Debe el secretario informar sobre la realidad del magisterio en la Montaña, exige CETEG

La dirigencia regional de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) le pidió al secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, dar a conocer el verdadero contexto en el que labora el magisterio en la Montaña y dejar de confundir a la opinión pública.
Dirigentes de la CETEG en la región, entre ellos el ex delegado de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Félix de Jesús Jiménez, dieron una conferencia para responder a los “señalamientos” del titular de la SEG, en el sentido de que la CETEG no ha querido reanudar labores.
El dirigente regional Juan Manuel Acevedo dijo que la situación de crisis humanitaria que se vive en la región no es como el la está dando a conocer González de la Vega Otero.
“Tiene que valorar la situación de manera más exhaustiva”
Aseguró que la mayoría del magisterio es cetegista y el que fueron los primeros en reanudar labores, incluso 15 días antes de la petición de la SEG, a pesar de que no había condiciones favorables.
Pidió que “no trate de confundir a la opinión pública y que no se meta en cuestiones políticas que no le corresponden”.
Añadió: “Que se deje de andar de dama de compañía del SNTE y que se dedique a hacer su trabajo como secretario de estado”.
El ex delegado Félix de Jesús Jiménez pidió al funcionario estatal poner orden en la SEG y anunció que en este mes habrá más jubilaciones, de las cuales no hay garantías de que se reponga a los maestros.
Los dirigentes pidieron al SNTE dejar de promover la reforma educativa, de hacer provocaciones y en su lugar defender los derechos de los trabajadores.
Acusaron que SEG y SNTE han iniciado una labor de descrédito del trabajo del delegado regional, Jerónimo Maurilio Morales, y de la estructura de la CETEG.
“Le pedimos al SNTE que no se preste al juego de estar vendiendo al gremio”. (Luis Daniel Nava).

Denuncia la CETEG en Acapulco que ya se envían notificaciones a maestros para la evaluación

Karina Contreras

La dirigencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) opositora en Acapulco, denunciaron que el Servicio Profesional Docente está enviando notificaciones a los maestros, para que se presenten a la evaluación de desempeño, el próximo 9 de diciembre, en el centro de convenciones Mundo Imperial.
En conferencia de prensa por la tarde, en las instalaciones de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), la responsable de la Comisión Política, Adolfina Bautista Vázquez, presentó formalmente, dos meses después, a quienes conforman el actual comité e informó acerca de lo que maestros le habían estado comentando durante el día.
Incluso, durante la conferencia hubo maestros que denunciaron que les están llegando avisos de notificación, para presentarse a la evaluación del 9 de diciembre, y sobre ello la dirigente señaló: “No vamos a permitir que agredan laboralmente a nuestros compañeros”. Los convocó a mantenerse alerta, porque están pasando algunos asuntos, como el de un maestro que fue cesado por tener tres faltas y no fue “porque no haya querido, ir sino porque estuvo internado y no avisó a tiempo”. Mostró a los maestros una hoja de notificación de uno de los presentes.
En la edición de El Sur del miércoles, se publicó una nota donde la coordinadora estatal del Servicio Profesional Docente, Margarita Nava Muñoz, informó que la evaluación al desempeño era para maestros de educación básica y nivel medio superior de manera presencial. Agregó que a ésta iban asistir 338 maestros y precisó que esa evaluación era voluntaria y que son maestros que solicitaron ser evaluados, que “tomaron la decisión de participar”.

Cierran padres y maestras un kínder en Acapulco; piden salida de la directora

Padres de familia y maestras del jardín de niños Quetzalcóatl, de la colonia Ciudad Renacimiento, cerraron el plantel para exigir la salida de la directora Dionicia Blanco Ramírez, a quien acusan de malos manejos del Programa de Tiempo Completo y hostigamiento a las educadoras.
Además, señalan que no ven mejoras en el jardín y que les exige las facturas de las compras que hacen con cooperaciones que como padres hacen para la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Los manifestantes colocaron pancartas en el portón que decían: “Que devuelva los 20 mil pesos que quedaron del fondo del año escolar pasado”, “que entregue los 35 mil pesos destinados a una barda que jamás se construyó” y “exigimos información verídica del recurso que se da del Programa de Tiempo Completo”.
Expresaron que reciben malos tratos de la directora, así como hay desvío de recursos, hostigamiento, autoritarismo y que no ven mejoras en la escuela; además de que exigen la renuncia de Dionicia Blanco, porque ya “basta de robos”.
Los padres llegaron a la escuela antes de las 9 de la mañana y en la cancha tuvieron una reunión con la directora Dionicia Blanco, quien negó las acusaciones en su contra y dijo que estaba dispuesta a aclarar el destino del dinero, pero luego de una hora de diálogo no se llegó a ningún acuerdo, por lo que los padres colocaron cadenas en el portón y suspendieron clases hasta que las autoridades de la SEG acudan a resolver el problema.
El presidente del comité de padres de familia, Gildardo Zapata Morán, manifestó que el motivo del cierre del jardín de niños es porque hay varias inconformidades de los familiares y maestros contra la directora, por lo que acordaron cerrar la institución “para que vengan las autoridades correspondientes a darnos solución a los del Programa de Tiempo Completo, porque las aulas no están en condiciones debido a que no tienen aire acondicionado y hace mucho calor para los niños”.
Además, señalaron que está la situación de que la directora no ha rendido cuentas de los recursos, que lo que quieren es que ésta regrese el dinero para acondicionar las aulas, porque son un horno, “lo único que peleamos es que los recursos se usen para beneficio de los niños”. Comentó que con las cuotas de los padres se repararon los baños y se está facturando a la SEG, cuando el dinero es de ellos, pero la directora les exige la factura y no regresa el dinero.
Otro punto es que ellos pagan desayunos en 18 pesos y a sus hijos todos los días nada más les dan arroz con frijoles.
Por su parte, la directora Dionicia Blanco señaló que en su momento va aclarar todas las dudas y no hay ningún problema con los padres para explicarles acerca del Programa de Tiempo Completo. Señaló que tiene seis años siendo responsable de la escuela y ha ido trabajando para mejorarla.

