 campesinos incluidos en el padrón, que cultivan unas 20 mil hectáreas.
Señaló que en este caso, el municipio cumplió en tiempo y forma con la aportación que le correspondía, que es de 6 mil toneladas, de las cuales 5 mil son de sulfato y mil toneladas de DAP granulado, que representa el 70 por ciento del total y asciende a una aportación económica de aproximadamente 40 millones de pesos.
Dijo que hay regiones del municipio a las que no les ha entregado el fertilizante a causa del retraso del gobierno del estado, como en la zona de las Tonalapas, donde hay 11 comunidades, y unas ocho colonias de Teloloapan en las que hay unos 2 mil campesinos a los que no se les ha entregado el insumo, y que están molestos y se organizan para manifestarse en la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado (Sagadegro) en Chilpancingo.
Señaló que la molestia de los agricultores es que el temporal ya está muy cercano, y tendrían hasta el 15 de junio para recibir el total de fertilizante, lo que se complica ante la veda electoral.
Recordó que durante una reunión con el titular de Sagadegro, Juan José Castro Justo, le plantearon que se entregara el fertilizante en Teloloapan cuanto antes, porque los agricultores aprovechan las primeras lluvias para sembrar, porque en el clima templado el cultivo es más lento; sin embargo, “al parecer nos dejaron al último”, dijo el funcionario del gobierno municipal perredista.
Señaló que les están llevando el fertilizante que les hace falta “a cuenta gotas”, y calculó que de las mil 214 toneladas que aún les deben, tendrían que llevarles al menos de ocho a 10 tráileres diarios para cubrir la demanda antes del 15 de junio.
Mencionó que el gobierno del estado les debe de entregar mil 451 toneladas de sulfato de amonio y 264 toneladas de granulado o DAP; del primero aún les faltan por entregar mil 170, y del granulado 44 toneladas, que es en beneficio de 13 mil 200 agricultores que tiene el padrón para más de 180 comunidades de Teloloapan y la cabecera municipal. (Alejandro Guerrero / Iguala).

 

Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa

Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa; PGR no fue imparcial

Estará integrada por los representantes de las víctimas, la CNDH y el MP federal, y las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Por la resolución de un amparo se deberá reponer el proceso a cuatro presos presuntos miembros de Guerreros Unidos

Agencia Reforma

Ciudad de México

En un hecho inédito un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse, de acuerdo con el fallo judicial.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, determinaron en el mismo fallo reponer el procedimiento a Gildardo López Astudillo, El Gil, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos.
“Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación”, afirma, el fallo “consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público.
“De ese modo entre el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se integrará una comisión, con permanente y estrecha relación, especialmente entre estos dos últimos, a la que para efectos de mayor precisión y claridad se denominará Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, dice el fallo suscrito por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.
En esta comisión podrá validarse la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
Según la resolución a los cuatro presuntos delincuentes también se les deberá volver a determinar su situación jurídica sólo en el proceso iniciado por el delito de delincuencia organizada, derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El colegiado refiere que para definir si serán o no procesados, antes se deberá requerir a la PGR para que presente dictámenes independientes en las pruebas del Protocolo de Estambul.
De no hacerlo, según el tribunal, el juzgado a cargo del proceso deberá dar por ciertos los testimonios de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos y concluir que, efectivamente fueron torturados.
Esto no implicaría en automático la libertad de los presuntos sicarios, sino la cancelación de sus confesiones como pruebas en el juicio. pues en el caso Ayotzinapa la mayoría de los imputados tienen dos procesos por delitos graves en curso.
Los magistrados invocan en su sentencia el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el Artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos.
También justifican su fallo en los artículos 20 y 21 constitucionales sobre el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la atribución para indagar del Ministerio Público.
Los quejosos que con sus amparos propiciaron la orden para crear la Comisión de la Verdad son Gildardo López Astudillo, El Gil, acusado de ordenar la captura, asesinato e incineración de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
También Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, Duba o Duvalín, supuesto lugarteniente de El Gil; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los acusados de incinerar a los estudiantes, y Salvador Reza Jacobo, halcón o vigilante de Guerreros Unidos.

Rechaza la PGR la orden del tribunal; desconoce división de poderes y facultades del MP, reclama

La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
En un comunicado la dependencia dijo que si bien no ha sido notificada oficialmente del fallo, ya hizo una revisión de la versión pública de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas y, con base en ella manifiesta su desacuerdo.
“La PGR no ha sido notificada hasta este momento, sin embargo realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión dado a conocer por el Poder Judicial de la Federación para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho”, indicó en un comunicado.
“No se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.
En la resolución el tribunal concluye que la investigación de la PGR sobre la desaparición de los normalistas no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Ordenó reponer el procedimiento a cuatro implicados en el caso por existir indicios de que su confesiones fueron obtenidas bajo tortura.
Al respecto la PGR señaló que la Unidad Especializada tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica, conforme al Protocolo de Estambul.
“La investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, añadió.
“La Procuraduría General de la República continuará ejerciendo sus facultades constitucionales, en estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso”. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Celebran ONG el fallo por el caso Ayotzinapa y califican de “histórica” la sentencia