Señalan padres de una secundaria en Zihuatanejo malos manejos del comité

Padres de familia de la secundaria federal Luis Guevara Ramírez, ubicada en la comunidad Agua de Correa, en el municipio de Zihuatanejo, denunciaron en conferencia de prensa que la tesorera del comité de padres de familia, Marisol Piedra Ambario, se negó a dar un informe del dinero que aportaron en cuotas voluntarias para el presente ciclo escolar, que asciende a 84 mil 100 pesos, por lo que tomaron la decisión de recurrir ante las autoridades competentes para que les regrese el dinero.
Este martes, el presidente del comité de participación social de este plantel, Norvelí Vejar López, acompañado del director de la escuela, Felipe Rivas Paredes, e integrantes de dicho comité, convocaron a los reporteros para denunciar las irregularidades en que incurrió Marisol Piedra, a quien en una reunión general que se llevó a cabo la semana pasada, los padres de familia le exigieron que presentara un informe financiero del dinero que recibió durante las inscripciones para el actual ciclo escolar, pero se negó.
Vejar López señaló que ante la negativa, los papás le exigieron a la mujer que en ese momento entregara la cantidad de 84 mil 100 pesos, que es el monto total de lo que se recaudó durante las inscripciones, pero sólo devolvió 10 mil pesos, por lo que la obligaron a que firmara un pagaré por la cantidad total.
Agregó que Piedra Ambario también fungió como tesorera durante el ciclo escolar 2016-2017 y que del dinero que recibió entonces tampoco ha rendido cuentas a los padres de familia, por lo que estima que debe una cantidad similar a la recaudada este nuevo ciclo, “como padres de familia nos sentimos defraudados, por lo que vamos a recurrir ante las instancias correspondientes para que la señora regrese el dinero que los papás le entregamos cuando inscribimos a nuestros hijos en este año”.
“De lo que no ha rendido cuentas del año escolar pasado, estamos hablando con los padres de familia que tienen a sus hijos en tercero y segundo grado para que nos aporten su recibo de pago para que esa deuda se agregue a nuestra denuncia ante las autoridades correspondientes porque estamos hablando de un monto de más de 160 mil pesos que no sabemos qué ha hecho con ese dinero y que es de todos nosotros los padres de familia”.
Por su parte, el director del plantel, Felipe Rivas Paredes, comentó que Marisol Piedra Ambario ha pretendido denigrar la reputación de los integrantes del comité de padres de familia así como la suya propia, con tal de no entregar el dinero que recibió por concepto de inscripciones y reinscripciones.
Sostuvo que los padres se encuentran en todo su derecho de recurrir ante las instancias legales que consideren pertinentes “porque la situación económica está muy difícil, ganar el dinero cuesta mucho y no es posible que una persona con tanta facilidad se niega a rendir cuentas”.

Evodio: Acapulco “está mejor que antes” pero la violencia “nos pega con mucha rudeza”

El alcalde Evodio Velázquez Aguirre afirmó que Acapulco “está mejor que antes”, pero enfrenta problemas como la violencia “que lamentablemente nos pega con mucha rudeza” y la falta de dinero en la administración pública, que limita el desempeño institucional.
En entrevista con El Sur en la oficina de Presidencia, a propósito de su segundo informe de gobierno que persenta hoy ante el Cabildo, el alcalde habló de las dificultades de la administración municipal por el déficit heredado, de la inseguridad que prevalece en el municipio, de su relación con el gobernador Héctor Astudillo Flores y de sus aspiraciones políticas.
Velázquez Aguirre describió sus dos años de gobierno como “arduos” y “de gran satisfacción”.
Su paso por la Presidencia Municipal, dijo, es una meta personal que le exige el máximo esfuerzo de sus capacidades y está en un buen momento con la madurez, el entusiasmo y la voluntad para trabajar “en todos los frentes que deba, y para que le vaya bien a Acapulco estoy poniendo todo mi empeño”.
“No me estoy yendo por la tangente, soy un hombre que no agacha la cabeza, no soy sumiso a los problemas. Estoy haciendo mi papel de primer edil”, sostuvo.
“Estoy convencido que Acapulco está mejor que antes y eso vale la pena decirlo, hemos avanzado, sabemos que hay temas complicados como la inseguridad, la parte financiera, pero hoy Acapulco avanza”.
El alcalde fue cauteloso en sus declaraciones cuando se le preguntó sobre sus aspiraciones políticas, especialmente sobre la reelección a la que todos los alcaldes elegidos en 2015 pueden aspirar por primera vez de manera consecutiva. “Mi aspiración es ser alcalde, me falta un año, estoy haciendo todo lo que deba hacer para entregar un mejor Acapulco”.
Abundó que está “muy agradecido con Dios y con la gente” por la oportunidad de gobernar el municipio “el tema de la reelección no me quita el sueño, es un tema que hoy está mas allá de lo que pueda yo pensar. Hay que trabajar y convencer a la población de que se está avanzando y lo demás no estamos en los tiempos”.
Al insistirle sobre si concluirá su trienio o buscará otro cargo, evadió, dijo que su objetivo es que su administración deje un precedente de transparencia y rendición de cuentas. “Mi objetivo es estar en las páginas de los alcaldes de Acapulco y hoy soy alcalde de Acapulco.
–¿Su nombre estará en alguna de las boletas electoralesde 2018?
–No lo sé, estaremos primero enfocados en trabajar todos los días en Acapulco.
Agregó que está dispuesto a que se haga una comparación de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal durante su gobierno. “Si en algún momento tengo que ser medido nuevamente por los ciudadanos pues estoy dispuesto, sin ningún temor, porque he hecho las cosas con transparencia, soy el mismo Evodio desde que llegué, con un poco más de arrugas”.
Velázquez Aguirre subrayó que está interesado en el debate nacional, para “hacer que las cosas cambien, pues no se han podido cambiar leyes que se necesitan, no se han podido mover condiciones para que municipios y estados tengan mayores presupuestos, cómo hacer que la desigualdad en el país de la parte norte no sea tanta a la parte sur, cómo hacer que la distribución de la riqueza sea más pareja para la gente que más lo necesita y no haya tanta desigualdad en México, los ricos más ricos y los jodidos más jodidos. Esa es la visión que mueve al alcalde Evodio Velázquez y entonces a eso le voy a apostar y a eso le voy a abonar, yo seré partícipe de poner en el centro del debate nacional y seré parte como dirigente de los alcaldes en el país, para buscar que se privilegie el interés de la gente por encima del interés de unos cuantos”.
“¿Para dónde va Evodio? pues Evodio va a ir a donde vaya ese gran movimiento para que México cambie”, concluyó.
A pregunta expresa sobre si le afectará para buscar la reelección el problema de la inseguridad en el municipio –calificado recientemente por el periódico The Washington Post como “la capital del homicidio en México”, el alcalde respondió que no, porque hace todo su esfuerzo para que Acapulco se pueda recuperar de este problema.
“Terminaremos con gran fortaleza la parte que falta de gobierno. En esta última etapa vendrán cosas de seguridad, no me estoy quedando con los brazos cruzados, sé del gran reto que significa”.

Sanos acercamientos y sanas distancias

De su relación con el gobernador Héctor Astudillo en los dos años de gobierno, el alcalde indicó que “no hay nada de fondo que pueda decir que me aleja del gobernador” y aseguró que mantiene una “buena relación en lo político, pero también aspirando a lo personal”.
El alcalde no habló directamente de los casos en los que han sido públicas sis discrepancias con el gobernador y sostuvo que ha mantenido diálogo con “sanos acercamientos y sanas distancias”.
Insistió en que hay “respeto institucional” entre las autoridades federales y estatales, porque son autoridades de todos los mexicanos “y estamos obligados a tomar acuerdos que beneficien a los ciudadanos”.
Dijo que su trabajo como alcalde emanado de un partido distinto al que gobierna el estado y el país “requiere de más diálogo y acuerdos, de más cabildeo” para encontrar coincidencias, “sin atropellar ninguna convicción personal, ideológica que permita que construyamos cosas”, pero “todo sería más fácil si las cosas fluyeran con mayor entendimiento”, aceptó.

Al día

Velázquez Aguirre admitió que su gobierno va “al día” en asuntos financieros, pues recibió una administración con un déficit pero destacó que no ha recurrido a préstamos a largo plazo, como lo hicieron administraciones anteriores para solventar el gasto del gobierno municipal.
Indicó que la situación financiera del municipio es “complicada” pues tiene que enfrentar deudas con constructores y proveedores, laudos y contratos, como el suscrito con la empresa Óptima Energía en 2011 que tiene al gobierno “amarrado de las manos”.
“Voy al día, sí, es cierto pero estamos sacando todos los problemas del ayuntamiento conforme a las condiciones que se vayan teniendo financieramente hablando”.
Aseguró que en el caso del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) se han hecho pagos, pero estos se acumulan en la cuenta heredada, “lo que estamos pidiendo es que nos contabilicen lo que nosotros pagamos para el tramo en que estamos”.
Del conflicto financiero que enfrenta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Velázquez Aguirre señaló, sin dar nombres, que “hay un linchamiento de aquellos que originaron el tema de la CAPAMA, hay que decirlo con toda claridad, aquellos momentos que se saben bien y están plasmados en la historia. No daré nombres. Lo que tiene hoy el alcalde es un tema heredado de muchos momentos de la administración de Acapulco y estamos haciéndole frente”
Razonó que la paramunicipal “es un reto” y confió en que al término de su administración habrá avances “significativos” con una reestructuración financiera y administrativa.
Del escrutinio que realiza la Auditoría General del Estado (AGE) en la CAPAMA, el alcalde insistió en que “no encontraran nada turbio” en la paramunicipal, porque “no se está haciendo nada fuera de la legalidad y cada quien tiene que ser responsable de sus actos”.
Sobre el adeudo que la CAPAMA mantiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el consumo de energía eléctrica, Velázquez Aguirre dijo que esa deuda es “impagable” y por eso están en negociación con la paraestatal, “lo justo lo podemos pagar, lo injusto no podemos, porque no hay condiciones”.