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Las asociaciones civiles de derechos humanos que representan a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, calificaron de “histórica” la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordenó reponer el procedimiento de la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y la creación de una Comisión para la Justicia y la Verdad para este caso.
Destacaron entre otros puntos de la sentencia, “la actuación parcial y sin autonomía” de la Procuraduría General de la república (PGR) que no exploró líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército y a la Policía Federal, ni posibles actos de tortura que también se atribuyen a la Secretaría de Marina Armada de México.
En un comunicado Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideraron importante la resolución como un aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso, frente a múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Mencionan que el gobierno federal siempre dijo que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria, “hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de la PGR es insostenible, y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”.
Aclararon que los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017 que motivaron la sentencia Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito fueron presentados por algunos acusados, que señalaron haber sido objeto de tortura, no fueron promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

La investigación de la PGR estuvo dirigida

De la sentencia destacaron que el tribunal “pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes”.
La resolución “insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía, por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma”.
Señalaron la ausencia de independencia e imparcialidad de PGR que se plasma en el párrafo 1033 de la sentencia, donde dice que “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal, y encima de ello tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”.
Asimismo, en el párrafo 1148 de la sentencia se indica que la investigación de la PGR “estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan”.
En el 1149 agrega que “al conceder un peso excesivo a la referida versión se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.
Por lo anterior el tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párrafo. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR.
Puntualiza que en su conformación debe haber participación de las víctimas, de sus representantes, de la CNDH y de organismos internacionales, y recomienda un nuevo periodo de participación del Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó dos periodos en la investigación.
Las ONG exigieron un compromiso público del gobierno federal en lo que resta del sexenio de que no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del caso, y que la implementación del fallo sea previamente consultada con las víctimas y sus representantes.

Etiquetas: México, Guerrero, Iguala, Ayotzinapa, Cocula, 43, desaparecidos, Normal Rural de Ayotzinapa, Tribunal Colegiado de Tamaulipas, Comisión de la Verdad

Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa; PGR no fue imparcial

 

El 8 de octubre de 2014, un presunto integrante de Guerreros Unidos detenido por la PGR, Agustín García Reyes, El Chereje, fue llevado a la colonia San Juan y al basurero de Cocula Foto: Lenin Ocampo Torres

En un hecho inédito un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse, de acuerdo con el fallo judicial.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, determinaron en el mismo fallo reponer el procedimiento a Gildardo López Astudillo, El Gil, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos.
“Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación”, afirma, el fallo “consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público.
“De ese modo entre el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se integrará una comisión, con permanente y estrecha relación, especialmente entre estos dos últimos, a la que para efectos de mayor precisión y claridad se denominará Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, dice el fallo suscrito por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.
En esta comisión podrá validarse la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
Según la resolución a los cuatro presuntos delincuentes también se les deberá volver a determinar su situación jurídica sólo en el proceso iniciado por el delito de delincuencia organizada, derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El colegiado refiere que para definir si serán o no procesados, antes se deberá requerir a la PGR para que presente dictámenes independientes en las pruebas del Protocolo de Estambul.
De no hacerlo, según el tribunal, el juzgado a cargo del proceso deberá dar por ciertos los testimonios de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos y concluir que, efectivamente fueron torturados.
Esto no implicaría en automático la libertad de los presuntos sicarios, sino la cancelación de sus confesiones como pruebas en el juicio. pues en el caso Ayotzinapa la mayoría de los imputados tienen dos procesos por delitos graves en curso.
Los magistrados invocan en su sentencia el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el Artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos.
También justifican su fallo en los artículos 20 y 21 constitucionales sobre el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la atribución para indagar del Ministerio Público.
Los quejosos que con sus amparos propiciaron la orden para crear la Comisión de la Verdad son Gildardo López Astudillo, El Gil, acusado de ordenar la captura, asesinato e incineración de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
También Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, Duba o Duvalín, supuesto lugarteniente de El Gil; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los acusados de incinerar a los estudiantes, y Salvador Reza Jacobo, halcón o vigilante de Guerreros Unidos.

 

Celebran ONG el fallo por el caso Ayotzinapa y califican de “histórica” la sentencia

Las asociaciones civiles de derechos humanos que representan a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, calificaron de “histórica” la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordenó reponer el procedimiento de la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y la creación de una Comisión para la Justicia y la Verdad para este caso.
Destacaron entre otros puntos de la sentencia, “la actuación parcial y sin autonomía” de la Procuraduría General de la república (PGR) que no exploró líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército y a la Policía Federal, ni posibles actos de tortura que también se atribuyen a la Secretaría de Marina Armada de México.
En un comunicado Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideraron importante la resolución como un aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso, frente a múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Mencionan que el gobierno federal siempre dijo que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria, “hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de la PGR es insostenible, y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”.
Aclararon que los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017 que motivaron la sentencia Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito fueron presentados por algunos acusados, que señalaron haber sido objeto de tortura, no fueron promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

La investigación de la PGR estuvo dirigida

De la sentencia destacaron que el tribunal “pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes”.
La resolución “insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía, por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma”.
Señalaron la ausencia de independencia e imparcialidad de PGR que se plasma en el párrafo 1033 de la sentencia, donde dice que “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal, y encima de ello tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”.
Asimismo, en el párrafo 1148 de la sentencia se indica que la investigación de la PGR “estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan”.
En el 1149 agrega que “al conceder un peso excesivo a la referida versión se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.
Por lo anterior el tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párrafo. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR.
Puntualiza que en su conformación debe haber participación de las víctimas, de sus representantes, de la CNDH y de organismos internacionales, y recomienda un nuevo periodo de participación del Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó dos periodos en la investigación.
Las ONG exigieron un compromiso público del gobierno federal en lo que resta del sexenio de que no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del caso, y que la implementación del fallo sea previamente consultada con las víctimas y sus representantes.