Lo más complicado

A dos años de haber asumido el cargo, el alcalde sopesó que el problema de la inseguridad y la violencia sigue siendo el reto del municipio, y es uno de los asuntos más complicados que ha enfrentado su gobierno, porque es un problema rezagado desde hace más de una década.
Velázquez Aguirre reflexionó que el problema de la inseguridad es el principal que tiene la ciudad, por las condiciones de desigualdad y pobreza que hay en el municipio.
“Acapulco tiene pobreza, desigualdad y grandes contrastes, pues conviven los ciudadanos de casas millonarias como Las Brisas y los ciudadanos que viven con techos de cartón en una colonia popular, el Acapulco del glamour, el Acapulco de la pobreza urbana que existe en la Zapata, Renacimiento y otras colonias. El reto es atender los Acapulcos que hay en la ciudad: turístico, conurbado y rural”.
Sostuvo que en el combate a la violencia y la inseguridad, hace su trabajo de prevención con obra pública, servicios públicos, explicó que hacer canchas deportivas, entregar fertilizante gratuito y fomentar la convivencia con programas como Domingos Deportivos es hacer obra social para la prevención de la violencia.
La parte de seguridad operativa, abundó, le corresponde al Ejército.
Evodio Velázquez señaló como logros de su administración que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), realizada por el INEGI, Acapulco ya no está entre las 10 ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país y que fue el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien confirmó que hubo una disminución de las muertes dolosas y los índices delictivos. “Eso quiere decir que lo estamos haciendo bien”.
“Son logros que ahí están, ¿suficientes? creo que no son suficientes, yo creo que no hay que descansar hasta erradicar este flagelo que pega todos los días en este México que tanto quisiéramos que saliera de los problemas”.
“Yo creo que mi administración está haciendo lo que podemos hacer de acuerdo con las condiciones financieras y de acuerdo con un problema, que no es un problema solo del alcalde, es un problema que tiene que ver con la coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, la estrategia de seguridad no la dicta el alcalde, la dicta el Ejército mexicano, nosotros coordinamos esfuerzos”.
El alcalde se pronunció a favor de la Ley de Seguridad Interior que está pendiente de aprobación. “El Ejército es un gran apoyo y deben hacerse las reformas pertinentes a la ley y permita a los militares tener mayores condiciones, no sólo en la estrategia sino en la operatividad”.
Urgió a que se modifique el código penal para que el delito de extorsión sea clasificado como grave y quienes lo cometen no puedan quedar en libertad. “Cada quien tiene que hacer su parte, reformar las leyes que se tengan que reformar, lo tengamos que hacer, cada uno desde su trinchera y coordinar esfuerzos”.
Al recordarle que él es la autoridad del municipio y que los ciudadanos le exigen a él que resuelva el problema de la inseguridad, Velázquez Aguirre aclaró que los ciudadanos no solo votaron por él sino también por diputados y corresponde a éstos “hacer leyes más duras, que permitan que a los que detienen en las calles los puedas procesar de manera inmediata y no salgan de manera impune a la semana”.
Alegó que no evade su responsabilidad en el combate a la inseguridad y que lo asume de cara a la población. Añadió que hay mejoras en la policía municipal, estimó que el 80 por ciento de los policías estarán certificados al concluir su administración, además cuentan prestaciones como seguro de vida, comedor, uniformes, equipo.

Una burla al Congreso y a la familia, el informe del fiscal del caso Chavarría: MC

El coordinador de los diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, reprochó en tribuna que el fiscal general del estado Javier Olea Peláez se burló de la familia del ex presidente del Congreso local Armando Chavarría Barrera y del Congreso local, al enviar un “informe” sin información relevante: “es la misma gata nada más que revolcada”.
En una breve sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, Mejía Berdeja participó para hablar del tema. En tribuna reiteró que el fiscal no procura justicia sino impunidad.
Lo acusó también de burlarse de las víctimas y sus familias “del pueblo de Guerrero y de este Congreso del estado”, en referencia al informe que envió.
Mejía Berdeja recordó textualmente lo que el fiscal dijo en el Congreso el 26 de junio durante su comparecencia, cuando recordó que en los pasados gobiernos estatales no se avanzó en la investigación del crimen de Chavarría, y anunció que en dos semanas o máximo tres “sabrá esta legislatura, quienes son los responsables de dicho homicidio”.
Después de la llegada del “informe” al Congreso local que oficialmente se dio a conocer el 16 de agosto “mañosamente el fiscal lo fecha con el día 31 de julio”.
Recordó que el informe tiene solamente tres cuartillas y un párrafo en el que en las primeras dos cuartillas “se la pasa desacreditando a sus antecesores”, para eludir su responsabilidad.
Criticó, que sin ninguna prueba el fiscal informó que participó en 14 mil 700 fojas, en 28 tomas y diez etapas de la investigación.
De las solicitudes de orden de aprehensión que supuestamente el fiscal solicitó al juez, en contra de varios sujetos que supuestamente fueron los autores materiales en el asesinato, dijo que eso no cumple la promesa de que la legislatura conocería quiénes son los responsables del homicidio.
“Se hizo mucho ruido, para que no diga nada, y es una tomadura de pelo para esta legislatura, es una burla. Porque él dijo que iba a informar quiénes son. Nadie le impuso un plazo perentorio, nadie le dijo que dijera quiénes eran los responsables, pero en una más de sus balandronadas para sembrar una cortina de humo ante la creciente impunidad que hay en el estado, pues ofreció estos resultados”, reprochó el diputado.
Mejía Berdeja dijo que parte de la burla del fiscal, consistía en que sólo reprodujo las líneas de investigación que se han manejado: la afectiva, la política, la delincuencia organizada y  los grupos subversivos. Ahí dijo que los diputados de MC conocen que el fiscal pretende continuar con la línea de que los que planearon y ejecutaron el homicidio fueron integrantes de la guerrilla.
“Digamos que es la misma gata nada más que revolcada”. Consideró que el informe del fiscal es una burla para la familia del ex diputado local.
Consideró que lo que el fiscal pretende es que el paso del tiempo “borre todo, a que el escandalo nuevo o el crimen nuevo sepulte al de ayer, al de antier, de la semana pasada, de hace un año”.
Aprovechó para recordar que presentó una solicitud de juicio político que ya está en la Comisión de Examen Previo a la que pidieron “que se analice con mucho detalle, no puede este Congreso ser tapadera de nadie”.

La breve sesión

Durante la sesión de la Comisión permanente del Congreso local en la sala José Francisco Ruiz Masseu también se informó de la llegada de un oficio de la presidenta municipal de Florencio Villarreal, Emisel Liosol Molina González, por el que solicita al Congreso local que le apruebe una partida presupuestal especial para el pago de laudos a trabajadores despedidos.
También se informó al pleno del oficio que envió el presidente municipal de Pilcaya, Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, y la síndica procuradora Giovana Lizeth Mejía Díaz, que también solicitaron la asignación y autorización de recursos extraordinarios para cumplir con el pago de un laudo laboral.
En ambos casos no se precisó en el pleno cuáles son los montos de las partidas presupuestales que solicitan los ediles.

No presentará Olea informe que exonera a Zeferino, anuncia la viuda de Chavarría

El gobernador Héctor Astudillo Flores se comprometió con la familia del asesinado presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, a que el fiscal estatal Javier Olea Peláez no dé a conocer las conclusiones del caso, como se comprometió ante el Congreso local durante su comparecencia el 26 de junio pasado, porque su hipótesis de que la guerrilla fue la responsable del asesinato carece de sustento, informó este martes la viuda, Martha Obezo Cázares.
Acompañada de familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, la viuda de Chavarría Barrera anunció en conferencia de prensa la Jornada contra la impunidad, por la verdad y la justicia, en el marco del octavo aniversario del asesinato del diputado local perredista, e insistió que con la línea de investigación que pretendía dar a conocer Olea Peláez al Congreso local, nuevamente se quería exonerar al entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo como autor intelectual del crimen.
A su vez, el dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), Arturo Miranda Ramírez, quien fue el primero que llegó la mañana del 20 de agosto del 2009 a la casa de Chavarría, a cuya entrada fue asesinado, dijo que observó que desde un principio no se cuidó la escena del crimen ni se resguardaron las evidencias, y que “se vio la intención de evitar que la línea de investigación llegara hasta el Palacio de Gobierno”.
Obezo Cázares fue acompañada por la viuda del dirigente de Unidad Popular (UP) de Iguala Arturo Hernández Cardona, asesinado en el 2013, Sofía Lorena Mendoza; la hermana de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino, asesinada también en el 2013, Norma Mesino Mesino; el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame; la presidenta del colectivo de familiares de desaparecidos y asesinados en Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso; la representante del Taller de Desarrollo Comunitario Isabel Rosales, y el dirigente de la ACNR, Arturo Miranda Ramírez.
Martha Obezo declaró que la línea de investigación con la que el fiscal pretendía cerrar el caso y que anunció a los diputados en su comparecencia el 26 de junio, “es la misma línea con la que quería cerrar el caso Zeferino Torreblanca, culpando a la guerrilla, concretamente al ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente), cuando no hay ni fundamento ni sustento”, dijo.
Recordó que esa línea fue desechada desde el 2010 por el Juzgado Séptimo de Distrito y el Tribunal Unitario de Circuito por falta de pruebas y porque no había un expediente que soportara una consignación.
Pero celebró que el fiscal Olea Peláez ya no haya podido comparecer ante el Congreso local a cumplir su palabra empeñada “que no respeta y que no vale nada”, dijo, en referencia al anuncio que hizo el fiscal durante su comparecencia ante el Congreso local el 26 de junio, cuando ofreció que en 2 ó 3 semanas daría a conocer resultados del caso Chavarría y que habría detenciones.
La viuda de Chavarría dijo que tenía certeza de que el fiscal Olea cerraría el caso con la línea de la guerrilla porque se lo dijo en la única reunión que ha tenido con él, el 19 de julio del 2016. Reveló que en esa entrevista, “que fue bastante desdeñosa y grosera”, Olea le dijo que el expediente contenía pura basura y que sólo la procuradora Martha Elba Garzón Bernal y él habían avanzado en las investigaciones.

“No quieren tocar a Zeferino”

Obeso Cázares dijo que “coincidentemente” Garzón Bernal fue la que retomó la misma línea de investigación con la que quiso cerrar el caso Zeferino Torreblanca, que es el de la guerrilla, misma que establece que habrían sido miembros del ERPI los que mataron al diputado perredista.
Agregó que en la reunión con el fiscal, éste también exoneró al ex gobernador Torreblanca, “sigue habiendo proteccionismo hacia él, no lo quieren tocar ni con el pétalo de una rosa”. Dijo que, mientras tanto, la familia del victimado perredista sigue insistiendo que lo investiguen.
“Nosotros decimos que existe un señalamiento en su contra por su presunta autoría intelectual y hay hasta muertos, como aquél comandante (Trinidad Zamora Rojo) que declaró que Zeferino lo mandó matar, pero ahora dicen que no fue declaración ministerial y limpiaron el expediente, le quitaron todo lo que declaró el comandante”, acusó.
Declaró que ese señalamiento fue el que desestimó el fiscal en su reunión del 19 de julio del 2016. En cambio, dijo que apuntaló la investigación que realizó Martha Elba Garzón y la de él, “con eso confirmé lo que siempre he sabido, que están empeñados en sellar la impunidad”.
Además, contó que el fiscal le ofreció que le iba a entregar copia del expediente pero que nunca lo cumplió. Manifestó que el fiscal no acudió al Congreso a informar de los resultados de las investigaciones como lo prometió, “porque la suya no es una investigación altamente profesional y que responda a los estándares del derecho internacional, y así, qué podría decirnos que nos convenciera”.
Informó que por eso en una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, el 17 de julio pasado, la postura de los familiares fue que no aceptarían que se sesgue la investigación y que se insista en una línea que fue desechada por un juzgado federal y por un tribunal unitario por falta de pruebas.
Aseguró que el gobernador se comprometió a respetar la postura de los familiares y su reclamo de justicia, “nosotros le insistimos que el fiscal no insistiera porque no íbamos a permitir ni a validar tampoco semejante postura”.
Sin embargo, Obezo dijo que no tiene certeza de que el fiscal Olea no vaya a insistir en su línea de investigación, “es tan burdo, además yo creo que está para eso, para sellar la impunidad y a lo mejor se atreve a dar su versión, pero una cosa es que él salga y otra cosa es que nosotros aceptemos esa postura”, advirtió.
Declaró que tanto al fiscal en el 2016, como al gobernador en julio pasado, les dijeron claramente que “no vamos a permitir que se siga sesgando el caso, que se siga escondiendo el expediente o que se fabriquen culpables, o peor aún, que se lastime a gente inocente”.
La viuda explicó que como la PGR en el caso de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, en el caso de su esposo también pretenden imponer una “verdad histórica”. Advirtió que, de hacerlo, no sería un dislate del fiscal, sino un agravio de categoría histórica para la sociedad guerrerense que quisieran culpar a la guerrilla y al ERPI por ese asesinato.
A su vez, el dirigente de la ACNR, Miranda Ramírez, quien dijo que fue el primero que llegó a la casa de Chavarría Barrera la mañana del 20 de agosto del 2009, cuando lo mataron, contó que ese día encontró un “escenario abandonado” y “expuesto a que el contexto del crimen fuera violentado y borradas las pistas”.
“Desde allí se vio la intención de evitar que la línea llegara al Palacio de Gobierno. Agregó que desde los primeros días había las suficientes evidencias de que el responsable del asesinato es Zeferino Torreblanca”.
También contó que lo que vio esa mañana fue que los responsables materiales no eran unos aprendices, “fue gente experta en manejo de armas y homicidios”,
Miranda Ramírez agregó que ocho años después “los circos” del fiscal de que iba a dar información del caso, fue otra tomada de pelo, porque es evidente que se sigue protegiendo al verdadero responsable”.

Jornada contra la impunidad

Como parte de las actividades por el octavo aniversario del asesinato del diputado perredista, Obeso Cazares anunció la Jornada Contra la Impunidad, por la Verdad y la Justicia.
El 15 de agosto se realizará la conferencia magistral Justicia y Derechos Humanos, asignaturas pendientes en Guerrero, que disertará Emilio Álvarez Icaza a las 12 horas en el auditorio José Inocente Lugo. El 16 de agosto se inaugurará la exposición fotográfica Por la Verdad y la Justicia, en la que se incluirán fotografías de Armando Chavarría, Rocío Mesino, Arturo Hernández, y del diputado Moisés Villanueva de la Luz. Será en el lobby del Palacio Municipal.
En tanto que el 17 de agosto está programado el seminario La Ley General de Victimas como herramienta de acceso a la justicia para las víctimas en el país, que disertará el abogado y ex rector de la UAG, José Enrique González Ruíz. El 18 de agosto se presentará el informe: Atrocidades innegables, crímenes lesa humanidad, por parte de la Open Society Justice Initiative. Será a las 11 horas en las instalaciones de la Universidad Loyola del Pacífico de Acapulco.
Mientras que el domingo 20 de agosto las actividades comenzarán a las 8 de la mañana con una visita al sepulcro de Chavarría Barrera en el panteón central de Chilpancingo. A las 11 horas habrá una ceremonia al pie del busto del malogrado diputado perredista ubicado en el interior del edificio del Congreso del estado. A las 12 y media los familiares depositarán una ofrenda floral en el parque Armando Chavarría Barrera ubicado en la colonia Periodistas, y a las 19 horas se celebrará una misa en la catedral la Asunción de María, por el obispo Salvador Rangel Mendoza.

No entrega el gobierno informe sobre alerta de género; la Conavim le da cinco días más

 

El gobierno del estado no entregó en el plazo acordado el informe que responde a las recomendaciones del Grupo de Trabajo (GT) que analiza la solicitud de alerta de género por violencia feminicida en ocho municipios de Guerrero, denunció la peticionaria, la directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia a las Mujeres, Marina Reyna Aguilar.
Después que el gobierno del estado tuvo seis meses para responder con resultados a los planteamientos del GT, y que el domingo pasado venció su plazo, indicó que ayer, 15 de marzo, Aguilar dijo que se comunicó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para conocer del avance, y le respondieron que las autoridades estatales no lo han enviado, pero tienen cinco días hábiles más para entregar el informe.
Denunció que nunca en las conversaciones se mencionó un plazo adicional para la entrega del informe, y teme que haya protección para el gobierno de Guerrero en un asunto tan delicado como son los feminicidios y la violencia feminicida que existe en la entidad. Ahora, el plazo de entrega del informe vence el próximo lunes 20, y el martes 21 sería la fecha límite de entrega.
Marina Reyna explicó que una vez que la Conavim reciba el informe, entregará la información al GT para la revisión y elaboración del dictamen, para el que no hay tiempo límite. Añadió que preguntó a la Comisión si en este periodo el gobierno del estado puede seguir entregando documentación al informe y le dijeron que sí, sólo que no sería tomada en cuenta.
Sin embargo, señaló que no hay certeza ni transparencia en esta etapa del proceso, y se podría presumir que hay una situación convenida entre las instituciones para lograr que el estado alcance una calificación aceptable, dado que funcionarios del gobierno estatal de la Fiscalía, así como diputados, han señalado su posición contra la alerta.
Reiteró que las acciones del gobierno de Guerrero son “pura simulación”, y como ejemplo informó que el lunes 13 de marzo (día hábil después del día de entrega oficial) recibió del ayuntamiento de Chilpancingo el acta de instalación del Sistema Municipal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres que se instaló en octubre del año pasado, y del que forma parte, para que la firmara.
Aclaró que en el acta sólo señala la instalación del sistema municipal que en su momento nada más sirvió “para tomarse la foto”, y aunque en esa reunión se acordó una segunda sesión para diciembre, no se llevó a cabo ni se mencionó en el acta de instalación. Por lo tanto, en el primer plazo acordado, las autoridades no tenían la información completa, “seguramente la están entregando a retazos”, advirtió.
Esa situación confirma que a las autoridades estatales no les interesa el funcionamiento de los sistemas municipales, sólo cumplir con los requisitos, y evitar que se declare la alerta de género en Guerrero, “y estarían abonando a más impunidad en el estado”.
Recordó que de acuerdo con la Ley de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, las funciones de los sistemas municipales que deben funcionar en todos los municipios, y a partir de la solicitud de alerta de género debieron citarse para sesionar y aprobar las acciones de emergencia para atender los problema señalado.
Finalmente, sobre el exhorto que la semana pasada llevó el diputado de Movimiento Ciudadano. Ricardo Mejía Berdeja, a la sesión del Congreso para llamar al secretario general Gobierno, Florencio Salazar Adame a que reconociera y aceptara la aplicación del mecanismo de Alerta por Violencia de Género (AVG) que eventualmente pudiera ser decretado por la Secretaría de Gobernación (Segob) para ocho municipios de la entidad, y rechazado como un asunto urgente y obvia resolución, Marina Reyna denunció que sus aliadas, las diputadas del PRD, se abstuvieron.
El exhorto no pasó por los votos en contra del PRI y del PVEM, y por los perredistas que se abstuvieron de votar. Las diputadas del PRD que se abstuvieron de votar a favor fueron la coordinadora de la bancada, Erika Alcaraz Sosa, y la propia presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Yuridia Melchor Sánchez, además de Eloísa Hernández Valle, y Rosa Coral Mendoza Falcón.
La activista demandó que les expliquen su voto. “A nosotras nos queda claro que tienen otros intereses”, señaló.

Desfilan autoridades para presentar el informe financiero semestral en la AGE

 

Este lunes se venció el plazo para que todos los entes fiscalizables entregaran su primer informe financiero semestral 2016 a la Auditoría General del Estado (AGE).
Ayer se vio un desfile de autoridades municipales en la AGE, que asistieron a presentar su informe; también lo hicieron representantes de organismos públicos descentralizados, autónomos y de los tres poderes.
Consultado por reporteros en las instalaciones de la AGE, el titular del órgano fiscalizador, Alfonso Damián Peralta, indicó que al medio día 58 ayuntamientos ya habían cumplido con esa obligación; mientras que por la tarde asistieron los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo a hacer lo propio.
Adelantó que este martes la Auditoría emitirá un boletín en el que informará cuáles son los entes obligados que sí presentaron su primer informe semestral del año, pues recordó que tenían hasta el último minuto de ayer para hacerlo.
Explicó que se trata de un informe de carácter financiero, presupuestal y de obra pública, y advirtió que a partir de este martes se iniciarán los procedimientos administrativos disciplinarios en contra de los incumplidos.
“Dependiendo de la extemporaneidad con que presenten su informe serán sujetos a la sanción. De entrada quien no lo presente hoy (ayer) ya son sujetos a una multa de mil salarios mínimos, y se incrementará según prolonguen la presentación y se puede llegar incluso a la inhabilitación”, explicó.
Manifestó que hay mayor conciencia en la rendición de cuentas de los entes obligados gracias a las capacitaciones que ha dado la AGE en todas las regiones del estado.
Pese a las complicaciones que enfrenta Mártir de Cuilapan, donde el ayuntamiento está tomado por el grupo disidente del cabildo que exige la destitución de la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez, Damián Peralta informó que desde el viernes ese municipio presentó su informe.
De la situación en ese municipio, el auditor dijo que se trata de un tema sensible y recordó que él asistió a ese lugar para supervisar los trabajos de fiscalización que realizaba personal de la AGE correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
Sin embargo no abundó en el tema y dijo que la información respecto a la fiscalización de ese municipio se debe reservar hasta que concluya todo el proceso, lo cual sucederá una vez que la AGE presente el informe correspondiente al Congreso local.
En representación del gobierno del estado, el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, presentó el informe financiero semestral; también se observó a autoridades del municipio de Chilapa, Atoyac, Tecoanapa y La Unión, entre otros.

Basura, ambulantes y cobros excesivos afectaron la imagen de Ixtapa en las vacaciones, denuncian

 

Ayer sesionó la Comisión de Vigilancia y Auxilio Turístico (Covatur), que integran funcionarios municipales, en la que se presentaron las conclusiones finales del periodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua.
En el informe que se presentó al alcalde Gustavo García Bello, se resaltó que la acumulación de basura en las playas fue el “talón de Aquiles” del Ayuntamiento, así como el aumento de vendedores ambulantes y de contactadores turísticos o curricanes, entre otras observaciones.
La reunión se llevó a cabo en la sala de Cabildo y fue privada y presidida por el alcalde; sólo estuvieron los directores de área del gobierno municipal relacionados con el sector turístico y que integran la Covatur, así como los regidores.
Al alcalde le entregaron un documento cuya copia tiene El Sur, con el reporte de las observaciones para la próxima temporada vacacional y que siguen siendo crisis de la mala imagen del destino turístico.
Se indica que los comisionados de la Covatur hicieron recorridos en los principales sitios de afluencia turística a fin de inhibir el abuso por parte de los prestadores de servicios, y que fue en la playa Las Gatas donde encontraron quejas por el condicionamiento de consumo mínimo y mal trato en restaurantes.
De manera extraoficial se conoció que algunos de esos negocios cobraban un consumo mínimo de mil pesos a los turistas para que pudieran utilizar su mobiliario.
Destaca el informe que “desafortunadamente tuvimos el deceso de dos personas por ahogamiento”, y justifica que uno de ellos ocurrió en una playa colindante con el municipio de Petatlán.
“Para este periodo vacacional, la acumulación de basura en las playas fue sin duda el talón de Aquiles; en la primera semana la Dirección de Servicios Públicos recolectó más de mil toneladas y sería prudente considerar algún plan para sensibilizar a los turistas y la misma ciudadanía mediante campañas previas a cada periodo vacacional”, se señala.
En el mismo informe se agrega que los comisionados observaron un aumento considerable de vendedores ambulantes en las playas, reincidencia de contactadores o curricanes que se ubican en el bulevar de Ixtapa, “lo cual afecta la imagen de nuestro destino y promueven la hospedería informal”.
Asimismo que los espacios para estacionamientos fueron insuficientes “y en mayor frecuencia hubo abuso por cobro cuando se habían habilitado como gratuitos (…), entre las observaciones que hasta la fecha no se les ha dado solución oportuna es la problemática de la invasión de los comercios con mobiliario y sombrillas en la zona federal no autorizadas como playa Linda, La Madera y La Ropa (…) aunque en menor cantidad, seguimos teniendo la proliferación de personas que acampan en playas”.
Otra de las observaciones es que se debe de retomar el tema de la ventanilla única para la venta de boletos para el traslado en lanchas para evitar la competencia desleal, el incumplimiento de los servicios y principalmente el problema de los curricanes.